Bajo el artículo 19 de la Constitución, el ordenamiento jurídico mexicano obliga a los jueces a imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos.
Miguel Ontiveros, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en la posibilidad de revertir la aplicación de la prisión preventiva oficiosa e inhabilitarla para que los jueces revisen caso por caso si esta medida cautelar está justificada.