La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció, casi diez años después del derrame tóxico de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, la responsabilidad de la empresa y de las autoridades federales y estatales en la violación a los derechos de las víctimas, quienes aún viven los impactos por la contaminación de los 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre en sus cuerpos de agua, informaron los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).
“En el documento, la CNDH constata lo que los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) hemos denunciado durante casi 10 años: no sólo la minera ha violado los derechos humanos de las víctimas del derrame; también las instituciones, y de forma persistente a lo largo de casi una década”, señalaron en un comunicado.