Organizaciones de derechos humanos exigieron a las autoridades federales y del estado de Chihuahua implementar medidas de protección para las familias que fueron desplazadas de sus comunidades en el municipio de Guadalupe y Calvo, por la violencia armada y las amenazas perpetradas por un grupo del crimen organizado.
La llamada urgente a los gobiernos federal y estatal se realizó luego de que se alertara por el desplazamiento forzado de más de 300 personas originarias de las comunidades de El Cajoncito, El Pie de la Cuesta y Las Casas, así como de Cinco Llagas, Los Placeres, El Silverio y La Trampa, las cuales se encuentran en una situación de emergencia ante las amenazas y la falta de alimentos.