Un enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados dejó a tres policías del estado de Coahuila lesionados, cuyo estado de salud se reporta estable y fuera de peligro.

En un comunicado el gobierno de Manolo Jiménez Salinas dio a conocer que los policías detectaron a los sujetos, cuando realizaban un recorrido por las brechas del municipio de Guerrero, ubicado a casi 80 kilómetros de los límites con el estado de Nuevo León.

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández, declaró que van a presentar 12 controversias constitucionales en contra de la Reforma al Poder Judicial porque lo que aprobaron en la “cueva de Alí Babá y sus cuarenta ladrones” es un retroceso de más de 50 años.

Precisó que serán los 12 presidentes municipales emanados de las filas del PAN los que interpondrán las controversias constitucionales para impedir que el partido hegemónico, Morena, ponga a “puros ineptos” que vayan a sacar de una tómbola como si fuera un asunto político o de elecciones a modo.

La constante del Ejército en 50 años en Guerrero es su implicación en casos de violaciones graves de derechos humanos, la gran mayoría sin castigo, pero también la impunidad que le han otorgado el fuero militar y el Estado mexicano, asienta el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Otra característica es que las familias de las víctimas han buscado la justicia en instancias internacionales, en las que el Estado mexicano ha sido sentenciado o señalado por estos abusos, considera la organización civil.

Desde que comenzó la ola de violencia en Sinaloa, en Mazatlán se ha reportado la privación de la libertad de, al menos, 20 personas, de las cuales el 70 % permanece en calidad de desaparecido.

Mazatlán es el segundo municipio del estado con la mayor cantidad de personas privadas de la libertad después de Culiacán, el municipio más afectado por esta ola de violencia a consecuencia de la disputa entre las facciones de los Guzmán y los Zambada del Cártel de Sinaloa.

Una jueza federal de Nuevo León concedió una suspensión provisional a un grupo de jueces y magistrados por la que ordenó no afectar las remuneraciones y pensiones de las personas juzgadoras del país ni extinguir los fondos o fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). 

Así lo acordó la jueza Andrea Génesis Alarcón Cortés, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, al conceder una suspensión provisional a un grupo de personas juzgadoras del país, así como a un grupo de juezas y magistradas en retiro que buscan ampararse contra los efectos de la reforma judicial.

Tras una audiencia inicial que se extendió cerca de 12 horas, un juez federal vinculó a proceso, el 27 de septiembre de 2024, a Mario Alexander Gámez Cuevas, alias “El Piyi”, supuestamente uno de los principales sicarios o asesinos, además de jefe de seguridad de “Los Chapitos”, como se conoce a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Chapito” y “El Alfredillo”, así como Joaquín y Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, todos hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional (GN) detuvieron, el 19 de septiembre de 2024, al norponiente de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a “El Piyi”, quien fue presentado a las 16:30 horas del día jueves 26 del mismo y año, en los juzgados del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México, -prisión en la que se encontraba recluido-, para comparecer por primera vez ante la justicia.

Sin explicar los motivos, la jueza Sharon Johnson Coleman, de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, aplazó, para el 21 de octubre de 2024, la siguiente audiencia del proceso contra Ovidio Guzmán López -alias “El Ratón”, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, así como presunto líder de “Los Chapitos”, “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”-, misma que estaba agendada para el día primero del mismo mes y año.

“El Ratón” salió, el 23 de julio de 2024, del Centro Correccional Metropolitano de Chicago (MCC Chicago, por sus siglas en inglés), ello a pesar de estar acusado de 12 cargos relacionados con el narcotráfico y de no haber sido, ni juzgado, ni condenado.

Los senadores señalaron que “la Administración mexicana entrante no querrá pagar las aplastantes consecuencias de las ‘acciones ilegales’ del Presidente López Obrador en Vulcan Materials, por lo que han destacado “que si se traspasaba esta línea, se producirían graves consecuencias”.

A punto de concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, su gobierno no pudo recuperar ni la mitad de los 216.6 millones de dólares (mdd) que el presidente prometió que Altos Hornos de México (AHMSA) devolvería por la venta fraudulenta de una ‘planta chatarra’ a Petróleos Mexicanos (Pemex) en época de Enrique Peña Nieto.

Al inicio de la década de los 90, en una redacción periodística en la frontera de Tijuana, los editores solíamos bromear: ¿Y si le pedimos una entrevista a Manuel Bartlett Díaz, pero en San Diego?, sabedores -o al menos con la firme sospecha- de que el hombre fuerte de la Secretaría de Educación en el inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari no se atrevía a ir a Estados Unidos por temor a ser detenido.

Líneas de transporte de pasajeros decidieron suspender hasta nuevo aviso, sus corridas de Durango a Mazatlán y viceversa por los enfrentamientos violentos que se han registrado en la zona durante las últimas horas.

La línea Estrella Blanca, operadora de Chihuahuenses y Valle de Guadiana, anunció de esta suspensión temporal en sus redes sociales.

El magnate Ricardo Salinas Pliego aseguró, a las 21:00 horas del 26 de septiembre de 2024, que el presidente Andrés Manuel López Obrador mintió respecto a lo que realmente ocurrió entre ellos, con respecto a los supuestos “impuestos no pagados” por Grupo Elektra, tema para el cual tenían un “pacto” que el mandatario nacional no estaba cumpliendo y por ello decidió demandarlo.

El empresario regiomontano detalló que en distintas revisiones durante los últimos años, las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirmaron que esas pérdidas no eran deducibles y que debían pagar por ello. Después, en una revisión posterior en 2013, cambiaron de opinión y afirmaron que esas pérdidas sí eran deducibles, pero como la ley cambió, tenían que pagar nuevamente.

Manuel Bartlett, actual director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se defendió de las supuestas sospechas que habrían tenido agentes estadounidenses de su colaboración con traficantes en el caso del asesinato de Enrique “Kiki” Camarena.

“Esto es la “revelación” de (Ioan) Grillo: especulaciones, sospechas, y ‘quizás’. Nada se puede concluir, porque nada dice. No hay declaraciones del FBI o de la DEA, todo parte de una fuente mexicana, que no afirma, solo especula y ni siquiera sabemos qué especula”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que por lo menos 25 mil elementos de las Fuerzas Armadas se encuentran en Guerrero para brindar atención a la población damnificada tras el paso del huracán “John”, el cual, ahora como tormenta tropical, se dirige hacia Michoacán, Colima y Jalisco.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno el hizo todo por encontrar a los normalistas de Ayotzinapa, al final admite que se complicaron las cosas y ahora están “enredadas”.

“Hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió, queríamos saber todo. Se complicaron las cosas, están enredadas, complicadas, por intereses, pero la verdad siempre se abre paso y la justicia tarda, pero llega y hay que seguir adelante”, dijo. 

La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), abrió dos nuevas consultas ante el Pleno del Máximo Tribunal del país para analizar la procedencia y constitucionalidad de la reforma judicial. 

Ambos recursos fueron presentados por juezas y jueces de distrito y magistradas y magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación que solicitan al Máximo Tribunal del país analizar la constitucionalidad del Decreto que extingue la carrera judicial y destituye a todos los jueces y magistrados federales.

En el camino, Hilda Leguideño Vargas ha perdido su hogar, su tienda, sus emociones, su salud y hasta la noción del tiempo. 

“Pierde uno prácticamente todo, pero es nada comparado con que te quiten un hijo”.

26 de septiembre del 2024.

A las madres, padres, condiscípulos, compañeras y compañeros de los Ausentes de Ayotzinapa:

A quienes buscan:

Sabemos que no ha sido fácil llegar hasta esta hoja del calendario.

Sabemos del dolor y la rabia de entender ahora que, no importa el color, allá arriba siguen el desprecio y la mentira.

Cuando llegó al Zócalo capitalino, después de recorrer las calles de la Ciudad de México en exigencia de verdad y justicia a 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la marcha multitudinaria tuvo que hacerse chiquita: el gobierno había instalado bloques de concreto en medio de las calles que llevan a la Plaza de la Constitución, lo que creó un tapón y obligó la muchedumbre a rodear los obstáculos en estrechas filas.

"Lamentamos la postura del Estado mexicano al poner los bloques", deploró un orador a medida que la marcha ingresaba, a cuentagotas, a la explanada del Zócalo, la cual estaba cubierta de vallas metálicas colocadas alrededor del Palacio Nacional y la catedral, como símbolo de la ruptura entre el movimiento y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.