AUTOR: JESUSA CERVANTES.
El propósito de la indagatoria abierta por la Procuraduría General de la República contra el corporativo Energy Group México, de los hermanos Rodríguez Borgio y su socio Martín Díaz Álvarez –sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz–, es probar que los más de 11 mil millones de pesos que obtuvo ese grupo gasolinero de 2009 a febrero último provienen del robo de hidrocarburos a Pemex. Y aun cuando las autoridades mantienen congelados esos fondos, a través de sus abogados los empresarios, poseedores también del 15% de las acciones de Oceanografía, piden desbloquearlos para continuar con sus sucios negocios.
El fraude más reciente de Oceanografía –detectado y denunciado en febrero pasado por el grupo financiero estadunidense Citigroup, cabeza de sector de Banamex-México– dio pie a delitos nuevos: operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, robo y evasión fiscal que implican a dos personajes: Martín Díaz Álvarez y los hermanos Rodríguez Borgio.
Ambos poseen 15% de las acciones de Oceanografía bajo la razón social Energy Group México SAPI de C.V., e incluyen a las empresas Gasolineras Grupo Mexicano (GGM), Grupo Gasolinero México, Inmobiliaria GGM, Súper Servicios Gas Zam, Gasolinera del Bajío, Grupo Gasolinero Metropolitano, Operadora Kamerum, Grupo Queroil y Distribuidora de Combustible GGM,