AUTOR: REDACCIÓN.
MEXICO, D.F. (apro).- Indígenas de la comunidad de San Miguel del Progreso, en la Montaña de Guerrero, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determine la constitucionalidad de la Ley Minera y si ésta se apega a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Luego de ser favorecidos por el Poder Judicial de la Federación con la suspensión de un permiso para la extracción de plata, las autoridades comunitarias y agrarias de ese poblado de menos de 4 mil habitantes del municipio de Malinaltepec reclamaron la intervención de la Corte, al considerar que el gobierno de México viola los derechos de los pueblos indígenas por no consultarlos en la entrega de concesiones para la explotación minera.
En rueda de prensa, el comisario de bienes comunales de San Miguel del Progreso, Agapito Cantú Manuel, reprochó que la Secretaría de Economía (SE) haya pasado por alto el segundo constitucional sobre derechos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho de los pueblos originarios a ser consultados e informados sobre la puesta en marcha de proyectos en su territorio.