lunes, 3 de noviembre de 2014

Los tres principales partidos en México piden un acuerdo nacional contra la violencia

El PRI, PAN y PRD, en desplegados separados, exhortaron a cerrar filas para fortalecer el estado de Derecho en México.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) llamaron a emprender un esfuerzo conjunto que lleve a consolidar el imperio de la ley, cerrar el paso a la impunidad en el sistema de procuración y administración de justicia y caminar hacia un acuerdo nacional de largo plazo para fortalecer la seguridad en el país.

En comunicados por separado, los tres partidos políticos exhortaron a cerrar filas para fortalecer el estado de Derecho en México.

El PRI manifestó que respalda toda acción pública y social que contrarreste los atentados contra la libertad, la dignidad humana y la concordia social.

Con tal propósito, expuso, el tricolor hace un llamado a todos los partidos políticos a emprender un esfuerzo conjunto que nos lleve a consolidar el imperio de la ley y evitar la impunidad, para continuar la ruta del crecimiento económico con beneficios para todos.

El instituto político refrendó su respaldo al esfuerzo que realiza el gobierno de la República y ratifica su compromiso de fortalecer la cultura de la legalidad para consolidar la democracia, de redoblar esfuerzos para contribuir a promover la prosperidad de todos para afianzar el desarrollo social, además de trabajar por la seguridad, la justicia y la paz.

En su oportunidad, el presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, expresó la conveniencia de impulsar un acuerdo nacional para construir una política de Estado, con visión de largo plazo, a fin de recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos y fortalecer el estado de Derecho.

“La situación del país amerita, además del combate frontal a la corrupción, un acuerdo nacional de largo plazo para fortalecer la seguridad y la plena vigencia del estado de Derecho”, expresó en un comunicado.

Consideró que los llamados que algunos actores sociales y políticos han hecho sobre el tema hablan de la enorme preocupación que existe en todos los sectores del país, por el estado de descomposición que casos como el de Iguala han evidenciado.

En su opinión, el estado de descomposición de algunas instituciones en diversas regiones del país, es alarmante.

El dirigente aseguró que Acción Nacional seguirá impulsando el combate frontal a la corrupción y también las iniciativas que busquen recuperar los valores fundamentales y el primero de ellos es preservar condiciones de seguridad que nos permitan vivir en paz.

“El PAN está listo para seguir actuando con responsabilidad, apoyando decididamente aquello que favorezca el bien común y ejerciendo la crítica ante cualquier desviación en el ejercicio del poder”, enfatizó.

A su vez, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que no es observador pasivo de lo que sucede en el país. “Estamos comprometidos en la búsqueda de soluciones para mejorar las cosas”.

“Somos partidarios de un esfuerzo nacional donde participen todas las instituciones del Estado mexicano como los tres poderes de la Unión, los gobiernos estatales y municipales, los partidos políticos, los organismos autónomos y las organizaciones de la sociedad mexicana”, aseveró.

En un comunicado, señaló que se requieren medidas legislativas, políticas públicas, presupuesto direccionado, unificación de mandos policiacos, mayores tareas de inteligencia y mecanismos de control y evaluación.


Se manifestó por enfrentar el estado generalizado de corrupción, cerrar el paso a la impunidad en el sistema de procuración y administración de justicia, repensar el sistema nacional de seguridad pública y adoptar medidas en materia de prevención de la violencia y construcción de alternativas de vida.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

El secretario de gobierno de Querétaro reconoce que ordenó “romperle la madre” a locutor

Jorge López Portillo Tostado aceptó que la voz que se escucha en unas grabaciones difundidas es suya.

A casi una semana de la filtración de una grabación en la que se escucha presuntamente al secretario de gobierno de Querétaro, Jorge López Portillo Tostado, ordenar “romperle la madre” a un locutor, el funcionario estatal aceptó que sí es su voz.

“En este sentido, lamento haber hecho esta expresión incorrecta, en este sentido, el gobierno del estado, en particular el secretario de Gobierno, yo me declaro absolutamente respetuoso de los medios de comunicación“, dijo López Portillo, de acuerdo con un reporte de Códice informativo. 

Asimismo, detalló que desde que se dieron a conocer las grabaciones interpuso las denuncias correspondientes por el delito de espionaje ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Animal Político consultó a la procuraduría estatal sin obtener una respuesta hasta el momento.

El 28 de octubre pasado el usuario Roberto Sandoval  publicó un video en YouTube titulado “Así opera el gobierno en Querétaro”, el cual contiene tres grabaciones telefónicas presuntamente entre López Portillo y al coordinador de comunicación social de la entidad, Abel Ernesto Magaña Álvarez.


En la conversación, López Portillo ordena a Magaña hablar con personal de la emisora de radio 92.7 FM para “calmar” la situación y dejar de “putear” al gobernador (José Calzada Rovirosa). De acuerdo conla grabación, el conductor del programa El Guardián de la Noche, Juan Manuel Auzua, presuntamente habló sobre la inseguridad en el estado.

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FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Caso Iguala debe llevar a revolución de conciencias; ¿cómo canalizar el descontento?

El ataque y desaparición de estudiantes en Guerrero es "la gota que derrama el vaso", pero debajo hay miles de casos que se fueron acumulando, remarcó Lorenzo Meyer.

Lo ocurrido en Iguala, donde agredieron y desaparecieron a estudiantes de Ayotzinapa, ¿va a llevar a una revolución en México? Ojalá sí, pero no una revolución armada, violenta, sino una revolución de las conciencias, dijo la politóloga Denise Dresser.

En la Mesa Política de MVS, señaló que sería lamentable que lo que ha ocurrido forme parte del anecdotario de la tragedia del país o parte del paisaje de nuestra “normalidad anormal”.

Los hechos recientes deben cambiar la forma de gobernar y la relación con quienes pagan a quienes gobiernan, enfatizó. Ahora se debe demandar que toda la información sobre el caso Iguala, sea informado. Además de demandar que los niveles distintos de gobierno, digan qué van a hacer para lidiar con la crisis en Guerrero y en el resto del país, subrayó.

Contra quienes nos han dicho que lo nuestro es sufrir la violencia cotidiana, Dresser sostuvo que ya es hora de adoptar ideas transformativas, para que el gobierno rinda cuentas, que los culpables sean sancionados y todo esto sirva como catalizador “para cambiar la forma en la que llevamos padeciendo al gobierno de México desde hace demasiado tiempo”. 

Dresser remarcó que hoy por hoy los estudiantes son quienes nos están dando lecciones a todos, en la construcción de una ciudadanía.

Y rechazó “seguir subcontratando el destino del país a los partidos”, entre ellos Morena.

Denise recordó que el cambio es lento, pero empieza con ciudadanos indignados, aglutinados en una idea que parece imposible -como era imposible que el aborto fuera despenalizado, que los homosexuales se casaran, que cayera el muro de Berlín, que votaran las mujeres.

La doctora confió en que encontraremos la forma, como lo están encontrando los estudiantes, de cambiar a México; pero indicó que esto “no es una carrera rápida, es un maratón”.

“Hay que seguir creyendo en México, en el patriotismo, en la justicia social, en lo que mira más allá de esos hombres cínicos y fríos en los Pinos y en Iguala”, afirmó.

Para eso están las “limpias decisiones de tantos mexicanos”, los que saltan paralizando el ruido mediocre de las calles, las voces que pelean contra el miedo, la impunidad, el abuso, el río de fatigas”. 

No nos dejemos llevar por el río de fatigas, pidió. Construyamos una balsa común, fuera de las instituciones y de partidos, agregó.

Lorenzo Meyer criticó a la “retahíla de publicaciones extranjeras” que no se daban cuenta de lo que ocurría en México, sino que celebraban que “se estaba moviendo” y “se le iba a salvar”.

Ahora es Iguala y Tlatlaya “la gota que derrama el vaso“, pero debajo hay miles de casos que se fueron acumulando, remarcó.

En las calles la “energía va a seguir”, refirió sobre las protestas. “Todas son muestras de energía”, continuó.

“Pero, ¿cómo se va a conducir para que no se disipe?”, preguntó y encendió el debate.

Meyer sostuvo que los 3 principales partidos del país son inútiles, unas sanguijuelas que no le sirven a la sociedad.

El historiador también desestimó a los poderes fácticos y a la Iglesia como posibles cauces de la energía social, de una sociedad que “tiene muchos agravios”.

“¿Cómo hacer que eso (la sociedad) se enfrente al PRI de Atlacomulco, a los poderes fácticos y los enfrente con éxito? Eso es lo que yo no veo por dónde ir, los agravios los tenemos desde hace tiempo, ¿cómo canalizamos eso?”, preguntó.

Meyer llamó a no ser demagógicos, y decir simplemente no nos dejemos, no permitamos que nos pisoteen. 

“No veo en México la vía institucional que hay que seguir, aunque fuera una solo”, aseguró.

“Hay que ser un poco más complejos en el razonamiento porque nos estamos enfrentando a una maquinaria con muchísimos años en el poder que en realidad nunca se fue… cínicos en extremo”, apuntó.

Y preguntó dónde estaban estudiantes cuando se puso el énfasis en el petróleo (la reforma energética), por lo que consideró que “había razones poderosísimas para que salieran” a manifestarse.

Meyer mencionó que “la sociedad se moviliza por sectores, por momentos”; ante ello, “¿cómo lo vamos a canalizar? es lo que yo me pregunto”.

Afirmó que Morena podría estar en el centro de las protestas actuales, por ser un partido nuevo, pero no lo está.

Enfatizó que hay un peligro de cansancio si las protestas no conducen a algo específico y rápido; “se diluyen, a eso le están apostando”.

“Más que en la bondad de nuestra queja, es cómo le hacemos para que no vuelva a pasar lo que pasó”, enfatizó.

A su vez, Sergio Aguayo coincidió en que las protesta no logran cuajar en un movimiento nacional.

El académico refirió que Morena no está tomando esta oportunidad de encabezar protestas porque, al igual que los otros partidos, no están dispuestos a representarnos.

Abundó que Morena no acaba de dar el paso para encabezar protestas “porque siguen seducidos por las jerarquías por obtener el cargo”. El razonamiento del partido de los lopezobradoristas, apuntó, es que primero tienen que estar en el poder para lograr los cambios.

Por lo pronto, la gente deseosa de los cambios carece de quién los represente. Y se vuelve un círculo vicioso en el que la energía no tiene la salida suficiente, “porque partidos y organizaciones nacionales no lo quieren hacer porque tienen miedo de la ciudadanía”.

Aguayo celebró que las universidades están dando el paso y están organizando a los ciudadanos, como en el caso de las protestas contra la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.


Y sostuvo que la situación ya es absolutamente intolerable, pero las protestas deben encontrar un cauce, o si no, languidecerán.

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno sí dio tiempo suficiente para licitación Tren México-Querétaro: consorcio chino-mexicano

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer este lunes que el proyecto lo construirá el único consorcio que participó en la licitación; costará poco más de 50 mil millones de pesos.

El gobierno mexicano “sí dio tiempo suficiente” para elaborar los proyectos para la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, aseguró el único consorcio de empresas chinas y mexicanas registrado en el concurso, y cuyo fallo se dará a conocer este lunes 3 de noviembre.

En respuesta a un cuestionario enviado por Noticias MVS, el consorcio hizo una cronología de la alianza comercial firmada desde 2013 y las razones que le permitieron presentar una propuesta ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, para construir el tren.

El consorcio está integrado por ocho empresas, entre las que están China Railway Construction Corporation -paraestatal del gobierno chino- y las mexicanas Prodemex, GiA+A -de Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari- y Constructora Teya, de Grupo HIGA, vinculado al gobierno en el Estado de México y la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

GiA+A

Compañías nacionales y extranjeras, como Siemens, Alstom, Mitsubishi o ICA, entre otros, han señalado que la SCT no dio tiempo suficiente para elaborar las propuestas, razón por la que declinaron.

En la información enviada a este noticiario, el único consorcio participante dijo:

“Desde el 25 julio de 2013 se formalizó y firmó un acuerdo de colaboración entre GiA+A, Teya y Prodemex para conformar el consorcio mexicano de empresas con el objetivo de promover y participar en los proyectos de infraestructura los sectores ferroviario y portuario de manera conjunta”.

Sobre su alianza con la empresa china, el consorcio explicó:

“Uno de los puntos clave por los que tomamos la decisión de elegir a nuestro socio de negocios, es que la empresa China Railway Construction Corporation cuenta con la experiencia de tener el 80% del mercado ferroviario en el país asiático, así como el 50% de los trenes de alta velocidad a nivel mundial, además de tener proyectos y presencia en más de 60 países y regiones del mundo”.

Desde el 9 de abril de 2014, se informó, las empresas mexicanas y chinas firmaron una carta de intención y memorándum de entendimiento para participar en la licitacion del Tren México-Querétaro. El 14 de octubre, un día antes de la entrega oficial de propuestas ante la SCT, el consorcio se formalizó.

Ante los señalamientos de empresas nacionales y extranjeras sobre la falta de tiempo para elaborar el proyecto, el consorcio chino-mexicano dijo que era “un plazo suficiente”:

El texto dice:

“Consideramos que era perfectamente factible participar si se tenía una estrategia clara de participación en consorcio, enfoque y seriedad de todos los involucrados en un periodo de 15 días de prebases adicional, más 60 días de proceso licitatorio, consideramos que el elemento mas valioso para poder entregar nuestra propuesta en tiempo fue haber seleccionado, con muchos meses de antelación, a las empresas que participarían en el consorcio”.

El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, señaló en entrevista con Noticias MVS primera emisión que no se amplió el plazo porque había riesgo de no ejercer el presupuesto 2014.

“Aquí tenemos una obligación importantísima: ejercer el presupuesto del país. es algo que a veces no se piensa, pero si yo doy un plazo para ampliar la oferta, simple y sencillamente ya no ejercí el presupuesto de este año, y si lo doy por 240 días -que es lo que estaba pidiendo las empresas-, ocho meses, ya ni el del año que entra ejercí, y muy probablemente se pierda la ilusión por este proyecto”.

Otras criticas vertidas por competidores fue que la SCT obligaba a firmar el consorcio bajo la modalidad de “solidaridad compartida”, es decir, que todas las empresas competirían responsabilidades de toda la obra y no sólo por la parte que les correspondiera. El consorcio explicó a Noticias MVS:

“(Se) hizo el análisis de riesgo correspondiente de la licitación del proyecto del tren México – Querétaro y determinó la factibilidad de aceptar los términos establecidos por la autoridad para participar en el proyecto”.

De ganar la licitación del tren de alta velocidad, el consorcio informó que la obra se dividirá de este modo: las empresas chinas se encargarán del diseño,  supervisión y proveer el material rodante, equipos electromecánicos y sistemas, mientras que las compañías mexicanas serán las responsables de la obra civil, como terracerías, puentes, viaductos y túneles.

Esto, se informó, con el objetivo de que “la mayor parte de la mano de obra que se requiere para este proyecto sea de origen mexicano para que la derrama económica se quede en la industria nacional”.

En el consorcio también participará la francesa Systra, a fin de brindar  asesoría técnica en trabajos de ingeniería, gerencia técnica y operación y mantenimiento.

El proyecto incluye una propuesta al gobienrno exicano para que firme un financiamiento con el Banco (central) de la República Popular de China, lo que permitiría un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos, de acuerdo con el consorcio.

La estimación inicial del gobierno mexicano fue de 42 mil millones de pesos, aunque el consorcio presentó una propuesta por unos 52 mil millones más IVA.

Ante los señalamientos por los vínculos políticos de las empresas que integran el único consorcio participante -como es que Gia+A pertenezca al cuñado del expresidente Salinas de Gortari o que GRUPO HIGA haya rentado aviones a Enrique Peña Nieto  para su campaña- la representación del grupo empresarial dijo que “fueron otros los factores para su elección”.

“Las empresas mexicanas que forman el consorcio son constructoras que han edificado su prestigio con base al trabajo y esfuerzo (…). la seriedad y experiencia de las empresas y sus directivos, las capacidades técnicas complementarias y su solvencia comercial, fueron los factores determinantes para integrar el consorcio”.

Fue este lunes 3 de noviembre, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que el consorcio chino-mexicano ganó la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro.


Mientras que en próximos días, el Presidente Enrique Peña Nieto estará visitando la República Popular de China como parte de una gira por Asia y Oceanía, la cual fue recortada por la atención del gobierno mexicano al caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Consorcio chino-mexicano construirá el Tren México-Querétaro

Constructoras Teya y GiA+A, vinculadas con Enrique Peña Nieto y con Carlos Salinas, forman parte del consorcio ganador.

El Tren México-Querétaro será construido por un consorcio chino-mexicano, conformado por las empresas China Railway Construction, China South Rolling Stock Corporation, Grupo GIA+A, Prodemex, GHP y Constructora Teya.

Ésta última perteneciente a un grupo empresarial relacionada a la campaña presidencial y al Gobierno en el Estado de México del presidente Enrique Peña Nieto. Mientras que GIA+A es propiedad de Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

El anuncio lo hizo el director general de Transporte Ferroviario y Multimodal, Pablo Suárez Coello, en una conferencia en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por el titular de esa dependencia, Gerardo Ruiz Esparza.

El proyecto costará 50 mil 820 millones de pesos.

Ruiz Esparza destacó que el #TrenRápido hará un recorrido en solo 58 minutos, a una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora.

“Es una propuesta solvente que cumple requisitos técnicos y económicos”, aseguró.


“Se realizó estrictamente conforme a la normatividad y legalidad vigentes”, añadió.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sedena gasta 42 millones de pesos en publicidad por el Día del Ejército

Sedena es la instancia del gobierno federal que más presupuesto recibió en el primer semestre del año para comunicación. Acumula siete campañas publicitarias pero la del Día del Ejército implica el 53% del gasto.

La publicidad de este año por el Día del Ejército y la Fuerza Aérea mexicana le costó a los mexicanos 42 millones 145 mil 291 pesos después de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contrató a 50 empresas para una campaña de dos meses.

Del 1 de febrero al 31 de marzo de 2014, Sedena contrató publicidad en radio, televisión, revistas, periódicos, kioskos, vallas en lugares públicos, calles y hasta en el cine para conmemorar el 10 de febrero el día de la Fuerza Área mexicana y el 19 del mismo mes el del Ejército.


Según datos del Segundo Informe de Gobierno, en el primer semestre del año Sedena fue la instancia con el mayor gasto en servicios de comunicación social y publicidad, con el 24% del gasto total de la Administración Pública Federal.

Hasta julio acumulaba casi 50 millones ejercidos para ese rubro, pero hasta el 14 de octubre pasado, Defensa Nacional ya había gastado en publicidad 78 millones 651 mil 508 pesos, de los cuáles, el 53.58% fueron para la campaña del Día del Ejército.


La información sobre los gastos en comunicación y publicidad de Sedena indican que para esa campaña —cuyos spots se llamaron ‘Mi Fuerza’— el 36% de lo ejercido fue para televisión: 8 millones 250 mil para Televisa y 6 millones 100 mil para Tv Azteca; además de Multimedios, Televisión Metropolitana (Canal 22) y Agencia Digital.



Defensa Nacional inició este año siete campañas publicitarias: Educación militar, Día del Ejército y Fuerza Aérea, Marcha de la lealtad, 13 y 16 de septiembre, Pasión por servir, La gran fuerza de México y Acciones para acercamiento con la sociedad —vigente hasta el próximo 2 de noviembre—.

La más grande de las siete es la del Día del Ejército —clasificada como “conmemoraciones militares— para la que se contrató publicidad con 52 empresas de distintos ramos y es la única que incluye “medios complementarios” entre los que se encuentran kioskos en la vía pública, vallas en el metro del Distrito Federal o vallas en calles y lugares públicos como el aeropuerto. También es la única que se transmitió en el cine.

Para las otras campañas también clasificadas como “conmemoraciones militares” se optó por los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión.


El Segundo Informe de Gobierno, presentado por el presidente Enrique Peña Nieto el 1 de septiembre pasado, indica que la Secretaría de Gobernación aprobó en el primer semestre del año 102 campañas publicitarias.

El gobierno federal justifica que estas campañas tiene la finalidad de “informar oportuna y verazmente a la sociedad sobre planes, programas y acciones gubernamentales, promovieron el acercamiento del ciudadano con el gobierno”.

Una de las promesas de Enrique Peña Nieto como candidato presidencial fue transparentar la contratación de publicidad oficial con una reforma constitucional que crearía “una instancia ciudadana y autónoma” para supervisar que los contratos se lleven a cabo “bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodísticas y fomento del acceso ciudadano a la información”.

El tema lo retomó como presidente al firmar en diciembre de 2012 el Pacto por México con los principales partido del país: Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).


La reforma en materia de publicidad oficial debió estar implementada en el primer semestre de 2014, según el calendario de ese Pacto firmado por Peña Nieto, pero a punto de cumplir dos años como titular del Ejecutivo no hay iniciativa ni se menciona en la agenda de reformas próximas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

Los 20 desaparecidos en Veracruz que no están ni en las estadísticas

El 2 de agosto del 2013 patrullas de la policía estatal se llevaron a 20 personas en una comunidad de Atoyac, Veracruz, según acusan las familias. Nunca fueron presentadas. Denunciaron la detención de 11 de ellos. 15 meses después, no hay ningún indicio de su paradero. Ni siquiera aparecen computadas en los registros de la procuraduría sobre secuestros de ese mes.


Juana Peña se aferra al tenis de su hijo menor, como si así pudiera alcanzar a acariciarlo. Juan Carlos Martínez Peña tenía 14 años el viernes 2 de agosto del año pasado. Apuraba las vacaciones de la secundaria. Lo único que volvió a ver de él es uno de los tenis que calzaba aquella tarde, cuando el calzado apareció tirado en un cañar cercano al poblado de Corral de Piedra, en Atoyac, a 11 kilómetros de donde era originario: Potrero Nuevo, otra comunidad del mismo municipio.
Los vecinos del pueblo relatan que a media tarde entraron a Potrero Nuevo cerca de una decena de patrullas de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. De tres pudieron identificar los números: 0812, 1420 y 1154. El resto tenían los números tapados con cinta. Los agentes también acostumbran a traer la cara tapada. Llegaron a La Potra Zaina, una suerte de congal donde despachaban los Zetas, y se llevaron a trabajadoras y clientes. Los vecinos todavía recuerdan cómo los policías sacaron a la patrona, Carmen Arias, de 80 años, jalándola de los pelos. Aseguran que vendía droga. Su nieta, Inés Sánchez Arias, de 35 años, dirigía rezos a la Santa Muerte en Corral de Piedra. También la detuvieron en camino. Y con ella, a Juan Carlos y a su hermano mediano, Margarito, de 18 años. Se llevaron a otros dos menores: Diego Jair Valero y Marco Antonio Fernández, de 17 y 16 años. También, cuentan, a una mujer de origen centroamericano, por la que nadie ha reclamado.

20 personas en total. No les imputaron cargos. Tampoco los presentaron ante ningún ministerio público. Ninguna ha aparecido todavía.

Juana fue a la tienda y una vecina le avisó. “Detuvieron a tus hijos”. Las madres se juntaron. Acudieron a la policía municipal pero no les supieron dar razones. Esperaron todo el fin de semana a ver si ellos o la policía daban señales. El lunes fueron a Córdoba, a unos 20 minutos en carro, a poner la denuncia ante la Subprocuraduría regional.

Ese mismo miércoles se manifestaron en su municipio y en Córdoba. El jueves la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE) informó en un comunicado que se había denunciado la desaparición de 11 personas en Atoyac y que la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) iniciaría “de inmediato las indagatorias para dar con el paradero de estas personas”. Y negó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del Mando Único, hubiese realizado “ningún operativo en esa comunidad ni detuvo a ninguna persona ese día”.

“¿Cómo es que entran en camionetas estatales y no sabe nadie de la policía ni el mando único? ¿A poco les van a robar 10 o 12 camionetas?”, se pregunta Juana indignada. Al cabo de una semana de ese primer comunicado, los medios locales publicaron que según la misma PGJE los tres números de patrullas reportados sí existían, pero ya no estaban en servicio.

En Córdoba opera, desde abril de 2012, el Mando Único, una coordinación de 600 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Al entrevistar al Comandante Raúl Gómez, de la Subsecretaría de Logística, es decir la Unidad de Inteligencia de ese Mando Único, dijo que los secuestrados de Atoyac “es una investigación abierta todavía” y “hasta el momento no se ha comprobado que fueran policías estatales (los perpetuadores)”.

“Actualmente se mimetiza mucho la delincuencia. En cualquier parte del país han encontrado patrullas clonadas, uniformes clonados, y bueno, yo pienso que la mejor forma de esconderte es que te vean, entonces no asumiría que fueron policías estatales”, agrega el Comandante Gómez. Y continúa: “es una situación muy difícil para que nosotros la asumamos. Compartimos responsabilidades con más instituciones. Aquí damos una asistencia legal, de patrullaje y obviamente todo nuestro apoyo en la búsqueda. Tenemos despliegues. La prueba es que no ha vuelto a suceder. No es una justificación pero la contención también es trabajo. Estrictamente lo que nos toca lo estamos haciendo, que es tener presencia en la zona”, concluye.

Pero sus palabras suenan huecas cuando apenas unas horas antes, al rozar las 8 de la mañana y a cuatro cuadras del turístico zócalo de Córdoba, le dispararon 5 tiros a Antonio Pérez Luna, un joven de 25 años, al entrar a su coche, detenido en doble fila, después de dejar a sus dos hijos de 3 y 6 años en una guardería particular contigua al popular centro comercial La Garza.

Seis días después de esa misma entrevista, el 15 de octubre, 6 jornaleros de caña de Potrero Nuevo, la misma comunidad de los 20 desaparecidos de hace quince meses, desaparecieron camino a trabajar a un municipio cercano. Todavía no aparecen. Los cañeros trabajaban para Teódulo León, un empresario local asesinado el pasado 6 de septiembre delante de la Iglesia principal del pueblo.

“Hay una política de negación permanente de la violencia. Borran a las víctimas de las estadísticas oficiales, de los medios. El gobernador Javier Duarte quiere mostrar a Veracruz como un caso de éxito en la pacificación del país pero la realidad es que sigue teniendo situaciones muy complicadas. Todo ese corredor Orizaba-Córdoba-Xalapa ha sido territorio Zeta. Su presencia es menor ahora que hace tres años, pero todavía hay. Muchos a lo mejor ya no responden a un liderazgo, pero siguen operando. Según fuentes del gobierno, después de la detención del Z-40 (Miguel Ángel Treviño) una parte de la estructura de los Zetas quedó suelta”, explica el experto en seguridad y narcotráfico Alejandro Hope.

Potrero Nuevo es una comunidad de 14 mil habitantes fundada alrededor de los ingenios azucareros que crecen en las orillas de una carretera secundaria, que enlaza a Córdoba con el Puerto. En la Región central de Veracruz, la de las Grandes Montañas, a tan solo 20 minutos de la ciudad en carro, Potrero Nuevo es conocido por sus ingenios y una cascada de 8 metros que se ve desde el paso del ferrocarril, la Bestia. La región está controlada por el grupo criminal Los Zetas. Los policías municipales, según aseguran en el pueblo, están coludidos con ellos. Cuando fui a reportear, el mismo taxista con el que llegamos al pueblo otro periodista y yo, avisó al Jefe de la Policía Municipal que íbamos a pasar el día allí. Dos agentes nos vigilaron toda la jornada.

El investigador Alejandro Hope explica que la zona sigue siendo importante para la delincuencia organizada porque forma parte de la ruta de la cocaína hacía el norte, pero sobretodo por la trata de personas y la extracción de rentas a través de la extorsión, los secuestros y los robos. En Córdoba, entre 2010 y 2012 prácticamente todos los comercios pagaban cuota. “M”, comerciante de ropa americana que prefiere salvaguardar su identidad, asegura que los Zetas le cobraban 4 mil pesos mensuales para dejarla operar su tienda. Es más de lo que le pagaba a la empleada. Después de 8 meses cerró porqué no le rendía. “A veces eran los propios municipales quiénes cobraban, destrozaron el comercio en la ciudad”, asevera.

En diciembre de 2011, la Marina –con el apoyo de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA)– detuvo, justo en un rancho de Córdoba, a Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Lucky o Z-16, operador de Los Zetas en el centro del país. EU ofrecía un millón de dólares por él y la Procuraduría General de la República otros 15 millones de pesos. En su declaración ministerial, filtrada 5 meses después por el diario Reforma, Hernández confesaba que los Zetas pagaban una nómina de 30 millones de pesos al mes a policías municipales y estatales de Veracruz y que tenían un enlace en el gobierno de Duarte, de apellido Lagos. Según el rotativo, el único alto funcionario con ese apellido es Erick Lagos Hernández, quién todavía ahora sigue siendo el Secretario de Gobierno del Estado, después de negar las acusaciones.

La Marina se instaló en la región. Los policías municipales de Córdoba fueron reemplazados por el Mando Único. Sin embargo, los índices de delincuencia no han mejorado significativamente. “Cuando entró la Marina y el Ejército, hubo una matazón de halcones y cobradores de cuota. Ahora con el Mando Único la gente tampoco está contenta y sigue habiendo delincuencia pero ya no es tan explícito”, explica la comerciante cordobesa. Hope lo corrobora: “en 2012 y 2013 la Marina barrió con buena parte de la estructura de los Zetas con técnicas a lo Tlatlaya. Mataron a mucha gente, a familiares, violentaron todas las normas posibles e inimaginables”.

“Quitaron a los policías municipales, que no pasaron el examen de confianza porque tenían vínculos con el crimen organizado, pero ponen a otros que no sé si lo pasarían”, sostiene Edmundo Reyes Yeladaqui, organizador de las dos Marchas por la Paz que han tenido lugar este año en Córdoba y presidente de la organización civil Pacto Ciudadano. Él asegura tener conocimiento directo de dos personas que han sido secuestradas el último año por agentes del Mando Único. Uno apareció al día siguiente muerto en un arrollo cercano a Córdoba, otro fue liberado dos meses después y no quiere hablar por amenazas.

Veracruz es la tercera entidad con mayor número de secuestros, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año se registraron 132 víctimas. Solo por atrás del Estado de México que, con el doble de población, acumula 144, y Tamaulipas. En averiguaciones previas iniciadas entre enero y septiembre de este año por secuestro vemos un incremento del 49% respecto al mismo período de 2013.

“Y hay muchos delitos que no se denuncian, sobretodo secuestros. ¿Quién se va a animar a denunciar? Si denuncian quedan en la impunidad y encima los amenazan o los matan. No hay justicia ni estado de derecho”, agrega Yeladaqui.

Para Hope el mando único “no resuelve el problema”. “Quita responsabilidades al traspasarlas a Marina y Ejército, quita presión a los municipales, pero si no va acompañada de otras medidas de desarrollo policial u otras reformas al marco legislativo, no necesariamente mejora la calidad de los policías”, añade el investigador.

En el caso de Atoyac, la pregunta principal que asalta es quién dio la orden. “No es la primera vez que un grupo criminal usa policías estatales o municipales. Lo que habría que saber es si estas patrullas estaban operando por cuenta propia para barrer Zetas o alternativamente estaban a las órdenes de un grupo criminal rival, o la tercera posibilidad es que fuese un ajuste de cuentas entre los mismos Zetas que usaran a la policía como músculo. El drama es que no sabemos bien a bien que sucede”, plantea Hope.

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Jairo Manuel Flores Donado salió de la vidriera Schott, una multinacional con sede en Amatlán, a apenas 7.5 kilómetros de Potrero Nuevo, alrededor de las 4 de la tarde. Trabajaba allí como técnico de maquinaria desde los 19 años. Ahora tendría 31. Empezaba el fin de semana y antes de regresar a casa se detuvo a tomar algo en la cantina La Potra Zaina. También se lo llevaron. Junto al tenis del adolescente Juan Carlos apareció una tarjeta de cliente de un centro comercial a nombre de Jairo. Hace 15 meses que su madre, Jovita Donado, y su abuela lo esperan.

15 meses sin saber nada. 15 meses de visitas a dependencias gubernamentales, de concentraciones, de lamentos. 15 meses con 20 personas desaparecidas. En una de las primeras visitas a la Subprocuraduría de Justicia del Estado, con sede en el municipio vecino de Córdoba, un funcionario les dijo a Juana y a Jovita que “si se los llevaron es porque algo habrían hecho” y el estigma les sigue pesando. No ha habido grandes marchas por ellos, ni los medios internacionales han volteado a verlos.

“Muchos eran malandros”, dice un periodista regional en un intento de explicar por qué el caso no ha saltado a la opinión pública. Pero el derecho internacional y la Constitución mexicana estipula que cualquier ciudadano merece un juicio justo. Las desapariciones forzadas son un delito de lesa humanidad y el estado es el responsable de garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos.

Las familias de Donado y Martínez Peña se aferran a que sus hijos estén vivos. Sin embargo, este verano se hicieron las pruebas de ADN. Entre el 16 de junio y el 2 de julio se descubrieron 12 fosas en el municipio de Cosamaloapan, a 150 km al sureste de Atoyac, en la misma Veracruz. Aparecieron 31 cuerpos, todos con signos de tortura y mutilaciones.

Ninguno respondía a los 20 de Atoyac. En mayo, se descubrió otra fosa en medio de los cañares cercanos a Potrero Nuevo y aparecieron los restos de dos personas calcinadas.

Pero a estos 20 no se los tragó la tierra. Tal vez sí lo hizo el silencio que impone el miedo y la carencia de recursos para ir a reclamar. El altar a la virgen de Guadalupe dónde Juana acomodó las fotos de sus dos hijos desaparecidos ocupa una sexta parte del largo de toda su casa. Juana, su esposo, su hija de 18 años y su bebé de 5 meses comparten un cuarto que debe medir alrededor de 20 metros cuadrados. En él tienen dos camas matrimoniales, una cocina básica, un comedor y las pocas pertenencias de los cuatro. De la pared descarapelada y con manchas de humedad que ensombrecen todavía más un rosa chicle añejado, cuelgan estampas de imágenes católicas y un ventilador que apenas palia los calores tropicales y los embates de los mosquitos del poblado. Juana gana 70 pesos al día haciendo empanadas y gorditas en el puesto de otra vecina. Su marido es chofer de los autobuses que van a los pueblos vecinos. Solo para ir a Córdoba necesitan gastar 100 pesos y perder un día de trabajo. Cuando fue con Jovita a Xalapa se gastaron 800 pesos. La visita a la Subprocuraduría especializada en Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO), en la capital mexicana, les costó alrededor de 2 mil pesos y tampoco dio frutos. Eso sí, tuvieron que dormir en la calle porque no tenían ni para el hotel. Han tenido 8 reuniones en total. Han ido hasta el Centro Estatal de control, comando, comunicaciones y cómputo de la PGJE, más conocido como el C4, a ver si los tenían allí recluidos. No tienen avances.

Ese mes de agosto de 2013 en el que desaparecieron, la PGJ de Veracruz reportó al Secretariado Ejecutivo Nacional que inició 12 averiguaciones previas por secuestro. Sin embargo al revisar las cifras de Incidencia Delictiva por municipio, no hay ninguna iniciada en Atoyac ese mes.

“Habla de este fenómeno de negación que sucede en Veracruz”, insiste Hope y asevera que las cifras reportadas por la PGJ del Estado no son confiables. “Las estadísticas delictivas de Veracruz son probablemente las peores del país, compitiendo con las del Estado de México. Las revisiones que realicen son monumentales. En 2013 habían reportado 600 homicidios y de la nada le añadieron 300 más. Se habían comido un número de homicidios similar al que ocurre en Chile en un año. Cada mes deben subregistrar entre 30 y 40 asesinatos”, asevera Hope.

Sin embargo, al revisar un blog impulsado por familiares de desaparecidos en la región Orizaba-Córdoba: las denuncias públicas se multiplican. Un columnista del diario El Buen Tono de Córdoba, Andrés Timoteo, se hace eco en su editorial del 8 de agosto pasado del sobrenombre con que los vecinos de la zona ya bromean sobre la cantidad de desaparecidos que se suceden en la zona, el “Triángulo de los Bermúdez” la llaman, en un juego de palabras por el Triángulo de las Bermudas, donde la leyenda dice que la gente desaparece y el nombre del Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez. 

“Estamos en un estado de emergencia, pero Duarte sigue diciendo que Veracruz está seguro, no tiene ningún interés en acabar con esto. El encubrimiento es un delito, ¿no?”, acusa Reyes Delayaqui, desde Pacto Ciudadano.


“Nosotros queremos hablar con el gobernador Duarte, que me digan donde está mi hijo, a mi, mi casa no me interesa, me destierro si hace falta, pero díganme donde está”, suplica ya Jovita desesperada. Mientras pasan los días, los dimes y diretes de quiénes podrían ser y lo que les habrá pasado se multiplican, pero las madres de los desaparecidos no pierden la esperanza de encontrarlos con vida y que se haga justicia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAJO SISCAR.

Estudiantes a SEP: diálogo debe ser en el IPN, no en la Vasconcelos

"Mantenemos nuestra propuesta con sede en el auditorio 'Alejo Peralta' dentro del centro cultural 'Jaime Torres Bodet', aceptando que se realice el día martes 4 de noviembre a las 13 horas", indican.

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional pidieron que el diálogo público, programado para este martes, se realice en las instalaciones de su casa de estudios, y no en la Biblioteca Vasconcelos, como lo estableció la Secretaría de Educación Pública.


Aquí la respuesta que los alumnos entregarán este lunes a la dependencia:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Consignan ante juzgado federal a 7 militares presuntamente implicados en el caso Tlatlaya

El Consejo de la Judicatura Federal informó que siete militares, presuntamente implicados en el caso Tlatlaya, fueron consignados ante un Juzgado federal. Las ordenes de aprehensión,se informó, fueron cumplimentadas a la medianoche del 31 de octubre.

El Consejo de la Judicatura informó, este fin de semana, sobre la consignación de siete militares, presuntamente implicados en los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, en los cuales perdieron la vida 22 civiles que se encontraban en una bodega de esa localidad.

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, informa que el pasado 31 de octubre de los corrientes, cerca de la media noche, se tuvo por cumplida la orden de aprehensión librada dentro de la causa penal 81/2014, contra siete miembros del Ejercito Mexicano implicados en los hechos donde perdieron la vida 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

A los militares Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides se les imputa su presunta responsabilidad en la comisión del delito de Ejercicio indebido del servicio público.

Asimismo a Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides se les atribuye también su presunta responsabilidad en la comisión del delito de Abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

En tanto que a Ezequiel Rodríguez Martínez se le imputa además su presunta responsabilidad en el ilícito de Encubrimiento, en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito.

Las personas antes mencionadas, son elementos del Ejército Mexicano que probablemente tuvieron participaron en los hechos en el mes de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde perdieron la vida 22 personas que se encontraban en el interior de una bodega.

Los siete inculpados quedaron a disposición de este Juzgado de Distrito en reclusión en la prisión militar adscrita a la Primera Región Militar, ubicada en el Campo Militar 1-A, en México, Distrito Federal.

Atendiendo al lugar donde dichos inculpados se encuentran privados de su libertad, esta autoridad jurisdiccional envió exhorto al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, les recabe la declaración preparatoria y resuelva su situación jurídica dentro del término de ley.

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La Comisión de Derechos Humanos emitió recientemente un conjunto de recomendaciones a varias autoridades relacionadas con el caso. La investigación realizada por ese organismo, arrojó información que inculpa a los militares en la ejecución de 15 de los 22 civiles que murieron en dichos hechos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

¿Quién para la CNDH?

MÉXICO, D.F: No hay duda de que el tema de la violación de los derechos humanos se ha convertido en parte protagónica de la agenda nacional.

Los asuntos de Iguala y Ayotzinapa como los focos rojos más recientes se han sumado a otros muchos que ponen a México como un país cuestionado a nivel internacional, lo que más impacta al gobierno federal.

En ese contexto, se ha cerrado el periodo de inscripciones para elegir al presidente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que se realizará al alimón con varios frentes abiertos. Veamos.

Primero. De cara a la opinión pública internacional, no hay claridad sobre la diferencia entre las atribuciones de municipios, estados y Federación, debido a lo cual el gobierno de Enrique Peña Nieto ha tenido que enfrentar varios problemas, entre los que mediáticamente han destacado los de Iguala y Ayotzinapa. Pero ha habido muchos otros, como los referentes a diversas desapariciones forzadas, a abusos de migrantes y a la movilización inédita de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que busca promover prácticas democráticas de elección de sus directivos y la rendición de cuentas, y que amenaza con contagiar a otras instituciones educativas del país.

Tales circunstancias han conducido a que la presente elección en la CNDH funcione como la Bolsa de Valores, en donde no hay nada seguro para nadie conforme avancen los días que faltan para decidir quién presidirá ese organismo. Los inscritos son pocos si se comparan, por ejemplo, con los concurrentes a la elección de la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

En este escenario, el Senado de la República no puede darse el lujo de perder el control del proceso por presiones de las más variadas expresiones ciudadanas. Para el gobierno de Enrique Peña Nieto es preferible quedar mal con las organizaciones de la sociedad civil que ver cómo se va por la borda su campaña para atraer inversiones y turismo bajo la percepción extranjera de que hay un proceso gradual pero constante hacia el asentamiento de prácticas democráticas en México.

A esos propósitos fundamentales del gobierno federal se suma la apatía que hasta ahora muestran las organizaciones de la sociedad civil, las cuales, en lugar de prestar atención en el momento actual de la CNDH, se han volcado en su mayoría hacia las protestas por los graves sucesos en Iguala y Ayotzinapa.

Segundo. Los candidatos son variados. Hasta el momento de escribir este artículo, Raúl Plascencia Villanueva cuenta con el apoyo del PRI, que ha cerrado filas sobre su reelección a pesar de los insistentes llamados del rector de la UNAM, José Narro Robles, para apoyar al todavía abogado general de esa institución académica, Luis Raúl González Pérez. El PAN, por lo menos su expresión mayoritaria, se ha declarado también a favor de la reelección del actual titular de la CNDH.

En los partidos de izquierda existe molestia por la postulación de González Pérez por ser objeto de una denuncia de plagio que no ha sido resuelta, en perjuicio del investigador universitario Enrique Carpizo, que fue del conocimiento y de reprobación de varios senadores y senadores del PRD y del PT. El gran problema de González Pérez es un asunto de percepción que, en política, es realidad, sobre todo si se trata de venderse como un defensor de derechos humanos y es acusado de cínico violador de derechos humanos por expresiones de izquierda. La propia senadora Layda Sansores, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, se manifestó por que la CNDH resolviera a fondo la queja presentada por Carpizo. De no ser así, dijo en un comunicado de prensa, sería como “poner la Iglesia en manos de Lutero”.

Si el reconocido activista de los derechos humanos y expresidente de la CDHDF Emilio Álvarez Icaza, ahora secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), se hubiera postulado, seguramente habría concitado el apoyo de los partidos de izquierda, de una parte del PAN y de una del PRI, y habría representado una candidatura con más probabilidades que las que se presentan ahora, pues lo que han hecho es dividir a la izquierda en varios grupos, según las distintas tendencias que cohabitan en esa formación política.

Tercero. Para la sociedad, la situación de los derechos humanos es de crucial importancia por el incremento de sus violaciones y por el efecto negativo para el gobierno de Enrique Peña Nieto si el tema no es administrado con pulcritud, por lo menos en la forma, que, como decía Jesús Reyes Heroles, “es fondo”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.

Padre de normalista denuncia que gobierno de Guerrero ofreció $100 mil para que callaran

MÉXICO, D.F: Padres y familiares de los normalistas desaparecidos denunciaron que el gobierno de Ángel Aguirre les ofreció 100 mil pesos a cada uno para que dejaran de buscar los estudiantes, publica este sábado el diario La Jornada.

“Llega gente del gobierno diciéndonos: ‘sabes qué, ¿necesitas algo?, ¿te podemos ayudar en algo? Mira, firma estos papeles, te vamos a dar 100 mil pesos’. ¿Para qué? Para que nos calláramos”, dijo este viernes ante estudiantes y académicos de El Colegio de México Bernabé Abraham Gaspar, padre de Adán Abraham de la Cruz, uno de los normalistas desaparecidos.

Gaspar agregó que a otros padres de familia los estuvieron buscando para darles dicha cantidad.

En tanto que Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Rodríguez, de 19 años, preguntó su lo ocurrido con su hijo fue un “castigo” por haber “conocido la educación y los libros”.

En una reunión de padres de los normalistas con estudiantes de El Colegio de México y de la UNAM, Rodríguez responsabilizó a las autoridades de los tres niveles de gobierno de colaborar con grupos del crimen organizado para cometer asesinatos y desapariciones forzadas.

“No sabemos dónde están, qué les ha pasado, si cargan la misma ropa, los golpean o los torturan. Yo lo estoy esperando con los brazos abiertos y voy a luchar hasta encontrar a mi hijo y a sus compañeros me pase lo que me pase, aunque sea lo último que haga. Quiero encontrar a mi hijo aunque sea la última vez que yo lo vea”, dijo Clemente.

Insistió en que el gobierno federal “no ha hecho nada, ni encontrado nada. Ya pasaron 35 días, por eso quiero anunciar, si hay un medio (de comunicación), una cámara, si mi hijo me está viendo, si me está escuchando, que no se desespere, que voy por él, voy por los 43 jóvenes. Me pase lo que me pase, lo último que quiero es verlos con vida”, añadió.

Responsabilizó al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, al exedil de Iguala, José Luis Abarca; al alcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza y a los policías de ambos ayuntamientos de lo ocurrido y por eso deberían estar en la cárcel, destacó Rodríguez Moreno.


José Solano, alumno de la Normal de Ayotzinapa, dijo por su parte sentirse decepcionado porque “esperábamos del presidente respuestas diferentes”, según la nota de La Jornada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Acudirá AMLO a la CIDH por consulta sobre reforma energética

MÉXICO, D.F: Andrés Manuel López Obrador anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) violaron la Constitución y le negaron a los mexicanos su derecho a ser consultados sobre la reforma energética.

Desde Zacualpan, Morelos el excandidato presidencial consideró que los ministros corruptos de la Corte creen que al rechazar la consulta ciudadana sobre la reforma energética “nos vamos a cruzar de brazos, se equivocan: una cosa es reforma impuesta y aprobada y otra muy distinta es reforma aplicada”.

Explicó que llevará ante la CIDH un documento escrito por Loretta Ortiz, abogada constitucionalista, firmado Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena,  y los ciudadanos que deseen sumarse.

“Todavía falta. No vamos a permitir que se roben el petróleo, porque es del pueblo y de la nación”, advirtió López Obrador.

Anunció que volvió a subir la gasolina que ahora alcanza 13.22 el precio por litro de Magna.

Dijo que en Estados Unidos el combustible cuesta 10 pesos, 30 por ciento menos que en México.

El presidente del Consejo Nacional de Morena recordó que la gasolina en el país ahora cuesta más porque los políticos corruptos tienen el negocio de la compra de este combustible en el extranjero y es por eso que se niegan a construir refinerías para producirlo en México.

Durante su participación en la asamblea informativa en Tetela del Volcán, le deseó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que se recupere.


“Yo la libré hace 11 meses, pero por la suerte, por la ciencia y el creador estoy vivo y mientras viva voy a seguir luchando”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Los otros desaparecidos de Iguala que nadie buscó; los jóvenes que el Ejército se llevó

IGUALA, Gro: El macabro voceador del periódico amarillista vespertino anuncia por el altavoz que los 43 normalistas son buscados por militares, marinos y federales en el basurero de Cocula, y al señor Félix Pita y la señora Guadalupe Orozco se les encoge el corazón, reviven la ausencia de sus respectivos hijos, también desaparecidos en Iguala y a los que nadie nunca buscó. Los suyos, dicen, no fueron llevados por la policía municipal, a ellos se los llevó el Ejército.

Ellos aseguran que a sus hijos y a cuatro jóvenes más los desapareció personal del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con sede en Iguala. Es el mismo batallón que durante la balacera del pasado 26 de septiembre en la que tres estudiantes normalistas fueron asesinados, 25 heridos (uno tiene muerte cerebral) y 43 desaparecidos no intervino aunque sus instalaciones están a menos de tres kilómetros de donde se dio la cacería.

“No es posible que no nos pongan atención, esas fosas que llevan 50 y tantos cadáveres, también eran jóvenes, eran hijos o padres de familia, a quienes alguien espera, a ellos no les dan importancia, a ellos no los van a identificar. ¿Nosotros no valemos? ¿No es el mismo dolor que sufrieron los estudiantes? ¿Necesitamos hacer destrozos, levantarnos en armas para que nos hagan caso? Ellos mismos, las autoridades, han propiciado todo esto”, dice la señora Orozco, madre del joven desaparecido el 1 de marzo de 2010, Francis Alejandro García Orozco, el cuarto de sus cinco hijos.

“Es como cuando a la herida le pones limón, te identificas con esa gente que después de saber que se los llevaron autoridades y al ver cuántas y cuántas osamentas han encontrado en las fosas, que todas esas personas tienen nombre, hijos, padre, madre, pasaron por todo eso. No está olvidado, está adormecido”, dice el hombre, padre del adolescente Lenin Vladimir Pita Barrera, desaparecido por el Ejército con Francis y otros cuatro jóvenes.

A estas familias nadie les hizo caso. Ni aunque la hermana de Francis Alejandro vio al convoy de militares que acababa de llevarse del bar Cherry’s a su hermano con los cinco acompañantes. Ni aunque cuentan con un video donde se observa el operativo y donde, efectivamente, se aprecia una camioneta que parece militar acompañada con otra que opera sin insignias. Ni aunque un militar aceptó que sí acudieron al bar la noche de la desaparición. Ni aunque la organización internacional Human Rights Watch ha señalado que las pruebas de este caso son contundentes para señalar al Ejército.

A ellos nadie les hizo caso aunque acudieron a justicia militar, la PGR, la Secretaría de Gobernación y las comisiones local y nacional de derechos humanos.

En ese momento el 27 Batallón era comandado por el militar Antonio Reyes Rivera.

Estas semanas que han observado el despliegue de fuerzas federales por todo Guerrero que buscan a los 43 normalistas, vuelven a sentir su propia tragedia.

“Esto viene a revivirme ese sentimiento que nunca he dejado, esta preocupación, el machete lo hemos tenido metido en la vaina, nos pone en alerta. Así como se pide que los 43 regresen con vida también que los seis muchachos de nosotros regresen, porque el gobierno federal sabe su paradero”, dice el hombre, quien se ve cansado. En la esquina se escucha el repetitivo perifoneo de las últimas noticias.

Pruebas contundentes

En el informe “Ni seguridad, ni derechos”, publicado en noviembre de 2011, Human Rights Watch menciona este caso y señala: “Existen pruebas contundentes que señalan la participación del Ejército en este delito, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad donde se observan vehículos militares que intervienen en el secuestro, el testimonio de un testigo y una denuncia oficial que indican la presencia de soldados en el lugar de los hechos, y declaraciones del Ejército en las cuales reconocen haber efectuado una redada esa noche. Si bien el agente del Ministerio Público estatal inició una investigación del caso, luego lo remitió a la jurisdicción militar, y los agentes del Ministerio Público militar aparentemente no habrían conseguido avances en los 18 meses posteriores al incidente. Hasta octubre de 2011, ningún soldado había sido acusado por ningún delito en relación con el caso. Por su parte, los familiares que han exigido que estas presuntas desapariciones forzadas se investiguen de manera exhaustiva e imparcial han recibido amenazas y, en un caso, han sido objeto de agresiones físicas directas”.

Los desaparecidos son Francis Alejandro García Orozco, de 32 años, quien era dueño del bar, los empleados Sergio Menes Landa, de 22; Olimpo Hernández Villa, de 34; Andrés Antonio Orduña Vázquez, de 21;  Zózimo Chacón Jiménez, de 22 y el adolescente que ayudaba ese día Lenin Vladimir Pita Barrera, de 17.

“Dos cámaras de seguridad ubicadas frente al club captaron imágenes del momento del secuestro, y Human Rights Watch tuvo acceso a estas grabaciones posteriormente. Las grabaciones muestran a tres automóviles sin insignias que llegan al lugar y se estacionan en la acera. Se ve a un grupo de individuos que descienden de los vehículos e ingresan al club. Mientras tanto, al otro lado de la calle aguarda una camioneta pick-up que parece ser un vehículo militar. Minutos después, los hombres salen del club con sus víctimas y las suben a los automóviles sin insignia que estaban esperando. Se ve que la pick-up hace una señal con las luces, y entonces el convoy de vehículos se aleja del lugar, seguido inmediatamente por la camioneta pick-up y otras tres camionetas idénticas”, agrega.

En el video, al que tuvo acceso Proceso, se nota que en cuanto las camionetas se van llega el automóvil de Laura Estela, la hermana de Francis Alejandro, quien observó el retiro de los militares.

“Ella ve un convoy de militares, son cuatro camionetas tubulares cada una con seis a siete elementos. Un soldado iba revisando su arma. Ellos se siguieron, unos hacia el 27 Batallón, ella se siguió de largo, no se imaginaba que en ese convoy esos militares llevaban a su hermano. Desde ahí nunca lo hemos vuelto a ver”, narra la madre de Francis Alejandro. Laura Estela escucha en silencio el relato y asiente con la cabeza.

Cuando la familia se dio cuenta que Francis Alejandro no aparecía y recibieron debajo de la puerta de su negocio un disco con lo que las cámaras captaron ese día, acudieron a las instalaciones del 27 Batallón para pedir informes y un soldado les preguntó –sin pregunta de por medio– si iban por lo de la disco Cherry’s.

La familia García Orozco asegura que antes al secuestro, el Ejército había llevado a cabo tres redadas en el bar.

Cuando comenzaron a buscar a los jóvenes encontraron la camioneta de Francis Alejandro en las instalaciones del 27 Batallón, luego la vieron en la 35 Región Militar de Chilpancingo. Pero entre más denunciaban las familias eran hostigadas y amenazadas.

“En cuanto poníamos en las calles carteles sobre su desaparición los soldados iban y los quitaban o los tapaban con sprays. Amenazaron a quienes nos ayudaban de que si le seguían les iba a pasar lo mismo. Luego comenzaron a desfilar por el negocio, los teníamos estacionados al frente, en la esquina, a un lado y nos tomaban fotos y videos. Nos hacían revisión siempre afuera de nuestra colonia.”, relata Laura Estela, quien tiene 38 años.

“Nuestro teléfono estuvo como dos años intervenido. En una ocasión trataron de sacar a mi hijo de la carretera”, agrega su mamá.

Otra de las hijas de la señora Orozco tuvo que huir con sus hijos porque recibió una llamada de amenaza en la que le advirtieron que sabía dónde estudiaban sus hijos y dónde viven y la amenazaban con ir por su familia.

“Nos dejaron en paz cuando vieron que el gobierno no prestó atención a nuestra demanda, que no hizo nada”, dice la señora.

El 24 de octubre de 2012, el diario El Sur consignó el momento en el que un militar reconoció ante las familias la presencia del Ejército en el bar. La nota menciona: “Luego de dos años y siete meses de insistir en la participación del Ejército en la desaparición de seis jóvenes, ayer el general de brigada Juan Manuel Rico Gámez comandante de la 35 Zona Militar reconoció que el Ejército sí revisó a los seis jóvenes de Iguala desaparecidos desde marzo de 2010, pero luego el agente del Ministerio Público Militar Francisco Rubio Castro leyó un reporte en el que precisó que no los detuvo el Ejército sino que fueron detenidos por personas encapuchadas”.

El señor Pita se queja porque cada tanto él y los demás familiares reciben llamadas del gobierno donde les piden que vuelvan a relatar su caso y prometen que ahora sí van a investigar. Pero no lo hacen.

“A mi hijo cuando se lo llevaron todavía no cumplía 17 años, iba a la prepa. Muchos días quiero abrazarlo, lo extraño mucho, me siento muerto sin él”, dice el hombre, quien lamenta que el Ejército siga siempre la misma línea en todo el país.

Desde 2010 el señor Pita no es más un taxista cualquiera, ni la señora Orozco una vendedora de extinguidores. No es más el padre de tres, ni ella la madre de cinco. Desde su tragedia pasaron a ser un padre y una madre de hijos desaparecidos. El dato que les destrozó a patadas la vida, que les da identidad.

Dicen que aunque han pasado cuatro años tienen el dolor aún latente aunque adormecido, como estrategia de supervivencia. “Si la gente se alza en armas yo me lanzaría con ellos”, dice el señor Pita.


“Si nos hubieran hecho caso a tiempo –lamenta la señora Orozco– esto de los normalistas no hubiera pasado”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI (REPORTAJE ESPECIAL)

Llaman universitarios a nuevo paro de 72 horas por caso Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: La Asamblea Interuniversitaria, integrada por alumnos de la UNAM, la UAM, la UACM y el IPN, convocó a un paro de 72 horas y un cerco en la PGR para exigir la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

La tercera jornada global de acción fue acordada este sábado en una reunión en donde se determinó el paro de actividades los días 5, 6 y 7 de noviembre.

El próximo miércoles 5 se realizará una marcha de la residencia oficial de Los Pinos al Zócalo, a partir de las 16:00 horas.

Ese día también iniciará el paro de 72 horas de suspensión de actividades en las universidades participantes.

Al día siguiente se efectuará un cerco al edificio de la PGR ubicado en Paseo de la Reforma 211, de las 8:00 a las 14:00 horas.

La Asamblea Interuniversitaria también aprobó la conformación de un comité central contra la represión, con una estrategia para enfrentar las agresiones, hostigamiento y amenazas por parte de autoridades y grupos porriles.

Para ello, este lunes 3 se realizará una reunión a las 17:00 horas en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

La Asamblea acordó además seguir el modelo de CGH de la UNAM, movimiento que paralizó a la máxima casa de estudios del país durante más de 10 meses entre 1999 y 2000.


“Se conformó una comisión de enlace para hacer llegar nuestros acuerdos a la Asamblea Nacional Popular que se reúne en Guerrero, así como a las diferentes organizaciones sociales y sindicales que se reunirán el próximo martes en el local del Sindicato de Telefonistas para hacerles un llamado a sumarse al paro nacional del 5 de noviembre y a nuestro plan de acción”, detalla en un comunicado la Asamblea Interuniversitaria.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.