MÉXICO, D.F: Hasta el 26 de septiembre Ayotzinapa no significaba nada para Enrique Peña Nieto y tal vez ni siquiera sabía de su existencia. La noche de ese viernes, cuando estaba en la residencia presidencial, nadie le reportó el secuestro de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en la ciudad de Iguala, pese a que ahí se encuentra el cuartel militar del 27 batallón.

Hasta una semana después, cuando el escándalo ya había traspasado las fronteras y Ayotzinapa retumbaba por todos lados, Peña reaccionó y pronunció por primera vez ese nombre que ahora seguramente no olvidará, porque marcará la irresponsabilidad de su gobierno de no atender la principal demanda social: seguridad, que dejó a un lado para dedicarse a responder a los intereses económicos de las grandes empresas nacionales y trasnacionales interesadas en el petróleo, minerales, telecomunicaciones y recursos naturales del país.

En su plan de gobernabilidad, Peña Nieto se sentía seguro con la estrategia de daños desplegada en Michoacán y el Estado de México, donde el crimen organizado sigue reinando con una violencia controlada desde los medios, pero actuante en las comunidades, pueblos y ciudades, con miles de víctimas violentadas todos los días.

Fue en Guerrero donde a Peña le reventó en la cara la realidad violenta, horrorosa, de tragedia y dolor que la mayor parte de los mexicanos viven diariamente, menos él y su equipo de gobierno, que habitan la burbuja de seguridad hecha de escoltas, soldados y policías que los acompañan hasta sus casas.

Y cuando la violencia le reventó como una granada, el mexiquense no supo que hacer.

Enrique Peña Nieto venía disfrutando del trato aterciopelado que le daban los gobiernos y la prensa internacional, principalmente de Estados Unidos, que lo alababan y entronizaban como “el salvador de México” por las reformas estratégicas, en especial la energética, que abrió las puertas de la explotación del petróleo a las empresas trasnacionales.

Embelesado en la operación política que tejió su partido para lograr lo que no pudieron los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón con las reformas laboral, educativa, telecomunicaciones y energética, Peña desdeñó en principio lo ocurrido en Ayotzinapa, quizá pensando que el escándalo habría de durar muy poco, un par de semanas, y luego se diluiría en la mar de violencia en la que está sumergido el país.

Tuvieron que pasar siete días para que el gobierno federal actuara, y 39 días para que la Procuraduría General de la República detuviera al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, acusados de ser los autores intelectuales de la desaparición de los 43 normalistas.

Pero durante todo este tiempo los estudiantes siguen desaparecidos, y en las pesquisas del caso la Policía Federal encontró en Iguala 11 fosas clandestinas con 38 cuerpos que no han sido identificados.

Ahora, presionado por los familiares de los normalistas que le plantearon su desconfianza, además de las grandes movilizaciones dentro y fuera del país, y sobre todo de los gobiernos y organismos internacionales que han calificado la situación en México de “crisis de derechos humanos”, Peña intenta tapar el error de su gobierno (de no atender el principal reclamo ciudadano) con el llamado a un pacto por la seguridad en el país.

Ayotzinapa ya no será un nombre sin significado para Peña Nieto. Al contrario, significará y representará el declive de su gobierno que tanto quería brillar con las reformas estratégicas y que a la mitad del camino quedó eclipsado por la realidad que quiso manipular con sus aliados de los grandes medios de comunicación, principalmente Televisa.

La principal acción que se realizará como parte de esta tercera jornada de actividades es la marcha que saldrá de Los Pinos con dirección al Zócalo, en el centro de la Ciudad de México, después de las 16:00 horas de este miércoles.

A las 14 horas también está programada una rodada por Ayotzinapa, la cual partirá de Ciudad Universitaria hacia la residencia oficial de los Pinos.

El jueves, los estudiantes realizarán un cerco alrededor de la PGR, de las 8:00 a las 14:00 horas. Se acordó también que el miércoles antes de la marcha harán una brigada informativa en transporte público, mercados, centros de trabajo y otros espacios.

La Asamblea Interuniversitaria, representante de estudiantes de más de 70 escuelas del país, resolvió el sábado convocar a las asambleas de las distintas escuelas a deliberar sobre un paro de 72 horas como parte de la tercera jornada global de acción por Ayotzinapa.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

MÉXICO, D.F: Diputados federales de Guerrero revelaron que el gobierno federal conocía desde hace tiempo la presencia de la delincuencia organizada en la entidad, además de sostener que el presidente Enrique Peña Nieto “sabe dónde están” los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por lo que pidieron al mandatario que “nos los entregue”.

Al fijar el posicionamiento sobre el caso de los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre y luego de escuchar el informe preliminar de la comisión especial de legisladores sobre el tema, Catalino Duarte, diputado por el PRD, dijo desde su curul que “oportunamente” se le informó de manera oficial al secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) y al titular de la Procuraduría General de la República (Jesús Murillo Karam) “informes sobre lo que estaba pasando en la entidad.

“Los diputados tenemos en nuestro poder documentos oficiales en los que oportunamente informamos a Osorio Chong y al procurador de lo que estaba pasando en la entidad”, sostuvo.

Luego reclamó que partidos pro gobierno traten de exculpar a Peña Nieto del caso. “Se trata de delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada y el pueblo de México sabe que tratándose de la delincuencia organizada le corresponde al gobierno federal atender el tema”.

Al recibir reclamos y chiflidos de parte de los legisladores del PVEM, Duarte dirigió su discurso a la ahora diputada del Verde Ecologista y experredista Ruth Zavaleta:

“Le preocupa el hecho de que le diga que Héctor Beltrán Leyva era, no sé si recuerde quién era su operador financiero… el señor (Germán) Goyeneche, un militante del Partido Verde, y que valdría la pena pidieran también se investigara, porque seguramente esta fracción sabe del tema”.

El perredista fue más allá al denunciar que “nos preocupa mucho la postura de algunos actores políticos que centren el tema en Iguala. Tenemos documentados cientos y cientos de hechos que tienen que ver con la delincuencia organizada y Manuel Añorve (vicecoordinador del PRI) lo puede corroborar cuando fue presidente municipal de Acapulco”, fustigó.

Siguió la diputada, también de Guerrero por el PRD, María del Rosario Merlyn García, quien consideró que el gobierno federal sabe dónde están los estudiantes. Y demandó que ya los entregue.

“A nombre de los estudiantes de Ayotzinapa, a nombre de la humanidad, que el presidente de la República nos los entregue, él tiene la información y sabe dónde están. Porque la Gendarmería le informa de cada momento que actúa, cada momento que se mueve”.

La diputada guerrerense, en tono desesperado, relató que los 600 civiles “desarmados” que han participado en las búsquedas le han comentado que por lo menos en tres lugares donde se les ha dicho que pudieran estar los jóvenes, a punto de arribar al lugar, los elementos de la Gendarmería truncan la búsqueda bajo el argumento de que ya es tarde.

Incluso, reveló que en una ocasión en que no quisieron llegar al punto final, al siguiente día que regresaron y lograron por fin arribar al lugar, encontraron por lo menos 20 colchonetas y comida recién comprada. Lo anterior, sostuvo, “porque ya habían sido movidos los jóvenes”.

“Aquí hago un llamado y el exhorto a la Presidencia de la República y a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública para que dejen de obstaculizar el encuentro y la entrega de estos jóvenes. La Gendarmería, en lugar de ayudar, está previniendo, o parece ser, avisando que ya van a encontrarlos”, acusó.

Antes, el diputado panista y presidente de la comisión especial, Guillermo Anaya, denunció que detectaron “garrafales errores en la búsqueda, como el de no actuar puntualmente como lo establecen los protocolos internacionales de organismos de derechos humanos, pues en casos de este tipo es vital la actuación de la autoridad en las primeras 72 horas, pues una desaparición forzada tiene por lo menos tres elementos básicos: privación de la libertad, que la privación haya sido hecha por particulares o por la autoridad y, tercero, la negación del paradero”.

Tanto el fuero común como el federal, sostiene la comisión, cometieron graves “irregularidades graves” en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas.

Pero como en el reporte nunca se establece una acusación de que se trató de una “desaparición forzada”, el panista José Alfredo Botello sí aclaró que se trata de una desaparición forzada.

Mientras, falta que la comisión se entreviste con las víctimas, estudiantes y padres de familia, sin embargo, éstos no han querido reunirse con los legisladores, pues no confían en los políticos ni en los distintos órdenes de gobierno, reconocieron desde tribuna los representante de Panal, PRD, PT y MC.

En tanto, PRI y PVEM se esforzaron en enaltecer el gobierno de Peña Nieto por haber anunciado la detención de José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda, los autores intelectuales, según la PGR, del ataque y desaparición de los normalistas.