Entre violencia, protestas y cuestionamientos, el Gobierno Federal se enfrenta a su primera crisis grave del sexenio. ¿Dará Enrique Peña Nieto un golpe de timón?
De regreso a México, después de su gira por Asia, el presidente Enrique Peña Nieto vivirá su propio “Día D” para intentar librar la crisis política y social que vive el país provocada por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El gobierno de Peña Nieto llega a una etapa clave y crucial en donde la toma de decisiones por parte del mandatario federal se vuelve un asunto impostergable por la gravedad de la realidad que se vive en México.
La pregunta que más se escucha hoy en día en México es si habrá o no golpe de timón en la administración federal para responder a esta primera crisis del sexenio priista.
En los próximos días se sabrá la respuesta por parte del Ejecutivo federal.
Al arribar este fin de semana al país, después de su gira por China y Australia, Peña Nieto encontró un país sumergido en una situación tan grave como la que existía hace 10 días cuando decidió viajar a la cumbre del G20 y del APEC.
Nada ha cambiado en México desde la partida del presidente a Asia el pasado 8 de noviembre. Al contrario.
Las condiciones que enfrentará el mandatario federal, de vuelta a México, lucen más adversas hoy por los últimos acontecimientos que se han ventilado en el país y que han ocasionado el momento más álgido para el presidente en lo que va de su sexenio.
Hoy al reclamo de justicia y de indignación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se le han agregado cuestionamientos a decisiones del gobierno relacionadas con la obra pública, la cancelación de la licitación para la construcción del tren rápido México-Querétaro y el caso del inmueble vinculado a la pareja presidencial ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec.
A su llegada de China, el presidente adelantó que en los próximos días el Gobierno Federal explicará a detalle la adquisición de este inmueble.
Hasta hoy lo único seguro es que –ni la renuncia del gobernador de Guerrero, el perredista Ángel Aguirre, ni la captura del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca- han conseguido bajar el tono del reclamo ciudadano en contra de las autoridades por la desaparición de los estudiantes.
No hay día que no se convoquen a marchas y protestas en la Ciudad de México y movilizaciones en estados como Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
El puente vacacional de este fin de semana fue afectado por varios bloqueos de carreteras que se realizaron en diferentes estados y centros turísticos para protestar por la desaparición de los estudiantes.
Para el Presidente está pendiente de resolver además el conflicto en el Politécnico Nacional, que la próxima semana cumplirá dos mes en paro de labores y sin director nombrado por el Gobierno federal.
Algunos analistas aseguran que Peña Nieto debe de retomar el liderazgo en la conducción del país y una sacudida del gabinete presidencial podría ser el comienzo de este viraje en su administración.
En los últimos días han trascendido posibles cambios en el gabinete presidencial: el del titular de la Procuraduría General de la República por la investigación del caso Iguala.
En caso de que se confirme su salida de la PGR, el Procurador perdería la oportunidad de encabezar la Fiscalía General de la República, que se designará en los próximos días.
En su lugar llegaría Alfonso Navarrete Prida, actual Secretario de Trabajo y quien ya se desempeñó como procurador con Peña Nieto en los tiempos cuando fue gobernador del Estado de México.
Entre otros eventuales cambios se habla también que Rosario Robles, actual secretaria de Desarrollo Social, dejará su cargo para contender por un cargo de elección popular en la elección del 2015.
Una gira a la realidad
El presidente estuvo la última semana fuera de México, cuya sociedad está movilizada por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
En China participó en la 22 Cumbre de Líderes de las Economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde sostuvo encuentros con Barack Obama y Xi Jinping.
También participó en Australia en la Cumbre G-20.
El viaje al extranjero del mandatario mexicano no aminoró la primera crisis política y social que enfrenta su mandato desde el 1 de diciembre de 2012 que tomó protesta.
El fin de semana, en una conferencia de prensa se refirió a los últimos acontecimientos ocurridos en México.
El presidente hizo un llamado a la paz, al diálogo y evitar los hechos violentos que han salpicado las últimas movilizaciones.
Entre otras cosas, sobre la convusionada situación social, el mandatario recordó algo que parecía olvidado cuando señaló que mantener el estado de derecho y hacer cumplir la ley, es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, y que todos deben cumplir con ella.
“Queremos convocar al orden, a la paz, hemos o se han establecido distintas mesas de acercamiento y de diálogo para dar atención a los grupos, para convocarles al orden sobre este momento”, comentó Peña Nieto.
“Espero que no sea el caso de lo que el gobierno tenga que resolver, y no lleguemos a este extremo en tener que hacer uso de la fuerza pública”.
En México, las protestas por los estudiantes desaparecidos siguen registrándose todos los días y se han extendido a estados como Michoacán y Oaxaca, encabezadas principalmente por los maestros disidentes y padres de los normalistas.
Las manifestaciones cada vez se tornan más intensas y violentas. En la última semana manifestantes quemaron la puerta de Palacio Nacional, tomaron el Aeropuerto Internacional de Acapulco, realizaron bloqueos de las principales carreteras en Oaxaca e incendiaron las sedes de los poderes de Guerrero.
Para este jueves 20 de noviembre los estudiantes están convocando a una manifestación multitudinaria que ahora irá acompañada de un paro nacional.
La protesta está considerada por las autoridades de alto riesgo y se espera que grupos anarquistas vuelvan a intentar reventar la manifestación como ha ocurrido en las últimas protestas.
Este fin de semana la comunidad estudiantil se agitó más cuando elementos de la Procuraduría capitalina que realizaban una investigación de un robo de un teléfono celular irrumpieron en Ciudad Universitaria y balearon a un estudiante en un enfrentamiento.
El hecho provocó disturbios dentro de Ciudad Universitaria y hasta el intento de tomar la Rectoría de la UNAM por parte de estudiantes inconformes por el operativo policiaco.
El país sigue agitado.
La tragedia de Iguala y sus repercusiones obligan hoy a Peña Nieto a actuar con más firmeza y urgencia.
Sus dos antecesores en el cargo –Vicente Fox y Felipe Calderón– también enfrentaron crisis políticas antes de llegar a las elecciones de mitad de su sexenio, lo que parece obligar al actual mandatario a dar un golpe de timón como señal de normalización y fortalecimiento de la gobernabilidad para los mexicanos.
Hoy quizá Peña tenga una desventaja: mediáticamente, la crisis que enfrenta parece más grave que aquellas con las que tuvieron que lidiar, en su momento, Fox y Calderón.
México en los ojos del mundo
Por Indigo Staff
En los dos primeros años de gobierno a cargo de Enrique Peña Nieto, el impulso reformador fue bien visto a nivel internacional.
No solo eso, el paquete de reformas estructurales promovidas por el mandatario generó altas expectativas y colocaron a México en plano de interés internacional.
Sin embargo, el país parece descomponerse.
Por aún, la debacle del “Mexican Moment” no es exclusiva del país. El escepticismo internacional ante la crisis que se vive en México se recrudeció. Por ello, la importancia de que el presidente Peña Nieto asistiera a la cumbre de la APEC en China y a la del G-20 en Australia.
No asistir al foro económico que representa el 60 por ciento del PIB mundial podría haberse mal interpretado. Un atrincheramiento simbólico por parte de el presidente hubiese sido una señal de que la situación es muy grave. Y puede serlo, pero la estrategia de contención de crisis también radica en el contexto comunicacional.
Por otro lado, la asistencia de Peña Nieto a las cumbres económicas también tendría el sólido propósito de encarar la situación frente a los jefes de Estado más prominentes del mundo y de la prensa internacional.
Operación control de daños
Ha sido bien documentado por analistas políticos e internacionalistas que una de las políticas más exitosas del Gobierno Federal ha sido el manejo de la política exterior.
Las principales potencias mundiales vieron en México una oportunidad explotable de largo plazo.
Los países asiáticos, árabes y europeos detectaron que las reformas representaban progreso y un valor agregado que convertían al país en un atractivo económico.
Pero tal y como las reformas estructurales en México tuvieron una proyección internacional a gran escala, el caso de Ayotzinapa también ha colocado al país en el ojo del huracán.
Las presiones nacionales e internacionales arreciarán conforme el caso de los jóvenes normalistas permanezca en una especie de limbo.
Las llamadas de atención y las voces que exigen rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano se acumulan y provienen ya de los jefes de Estado de países considerados como aliados de México.
La operación para replantear la política exterior bajo la administración de Peña Nieto inició cuando este era todavía presidente electo.
Y fue sagaz en reposicionar al país en el plano mundial tras el estancamiento diplomático que produjo la denominada “guerra con el narcotráfico” del sexenio pasado.
Hoy, la operación diplomática es de control de daños.
frente a los jefes de Estado más prominentes del mundo
Una crisis postergada
En el caso mexicano, se trata de una crisis que se había postergado.
La acumulación de una serie de factores que han generado malestar sociales desde hace décadas aunada al contexto delictivo y a la transformación institucional del sistema político mexicano.
Se trata de una crisis que llega en un momento en el que el país parecía -en ojos de la comunidad internacional- despegar y consolidarse como emergente, sólido y estable.
Un país que parecía ir superando el fenómeno delictivo y de violencia.
Para el principal socio comercial de México (Estados Unidos) el escepticismo internacional y el espasmo por el que atraviesa la república podría serle benéfico.
O al menos, no es algo que tenga preocupado al inquilino de la Casa Blanca y su administración.
El “coqueteo” diplomático de México con países como China no converge con los intereses de Estados Unidos.
China por su parte, vio en México una ventana de oportunidad singular.
La segunda economía más grande de Latinoamérica, el segundo socio comercial de Estados Unidos con el que comparte 3 mil kilómetros de frontera.
Si algo no se puede ignorar, es que la súbita cancelación del contrato otorgado a China Railways para la construcción del tres México-Querétaro no se habría dado solamente en un momento de análisis sobre las implicaciones legales y políticas, si no en que Estados Unidos con la enorme influencia que tiene en México, podría haber hecho presión para la revocación del contrato.
Y si bien es cierto que la relación bilateral México– Estados Unidos pasa por una cuesta ante el posicionamiento del Gobierno Federal sobre los términos de cooperación en materia de seguridad, no menos cierto es que son más los intereses de México con Estados Unidos que con China.
El escepticismo contagioso
La apertura del sector energético y de las telecomunicaciones atrajo la atención de un variado espectro de países.
Desde Medio Oriente hasta Asía y Europa, cada día son más los interesados en invertir en México.
Sin embargo, la seguridad de esas inversiones debe estar garantizada. Un país políticamente inestable no es óptimo, y medir la probabilidad de que una crisis sociopolítica escale es poco fiable.
La comunidad internacional ve en México un país con una amplia legitimad política y económica, pero la incertidumbre sobre el desahogo de la crisis, crea escepticismo, el cual es contagioso y muchas veces difícil de erradicar.
Ahora bien, las principales potencias mundiales ven en México un país rico y con potencial. Pero también a un país que no se decide a participar de lleno en el debate internacional.
Los posicionamientos de México -si bien históricamente han sido un tanto neutrales- continúan siendo vagos.
Por ejemplo, México no condenó, pero tampoco apoyó la adhesión de Crimea a la Federación Rusa.
México es signatario del tratado de la no-proliferación nuclear y aún así ha sido incapaz de dar un posicionamiento firme y claro sobre el programa de energía nuclear de Irán.
En el Medio Oriente, México no hizo un pronunciamiento sobre la guerra civil en Siria. Y ahora, ante los alegatos de congresistas estadounidenses sobre supuestos informes de inteligencia que revelarían planes de la ISIS para penetrar células terroristas a Estados Unidos a través de la frontera el país tampoco se pronunció.
En ojos de los principales potencias mundiales hoy México es un país joven con gran potencial económico, pero que esta inmerso en un ciclo vicioso de problemáticas internas que lo retienen y frenan.
Y por otro lado, también ven a un país que no está decidido a comprometerse en los temas difíciles de orden internacional. Ya sea terrorismo, ciberterrorismo, derechos humanos en Venezuela, compras militares de Brasil, migración, la problemática Palestino-Israelí, Libia, disputa por en el Mar del Sur de China, con quienes México participa en los ejercicios navales del Rin del Pacifico entre otros.
Pareciera que el país quiere el reposicionamiento a nivel internacional sin compromisos geopolíticos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
martes, 18 de noviembre de 2014
Gobierno de Veracruz pide más recursos para gasto corriente y deuda pública
XALAPA, Ver: El proyecto de presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2015, elaborado por el gobierno priista de Javier Duarte, incluye sendos incrementos para gasto corriente y deuda pública, pese a que el legislador del PRI, Ricardo Ahued, solicitó a los gobiernos federal y estatal una integración “responsable” y “sensible” de la Ley de Ingresos y Egresos del próximo año.
El proyecto de presupuesto entregado a la Comisión de Vigilancia y a la Junta de Coordinación Política incluye un pago anual de 4 mil 769 millones de pesos para el pago de la deuda pública, 879 millones de pesos más de los recursos que se destinaron este año y que ascendieron a 3 mil 890 millones de pesos, es decir, 22.6% más.
Sobre el gasto corriente destinado al pago de salarios, prestaciones, viáticos e insumos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el gobierno estatal destinó 52 mil 105 millones de pesos en 2014, pero para el próximo año busca ampliarlo a 57 mil 504 millones, 5 mil 399 millones de pesos más.
El Poder Legislativo, que este año ejerció 577 millones de pesos, aprobó para el siguiente 616 millones de pesos. El Poder Judicial también solicitó mil 577 millones de pesos, 77 millones más de lo que ejerció este año (mil 500 millones). En tanto, los órganos autónomos exigieron 5 mil 265 millones de pesos para el año entrante, mil 441 millones de pesos más de lo que ejercieron en 2014.
Entre los organismos autónomos, la Comisión Estatal para la Protección de Periodistas –considerada por organizaciones de reporteros y medios de comunicación como un “elefante blanco” del gobierno de Javier Duarte– habría solicitado un presupuesto de 20 millones 100 mil pesos. De esa cifra, 80% se utiliza para el pago de consejeros, secretaria ejecutiva y presidencia del organismo.
En el rubro de “inversión pública” –obras e introducción de servicios e infraestructura– hay un incremento muy bajo, pues si bien en 2014 el gobierno de Duarte etiquetó 11 mil 740 millones de pesos, para 2015 busca que se aprueben 11 mil 870 millones de pesos, es decir, un aumento de apenas 130 millones de pesos.
Las dependencias encargadas de la seguridad y procuración de justicia sí plantearon incrementos considerables, en detrimento de los recursos que se destinan al campo.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) solicitó al Congreso local 4 mil 212 millones 800 mil pesos, un aumento de 498 millones 500 mil pesos más si se le compara con lo ejercido en 2014 (3 mil 714 millones 300 mil pesos).
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) solicitó 999 millones 300 mil pesos para el ejercicio fiscal 2015, mientras la partida aprobada para este año ascendió a 935 millones 200 mil pesos.
En contraste, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), cuyo ejercicio para este año ascendió a 870 millones 200 mil pesos, en 2015 obtendrá 146 millones de pesos menos, ya que recibirá 724 millones 200 mil pesos.
Una de las áreas más criticadas en el sexenio de Javier Duarte es la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), que también tuvo un ligero recorte. Este año ejerció 204 millones de pesos y para 2015 pretende etiquetar 202 millones de pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
El proyecto de presupuesto entregado a la Comisión de Vigilancia y a la Junta de Coordinación Política incluye un pago anual de 4 mil 769 millones de pesos para el pago de la deuda pública, 879 millones de pesos más de los recursos que se destinaron este año y que ascendieron a 3 mil 890 millones de pesos, es decir, 22.6% más.
Sobre el gasto corriente destinado al pago de salarios, prestaciones, viáticos e insumos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el gobierno estatal destinó 52 mil 105 millones de pesos en 2014, pero para el próximo año busca ampliarlo a 57 mil 504 millones, 5 mil 399 millones de pesos más.
El Poder Legislativo, que este año ejerció 577 millones de pesos, aprobó para el siguiente 616 millones de pesos. El Poder Judicial también solicitó mil 577 millones de pesos, 77 millones más de lo que ejerció este año (mil 500 millones). En tanto, los órganos autónomos exigieron 5 mil 265 millones de pesos para el año entrante, mil 441 millones de pesos más de lo que ejercieron en 2014.
Entre los organismos autónomos, la Comisión Estatal para la Protección de Periodistas –considerada por organizaciones de reporteros y medios de comunicación como un “elefante blanco” del gobierno de Javier Duarte– habría solicitado un presupuesto de 20 millones 100 mil pesos. De esa cifra, 80% se utiliza para el pago de consejeros, secretaria ejecutiva y presidencia del organismo.
En el rubro de “inversión pública” –obras e introducción de servicios e infraestructura– hay un incremento muy bajo, pues si bien en 2014 el gobierno de Duarte etiquetó 11 mil 740 millones de pesos, para 2015 busca que se aprueben 11 mil 870 millones de pesos, es decir, un aumento de apenas 130 millones de pesos.
Las dependencias encargadas de la seguridad y procuración de justicia sí plantearon incrementos considerables, en detrimento de los recursos que se destinan al campo.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) solicitó al Congreso local 4 mil 212 millones 800 mil pesos, un aumento de 498 millones 500 mil pesos más si se le compara con lo ejercido en 2014 (3 mil 714 millones 300 mil pesos).
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) solicitó 999 millones 300 mil pesos para el ejercicio fiscal 2015, mientras la partida aprobada para este año ascendió a 935 millones 200 mil pesos.
En contraste, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), cuyo ejercicio para este año ascendió a 870 millones 200 mil pesos, en 2015 obtendrá 146 millones de pesos menos, ya que recibirá 724 millones 200 mil pesos.
Una de las áreas más criticadas en el sexenio de Javier Duarte es la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), que también tuvo un ligero recorte. Este año ejerció 204 millones de pesos y para 2015 pretende etiquetar 202 millones de pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Ordenan al SAT revelar estrategia de geolocalización de domicilios fiscales
MÉXICO, D.F: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregar en versión pública el documento “Estrategias para la Geolocalización de Domicilios en Gabinete”.
La información fue solicitada por una particular quien requirió el fundamento legal para la geolocalización de domicilios fiscales de contribuyentes, la información relacionada con los casos en que se usa esta herramienta, cómo se lleva a cabo, la descripción general del procedimiento utilizado y la información que se recopila.
El SAT le proporcionó el fundamento legal para la geolocalización y la descripción genérica del procedimiento, sin embargo la requirente se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Ifai, impugnando solamente la respuesta relacionada con el fundamento legal.
La dependencia federal reiteró su respuesta y afirmó que el procedimiento para la geolocalización está contenido en el documento denominado “Estrategias para la Georeferencia de Domicilios en Gabinete”, y que es información reservada.
De acuerdo a la Ley de Transparencia –argumentó—su difusión podría causar “serio perjuicio” a las actividades de recaudación tributaria al contener los métodos para la ubicación de los domicilios fiscales de los contribuyentes.
Al analizar el caso, la comisionada ponente Areli Cano Guadiana determinó que la reserva de la información no procedía en los apartados Instrucción, Objetivos, Alcance, Marco Conceptual y Estrategia —relativa al “Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI (DENUE) 2010”— del documento sobre estrategias para la georeferencia.
Su difusión, afirmó, no afecta la recaudación de las contribuciones, ni la estrategia para la geolocalización de los domicilios de los contribuyentes.
En cambio consideró procedente proteger la información sobre la planeación, programación y verificación en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y los procedimientos específicos para el cruzamiento de información que permite geolocalizar el domicilio de los contribuyentes, ya que su difusión “pudiera causar un perjuicio a las actividades de recaudación tributaria”.
Además la comisionada indicó que el SAT debe estar atento para que los datos personales de los contribuyentes sean utilizados para los fines que fueron recabados y que exista un correcto tratamiento en el manejo de los mismos.
Finalmente el pleno del Ifai modificó la respuesta del SAT y le instruyó a entregar a la particular versión pública del documento “Estrategias para la Georeferencia de Domicilios en Gabinete”, en la que sólo podrá proteger información referente a los procedimientos que utiliza para la ubicación de los domicilios fiscales de los contribuyentes y para cruzar información que permite geolocalizar el domicilio de los contribuyentes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La información fue solicitada por una particular quien requirió el fundamento legal para la geolocalización de domicilios fiscales de contribuyentes, la información relacionada con los casos en que se usa esta herramienta, cómo se lleva a cabo, la descripción general del procedimiento utilizado y la información que se recopila.
El SAT le proporcionó el fundamento legal para la geolocalización y la descripción genérica del procedimiento, sin embargo la requirente se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Ifai, impugnando solamente la respuesta relacionada con el fundamento legal.
La dependencia federal reiteró su respuesta y afirmó que el procedimiento para la geolocalización está contenido en el documento denominado “Estrategias para la Georeferencia de Domicilios en Gabinete”, y que es información reservada.
De acuerdo a la Ley de Transparencia –argumentó—su difusión podría causar “serio perjuicio” a las actividades de recaudación tributaria al contener los métodos para la ubicación de los domicilios fiscales de los contribuyentes.
Al analizar el caso, la comisionada ponente Areli Cano Guadiana determinó que la reserva de la información no procedía en los apartados Instrucción, Objetivos, Alcance, Marco Conceptual y Estrategia —relativa al “Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI (DENUE) 2010”— del documento sobre estrategias para la georeferencia.
Su difusión, afirmó, no afecta la recaudación de las contribuciones, ni la estrategia para la geolocalización de los domicilios de los contribuyentes.
En cambio consideró procedente proteger la información sobre la planeación, programación y verificación en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y los procedimientos específicos para el cruzamiento de información que permite geolocalizar el domicilio de los contribuyentes, ya que su difusión “pudiera causar un perjuicio a las actividades de recaudación tributaria”.
Además la comisionada indicó que el SAT debe estar atento para que los datos personales de los contribuyentes sean utilizados para los fines que fueron recabados y que exista un correcto tratamiento en el manejo de los mismos.
Finalmente el pleno del Ifai modificó la respuesta del SAT y le instruyó a entregar a la particular versión pública del documento “Estrategias para la Georeferencia de Domicilios en Gabinete”, en la que sólo podrá proteger información referente a los procedimientos que utiliza para la ubicación de los domicilios fiscales de los contribuyentes y para cruzar información que permite geolocalizar el domicilio de los contribuyentes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Designa la CIDH a una decena de expertos para caso Ayotzinapa
MÉXICO, D.F: Un equipo de 10 expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asesorará al gobierno de Enrique Peña Nieto para determinar las causas de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre.
Según Emilio Rabasa, embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que depende la CIDH, el grupo estará conformado por expertos en criminalística, balística, sociología, ciencias políticas y sociología.
El diplomático dio a conocer que los expertos serán nombrados con mandato renovable de seis meses, por lo que al término de tres meses de labores deberán informar lo que hayan adelantado en sus investigaciones.
Rabasa aseguró que el comité quedará definido en las próximas semanas y gozará con pleno acceso a los expedientes para comparar la actuación de las autoridades mexicanas con protocolos internacionales en búsqueda de desaparecidos, análisis de líneas de investigación para dar con los responsables y elaboración de un plan de ayuda a las familias de las víctimas.
También dijo que el hemisferio jamás ha visto una asistencia técnica tan amplia como la prevista, a la cual justificó por el deseo del Estado mexicano de “no escatimar esfuerzo alguno nacional e internacional, político, jurídico o diplomático para conseguir resultados óptimos y con eso dar transparencia al proceso en un clima que hay de crisis de confianza”.
Más adelante, abundó, la CIDH emitirá un reporte final para evaluar la implementación que el Estado mexicano dé a las recomendaciones del grupo interdisciplinario. Además, México asumirá los costos en que incurran los expertos.
Rabasa admitió que “estamos frente a un caso de desaparición forzada. Queremos fortalecer nuestras capacidades institucionales para a partir de este caso encontrar nuevos mecanismos para mejorar nuestros procedimientos”.
A principios de octubre, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los 43 estudiantes desaparecidos en el municipio guerrerense de Iguala.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Según Emilio Rabasa, embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que depende la CIDH, el grupo estará conformado por expertos en criminalística, balística, sociología, ciencias políticas y sociología.
El diplomático dio a conocer que los expertos serán nombrados con mandato renovable de seis meses, por lo que al término de tres meses de labores deberán informar lo que hayan adelantado en sus investigaciones.
Rabasa aseguró que el comité quedará definido en las próximas semanas y gozará con pleno acceso a los expedientes para comparar la actuación de las autoridades mexicanas con protocolos internacionales en búsqueda de desaparecidos, análisis de líneas de investigación para dar con los responsables y elaboración de un plan de ayuda a las familias de las víctimas.
También dijo que el hemisferio jamás ha visto una asistencia técnica tan amplia como la prevista, a la cual justificó por el deseo del Estado mexicano de “no escatimar esfuerzo alguno nacional e internacional, político, jurídico o diplomático para conseguir resultados óptimos y con eso dar transparencia al proceso en un clima que hay de crisis de confianza”.
Más adelante, abundó, la CIDH emitirá un reporte final para evaluar la implementación que el Estado mexicano dé a las recomendaciones del grupo interdisciplinario. Además, México asumirá los costos en que incurran los expertos.
Rabasa admitió que “estamos frente a un caso de desaparición forzada. Queremos fortalecer nuestras capacidades institucionales para a partir de este caso encontrar nuevos mecanismos para mejorar nuestros procedimientos”.
A principios de octubre, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los 43 estudiantes desaparecidos en el municipio guerrerense de Iguala.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Pacto CDG-Zetas bajaría delitos
El presunto acuerdo entre ‘El Kelin’ de Los Zetas y ‘El R-1’ del Golfo, así como la vuelta a lo que llaman ‘la vieja escuela’, reduciría violencia en Nuevo León.
La posible alianza entre El Cártel del Golfo y Los Zetas podría llegar a Nuevo León con “la vieja escuela del narcotráfico”.
Esto debido a que según sus propias comunicaciones, esas dos organizaciones criminales estarían efectuando un reacomodo para frenar la extorsión, el secuestro y el derecho de piso que afectan a la población civil, pacto que se espera que se extienda a esta entidad.
El argumento de esta alianza entre CDG y Zetas que, incluso volantearon en algunos municipios de Tamaulipas, es volver a la “vieja escuela del narcotráfico” con sus tres códigos: respetar a la población civil, a las familias de los narcos y dividirse el territorio.
“Ya no cometeremos errores y vamos a depurar a nuestra gente que está en nuestras filas, que quieren andar de panocheos y mentiras”, cita el documento distribuido por ellos mismo en la red.
De hecho, hace una semana el procurador de Justicia de Nuevo León, Adrián de la Garza, hizo una declaración pública sobre este posible cambio de operaciones por parte de esas organizaciones.
“En este momento no tenemos bandas operando, son bandas que ya habían sido detenidas y que ya teníamos gente prófuga”, dijo el funcionario.
“La mayoría de estas bandas ya están totalmente desarticuladas, en algunos casos específicos tenemos uno o dos prófugos”.
Otro efecto de este proceso de pacto entre el CDG y Zetas es el operativo realizado la tarde del pasado martes 11 por agentes de la Policía Federal Ministerial y Mixta, en bares y cantinas de Monterrey.
Antros que ya históricamente eran vigilados y controlados por integrantes del crimen organizado para la extorsión y la venta de droga.
Este tipo de operativos ya no se realizaban desde hace años debido a los posibles enfrentamientos que provocarían.
Y cuando se llegó a implementar alguna acción de éstas por los federales, solamente se hizo si éstos eran apoyados por elementos del Ejército Mexicano.
El comunicado del pacto indica que Rogelio González Pizaña “El Kelin”, desertor del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas, y Juan Reyes Mejía González, “El R1”, líder de Los Rojos del CDG, habrían llegado a un acuerdo para no pelear entre sí.
Habrían sostenido una reunión en la “Frontera Chica” tamaulipeca, para llegar a una alianza denominada por ellos mismos “La Nueva Alianza de la Paz”.
No obstante, fuentes federales habrían informado que la junta se había realizado en la ciudad de Reynosa.
En el encuentro, ambos cárteles acordaron realizar un reacomodo de personal entre ambas organizaciones para frenar la extorsión, el secuestro y el derecho de piso, que afectan a la población civil tamaulipeca, dice un panfleto.
Pero este acuerdo se extendería a todas sus operaciones, incluyendo a Nuevo León.
“No se preocupen esto es pasajero, pronto se van a acabar los secuestros, extorisones y derechos de piso, habrá paz CDG y Zetas se vivirá en paz ”, cita el documento.
Aparentemente, “El Kelin”, también conocido como el “Z-2”, apenas salió libre del penal del Altiplano el pasado 30 de agosto de 2014.
Fue absuelto de los delitos de delincuencia organizada y de homicidio simple, en grado de tentativa, según la causa penal 56/2004.
Este lugarteniente que militó en ambas organizaciones, decidió llegar a un acuerdo de fusión con “El R1”, para disminuir la violencia que ha ocasionado la concentración de militares y fuerzas federales en Tamaulipas.
Con la alianza CDG-Zetas, según el comunicado, llegará la vieja escuela del narcotráfico que inició el Cártel del Golfo cuando fue liderado por Juan García Ábrego, capturado en 1996 en una quinta del municipio de Juárez, Nuevo León.
García Ábrego habría posicionado al Cártel del Golfo a la par del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Ciudad Juárez.
Aprovechando que los puertos marítimos de Tampico, Matamoros y San Fernando son utilizados para el tráfico de drogas, Ábrego consolidó a El Cártel del Golfo y comenzó a transportar grandes cantidades de marihuana y cocaína.
En este periodo de la organización, los asesinatos solamente eran cometidos entre rivales y traidores del cártel.
Una violencia sistemática entre criminales, pero no existía la diversificación de los delitos como el secuestro y la extorsión, dentro de las actividades regulares de la organización delincuencial.
Pero al ser aprehendido el capo García Ábrego, el jefe de los sicarios de la organización, Osiel Cárdenas Guillén, conocido como “El Mata Amigos”, asesinó a una serie de integrantes del cártel para tomar las riendas del grupo criminal en 1998.
Fue la primera ocasión, documentada, en que un hombre señalado como líder de los sicarios de una organización, tomó la máxima jerarquía del cártel.
Acostumbrado a imponer la violencia, formó su brazo armado con exmilitares y lo llamó Los Zetas.
Esto ante la amenaza de que El Cártel de Sinaloa buscaba invadir y controlar la plaza de Tamaulipas.
La captura de Osiel, en marzo de 2003, originó reacomodos en el cártel.
Y luego, el 18 de enero de 2010, ocurrió la ruptura entre el CDG y Zetas debido a la muerte del líder Zeta, Víctor Peña Mendoza alias “El Concorde 3”, por órdenes de Samuel Flores Borrego “El Comandante Metro 3”, líder del Golfo en Reynosa.
“El Concorde 3” fue asesinado y Los Zetas pidieron que el CDG les entregara a “El Comandante Metro 3” para vengarse.
Como el CDG no lo hizo, estalló la ruptura.
Guerra que se extendió hasta los estados de Nuevo León y Coahuila.
Ahora, aparentemente el pacto de no agresión podría llegar a todos los estados fronterizos, en donde históricamente operan ambas organizaciones.
Sin embargo, falta que el Cártel del Golfo Nueva Generación, que opera en Matamoros, acepte también entrar al acuerdo.
¿Ya sabía Mauricio?
El exalcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, reveló hace dos semanas que habría una tregua entre los cárteles de la droga, por el cual habría una clara disminución de la violencia.
Y Fernández, en temas de narcotráfico, lleva varios anuncios antes que la propia autoridad investigadora.
En su primer mensaje como alcalde de San Pedro, el 31 de octubre del 2009, ante empresarios y políticos reveló la muerte del capo Héctor “El Negro” Saldaña.
Informó que “El Negro” en la Ciudad de México, junto con su hermano Alan “El Flaco”; su medio hermano Carlos Saldaña Rodríguez y el joven César Rodríguez, estaban muertos dentro de una camioneta Equinox 206 plateada, con placas de Nuevo León.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.
La posible alianza entre El Cártel del Golfo y Los Zetas podría llegar a Nuevo León con “la vieja escuela del narcotráfico”.
Esto debido a que según sus propias comunicaciones, esas dos organizaciones criminales estarían efectuando un reacomodo para frenar la extorsión, el secuestro y el derecho de piso que afectan a la población civil, pacto que se espera que se extienda a esta entidad.
El argumento de esta alianza entre CDG y Zetas que, incluso volantearon en algunos municipios de Tamaulipas, es volver a la “vieja escuela del narcotráfico” con sus tres códigos: respetar a la población civil, a las familias de los narcos y dividirse el territorio.
“Ya no cometeremos errores y vamos a depurar a nuestra gente que está en nuestras filas, que quieren andar de panocheos y mentiras”, cita el documento distribuido por ellos mismo en la red.
De hecho, hace una semana el procurador de Justicia de Nuevo León, Adrián de la Garza, hizo una declaración pública sobre este posible cambio de operaciones por parte de esas organizaciones.
“En este momento no tenemos bandas operando, son bandas que ya habían sido detenidas y que ya teníamos gente prófuga”, dijo el funcionario.
“La mayoría de estas bandas ya están totalmente desarticuladas, en algunos casos específicos tenemos uno o dos prófugos”.
Otro efecto de este proceso de pacto entre el CDG y Zetas es el operativo realizado la tarde del pasado martes 11 por agentes de la Policía Federal Ministerial y Mixta, en bares y cantinas de Monterrey.
Antros que ya históricamente eran vigilados y controlados por integrantes del crimen organizado para la extorsión y la venta de droga.
Este tipo de operativos ya no se realizaban desde hace años debido a los posibles enfrentamientos que provocarían.
Y cuando se llegó a implementar alguna acción de éstas por los federales, solamente se hizo si éstos eran apoyados por elementos del Ejército Mexicano.
El comunicado del pacto indica que Rogelio González Pizaña “El Kelin”, desertor del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas, y Juan Reyes Mejía González, “El R1”, líder de Los Rojos del CDG, habrían llegado a un acuerdo para no pelear entre sí.
Habrían sostenido una reunión en la “Frontera Chica” tamaulipeca, para llegar a una alianza denominada por ellos mismos “La Nueva Alianza de la Paz”.
No obstante, fuentes federales habrían informado que la junta se había realizado en la ciudad de Reynosa.
En el encuentro, ambos cárteles acordaron realizar un reacomodo de personal entre ambas organizaciones para frenar la extorsión, el secuestro y el derecho de piso, que afectan a la población civil tamaulipeca, dice un panfleto.
Pero este acuerdo se extendería a todas sus operaciones, incluyendo a Nuevo León.
“No se preocupen esto es pasajero, pronto se van a acabar los secuestros, extorisones y derechos de piso, habrá paz CDG y Zetas se vivirá en paz ”, cita el documento.
Aparentemente, “El Kelin”, también conocido como el “Z-2”, apenas salió libre del penal del Altiplano el pasado 30 de agosto de 2014.
Fue absuelto de los delitos de delincuencia organizada y de homicidio simple, en grado de tentativa, según la causa penal 56/2004.
Este lugarteniente que militó en ambas organizaciones, decidió llegar a un acuerdo de fusión con “El R1”, para disminuir la violencia que ha ocasionado la concentración de militares y fuerzas federales en Tamaulipas.
Con la alianza CDG-Zetas, según el comunicado, llegará la vieja escuela del narcotráfico que inició el Cártel del Golfo cuando fue liderado por Juan García Ábrego, capturado en 1996 en una quinta del municipio de Juárez, Nuevo León.
García Ábrego habría posicionado al Cártel del Golfo a la par del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Ciudad Juárez.
Aprovechando que los puertos marítimos de Tampico, Matamoros y San Fernando son utilizados para el tráfico de drogas, Ábrego consolidó a El Cártel del Golfo y comenzó a transportar grandes cantidades de marihuana y cocaína.
En este periodo de la organización, los asesinatos solamente eran cometidos entre rivales y traidores del cártel.
Una violencia sistemática entre criminales, pero no existía la diversificación de los delitos como el secuestro y la extorsión, dentro de las actividades regulares de la organización delincuencial.
Pero al ser aprehendido el capo García Ábrego, el jefe de los sicarios de la organización, Osiel Cárdenas Guillén, conocido como “El Mata Amigos”, asesinó a una serie de integrantes del cártel para tomar las riendas del grupo criminal en 1998.
Fue la primera ocasión, documentada, en que un hombre señalado como líder de los sicarios de una organización, tomó la máxima jerarquía del cártel.
Acostumbrado a imponer la violencia, formó su brazo armado con exmilitares y lo llamó Los Zetas.
Esto ante la amenaza de que El Cártel de Sinaloa buscaba invadir y controlar la plaza de Tamaulipas.
La captura de Osiel, en marzo de 2003, originó reacomodos en el cártel.
Y luego, el 18 de enero de 2010, ocurrió la ruptura entre el CDG y Zetas debido a la muerte del líder Zeta, Víctor Peña Mendoza alias “El Concorde 3”, por órdenes de Samuel Flores Borrego “El Comandante Metro 3”, líder del Golfo en Reynosa.
“El Concorde 3” fue asesinado y Los Zetas pidieron que el CDG les entregara a “El Comandante Metro 3” para vengarse.
Como el CDG no lo hizo, estalló la ruptura.
Guerra que se extendió hasta los estados de Nuevo León y Coahuila.
Ahora, aparentemente el pacto de no agresión podría llegar a todos los estados fronterizos, en donde históricamente operan ambas organizaciones.
Sin embargo, falta que el Cártel del Golfo Nueva Generación, que opera en Matamoros, acepte también entrar al acuerdo.
¿Ya sabía Mauricio?
El exalcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, reveló hace dos semanas que habría una tregua entre los cárteles de la droga, por el cual habría una clara disminución de la violencia.
Y Fernández, en temas de narcotráfico, lleva varios anuncios antes que la propia autoridad investigadora.
En su primer mensaje como alcalde de San Pedro, el 31 de octubre del 2009, ante empresarios y políticos reveló la muerte del capo Héctor “El Negro” Saldaña.
Informó que “El Negro” en la Ciudad de México, junto con su hermano Alan “El Flaco”; su medio hermano Carlos Saldaña Rodríguez y el joven César Rodríguez, estaban muertos dentro de una camioneta Equinox 206 plateada, con placas de Nuevo León.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.
Pone su permanencia sobre la mesa
El dirigente nacional perredista, Carlos Navarrete, responde a Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del PRD, quien pidió este fin de semana su dimisión como presidente del Sol Azteca.
Carlos Navarrete, presidente nacional del PRD, anunció ayer que los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese partido someterán su renuncia a la decisión del Consejo Nacional partidista.
Luego de la misiva enviada por Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del partido del Sol Azteca, donde pidió que la dirigencia nacional presentara su renuncia como un primer paso a la transformación del partido, Navarrete sostuvo que esa propuesta debe ser discutida por el máximo órgano del PRD.
“Ahí (en el Consejo Nacional), en el máximo órgano de dirección del partido, cuando no está reunido el Congreso Nacional y al cual usted pertenece, se podrá debatir su propuesta. Y todos debemos acatar lo que al final se resuelva. Todo ello para no sustituir, como usted lo afirma en su carta, a los cuerpos colegiados por acuerdos de cúpulas”, afirmó Navarrete, al leer el pronunciamiento del CEN a la misiva de Cárdenas.
Sin embargo, los grupos opositores a Nueva Izquierda, corriente a la que pertenece Navarrete, insistieron en que es necesaria la renuncia del presidente del partido y que debe darse antes de que la crisis en el partido se haga más profunda.
El PRD está envuelto en la peor de sus crisis, que ocurre en días de decisiones políticas trascendentales para el partido, como la posible conformación de alianzas para el 2015 o la instauración de filtros para los candidatos que participarán en las elecciones de junio próximo.
Debido a esa crisis, todos esos procesos pueden estar en peligro y, dicho por los propios perredistas, las consecuencias electorales podrían ser devastadoras en el 2015.
La guerra civil del Sol Azteca
A unas semanas de que se deba comenzar con el registro de candidatos para las elecciones de junio del 2015, el PRD enfrenta la peor de sus guerras civiles que podría provocar, incluso, la salida de algunas de sus figuras históricas como su fundador, Cuauhtémoc Cárdenas.
Las diferentes “tribus” que conforman el partido del Sol Azteca se han enfrascado en una lucha dividida por intentar rescatar a ese instituto político después del desprestigio que significó haber apoyado a José Luis Abarca como alcalde de Iguala, Guerrero, lugar donde ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
El llamado del líder moral y fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, para que la actual dirigencia –encabezada por Carlos Navarrete- presente su renuncia, logró que otras corrientes insistan con más fuerza en que Nueva Izquierda entregue el partido a otras expresiones.
“Es momento de tomar decisiones de fondo; decisiones que deben tomar en primer lugar sus más altos cuerpos de gobierno; decisiones en las que a cualquier interés personal o de grupo se anteponga el interés del país. Invito, con todo respeto, a que renuncie de manera irrevocable el Comité Ejecutivo actual, encabezado por el presidente y el secretario general”, expuso Cárdenas en una carta enviada el domingo.
La misiva encendió los ánimos al interior del PRD. En cuestión de horas, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) convocó a una reunión para analizar la respuesta que darían a la “invitación” de Cárdenas.
Luego de varias horas en un cónclave, Carlos Navarrete anunció que sometería la propuesta de Cárdenas a la sesión del Consejo Nacional del PRD que se llevará a cabo el 29 de noviembre. Es decir, que no renunciará.
“Como partido, vivimos un momento difícil. Decisiones equivocadas, omisiones evidentes, tolerancia con prácticas inaceptables, nos han llevado a debilitar nuestra presencia y autoridad ante la sociedad. Todos somos responsables de que esto haya ocurrido y esta situación se da en el marco de una crisis nacional”, leyó Navarrete, en la respuesta del CEN a Cárdenas.
En un tono adusto, Navarrete dijo que la principal exigencia por la situación que se vive en el país debe hacerse al Gobierno Federal.
Sin embargo, la posición del CEN no fue aprobada de forma unánime.
Las corrientes Izquierda Democrática Nacional (IDN), liderada por René Bejarano; Movimiento Progresista, por Marcelo Ebrard; y Patria Digna, por Carlos Sotelo, votaron en contra de someter la propuesta al Consejo Nacional.
Para Bejarano, el PRD y la izquierda viven una crisis provocada por la división entre los grupos, el desdibujamiento de sus objetivos y la incongruencia entre la prédica y sus acciones, por lo que de no solucionarse rápido, esto podría provocar una desbandada de figuras históricas y militantes.
“Ya se han ido muchos y se pueden ir más. Esto ha venido sucediendo, alguna renuncias son públicas, otras no, pero sí hay un problema de debilitamiento de la credibilidad del PRD y por eso se requiere de un golpe de timón; si no se hace, las consecuencias van a ser peores para el partido”, comentó Bejarano.
En un pronunciamiento, el Movimiento Progresista urgió a que la transformación del partido se lleve a cabo sin simulaciones.
“Quien tenga responsabilidad por acción u omisión en la actual crisis, debe salir del partido. Se hace necesario limpiar la casa. Para poder ver de frente a la gente, necesitamos decisiones de fondo”, expuso la corriente liderada por Marcelo Ebrard.
En la reunión del CEN de este lunes no participó Miguel Barbosa Huerta, coordinador de la bancada del PRD en el Senado, quien se ha pronunciado también por la renuncia de Navarrete. Quien sí estuvo fue Miguel Alonso Raya, líder de los diputados del Sol Azteca.
Fuentes cercanas al CEN perredista revelaron que desde hace algunos días, Carlos Navarrete contrató el servicio de varias empresas encuestadoras para evaluar el impacto que tuvo la situación en Guerrero sobre el PRD y sobre su dirigencia nacional.
¿A quién ponemos?
La exigencia para que salga Carlos Navarrete de la dirigencia nacional pone también a los perredistas en otro dilema: si se va, ¿quién podría ser el nuevo presidente del partido?
Alejandro Sánchez Camacho, exsecretario general del PRD y diputado federal, se ha pronunciado en varias ocasiones pidiendo la dimisión de Navarrete como líder nacional del perredismo.
Sin embargo, reconoce que esta salida metería a los perredistas en otra crisis difícil de solucionar en pocas semanas y en plena labor electoral rumbo al proceso del 2015.
“Si se toma la decisión de que la dirección nacional se cambie, ¿a quién ponemos? (…) ¿quién quisiera estar al frente del partido?, ¿quién tiene la autoridad moral y política suficiente para dar un mensaje, no solo a la militancia, no solo a la izquierda electoral, sino a la ciudadanía en general, de que va un PRD distinto?”, cuestionó el legislador.
El perredismo nacional se reunirá los días 28 y 29 de noviembre en su Consejo Nacional para tomar la decisión sobre la permanencia o no de la actual dirigencia del partido y decidir sobre asuntos como alianzas o candidatos que participarán en la elección del 2015.
Las posturas
"Lo que ha dicho el ingeniero debe ser un punto de partida, un punto de inflexión, para establecer una ruta de cómo desde el partido hay que enfrentar esta problemática.”
— Miguel Barbosa
Presidente de la Mesa Directiva del Senado
"Invito, con todo respeto, a que renuncie de manera irrevocable el Comité Ejecutivo actual, encabezado por el presidente y el secretario general.”
— Cuauhtémoc Cárdenas
Líder moral del PRD
"Hay una crisis avasalladora en nuestro partido, el PRD, y los alcances de sus efectos todavía no los tenemos claros.”
— Alejandro Sánchez
Exsecretario general del PRD
"No es la primera vez que el Ing. Cárdenas hace manifestaciones de este tipo, criticando a la dirigencia del partido, a la actitud y la línea política que asume, a su relación de evidente colaboración que tiene con el Gobierno Federal."
— Raúl Morón
Legislador federal del PRD
"Coincidimos y compartimos con el ingeniero la preocupación y la necesidad de revisar lo que no nos ha salido bien, lo que ha fallado en el partido y a partir de ahí (…) tomar las decisiones correspondientes.”
— Silvano Aureoles Conejo
Presidente Mesa Directiva Congreso de la Unión
"(…) creo que debiéramos poner a disposición de la militancia nuestros cargos, si eso ayuda o contribuye a que el PRD se reposicione”
— René Bejarano
Líder de la corriente IDN
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Carlos Navarrete, presidente nacional del PRD, anunció ayer que los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese partido someterán su renuncia a la decisión del Consejo Nacional partidista.
Luego de la misiva enviada por Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del partido del Sol Azteca, donde pidió que la dirigencia nacional presentara su renuncia como un primer paso a la transformación del partido, Navarrete sostuvo que esa propuesta debe ser discutida por el máximo órgano del PRD.
“Ahí (en el Consejo Nacional), en el máximo órgano de dirección del partido, cuando no está reunido el Congreso Nacional y al cual usted pertenece, se podrá debatir su propuesta. Y todos debemos acatar lo que al final se resuelva. Todo ello para no sustituir, como usted lo afirma en su carta, a los cuerpos colegiados por acuerdos de cúpulas”, afirmó Navarrete, al leer el pronunciamiento del CEN a la misiva de Cárdenas.
Sin embargo, los grupos opositores a Nueva Izquierda, corriente a la que pertenece Navarrete, insistieron en que es necesaria la renuncia del presidente del partido y que debe darse antes de que la crisis en el partido se haga más profunda.
El PRD está envuelto en la peor de sus crisis, que ocurre en días de decisiones políticas trascendentales para el partido, como la posible conformación de alianzas para el 2015 o la instauración de filtros para los candidatos que participarán en las elecciones de junio próximo.
Debido a esa crisis, todos esos procesos pueden estar en peligro y, dicho por los propios perredistas, las consecuencias electorales podrían ser devastadoras en el 2015.
La guerra civil del Sol Azteca
A unas semanas de que se deba comenzar con el registro de candidatos para las elecciones de junio del 2015, el PRD enfrenta la peor de sus guerras civiles que podría provocar, incluso, la salida de algunas de sus figuras históricas como su fundador, Cuauhtémoc Cárdenas.
Las diferentes “tribus” que conforman el partido del Sol Azteca se han enfrascado en una lucha dividida por intentar rescatar a ese instituto político después del desprestigio que significó haber apoyado a José Luis Abarca como alcalde de Iguala, Guerrero, lugar donde ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
El llamado del líder moral y fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, para que la actual dirigencia –encabezada por Carlos Navarrete- presente su renuncia, logró que otras corrientes insistan con más fuerza en que Nueva Izquierda entregue el partido a otras expresiones.
“Es momento de tomar decisiones de fondo; decisiones que deben tomar en primer lugar sus más altos cuerpos de gobierno; decisiones en las que a cualquier interés personal o de grupo se anteponga el interés del país. Invito, con todo respeto, a que renuncie de manera irrevocable el Comité Ejecutivo actual, encabezado por el presidente y el secretario general”, expuso Cárdenas en una carta enviada el domingo.
La misiva encendió los ánimos al interior del PRD. En cuestión de horas, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) convocó a una reunión para analizar la respuesta que darían a la “invitación” de Cárdenas.
Luego de varias horas en un cónclave, Carlos Navarrete anunció que sometería la propuesta de Cárdenas a la sesión del Consejo Nacional del PRD que se llevará a cabo el 29 de noviembre. Es decir, que no renunciará.
“Como partido, vivimos un momento difícil. Decisiones equivocadas, omisiones evidentes, tolerancia con prácticas inaceptables, nos han llevado a debilitar nuestra presencia y autoridad ante la sociedad. Todos somos responsables de que esto haya ocurrido y esta situación se da en el marco de una crisis nacional”, leyó Navarrete, en la respuesta del CEN a Cárdenas.
En un tono adusto, Navarrete dijo que la principal exigencia por la situación que se vive en el país debe hacerse al Gobierno Federal.
Sin embargo, la posición del CEN no fue aprobada de forma unánime.
Las corrientes Izquierda Democrática Nacional (IDN), liderada por René Bejarano; Movimiento Progresista, por Marcelo Ebrard; y Patria Digna, por Carlos Sotelo, votaron en contra de someter la propuesta al Consejo Nacional.
Para Bejarano, el PRD y la izquierda viven una crisis provocada por la división entre los grupos, el desdibujamiento de sus objetivos y la incongruencia entre la prédica y sus acciones, por lo que de no solucionarse rápido, esto podría provocar una desbandada de figuras históricas y militantes.
“Ya se han ido muchos y se pueden ir más. Esto ha venido sucediendo, alguna renuncias son públicas, otras no, pero sí hay un problema de debilitamiento de la credibilidad del PRD y por eso se requiere de un golpe de timón; si no se hace, las consecuencias van a ser peores para el partido”, comentó Bejarano.
En un pronunciamiento, el Movimiento Progresista urgió a que la transformación del partido se lleve a cabo sin simulaciones.
“Quien tenga responsabilidad por acción u omisión en la actual crisis, debe salir del partido. Se hace necesario limpiar la casa. Para poder ver de frente a la gente, necesitamos decisiones de fondo”, expuso la corriente liderada por Marcelo Ebrard.
En la reunión del CEN de este lunes no participó Miguel Barbosa Huerta, coordinador de la bancada del PRD en el Senado, quien se ha pronunciado también por la renuncia de Navarrete. Quien sí estuvo fue Miguel Alonso Raya, líder de los diputados del Sol Azteca.
Fuentes cercanas al CEN perredista revelaron que desde hace algunos días, Carlos Navarrete contrató el servicio de varias empresas encuestadoras para evaluar el impacto que tuvo la situación en Guerrero sobre el PRD y sobre su dirigencia nacional.
¿A quién ponemos?
La exigencia para que salga Carlos Navarrete de la dirigencia nacional pone también a los perredistas en otro dilema: si se va, ¿quién podría ser el nuevo presidente del partido?
Alejandro Sánchez Camacho, exsecretario general del PRD y diputado federal, se ha pronunciado en varias ocasiones pidiendo la dimisión de Navarrete como líder nacional del perredismo.
Sin embargo, reconoce que esta salida metería a los perredistas en otra crisis difícil de solucionar en pocas semanas y en plena labor electoral rumbo al proceso del 2015.
“Si se toma la decisión de que la dirección nacional se cambie, ¿a quién ponemos? (…) ¿quién quisiera estar al frente del partido?, ¿quién tiene la autoridad moral y política suficiente para dar un mensaje, no solo a la militancia, no solo a la izquierda electoral, sino a la ciudadanía en general, de que va un PRD distinto?”, cuestionó el legislador.
El perredismo nacional se reunirá los días 28 y 29 de noviembre en su Consejo Nacional para tomar la decisión sobre la permanencia o no de la actual dirigencia del partido y decidir sobre asuntos como alianzas o candidatos que participarán en la elección del 2015.
Las posturas
"Lo que ha dicho el ingeniero debe ser un punto de partida, un punto de inflexión, para establecer una ruta de cómo desde el partido hay que enfrentar esta problemática.”
— Miguel Barbosa
Presidente de la Mesa Directiva del Senado
"Invito, con todo respeto, a que renuncie de manera irrevocable el Comité Ejecutivo actual, encabezado por el presidente y el secretario general.”
— Cuauhtémoc Cárdenas
Líder moral del PRD
"Hay una crisis avasalladora en nuestro partido, el PRD, y los alcances de sus efectos todavía no los tenemos claros.”
— Alejandro Sánchez
Exsecretario general del PRD
"No es la primera vez que el Ing. Cárdenas hace manifestaciones de este tipo, criticando a la dirigencia del partido, a la actitud y la línea política que asume, a su relación de evidente colaboración que tiene con el Gobierno Federal."
— Raúl Morón
Legislador federal del PRD
"Coincidimos y compartimos con el ingeniero la preocupación y la necesidad de revisar lo que no nos ha salido bien, lo que ha fallado en el partido y a partir de ahí (…) tomar las decisiones correspondientes.”
— Silvano Aureoles Conejo
Presidente Mesa Directiva Congreso de la Unión
"(…) creo que debiéramos poner a disposición de la militancia nuestros cargos, si eso ayuda o contribuye a que el PRD se reposicione”
— René Bejarano
Líder de la corriente IDN
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
México explota a más de 266 mil “esclavos modernos”: Walk Free Foundation
MÉXICO, D.F: En México, más de 266 mil 900 personas –muchas de ellas centroamericanas indocumentadas– viven en situación de “esclavos modernos”, un concepto que abarca la esclavitud, el tráfico humano, el trabajo forzado o por endeudamiento y el matrimonio servil, según plantea el Índice Global de Esclavitud de 2014, que publicó hoy la Walk Free Foundation.
En cifras reales, México se encuentra en el lugar 18 de los países con el mayor número de “esclavos modernos” –y en primer lugar en el continente americano–, aunque en proporción de su población –0.218%– ocupa el sitio 111.
En los 10 primeros países del índice viven 25 millones 300 mil “esclavos modernos”, lo que equivale a 71% de los 35 millones 800 mil víctimas de este fenómeno en el mundo.
En México, 70% de los casos de esclavitud forzada se pueden atribuir al crimen organizado, precisa la organización en su página de Internet. Afirma que los grupos criminales secuestran a mujeres para obligarlas a prostituirse y a personas de todas las edades para someterlas a trabajos forzados “con la complicidad” de autoridades locales, estatales y federales.
“Se revelaron las operaciones de tráfico de órganos del cártel de Los Caballeros Templarios este año”, asegura la organización. Y añade: “La crisis de los desaparecidos, a raíz de la cual decenas de miles de hombres, mujeres y niños se han desvanecido desde 2006, involucra campos en los que los cárteles organizan la prostitución forzada, la labor forzada y los actos criminales”.
Asimismo, la Fundación denuncia la explotación laboral durante las temporadas de cosecha de maíz, tomate y otras plantaciones.
Según el capítulo sobre México del Reporte sobre Tráfico de Personas, que publicó el Departamento de Estado en julio pasado, “la vasta mayoría de las víctimas extranjeras de la esclavitud laboral y sexual en México provienen de Centro y Sudamérica, particularmente de Guatemala, Honduras y El Salvador; parte de las víctimas están siendo explotadas en la frontera sur de México”.
Dicho documento explicó que los grupos del crimen organizado utilizan a los migrantes para extraer cobre y excavar túneles por debajo de la frontera entre México y Estados Unidos.
La cancillería estadunidense aseveró que el turismo sexual infantil persiste en zonas costeras como Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún, así como en las ciudades fronterizas como Tijuana y Juárez.
“Muchas veces los operativos contra el tráfico de personas se reducen a redadas en bares nocturnos y antros, así como en búsquedas de irregularidades administrativas”. Ello “resulta contrario a los operativos basados sobre trabajos de inteligencia”, criticó el informe.
Según Washington, pocas entidades federativas reportaron el inicio de investigaciones sobre casos de tráfico de personas, aun cuando en 2013, autoridades de 12 estados informaron de la apertura de 200 indagaciones para este delito.
“El gobierno de México no cumple totalmente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico; aunque haga esfuerzos”, observó y remató: “La complicidad oficial sigue siendo un problema serio”.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
Al descubierto, vigilancia ilegal en Filosofía y Letras de la UNAM
MÉXICO, D.F: Barricadas hechas con botes de basura metálicos y llantas de camión quemadas, pintas en muros y señales, ladrillos pulverizados en las calles, vidrios de botellas y del automóvil del agente judicial que disparó en contra de su comunidad y un enorme operativo policiaco en sus alrededores, son algunos de los vestigios del ataque del sábado que hasta este lunes aún se encuentran en Ciudad Universitaria.
La entrada principal de la Torre de Rectoría está bloqueada por tablones con consignas anarquistas, custodiada por una docena de jóvenes, algunos con el rostro cubierto.
“Rectoría y Estado, terrorismo generalizado”; “Comunismo o muerte”; “El Kaos comenzó. No hay vuelta atrás”; “Fuera Narro y Policía de la UNAM”, se lee.
No se sabe cuánto tiempo pretenden mantener el bloqueo. Inaccesibles los ocupantes a la prensa, se limitaban a informar que a las dos de la tarde se realizaría una conferencia de prensa en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), donde la vulneración policial a la autonomía de la UNAM, en complicidad con autoridades universitarias, terminó con un balazo en la pierna de un joven y cerca de 500 granaderos apostados en los accesos de la Universidad Nacional.
En la entrada de la escuela, una “comisión de seguridad”, identificados sus integrantes con paliacates verdes en los brazos, garantizaban la seguridad de los reporteros en la puerta de la facultad. No así a las afueras del auditorio Che Guevara y a la entrada de la Rectoría.
“Nosotros vamos a hablar como miembros de la asamblea de la FFyL. Ellos (los jóvenes que se mantienen en el auditorio y la Rectoría), son de otros grupos”, aclararon decenas de estudiantes de Filosofía y Letras con credencial en mano antes de dar inicio a la conferencia, que improvisaron desde un par de escritorios al pie de la facultad, como una muestra de “fuerza” y en repudio a los acontecimientos “alarmantes” del sábado.
“Debido a lo abrupto de los acontecimientos tan graves que acontecieron el fin de semana, y que lamentablemente se insertan en una serie de violaciones a la autonomía y de hostigamiento contra el movimiento estudiantil que se ha vivido durante las últimas semanas, decidimos lanzar esta conferencia, pero no hemos tenido oportunidad de hacer asamblea, por lo que no podremos responder a sus preguntas”, comenzó el estudiante Emiliano Castro.
Pasó la palabra a su compañero Alan Aguilera, quien denunció hechos de hostigamiento previos en la facultad, hace un par de semanas, durante una asamblea celebrada el jueves 30 de octubre en el jardín Rosario Castellanos.
Ese día, los jóvenes descubrieron una serie de “filmaciones ilegales de la autoridad contra las asambleas estudiantiles de la FFyL de la UNAM, en el contexto del caso Ayotzinapa”.
A las 18:30 horas de ese jueves, relató Aguilera, se percataron que desde el primer piso de la Torre I de Humanidades una cámara de mano sobre un tripié apuntaba hacia su asamblea.
Notificaron lo sucedido a la directora de la Facultad, la doctora Gloria Villegas, y consiguieron la cámara, inventariada por la UNAM. Más tarde se enterarían que el secretario administrativo de la Facultad, Dr. René Aguilar, habría dado la orden de poner la cámara. Al descargar su contenido encontraron 34 videos de conferencias de prensa, asambleas y encuentros entre estudiantes y autoridades, desde septiembre de 2013; 12 archivos sobre asambleas por Ayotzinapa y videos para vigilar el techo del auditorio Che Guevara.
Al pedir una explicación a la dirección, cuentan los estudiantes, el secretario administrativo argumentó que grababan para guardar la integridad física de los estudiantes, “por si alguien se desmayaba”.
Ante los ataques a su comunidad, los jóvenes exigieron a las autoridades “realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los actos de vigilancia ilegal a los miembros de la asamblea, respondiendo quién y por qué ordenó que sean grabadas las asambleas estudiantiles y sus reuniones sin que la comunidad estudiantil tenga conocimiento de ello; cuál es el objetivo y qué destino tienen las grabaciones”, y sancionar a los responsables.
Exigieron también la renuncia de la directora de la Facultad, Gloria Villegas; del secretario administrativo, René Aguilar; del secretario general, Javier Torres y de otros dos empleados administrativos.
Federico Sánchez Arteaga, trabajador administrativo de la FFyL y miembro del STUNAM, tomó la palabra:
“Rechazamos la violencia, provenga de donde provenga. No vamos a caer en los actos de provocación que sigue montando este gobierno, del nivel que sea. No nos vamos a intimidar. Hasta que aparezcan nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa. El movimiento sigue.
“Exigimos la defensa de la autonomía universitaria. A todos los sectores que integramos esta universidad, y la sociedad misma, le corresponde defender la autonomía universitaria que tanto costó lograr”, concluyó el trabajador.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTUA.
La entrada principal de la Torre de Rectoría está bloqueada por tablones con consignas anarquistas, custodiada por una docena de jóvenes, algunos con el rostro cubierto.
“Rectoría y Estado, terrorismo generalizado”; “Comunismo o muerte”; “El Kaos comenzó. No hay vuelta atrás”; “Fuera Narro y Policía de la UNAM”, se lee.
No se sabe cuánto tiempo pretenden mantener el bloqueo. Inaccesibles los ocupantes a la prensa, se limitaban a informar que a las dos de la tarde se realizaría una conferencia de prensa en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), donde la vulneración policial a la autonomía de la UNAM, en complicidad con autoridades universitarias, terminó con un balazo en la pierna de un joven y cerca de 500 granaderos apostados en los accesos de la Universidad Nacional.
En la entrada de la escuela, una “comisión de seguridad”, identificados sus integrantes con paliacates verdes en los brazos, garantizaban la seguridad de los reporteros en la puerta de la facultad. No así a las afueras del auditorio Che Guevara y a la entrada de la Rectoría.
“Nosotros vamos a hablar como miembros de la asamblea de la FFyL. Ellos (los jóvenes que se mantienen en el auditorio y la Rectoría), son de otros grupos”, aclararon decenas de estudiantes de Filosofía y Letras con credencial en mano antes de dar inicio a la conferencia, que improvisaron desde un par de escritorios al pie de la facultad, como una muestra de “fuerza” y en repudio a los acontecimientos “alarmantes” del sábado.
“Debido a lo abrupto de los acontecimientos tan graves que acontecieron el fin de semana, y que lamentablemente se insertan en una serie de violaciones a la autonomía y de hostigamiento contra el movimiento estudiantil que se ha vivido durante las últimas semanas, decidimos lanzar esta conferencia, pero no hemos tenido oportunidad de hacer asamblea, por lo que no podremos responder a sus preguntas”, comenzó el estudiante Emiliano Castro.
Pasó la palabra a su compañero Alan Aguilera, quien denunció hechos de hostigamiento previos en la facultad, hace un par de semanas, durante una asamblea celebrada el jueves 30 de octubre en el jardín Rosario Castellanos.
Ese día, los jóvenes descubrieron una serie de “filmaciones ilegales de la autoridad contra las asambleas estudiantiles de la FFyL de la UNAM, en el contexto del caso Ayotzinapa”.
A las 18:30 horas de ese jueves, relató Aguilera, se percataron que desde el primer piso de la Torre I de Humanidades una cámara de mano sobre un tripié apuntaba hacia su asamblea.
Notificaron lo sucedido a la directora de la Facultad, la doctora Gloria Villegas, y consiguieron la cámara, inventariada por la UNAM. Más tarde se enterarían que el secretario administrativo de la Facultad, Dr. René Aguilar, habría dado la orden de poner la cámara. Al descargar su contenido encontraron 34 videos de conferencias de prensa, asambleas y encuentros entre estudiantes y autoridades, desde septiembre de 2013; 12 archivos sobre asambleas por Ayotzinapa y videos para vigilar el techo del auditorio Che Guevara.
Al pedir una explicación a la dirección, cuentan los estudiantes, el secretario administrativo argumentó que grababan para guardar la integridad física de los estudiantes, “por si alguien se desmayaba”.
Ante los ataques a su comunidad, los jóvenes exigieron a las autoridades “realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los actos de vigilancia ilegal a los miembros de la asamblea, respondiendo quién y por qué ordenó que sean grabadas las asambleas estudiantiles y sus reuniones sin que la comunidad estudiantil tenga conocimiento de ello; cuál es el objetivo y qué destino tienen las grabaciones”, y sancionar a los responsables.
Exigieron también la renuncia de la directora de la Facultad, Gloria Villegas; del secretario administrativo, René Aguilar; del secretario general, Javier Torres y de otros dos empleados administrativos.
Federico Sánchez Arteaga, trabajador administrativo de la FFyL y miembro del STUNAM, tomó la palabra:
“Rechazamos la violencia, provenga de donde provenga. No vamos a caer en los actos de provocación que sigue montando este gobierno, del nivel que sea. No nos vamos a intimidar. Hasta que aparezcan nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa. El movimiento sigue.
“Exigimos la defensa de la autonomía universitaria. A todos los sectores que integramos esta universidad, y la sociedad misma, le corresponde defender la autonomía universitaria que tanto costó lograr”, concluyó el trabajador.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTUA.
Ayotzinapa: casi dos meses después la PGR inicia peritajes en autobuses
IGUALA, Gro: La Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a realizar peritajes en los autobuses donde viajaban los normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron masacrados y desaparecidos por policías municipales de Iguala y Cocula en contubernio con sicarios al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Los peritos de la PGR realizan este trabajo a casi dos meses de que se cumpla el asesinato de seis personas, entre ellos tres normalistas, y la desaparición de 43 estudiantes durante los ataques realizados por uniformados y pistoleros durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, informaron fuentes oficiales.
Durante un recorrido que Apro realizó este lunes en Iguala, se pudo constatar que tres de los cuatro autobuses donde viajaban los normalistas el día de los hechos trágicos, así como 32 patrullas de la policía municipal de Iguala, permanecen en un corralón con razón social Meta, localizado sobre la lateral de Periférico Sur, a la altura de la colonia Candelaria y a un costado del canal del río San Juan, que atraviesa esta ciudad y pasa por Cocula.
Los autobuses presentan impactos de bala en el parabrisas y tienen las ventanas destrozadas, mientras que las camionetas de la corporación policiaca se encuentran estacionadas en batería y acordonadas con cinta amarilla.
Todos los vehículos están cubiertos con un polvo blanco denominado resaltador magnético para detectar huellas dactilares en la superficie de la carrocería y ventanas.
Desde hace tres días el lugar es resguardado por personal de la Secretaría de Marina, mientras que los peritos de la PGR realizan estudios de balística, criminalística, química, dactiloscopia y mecánica forense al interior del corralón.
Lo anterior pese a que estos peritajes ya fueron realizados por la Fiscalía General Estatal (FGE) luego de la masacre de normalistas.
Las fuentes consultadas por Apro refieren que los vehículos fueron trasladados a este corralón desde hace tres días, remolcados por grúas.
Los autobuses en los que se desplazaban los normalistas permanecían resguardados en las instalaciones de la sede de la Fiscalía General Estatal (FGE), en la Zona Norte, ubicada sobre en las inmediaciones del centro de esta ciudad.
En tanto que las patrullas de la policía municipal estaban estacionadas en el cuartel de la Policía Estatal, ubicado a un costado de la cárcel de Tuxpan, indicaron las mismas fuentes.
Al respecto, peritos especializados en criminalística señalaron que los trabajos que realizan autoridades de la PGR son “a destiempo”, debido a que las pruebas no son perennes y se trata de un trámite burocrático para integrar el expediente.
“Una de las leyes máximas de la criminalística indica que el tiempo que pasa es la verdad que huye”, señaló un experto que pidió el anonimato.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Los peritos de la PGR realizan este trabajo a casi dos meses de que se cumpla el asesinato de seis personas, entre ellos tres normalistas, y la desaparición de 43 estudiantes durante los ataques realizados por uniformados y pistoleros durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, informaron fuentes oficiales.
Durante un recorrido que Apro realizó este lunes en Iguala, se pudo constatar que tres de los cuatro autobuses donde viajaban los normalistas el día de los hechos trágicos, así como 32 patrullas de la policía municipal de Iguala, permanecen en un corralón con razón social Meta, localizado sobre la lateral de Periférico Sur, a la altura de la colonia Candelaria y a un costado del canal del río San Juan, que atraviesa esta ciudad y pasa por Cocula.
Los autobuses presentan impactos de bala en el parabrisas y tienen las ventanas destrozadas, mientras que las camionetas de la corporación policiaca se encuentran estacionadas en batería y acordonadas con cinta amarilla.
Todos los vehículos están cubiertos con un polvo blanco denominado resaltador magnético para detectar huellas dactilares en la superficie de la carrocería y ventanas.
Desde hace tres días el lugar es resguardado por personal de la Secretaría de Marina, mientras que los peritos de la PGR realizan estudios de balística, criminalística, química, dactiloscopia y mecánica forense al interior del corralón.
Lo anterior pese a que estos peritajes ya fueron realizados por la Fiscalía General Estatal (FGE) luego de la masacre de normalistas.
Las fuentes consultadas por Apro refieren que los vehículos fueron trasladados a este corralón desde hace tres días, remolcados por grúas.
Los autobuses en los que se desplazaban los normalistas permanecían resguardados en las instalaciones de la sede de la Fiscalía General Estatal (FGE), en la Zona Norte, ubicada sobre en las inmediaciones del centro de esta ciudad.
En tanto que las patrullas de la policía municipal estaban estacionadas en el cuartel de la Policía Estatal, ubicado a un costado de la cárcel de Tuxpan, indicaron las mismas fuentes.
Al respecto, peritos especializados en criminalística señalaron que los trabajos que realizan autoridades de la PGR son “a destiempo”, debido a que las pruebas no son perennes y se trata de un trámite burocrático para integrar el expediente.
“Una de las leyes máximas de la criminalística indica que el tiempo que pasa es la verdad que huye”, señaló un experto que pidió el anonimato.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Atacan con bombas molotov oficinas del PRI en Oaxaca
El ataque, durante una marcha por Ayotzinapa, no incendió la puerta de acero de la sede priista; un fotógrafo resultó afectado.
El PRI sigue sufriendo algunas de las consecuencias del caso Ayotzinapa, contra el cual algunos de sus militantes se han expresado de manera despectiva.
Este lunes 17, un grupo de encapuchados que participaba en la marcha con los padres de los estudiantes desaparecidos en Iguala, lanzó bombas molotov a la sede del PRI en Oaxaca.
Sin embargo, el fuego no logró incendiar la puerta principal del inmueble, situado sobre la carretera federal 190, ya que es de acero.
Hubo un flamazo momentáneo y el fuego alcanzó a un fotógrafo que cubría la protesta, a quien se le prendió el pantalón.
Personal de Cuerpo de Bomberos lo atendió en el sitio y no requirió traslado al hospital.
Al parecer, los encacpuchados pertenecen a la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO), y recibieron a la caravana de padres de los jóvenes de Ayotzinapa que llegó hoy a Oaxaca.
Luego de lanzar las bombas, la marcha continuó su paso rumbo al Zócalo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR:
El PRI sigue sufriendo algunas de las consecuencias del caso Ayotzinapa, contra el cual algunos de sus militantes se han expresado de manera despectiva.
Este lunes 17, un grupo de encapuchados que participaba en la marcha con los padres de los estudiantes desaparecidos en Iguala, lanzó bombas molotov a la sede del PRI en Oaxaca.
Sin embargo, el fuego no logró incendiar la puerta principal del inmueble, situado sobre la carretera federal 190, ya que es de acero.
Hubo un flamazo momentáneo y el fuego alcanzó a un fotógrafo que cubría la protesta, a quien se le prendió el pantalón.
Personal de Cuerpo de Bomberos lo atendió en el sitio y no requirió traslado al hospital.
Al parecer, los encacpuchados pertenecen a la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO), y recibieron a la caravana de padres de los jóvenes de Ayotzinapa que llegó hoy a Oaxaca.
Luego de lanzar las bombas, la marcha continuó su paso rumbo al Zócalo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR:
“Responsabilizo al gobierno de @EPN de cualquier atentado contra mi vida”: Solalinde
El sacerdote respondió de ese modo a la falsa noticia de que fue torturado y ejecutado; "No tengo miedo... seguiré hablando por todos los que callan", dice en otro tuit.
“Responsabilizo al gobierno de @EPN de cualquier atentado contra mi vida”, escribió el padre Alejandro Solalinde en su cuenta de Twitter.
El mensaje se produjo en respuesta a la “noticia” de que fue torturado y ejecutado, a la que calificó de “buscapiés” del gobierno.
“No tengo miedo y no me voy a esconder. Cristo me ha encomendado un misión y voy a seguir hablando por todos los que callan, escribió Solalinde en otro tuit.
La noticia sobre su muerte fue publicada en el sitio PrimerImpacto.net y señaló que el sacerdote fue encontrado muerto en el interior de la capilla del albergue “Hermanos en el camino”, con evidentes muestras de tortura.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
“Responsabilizo al gobierno de @EPN de cualquier atentado contra mi vida”, escribió el padre Alejandro Solalinde en su cuenta de Twitter.
El mensaje se produjo en respuesta a la “noticia” de que fue torturado y ejecutado, a la que calificó de “buscapiés” del gobierno.
“No tengo miedo y no me voy a esconder. Cristo me ha encomendado un misión y voy a seguir hablando por todos los que callan, escribió Solalinde en otro tuit.
La noticia sobre su muerte fue publicada en el sitio PrimerImpacto.net y señaló que el sacerdote fue encontrado muerto en el interior de la capilla del albergue “Hermanos en el camino”, con evidentes muestras de tortura.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Peña Nieto le apuesta a la represión: general José Francisco Gallardo
COLIMA, Col: A partir de su experiencia personal en la milicia, donde intentó sin éxito crear la figura del ombudsman castrense, el general en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez afirma que, con su actitud tras los hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto le está apostando a la represión.
“Lo que vemos –dice– es una muestra, una válvula de escape que se tiene a través de una activa participación y movilización social, que se dejan ver ante estos dos acontecimientos gravísimos, donde paradójicamente el único soporte que tiene Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República son las Fuerzas Armadas”.
En entrevista, el militar retirado indica que según el Observatorio Geopolítico de los Grupos Armados en América Latina existen en México 42 grupos de este tipo.
“El gobierno debe ser muy cuidadoso porque puede provocar una guerra civil en el país: lo estamos viendo en Michoacán, en Tamaulipas, en Guerrero; hay 16 entidades federativas con presencia de grupos de autodefensa”, refiere.
Estos grupos, añade, surgieron no para pedirle la renuncia a Peña Nieto o con el propósito de destituir y suplantar al gobierno, sino porque “no hay gobierno, no hay instituciones y existe un vacío de poder que se ha creado porque tenemos autoridades de origen ilegítimo, que han llegado a través de fraudes electorales”.
Gallardo Rodríguez, quien durante casi nueve años estuvo recluido en una prisión militar por haber propuesto la creación de un ombudsman al interior del Ejército, señala que actualmente en México hay un pacto de impunidad que tiende a romper las estructuras políticas, jurídicas y sociales.
“Esto ya no lo puede soportar el gobierno; necesita, no sé… que renuncie Enrique Peña Nieto, que se convoque a elecciones libres, que no se meta nadie a comprar votos y que la gente vote libremente para que lleguen autoridades auténticas, autoridades representantes de la sociedad”, dice.
A juicio de Gallardo, “el gobierno es muy astuto, calcula los daños colaterales, pero aquí lo que está pasando es que la situación ya se le salió de las manos”. Ante el actual estado de las cosas en México, agrega, las autoridades están analizando “como un laboratorio” lo que ocurre en Guerrero, donde la represión provocó una movilización muy importante de una parte de la sociedad que está abandonada, como son los jóvenes.
Y revela una decisión que le comunicaron algunos padres de los normalistas de Ayotzinapa:
“Me había reservado, pero te lo voy a decir porque es un hecho y quiero que lo sepa el gobierno: a mí me dijeron los padres de familia ‘si nuestros hijos no aparecen, nos vamos a levantar en armas’, eso me dijeron ellos. ‘Nos vamos a levantar en armas, general, porque esto no se vale, nosotros no somos criminales, nosotros queremos que aparezcan nuestros hijos’. Yo me acerqué y les dije ‘cómo les puedo ayudar’. Y me dijeron ‘que aparezcan nuestros hijos, general. No queremos dádivas del gobierno, no queremos que nos regalen nada, queremos a nuestros hijos’. ¿Te das cuenta? ¿Entonces a qué le tira el gobierno?”.
El general Gallardo considera que el gobierno federal se está preparando para reprimir a la población. Ubica la quema de las puertas del Palacio Nacional y la destrucción de una unidad del Metrobús en Ciudad Universitaria como acciones de “provocadores que el mismo gobierno incita”, al grado de que este último hecho propició que la policía ingresara a la Universidad y violara su autonomía.
A la vez, el presupuesto para el gasto de defensa “ha aumentado escandalosamente: en la época de Felipe Calderón creció 600% para policías, Ejército y Marina, y ahorita acaba de aumentar otra vez, de qué se trata, cuando todos esos recursos se deberían utilizar en salud, educación, carreteras, etcétera”.
Lo anterior, abunda el militar, muestra que México está viviendo una situación de Estado de facto, que es un rompimiento de las estructuras sociales, aunque hay entidades de la república que mantienen cierto equilibrio.
Gallardo Rodríguez está convencido de que el único responsable de los hechos sangrientos de Tlatlaya e Iguala es el presidente Enrique Peña Nieto porque según la Constitución es jefe de Estado, jefe de Gobierno, jefe de la administración pública federal, jefe de la seguridad pública y comandante supremo de las fuerzas armadas.
“Además, en un Estado como el mexicano, donde hay una estructura vertical, donde no se mueve una hoja si no lo ordena el presidente, ¿quién es el responsable? El presidente de la república, nada más”.
Recuerda que jurídicamente hay una tesis por la cual se ha investigado a los Estados o a los gobiernos criminales, que se llama “dominio del hecho”.
“¿Qué dijo Enrique Peña Nieto cuando llegó a la presidencia: ‘el Ejército va a continuar en las calles’. Esa es una política de dominio del hecho, porque él está permitiendo que militares actúen en contra de la población civil a través de una política de seguridad pública”, cuestiona.
No obstante, José Francisco Gallardo considera imposible que en las actuales circunstancias se le instaure un juicio político a Enrique Peña Nieto, porque hay muchos intereses y lo encubre la clase política.
Sostiene que la única forma de que se solucione el problema de la violencia en México es que ésta llegue hasta las cúpulas y “ya está llegando”.
Asimismo, se requiere que la Corte Penal Internacional, la Organización de las Naciones Unidas y otras instituciones de ese nivel hagan una revisión de la política de seguridad que se está implementado en México, tal como se ha solicitado desde el gobierno de Calderón y ahora en la actual administración.
“Es muy necesario que intervengan porque si no va a seguir habiendo matanzas como las que acabamos de presenciar en Guerrero y Tlatlaya”, concluye Gallardo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
“Lo que vemos –dice– es una muestra, una válvula de escape que se tiene a través de una activa participación y movilización social, que se dejan ver ante estos dos acontecimientos gravísimos, donde paradójicamente el único soporte que tiene Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República son las Fuerzas Armadas”.
En entrevista, el militar retirado indica que según el Observatorio Geopolítico de los Grupos Armados en América Latina existen en México 42 grupos de este tipo.
“El gobierno debe ser muy cuidadoso porque puede provocar una guerra civil en el país: lo estamos viendo en Michoacán, en Tamaulipas, en Guerrero; hay 16 entidades federativas con presencia de grupos de autodefensa”, refiere.
Estos grupos, añade, surgieron no para pedirle la renuncia a Peña Nieto o con el propósito de destituir y suplantar al gobierno, sino porque “no hay gobierno, no hay instituciones y existe un vacío de poder que se ha creado porque tenemos autoridades de origen ilegítimo, que han llegado a través de fraudes electorales”.
Gallardo Rodríguez, quien durante casi nueve años estuvo recluido en una prisión militar por haber propuesto la creación de un ombudsman al interior del Ejército, señala que actualmente en México hay un pacto de impunidad que tiende a romper las estructuras políticas, jurídicas y sociales.
“Esto ya no lo puede soportar el gobierno; necesita, no sé… que renuncie Enrique Peña Nieto, que se convoque a elecciones libres, que no se meta nadie a comprar votos y que la gente vote libremente para que lleguen autoridades auténticas, autoridades representantes de la sociedad”, dice.
A juicio de Gallardo, “el gobierno es muy astuto, calcula los daños colaterales, pero aquí lo que está pasando es que la situación ya se le salió de las manos”. Ante el actual estado de las cosas en México, agrega, las autoridades están analizando “como un laboratorio” lo que ocurre en Guerrero, donde la represión provocó una movilización muy importante de una parte de la sociedad que está abandonada, como son los jóvenes.
Y revela una decisión que le comunicaron algunos padres de los normalistas de Ayotzinapa:
“Me había reservado, pero te lo voy a decir porque es un hecho y quiero que lo sepa el gobierno: a mí me dijeron los padres de familia ‘si nuestros hijos no aparecen, nos vamos a levantar en armas’, eso me dijeron ellos. ‘Nos vamos a levantar en armas, general, porque esto no se vale, nosotros no somos criminales, nosotros queremos que aparezcan nuestros hijos’. Yo me acerqué y les dije ‘cómo les puedo ayudar’. Y me dijeron ‘que aparezcan nuestros hijos, general. No queremos dádivas del gobierno, no queremos que nos regalen nada, queremos a nuestros hijos’. ¿Te das cuenta? ¿Entonces a qué le tira el gobierno?”.
El general Gallardo considera que el gobierno federal se está preparando para reprimir a la población. Ubica la quema de las puertas del Palacio Nacional y la destrucción de una unidad del Metrobús en Ciudad Universitaria como acciones de “provocadores que el mismo gobierno incita”, al grado de que este último hecho propició que la policía ingresara a la Universidad y violara su autonomía.
A la vez, el presupuesto para el gasto de defensa “ha aumentado escandalosamente: en la época de Felipe Calderón creció 600% para policías, Ejército y Marina, y ahorita acaba de aumentar otra vez, de qué se trata, cuando todos esos recursos se deberían utilizar en salud, educación, carreteras, etcétera”.
Lo anterior, abunda el militar, muestra que México está viviendo una situación de Estado de facto, que es un rompimiento de las estructuras sociales, aunque hay entidades de la república que mantienen cierto equilibrio.
Gallardo Rodríguez está convencido de que el único responsable de los hechos sangrientos de Tlatlaya e Iguala es el presidente Enrique Peña Nieto porque según la Constitución es jefe de Estado, jefe de Gobierno, jefe de la administración pública federal, jefe de la seguridad pública y comandante supremo de las fuerzas armadas.
“Además, en un Estado como el mexicano, donde hay una estructura vertical, donde no se mueve una hoja si no lo ordena el presidente, ¿quién es el responsable? El presidente de la república, nada más”.
Recuerda que jurídicamente hay una tesis por la cual se ha investigado a los Estados o a los gobiernos criminales, que se llama “dominio del hecho”.
“¿Qué dijo Enrique Peña Nieto cuando llegó a la presidencia: ‘el Ejército va a continuar en las calles’. Esa es una política de dominio del hecho, porque él está permitiendo que militares actúen en contra de la población civil a través de una política de seguridad pública”, cuestiona.
No obstante, José Francisco Gallardo considera imposible que en las actuales circunstancias se le instaure un juicio político a Enrique Peña Nieto, porque hay muchos intereses y lo encubre la clase política.
Sostiene que la única forma de que se solucione el problema de la violencia en México es que ésta llegue hasta las cúpulas y “ya está llegando”.
Asimismo, se requiere que la Corte Penal Internacional, la Organización de las Naciones Unidas y otras instituciones de ese nivel hagan una revisión de la política de seguridad que se está implementado en México, tal como se ha solicitado desde el gobierno de Calderón y ahora en la actual administración.
“Es muy necesario que intervengan porque si no va a seguir habiendo matanzas como las que acabamos de presenciar en Guerrero y Tlatlaya”, concluye Gallardo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
Vulnerabilidad de municipios, un riesgo para el país: CCE
MÉXICO, D.F: Tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, la cúpula empresarial alertó que “el déficit de desarrollo institucional a nivel municipal es dramático y un riesgo latente para la cohesión social y la estabilidad en México”.
Al dar su mensaje semanal, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, advirtió que “un caso como el de Iguala y otros menos conocidos que se presentan de manera habitual, confirman lo grave que puede llegar a ser esta vulnerabilidad, en el nivel de gobierno más cercano a la gente”.
Para el líder empresarial, es urgente actuar en materia policiaca, ya que más de 400 municipios ni siquiera cuentan con elementos de seguridad pública, mientras que mil 200 municipios tienen 20 policías o menos, en promedio.
“En muchos casos, hay enormes carencias en recursos, equipos y sueldos dignos… La gravedad de la situación queda clara si dicha realidad se contrasta con el cálculo que han hecho algunos analistas, respecto a que alrededor de 70% de los municipios tienen algún grado de penetración de la delincuencia, en la sociedad, en la economía y/o en las estructuras de gobierno. En fechas recientes han caído asesinados más de 44 alcaldes, con hechos violentos contra ediles o funcionarios municipales en 20 estados”.
El CCE urgió a purgar las policías locales que no estén trabajando para los ciudadanos, sino para la delincuencia, y reestructurar la capacidad local de proteger la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, usando todas las capacidades del Estado, en sus tres órdenes de gobierno.
Según la cúpula empresarial, en el análisis de las estructuras de gobierno local, 62% de los municipios son ineficientes en su operación, con el cuádruple de dependencias públicas que requieren. No obstante, el gasto destinado a la burocracia municipal creció 152% desde el año 2000.
“En la mayoría de los municipios los servicios básicos son deficientes, lo mismo en agua que en limpieza, recolección de basura y, desde luego, seguridad pública. El endeudamiento crónico de muchos de ellos y su incapacidad para recaudar impuestos como el Predial, complican aún más la situación”, alertó Gutiérrez Candiani.
En el nivel municipal, agregó, también es endémica la corrupción, tanto en los procesos de obra pública que involucran miles de millones de pesos, como en asuntos cotidianos, en el contacto de autoridades y ciudadanía.
El asunto es que del total de ingresos que tienen los municipios y los estados, más de 90% provienen de transferencias federales, situación que preocupa a los empresarios.
“En los últimos años, únicamente alrededor de 7% de los ingresos de estados y municipios corresponden a fuentes propias. Esto explica en gran medida su precariedad y dependencia financiera, contra una realidad muy distinta en otros países”, precisó el CCE.
El Predial, acotó, es la fuente de ingresos local con más potencial tributario, en particular a nivel municipal pero también puede serlo para las entidades federativas. No obstante, representan apenas 1.5% de la recaudación total de los tres niveles de gobierno y 0.3% en relación con el PIB, frente a más de 5% y casi 2%, respectivamente, en el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En suma, el Consejo Coordinador Empresarial, sentenció que el municipio “es el eslabón más débil del Estado Mexicano… Es preocupante la precariedad y agudo estado de deterioro institucional de la mayoría de los municipios del país en su capacidad de responder a los retos más acuciantes de los ciudadanos y de México”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUANCARLOS CRUZ VARGAS.
Al dar su mensaje semanal, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, advirtió que “un caso como el de Iguala y otros menos conocidos que se presentan de manera habitual, confirman lo grave que puede llegar a ser esta vulnerabilidad, en el nivel de gobierno más cercano a la gente”.
Para el líder empresarial, es urgente actuar en materia policiaca, ya que más de 400 municipios ni siquiera cuentan con elementos de seguridad pública, mientras que mil 200 municipios tienen 20 policías o menos, en promedio.
“En muchos casos, hay enormes carencias en recursos, equipos y sueldos dignos… La gravedad de la situación queda clara si dicha realidad se contrasta con el cálculo que han hecho algunos analistas, respecto a que alrededor de 70% de los municipios tienen algún grado de penetración de la delincuencia, en la sociedad, en la economía y/o en las estructuras de gobierno. En fechas recientes han caído asesinados más de 44 alcaldes, con hechos violentos contra ediles o funcionarios municipales en 20 estados”.
El CCE urgió a purgar las policías locales que no estén trabajando para los ciudadanos, sino para la delincuencia, y reestructurar la capacidad local de proteger la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, usando todas las capacidades del Estado, en sus tres órdenes de gobierno.
Según la cúpula empresarial, en el análisis de las estructuras de gobierno local, 62% de los municipios son ineficientes en su operación, con el cuádruple de dependencias públicas que requieren. No obstante, el gasto destinado a la burocracia municipal creció 152% desde el año 2000.
“En la mayoría de los municipios los servicios básicos son deficientes, lo mismo en agua que en limpieza, recolección de basura y, desde luego, seguridad pública. El endeudamiento crónico de muchos de ellos y su incapacidad para recaudar impuestos como el Predial, complican aún más la situación”, alertó Gutiérrez Candiani.
En el nivel municipal, agregó, también es endémica la corrupción, tanto en los procesos de obra pública que involucran miles de millones de pesos, como en asuntos cotidianos, en el contacto de autoridades y ciudadanía.
El asunto es que del total de ingresos que tienen los municipios y los estados, más de 90% provienen de transferencias federales, situación que preocupa a los empresarios.
“En los últimos años, únicamente alrededor de 7% de los ingresos de estados y municipios corresponden a fuentes propias. Esto explica en gran medida su precariedad y dependencia financiera, contra una realidad muy distinta en otros países”, precisó el CCE.
El Predial, acotó, es la fuente de ingresos local con más potencial tributario, en particular a nivel municipal pero también puede serlo para las entidades federativas. No obstante, representan apenas 1.5% de la recaudación total de los tres niveles de gobierno y 0.3% en relación con el PIB, frente a más de 5% y casi 2%, respectivamente, en el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En suma, el Consejo Coordinador Empresarial, sentenció que el municipio “es el eslabón más débil del Estado Mexicano… Es preocupante la precariedad y agudo estado de deterioro institucional de la mayoría de los municipios del país en su capacidad de responder a los retos más acuciantes de los ciudadanos y de México”.
FUENTE: PROCESO.
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