Aunque las autoridades determinaron que Rosa Verduzco no podría ser juzgada por su "avanzada edad", afectados del albergue La Gran Familia buscan que reciba castigo por abusos.
Angélica Barrera no olvida que durante cinco años, Rosa Verduzco, encargada del albergue La Gran Familia, le impidió ver a su hijo Hugo, recluido ahí desde los 11 años.
No está conforme con la resolución de la Procuraduría General de la República (PGR) que declaró inimputable a Mamá Rosa y busca que lo ocurrido a su hijo y decenas más, no quede impune. “Quiero que se haga justicia y no la dejen libre”, dice.
Ella, junto con otros afectados, interpusieron 12 denuncias que incluyen los delitos de privación ilegal de la libertad, maltratos e incluso tráfico de órganos, que Verduzco aún deberá enfrentar. Además, está pendiente una averiguación iniciada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que no ha sido consignada, señala Juan Manuel Estrada Juárez, director de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos FIND.
En julio pasado, la PGR realizó un operativo donde rescató a 596 personas, de las cuales 492 eran menores de edad y aunque los testimonios de las víctimas durante las siguientes semanas incluyeron denuncias de maltratos, encierro y abusos, no consiguieron que Rosa Verduzco fuera juzgada debido a su “avanzada edad”, según informó el procurador, Jesús Murillo Karam en julio de 2014.
Días después del operativo federal, familiares y afectados, interpusieron 12 denuncias en Guadalajara, Jalisco, de donde son originarios, que aún siguen su curso. La autoridad estatal se declaró incompetente para la investigación por lo que las averiguaciones previas ya fueron turnadas a la unidad de la PGR en Zamora, Michoacán.
Entre estas denuncias está la de un joven de 20 años quien acusa que durante su estadía en el albergue le quitaron un riñón para venderlo. El joven asegura que la cicatriz es prueba de ello, sin embargo, aunque Estrada solicitó la realización de un peritaje para comprobarlo, “no lo han hecho”.
Además, Estrada advierte que si bien la PGR consignó una primera denuncia que originó el operativo, hay una averiguación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) iniciada debido a los testimonios de las víctimas que aún no ha sido consignada.
“Cuando interviene la PGR iba en la búsqueda de tres menores, que es cuando se hace el operativo. Entrando ahí se hace otra averiguación que no se ha consignado. Salió inimputable en la primera, pero la SEIDO tiene otra averiguación en su contra que tiene las declaraciones de todos los que estaban detenidos. ¿Qué esperan para consignarla?”, dice en entrevista.
El director de FIND confía en que los procesos legales logren llevar a juicio a Rosa Verduzco para determinar su responsabilidad por los abusos denunciados por algunos jóvenes. Advierte que de repetirse el argumento de la “inimputabilidad”, podría apelarse a más recursos legales, entre ellos, la exigencia de un peritaje más complejo para evaluar las facultades físicas y mentales de la mujer de 80 años.
Sin embargo, una muestra de que Mamá Rosa está en plena capacidad es que hasta la primera semana de diciembre, tenía a su cargo a seis personas en su casa, un lugar cerca del antiguo albergue. Pero en enero ya suman 10 personas, según Estrada.
“La señora está consciente. Sabía lo que hacía, manejaba el dinero. Se aprovechó de los jóvenes”, les cambió el nombre lo que significa una supresión del estado civil, por lo que debería enfrentar los cargos, dice el activista.
También la CNDH deberá dar seguimiento a una queja interpuesta por Estada en julio pasado por la violación a derechos de los jóvenes que mantenía Mamá Rosa en el albergue incluso contra su voluntad.
En tanto, Angélica asegura que continuará con la denuncia porque los golpes y el secuestro que sufrió su hijo no pueden quedar impunes. Aunque en 2010 ella intentó recuperar a su hijo que fue llevado al albergue por el DIF de Guadalajara, Rosa Veruzco le pidió 5 mil pesos, luego 10 mil pesos para que pudiera llevarse a Hugo. “Cuando llegué con el dinero me pidió 50 mil pesos y eso ya no lo pude juntar”, relata la madre.
Al intentar regresar, los vigilantes del albergue le impidieron acercarse y tuvieron que pasar casi cinco años y un operativo federal para que Angélica pudiera ver a su hijo que ya cumplió 22 años. En ese tiempo acudió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco y Michoacán, pero nada hicieron por su caso. “(Verduzco) Tenía a todas las autoridades compradas”, dice.
La mujer, dedicada al trabajo doméstico y madre de seis hijos, asegura que Mamá Rosa “quiso llenarse los bolsillo y perjudicó a tantas familias”, y aunque hubo quejas previas “no hicieron nada”. Por eso recuerda que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió con ella y otras víctimas y solo pide “que la señora pague lo que hizo”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
No está conforme con la resolución de la Procuraduría General de la República (PGR) que declaró inimputable a Mamá Rosa y busca que lo ocurrido a su hijo y decenas más, no quede impune. “Quiero que se haga justicia y no la dejen libre”, dice.
Ella, junto con otros afectados, interpusieron 12 denuncias que incluyen los delitos de privación ilegal de la libertad, maltratos e incluso tráfico de órganos, que Verduzco aún deberá enfrentar. Además, está pendiente una averiguación iniciada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que no ha sido consignada, señala Juan Manuel Estrada Juárez, director de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos FIND.
En julio pasado, la PGR realizó un operativo donde rescató a 596 personas, de las cuales 492 eran menores de edad y aunque los testimonios de las víctimas durante las siguientes semanas incluyeron denuncias de maltratos, encierro y abusos, no consiguieron que Rosa Verduzco fuera juzgada debido a su “avanzada edad”, según informó el procurador, Jesús Murillo Karam en julio de 2014.
Días después del operativo federal, familiares y afectados, interpusieron 12 denuncias en Guadalajara, Jalisco, de donde son originarios, que aún siguen su curso. La autoridad estatal se declaró incompetente para la investigación por lo que las averiguaciones previas ya fueron turnadas a la unidad de la PGR en Zamora, Michoacán.
Entre estas denuncias está la de un joven de 20 años quien acusa que durante su estadía en el albergue le quitaron un riñón para venderlo. El joven asegura que la cicatriz es prueba de ello, sin embargo, aunque Estrada solicitó la realización de un peritaje para comprobarlo, “no lo han hecho”.
Además, Estrada advierte que si bien la PGR consignó una primera denuncia que originó el operativo, hay una averiguación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) iniciada debido a los testimonios de las víctimas que aún no ha sido consignada.
“Cuando interviene la PGR iba en la búsqueda de tres menores, que es cuando se hace el operativo. Entrando ahí se hace otra averiguación que no se ha consignado. Salió inimputable en la primera, pero la SEIDO tiene otra averiguación en su contra que tiene las declaraciones de todos los que estaban detenidos. ¿Qué esperan para consignarla?”, dice en entrevista.
El director de FIND confía en que los procesos legales logren llevar a juicio a Rosa Verduzco para determinar su responsabilidad por los abusos denunciados por algunos jóvenes. Advierte que de repetirse el argumento de la “inimputabilidad”, podría apelarse a más recursos legales, entre ellos, la exigencia de un peritaje más complejo para evaluar las facultades físicas y mentales de la mujer de 80 años.
Sin embargo, una muestra de que Mamá Rosa está en plena capacidad es que hasta la primera semana de diciembre, tenía a su cargo a seis personas en su casa, un lugar cerca del antiguo albergue. Pero en enero ya suman 10 personas, según Estrada.
“La señora está consciente. Sabía lo que hacía, manejaba el dinero. Se aprovechó de los jóvenes”, les cambió el nombre lo que significa una supresión del estado civil, por lo que debería enfrentar los cargos, dice el activista.
También la CNDH deberá dar seguimiento a una queja interpuesta por Estada en julio pasado por la violación a derechos de los jóvenes que mantenía Mamá Rosa en el albergue incluso contra su voluntad.
En tanto, Angélica asegura que continuará con la denuncia porque los golpes y el secuestro que sufrió su hijo no pueden quedar impunes. Aunque en 2010 ella intentó recuperar a su hijo que fue llevado al albergue por el DIF de Guadalajara, Rosa Veruzco le pidió 5 mil pesos, luego 10 mil pesos para que pudiera llevarse a Hugo. “Cuando llegué con el dinero me pidió 50 mil pesos y eso ya no lo pude juntar”, relata la madre.
Al intentar regresar, los vigilantes del albergue le impidieron acercarse y tuvieron que pasar casi cinco años y un operativo federal para que Angélica pudiera ver a su hijo que ya cumplió 22 años. En ese tiempo acudió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco y Michoacán, pero nada hicieron por su caso. “(Verduzco) Tenía a todas las autoridades compradas”, dice.
La mujer, dedicada al trabajo doméstico y madre de seis hijos, asegura que Mamá Rosa “quiso llenarse los bolsillo y perjudicó a tantas familias”, y aunque hubo quejas previas “no hicieron nada”. Por eso recuerda que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió con ella y otras víctimas y solo pide “que la señora pague lo que hizo”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
