martes, 20 de enero de 2015

México, entre los países de la OCDE con mayor número de “ninis”

MÉXICO, D.F: México se encuentra en la lista de países con mayor número de ninis –jóvenes que ni estudian ni trabajan–, sólo por debajo de Turquía, Grecia, España e Italia, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En su informe “Perspectivas de políticas educativas 2015: haciendo que las reformas sucedan”, el organismo precisa que en nuestro país 22.3% de los jóvenes de entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja, y detalla que el promedio de los adultos que cuentan con una educación universitaria está por debajo de 30%, mientras en los otros países señalados se ubica en 40%.

De acuerdo con la OCDE, en México y Turquía más de la mitad de los adultos jóvenes no tienen una preparación en un nivel educativo superior, y en el primer país –agrega– la mayoría de la población de adultos jóvenes (52%) no ha alcanzado una educación secundaria superior “y por lo tanto sus porcentajes con mayores calificaciones son más bajos”.

Sostiene que en la mayoría de los países la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan es similar y sin importar el género, pero en México y Turquía hay más de 25 puntos porcentuales de diferencia entre los hombres y las mujeres de entre 20 a 24 años.

Para los mexicanos significa que 10% de ellos en ese grupo de edad no estudian ni trabajan en tanto que en las mujeres se eleva a 40%.

Señala que a pesar de que en México aún hay posibilidades de empleo para los trabajadores poco calificados, entre 2000 y 2013 la tasa media del crecimiento anual del desempleo para las personas adultas con baja calificación profesional aumentó en más de 7%.

El organismo indica que en la misma situación de México se encuentran Grecia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, los Países Bajos y Portugal. “El riesgo de estar desempleado es también más alto y sigue en aumento entre los más jóvenes”.

Al hacer una comparación entre los jóvenes de entre 25 y 34 años de edad con el grupo de entre 55 y 64 años, las tasas más altas de empleo de los trabajadores con un bajo nivel de calificación, según la OCDE, se encuentran entre el grupo más joven con 56% frente a 41% de los adultos de edad avanzada.

Y confirma que entre los mexicanos las tasas de desempleo aumentan a medida que se incrementan los niveles de educación. Así, las tasas más altas de desempleo (20.6%) se encuentran en los adultos más jóvenes, mientras que en los adultos mayores llega a 10.2%.

“Por ejemplo, en México las tasas de desempleo aumentan a medida que aumentan los niveles de educación. La tasa de desempleo es mayor en el caso de la educación terciaria en comparación con aquellos que carecen de educación media superior”, puntualiza el organismo conformado por 34 países.

La media de las mujeres jóvenes que tienen más probabilidades de estar desempleadas que los hombres de la misma edad y con la misma calificación es de 8.3% en comparación con 7.3% de hombres sin trabajo.

Sin embargo, existen excepciones en Canadá, Estonia, Francia, Irlanda, Japón, Corea, Luxemburgo, México, los Países Bajos, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos, donde las tasas de desempleo son poco más bajas en las mujeres con educación superior que en los hombres.

Advierte que entre los adultos de entre 25 y 64 años, los niveles de empleo de las mujeres con educación terciaria en México puede ser inferior más de 10 puntos porcentuales a la de los hombres.


“En Portugal y en España la proporción de adultos jóvenes con baja calificación profesional es más de 30%, y en México y Turquía más de la mitad de los adultos jóvenes”, señala.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cocoa, otro garrotazo a Calderón

MEXICO, D.F: A la operación política para segregar a Margarita Zavala de la lista de candidatos a diputados plurinominales del Partido Acción Nacional (PAN) sigue otra que es también un golpazo contra lo que queda del grupo de Felipe Calderón: La derrota en Michoacán de Luisa María Calderón, alias “Cocoa”.

En lo que es una jugada perversa, la cúpula del PAN controlada por Gustavo Madero y el gobernador Rafael Moreno Valle hizo declinar a Marko Cortés y Salvador Vega Casillas para que la Cocoa sea la candidata a gobernadora, pero en realidad la apuesta es que pierda.

La jugada tiene su lógica: Si la Cocoa gana la gubernatura no sólo fortalece al calderonismo residual, sino que se proyecta como aspirante a la candidatura presidencial del PAN en 2018, sobre todo si Margarita Zavala –su cuñada– queda finalmente liquidada de ese mismo proyecto que está prácticamente escriturado, o eso cree él, para Moreno Valle.

A esta lógica interna en el PAN se suman variables exógenas para el fracaso de Luisa Marcía Calderón: Ya no tendrá, como en la elección de 2011, el apoyo del gobierno de su hermano, que le transfirió multimillonarios recursos económicos y humanos, y además se perfila una coalición de facto para que gane el perredista Silvano Aureoles.

La elección de junio en Michoacán se perfila competida a tercios, igual que en la de noviembre de 2011, cuando obtuvo y atribuyó su derrota a que el crimen organizado hizo campaña en su contra y apoyó al priista Fausto Vallejo, lo cual fue cierto.

En esa elección, Vallejo ganó oficialmente con 35.44 de los votos, seguida de Calderón con 32.62% y en tercer sitio Silvano Aureoles con 28.86.

Una reciente encuesta de Mendoza, Blanco y Asociados, ya con Ascensión Orihuela como el candidato priista anticipa una elección también cerrada: Éste obtendría 20%, el perredista 24 y la panista el tercer sitio con 19. El 12% anularía su voto y 10% no supo o no contestó.

Sin embargo, sin contabilizar la no respuesta que alcanza el 22%, los resultados son más cerrados, realmente un empate técnico, conforme a esa encuesta: El 28% votaría por Aureoles, 27% por Orihuela y 26% por la Cocoa.

Pese a esta expectativa halagüeña para el PAN, las posibilidades reales de triunfo para Calderón son remotas por la envenenada disputa interna y porque al gobierno de Peña le es más funcional fortalecer a sus aliados, Madero en ese partido, y a Aureoles en el PRD, que no de manera fortuita es el presidente de la Cámara de Diputados.

¿Y Ascensión Orihuela, el “candidato de unidad” del PRI para Michoacán? Está claro que a este oscuro senador lo postulan para que no gane, de otra manera habrían impulsado a alguien más presentable.

Así, conforme a la perversa lógica de los jerarcas del PAN, lo de menos es ganar Michoacán. Lo que importa es darle otro garrotazo a Felipe Calderón.

Apuntes


La más reciente prueba de que el expriista Moreno Valle tiene claramente perfilado su proyecto presidencial es su aparición en dos de los spots institucionales del PAN, como si ya fuera el candidato. Todo mundo lo sabe: Ricardo Anaya, presidente interino, está a su servicio, lo mismo que el secretario de Comunicación del CEN, Marcelo García Almaguer, vocero y confidente del poblano. ¿Y Madero? En días volverá a la presidencia, será el coordinador parlamentario en septiembre y luego, el próximo año, irá por Chihuahua…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Systra confirma riesgos en Línea 12

La compañía francesa entrega su tercer informe sobre las fallas en este tramo. Corrobora que el desgaste de rieles es por la incompatibilidad con los trenes, la posibilidad de descarrilamiento y que echarlo a andar de nuevo dispararía los costos de operación.

Tuvo que pasar un año desde que se destapó aquel informe confidencial que advertía del peligro de descarrilamiento en la Línea 12 para que la empresa francesa Systra confirmara a la Secretaría de Obras del Distrito Federal (SOBSE) que “el coeficiente de seguridad al descarrilamiento está cerca del límite aceptado”.

El documento está fechado el 8 de enero de este año y se pronuncia claramente respecto a los trenes que fabricó la empresa española CAF.

“Systra señala que era posible haber diseñado un tren más adaptado a esta Línea. Que la combinación de perfiles rueda/riel no es la óptima y genera desgastes acelerados al nivel de la rueda y del riel” y que “la mala inscripción de los bogies es la causa del desgaste acelerado de los rieles de los aparatos de vía”, puntualiza en la parte de conclusiones.

El documento forma parte de la tercera entrega que la firma francesa realiza al Gobierno del Distrito Federal (GDF), específicamente a la Secretaría de Obras, desde que se le contrató para que efectuara los estudios correspondientes a la Línea 12 “Tláhuac-Mixcoac” para determinar las fallas y la solución a las mismas para su reapertura.

Este apartado del diagnóstico se titula “Informe de análisis del comportamiento dinámico del tren” y está firmado por Colás Martinet, vicepresidente de Systra para América Latina.

Son 51 páginas nuevas en las que se documenta una serie de pruebas efectuadas específicamente a los trenes para dirimir la controversia que se inició en junio del 2014, cuando Systra mencionó por primera vez la incompatibilidad del tren y la vía.

El problema del tren y la vía se agudiza en aquellas curvas de radio muy reducido, donde el tren hace un esfuerzo considerable que tiene repercusiones importantes como el acelerado desgaste de las ruedas, la ruptura de las fijaciones y las vibraciones excesivas, por ejemplo.

“Los diferentes ensayos efectuados a diferentes velocidades muestran que la lubricación reduce significativamente los esfuerzos en curva (de 50 a 60 por ciento).

A pesar de ello, se puede apreciar que en los aparatos de vía el bogie se inscribe con mucha dificultad y eso tiene como consecuencia que los ejes delanteros y traseros tienen el mismo comportamiento llevando a separar los rieles, y eso a cualquier velocidad ensayada”, describe.

Imposible operar con costos usuales

Consciente de que el problema de la Línea 12 representa también un conflicto político que confronta a dos administraciones, la de Marcelo Ebrard Casaubón y la de Miguel Ángel Mancera, además de las millonarias repercusiones económicas, se observa que la firma francesa Systra cuidó las formas de plasmar el contenido.

La mala inscripción de los trenes en la vía que construyó ICA-Carso y Alstom es una realidad.

A partir de esa realidad, los investigadores explican que de permanecer los trenes en esa vía que construyó ICA, los costos de mantenimiento se dispararían para el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“Systra confirma que con la combinación de tren y vía actuales, no se prevé que sea posible una operación de la Línea con costos de mantenimiento usuales y aceptables”, enfatiza.

El informe del que se hace alusión ya fue entregado a las partes involucradas: Secretaría de Obras; Sistema de Transporte Colectivo Metro, Consorcio Constructor (ICA-Carso y Alstom) y los fabricantes de los trenes.

Durante los últimos meses del 2014 y principios de este, las reuniones entre las autoridades del gobierno capitalino y la empresa directamente involucrada se desarrollan en un ambiente de absoluta confrontación, detallan algunos participantes.

El elemento central que se discute en la mesa es rescindir el millonario contrato vía Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) que entregó el gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón vía Francisco Bojórquez (entonces director del Metro) a la firma española.

Los trenes de Delgado

En abril del 2014, Reporte Indigo publicó la edición Mario Delgado, el senador que endeudó al DF.

Ahí se documentó que en el año 2009, mientras el equipo de Ebrard reportó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que gastaría un aproximado de 6 mil millones de pesos para la compra de la flota de trenes de la Línea 12, Mario Delgado Carrillo, entonces secretario de Finanzas, autorizó la renta de esos mismos trenes por mil 588 millones de dólares, aproximadamente 21 mil millones de pesos.

El documento de aquella fecha está clasificado como “confidencial” y está firmado de puño y letra por el senador que hace algunos días oficializó su salida del PRD para integrarse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

En el mismo, Mario Delgado compromete el presupuesto del Distrito Federal hasta el año 2026 para pagar a la empresa proveedora anualmente por la renta de la flota de trenes, que hoy resultan no ser compatibles con la vía que se construyó.

A casi un año del cierre de la Línea 12 para el Gobierno del Distrito Federal es insostenible mantener cerradas once de las 20 estaciones de la Línea Dorada cerrada.


Asimismo para el Metro es insostenible seguir pagando la millonaria deuda y CAF se rehúsa a perder el contrato.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

En Tierra Caliente... elección al rojo vivo

Narcotráfico, violencia, pobreza y crisis política. Las elecciones en Michoacán y Guerrero representan un foco rojo en los próximos comicios.

Lo dijo Rogelio Ortega en octubre del año pasado en sus primeras declaraciones como gobernador interino de Guerrero: “Me saqué la rifa del tigre”.

Nada distinto le espera a quien lo sucederá en su cargo, luego de las elecciones del 7 de junio.

Y Michoacán se mide con la misma vara.

Las dos entidades serán los focos rojos en el próximo proceso electoral.

Las condiciones de violencia, penetración del narcotráfico, pobreza y rezago social forman una combinación que da tierra fértil a conflictos sociales y de seguridad pública, como los ocurridos en meses pasados y que han acaparado los titulares relacionados con México a nivel internacional.

En Michoacán, la aparición de los grupos de autodefensa, la detención de servidores públicos y hasta del hijo de un exgobernador relacionados con el crimen organizado y los enfrentamientos entre grupos de comunitarios han enrarecido el ambiente político.

En Guerrero, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que destapó la colusión de policías y autoridades municipales con el narcotráfico también despertó un clima de descontento social que pone en duda la realización de las elecciones.

Guerrero, la suma de todos los males

Guerrero es un estado afectado no solamente por la violencia de grupos sociales o entre grupos políticos, sino por criminales o cárteles del narcotráfico.

Un análisis del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República revela que varios municipios de ese estado se encuentran infiltrados por el crimen organizado.

En el reporte “Violencia en el Estado de Guerrero”, el Senado afirma que la corrupción, la impunidad y la negligencia de las autoridades municipales y estatales, favorecieron la infiltración de grupos ligados al narcotráfico de los cuerpos de seguridad pública y los municipios, a lo que se suman otros problemas.

“La Zona Norte y Tierra Caliente son propicias para la siembra de marihuana y amapola, donde se han instalado laboratorios para la producción de metanfetaminas conocidas como ‘ice’ y donde se concentran los delitos de alto impacto: ejecuciones, secuestros, desaparecidos y cobro de pisos, entre otros.

“En esas regiones han proliferado también los negocios ligados al lavado de dinero, que van desde la construcción, la minería, concesiones para taxis y combis, centros comerciales y centros nocturnos”, señala el informe.

El análisis sostiene que en Guerrero operan varios cárteles de la droga, así como células criminales que basan sus actividades en la extorsión y el secuestro.

En ese estado se concentra el 90 por ciento de la producción de amapola del país.

Además, la entidad tiene el primer lugar en la tasa de homicidios del país.

Por cada 100 mil habitantes, se registran 63 asesinatos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El municipio de Acapulco presentó, en el 2012, el índice más alto de homicidios con una cifra ocho veces superior al promedio nacional con 142 defunciones por cada 100 mil habitantes, contra 18 a nivel nacional.

Sin embargo, no todos los homicidios ocurren por la acción del narcotráfico.

Los investigadores del Senado alertaron sobre la creación de “brigadas de ajusticiamiento”, un anuncio que realizaron varios grupos insurgentes, entre ellos el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Milicias Populares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación Nacional del Pueblo.

El activismo radical de los maestros de la CETEG, que se han sumado a las movilizaciones por Ayotzinapa, es otro de los factores de riesgo que enfrentará la jornada electoral en Guerrero.

A las condiciones de violencia se suma el rezago en materia social.

Según cifras del 2010, el 67.6 por ciento de la población del estado se encontraba en situación de pobreza. De ellas, el 31.6 por ciento vivía en pobreza extrema. A nivel nacional, Guerrero ocupa el primer lugar en rezago social.

A estas condiciones se les suma el nacimiento de un movimiento social producto de la desaparición de los jóvenes normalistas, cuyas protestas se han mantenido desde octubre pasado.

La desaparición de los jóvenes estudiantes cambió las condiciones políticas que se vivían en la entidad.

La prueba patente de ello es la declinación de Armando Ríos Piter como candidato del PRD a la gubernatura, quien afirmó que renunció a la posibilidad de ser el abanderado del partido del sol azteca porque se le obligaría a hacer un pacto para garantizar impunidad para el exgobernador, Ángel Aguirre Rivero.

En una reciente visita a la entidad, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) establecieron que actualmente no existen las condiciones para realizar las elecciones si fueran en este día, y dejaron a las autoridades competentes la responsabilidad de decidir si se realizarán o no.

Los cárteles de Guerrero

> El cártel de los Beltrán Leyva
> El cártel de Sinaloa
> Los Caballeros Templarios
> El cártel Nueva Generación de Jalisco
> Los Granados
> Los Rojos
> Los Ardillos
> El cártel Independiente de Acapulco
> La Barredora
> Los Guerreros Unidos

La lucha por el poder

La pelea por la gubernatura del estado está entres los dos partidos más populares en la entidad, el PRI y el PRD.

Por el lado del tricolor, suena Manuel Añorve Baños, actual diputado del PRI y exalcalde de Acapulco.

Es la mano derecha de Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del tricolor en San Lázaro.


Por el partido del sol azteca, el nombre que más resuena es el de Sofío Ramírez Hernández, senador con licencia y hasta el 2011, militante del PRI.

La semana pasada, Ramírez Hernández pidió a la PGR que lo investigaran a él y su familia para descartar cualquier lazo con el crimen organizado.

Luis Walton Aburto, actual alcalde de Acapulco por Movimiento Ciudadano también tiene posibilidades.

Él fue uno de los creadores del entonces partido Convergencia. Hace unas semanas fue agredido por un grupo de ciudadanos en Acapulco, quienes vandalizaron su camioneta y lo retuvieron por algunos minutos.

La exsecretaria de Desarrollo Social de Guerero, Beatriz Mojica Morga, ha sido también diputada federal y suena en la contienda.

Es parte de Nueva Izquierda, corriente a la que pertenece Carlos Navarrete, actual dirigente nacional del PRD.

Michoacán, cotizado por el crimen

La crisis de inseguridad de Michoacán alcanzó el clímax cuando los ciudadanos tomaron las armas contra los grupos criminales que asolaban la vida de los pobladores en los municipios.

Esa entidad es altamente cotizada por los grupos de la delincuencia organizada. Su geografía favorece que puedan ocultarse plantíos de estupefacientes en las montañas o que salga mercancía por el puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los más importantes del país.

Michoacán es un territorio en disputa entre varios grupos de la delincuencia organizada. En él actuaban grupos como La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, el del Golfo, los Zetas y el de los Beltrán Leyva.

En delitos de alto impacto, Michoacán tenía hasta hace unos meses una de las tasas más altas del país y la propia Secretaría de Gobernación reportó el crecimiento en los delitos entre el 2013 y el 2014.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el índice de homicidios dolosos aumentó un 9.57 por ciento, al pasar de 805 en el 2013, a 882 en el 2014.

Los homicidios culposos pasaron de mil 338 en el 2013, a mil 458 en el 2014, lo que representa un aumento del 8.57 por ciento.

En cambio, delitos como el secuestro o el robo con violencia disminuyeron en un 42 por ciento y un 18 por ciento, respectivamente.

A pesar de los esfuerzos estatales, la extorsión subió un 0.40 por ciento, al pasar de 247 a 248 denuncias por ese delito.

El panorama social tampoco es muy alentador para Michoacán.

Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social revelaron que el 54.4 por ciento de la población de la entidad vive en condiciones de pobreza. De ellas, más de la cuarta parte vive en pobreza extrema.

El rezago educativo en la entidad también es un problema evidente. El 9 por ciento de sus habitantes es analfabeta, mientras que el 19 por ciento apenas terminaron la primaria.

Las condiciones políticas en Michoacán tampoco son fáciles. La sucesión de gobiernos del PRI y el PRD ha sumido a la entidad en una dinámica de acusaciones sobre quién tiene la culpa de la situación que vive el estado.

A esto se suma el inicio de los operativos de la llamada “guerra contra el narcotráfico” emprendida a finales del 2006 por el expresidente Felipe Calderón con un operativo en Michoacán y que derivó, meses después, en la detención de varios alcaldes acusados de tener nexos con el crimen organizado.

En el proceso electoral del 2011 fueron asesinados varios candidatos a puestos de elección popular y otros abandonaron sus candidaturas, obligados por el crimen organizado.

Todo ‘planchado’

Luisa María Calderón Hinojosa, senadora de la República por el PAN y hermana del expresidente de la República, Felipe Calderón es la carta fuerte de los blanquiazules en el estado.

“La Cocoa” ya fue candidata en el proceso electoral del 2011 y, desde aquel entonces, advirtió al ganador de la elección, el priista Fausto Vallejo, que le llegaría el cobro por haber pactado con el crimen organizado.

Silvano Aureoles Conejo, diputado del PRD, presidente de la Mesa Directiva es el gallo del partido del sol azteca. 

También fue candidato a la gubernatura en el proceso electoral del 2011. En su paso por la Cámara de Diputados, se convirtió en un político muy cercano a Manlio Fabio Beltrones, líder de la bancada del PRI.

José Ascención “Chon” Orihuela Bárcenas, senador con licencia por el PRI, ha ocupado varios cargos de elección popular representando a su partido y está listo para la contienda por el tricolor.

Es cercano a Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI.

En el 2011, era uno de los considerados para ser candidato de su partido a la gubernatura de Michoacán pero la candidatura le fue otorgada a Fausto Vallejo, quien se convertiría en gobernador y pidiera licencia antes de que su hijo fuera encarcelado por vínculos con Los Caballeros Templarios.

Los cárteles de Michoacán

> La Familia Michoacana
> Los Caballeros Templarios
> El cártel de Jalisco Nueva Generación
> El cártel de Sinaloa
> El cártel del Golfo
> Los Zetas

> El cártel de los Beltrán Leyva

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

En dos años la PGR ha localizado a 102 de 23 mil 271 desaparecidos

MÉXICO, D.F: La Unidad Especializada de Búsqueda de la Procuraduría General de la República (PGR) tiene un registro de 23 mil 271 personas extraviadas o desaparecidas.

De ese total, entre junio del 2013 y el 16 de enero de este año sólo se han localizado 102 personas, 72 de ellas con vida y 30 muertas.

Y según Eliana García Laguna, encargada de despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la unidad de búsqueda de la PGR, las desapariciones que se registran en el país son cometidas por particulares y no por autoridades.

“Encontramos que de los 102 casos, 17 casos de estas desapariciones fueron por autoridades ya sea locales o federales y 85 casos entrarían dentro del rango de involuntarias”, dijo.

Sin embargo Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional, puso en duda que en la mayoría de los casos de desaparición no estén involucradas las autoridades, pues –dijo– si la problemática ha crecido es porque hay intervención directa o indirecta de servidores públicos de todos los niveles.

Ambos participaron en el Foro sobre Desaparición Forzada de Personas, organizada por el diputado perredista José Luis Esquivel.

Ahí García Luna comentó que la PGR realiza investigaciones para localizar a 621 personas y que la mayoría de las desapariciones se cometieron en Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Distrito Federal, Chihuahua, Coahuila y el Estado de México.

De estas 520 son hombres y 101 son mujeres entre los 19 y 53 años que son estudiantes o comerciante, cuentan con expedientes abiertos en la PGR desde 2013 y existen 435 investigaciones.

Asimismo, destacó que a finales de este año se pondrá en marcha una base de datos ante y postmortem para agilizar la búsqueda de personas, en la que la PGR y las procuradurías estatales cruzarán datos sensibles de las personas –entre ellos los de filiación, ADN y hábitos—con los registros de personas fallecidas no identificadas.

Dicha base de datos, precisó, fue elaborada por la Cruz Roja Internacional y en actualmente la unidad de búsqueda de la PGR se encuentra en fase de capacitación para funcionarios y captura de información.

Hasta ahora, abundó, se cuenta con una base de datos de 18 mil 821 perfiles genéticos y siete millones de huellas dactilares, aunque estas últimas son sólo de personas mayores de 18 años de edad.

Además afirmó que para la siguiente reunión de procuradores del país, se tendrán listos los protocolos homologados de búsqueda de personas desaparecidas y de identificación de la tortura.

Durante su participación en el foro, Agustín Lara Godoy, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se pronunció por la aprobación “urgente” de una Ley General contra las Desapariciones Forzadas, a fin de contar con mejores herramientas de búsqueda, de prevención de este delito, sanciones y reparación del daño a las víctimas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Habrá elecciones en Guerrero”, advierte titular de la Segob

MÉXICO, D.F: Luego de garantizar que sí habrá elecciones en Guerrero, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que esta semana se entregará un informe sobre Michoacán, a un año de que el gobierno de Enrique Peña Nieto asumió las tareas de seguridad en esa entidad.

En entrevista en Puebla, a donde acompañó a Peña a inaugurar un hospital, Osorio Chong aseguró que el gobierno federal trabaja con el Instituto Nacional Electoral (INE) para crear las condiciones que permitan celebrar elecciones en Guerrero el 7 de junio.

“Las cosas están difíciles, están complejas, pero por supuesto que la elección se va a realizar en todo el país”, subrayó el funcionario ante el anuncio del magisterio y organizaciones sociales de boicotear los comicios y que han logrado entorpecer acciones que ya alteraron el calendario previsto.

“Hemos tenido diferentes reuniones, en el marco de la ley, para no sólo este tema, sino otros que le preocupan, y que nos toca a nosotros entrar en coordinación y por supuesto que este tema es el prioritario, estamos dando las condiciones para que puedan realizar su trabajo previo”, expuso.

Sobre Michoacán, Osorio informó que esta semana entregarán un informe sobre las condiciones en las que se encuentra el estado a un año de que el gobierno creó una comisión encabezada por el mexiquense Alfredo Castillo para asumir la tarea de seguridad pública de esa entidad.

“Vamos a hacer una evaluación esta semana para decir en qué forma encontramos el estado y en qué condiciones está en un año y una semana después”, expuso y aseguró que se ha avanzado.


“Se presentarán números con el parecer de la sociedad, porque no sólo se trata de escuchar a los representantes populares, tenemos que ver qué dice la sociedad, los municipios de la región”, argumentó el funcionario, quien agregó que Peña suspendió esta semana una visita a Michoacán.

FUENTE: REDACCIÓN.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Tlatlaya, caso de “ejecución extrajudicial y homicidio calificado”: diputados

MÉXICO, D.F: El grupo de Trabajo de la Cámara de Diputados que indaga los hechos ocurridos el 30 de junio pasado en el municipio mexiquense de Tlatlaya –donde murieron 22 personas que “presuntamente” se habrían enfrentado con militares– coincidió en que se trató de “una ejecución extrajudicial y homicidio calificado”.

Al dar a conocer el “preinforme”, la presidenta del grupo, la perredista Elena Tapia Fonllem, estableció una serie de conclusiones, aunque aclaró que se trata de puntos “en los que hay consenso” tras diversas reuniones que tuvieron con autoridades, sin embargo, ninguna instancia oficial ha entregado a los legisladores documentación sobre esos hechos.

En el documento de la comisión se destaca:

“Existe consenso de que hubo un uso ilegal, excesivo, desproporcionado de la fuerza y sin los instrumentos de grabación por parte de los elementos militares, en contravención al Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas; sin embargo, las acciones letales se pueden definir como ejecución extrajudicial en el ámbito de la violación de derechos humanos y como homicidio calificado en el ámbito penal”.

Y llama la atención que, según el grupo de legisladores que analiza el caso, el número víctimas de ejecución extrajudicial podría pasar de ocho a 15.

Así, “de acuerdo con las diferentes versiones, el número de víctimas de ejecución extrajudicial va desde ocho hasta 15; por tanto, las víctimas de un enfrentamiento armado podrían variar desde siete hasta 14”.

La perredista y presidenta del grupo legislativo establece que no existe una conclusión definitiva, debido a que se alteró la escena de los hechos y se desplazaron los cadáveres “fuera de su posición original”.

Otro punto que llama la atención es que algunas de las víctimas habrían sido secuestradas y, mediante coacción, se les habría llevado a formar parte de un grupo delictivo y estar con ellos al momento del presunto enfrentamiento con elementos del Ejército.

“No se ha podido comprobar que entre los varones asesinados en los hechos existían víctimas de secuestro, pero familiares señalan que ocho de ellos habían sido objeto de amenazas, de coacción o de privación ilegal de la libertad antes de comenzar la comisión de presuntos actos delictivos, por lo que presuntamente habrían podido formar parte de una organización criminal en condiciones de explotación y coacción”.

El extenso documento apunta otros aspectos, entre ellos el que no se tiene información completa “sobre la cadena de mando entre el comandante de la 22 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y el sargento responsable directo del operativo, ni con elementos que permitan establecer la responsabilidad o no de mandos militares más allá de los ocho elementos que realizaban el patrullaje”.

Tampoco se cuenta con elementos que expliquen cómo se diseñó, operó, autorizó o permitió un patrullaje militar con ocho elementos, cuando lo reglamentario y habitual es que lo integren al menos 12 efectivos.

Además, “existe una línea de investigación diversa, que ubica la autoría intelectual de los hechos en otras personas civiles ajenas al grupo de militares, por lo que la cadena de mando no habría estado implicada en la autorización o en la orden de cometer los homicidios”.

El reporte también destaca que no hay coincidencia en el tiempo transcurrido entre el fin del enfrentamiento y el ingreso de elementos militares a la bodega. Tampoco si quienes entraron en ese momento, tras la rendición, fueron tres o cinco militares.

Por ello, “los familiares de las 22 personas que fueron privadas de la vida pueden legal y legítimamente reclamar una reparación integral que corresponde en términos de la legislación penal, fiscal y demás aplicables.

El grupo legislativo de trabajo recuerda que “la Sedena decidió dar de baja a los elementos del patrullaje del 102 Batallón de Infantería para trasladarlos a instalaciones centrales; se ejerció acción penal sin detenido contra presuntos responsables, y pidió se negara libertad bajo caución al conocerse que existía averiguación previa por parte de PGR. Los procesos por faltas contra la disciplina militar continúan sin menoscabo de los que desarrolla la jurisdicción civil”.


Los diputados también consideran que el haber aceptado la recomendación 21/2014 de la CNDH, por parte de PGR, Sedena y gobierno mexiquense, significa que el Estado reconoce la presencia de actos de tortura, intimidación y alteración de la escena del crimen cometidos por elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

El operador impune

Eduardo Torre Aliseda fue uno de los principales operadores de Ficrea en Londres y continúa trabajando en las inversiones inmobiliarias aun después de la intervención de la compañía.

La investigación contra Rafael Olvera, dueño de Ficrea, por el fraude cometido a los ahorradores de la sociedad financiera, aún no llega a mostrar consecuencias legales contra uno de sus operadores principales.

Eduardo Torre Aliseda ha continuado trabajando en las inversiones inmobiliarias -encargo que el empresario hoy prófugo le otorgó cuando aún dirigía la sociedad financiera popular- incluso después de la intervención de la compañía.

Mientras la atención pública se ha centrado en Olvera, su familia y los ahorradores de la sociedad, Torre Aliseda sigue activo y sin ningún cargo en su contra. 

El pasado viernes, Alberto Bazbaz, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo ante la comisión permanente del Congreso que vendrán otras órdenes de aprehensión por el caso Ficrea, sin embargo, ninguna se ha concretado.

“(La orden de aprehensión contra el dueño de Ficrea) es la primera de lo que parece ser serán muchas órdenes de aprehensión y persecuciones criminales e investigaciones criminales”, aseguró Bazbaz en el Congreso.

El funcionario explicó a los legisladores que la búsqueda que ahora hace la Interpol de Olvera no es por las infracciones administrativas que existen. 

“No por los delitos financieros que también existen, sino por el delito particular de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indicó.

El fraude de Ficrea consistió en 2 mil 700 millones de pesos de los ahorradores que se gastaron en comprar bienes, gastos personales, inclusive pagar gastos de las empresas y transferencias al extranjero, de acuerdo a lo dicho por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé.

Sin embargo, la orden de aprehensión contra Olvera no es por nada de esto, sino porque la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) ha llevado a armar un caso de lavado de dinero.

Esta ilicitud consistió en “captar recursos, de esos recursos desviarlos para la finalidad originaria de la institución financiera y ese desvío constituye la irregularidad, que a final de cuentas pretende ocultarse los recursos ya con la operación inmobiliaria en el país y en el extranjero”.

Gestor inmobiliario

Eduardo Torre Aliseda aparece sonriente, posando enfrente del cartel de una sucursal de Ficrea. Rafael Olvera está a su lado.

Torre Aliseda se presentaba como director de inmuebles de la sociedad financiera popular, cargo que también aparecía en el pie de su correo electrónico institucional en el dominio ficrea.com.mx.

Con ese puesto se presentó en septiembre del año pasado ante la oficina de Proméxico en Londres. Ahí, informó que necesitaban ayuda para comprar un edificio en esa ciudad.

Proméxico lo contactó con José Neif Jury, uno de sus exfuncionarios quien ya trabajaba como empresario.

Con Torre Aliseda como el único contacto con Ficrea, Neif Jury abrió en Londres la sucursal Leadman Trade UK y le mostró al operador de Olvera los edificios que podrían ser candidatos a la compra.

“El señor Torre siempre fue muy amable. Vino un día a Londres con su esposa, vimos muchos edificios y días después me contactó de nuevo y me dijo cuál les interesaba más.

“Yo nunca fui socio del señor Olvera, solamente fui un proveedor de servicios y de hecho yo nunca lo conocí, ni tuve comunicación directa con él, solo con el señor Torre”, relató Neif Jury en entrevista con Reporte Indigo.

La compra del edificio se frustró ante la intervención de Ficrea por parte de la CNBV, pero Torre siguió operando.

Las transferencias electrónicas

El 16 de enero, Leadman Trade España recibió un aumento de capital de 8.5 millones de euros (153 millones de pesos), reveló el noticiero matutino de Carmen Aristegui en MVS.

Este aumento se realizó dos meses después de la intervención de Ficrea y un mes después de que se decretara su liquidación.

El abogado y apoderado legal de Leadman Trade en ese país, José Cruz García,  reveló la presencia de Eduardo Torre Aliseda también en esa operación.

Torre Aliseda se habría presentado en 2013 como “encargado de inversiones inmobiliarias de Leadman Trade México”.

Las operaciones de Torre Aliseda para comprar inmuebles en España coinciden con el caso en Londres.

En ambas adquisiciones, el dinero se movió fuera del país en transferencias electrónicas bancarias.

En el caso de Londres se hizo con Bancomer por medio de la compañía Baus and Jackman Leasing, otra de las empresas bajo el control de Olvera.

Entre familia

En la base de datos de ahorradores de Ficrea que fue entregada a Reporte Indigo aparece una hija de Eduardo Torre Aliseda, de nombre Belinda, y alguien que por los apellidos parece ser su hermana, de primer nombre Estrella.

Estrella tiene un pagaré de crédito liquidable al vencimiento, contratado el 2 de octubre del año pasado, mientras Belinda contrató otros dos pagarés el 21 y 28 de octubre.


Reporte Indigo buscó contactar Torre Aliseda para solicitar una postura respecto a su participación en las inversiones inmobiliarias del grupo, pero no obtuvo respuesta alguna.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍRES.

Asignaturas pendientes

Alfredo Castillo puede presumir haber desarticulado en un año los grupos de Autodefensas que operaban en este estado. Pero la no captura de ‘La Tuta’ sigue marcando la gestión del funcionario Federal

A un año de su llegada a Michoacán como comisionado federal para la seguridad y el desarrollo del estado, Alfredo Castillo le ha cumplido bien a la Federación, pero le debe mucho a los michoacanos. 

No ha podido asestar el golpe anhelado: el encarcelamiento de Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, pero ha podido aplacar los nervios del presidente con la desarticulación de los grupos de autodefensa.

Poco a poco el comisionado federal ha sabido maniobrar. 

De los 15 líderes fundadores del movimiento de civiles armados -que se alzaron ante la incapacidad del gobierno estatal y federal para hacer frente a la abrazadora presencia del crimen organizado-, la mitad ha sido anulada con la cárcel o la muerte. 

La otra parte es cuestionada por sus presuntos nexos con células de otros carteles contrarios al de Los Caballeros Templarios.

En un año del trabajo del comisionado federal no solo la violencia se ha mantenido, sino que se ha salido del foco de Tierra Caliente. 

Ahora se expande hacia otras zonas del estado, en donde se mantienen grupos de civiles armados, leales a los líderes encarcelados, para encarar los ataques de las células criminales, que intentan la recuperación de los sitios de donde fueron desplazados.

Ante los reclamos de sus opositores, la presencia del comisionado se afianza con leves golpes mediáticos: la incautación de bienes que fueron propiedad de los jefes del cartel de los caballeros Templarios, como Nazario Moreno Gonzalez, “El Chayo” o Enrique Plancarte Solís, “El Kike”. 

Es el bálsamo dosificado sobre la irritada piel de los michoacanos. 

En menos de 15 días, ante las críticas arrecidas, se anunció la incautación de 16 inmuebles y 32 vehículos  que fueron peculio del narco.

En lo administrativo, Alfredo Castillo Cervantes ha cumplido con el encargo de la Federación: mantiene el control político del gobierno estatal, a través de la subordinación del gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero, quien se encuentra limitado a la realización de eventos de corte social solo dentro de la capital del estado. 

Autodefensas desarticuladas

El encuentro del comisionado Alfredo Castillo con los grupos de autodefensa no ha sido terso. Han tenido altibajos en su relación. Un día aparecen abrazados en la foto, dándose la mano en muestra de unidad y al otro día llueven las acusaciones de traición. Castillo ha movido sus piezas. Nadie le puede negar que a un año de trabajo haya desarticulado a los grupos de autodefensa, aun cuando persiste la movilización de civiles armados que actúan en forma autónoma, sin intencionalidad colectiva. Ahora casi como proscritos.

Los principales líderes y organizadores del movimiento civil armado de Michoacán están hoy en la cárcel. Otros fueron ejecutados, alcanzado por las ráfagas de los Templarios que les pusieron precio a sus cabezas. Otra parte de los fundadores han sido señalados –entre ellos mismos- de tener nexos con el crimen organizado, contra el cual nacieron. A un año de intervención del gobierno federal, las autodefensas de Michoacán se encuentran desmembradas.

El primero en caer a prisión fue el principal líder, el doctor José Manuel Mireles Valverde. Fue detenido en un operativo federal la tarde del 27 de junio del 2014, cuando se disponía a una reunión con enviados de la Secretaría de Gobernación.  

Mireles fue detenido con tres de sus escoltas y 70 seguidores. Se les procesa por delitos graves –portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del ejército-. Se encuentra recluido en la cárcel federal de máxima seguridad en Hermosillo.

A la fecha existe una iniciativa de ley congelada en la Cámara de Senadores, que sería la amnistía para 384 autodefensas en prisión. La iniciativa fue presentada por el panista Javier Corral, los perredistas Alejandro Encinas y Dolores Padierna, así como por los petistas Laida Sansores y Manuel Bartlett. 

También Agustín Villanueva  el líder del movimiento en el municipio de Aquila, se encuentra preso. Fue detenido el 15 de agosto del 2013, acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. También se le imputó responsabilidad en ilícitos como  secuestro, robo calificado y lesiones. El líder de las autodefensas fue detenido junto con otros 43 integrantes del movimiento de autodefensa.

La principal acusación le llegó de la Procuraduría de Justicia del estado de Michoacán, cuando el responsable era –en calidad de encargado del despacho de procurador- el abogado mercantil Marco Vinicio Aguilera. 

Agustín Villanueva fue el líder de Aquila que logró hacer que las empresas internacionales que explotan las minas de la zona les otorgaran un pago por regalías a los indígenas de la zona. 

Hipólito Mora Chávez de La Ruana y Luis Antonio Torres de Buenavista, también se encuentran presos. 

Ellos fueron conminados por el comisionado Alfredo Castillo a entregarse ante la autoridad judicial, para responder a las acusaciones de homicidio que mutuamente se hacían, tras el enfrentamiento de los dos bandos en donde perdieron la vida 11 personas. 

A los dos se les aseguró que solo sería una formalidad. La juez que conoció del caso les dictó auto de formal prisión en la primera semana de enero del 2015. 

Junto con Hipólito Mora recibieron la formal prisión 25 miembros de su grupo de autodefensa. Al lado de Luis Antonio Torres, “El Americano”, recibieron formal prisión también 9 de sus seguidores. Al grupo de Hipólito Mora se les encuentra probable responsabilidad en la muerte de 10 de los 11 caídos en el enfrentamiento, en tanto que la misma juez encontró probable responsabilidad al grupo del americano en la muerte de 5 de los 11 fallecidos.


Los que están libres

No todos líderes de autodefensas están presos. 

Tres de ellos fueron ejecutados en emboscadas atribuidas al crimen organizado. 

Luis Felipe de Jesús Díaz Ávila de Coalcomán perdió la vida cuando tras ser agredido mientras realizaba labores de vigilancia en un aserradero de la zona. 

La procuraduría de Justicia de Michoacán presentó a un detenido como autor material del homicidio, atribuyendo la causa a rencillas personales.

Rafael Sánchez Moreno, alias “El Pollo”, también fundador del movimiento, muy cercano a Luis Antonio Torres, fue asesinado y su cuerpo fue calcinado al lado de otro de los autodefensas. Su muerte fue atribuida a Hipólito Mora, pero un juez lo exoneró.  

Versión apuntan que fue ejecutado por el crimen organizado, sin que a la fecha alguien esté procesado por ese delito.

Al comandante de las autodefensas del poblado de Huahua, en el municipio de Aquila, Rafael Meraz Arteaga, lo ejecutaron la semana pasada. 

Junto a él cayeron abatidos también cuatro de sus elementos de sus hombres. El crimen se le atribuye al cartel de los caballeros templarios que oficialmente se ha desmembrado en los últimos meses.

Frente a ese clima de violencia, muchos de los fundadores del movimiento que abanderó Mireles Valverde, no dejan de ser cuestionados desde el interior de la insurrección que se mantiene viva. 


Los únicos líderes de autodefensas no cuestionados son Jesús Díaz de Chinicuila, Ramón Contreras Orozco de La Ruana y Ricardo Valdez de Aquila, todos con buena relación en el Gobierno Federal.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

La Universidad de Innsbruck no logró identificar restos hallados en Cocula

MÉXICO, D.F: El Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck no logró identificar los 16 restos de cadáveres hallados en el basurero de Cocula, Guerrero.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que en días pasados recibió el informe aplicado a los restos, en el que se concluye que no se encontró cantidad suficiente de ADN para obtener un perfil genético.

El dictamen establece que “el calor excesivo ha destruido el ADN y el ADN mitocondrial en los restos, por lo menos hasta el punto en que los métodos rutinarios no pueden emplearse para un análisis exitoso”.

El Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck ofreció a la PGR aplicar la técnica “Secuenciación Masivamente Paralela” (Massively Parallel Sequencing MPS) a los restos, con el fin de poder identificarlos.

“Hay oportunidades de que la MPS proporcione resultados útiles para ayudar a identificar víctimas. No podemos proporcionar un estimado sobre el éxito, pero las especificaciones técnicas de la MPS son más prometedoras que cualquier otro método de identificación genética molecular existente”, señala el dictamen de la Universidad de Innsbruck.

La dependencia aceptó solicitar dicho estudio, que podría estar concluido dentro de tres meses.

En diciembre pasado, Walther Parson, el biólogo molecular forense que lidera la investigación de la Universidad de Medicina de Inssbruck, declaró a la agencia EFE que el equipo forense identificó los restos de uno de los 43 estudiantes, Alexander Mora Venancio, gracias a una prueba de ADN obtenida mediante un test convencional; no obstante, en los otros restos no se puede aplicar esta técnica.


“Las probabilidades de éxito no se pueden cuantificar, pero en general son escasas, porque las muestras son difíciles de analizar dada su degradación”, adelantó Parson.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Mi padre y yo “no tenemos nada de qué avergonzarnos”: hijo de Ángel Aguirre

MÉXICO, D.F: “En mi caso, y en el caso de mi padre, no tenemos nada de qué avergonzarnos” presumió Ángel Aguirre Herrera, hijo del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, quien pretende postularse a la alcaldía de Acapulco.

Aguirre Herrera defendió la reputación de su padre: “A nivel nacional los medios lo han estigmatizado y han aprovechado la coyuntura para afectarlo”.

En entrevista con Grupo Fórmula, Aguirre Herrera se ufanó de que “el nombre de Ángel Aguirre Rivero en la mayor parte de la población de Guerrero está limpio”.

El pasado 23 de octubre, Ángel Aguirre dimitió al cargo de gobernador de Guerrero, presionado por la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa.


“Estos hechos nos deben llevar a una reflexión nacional que permita construir una nueva estrategia de seguridad efectiva que evite tragedias como las de Iguala”, declaró Aguirre en esa ocasión.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La PGR ofrece hasta 12 mdp por el paradero de ocho mujeres desaparecidas

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció hasta 12 millones de pesos (un millón 500 mil pesos por cada una) a quien aporte información para dar con el paradero de ocho mujeres desaparecidas.

Se trata de Jessica Ivonne Padilla Cuéllar, Nancy Iveth Navarro Muñoz, Grisel Paola Ventura Rosas, María de la Luz Hernández Cardona, Gabriela Espinoza Ibarra, Griselda Mares Mata, Silvia Arce y Janeth Paola Soto Betancourt.

De acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam también recompensará con 1 millón 500 mil pesos a quien proporcione datos para identificar, localizar y aprehender a cada uno de los probables responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad y los que resulten.

De igual manera, ofreció un millón 500 mil pesos a quien facilite información sobre los probables responsables de los delitos de homicidio, trata de personas en la modalidad de explotación sexual, lenocinio y los que resulten en agravio de Yanira Frayre Jáquez e Idaly Juache Laguna.

La PGR detalló que los ofrecimientos no serán aplicables a los servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales.

Precisó que la información será recibida en el correo electrónico denunciapgr@pgr.gob.mx, y en los teléfonos (55) 53-46-15-44 y (55) 53-46-00-00, extensión 4748, en la Ciudad de México, y al 01-800-831-31-96 desde cualquier parte del país.


Los datos también podrán remitirse a López número 12, piso 3, colonia Centro, y en Río Elba número 17, colonia Cuauhtémoc.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

lunes, 19 de enero de 2015

La riqueza sospechosa del Gobernador de Chihuahua une a PAN, PT, Morena y PRD

Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) se alistan para presionar a la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar una denuncia ciudadana contra el Gobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez, por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

A partir de febrero próximo, fecha en que inicia el periodo ordinario de sesiones, la oposición en el Senado de la República retomará la denuncia presentada por el activista Jaime García Chávez, quien se encargó de documentar una serie de irregularidades financieras en Chihuahua que benefician a Duarte Jáquez, a su cónyuge Bertha Olga Gómez Fong y a otras personas asociadas al Gobernador, como su secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral.

En la denuncia presentada ante la PGR y autoridades financieras a partir de una investigación formal ciudadana se describe que el Gobernador priista, funcionarios de la administración estatal y otros con carácter de prestanombres que han participado en la creación del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V. cuya autorización está en trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Allí se describe una “maquinación delictiva, bajo el diseño de actos jurídicos de aparente legalidad” con el único propósito de buscar el beneficio económico de César Horacio Duarte, quien ha asumido los roles de Gobernador y socio de la empresa bancaria mencionada.

“Con un evidente conflicto de intereses en razón de las decisiones de carácter financiero que como Gobernador tomó en beneficio de las instituciones financieras que se fusionaron y por ende en el suyo propio así como de sus allegados y cómplices, que ahora son socios del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V.”

BAJAR LA DENUNCIA AQUÍ: DENUNCIA CONTRA CÉSAR DUARTE

Entrevistado por Sin Embargo, Francisco Barrio Terrazas, quien fuera Gobernador de Chihuahua de 1992 a 1998 bajo las siglas del PAN, explicó que lo notable de esta denuncia a diferencia de otras investigaciones periodísticas o ciudadanas es que por primera vez se cuenta con pruebas bien documentadas.

En esta ocasión tanto el Gobernador como su esposa firmaron los documentos que dan origen a una empresa privada posiblemente financiada con recursos públicos.


“Aquí lo sorprendente es que esté la firma de él y de su esposa en un documento que los involucra directamente”, afirmó el ex mandatario.

Aunque no es el primer caso denunciado sobre presunto enriquecimiento ilícito de un mandatario estatal en funciones, es poco usual que en esta ocasión no exista el mínimo interés por ocultar el origen de los recursos que dan vida a un negocio sospechoso.

“La única explicación que yo encuentro es que [Duarte] ha ejercido el poder de una manera tan absoluta (en Chihuahua ha desaparecido cualquier rastro de oposición a un punto en donde prácticamente él hace y deshace) que eso mismo lo ha llevado a estos extremos de confiarse, de dejar de tomar todas estas precauciones pensando en que no le puede pasar nada”, dijo Barrio Terrazas.

“Veo allí cierta soberbia de sentirse por encima de la ley, intocable”, remarcó.

Por otra parte, el Senador Javier Corral Jurado, del PAN, recordó que la solicitud formal de exhortar a la PGR a investigar al Gobernador César Duarte se encuentra en estudio en comisiones del Senado.

El legislador por Chihuahua adelantó que un total de 66 legisladores (poco más del 50 por ciento que integra la Cámara Alta) están dispuestos a exigir a la PGR que investigue el presunto enriquecimiento ilícito del mandatario priista, a partir de febrero próximo fecha en que arranquen las labores del periodo ordinario de sesiones.

Asimismo las diputadas federales Rocío Reza Gallegos, de Acción Nacional, y Luisa María Alcalde, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunciaron que presentarán un recurso similar en la Cámara de Diputados para instar a las autoridades competentes a investigar las finanzas del Gobernador.


DUARTE Y SU ESPOSA FIRMAN FIDEICOMISO


En la denuncia interpuesta ante la PGR se especifica que César Horacio Duarte Jáquez y su esposa Bertha Olga Gómez Fong firmaron el Contrato de Fideicomiso número 744743, de Administración e Inversión, formalizado ante el Notario Público No. 6, en noviembre del 2012.

En ese contrato, Duarte Jáquez y Gómez Fong aportaron sesenta y cinco millones de pesos con el objeto de que la Fiduciaria (Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte) realizara la adquisición de acciones del Banco Progreso de Chihuahua.

Al firmar el texto los fiduciarios manifestaron bajo protesta de decir verdad, que los recursos aportados fueron de procedencia lícita y actividades propias de ellos.

Este es el primer aspecto que motivó la sospecha ciudadana. Aunque se desconoce cuál era el patrimonio del mandatario priista antes de iniciar su función gubernamental, el demandante consideró que tanto Duarte como su esposa carecen de recursos para aportar de su propio bolsillo 65 millones de pesos.

Por lo que supone que la creación del Banco Progreso de Chihuahua se realizó con recursos económicos de procedencia ilícita o con recursos del erario de la entidad

Las actividades anteriores e inmediatas que se le conocen a Duarte es como vendedor de autos usados, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Diputado local y Diputado federal en dos ocasiones.

“Si bien es cierto la constitución del fideicomiso en cuestión, aparenta ser una operación legítima, por otra, ante el desconocimiento del patrimonio de los fideicomitentes existente antes del inicio del cargo de Gobernador en atención a lo antes dicho y al hecho de que los ingresos que como Gobernador obtiene César Horacio Duarte Jáquez, según el portal de transparencia son del orden de $120,245.00 mensuales”, se lee en la denuncia penal.

Salario que no le permitiría reunir la cantidad de 65 millones de pesos para adquirir el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso.

Asimismo, se configura otro presunto delito por parte del Gobernador priista, ya que al realizar labores públicas a favor del Banco del que es accionista junto con la señora Bertha Olga Gómez Fong, proporciona un beneficio económico para sí mismo y para su esposa.

“Al proporcionarle beneficio económico a su consorte Bertha Olga Gómez Fong también socia de la institución, por tanto, con las consecuencias benéficas, pero ilegales, mencionadas, con ello tenemos la comisión de dos delitos realizados con la celebración de un acto jurídico correspondiente al ámbito de las decisiones financieras del Estado”, se lee en el documento.

El activista Jaime García Chávez consideró que la PGR, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) deben investigar la procedencia y origen de las cantidades depositadas en el fideicomiso.

“Cuyo análisis con toda seguridad […] confirmará que la cantidad que César Horacio Duarte Jáquez invirtió en el fideicomiso es producto de actos de corrupción”.

El enriquecimiento ilícito es sancionado por el Código Penal Federal en su artículo 224 que dispone que:


“Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: David Martínez Huerta.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-01-2015/1222630.