viernes, 30 de enero de 2015

Presumen su Oro... Negro

La empresa  Oro Negro ha tenido un ascenso exprés como una de las principales contratistas de Pemex. Su director, Gonzalo Gil White es hijo del exsecretario de Hacienda de Vicente Fox.

El hijo del exsecretario de Hacienda de Vicente Fox, Gonzalo Gil White, sonríe en la portada de la edición de enero-febrero de la revista Forbes México.

En su papel como director general de Oro Negro, compañía que ha tenido un ascenso exprés como una de las principales contratistas de Pemex, la fotografía ilustra una entrevista desplegada en siete páginas que firma el editor ejecutivo de la publicación, Zacarías Ramírez Tamayo.

El hijo de Francisco Gil Díaz, considerado por muchos como un hombre clave en el mundo financiero mexicano, confiesa en estas páginas que la compañía “va por más”.

Esta nueva etapa para la empresa -construida con dinero de ahorradores de la afore de Banamex, un fondo del gobierno de Singapur y experiencia de exfuncionarios panistas en el Gobierno Federal- trae un empujón: una serie de adjudicaciones directas de Pemex, firmadas desde 2013, las cuales en los próximos años le representarán ganancias por mil 940 millones. 

La mala racha que vive la petrolera, con la caída en su producción y el desplome de los precios del petróleo, “refuerza, antes que debilitar, el modelo de negocio de Oro Negro”, dijo Gil White a Forbes México. 

El propio director de la empresa admite que los altos precios de los equipos que le renta a Pemex ayudan en este modelo de negocio.

Documentos oficiales obtenidos por Reporte Indigo prueban que estos precios están por encima de los que se cobran por equipos similares en otros sitios del mundo y los que estaban autorizados por la nueva empresa productiva estatal en sus estudios de mercado.

Sin embargo, estos contratos con precio más alto serán, dice el empresario, el trampolín para la compañía que ya se enfoca en el siguiente paso: pasar de contratista a socio de Pemex. 

Un ascenso exprés

Oro Negro se fundó en febrero de 2012 y obtuvo sus primeros dos mega contratos con Pemex por adjudicación directa apenas un año después, en abril de 2013. 

Se firmaron el mismo día por un monto que sumado significó 381 millones de dólares para la empresa (4 mil 657 millones de pesos, al tipo de cambio de esa fecha).

Nueve meses más tarde, en enero de 2014, otras dos adjudicaciones directas se firmaron con Pemex por 471 millones de dólares (6 mil 244 millones de pesos), que vencerán en diciembre de 2017. 

Las cuatro adjudicaciones se dieron por medio de la compañía Todco México, Inc., que Oro Negro había comprado en mayo de 2012.

Formaban parte, según la versión que dio Pemex a este diario, de una serie de acuerdos firmados en 2011 para la renta de plataformas a compañías privadas.

En noviembre de 2013, Reporte Indigo tuvo acceso a un documento interno de Pemex que contenía un calendario de contrataciones por adjudicación directa.

Allí se contemplaba la renta de las primeras plataformas ya contratadas, Laurus y Primus, las cuales se compraron con créditos bursátiles negociados por Banamex.

El astillero Keppel Fels, con sede en Singapur, desde esa fecha ya tenía pedidos de Oro Negro para otras seis plataformas. 

El portal de seguimiento de maquinaria petrolera Rigzone muestra que las primeras cuatro, Laurus, Primus, Fortius y Decus, ya se encuentran en el Golfo de México con Pemex como su operador. 

El calendario mostraba una coincidencia entre las fechas de entrega de estas plataformas con las contrataciones de Pemex, de las cuales ninguna otra se ha hecho pública por medio del portal de transparencia del IFAI.

En la entrevista con Forbes México, hecha a finales de diciembre, Gonzalo Gil anunció que la quinta plataforma que le rentará a Pemex ya venía en camino desde Singapur. 

Más de un mes después, Rigzone aún registra esta plataforma, llamada Impetus, aún sin operador y con ubicación en ese país asiático. 

Pemex no ha publicado ningún contrato que indique cuánto pagará por la renta sin opción a compra de esta plataforma. 

El director de Oro Negro declaró a la revista que el valor actual de los contratos de su empresa con Pemex es de 895.8 millones de dólares, en los que se incluye el nuevo, de Impetus, que iniciaría operaciones en marzo. 

Si restamos esta cifra al valor de los contratos ya publicados, este nuevo tendría un costo de apenas 43.8 millones de dólares, cifra seis veces menor a la renta de este tipo de plataformas en el extranjero, lo cual no hace creíble el valor del contrato que compartió el empresario con la revista.

Más aún, Gil declaró que “una vez que estén contratadas sus tres plataformas que hoy están en construcción y que llegarán en el curso de los primeros nueve meses de este año, el blacklog (valor de sus contratos con Pemex) se elevará a más de mil 504 millones de dólares”. 

Nuevamente, esta información confirma los datos del calendario que obtuvo este diario en 2013, el cual contenía como última fecha de firma del contrato de la octava plataforma será el 5 de octubre de este año. 

Rigzone confirma que Vastus, Supremus y Animus aún se encuentran en construcción, con Oro Negro como dueño y sin operador designado.

Las cifras que dio Gil a Forbes indican que los contratos con Pemex se firmarían a un mínimo de 203 millones de dólares por plataforma.

A río revuelto…

Este año parece ser uno de los más difíciles en la historia de Pemex.

Hay un declive acelerado en la producción de Cantarell y Ku Maloob Zaap, sus activos más importantes en la sonda de Campeche, el desplome en el precio del barril de 79 dólares que fue aprobado en el presupuesto federal a menos de 40 que se ha cotizado durante enero. 


Al mismo tiempo, el sector energético mexicano enfrenta la primera ronda de la reforma en el sector, en la cual se licitarán 14 bloques en aguas someras frente a las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche.

A los directivos de Oro Negro no les preocupa esta situación. Al contrario, la consideran un nicho de oportunidad para hacer más dinero gracias a contratos públicos. 

“A precios de 40 a 50 dólares del barril de la mezcla mexicana, se vuelve inviable extraer crudo de yacimientos de altos costos operativos, como lutitas y aguas profundas; por tanto, una opción son las aguas someras del Golfo de México. 

“Las plataformas de Oro Negro son precisamente para estas áreas, donde Pemex comenzará a intensificar su actividad para compensar con más producción la caída en sus ingresos debido a los precios bajos”, escribió el editor ejecutivo de Forbes México. 

La década que corre, explica el editor, traerá una 30 plataformas nuevas al país antes de 2020, además de otras 25 que deben sustituirse porque tienen más de 35 años de antigüedad. 

El director de Oro Negro aseguró que “aunque estas nueve plataformas tienen una tarifa diaria más alta que las convencionales, al final la perforación de un pozo cuesta 25 por ciento menos”.

La renta de las plataformas, en efecto, se está pagando a un precio más alto que el normal en el mercado. 

Un estudio elaborado por el testigo social Edwin Allan Simpson, que Pemex tuvo en su poder desde agosto de 2011, del que este diario tiene una copia, muestra que los precios autorizados para estas plataformas con capacidad de perforar a 30 mil pies de profundidad eran menores. 

La fecha del documento es anterior a que Pemex firmara con varias compañías, incluida Oro Negro, los acuerdos para las rentas de estas plataformas.

El caso de la empresa que dirige Gonzalo Gil es aún más inusual, ya que al momento de la firma del acuerdo ni siquiera se habían constituido como empresa, según la réplica que envió Pemex al reportaje publicado por este diario en noviembre de 2013. 

En agosto de 2011, el testigo social presentó a Pemex una revisión de la licitación 514, la cual buscaba arrendar tres plataformas. 

El documento consigna que Pemex contó entonces con un estudio de mercado con datos del portal ODS Petrodata, el cual se basó en los reportes “Rig Time Point Series” y “Rig Point Availability”, ambos de septiembre de 2010.

Estos estudios indicaron que existían en el mercado nacional e internacional 26 equipos autoelevables disponibles, con capacidad para perforar a 30 mil pies. 

El precio máximo que Pemex debía pagar por ellos era de 137 mil 347 dólares diarios, de acuerdo con evaluaciones que hizo la petrolera en esa fecha, ajustando los servicios requeridos con base en el precio internacional.

Estos precios no se respetaron. Una solicitud de información que contestó Pemex Exploración y Producción al ingeniero Francisco Garaicochea muestra que los sobreprecios pagados a varias compañías mexicanas y extranjeras sumarán 288 mil dólares diarios durante el resto de la administración actual.

Los contratos de Oro Negro para Primus y Laurus le representarán 159 mil dólares diarios, mientras Fortius le significará 161 mil 125. 

Esto implica que en los últimos dos años ya se han pagado sobreprecios que suman 49 millones de dólares (734.6 millones de pesos al tipo de cambio actual).

El socio capitalista

Con la renta de plataformas bajo la manga, Oro Negro ya ha sostenido conversaciones preliminares con algunas empresas, que concretarán cuando se definan los ganadores de la ronda uno. 

“Además de ofrecer una gama de servicios integrados, Oro Negro puede ser un socio capitalista en alianzas con Pemex”, dijo el empresario a Forbes México. 

Esto es, financiar proyectos de otras empresas privadas, con el conocimiento que ya tienen sobre el funcionamiento interno de la petrolera. 

Este conocimiento no es menor, ya que cuentan entre sus principales operadores a dos exdirectores generales de la paraestatal. 

Juan José Suárez Coppel, quien dirigió Pemex de noviembre de 2009 a noviembre de 2012, ha sido mencionado como socio de la compañía por varias fuentes cercanas a la empresa. 

Aunque su nombre no aparece públicamente en ningún documento de la empresa al que haya tenido acceso este medio, el exfuncionario nunca lo ha desmentido. 

Como presidente del comité ejecutivo de la compañía está Luis Ramírez Corzo, quien a su vez dirigió la petrolera de noviembre de 2004 a diciembre de 2006.

Ramírez Corzo ha sido una especie de consejero externo para el actual director de Pemex, Emilio Lozoya, con quien tiene una relación cercana desde que éste fue novio de su hija durante los años en que Lozoya estudió licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 


Es por ello que Oro Negro se alista para “poder formalizar una alianza estratégica con Pemex para algunos de los bloques de aguas someras”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

La PGJDF abre indagatoria por homicidio y lesiones culposas

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) abrió una carpeta de investigación por los presuntos delitos de homicidio y lesiones culposas por la explosión de una pipa de gas en el Hospital Materno Infantil en Cuajimalpa, que dejó un saldo de dos muertos –una mujer y una recién nacida– y 66 heridos.

En conferencia de prensa, el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza precisó que los tres operadores de la pipa, propiedad de Gas Express Nieto, fueron detenidos y se encuentran en el hospital por las quemaduras que sufrieron.

Se trata de Julio César Martínez, Carlos Chávez y Salvador Alatorre, a quienes se les tomará su declaración en cuanto los médicos autoricen que se les puede ver, agregó.

De acuerdo con Ríos Garza, un representante de la empresa se presentó al lugar de los hechos y manifestó que Gas Express Nieto cubrirá todos los gastos que se deriven de la explosión.

El funcionario federal señaló que el reporte preliminar del accidente indica que la explosión fue provocada por una fuga en la manguera de abastecimiento del combustible.

Relató que, de acuerdo con las primeras investigaciones, uno de los operadores subió al primer piso para conectar la manguera del gas “y es cuando se dan cuenta de que hay una fuga en una manguera de la pipa, muy cercana a la unidad”.

Añadió: “Los operadores hacen lo que llaman como una nube de gas y después lo reportan. Llega el heroico cuerpo de bomberos y, previamente a la llegada de ellos, también ya había personal buscando tapar esta fuga, es por supuesto algo que tendrán que determinar los peritos el por qué la válvula no se cerró y con esto se evitaba la fuga en la manguera”.

Cuando llegan los bomberos, dijo, es cuando se da la explosión.

Sobre la investigación, adelantó que va en el sentido de saber por qué no se cerró la válvula o si hubo negligencia o descuido, pero el reporte preliminar de lo que sucedió es que fue “una fuga”, insistió.

El procurador capitalino aseguró que hubo una primera evacuación y casi inmediatamente después llegaron los bomberos, por lo que se verificarán las bitácoras de la empresa y del hospital.

Respecto de las dos personas que perdieron la vida, sostuvo que se trata de una mujer de entre 40 y 45 años, y una recién nacida, cuyos cuerpos se encuentran en el anfiteatro de la PGJDF para su identificación.

Por separado, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el gobierno federal apoyará las investigaciones que realicen las autoridades capitalinas.

En entrevista, el funcionario federal aseguró que los protocolos de actuación del Gobierno del Distrito Federal fueron buenos y oportunos, sin embargo, recalcó, se tiene que trabajar para que los protocolos de Protección Civil sean no sólo un ejercicio en el discurso, sino una acción que comprometa a todos.

Luego de lamentar los decesos registrados por el accidente, el titular de la Segob pidió esperar los reportes oficiales para evitar confusiones.


“Yo esperaría que sea la propia autoridad la que pueda darles a conocer a ustedes el saldo (de muertos y heridos”). No quiero adelantar, permítanme que sea la Procuraduría (capitalina) para evitar que haya confusiones en la información, ya de hecho hubo desde temprano confusión en la información, ustedes vieron que hicieron el comentario de tres, lo llevaron hasta nueve. La autoridad local ha dicho otra cifra, así que mejor esperemos a la cifra oficial que la dará el propio jefe de Gobierno”, destacó antes de que la PGJDF diera a conocer la cifra de fallecidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Contratista de la Casa Blanca, acapara megaobra en Nuevo León

MÉXICO, D.F: Grupo Higa, una de las empresas favoritas del gobierno federal, acapara el 53 por ciento del proyecto Monterrey VI, cuyo costo total podría ascender a los 57 mil millones de pesos.

El diario Reforma detalla en su edición de este viernes que el consorcio que encabeza Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de la cuestionada Casa Blanca de Lomas de Chapultepec, participará mayoritariamente en la construcción de ese acueducto con dos empresas. Una de ellas es Concretos y Obra Civil del Pacífico, con participación de 37.5 por ciento y la otra Desarrollos y Construcciones Rogar con 15.25 por ciento que dan un total de 52.75 por ciento.

La primera empresa pertenece directamente a Higa, mientras que la segunda está a nombre del regiomontano Jesús Rogelio García Arzabala, quien es apoderado y representante legal de la primera.

El semanario Proceso adelantó en sus ediciones 1985 y 1989 la participación de Hinojosa Cantú en el Acueducto Monterrey VI. Consignó también que del monto total destinado a dicha obra, el gobierno federal aportaría alrededor de 20 mil millones, cifra cercana a la que recibiría, a su vez, el empresario favorito del peñismo por su participación.

El proyecto Monterrey VI que busca llevar agua de la cuenca del río Pánuco a la zona metropolitana de Monterrey, es cuestionado por diversos organismos ciudadanos que exigen al presidente Enrique Peña Nieto su cancelación por considerarlo caro, innecesario y poco transparente.


Grupo Higa recibió en menos de dos años del gobierno peñista al menos 22 mil millones de pesos en contratos de obra, mientras que el durante el periodo de Peña como gobernador del Estado de México la empresa de Hinojosa obtuvo contratos por más de 35 mil millones de pesos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Si no eres optimista traicionas a México

MÉXICO, D.F: “Quien se atreva a cuestionar al Ejército es antipatriótico y un enemigo del Estado”. Este es el peligroso mensaje que durante las últimas semanas ha enviado el gobierno mexicano.

En contraparte, la administración federal pretende deslegitimar los posicionamientos críticos con una campaña a favor del “optimismo” insípido; recurre al nacionalismo de Estado para sembrar la idea de que el “verdadero mexicano” es quien sonríe y olvida los agravios.

El pasado 13 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer la plataforma “Yo soy mexicano” (http://yosoymexicano.mx/) -financiada, claro está, con recursos públicos-. En dicho sitio se difunden historias de “éxito”, como la de Daniel Ovadía: “Uno de los cocineros más inquietos y tenaces de la cocina mexicana. Con su excéntrica y chispeante cocina, deja claro que es una tendencia por seguir y revisar”.

También las aventuras de Yonathan Brito: “Tuve la oportunidad de viajar por el mundo y convivir con diferentes culturas; así descubrí que ser mexicano es el pasaporte mágico para ser invitado a tomar vodka por polacos”. Y las aficiones de Elizabeth Martínez: “Amo a mi país. Me considero amante de la cocina mexicana, los puestos de tacos en la calle y la calidez de mis compatriotas”.

Los testimonios expuestos en el proyecto “Yo soy mexicano” coinciden con el mensaje navideño emitido por Peña Nieto: “Sólo una actitud positiva, constructiva y de propuesta, nos permitirá modelar a todos el México que queremos tener y proyectar hacia el mundo entero. De todos depende la construcción y modelar el México que queremos tener, en el que queremos vivir, alejado de la violencia”.

Por el contrario, quien se atreva a cuestionar la participación del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un enemigo de la nación, como lo sugirió el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda: “Aportaremos nuestros mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos sin amedrentarnos por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece (…) el rumor, la intriga y la deslealtad corroen cimientos, mancillan convicciones, frenan el potencial que tiene el país y debilitan las instituciones’”. Y también el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong: “Hay interés de generar desconocimiento o querer involucrar a nuestro Ejército y a nuestras fuerzas federales en los hechos de Iguala”.

El miércoles pasado, durante un encuentro en la residencia oficial de Los Pinos con integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Peña Nieto insistió: “Estoy convencido de que este instante, este momento en la historia de México, de pena, de tragedia y de dolor no puede dejarnos atrapados. No podemos quedarnos ahí”.

Minutos después, en una rueda de prensa, el procurador Jesús Murillo Karam expresó en tono de confrontación: “No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola, las mismas declaraciones iniciales de los que hoy dicen que el Ejército fue, lo acusaban de omisión, las mismitas. No hay una sola evidencia, una sola, la participación del Ejército, ni siquiera había un grupo razonable (de militares)” (sic).

En distintas intervenciones, los miembros del gabinete han pedido a la sociedad “superar” Ayotzinapa y censuran a quienes cuestionan la probable participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes. Como en los totalitarismos, el gobierno federal sugiere imponer la etiqueta de “traidor” a quien cuestione la versión oficial.

Este discurso pone las bases para una legitimación del uso de la violencia contra los detractores de la propaganda oficial; nada más alejado de la democracia. Si olvidas y te sumas al optimismo eres mexicano, si cuestionas, un apátrida.

El investigador español Roberto Augusto expone en su ensayo El nacionalismo ¡vaya timo!, las verdaderas intenciones de quienes, desde el poder, apelan al nacionalismo:

“Así la retórica nacionalista: héroes y villanos, ofensores y ofendidos, luchas memorables y derrotas gloriosas. Un discurso donde el nacionalista ocupa siempre el mismo lugar: el de héroe, el del ofendido, el del mártir. Y donde el enemigo, real o imaginario –qué más da- es siempre el culpable de los males que sufre la gloriosa ‘nación’ a la que uno pertenece. Una de la características de los nacionalistas es que, en muchas ocasiones, son unos eternos agraviados que pretenden presentarse como víctimas y mover a la compasión por la ´nación’ que dicen representar.

“(…) Mientras el nacionalista siga siendo una víctima, se verá libre de tener que justificar sus acciones, que serán siempre una compensación por agravios cuidadosamente alimentados y exagerados para que sirvan a sus intereses políticos”.

Aparte, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa censuró los recursos nacionalistas en una entrevista concedida al diario ABC el 20 de mayo de 2007:

“El nacionalismo, lo mismo el centralista que los periféricos, es una catástrofe en todas sus manifestaciones. Eso ya lo sabemos. Claro que es una enfermedad; en la práctica, un rechazo del otro porque es la aspiración completamente utópica de ir hacia sociedades racial, religiosa o ideológicamente homogéneas”.

La sociedad mexicana tiene elementos suficientes para cuestionar la verdad oficial del caso Ayotzinapa, no sólo por las múltiples inconsistencias señaladas por testigos, familiares de los normalistas, expertos y académicos, sino por la añeja tradición de los gobiernos mexicanos de ocultar la verdad. El Ejército, por su parte, tiene un largo historial de agravios contra la sociedad civil: desapariciones forzadas, violación a derechos humanos, su papel en la masacre del 68, la Guerra Sucia y Acteal, por citar un brevísimo resumen.

El ejercicio de la ciudadanía no es un dogma de fe. En la democracia no debe haber incuestionables, instituciones o personas elevadas al rango de infalibles. Indagar, preguntar, ahondar en la verdad es, a la vez, derecho y obligación de los votantes.

Que el neopriismo intente apelar al nacionalismo para levantar su desprestigiada imagen es un recurso cobarde, violento, peligroso y mezquino. No se es más mexicano por presumir una sonrisa idiota y olvidar las injurias. Todo lo contrario.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR JUAN PABLO PROAL (ANÁLISIS)

jueves, 29 de enero de 2015

El Gobernador de Sinaloa pide 5.7 mil millones a bancos y se desconoce para qué y por qué

El motivo y el destino de los 5 mil 698 millones 429 mil 93 pesos que pidió prestados el Gobierno de Mario López Valdez a cuatro bancos comerciales son desconocidos.

En 9 meses, de julio de 2013 a marzo de 2014, la Secretaría de Administración y Finanzas, cuyo titular es Armando Villarreal Ibarra, uno de los hombres más apegado a Malova, recibió 22 créditos por montos millonarios de Banorte, Banamex, Banco Interacciones y BBVA Bancomer.

La deuda pública a corto plazo por más de 5 mil 600 millones de pesos que contrajo el Ejecutivo estatal, sin autorización de los legisladores, contraviene los artículos 9 y 33 de la Ley de Deuda Pública del Estado.

EL CALENDARIO

La Auditoría Superior del Estado (ASE) reportó a los legisladores sobre los otros créditos que recibió el Gabinete de Malova. Los montos, las fechas y los nombres de los bancos comerciales, se detallan en los informes de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado de 2013 y 2014, entregados a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado que preside el priista Gómer Monárrez González. Ambas cuentas fueron dictaminadas a favor de la aprobación.

A continuación, Noroeste detalla las transferencias recibidas, según la ASE.

En julio de 2013, la SAF recibió de Banorte cuatro créditos por los siguientes montos: 50 millones de pesos; 62 millones 500 mil pesos; 207 millones 429 mil 93 pesos; y 100 millones de pesos.

Del 12 al 27 de septiembre, registró cinco transferencias a favor: las de Banorte tenían las cifras siguientes: 350 millones de pesos; 75 millones de pesos; 112 millones 500 mil pesos; y 42 millones de pesos; la de Banco Interacciones fue de 200 millones de pesos; y de Banamex percibió 350 millones de pesos.

En octubre, cobró dos préstamos más por 62 millones 500 mil pesos y 169 millones 100 mil pesos.

Para el cierre del año, en noviembre, Banorte dio al Estado tres créditos por éstos montos: 100 millones de pesos; 438 millones 900 mil pesos; y 229 millones 500 mil pesos. Al mes siguiente, se registraron dos transferencias más a favor: la primera de Banorte por 62 millones 550 mil pesos; y la otra de Banco Interacciones de 550 millones de pesos.

La ASE determinó que la deuda a corto plazo contraída con los bancos mencionados sumó 2 mil 811 millones 929 mil 93 pesos.

“De los préstamos a corto plazo suscritos durante el segundo semestre de 2013, por importe total de dos mil 811 millones 893 mil pesos, se observa que no se especifica el destino del recurso ni el motivo por el cual se están solicitando, asimismo se observa que dichos préstamos generaron intereses por importe total de 21 millones 696 mil 54 pesos con 50 centavos, detalle el informe.

El Gobierno del Estado pagó en total 2 mil 833 millones 625 mil 147 pesos.

“(Se) recomienda a la Secretaría de Administración y Finanzas, instruya a quien corresponda para que se implementen las acciones necesarias, a efecto de contar con los controles necesarios en la programación financiera del flujo de efectivo, que reflejan las proyecciones de ingresos y gastos de un periodo e identificar las necesidades de financiamiento a corto plazo, evitando contraer pasivos de corto plazo que generen el pago de intereses; y en caso contratar préstamos especificar el destino y el motivo por el cual se solicitan para dar mayo transparencia en la aplicación del recurso”, pidió el órgano fiscalizador. 

MÁS PRESTAMOS

A pesar de la recomendación, el Ejecutivo pidió más dinero prestado.

La SAF podía contraer pasivos a corto plazo hasta por 667 millones 429 mil 892 pesos, es decir, el 5 por ciento de los ingresos no comprometidos del presupuesto autorizado al Gobierno del Estado en 2014, que fueron de 13 millones 348 mil 597 mil 858 pesos.

Pero no respetó el monto establecido.

El 2 de enero del año pasado, recibió dos créditos: mil millones de pesos de Banorte y 550 millones de pesos del Banco Interacciones, con lo que excedió la cifra recomendada. Aún así, no solicitó autorización de endeudamiento al Congreso del Estado, revela la auditoría.

Al mes siguiente, el 4 de febrero, obtuvo 38 millones de pesos provenientes del Banco Interacciones. Y el 7 de marzo, 48 millones 500 mil pesos más.

Entre el 25 y 28 de abril, Banorte habilitó dos préstamos más por los montos siguientes: 500 millones de pesos de BBVA Bancomer y 750 millones de pesos nuevamente de Banorte.

Según el reporte del órgano fiscalizador, los bancos prestaron 2 mil 886 millones 500 mil pesos al Gobierno de Sinaloa, en tres meses.

“De los 6 préstamos recibidos a corto plazo durante el primer semestre de 2014 por importe total de dos mil 886 millones 500 mil pesos, se detectó que en el contrato con Bancomer no se especifica el destino del recurso y en dos pagarés de Banorte sólo se formaliza la forma y periodo de pago de amortizaciones e intereses”, aclara la ASE.

“…Se observa que (el monto de los créditos) se excede con el 16.62 por ciento, debiendo haber autorizado la contratación de estos préstamos por el H. Congreso del Estado, en apego al Artículo 33 de la Ley de Deuda Pública del Estado”, determina.

Los intereses generados ascendieron a 42 millones 304 mil 608 pesos, el doble de lo que pagó el año anterior.

LO QUE RECOMENDÓ LA ASE

“Se recomienda a la Secretaría de Administración y Finanzas, instruya a quien corresponda para que se implementen las acciones necesarias, a efecto de contar con los controles necesarios en la programación financiera del flujo de efectivo, que reflejan las proyecciones de ingresos y gastos de un periodo e identificar las necesidades de financiamiento a corto plazo, evitando contraer pasivos de corto plazo que generen el pago de intereses; y en caso contratar préstamos especificar el destino y el motivo por el cual se solicitan para dar mayo transparencia en la aplicación del recurso”, recomendó la Auditoría Superior del Estado.

DEUDA


Sin la autorización del Congreso del Estado y sin que exista reporte del destino de los recursos, de julio de 2013 a marzo de 2014, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno estatal recibió 22 créditos de Banorte, Banamex, Banco Interacciones y BBVA Bancomer que suman 5 mil 698 millones 429 mil 93 pesos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/GABRIELA SOTO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-01-2015/1233856.

Hay evidencias “fuertes y duras” en investigación sobre caso Ayotzinapa, dice Osorio Chong

El secretario de Gobernación indicó que Ayotzinapa “es una verdad que todos debemos entender como una tragedia y ante la cual se deben de tomar las acciones necesarias para que no vuelva a ocurrir”.


El secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que existen evidencias duras y fuertes en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) respecto al caso Iguala, que son una verdad que se debe entender como una tragedia.

En entrevista, en el marco de su participación en la Reunión Plenaria de Senadores del PRI, se refirió a la negativa de los familiares de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa a aceptar el informe de la PGR y dijo que las familias están en su derecho de hacer este tipo de expresiones.

Sin embargo, indicó que a los familiares se les presentó toda la información por la PGR y las evidencias, “una tras otra, que son fuertes y duras, para ellos y para todos, pero que llevan un trabajo de cientos de personas atrás”.

Expuso que “esta es una verdad que todos debemos entender como una tragedia y ante la cual se deben de tomar las acciones necesarias para que no vuelva a ocurrir”.

En cuanto a la toma de carreteras por manifestantes, el titular de la Secretaría de Gobernación manifestó que la autoridad actuó con toda prudencia, pero no se puede enarbolar la bandera de una tragedia, para generar más violencia o lastimar los derechos de otros.

Respecto a la oposición de estos manifestantes a la realización de elecciones en Guerrero el próximo 7 de junio, dijo que los comicios son un mandato constitucional y el deber de la autoridad es dar las condiciones para que se puedan realizar.

“Hemos actuado con toda prudencia, pero no pueden estar bajo ninguna bandera que lastime los derechos de otros, uno de esos derechos es el derecho a la libertad de elegir a sus gobernantes y esto con la elección del 7 d junio, así que nosotros habremos de hacer valer ese derecho”, añadió.

Sin dar detalles de las acciones que se tomarán, Osorio Chong afirmó que actuarán en contra de los grupos que se han infiltrado en el movimiento de Ayotzinapa con el objetivo de generar violencia y señaló que esos grupos se han podido identificar gracias a labores de inteligencia.


“Creo que está evidente que algunos grupos, con la bandera de la tragedia de Ayotzinapa, están movilizándose y están cometiendo excesos: quema de vehículos, de instituciones (…) Más allá de lo que haga el gobierno del estado, lo que nos toca a nosotros, lo vamos a hacer con toda firmeza y eso quedará acreditado cuidando siempre los protocolos. No podemos, a partir de una tragedia, generar más violencia en el país”, dijo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

No quiero que esto termine como el 68: gobernador de Guerrero sobre Ayotzinapa

"Ya hemos sido tolerantes al extremo", asegura Rogelio Ortega sobre las protestas por los estudiantes desaparecidos.

El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, manifestó su temor de que las protestas por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, terminen con violencia y con una “salida autoritaria”, como en el conflicto ocurrido en 1968.

“Yo no quiero que este conflicto termine con la violencia y con una salida autoritaria. No quiero que esto termine como el conflicto del 68 en la plaza de las Tres Culturas. En Guerrero tenemos un repertorio inmenso de conflictos que inician y terminan con más violencia y con salidas autoritarias y represivas.

Por esto, he impulsado el diálogo permanente para que se abandone la ruta de la confrontación, de las acciones que lastiman y vulneran los derechos de terceros, y que generan una gran presión social a la autoridad para aplicar la ley; al grado tal que nos han dicho: ‘Gobernador, aplicar la ley no es represión’. Cuando los movimientos se radicalizan van al choque y a la confrontación, y a la violación de derechos de terceros.

Estos grupos al verse cada vez más reducidos, incrementan su accionar y su beligerancia a través de la exigencia, la coacción y el choque”, dijo en entrevista publicada este jueves en El Universal.

No obstante, el mandatario dijo que “hemos llegado a un momento donde no se pueden permitir más esas acciones, porque se pierde la credibilidad en un proyecto de gobernabilidad democrática. Ya hemos sido tolerantes al extremo”.

Ante la pregunta sobre si ya quedó cerrado el caso de los normalistas, mencionó: “He sido el más optimista en que logremos encontrarlos con vida, aún en un canje, y no es demagogia; estoy dispuesto [si acaso los tienen retenidos y los quieren canjear] a ir donde me digan, daría mi vida por los 43 o por sólo uno de ellos. Yo ya viví y sé del dolor.Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el escenario de la esperanza de encontrarlos con vida se va desvaneciendo; la autoridad federal nos ha demostrado la intensa búsqueda que se ha hecho y ahora se va construyendo la posibilidad del otro escenario no deseado y catastrófico; sin embargo, la vida sigue”.


“Hay familias que están en el dolor y en el sufrimiento, pero si se les habla con la verdad y si se puede encauzar de manera institucional en la ruta de reparación del daño y con generosidad podremos retomar la ruta de la reconciliación, la ruta del perdón, y el apoyo para que quienes han sufrido tanto por esta tragedia puedan dejar de tener incertidumbre”, concluyó Ortega.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ayotzinapa, “una atrocidad que puso de relieve la magnitud de la corrupción”: Freedom House

México recibió una calificación de tres puntos en una escala del 1 al 7, en donde 1 es lo mejor y 7 lo peor. Revisa el informa íntegro.

La organización Freedom House, que monitorea las democracias y libertades en el mundo, destaca la impunidad que existe en nuestro país, específicamente por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

La nota sobre México mereció una “flecha de tendencia a la baja“, por la crisis en Guerrero, luego de la desaparición de los estudiantes normalistas.

Freedom House señaló que el caso Ayotzinapa es “una atrocidad que puso de relieve la magnitud de la corrupción entre las autoridades locales y el medio ambiente de impunidad en el País”.

México recibió una calificación de tres puntos, en una escala del 1 al 7, en donde 1 es lo mejor y 7 lo peor.


Dicho informe enfatiza que México es un país “parcialmente libre”.

Informe Freedom House 2015 by Aristegui Noticias



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

En caso Ayotzinapa, “la verdad no ha sido esclarecida”: Santiago Aguirre

“A cuatro meses de los hechos, es difícil ver jurídicamente cómo podrán corregir acusaciones que ya han sido formuladas, y el tema de la desaparición forzada es fundamental", dijo.

De ninguna manera se puede considerar que la verdad sobre el caso Ayotzinapa ya ha sido esclarecida, “hay un camino todavía por recorrer”, advirtió Santiago Aguirre, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

En entrevista para Aristegui CNN, indicó que el anuncio de la PGR esta semana -sobre la “verdad histórica” de los hechos- no se les notificó previamente a los padres de los estudiantes.

“De una manera objetiva y contundente señalaron 10 puntos por los cuales no se puede dar carpetazo al caso y esos 10 puntos se plantean ante la autoridad, pero también ante cierto sector de la opinión pública que quisiera ya ver a los padres en una suerte de aceptación incondicional de la versión oficial que está brindando la PGR”, expuso.

Aguirre explicó que en la investigación “se describieron muchos peritajes”, pero “han sido realizados por el área de periciales de la PGR, pero como los familiares han insistido, la identificación de genética forense tenía que realizarse también por peritos independientes. La certeza jurídica sobre la hipótesis oficial tiene que contrastarse con el trabajo de científicos independientes y eso todavía no ocurre”.

Además, dijo que la PGR da un peso específico muy importante de declaraciones de presuntos delincuentes, rendidas ante el Ministerio Público, “en un país donde tenemos bien documentado que ocurre la coacción, tratos crueles, incluso la tortura cuando las personas declaran ante el Ministerio Público, ese peso de inculpados, privados de su libertad, asegurados por el Ministerio Público, declarando. Desde luego que induce a no poder asignarle plena credibilidad a esas declaraciones, es un elemento real”.

Respecto al normalista Julio César Mondragón, quien fue desollado, Aguirre mencionó que ese homicidio “no mereció una sola mención en la conferencia de prensa y es un hecho que por su atrocidad, pero también por su relevancia para entender lo que ocurrió,  debe de ser esclarecido y no ha formado parte de esta narrativa oficial de la PGR”.

Si se afirma que la de la PGR es la versión oficial y que estaríamos ante una “verdad histórica”, “la pregunta es ¿cómo podemos llegar a ese nivel de certeza, cuando no han sido detenidas personas que la propia PGR identifica como fundamentales para entender lo que ocurrió en esa versión oficial?”, preguntó.

“Hablamos de Felipe Flores, responsable de la policía de Iguala que sigue prófugo y que sigue prófugo a pesar de declarar el día 27 de septiembre ante el Ministerio Público, hablamos de Francisco Salgado Balladares, su subalterno; hablamos de Gildardo Astudillo, uno de los líderes regionales de Guerreros Unidos; hablamos de Ángel Casarrubias Salgado, otro de los líderes regionales de Guerreros Unidos.  Hay una serie de personas que en la versión oficial tendrían un peso muy relevante y que hoy continúan prófugos y así no podemos hablar de verdad histórica”, enfatizó.

También recordó que “al día de hoy no hay un solo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada, las consignaciones han sido por el delito de secuestro, delincuencia organizada, homicidio en otros casos, pero no hay un solo acusado ante juez de desaparición forzada”.

“A cuatro meses de los hechos es difícil ver jurídicamente cómo podrán corregir acusaciones que ya han sido formuladas y el tema de la desaparición forzada es fundamental, porque no se puede equiparar secuestro a la desaparición, en la desaparición está implícito un elemento fundamental que es la responsabilidad del Estado, no es un tema de la cantidad de penas o gravedad de la penalidad como se quiso presentar en la conferencia”, detalló.


Aguirre apuntó que “en el expediente sí hay indicios para investigar al Ejército. En concreto, estamos señalando que hay una declaración de un policía, que narra cómo, al menos desde el año 2013, había dado aviso al Ejército Mexicano de que la policía de Cocula estaba controlada por César Nava, director policía municipal, y por lo tanto por Guerreros Unidos”.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

A 4 meses de Iguala: la advertencia de Abarca fue “yo tengo ‘jijos’ de la chingada para matar”

Tanto las autoridades estatales, como las federales, ignoraron las denuncias de ciudadanos que de Iguala que advirtieron que el exalcalde amenazó y asesinó a líderes campesinos.

El 15 de mayo de 2013, el dirigente agrario Arturo Hernández Carmona, junto con toda la dirigencia de su organización, Unidad Popular, fueron recibidos en audiencia oficial por quien aún era alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para analizar la problemática de violencia política que sufría el municipio, luego de que en marzo de ese año fuera asesinado en su despacho otro líder social, el síndico Justino Carvajal.
Ese día, recuerda Rafael Ochoa, uno de los dirigentes campesinos presentes en la reunión, el ingeniero Arturo Hernández Cardona “le dijo a Abarca que lo hacía responsable de lo que le pudiera suceder a él, o a los compañeros de Unidad Popular, y es ahí cuando se molesta José Luis Abarca y le dice que no va a andarlo cuidando… en esa reunión, Abarca nos dijo que ya tenía unas máquinas que nos iba a prestar para hacer obras en las colonias que representábamos, pero que si queríamos nosotros paz, teníamos que estar de su lado, y cuando se le dijo que no se aceptaba esa condición, que nosotros no estábamos con él, Abarca nos respondió: ‘¿Ah sí? Pues si ustedes manejan gente, yo manejo jijos de la chingada’, y como vio que no le hicimos mucho caso, él remarcó: ‘O sea, si no entienden, yo tengo gente para matar'”. Por esta amenaza, destaca Rafael Ochoa, su organización presentó una denuncia ante el Ministerio Público, que no derivó en acción alguna.

Dos semanas después, el ingeniero Arturo Hernández Cardona y otros seis integrantes de Unidad Popular fueron raptados, minutos después de encabezar una protesta en la caseta carretera de Iguala, organizada para demandar la entrega de abono a campesinos. Tres días después, el 3 de junio de 2013, Hernández Cardona y tres de los campesinos con los que había sido secuestrado, fueron encontrados, muertos, en una fosa clandestina ubicada en el vecino municipio de Mezcala.

Ese mismo día en que los cuerpos fueron localizados, subraya Rafael Ochoa, “yo fui arrestado por la Policía Municipal, estaba en una colonia que antes se llamaba La Pradera, donde nuestra organización tenía bases, y todos fuimos desalojados por la fuerza, a mí me arrestaron, me sembraron un arma, me obligaron a sostenerla para que me tomaran fotos con ella, y me llevan al reclusorio… a otros compañeros, además, los torturaron ahí mismo, aplicándoles descargas eléctricas con un aparato… yo estuve detenido 20 horas, y luego, mediante el pago de una fianza, fui puesto en libertad. Inmediatamente después huí de Iguala, con toda mi familia.”

–¿Usted fue testigo directo de las amenazas de José Luis Abarca?

–Sí –responde Ochoa–, yo no puedo decir que él fue directamente quien jaló el gatillo, pero sí puedo afirmar, porque ahí estaba yo, que él nos advirtió que tenía gente para matar, esa fue su expresión, ‘yo tengo gente para matar’… de hecho, como el ingeniero Hernández Cardona lo encaró cuando nos dijo eso, la esposa de Abarca, la señora María de los Ángeles Pineda, que también estaba en la reunión, se puso en pie y quiso írsele a los golpes al ingeniero… tuvo que intervenir la regidora Sofía Lorena Mendoza para evitar que lo golpeara… en ese momento todos nos salimos del despacho de Abarca, y cuando íbamos saliendo nos volvió a gritar que no olvidáramos que él tenía ‘jijos de la chingada’ para lo que se le ofreciera.

A pesar de que Unidad Popular promovió ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero una denuncia contra Abarca por dichas amenazas, y a pesar de que éstas se cumplieron 15 días después, cobrando la vida del ingeniero Hernández Cardona y otros tres campesinos, el gobierno estatal, entonces aún encabezado por el perredista Ángel Aguirre, no emprendió ninguna acción en contra del alcalde igualteco.

En la misa línea, la Procuraduría General de la República (PGR) tampoco inició ninguna investigación, cuando esta denuncia fue presentada a nivel federal.

“Por eso –subraya Ochoa–, me parece muy raro que las autoridades estatales y federales se esperaran hasta el 26 de septiembre (de 2014) para hacer algo. O sea, tuvieron que desaparecer a 43 muchachos y tuvieron que ser asesinadas seis personas más, para que el gobierno se diera cuenta que sí, que José Luis Abarca asesinó a nuestro líder, el ingeniero Arturo Hernández Cardona, porque cuando encarcelaron a los Abarca no fue por la desaparición de los normalistas, sino que fue por el asesinato de Arturo… el gobierno federal y estatal dejaron pasar un año y cuatro meses, para iniciar una investigación contra el exalcalde y su esposa, por el asesinato de nuestro líder, que era una persona dedicada cien por ciento a defender a los pobres, y esta tardanza, claro, las autoridades no han querido explicarla. Si hubieran actuado de forma inmediata, tal como dicta la ley, los muchachos de Ayotzinapa seguramente no habrían sido desaparecidos por la Policía Municipal y estarían hoy tomando clases en su escuela.”

Cabe recordar que Abarca y su esposa (presidenta del DIF municipal, y aspirante a suceder a su esposo en la alcaldía de Iguala) pidieron licencia al cargo cuatro días después del ataque perpetrado por la Policía Municipal en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, y ese mismo día se dieron a la fuga. Y, luego de un mes prófugos, la pareja fue detenida en el Distrito Federal, pero no por el secuestro de los 43 normalistas, sino por su presunto involucramiento en el asesinato del ingeniero Arturo Hernández Cardona.

No fue sino hasta el pasado 13 de enero de 2015 que la PGR fincó cargos a ambos por el ataque policiaL perpetrado contra los estudiantes, así como por su presunta vinculación con el cártel conocido como Guerreros Unidos, cuyos sicarios, hoy se sabe, participaron en el crimen contra los normalistas.

Para intentar conocer la forma en que este grupo criminal fue arraigando en Iguala, se consulta a distintos tipos de habitantes: agricultores, empresarios, líderes sociales, políticos, empleados. Y ya sea por verdadero desconocimiento o por expreso temor a represalias, nadie aventura una respuesta.

El mejor ejemplo es el del doctor Lázaro Mazón, exalcalde de Iguala en dos periodos, exsenador perredista por Guerrero, exsecretario de Salud del Estado, en el gabinete del hoy exgobernador Ángel Águirre. Mazón, además, fue quien presentó a José Luis Abarca ante la dirigencia del PRD, cuando éste comenzó su búsqueda de la candidatura perredista a la presidencia municipal de Iguala.

“Yo nunca he negado que conocí a José Luis Abarca –señala el doctor Mazón–, su mamá y mi mamá fueron amigas, pero yo no respondo por lo que hacen mis familiares ni mis amigos (…) Yo, por cuestiones de mi seguridad personal, he tratado de no escuchar pláticas que dicen esto y aquello, que el grupo rojo, que el grupo amarillo, que el grupo verde… yo trato de ni siquiera saber, yo escucho que los zetas, que los chacos y, creeme, yo no sé lo que es uno y lo que es otro, yo trato de no involucrarme ni saber de eso. Yo aprendí más de eso después de los balazos (el ataque policiaco contra los normalistas del 26 de septiembre), aprendí que había un grupo de Iguala llamado Guerreros Unidos, y que había un grupo llamado Los Rojos. Esa fue –remata– la primera vez que empecé a escuchar de ellos…”


Y así como él, muchos más en Iguala.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

Juez rechaza la demanda presentada por Cassez contra Felipe Calderón

En cuanto a la acusación contra exfuncionarios, el juez dijo que era incompetente porque esos casos no se pueden tratar por la vía civil.

El diario Reforma informó este jueves 29 de enero que un juez federal rechazó admitir la demanda por 36 millones de dólares de la ciudadana francesa, Florence Cassez, por daño moral contra el expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, otros exfuncionarios, Grupo Televisa y dos periodistas.

Juan Manuel Vega Tapia, juez segundo de distrito en materia civil, se declaró incompetente, ya que dijo que –en cuanto a la acusación contra exfuncionarios– la vía civil no es la procedente, sino que debe ser revisado bajo la Ley Federal de Responsabilidad patrimonial del Estado.

En la demanda a Televisa y a los reporteros Carlos Loret de Mola y Pablo Reinah – responsables de difundir el montaje que hizo la Policía Federal bajo el mando de Genaro García Luna para simular la captura de Cassez en diciembre de 2005-, el juez Vega determinó que el caso debe ser revisado por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia del DF, pues no es un asunto federal.

Los abogados de Cassez todavía no son notificados del asunto, pero pueden aceptar el fallo para iniciar los nuevos trámites o apelar ante un tribunal unitario de circuito.

La ciudadana francesa detenida por su presunta participación con una banda de secuestradores basa su reclamo en la sentencia de la Primera Sala de la Corte, que ordenó su liberación en enero de 2013, ya que consideró que era inocente porque el montaje televisivo sobre su captura tuvo un “efecto corruptor” que vició todo el proceso penal en su contra.

Florence Cassez fue condenada en México a 60 años de cárcel por secuestro en 2005 y fue liberada en enero de 2014 después de que la Suprema Corte le otorgara un amparo por “las irregularidades ocurridas durante su proceso”.

La ciudadana francesa fue detenida por elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que dirigía Genaro García Luna. En ese entonces fue acusada de pertenecer al grupo delictivo Los Zodiaco, liderado por su pareja sentimental, Israel Vallarta, y de participar en al menos tres secuestros.


Los funcionarios que participaron en la aprehensión de Cassez incurrieron en por lo menos tres delitos: contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, de acuerdo con un reporte emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ordenan a INE investigación por promoción de Manuel Velasco, Eruviel Ávila y Javier Duarte

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido órdenes, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ), de investigar si hay promociones de la imagen de los gobernadores Manuel Velasco, de Chiapas, Eruviel Ávila, del Estado de México, y Javier Duarte de Veracruz. Esto último por medio de “gacetillas” que se insertan en diarios de circulación nacional.

Dicha determinación ha terminado de revocar lo dicho por la Sala Regional Especializada, donde se señalaba que las infracciones, que supuestamente habían cometido los mandatarios, eran inexistentes.

A su vez se ha ordenado que, de forma expedita, se obtengan lo que se necesite para determinar en qué términos se realizó la difusión que había insertada en la prensa.

Además los medios deberán responder porque las 43 notas, donde se mencionan los logros de los gobernadores, no están firmadas ni citan fuentes.


Y concluyen diciendo que César Duarte, gobernador de Chihuahua, no hizo promoción personalizada al dar su IV Informe de Labores aun cuando hubo cobertura estatal ya no habiendo permiso para ello.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

Estudiantes denuncian represión y acoso en Chilpancingo; gobernador advierte que “aplicará la ley”

En contraste con la versión difundida por la Policía Federal, estudiantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) aseguraron en conferencia de prensa que sus derechos fueron violados la noche de ayer, cuando elementos policiacos los detuvieron.

Los alumnos explicaron que, tras la cancelación del encuentro con Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobernación, decidieron reunirse en la Normal Adolfo Viguri Viguri, a fin de decidir qué acciones tomar.

Sin embargo, dos estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF) que se trasladaron de Acapulco a Chilpancingo fueron detenidos en la caseta de La Venta bajo el argumento de que el vehículo en que viajaban tenía reporte de robo.

Fue entonces cuando vía telefónica se informó al FUNPEG de lo ocurrido. Como parte del apoyo, una comisión de normalistas acudieron a bordo de una camioneta blanca tipo pick up, pero al llegar fueron agredidos por miembros de la policía Federal.

Acompañados por maestros de la Ceteg y Melitón Ortega, padre de uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, las víctimas relataron que dos de las compañeras fueron acosadas sexualmente por los agentes.

“Estamos muy asustados, tememos por nuestra seguridad y lo que nos pueda pasar después de ésto, no podemos obligar a nadie a actuar, lo que haremos será presentar la queja para que quede un antecedente de lo que nos acaba de suceder”, dijeron en conferencia de prensa desde Chilpancingo.

Para Melitón Ortega, la agresión a los estudiantes es una prueba de que el gobierno federal reprimirá a quienes apoyen al movimiento de los padres de los normalistas.

Por su parte, el gobernador del estado, Rogelio Ortega, declaró que en entrevista con El Universal: “Hemos sido tolerantes al extremo; hemos actuado con mucha mesura, pero cada vez se reduce e identifica más a un segmento de enmascarados y embozados que son los que realizan los actos vandálicos y ahí lo que vamos a hacer es no reprimir, sino aplicar la ley”.


Pese a la advertencia velada del gobernador sobre la represión que se aplicará disfrazada de “legalidad”, los estudiantes informaron que acudirán a presentar una denuncia en compañía del abogado Vidulfo Rosales.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

“No me va a intimidar” campaña en mi contra del GDF y el PRI: Ebrard

Un informe en la Cámara de Diputados, sobre las fallas en la Línea 12 "es en realidad el proyecto del PRI", asegura. El Gobierno del DF, que investiga el caso, no lo ha llamado, "Aquí estoy, estoy a las órdenes, doy la cara, no tengo nada de qué avergonzarme, y tengo información que puede ser útil", dice Marcelo.

Marcelo Ebrard, considera que hay una campaña en su contra, orquestada por el Gobierno del Distrito Federal -encabezado por su sucesor, Miguel Ángel Mancera- y el PRI, en la que utilizan el tema de las fallas en la Línea 12 del Metro, caso del que asegura nadie lo ha llamado a comparecer.

“Yo estoy siendo investigado por las autoridades del Distrito Federal desde que esto empezó, no me han llamado, quiero aclarar, desde el día siguiente que se cerró la línea dije: aquí estoy, estoy a las órdenes, doy la cara, no tengo nada de qué avergonzarme, y tengo información que puede ser útil. No he sido llamado por las autoridades del Distrito Federal. Que se haga una investigación minuciosa, pues me parece correcto, como que sería lo evidente”, expuso el ex jefe de Gobierno capitalino, este jueves en entrevista para Noticias MVS primera emisión.

Ebrard se ha enterado por los medios de un informe de la Cámara de Diputados, sobre las fallas en la Línea 12, el cual -aseguró- fue “elaborado por el PRI”.

Dicho documento, que se haría público en los próximos días, “no fue presentado al conjunto de la comisión (de diputados), es inusual, no lo había visto en otros casos”.

Sostuvo que “faltan muchas cosas en ese informe”, “falta la voz, para empezar, de tu servidor, pero de muchos otros que deben ser llamados”.

“El informe en realidad es el proyecto del PRI respecto a la línea 12″, comentó.

Contó que, durante su administración,  ”la información que tenía el Jefe de Gobierno es que la línea es segura y operable”.

Consideró que “una línea que está mal hecha, pone en peligro a las personas, tú no la recibes”, en referencia a que el gobierno de Mancera la recibió sin objetar nada.

Además, calificó como “improbable” que se puedan cambiar todos los trenes, como se ha sugerido en los últimos días.

“No creo que los vayan a cambiar fácilmente, te puede llevar 2 o 3 años… fueron probados uno por uno”, refirió.

Sobre su responsabilidad en las fallas de la línea, aseveró: “Me declaro responsable de haber confiado por completo en la ingeniería mexicana, en los técnicos del Metro. Confié absolutamente en su trabajo”.

“Me cuesta mucho trabajo que el tren esté mal hecho o que no funcione o que sean incompatibles”, señaló.

Para Ebrard, el fondo del asunto es una campaña en su contra:

“Todo el tiempo y lo sabemos perfectamente bien, han estado promoviendo por diversas agendas políticas o de todo tipo, una campaña en mi contra… ya a la Asamblea Legislativa le dije: voy cuando quieras…

-¿La campaña en tu contra procede del Jefe de Gobierno?-, le preguntó la periodista Carmen Aristegui.

“…Y de su equipo, ¿no?.

-Pero sí del Jefe de Gobierno…

“Sí, por supuesto, y ahora el PRI también”. 

-¿De qué manera identificas esta campaña?

“La campaña que dice simple y llanamente: Marcelo es el responsable, Marcelo hizo mal las cosas… 

-¿Como campaña?

“Es una campaña que vas orquestando”.

-¿Pero responsabilizas a Mancera?

“Responsabilizo al gobierno del Distrito Federal, no creo que él esté ausente de ese debate”.


“Nunca me he negado a ser investigado, adelante… no me va a intimidar respecto de mi posición política”, apuntaló.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

El INE, y no una empresa, hará ‘software’ para fiscalizar campañas

"No habrá obstáculo técnico, informático o administrativo que impida a esta autoridad electoral cumplir con su responsabilidades en materia de fiscalización", aseguró el presidente del instituto, Lorenzo Córdova.

El Consejo General del INE acordó instruir a la Junta General Ejecutiva para desarrollar e implementar una aplicación informática, que contribuya al cumplimiento de las obligaciones que en materia de fiscalización tiene la autoridad electoral, partidos políticos y candidatos durante el proceso electoral en marcha.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), garantizó que “no habrá obstáculo técnico, informático o administrativo que impida al Instituto cumplir con la fiscalización y, a los partidos políticos, ser sujetos de una fiscalización rigurosa y exhaustiva, la mayor de la historia del país”.

En sesión extraordinaria, que se prolongó la madrugada de este jueves, el pleno aprobó el desarrollo del software propio tras el inició de rescisión del contrato firmado con la empresa Scytel.

Lo anterior con miras a la prestación del servicio para la implementación y soporte del Sistema de Contabilidad en Línea.

Córdova Vianello dijo que la Comisión de Recursos Materiales del instituto determinará si a la luz de la respuesta de Scytel sobre el incumplimiento en la entrega del primer módulo del sistema de fiscalización en línea continuará o terminará, con la rescisión del contrato iniciado el 19 de enero.

Indicó que la misión y la instrucción que se ha girado a las instancias competentes del INE, es la de “blindar” a la autoridad electoral frente al litigio derivado del incumplimiento del contrato suscrito por la empresa española.

El consejero presidente comentó que, al aprobarse el proyecto de acuerdo, se tiene garantía de que al inicio de las campañas electorales -el próximo 5 de abril- haya una aplicación informática que facilitará a partidos políticos cumplir con las disposiciones que manda la Ley General en la materia.

En tanto que al Instituto le facilitará atender lo dispuesto por la Ley electoral, “en caso de que se consolide el incumplimiento contractual de la empresa Scytel y se concrete en consecuencia la rescisión del contrato”.

Aclaró que el sistema de contabilidad en línea no es el modelo de fiscalización, sino uno de los componentes que lo integran.

Insistió en que “la herramienta informática que se busca construir de aquí al arranque de las campañas electorales, constituye una pieza clave del sistema de contabilidad en línea que mandata la propia Constitución”.


Es decir, “constituirá la base de desarrollos que en un futuro permitan facilitar y auxiliar el proceso de fiscalización no solo de las campañas electorales, sino también de los procesos eventuales de liquidación de partidos políticos, de informes anuales, entre otros”, detalló. 

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.