En un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se reveló que, actualmente, el Ejército mantiene 12 operaciones estratégicas contra el narcotráfico y el crimen organizado, para apoyar en labores de seguridad de 11 estados que solicitaron presencia militar.
La Octava Zona Militar, en Reynosa, Tamaulipas, es una de las más importante en dicha operación, pues aquí se han asegurado cerca de 4 mil 916 armas fuego, se han liberado 980 víctimas de secuestro y se han detenido a 2 mil 807 presuntos criminales. Por su parte, los militares adscritos a la 22 Zona Militar, en Santa María Rayón, Estado de México, continúan con sus labores de combate, a pesar de que este batallón estuvo involucrado en la masacre de Tlatlaya. Mientras, elementos de la 27/25 Zona Militar, en El Ticui y Chilpancingo, Guerrero, también continúan sus labores normales a través del programa Guerrero Seguro. Estados inseguros, la contradicción Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Morelos, Estado de México, Nuevo León y Tamaulipas, son los estados que solicitaron el apoyo de la SEDENA. Por esta razón, mantienen acuerdos de cooperación para “resguardar” la seguridad de estas entidades.
No obstante, las entidades con alto índice de muertes, desapariciones y secuestros, son precisamente las anteriores. Situación que no ha sido controlada siquiera por la presencia de las fuerzas castrenses, sino que por el contrario ha ido en aumento. A pesar de ello, la SEDENA insiste en que su “actuación en la materia es solamente a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles encargadas de esta actividad y sin sustituirlas en sus funciones”. Esta dependencia también indicó que las 12 operaciones están orientadas a reducir la ola de violencia, con lo cual se resguardan instalaciones estratégicas, se realizan tareas de erradicación e intercepción de cargamentos de droga; en conjunto, se busca la aplicación correspondiente de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Asimismo, apunta que también se encargan de apoyar en la seguridad pública de las entidades que lo solicitan; sin embargo, constitucionalmente, el Ejército no está facultado para operar en esta materia, sino en hechos exclusivos de Seguridad Nacional, como en el caso de amenazas externas a la paz nacional.
En México, se viven entonces, medidas excepcionales pues el Ejército opera libremente a lo largo del todo el país, sin que la violencia disminuya; además, la estrategia de los elementos castrenses ha consistido en combatir a civiles -como en Tlatlaya-, y no a ejércitos. FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0 AUTOR: REDACCIÓN.
Pese a la reforma educativa, distintos estados gastaron cantidades millonarias en comisionados sindicales, negociaciones con gobiernos y hasta pagos a centros que nada tienen que ver con la enseñanza.
En 2013, un año después de la Reforma Educativa, el gobierno federal asignó 325 mil 297 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), de los que más de 11 mil millones de pesos se ejercieron para el pago de plazas a comisionados sindicales, bonos derivados de las negociaciones con gobiernos estatales, compensaciones discrecionales, y hasta pagos a centros de trabajo no educativos, entre otras irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en el informe de la Cuenta Pública. Estos 11 mil 366 millones de pesos que “se ejercieron incorrectamente” equivalen a cinco veces el presupuesto asignado al Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, la mitad de lo destinado a Oportunidades en el rubro educativo o 10 veces lo etiquetado para la entrega de laptops a niños de quinto y sexto de primaria. En el ejercicio de dichos recursos se detectó el pago de 134 mil 349 plazas a personal que no labora en los centros de trabajo en losque supuestamente están registrados. De esas plazas, 90% están en dos estados: Oaxaca (65.5%) y Michoacán (23.4%) . Ambas entidades, señala el reporte, “se han caracterizado por presentar un alto nivel de opacidad y falta de transparencia en el ejercicio de los recursos del fondo”. Este es el fondo que entrega la mayor cantidad de recursos a las entidades federativas, pero su asignación ha sido cuestionada por la Auditoría Superior en análisis anteriores, debido a la opacidad con que se maneja cuentas. Coahuila, Estado de México, Michoacán y Veracruz recibieron 4 mil 109 millones de pesos durante 2013, pero los depositaron en cuentas bancarias distintas al Fondo de Aportaciones, informa la Cuenta Pública entregada el martes 18 de febrero en la Cámara de Diputados. Aunque la reforma educativa fue la primera de las modificaciones estructurales en la administración del presidente Enrique Peña Nieto para que el Estado recuperara “la rectoría de la educación”, en 2013 continuaron las prácticas discrecionales e irregulares por montos millonarios y de manera generalizada. En 20 entidades federativas se destinaron mil 343 millones de pesos al pago de “prestaciones, compensaciones, bonos o estímulos estatales locales derivados de las negociaciones de los gobiernos estatales con las secciones sindicales”. Mientras que el pago a comisionados sindicales representó un gasto de mil 273 millones de pesos en 26 entidades. En Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Tamaulipas y Tlaxcala gastaron 702 millones de pesos a los pagos de “compensaciones discrecionales a empleados sin mediar lineamientos, evaluaciones o comprobación que justifiquen su entrega”. Además del gasto millonario, la Auditoría Superior concluye que el Fondo de Aportaciones no impacta en la mejoría de la educación, pues “84.4% de las entidades no se implementaron medidas de mejora para dar cumplimiento a los objetivos para los que se destinan los recursos del fondo”. Además, “existen deficiencias en los indicadores educativos en la mayoría de las entidades federativas como son prueba ENLACE, cobertura, eficiencia terminal, entre otros”.
¿Caja chica? En el desglose del informe de la Cuenta Pública se detectaron más irregularidades con montos menores con respecto a otros rubros, pero no menos graves y que ponen en evidencia el uso de este fondo como una caja chica. Entre las anomalías están: pagos indebidos a personas que desempeñaron cargos de elección popular (12 millones de pesos); pagos a trabajadores adscritos a centros de trabajo no localizados y clausurados (49 millones de pesos); a trabajadores comisionados a otras dependencias (37 millones de pesos); pago de impuestos estatales sobre nómina por (35 millones de pesos); pagos a personal de honorarios que realizaron funciones no financiables con el fondo (29 millones de pesos) También, 538 millones de pesos fueron ocupados para “pagos indebidos de nómina del ejercicio 2012 con recursos de 2013, en Chiapas, Colima y el Distrito Federal. Las administraciones de Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora y Zacatecas “efectuaron pagos en centros de trabajo que no tuvieron vinculación con la educación básica o normal”, por un total de 137 millones de pesos. La Auditoría encontró que en 10 entidades pagaron “a terceros institucionales” 68 millones de pesos, mientras que de 162 millones de pesos ni siquiera se pudo determinar el destino . Ante estas irregularidades, el FAEB será sustituido por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a partir del ejercicio fiscal de 2015, mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pagará la nómina de los estados conforme a los datos del censo educativo elaborado por el INEGI. Para la Auditoría Superior, esto “representa una gran oportunidad para reorganizar al sistema educativo básico en su conjunto y abatir las debilidades que se han generado en la operación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal”.
Este es el informe de la ASF sobre el FAEB: ASF FAEB:
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó que el PRI no incurrió en delito alguno por la entrega de tarjetas Monex durante las elecciones de 2012. Por decisión unánime, los siete magistrados del TEPJF determinaron que el PRI no incurrió en compra o coacción del voto mediante la entrega de dichas tarjetas. De acuerdo con los magistrados, los 66.3 millones de pesos entregados mediante dichas tarjetas no fueron utilizados para la compra del voto. Esta madrugada, el TEPJF concluyó que ese dinero no tiene un origen ilegal ni un destino ilícito. Hace dos años, el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano impugnaron la resolución del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) que exoneró al PRI y a su candidato presidencial de ese entonces, Enrique Peña Nieto, de haber incurrido en delitos electorales por la entrega de dichas tarjetas. Roberto López Suárez, presidente de la Comisión de Investigación del caso Monex, denunció que Peña Nieto gastó 4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos, 13 veces más del tope permitido por la ley electoral.
En enero de 2013, el IFE confirmó que el PRI sí utilizó tarjetas Monex y empresas para “dispersar” 70 millones de pesos; no obstante, por mayoría de votos, declaró infundada la queja presentada por los partidos de oposición. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Francisco Pantoja, secretario particular adjunto de la presidencia de la República, cuestionó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por realizar una adjudicación directa “que supera por mucho los montos permitidos en la legislación vigente” en el documento para la gerencia de proyectos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). “Sin explicar jurídica o técnicamente la razón de realizar una adjudicación directa, y no una licitación, se adjudica un contrato de Gestión de Proyectos -a Parsons International- que supera por mucho los montos permitidos en la legislación vigente para la excepción a licitaciones, con el argumento de tratarse de cuestiones propias de Seguridad Nacional”, censura Pantoja en una carta que fue publicada este jueves por el periódico Reforma. En la misiva fechada el pasado 20 de enero, el secretario particular adjunto de la presidencia de la República señala que “sin argumentos sólidos” fueron excluidas empresas nacionales del proyecto. El pasado tres de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el proyecto del NAICM en la el que se invertirían 169 mil millones de pesos y sería financiada en su primera etapa exclusivamente con recursos federales, y 71 mil millones provendrán de créditos bancarios y emisiones de bonos.
No obstante, en enero pasado, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray anunció el recorte al gasto federal por124 mil millones de pesos, mismo que incluye al NAICM. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Por tratarse de violaciones graves a los derechos humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar la versión pública de la indagatoria sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y la muerte de tres más el pasado 26 de septiembre. El pleno del órgano de transparencia decidió por unanimidad, revocar la respuesta de la PGR a un particular a quien le indicó que la información está reservada por tratarse de una averiguación previa en trámite, en la que diversas personas y funcionarios públicos han sido consignados y están sujetos a proceso penal. La PGR, que preside Jesús Murillo Karam, señaló al requirente que existen dos indagatorias por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y los diversos que pudiesen acreditarse pero se negó a proporcionarle la información debido a que la averiguación previa está en trámite. Sin embargo, la comisionada ponente Areli Cano recordó que la PGR no puede invocar el carácter de reservado cuando se trata violaciones graves a los derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. Por su parte, el comisionado Joel Salas refirió que el pasado 27 de enero la PGR dio su informe final en el que señala que en la averiguación previa se investigaron delitos distintos a la desaparición forzada y que aún está pendiente analizar todas las constancias para verificar si es posible imputar este delito. “De inmediato surgieron denuncias sobre la ausencia de pruebas jurídicas y científicas contundentes, así como que de los padres de familia no fueron informados de las conclusiones reportadas, tal como se había comprometido” la PGR, apuntó el comisionado. Por ello pidió que toda autoridad involucrada en el caso cumpla con el principio de máxima publicidad y divulgue la información generada. Salas expresó su confianza en que los legisladores protegerán los avances de más de una década en materia de transparencia y evitarán retrocesos o propuestas en la ley secundaria “que vayan en contra del espíritu de la reforma constitucional”. En su oportunidad, la comisionada Patricia Kurczyn recordó que el caso Ayotzinapa ha lastimado a la sociedad mexicana y del mundo, por lo que no puede pasar desapercibida una resolución tendiente a revisar este grave problema de violación a los derechos humanos. El comisionado Oscar Guerra insistió en que esta información debe conocerse y que el acceso a ésta debe ser visto como un derecho humano. Aclaró que el Ifai no pretende invadir ninguna otra competencia en ese ámbito como podría ser el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). “Creo que no hay invasión de competencias, se habla de la posibilidad de que la comisión en algún momento se viese presionada por este Instituto si nosotros hiciéramos una calificación del acontecimiento en que cayera como de violación grave de derechos humanos, creo que no es, ni tiene que ser el caso”, afirmó. En tanto, el comisionado Eugenio Monterrey defendió el hecho de que la sociedad pueda observar, protegiendo los datos personales de cualquier investigación, la procuración y la administración de la justicia. “Ese es el verdadero efecto de aplicar, por parte del organismo garante, esta excepción a la reserva”, explicó. Tras presentar sus argumentos, los comisionados determinaron revocar la respuesta de la PGR e instruirle a entregar al particular una versión pública de la averiguación solicitada. En dicha versión se deberán omitir los datos personales de los presuntos responsables, las víctimas, sus familiares, testigos o terceros relacionados con la indagatoria, así como los nombres de los agentes del Ministerio Público y servidores públicos con funciones operativas. Los nombres que no podrán ser protegidos son los de aquellos servidores públicos que presuntamente participaron en esos hechos y que ya son públicos, además de que han sido puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional. La resolución del IFAI se da a dos semanas de que el instituto instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar fotografías y registros tomados a los normalistas por el Ejército mexicano la noche del 26 de septiembre de 2014, así como informes sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los estudiantes.
El plazo para que la Sedena proporcione dicha información vence el próximo viernes. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
El antiguo representante de Oaxaca en la Ciudad de México y ex secretario particular del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, Jorge Enrique Castillo Díaz, fue acusado de tener adeudos con el fisco de más de 64 millones 375 mil pesos por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha ordenado la inmovilización de esa cantidad en sus cuentas que tiene en BBVA Bancomer, Scotiabank, Inverlat y HSBC en México. Producto de la reforma hacendaria, que permite que la autoridad tributaria difunda el nombre, razón social y registro federal de causantes de los contribuyentes incumplidos, se sabe que al 28 de enero del año en curso no se le había notificado al ex funcionario de sus adeudos ya que no fue localizado en el domicilio de la Ciudad de México que había sido señalado “para efectos en el registro federal de contribuyentes”. FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0 AUTOR: REDACCIÓN.
El aspirante del PAN a la gubernatura Alejandro Zapata impugnará la elección interna por ‘manipulación de votos’
San Luis Potosí calentó el proceso interno del Partido Acción Nacional rumbo a las elecciones intermedias. La tensión derivó de la victoria en la segunda ronda de la senadora con licencia Sonia Mendoza y de la inconformidad de su contrincante, Alejandro Zapata Perogordo. Aunque el martes se confirmó que será Mendoza la candidata albiazul a la gubernatura, Zapata Perogordo anunció ayer que impugnará los resultados de la segunda vuelta electoral de la contienda interna de su partido. De acuerdo con el comunicado del PAN, Mendoza obtuvo 55 por ciento de los sufragios y Zapata se quedó con el 45 por ciento. Sin embargo, el exalcalde denunció ayer irregularidades en el conteo de votos. “La elección interna careció de los principios fundamentales de certeza, imparcialidad y legalidad, y no aceptaré los resultados de un proceso atípico, en el cual la influencia de terceros resultó determinante”, afirmó en un video que difundió a través de Facebook. “Algunos dirigentes del PAN, incluyendo su presidente (Héctor Mendizábal), hicieron lo propio: volcarse en mi contra”, agregó. “El colmo fue la manipulación de los paquetes electorales de la segunda vuelta electoral. De manera burda y grotesca. Por esa razón, y por principios, he decidido impugnar esa elección”, sentenció. Lo dejan solo
Gustavo Madero, cercano a Zapata, reiteró que “Sonia Mendoza tuvo mayoría de votos” y que sostuvo que de parte del CEN de Acción Nacional hubo “piso parejo”. Agregó que si presenta impugnación su recurso tendrá que ser desahogado a nivel local. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó a la Procuraduría General de la República congelar las cuentas de Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, por las sospechas de lavado de dinero. También pide congelar las cuentas de los denunciados el pasado 23 de enero ante la PGR, incluyendo a su hermano Carlos Mateo y su sobrino Luis Ángel Aguirre, ambos ya encarcelados y a los miembros de la familia Hughes. Cabe señalar que Aguirre cobró el 25 de enero de 2011, unos días antes de que fuera ganador de la elección, un cheque por un millón de pesos que fue girado por Comercializadora 2003. Dicha empresa también recibió contratos de dependencias federales y estatales por 99 millones 310 mil 916 pesos, de los cuales se desviaron 189 millones 207 mil 694 pesos a ex funcionarios que no tenían relación con los contratistas.
Se registraron depósitos por 2 millones 72 mil 454 pesos y retiros por 1 millón 645 mil pesos en el lapso comprendido de diciembre de 2010 a febrero de 2011 además de que Aguirre tenía registradas cuatro fechas de nacimiento distintas. FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0 AUTOR: REDACCIÓN.
Tres personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en las inmediaciones de Metro Chapultepec, en el Distrito Federal. De acuerdo con las primeras versiones, el enfrentamiento inició alrededor de las diez de la noche del miércoles en un establecimiento ocurrido en la calle Sonora. Las personas heridas acudieron al Metro para solicitar intervención médica. Los lesionados fueron trasladados a la Cruz Roja de Polanco.
En su cuenta oficial de Twitter, el servicio de Metro del Distrito Federal informó que el ingreso de los lesionados fue registrado por las cámaras de vigilancia. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
PUEBLA, Pue: El portal de transparencia “Con los Ojos Abiertos” dejó al descubierto que Jorge Salgado Tlahuis, coordinador de Monumentos Históricos del Centro del INAH-Puebla, quien supervisó el Viaducto Cholula, se ostenta como arquitecto, pero carece de título y cédula profesional. En una investigación realizada por ese portal se confirmó que el funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia fue designado como arquitecto responsable de los trabajos realizados para el distribuidor vial Cholula, obra que fue cuestionada por especialistas. En distintas ocasiones, antropólogos, arqueólogos e historiadores denunciaron la ilegalidad de los permisos que otorgó el Instituto para la construcción de ese puente elevado, que requirió una cimentación profunda en una zona de vestigios arqueológicos e impactó el paisaje de la gran pirámide de Cholula. Salgado Tlahuis aparece como el supervisor de esa obra, y fuentes de la delegación del INAH en Puebla señalan que el arquitecto “sin título” es también una de las personas responsables de autorizar y rubricar casi la totalidad de las obras más polémicas que se han realizado en el gobierno de Rafael Moreno Valle. Entre esas obras se menciona el Viaducto Zaragoza, las intervenciones a los Fuertes de Loreto y Guadalupe, el Teleférico y el Parque Intermunicipal Cholula. El portal “Con los Ojos Abiertos” detalla que mediante la solicitud de información pública folio 1115100015114 se requirió al INAH la copia digital de la cédula profesional y del título de licenciatura en Arquitectura de Salgado Tlahuis. En respuesta, la Dirección de Personal de la Coordinación Nacional de Recursos Humanos del INAH informó que en el expediente de Salgado Tlahuis únicamente hay una “copia de carta de pasante de la licenciatura en Arquitectura”. “Ante la respuesta otorgada por el INAH, se requirió a las Secretarías de Educación Pública (SEP) a nivel federal y estatal, vía las solicitudes folios 0001100186414 y 00263114, respectivamente, la copia digital del título de licenciatura de Jorge Salgado Tlahuis”, agrega el observatorio. La Dirección General de Profesiones informó que tras realizar una “búsqueda exhaustiva” no localizó registro alguno a nombre de Salgado Tlahuis, y tampoco se encontraron resultados cuando buscaron en el Sistema de consulta en línea de cédulas profesionales. El 26 de junio de 2014, “Con los Ojos Abierto” ingresó la solicitud 2014/00273 para pedir a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) la copia digital de la cédula profesional y del título de licenciatura en Arquitectura de Salgado Tlahuis, pero la institución educativa rechazó dar respuesta, al alegar que esa información era considerada como datos personales confidenciales. Tras una serie de recursos que requirieron cuatro meses y medio de seguimiento, el portal obtuvo finalmente un fallo favorable de la Comisión de Acceso a la Información de Puebla (CAIP), que ordenó a la BUAP entregar la información solicitada. El 27 de enero la Universidad entregó al Observatorio de Transparencia “Con los Ojos Abiertos” copia del oficio 256/2015/DAE, emitido por la Dirección de Administración Escolar, que señala que no cuentan con antecedente o registro de la expedición del título profesional ni de la cédula a favor de Salgado Tlahuis.
Su nombre y el de varias personas más aparecen invariablemente en las licencias que se otorgan a las obras propuestas por el gobierno de Puebla, y desde hace años enfrentan un juicio en la Junta de Conciliación y Arbitraje, precisamente por la falsificación de títulos, pese a lo cual se mantienen en sus puestos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
En lo que se considera ya un hecho histórico, el Papa Francisco se ve decidido a intervenir en la pacificación de Michoacán. Su Santidad designó a un nuevo obispo y ‘enviado personal’ para que se sume a los esfuerzos que hace el Gobierno Federal para alcanzar la tranquilidad en la violenta zona de Tierra Caliente
Más allá de la elevación a Cardenal del Obispo michoacano Alberto Suárez Inda, el Papa Francisco sigue mandando señales de su preocupación por la ola de violencia que persiste en Michoacán. Hace apenas unos días, el vocero de El Vaticano filtró a través de redes sociales el interés del Papa por visitar México, pero especialmente el convulsionado estado. Ahora, el nombramiento de un nuevo Obispo al frente la Diócesis de Apatzingán, en el corazón del territorio disputado por los cárteles de las drogas, habla de la decisión de Francisco para ir en auxilio de su grey que ha clamado la ayuda divina como única solución a la crisis que afrontan. El obispado de Apatzingán –en cuya región sigue asentado el feudo del cártel de Los Caballeros Templarios- estaba vacante desde hace cuatro, cuando el anterior Obispo, Miguel Patiño Velázquez, tuvo que salir a causa de las amenazas de muerte que le llovieron tras denunciar los horrores del crimen organizado y la apatía del gobierno estatal ante el sometimiento de la población civil por la delincuencia. La postura del prelado fue incómoda para el gobierno estatal, quien finalmente decidió que fuera el Gobierno Federal quien le brindara protección ante el riesgo a su seguridad. El Vaticano reclamó al gobierno mexicano un protocolo de seguridad para sus ministros, principalmente para Patiño Velázquez, pero él finalmente decidió solicitar su jubilación. El enviado personal del Papa Francisco es el Obispo Cristóbal Ascencio García, quien llegó a la Diócesis con la misión de contribuir a la pacificación de la región, ofreciendo un papel más activo de la Iglesia Católica, a fin de revertir la deshumanización -dijo- que se vive en la zona. Para tal efecto cuenta con el apoyo de un grupo de 60 sacerdotes, reconocido ya como el Ejército de Dios. Predica con el ejemplo El enviado personal del Papa Francisco a la zona de guerra de Michoacán no ha explicado cómo será la participación de la Iglesia Católica en la intención del Vaticano por pacificar la región, solo ha resaltado su tarea de reconciliar a la sociedad dividida y de convocar a la comunidad a la unidad para superar el momento de crisis que se está viviendo. Por lo pronto, el Obispo Cristóbal Ascencio García predica con el ejemplo. Ha llamado a la feligresía a no tener miedo, a ser solidarios con los que menos tienen y a dar ejemplo de vida a todo el país. Ha pedido que la sociedad y el gobierno vuelvan a ser uno y que se comience por una reconversión interna, fincada en los valores de Cristo. Él, en sus primeras apariciones públicas ha decidido dejar de lado los escoltas y todo el aparato de seguridad recomendado por el Vaticano y el Gobierno Federal. Ha dicho que no tiene miedo porque no llegó a Tierra Caliente a hacer la guerra, él –asegura- llegó para hacer la paz entre la sociedad que se manifiesta irreconciliable. Aun cuando la recomendación emitida el año pasado desde El Vaticano y secundada por la Secretaría de Gobernación, para que todos los sacerdotes adscritos en Tierra Caliente utilicen chaleco antibalas, el nuevo obispo de Apatzingán dijo que no hará uso de esa prenda de seguridad. Es una forma de darle confianza y valor a la gente. Aceptan la ayuda Esta sería la primera ocasión en que un Papa decide intervenir en forma frontal en un conflicto social, que a causa de la violencia se suman en costo miles de vidas humanas, miles de desaparecidos y decenas de miles desplazados de sus lugares de origen. Ni en los países del Medio Oriente, ni en el norte de África se había observado tal determinación del Papa, dijo la catedrática Bertha Molina Mares, especialista en asuntos internacionales. Es también la primera vez –desde que surgió el conflicto en Michoacán- que el Gobierno Federal no se niega a la participación de la intervención extranjera. Ya anteriormente la Secretaría de Gobernación había frenado la intención de la Cruz Roja Internacional y de la agrupación Médicos Sin Frontera, quienes pretendían hacerse presentes en esa guerra. Los líderes de los grupos de autodefensa, principalmente los que hoy se encuentran presos, como José Manuel Mireles e Hipólito Mora z, habían reconocido que la violencia había llegado a extremos tales que era necesaria la intervención de las fuerzas de paz de la ONU.
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, negó la posibilidad de que la ONU o la Unicef intervinieran en Michoacán, pese a las denuncias de los líderes de autodefensas que hablaron, desde el inicio del movimiento, de decenas de niñas violadas por miembros del crimen organizado. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
El consejero de administración de Pemex dejó su puesto con el propósito de evitar malas interpretaciones que puedan dañar la credibilidad y transparencia de la Reforma Energética
La salida de Jaime Lomelín del consejo de administración de Pemex sucedió a tiempo, para los intereses de Alberto Baillères, presidente de Grupo Bal. Durante los cuatro meses que formó parte como consejero independiente del Consejo de Administración de Pemex, Lomelín nunca abandonó su posición como consejero propietario relacionado de Industrias Peñoles, también propiedad de Baillères, por lo que tuvo conocimiento de toda la nueva información que se estaba decidiendo en la petrolera. En su carta de renuncia al Consejo, divulgada ayer por Pemex, dijo que lo hacía para “evitar malas interpretaciones que puedan dañar la credibilidad y transparencia de la reforma energética”. Aseguró que ha estado ligado al Grupo Bal por más de 40 años, pero “no participó ni en las discusiones previas a la constitución de Petrobal, hecha pública el 11 del presente mes, ni en su conceptualización ni formalización”. Al momento de esta renuncia, sin embargo, Lomelín había formado parte de las decisiones de lineamientos de compra, contratación y reorganización corporativa de la petrolera, es decir, la información confidencial a la que ya no tuvo acceso el director general de la nueva empresa del Grupo Bal, Carlos Morales Gil. La llegada de Lomelín implicó desde su propuesta también una influencia del exsecretario de Hacienda con Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, quien realizó la reestructuración financiera de Grupo Peñoles y mantiene influencia sobre la compañía, según confió a Reporte Indigo un excolaborador de Gil, quien pidió anonimato. Su participación en la reestructuración Jaime Lomelín se integró oficialmente como consejero independiente de Pemex el 7 de octubre, luego de que había sido ratificado por el Senado el 18 de septiembre a un plazo de cinco años, el segundo periodo más largo entre los nuevos consejeros, después de Carlos Elizondo Mayer-Serra. Su periodo concluiría en octubre de 2018, unos días antes de que tome posesión el nuevo presidente de la República que se elegirá en junio de ese año. El día de su integración, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se refirió a los consejeros independientes como “personalidades con trayectorias impecables que aportarán, cada uno desde las distintas especialidades, un valor agregado muy especial a este órgano colegiado”. Una semana después de que comenzó en esta posición, el Consejo aprobó la reestructuración de Pemex, que incluye la disminución de cinco a dos subsidiarias, la centralización de muchas de las compras de la petrolera y las nuevas disposiciones de contratación y licitaciones. Desde su nombramiento, Lomelín participó durante 2014 en 7 sesiones del Consejo de Administración de Pemex. Desde el inicio de su encargo, presidió el Comité de Estrategia e Inversiones y fue integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios. Estos dos comités procesan las decisiones más delicadas de la petrolera en materia de inversiones y gasto del presupuesto. Estuvo presente durante la designación de BDO Castillo Miranda, S.C. como auditor externo de Pemex para el ejercicio 2014, y de Daniel Ramírez Ruíz como titular de la Auditoría Interna de la petrolera. En noviembre, Lomelín tuvo conocimiento de los pormenores de las políticas de contratación de seguros y fianzas, que deberán cumplir todas las compañías que busquen asociarse o firmar negocios con Pemex, así como las políticas de resguardo, revelación y protección de la información, además de los detalles sobre el sistema de control interno de la nueva empresa productiva del Estado. Las decisiones de Lomelín En la sesión extraordinaria celebrada el 18 de noviembre, Jaime Lomelín fue parte de la aprobación de las disposiciones para contratación con Pemex y sus subsidiarias, la contratación de deuda, la celebración de contratos plurianuales, además de la reorganización corporativa de la petrolera. Estuvo en las adecuaciones al presupuesto y un mes más tarde, el 19 de diciembre, tuvo total conocimiento de los lineamientos para la participación de testigos sociales durante las actividades de procura y abastecimiento, las políticas de contratación y evaluación del desempeño y el mecanismo de remuneración del director general y los directivos de los primeros tres niveles de jerarquía dentro de la petrolera, que ahora será en parte competencia de Grupo Bal en las licitaciones de la reforma energética. Como últimas decisiones en las que participó estuvieron la transformación de PMI Comercio Internacional y la migración de contratos asignados a Pemex bajo el nuevo esquema de contratos posteriores a la reforma energética de Exploración y Extracción. Este año, en la sesión realizada el 13 de febrero, cuando ya se había anunciado la creación de Petrobal, Lomelín estuvo como consejero independiente de Pemex durante las decisiones respecto al ajuste presupuestal de 62 mil millones de pesos, la mayoría en gastos de inversión. Tras la renuncia de Lomelín al consejo de administración de Pemex, el presidente Enrique Peña Nieto deberá enviar una propuesta para ratificación del Senado de un nuevo consejero independiente, quien concluiría el encargo hasta noviembre de 2018. Morales regresa al ruedo Carlos Morales esperó justamente un año para regresar a la escena pública, el tiempo exacto que impone la ley para no usar la información confidencial que tenía como funcionario público a favor de una empresa.
En la misma semana de febrero en que Pemex anunció repentinamente la “renuncia” del ingeniero a su puesto como director de Pemex Exploración y Producción (PEP), pero un año más tarde, se le nombró como nuevo director general de Petrobal, la nueva rama petrolera dentro del conglomerado Grupo Bal, de Alberto Baillères. Morales dirigió durante nueve años PEP y fue parte clave en los acuerdos de los grandes contratos de la petrolera, que estarán vigentes durante la mayor parte del actual sexenio. Su posición le permitió acceso a información confidencial de la petrolera, que incluía los datos a boca de pozo, las reservas, la producción de todos los campos y los procesos de contratación más grandes de Pemex. El periodo de un año que pasó entre su renuncia y la actual designación como cabeza de la nueva rama en el petróleo de Grupo Bal, es justamente el que se impone en el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Este artículo exime a los servidores públicos, después de un año, de tener alguna sanción por “aprovechar su influencia” o tener ventaja “derivada de la función que desempeñaba”. Luego de ese plazo, la ley ya no lo inhabilita para “usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público”.
Esto es, el exfuncionario se encuentra ahora en perfecto derecho legal para usar a favor de Grupo Bal sus conocimientos, datos confidenciales e influencias. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
A una semana de que se cumplan cinco meses de la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, los padres de familia se reunieron con integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta de la Unión Europea para solicitar su intervención ante el Estado mexicano. En entrevista telefónica, Bernabé Abraján, padre de Adán Abraján de la Cruz, explicó que en el encuentro de aproximadamente dos horas, 17 padres de familia dieron sus testimonios y pidieron la intervención de los parlamentarios europeos para que en las reuniones que sostengan con sus pares mexicanos y con representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto, incluyan en su agenda el tema de las desapariciones. “No sólo son los 43, sino que son miles de personas desaparecidas que merecen vivir, esto tiene que parar”, contó Abraján que dijeron a la comisión de legisladores encabezados por la española Teresa Jiménez Becerril. Con voz cansada, Bernabé narró que los padres de familia dieron su testimonio del sufrimiento por la ausencia de sus hijos, del “coraje contra el gobierno” que no ha dado resultados a su exigencia de localización con vida, y de su rechazo a la intención de la Procuraduría General de la República (PGR) por cerrar el caso. Luego de señalar que desde enero están suspendidas las reuniones con la PGR, así como la búsqueda de los jóvenes por parte de la Gendarmería, precisó que hicieron del conocimiento de los diputados europeos la intención de ingresar a los cuarteles militares para buscar a sus hijos. Según el padre de Adán, durante el tiempo que conversaron con los legisladores extranjeros advirtieron sensibilidad y disponibilidad para intervenir. “La presidenta de ellos (Jiménez Becerril) nos dijo que ella entendía lo que sufríamos porque a ella le habían matado a un hermano. Se comprometieron a hacer lo que estuviera de su parte para exigir al gobierno que se investigue a todos niveles, el municipal, estatal y federal, porque son los causantes que hicieron el daño a nuestros hijos”, apuntó. Los legisladores, añadió, se comprometieron a considerar el tema de las desapariciones en la agenda bilateral para que “esto ya se detenga”. Abraján confió que con la intervención de los eurodiputados y la participación de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para supervisar las investigaciones, se logre la localización de sus hijos. “Ya es mucho sufrimiento para nosotros después de cinco meses, porque no sabemos cómo están, si coman o no coman, si los golpean, esa es la preocupación”. Al final de la reunión con los eurodiputados, los padres de familia de los jóvenes desaparecidos pidieron que en las reuniones que sostengan con autoridades mexicanas incluyan en su agenda la preocupación por este caso, y que sea parte de la declaración conjunta final de la Comisión Parlamentaria Mixta. De igual manera, que pidan a la delegación de la Unión Europea en México que visite la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y hagan un nuevo pronunciamiento sobre el caso, en el que se incluya un llamado al gobierno mexicano a facilitar el trabajo de expertos internacionales Además de Jiménez Becerril, la delegación de eurodiputados que están de visita en México del 18 al 20 de febrero la integran: Pina Picierno y Giulia Moi, de Italia; Verónica López Fontagne y Agustín Díaz de Mera, de España; Thomas Mann, Gesine Meissner y Franziska Keller, de Alemania; Danuta Jazlowiecka y Kosma Zlotowski, de Polonia, así como Soirin Moisá de Rumania. Por la mañana, los padres de familia se reunieron con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. Al respecto, Bernabé Abraján aseguró que de la conversación sostenida con el ombudsman advirtieron la preocupación del organismo para dar seguimiento al asunto. “Estuvimos platicando con los de derechos humanos, vimos que realmente ellos están al lado de nosotros, porque estamos luchando por encontrar a nuestros hijos. Tenemos la confianza de que el apoyo está con los padres de familia de los 43 desaparecidos”, apuntó. En un comunicado, la CNDH informó que González Pérez comentó con los padres de familia y sus representantes el contenido del informe del Comité sobre Desaparición Forzada (CED) de la ONU, así como la participación del organismo ante ese grupo de expertos. Detalló que el presidente del organismo “dijo estar convencido de la importancia de varias de las recomendaciones hechas por el Comité de la ONU”. Acompañado del responsable de la Oficina Especial para el caso Iguala, José Larrieta, el ombudsman informó a los padres de familia que el expediente de queja se encuentra abierto, y ofreció que “en la investigación no se dejará ningún cabo suelto”.
Según el comunicado, el vocero de los padres de familia de los normalistas, Felipe de la Cruz, dijo en el encuentro “que los padres y madres de los jóvenes desaparecidos confían en el trabajo y en la autonomía de la CNDH”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Senadores del PAN denunciaron una “intromisión indebida” del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, en el proceso de dictaminación de la Ley General de Transparencia. Además, anunciaron que la bancada panista dará a conocer todos los documentos, incluidos los de Castillejos, para que la sociedad mexicana “conozca qué está pensando el gobierno de Peña Nieto en materia de transparencia”. En rueda de prensa, los senadores Marcela Torres Peimbert, Javier Corral, Ernesto Ruffo y Víctor Hermosillo Celada advirtieron que el PAN no aceptará que se discuta en comisiones alguna propuesta de modificación que no se presente formalmente ante los legisladores que integraron el grupo plural que elaboró el borrador que ha sido “encorchetado” por el gobierno federal. “El PAN invita a la Consejería Jurídica y al gobierno federal a que haga una postura oficial, signada, en donde defiendan sus puntos de vista con argumentos y será un insumo más que públicamente y de cara a la sociedad debe ser tomado en cuenta en la construcción de la ley”, afirmó Torres Peimbert. A su vez, Corral cuestionó que la Comisión de Anticorrupción se ha centrado en discutir sólo el memorándum de observaciones del consejero jurídico de Peña Nieto. “Es un documento sumamente preocupante, porque además de constituir una cabal radiografía del actual gobierno federal, muestra realmente las intenciones del presidente de la República de retroceder en un derecho conquistado por la sociedad mexicana”, abundó Javier Corral. El senador chihuahuense advirtió que se plantean “auténticas regresiones” en materia de prueba del daño, de fideicomisos, de declaraciones públicas, declaraciones patrimoniales e, incluso, sobre transparencia en el Poder Legislativo. Corral Jurado afirmó que entre las regresiones está sólo transparentar 34% de los ingresos que maneja el Senado, los cuales ascienden a 3 mil 400 millones de pesos, y los de la Cámara de Diputados, que son de 13 mil millones.
“Todo lo demás está en la absoluta opacidad, secretismo de los coordinadores parlamentarios, de los jefes directivos del Congreso, de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva. Ese es uno de los grandes asuntos pendientes”, argumentó Corral. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la construcción y certificación de la Línea 12 del Metro durante la administración de Marcelo Ebrard, así como en el proceso de entrega-recepción y mantenimiento en la de Miguel Ángel Mancera. Como parte del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IRFSCP) de 2013, determinó que el Gobierno del Distrito Federal incumplió disposiciones legales y normativas para comprobar y revisar que las obras de la Línea Dorada se realizaran correctamente. Existieron, dijo, omisión de trabajos, falta de instalación de equipos, obras inconclusas, certificación sin que concluyeran los trabajos y penalizaciones no cobradas, por lo que pidió a la Contraloría local aplicar las sanciones correspondientes. Las observaciones de la ASF se hicieron públicas a menos de un mes de que se cumpla un año del cierre parcial de la Línea 12 –el próximo 12 de marzo– y dos semanas después de que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para investigar los recursos federales aplicados a la obra emitió su informe en el que señaló a Ebrard Casaubón como responsable de las fallas de la línea. Este miércoles, la ASF realizó cinco observaciones sobre su análisis. En tres de ellas pidió a la Contraloría General del Distrito Federal iniciar procedimientos para sancionar a los servidores públicos responsables. Entre sus principales comentarios, la autoridad federal dijo que la administración de Ebrard Casaubón pagó al consorcio alemán integrado por las firmas DB International GMBH, ILF Beratende Ingenieure A.G., TÜV SÜD Rail, GMBH y Hamburg Consult GMB, la certificación de la obra sin que estuvieran concluidos los trabajos en los sistemas electromecánicos, de energía, señalización y sonido. Por ello, pidió a la Contraloría capitalina iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa “por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron el pago de los servicios” por la certificación. Según el documento, el pago fue por 188 millones 636 mil 281.85 pesos, con IVA incluido. La certificación se emitió y firmó el 30 de octubre del 2012, el mismo día en que Ebrard, Mancera y hasta el entonces presidente Felipe Calderón inauguraron la llamada Línea Dorada. En esta auditoría, la AFS revisó los contratos de cuatro obras y cinco servicios vigentes durante el 2013, ya en la actual administración. Otra irregularidad detectada refiere que el consorcio constructor integrado por ICA-Alstom y Carso no concluyó las obras de suministro e instalación de 71 equipos de ventilación menor y 19 equipos de aguas freáticas del Sistema de Instalaciones Mecánicas. Tampoco dio mantenimiento al mando centralizado ni cumplió al 100% con el de la vía y los talleres de la terminal en Tláhuac. Por estas observaciones, la Auditoría pidió a la Contraloría del DF iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los servidores públicos que, en su momento, no exigieron al consorcio el cumplimiento de estas obras. Una tercera irregularidad encontrada fue no se exigió al director responsable de obra ni a los corresponsables del diseño urbano y arquitectónico en seguridad estructural y en instalaciones la firma de los planos As-Built de la obra electromecánica, omisión por la que la ASF también pidió sancionar a los responsables. Respecto a los recursos financieros invertidos en la obra, la ASF aseguró que se aplicaron al consorcio deductivas al contrato y penalizaciones por un monto de mil 879 millones 205 mil pesos; sin embargo, no fueron resarcidos a pesar de haber una notificación de septiembre de 2014. También se detectó que no se construyó la pasarela en el acceso poniente de la estación terminal Mixcoac considerada en el proyecto ejecutivo autorizado. Observaciones en 2013 y 2014 En su informe de la revisión de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación determinó que en el contrato de obra pública que el GDF firmó con el consorcio constructor, la dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas y la Jefatura de la Unidad Departamental de Diseño de Vía hizo “caso omiso de la información sobre las fallas y presencia de desgaste prematuro de rieles en curvas de radios menores a 380 metros y grapas nabla”. Agregó que desde septiembre y noviembre de 2009, el consorcio advirtió al Proyecto Metro del DF –entonces a cargo de Enrique Horcasitas– sobre diversas fallas en la obra y le solicitó en varias ocasiones revisar las características químicas, físicas y geométricas de la rueda de los trenes así como la revisión de cambio en los trenes y la distancia entre ejes de un mismo boogie de 2.3 a 2.5 metros. Más: la ASF determinó que el GDF formalizó el acta de entrega-recepción de los trabajos el 26 de marzo del 2013 –ya con Joel Ortega como director del Sistema de Transporte Colectivo Metro–, 49 días después, más del doble de los 20 que marca la normatividad. No obstante, aclaró que la Secretaría de Obras y Servicios del DF envío documentación con la que la observación quedó subsanada.
(18 de febrero, 2015:).- Las acciones para difundir el mensaje de los padres de los normalistas a nivel nacional no paran. El 17 de febrero se realizó en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el evento titulado “Ayotzinapa: crimen sin resolver”, en donde participaron Clemente Rodríguez- padre de uno de los estudiantes desaparecidos- así como de José Solano, normalista de la escuela Raúl Isidro Burgos. Durante su intervención, el señor Clemente Rodríguez denunció que han recibido amenazas, presumiblemente de las autoridades, con la intención de detener su demanda de justicia y la lucha que han emprendido para el hallazgo con vida de los 43 desaparecidos. No obstante aseguró que continuaran con sus actividades informativas para dar a conocer la realidad en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
“El gobierno no ha hecho nada para resolver el caso y quiere dar el carpetazo; sabemos que corremos peligro al mantener nuestra lucha, pero no descansaremos hasta encontrar a nuestros hijos”, comentó.
Asimismo, exhortó a la sociedad a no dejarse engañar por los medios masivos de comunicación pues aseguró que el gobierno ha encontrado en la televisión un aliado para tratar de cerrar el tema y consolidar el carpetazo que se ha emprendido desde la Procuraduría General de la República (PGR). Por otro lado, el padre de Cristian Rodríguez-normalista desaparecido dese hace más de 4 meses- aseguró que el gobierno ha ofrecido dinero a los padres de los normalistas para cerrar el caso. “Quieren que paremos todo y últimamente nos están ofreciendo dinero; están citando uno a uno a los padres, a escondidas, pero si me tocará a mí, les digo que no aceptaré nada que venga del gobierno”, aseguró.
Al respecto de lo dicho por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Clemente Rodríguez afirmó que este grupo ha dado esperanza a los familiares de encontrar con vida a los normalistas.
En lo referente a la participación de un par de padres de familia en Ginebra, Suiza, dijo que el mensaje enviado a los familiares es de apoyo total, donde la comunidad internacional reafirmó su solidaridad y dijeron “que no nos dejarían solos”. “Voy a participar en la visita a Estados Unidos, y desde allá voy a denunciar a Enrique Peña Nieto y Ángel Aguirre, porque no han hecho nada para resolver el caso; además no es posible que a Aguirre le dieran licencia cuando se encontraba el problema”, sentenció. Sobre la visita a los cuarteles para buscar ahí a los estudiantes desaparecidos, demandó que el gobierno pidió que se le avisará qué instalaciones pretendían revisar así como la fecha en se llevaría a cabo la inspección. “No les avisaremos, no les daremos la oportunidad que oculten algo, caeremos de sorpresa y llevaremos a expertos en búsqueda para que nos auxilien”, manifestó. De igual forma, agradeció el apoyo brindado por parte de la sociedad a la causa de los normalistas ya que dijo, sin el apoyo del pueblo de México sería imposible mantener la lucha. “Respaldamos a los peritos argentinos, ellos son nuestros investigadores” En su oportunidad al micrófono, José Solana, estudiante de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, reiteró la versión del EAAF, en donde se señala que han existido irregularidades en la investigación de la PGR, como el hallazgo de huesos y restos de animales.
“Nosotros reconocemos a los peritos argentinos como nuestros investigadores, les damos nuestro respaldo; a ellos sí les creemos porque nos han dicho la verdad”, comentó.
De igual forma, exigió que se inicie investigación en contra del ejército para determinar su responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas en septiembre pasado. “Pedimos que se investigue a los militares porque participaron en los hechos y se han caracterizado desde tiempos de la guerra sucia como los expertos en desapariciones forzadas. Además exigimos que se inicie investigación sobre los tres ejecutados del 26 de septiembre, entre ellos Julio César Mondragón a quien desollaron; sobre esto nadie ha dicho nada “, apuntó. Asimismo, dijo que el gobierno empieza a distanciarse del caso y ha dejado de lado la comunicación con los padres de los normalistas porque “ya ven el caso cerrado”. “Los que están en el gobierno son una bola de corruptos, los delincuentes son los que nos siguen gobernando”, añadió.
José Solana, llamó a la comunidad estudiantil a iniciar el proceso de cambio, y dijo que en estas épocas es necesario que prolifere lo que denominó “estudiantes políticos”, los cuales se definen como aquellos que se interesan por la situación de su país e inician un activismo en aras de transformar a la nación. FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0 AUTOR: EDGAR ROSAS.
MÉXICO, D.F: Pemex anunció hoy que pospondrá proyectos de exploración en aguas profundas y que aplicará recortes de personal. Emilio Lozoya, director general de la exparaestatal dio a conocer este mañana que por instrucciones del Consejo de Administración de la empresa productiva del Estado también se desacelerará el ritmo de inversión en proyectos de refinería y modernización de plantas. Las medidas, aceptó en entrevista con Radio Fórmula, son consecuencia del recorte de gastos por 62 mil millones de pesos, derivado de la caída de los precios del petróleo. “En Pemex sin duda hay áreas donde podemos recortar gasto corriente, en lo que son servicios personales y recursos humanos. Sí se irá gente”, advirtió. “Hay algunos proyectos que estamos cancelando por que no habíamos iniciado, pero en esta industria cancelar un proyecto en el que ya vamos avanzados desde el punto de vista constructivo, no hace mucho sentido por que son proyectos de larga maduración. “Hay algunos proyectos de exploración en aguas profundas, no en todos, pero en los de mayor riesgo y si no hemos comenzado, por ahora se posponen”, dijo Lozoya. Señaló que la intención sólo es la de desacelerar el ritmo de inversión, y no precisamente la de cancelar o suspender proyectos. “Es un recorte de una gran envergadura que dilatara algunos proyectos de inversión, no estamos cancelando proyectos, estamos desacelerando el ritmo de inversión en algunos proyectos como refinería o modernización de plantas, que son menos rentables que otras como extracción o exploración”, acotó.
“No quiere decir que Pemex deje estos proyectos de lado, o que los cancele, simplemente como hay menos dinero, vamos a disminuir el ritmo”, concluyó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Es un partido que viola reiteradamente la ley, sostiene el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, quien ya presentó una denuncia penal contra el PVEM.
El Partido Verde enfrenta múltiples acusaciones y están en puerta denuncias en su contra, por parte del PAN, PRD y Morena. Una de las quejas es que no cumplió con la resolución del Instituto Nacional Electoral, de suspender la transmisión de sus promocionales en las salas de cine del país. En entrevista para Noticias MVS primera emisión, Arturo Escobar, coordinador de los diputados del PVEM, consideró que ”proponer, informar o difundir aquellos logros que tuviste, en tu plataforma electoral, o que fueron parte de tus propuestas se campaña, y hacerlas valer a través de la difusión de ellas, es simplemente un derecho que se tiene, fue materia de jurisprudencia por parte de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. “Esto es muy peculiar: quien inició este tipo de difusión fue el PAN en el año 2009, posteriormente el PRD en el 2010 y hoy mismo, en esta época de precampañas, el PRD tiene una difusión de los programas sociales del gobierno del Distrito Federal. Entonces, simplemente se busca golpear por golpear”. Sobre el tema, el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, expuso: “Lo preocupante no es que los delincuentes cometan delitos, como lo hace el Verde, lo preocupante es que la autoridad no haga nada, que el INE siga dejando pasar la violación, a este partido, que cínicamente los dirigentes del Verde digan que pueden cambiar otra vez los spots, que cínicamente digan que se van a gastar 320 millones de pesos, y la autoridad como si no pasara nada. Para nosotros lo más grave no es lo que hace el Verde sino lo que no hace la autoridad, en el INE, lo que no investiga el gobierno federal… Llevamos ya 4 quejas contra el Verde. Hemos presentado el día de hoy una denuncia penal en la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales)”. Horacio Duarte precisó que la denuncia penal ante la fiscalía es por colusión de servidores públicos, porque “la estrategia del Verde está amarrada a la estrategia del anuncio del ISSSTE y del Seguro Social, de vincularlo a la campaña del Verde, es decir hay una fórmula donde se correlacionan esta campaña del Verde, en el tema de los vales de medicamentos, y las acciones que tomaron los funcionarios de estas 2 instituciones”. El martes, ese partido fue acusado en San Lázaro de favorecer, con los vales de medicamentos, a negocios de farmacéuticos cercanos al instituto político. Al respecto, el diputado Escobar dijo que “tanto el IMSS como el ISSSTE han sido muy claros, y han subrayado que este programa piloto que empezará el 15 de marzo en el Distrito Federal, tiene que ver simplemente con buscar que se dé justicia ante aquellos que como derechohabientes del sistema de seguridad social federal, lleguen a pedir una medicina, con su receta correspondiente, y no se le ha entregado, tengan la posibilidad de acudir a una de las super-farmacias de estas instituciones y que les sea entregada. En nada tiene que ver la participación de farmacias privadas… ¿quién pudiera estar en contra de que a un trabajador mexicano, que ya le fue descontada esta prestación de su salario?”.
En tanto, en el INE, Morena denunció al PVEM, por “propaganda prohibida por la ley” e incluso aseguró que “están recibiendo financiamiento ilícito”, dijo Duarte. También el PAN y el PRD presentarán recursos contra el PVEM. ENTREVISTA:
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