MÉXICO, D.F: El expresidente del PRI Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre anunció esta mañana que padece cáncer de próstata. En entrevista con Grupo Fórmula, Gutiérrez de la Torre también dijo que lleva dos intentos de suicidio. “Duermo poco, no voy con un psicólogo, voy con un psiquiatra, he tenido dos intentos de suicidio”, declaró hoy por la mañana. Dijo que un día se tomó diez pastillas de Rivotril para dormir, lo que lo llevó de urgencias a un hospital. Y que la segunda vez fue el mes pasado, con una pistola. El priista acusó a sus correligionarios María de los Ángeles Moreno, Adrián Ruvalcaba y Arturo Barajas de orquestar una campaña en su contra. A un año de que la periodista Carmen Aristegui publicara un reportaje en la cadena MVS en el que exhibía cómo desde el PRI capitalino se ofrecían puestos de trabajo a cambio de servicio sexuales, Gutiérrez de la Torre dijo que su trayectoria política está acabada. Gutiérrez de la Torre acusó a Aristegui: “Me asesinó políticamente, me descuartizó”. Anunció que analiza demandar a la periodista.
El viernes pasado, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI determinó mantener a Cuauhtémoc Gutiérrez en las filas de su partido, aunque suspendió de manera indefinida sus derechos políticos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El miércoles por la noche fue arrojada una bomba a las instalaciones de Televisa, en Matamoros, Tamaulipas. La bomba fue arrojada alrededor de las 23:15 horas desde una camioneta. No se reportan personas lesionadas. Este es el segundo ataque contra Televisa Matamoros en este año; el pasado seis de febrero también fue arrojada una granada que provocó lesiones a dos guardias. En aquella ocasión, el explosivo fue lanzado contra el estacionamiento de la televisora y provocó daños a la fachada del inmueble.
También en febrero pasado, personal administrativo y de la redacción del diario El Mañana de Matamoros renunció por el secuestro del director de dicha publicación, Enrique Juárez Torres. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Ante la pretensión de MVS de imponer "nuevos lineamientos editoriales", Aristegui invocó a la figura de árbitro, que contempla su contrato y designada con anterioridad al conflicto. Reveló a Reforma que el árbitro es José Woldenberg,ex presidente del IFE. MVS rechazó su intervención, alegando que se trataba de un tema de "gobierno corporativo," y no un asunto editorial.
La periodista Carmen Aristegui afirmó en entrevista para el periódico Reforma que existe un intento por aniquilar su espacio de noticias en radio y televisión. A pesar de que es a ella a quien se ha querido hacer pasar como alguien que tuvo actitudes de intransigencia, fue la empresa MVS, explicó la periodista, la que no quiso negociar el diferendo surgido hace dos semanas. La concesionaria incluso obstaculizó la intervención de un árbitro, figura establecida en el contrato, que es José Woldenberg. Aristegui solicitó dos veces que Woldenberg mediara entre ella y la empresa de Joaquín Vargas. En vez de permitir que el árbitro se allegara de elementos y pudiera intervenir, MVS se negó en sendas ocasiones a ello. En la entrevista con Guadalupe Irízar, Aristegui indicó que en este momento ya “hay un grupo de abogados y están en la fase de diseño de la estrategia legal. Estamos trabajando como en el circo, en varias pistas. Si prosperara este golpe, sería una señal terrible, no solo para los periodistas”. Aquí un fragmento de lo publicado este jueves en Reforma: ¿Otro golpe, otra generación? Invocaste hace unos días a Miguel Ángel Granados Chapa, a Julio Scherer y Vicente Leñero. Ellos enfrentaron un golpe en Excélsior en 1976. ¿Es algo similar?
Los evoqué primero porque son nuestros maestros, porque su ejemplo, su batalla, su entereza, su congruencia debe ser recordada y vivida y emulada. Invoqué la idea de golpe porque sin compararnos ni de broma con ellos en términos de nuestro tamaño o dimensión, hay un componente que nos hermana: un golpe procedente de las estructuras del más alto poder en contra de un grupo de periodistas. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Mayoría de senadores no consideró de "urgente resolución" los puntos de acuerdo presentados por legisladores de diferentes partidos.
En votación económica, y por mayoría priista, el Senado de la República no consideró de urgente resolución los puntos de acuerdo presentados este jueves, en favor de la periodista Carmen Aristegui. Al respecto, el panista Javier Corral consideró que el bloqueo a la discusión “es la prueba que la complicidad brinda a la censura“. En la sesión de este día, se habló del caso aproximadamente 1 hora, pero no fue discutido a fondo, sino turnado a comisiones y a la Junta de Coordinación Política. El caso MVS fue abordado por los senadores Javier Corral, Dolores Padierna, Zoé Robledo, Manuel Bartlett, Layda Sansores y Marco Antonio Blásquez Salinas. Sorprendió la breve intervención, desde su escaño, del senador del PAN, Javier Lozano -ex secretario de Comunicaciones y Transportes- quien solicitó llevar a su comisión uno de los puntos de acuerdo. Los puntos de acuerdo le ofrecen a la periodista Carmen Aristegui un espacio tanto en el Canal del Congreso, como en el Instituto Mexicano de la Radio (Imer), lo cual será abordado por comisiones y la propia Junta de Coordinación Política, cuando ésta lo determina. El presidente de esa junta es el priista Emilio Gamboa. Mientras el tema era abordado en la tribuna del Senado, los senadores priistas Omar Fayad y Gamboa intercambiaron opiniones. “Orfandad informativa” El primero en tomar la palabra fue Corral, quien expresó que “muchos mexicanos sentimos una orfandad informativa”, tras la salida del aire de Aristegui. El panista hizo un llamado a la empresa a que respete cabalmente el contrato de prestación de servicios profesionales que con la periodista suscribieron. “La voz de Carmen Aristegui es una voz necesaria en el proceso democrático de México”, aseveró. Si es que, como se dice, es un conflicto entre particulares, “no se trata de dos particulares cualquiera, porque uno es concesionario de un bien público, como es el servicio de radiodifusión, y ella presta también un servicio público, el derecho a la información”. “Se quiere reducir, por confesión de la Secretaría de Gobernación, a un asunto de empresa y una prestadora de servicios”, refirió. El comunicado de la Segob “más que deslinde, sonó a un mea culpa”. Para el senador del PAN, “se inventó un conflicto que condujera al despido de la periodista” y es un “acto más que forma parte del vendaval autoritario”. Consideró que “existe una gran presión para que la empresa, por su propia naturaleza, recuperara el control editorial de la periodista, en sus cuatro horas”. Juntos, todos los conductores del horario matutino, no “le llegaban ni a los talones a la Primera emisión de Noticias MVS con Carmen Aristegui”, dijo Corral. Hay un “ambiente creciente de presión sobre la empresa, y una puñalada trapera al pueblo de México”. “El Senado de la República no se puede quedar al margen, es hora de que distingamos el delicado momento que vive México, que nos solidaricemos con la periodista y su equipo, que alcemos la voz, porque van a venir por otros más. No es casualidad que un policía sea el Secretario de Gobernación. Después de este silenciamiento, viene la represión. Es el momento más delicado que la crisis que vive México”, agregó. Un golpe a grupo de periodistas La senadora del PRD, Dolores Padiernas, manifestó que el despido de Carmen Aristegui se suma a una larga lista de agravios y es una muestra de la arrogancia gubernamental. La perredista aseveró que al gobierno federal “poco le importó el costo que deba asumir. El golpe a este grupo de periodistas viola principios constitucionales fundamentales: la libertad de expresión y manifestación de las ideas; el derecho a la información; el derecho de réplica y destacadamente, el derecho, nuestro derecho, de las audiencias”. “Los concesionarios son propietarios sólo de los equipos con los que se operan y con los que obtienen ganancias”, señaló. “El conflicto entre MVS y Carmen Aristegui no es un litigio entre particulares. El Estado está obligado a garantizar los principios constitucionales”, añadió. “Estamos ante el peor escenario que el país ha enfrentado en décadas”. En el mismo sentido se pronunció Zoé Robledo, quien habló a nombre de Mario Carrillo, cuya propuesta fue abrirle a Aristegui un espacio en el Imer. Por su parte, el senador del PT, Manuel Bartlett, comentó que “no puede negar los derechos del auditorio” y MVS “tiene obligación de explicar a su auditorio el silenciamiento, que no puede ir más allá de su coartada, tendría que reconocer que obedece a exigencias del gobierno” de Enrique Peña Nieto. El petista dijo que el objetivo del gobierno es “eliminar a la periodista, por el talento y capacidad con el que despliega sus investigaciones”, como la de la casa blanca. “MVS hace la labor sucia de Peña Nieto de liquidar a esa personalidad que irrita”, abundó el petista y ex secretario de Gobernación. “Sabiendo Peña Nieto el costo de liquidar a Carmen Aristegui, lo hace”, indicó. “El gobierno de Peña Nieto no podrá silenciar a México”, finalizó Bartlett. A su vez, Layda Sansores consideró que “el despido de Aristegui es el lenguaje del poder autoritario sin límites”. “No es la primera vez que a la periodista se le toma como moneda de cambio”, apuntó. Sobre Aristegui, Sansores mencionó que es “la voz clara, valiente, profesional, que investiga y denuncia la corrupción e impunidad que reina en esfera de los intocables”. “Se había convertido en el espejo más fiel de Peña y su gobierno… en lugar de agradecer su retrato, prefirió hacerlo añicos”, expresó la senadora. “La casa blanca desquició al gobierno, sepultó la credibilidad de Peña Nieto, lo evidenció como corrupto… pasó de la defensa a la venganza, al más puro estilo de los cobardes, porque clava la puñalada y esconde la mano”, dijo. “Este es un desafío a los ciudadanos”, apuntó en referencia a la columna publicada esta semana por el periodista Eduardo Huchim, en el diario Reforma. “Carmen Aristegui no debe ser despedida, quien debe ser despedido es Peña Nieto, que se vaya”, remató Layda. Marco Antonio Blásquez Salinas, del PT, también abordó el caso: “Ante un régimen, una comunicadora sería inferior en fuerza, y también un concesionario público, le hablo a Joaquín Vargas, es inferior en fuerza (…). “Yo le pido al presidente de la República y al régimen que respeten a los periodistas, que no usan guaruras, ni carros blindados, su única arma es la pluma (…). “Al presidente el pueblo lo va a enjuiciar, no sé qué pueda estar haciendo en 4 años… Lo que sí sé es que Carmen Aristegui va a estar de pie, con la frente en alto (…). “Quiero de manera respetuosa pedirle a don Joaquín Vargas que retome el diálogo con Carmen… sé del riesgo que corre la familia Vargas… los políticos somos temporales y los medios perennes. “Abramos el diálogo, sentémonos, este no es un tema más que de ustedes dos”, sostuvo. Tras la votación que no consideró los puntos de urgente resolución, Corral rechazó que su punto se turnara a la Junta de Coordinación Política. Llamó la atención que la senadora del PRI, Mayela María de Lourdes, buscó que la comisión que encabeza, la del Trabajo, atrajera el punto de acuerdo.
Finalmente, los puntos fueron turnados a diferentes comisiones y la Junta. Las propuestas de Delgado y de Encinas fueron turnadas a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. VÍDEO:
Estar en una cárcel en México no solo implica una condena legal, también, es nocivo para la salud. Algunos funcionarios detenidos en prisiones federales acusan de los malos servicios médicos. La reciente muerte de Salma Karrúm- quien fuera alcaldesa de Pátzcuaro, recluida por presuntos nexos con el narcotráfico- ha encendido las alarmas
Salma Karrúm fue detenida en septiembre del año pasado. A la exalcaldesa de Pátzcuaro, Michoacán se le acusó de por tener nexos con el cártel de Los Caballeros Templarios. El fin de semana pasado, Karrúm murió en un hospital de Morelia a donde había sido trasladada apenas dos días antes del penal de Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez” en el que se encontraba recluida. Padecía cáncer. Familiares de la exfuncionaria priista aseguraron a medios locales que personal del penal no hizo caso de las complicaciones de salud que la reclusa presentaba. El caso de Karrúm no es el único entre los funcionarios michoacanos que han sido detenidos en los últimos meses. La dirección de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de Michoacán informó que a los cuatro alcaldes procesados en cárceles de la entidad, el encierro sorpresivo les ha repercutido afectaciones a su salud. Detalló que algunas de esas afectaciones han ameritado la intervención urgente de los servicios médicos del penal, como es el caso de la alcaldesa de Huétamo, Dalia Santana Pineda, quien sufre por problemas de hipertensión arterial. De acuerdo a fuentes del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social del Gobierno Federal, cuatro alcaldes, un exdiputado local y el exgobernador de Michoacán, que se encuentran en prisiones federales, han solicitado servicios médicos de urgencia en las últimas semanas, debido a complicaciones en su salud. Pero además, casi el 80 por ciento de los reos federales solicitan atención médica todos los días, al incrementarse los padecimientos crónico-degenerativos como la hipertensión, diabetes, hepatitis, alteración prostática y otros relacionados con diversos tipos de cánceres. Inconformes por la falta de atención El exgobernador de Michoacán, Jesús Reyna, se encuentra tratado medicamente por hipertensión arterial grado dos. El servicio médico del penal federal ha recomendado que el exfuncionario -quien se encuentra preso en la cárcel federal de Almoloya por presuntos nexos con el cártel de los Caballeros Templarios- tenga una dieta especial, la que le prohíbe el consumo de azucares y sal. Reyna García se ha inconformado en repetidas ocasiones por no recibir el medicamento en forma puntual, incluso interpuso dos amparos en un juzgado de Toluca, los cuales ganó y el juez ordenó al servicio médico del Cefereso Uno la dotación puntual de medicinas para el quejoso. El exgobernador michoacano también demandó atención médica especializada en materia gastrointestinal, pero el servicio médico de la prisión federal consideró que no es necesaria la intervención médica exterior, limitando las consultas clínicas al personal médico que labora en ese centro de readaptación social. En la misma condición se encuentra José Trinidad Martínez Pasalagua, exdiputado local de Michoacán, también preso en Almoloya por presuntos nexos con el crimen organizado. A Martínez Pasalagua se le ha tratado por un problema de gastritis agudo y reflujo nocturno, una infección gastrointestinal severa, un problema respiratorio agudo y problemas de depresión moderada. No ha sido internado en el hospital del Cefereso, pero está medicado y su tránsito está limitado al interior de su celda. Actualmente recibe un tratamiento para el control de los problemas derivado de una colitis nerviosa. El exdiputado se ha quejado -en cartas enviadas a algunos de sus amigos en Morelia- por el aislamiento y la falta de llamadas telefónicas, que asegura lo “están volviendo loco”. Como parte de su tratamiento contra la depresión, la dirección de la cárcel federal de Almoloya le ha permitido dibujar y hacer pintura al óleo. Los males de Abarca De acuerdo a fuentes consultadas en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social del Gobierno Federal, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, mantiene una alerta permanente por lo delicado de su salud. El exfuncionario, señalado por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sufre problemas de hipertensión arterial y una constante baja de defensas inmunológicas, lo que lo mantiene en tratamiento médico con antibióticos. A causa de una gastroenteritis infecciosa, el exalcalde fue internado en dos ocasiones en el hospital dentro de la cárcel federal de Almoloya, sin que se haya requerido a la fecha el tratamiento clínico externo, como él lo llegó a solicitar a través de su defensa. Debido a los recurrentes padecimientos de salud, al indiciado de delitos graves como delincuencia organizada y fomento al narcotráfico, no se le ha permitido la convivencia con el resto de la población carcelaria. Después de permanecer en área de ingreso del Centro de Observación y Clasificación (COC), Abarca fue asignado a una celda de aislamiento, en donde recibe medicamento tres veces al día. Además, el exalcalde lleva una dieta especial, clasificada como hipercalórica, para disminuir los estados depresivos en los que se hunde frecuentemente. Debido a su disminuida condición de salud, Abarca ha sido recomendado por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Cefereso Uno para no realizar prácticas al aire libre. Se le permite tomar el sol únicamente media hora al día y no se le autoriza correr en el reducido patio al que se le saca entre las 10 y las 11 de mañana, todos los días, vigilado siempre por dos custodios. Les cobran factura
Aquienes también les ha pasado caras facturas la cárcel por las enfermedades que se les han venido de golpe, es a los alcaldes Feliciano Álvarez, de Cuetzala, Guerrero; y Ricardo Gallardo, de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Ambos están bajo tratamiento médico, el primero por problemas de hipertensión y el segundo por depresión y problemas gástricos infecciosos severos. Álvarez está preso en la cárcel federal de Matamoros acusado de secuestro y narcotráfico, mientras que Gallardo permanece en la cárcel federal de Hermosillo, señalado por desvío de recursos. Las fuentes del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social indican que su salud, aunque estable, se nota disminuida frente a la que mantenían al momento de ingreso a la prisión. Otros enfermos La defensa de al menos cinco de los alcaldes michoacanos que se encuentran presos acusados de nexos con el narcotráfico han alegado males de salud de sus clientes. Jesús Cruz Valencia Preso en la cárcel federal de Tepic > Ha estado internado en por lo menos una ocasión en el hospital al interior del Cefereso 4 por una descompensación de la presión arterial, producto de su estado anímico. > Se encuentra en tratamiento psicológico constante debido a la dificultad que le ha representado asumir la prisión, la que manifiesta con estados de desorientación y confusión temporal, misma que se expresa en la imposibilidad ocasional de hilar frases coherentes. > El reo es también recurrente en padecimientos de infecciones respiratorias agudas. Jesús Cruz Valencia Preso en la cárcel federal de Tepic > Ha estado internado en por lo menos una ocasión en el hospital al interior del Cefereso 4 por una descompensación de la presión arterial, producto de su estado anímico. > Se encuentra en tratamiento psicológico constante debido a la dificultad que le ha representado asumir la prisión, la que manifiesta con estados de desorientación y confusión temporal, misma que se expresa en la imposibilidad ocasional de hilar frases coherentes. > El reo es también recurrente en padecimientos de infecciones respiratorias agudas. Dalia Santana Pineda Exalcaldesa de Huetamo > Ha sido atendida de urgencia por problemas de hipertensión arterial, resultado de los estados de angustia e insomnio en los que de manera frecuente se encuentra la reclusa. > Ha pedido servicios médicos externos, pero se los ha negado la dirección del penal estatal. Uriel Chávez Mendoza Exalcalde de Apatzingán > Se encuentra en tratamiento médico para resolver s problemas infecciosos en el tracto respiratorio y bucofaríngeo, los que se han agudizado en las últimas semanas, cuando él mismo manifestó al departamento de psicología un “estado de tristeza increíble”. Arquímedes Oseguera Solorio Exalcalde de Lázaro Cárdenas > No ha ingresado de urgencia a los servicios médicos del penal, aun cuando ha hecho solicitudes a la dirección para el suministro del exterior de medicamentos para el tratamiento del pie de atleta, infecciones cutáneas e infecciones gastrointestinales severas. José Luis Madrigal Figueroa Exalcalde de Numarán > Ha registrado problemas de salud relacionados a un estado depresivo casi permanente, que se complica con una alza en los índices clínicos de la presión arterial. > Tiene disminución en el apetito y en consecuencia una notable pérdida de peso. Solo y enfermo Los padecimientos de salud de José Manuel Mireles se han agravado desde su ingreso al penal federal de Hermosillo. El fundador de los grupos de resistencia civil contra el crimen organizado en Michoacán, actualmente está sometido a tratamiento médico para el control de la diabetes y la hipertensión arterial. Oficialmente no se ha reconocido que los problemas de salud de Mireles pudieran poner en riesgo su vida, pero fuentes al interior de esa cárcel federal revelan que el líder de las autodefensas michoacanas ha sido segregado de la población carcelaria, a fin de poder tener acceso más rápido a los servicios de salud de la institución. Mireles se encuentra asignado en una de las dos celdas dentro del Centro de Observación y Clasificación (COC) del penal. Estos espacios son reservados para pacientes con padecimientos especiales de salud. Allí, hasta el acceso del aire y la luz están controlados por los custodios y nadie que no sea del servicio médico tiene permiso de entrar. Mireles tiene limitado su tránsito a un espacio de 2 por 3 metros. No tiene acceso a actividades recreativas, como deporte, dibujo, pintura, música o prácticas religiosas. Solo se le tiene autorizada la lectura, con la posibilidad de escribir cartas dos veces a la semana. Se le facilitan 5 sobres y 6 timbres postales de 7 pesos cada uno, cada 10 días. El Consejo Técnico Interdisciplinario de la cárcel federal de Hermosillo deteminó que debido a su condición delicada de salud, Mireles reciba la alimentación en la puerta de su celda, sin posibilidad de desplazarse hasta el área de comedores.
El interno ha reclamado en varias ocasiones la atención médica especializada externa, pero se le ha negado. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Guerrero sigue bajo el fuego normalista luego de que ya pasaron seis meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
A medio año de la trágica –y aún indescifrable– noche del 26 de septiembre que vivieron estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, Guerrero sigue bajo el fuego normalista. Además de las dudas de los padres de familia sobre la versión oficial de lo ocurrido con sus hijos desaparecidos en Iguala, los próximos comicios en la entidad no hacen más que echarle leña. Familiares de los 43 jóvenes, así como normalistas y simpatizantes con el movimiento, anunciaron que mañana realizarán manifestaciones y acudirán al Instituto Nacional Electoral (INE) para advertir que no permitirán que haya elecciones en el estado. Los padres entregarán documentos donde expondrán la inexistencia de condiciones para que se realicen comicios el próximo 7 de junio. Ya en febrero el vocero de los padres de familia había advertido sobre la infiltración del crimen en la política.
“Ningún municipio va a ser gobernado por ningún político de ningún partido. Dicen que votar es nuestro derecho, pero ¿qué derecho podemos defender si ya se llevaron todos nuestros derechos? Solo nos queda defender el artículo 39 que dice que el poder emana del pueblo y el pueblo decide quién lo gobierna”, dijo Felipe de la Cruz. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
MÉXICO, D.F: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó la sanción impuesta al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, por uso indebido de propaganda al promover su Tercer Informe de Gobierno en otras entidades. Con siete votos a favor y cuatro en contra, los consejeros confirmaron la sanción impuesta el pasado 29 de enero a Eruviel por haber promocionado su informe en 69 estaciones de radio y cuatro canales de televisión en 19 entidades de país. Este caso volvió al Consejo General del INE por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que pidió al Instituto contestar claramente los agravios expuestos por los funcionarios del Estado de México. Hoy los consejeros resolvieron que el gobernador mexiquense sí violó el artículo 134 constitucional que prohíbe la propaganda personalizada con promocionales en lugares fuera del ámbito de responsabilidad. Tras la ratificación de la sanción el Congreso del Estado de México deberá aplicar las multas a las emisoras responsables, que van de los siete a los 24 mil pesos. La denuncia fue interpuesta por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Durante la discusión, que se prolongó por más de dos horas, los consejeros Adriana Favela, Enrique Andrade, Beatriz Galindo y Benito Nacif, quienes votaron en contra, propusieron cambiar las sanciones contra el gobernador con el argumento de que las pruebas presentadas carecen de certeza ante los alegatos del gobernador. El consejero Benito Nacif argumentó que desde que se discutió este caso, “no había elementos en el expediente que imputaran directamente al gobernador” y que las leyes estatales “no lo hacían directamente responsable”, por lo cual decidió votar en contra del proyecto. Por su parte, la consejera Favela señaló: “Sí se transmitieron algunos mensajes fuera del Estado de México, pero estas empresas lo que alegan fue, primero, que ni siquiera fueron contratadas por el Gobierno del Estado de México, y en segundo lugar, que se debieron a fallas técnicas. Entonces, yo creo que aquí hay muchos elementos que se tienen que considerar y que desafortunadamente en el proyecto que se nos presenta no están debidamente contestados los argumentos”. La consejera Beatriz Galindo, de plano dijo que no percibió responsabilidad en el gobernador porque, según su percepción, sólo se difundió el mensaje en los 125 municipios del Estado de México. El consejero Ciro Murayama criticó a los consejeros que impugnaron el dictamen al recordarles que el 22 de octubre del año pasado ellos estuvieron de acuerdo con la sanción que se le impuso, por faltas similares, al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. “Es paradójico que algunos de mis colegas que votaron en un sentido identificando la responsabilidad del gobernador de Puebla, ante una conducta similar digan que no procede”, les reviró Murayama. Y pidió a los consejeros: “No nos cambiemos de gafas, usemos las mismas, las de la objetividad”. Finalmente el proyecto sancionador contra Eruviel Ávila fue aprobado por siete votos contra cuatro. A favor votaron Pamela San Martín, Ciro Murayama, Lorenzo Córdova, Arturo Sánchez, Roberto Ruiz y Marco Antonio Baños, y en contra, Adriana Favela, Beatriz Galindo, Enrique Andrade y Benito Nacif.
La Secretaría de la Contraloría del Estado de México y el Congreso local contarán con 15 días para informar al INE las medidas aplicadas para acatar la resolución. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
SILAO, Gto: La organización Artículo 19 anunció su respaldo a la reportera de El Heraldo, Karla Janeth Silva Guerrero, quien informó que interpondrá un recurso de inconformidad después de que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República (FEADLE), declinó ejercer acción penal en su caso. La FEADLE informó a Silva Guerrero que no continuará con sus investigaciones sobre la agresión que sufrió el pasado 4 de septiembre, porque eso significaría duplicar la indagatoria que realiza la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), que dejó el caso “sin materia” tras consignar a los autores materiales y presentarlos ante un juez, por lo que actualmente están sujetos a proceso. La reportera dijo estar inconforme con esta decisión, puesto que en la instancia local no se están revisando ni documentando los delitos cometidos contra la libertad de expresión, ni se ha llevado su proceso con perspectiva de género, a pesar de que la naturaleza de la agresión fue determinante por su condición de mujer periodista. Bajo estos criterios y con el apoyo de la organización Artículo 19, Karla Silva interpondrá el recurso legal para pedir a la FEADLE que revoque el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y proceda a investigar y consignar su caso hasta el final. Afuera del Juzgado, la periodista señaló esta mañana que continúa siendo hostigada por funcionarios del gobierno municipal de Silao que encabeza el alcalde priista Enrique Benjamín Solís Arzola. Algunos de los empleados del área de Comunicación Social, dijo, han optado por filmarla o grabarla cuando entrevista a algún funcionario del gobierno municipal, además de que se le niega información. “Voy a platicar con el procurador estatal de los derechos humanos… es un asunto al que no le quise dar importancia, pero creo que puede tener consecuencias en un futuro”, señaló la reportera. La audiencia que se celebraría este miércoles fue diferida por el juez para el próximo 23 de abril. Se trata de la audiencia previa al juicio en contra de los tres sujetos que fueron detenidos por la golpiza y amenazas contra la periodista de El Heraldo. La FEADLE, que representa a Karla Silva y a Adriana Elizabeth Palacios, la otra reportera agredida, señaló al Ayuntamiento de Silao como tercero civilmente responsable de los hechos y pidió la comparecencia de un representante del Cabildo en la próxima audiencia. Joaquín Osvaldo Valero, uno de los tres procesados como autores materiales de la golpiza y amenazas contra la periodista, pidió un juicio abreviado para reconocer su culpabilidad y ofrecer un acuerdo para reparar el daño.
Luis Gerardo Hernández Valdenegro, otro de los autores materiales, quedó en libertad al acogerse al mismo juicio abreviado. FUENTE: PROCESO. AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
MÉXICO, D.F: En su reciente gira por el estado de Chiapas, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció al cantante Julión Álvarez como “un gran ejemplo para la juventud mexicana”. “A Julión Álvarez, muchas gracias, Julión. Un joven talento de Chiapas. Un joven que ha destacado, que ha representado a su tierra, y me da mucho gusto que sea un gran ejemplo para la juventud mexicana. Gracias, Julión, por estar aquí”, dijo el pasado martes el mandatario en el marco del programa Estrategia para el Desarrollo del Sur de México.
El evento se realizó en el Polyforum Mesoamericano en Tuxtla Gutiérrez.
Según diversos medios chiapanecos, desde que el gobernador Manuel Velasco asumió el cargo, Julión Álvarez ha sido contratado en varias ocasiones para eventos oficiales, además de interpretar la canción oficial de la administración del mandatario. Previamente a la presentación que Peña Nieto hizo del cantante, Velasco se deshizo en halagos hacia quien fuera juez del programa de Televisa La Voz México: “El día de hoy los chiapanecos nos sentimos muy orgullosos de tener a uno de los mejores cantantes de la República Mexicana, es orgullosamente de La Concordia, de Benito Juárez, y es un joven que le acaba de ganar a Ricky Martin y a todos en la Voz México. Tengo la fortuna de ser muy amigo de él desde hace muchos años y hoy él tenía mucho interés de venir a saludar al presidente de México; le pido a Julión Álvarez que pase a saludar al Presidente de la República. Muchas gracias presidente y muchas gracias a Julión”.
Álvarez incluso declaró hoy en el DF que cantaría en la boda de Anahí y Manuel Velasco sin cobrar un solo centavo, ya que lo haría como agradecimiento por el trato que ha recibido por parte de la pareja. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Los congresistas incluirán en el debate de la reforma a la Constitución en materia de seguridad, presentada por Enrique Peña Nieto, las propuestas de la ONU, de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.
Organizaciones de derechos humanos pretenden que el Senado de la República incorpore en la Constitución Política el “no ser sometido a desaparición” como un derecho fundamental de los ciudadanos mexicanos. El Senado desempolvó esta semana, después de más de tres meses de permanecer en el cajón de asuntos pendientes, la propuesta del Ejecutivo para reformar la Constitución. En el debate se plantea también legislar sobre la desaparición forzada, la tortura y la ley de justicia para adolescentes, temas que fueron propuestos también como parte del decálogo presentado por Enrique Peña Nieto a finales de noviembre pasado. Los congresistas acordaron incluir en la discusión las propuestas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la iniciativa presidencial, y también la propuesta única que realizarán diversas organizaciones y defensores de derechos humanos. Todos coinciden en la importancia de la reforma y la oportunidad que representa para cambiar la situación de violencia que vive el país y que tocó su punto máximo con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hace seis meses. Ampliar el concepto de desaparición En su propuesta que hizo llegar a la Cámara alta, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pide a los legisladores que sea ampliado el concepto de desaparición, para incluir a todas las personas de las que se desconozca su paradero y no solo a quienes hayan sido víctimas de desaparición forzada y en la que intervienen autoridades y servidores públicos. “Se presenta una gran oportunidad para contribuir a remontar esa situación. El reconocimiento del derecho humano a no ser sometido a una desaparición podría tener un efecto desencadenante en un sentido virtuoso”, expone en su propuesta Zeid Ra’ad Al Hussein, a la que tuvo acceso Reporte Índigo. La Oficina del Alto Comisionado recomienda a los congresistas mexicanos que no solo legislen sobre la desaparición forzada, sino que se redacte sobre el concepto de no ser sometido a una desaparición, venga de autoridades o particulares. “De manera respetuosa, se recomienda que se adicione al texto constitucional mexicano (…) la siguiente redacción: ‘Ninguna persona será sometida a desaparición, sea ésta cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con o sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado’”, pide la ONU. Con la inclusión de este texto se cumplirá también con varios acuerdos internacionales que México ha firmado en materia de desaparición forzada. El organismo pide también facultar al Congreso para legislar en otros temas, como la tortura; los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y los delitos contra la libertad de expresión, los periodistas o instalaciones que “menoscaben el derecho a la información”, estableciendo un plazo de seis meses para que se entreguen estas leyes. Propuestas civiles Las demás organizaciones civiles que participaron en el análisis de las iniciativas trabajan en una propuesta que entregarán a las comisiones del Senado en la primera semana de abril, a fin de integrar sus ideas a la nueva legislación. En primer lugar mencionan la necesidad de “reconocer el derecho humano a no ser sometido a desaparición”.
Además, establecer plazos para legislar sobre desaparición de personas; tortura; ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y desplazamiento interno forzado. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: IMELDA GARCÍA
La gran cantidad de abusos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales mantienen al país en una crisis de derechos humanos, aseguró el presidente de la CNDH en su informe de actividades.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó su informe de actividades 2014 en la residencia oficial de Los Pinos, frente al presidente Enrique Peña Nieto, integrantes de su gabinete y funcionarios de diversas instituciones. El ombudsman nacional aseguró que la situación de los derechos humanos en algunas partes del país atraviesa por “una crisis” que no corresponde a la envergadura de la reforma constitucional en la materia de junio de 2011. Detalló la gran cantidad de abusos graves, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Durante su mensaje, González Pérez destacó que el despertar y toma de conciencia que hechos como los de Chalchihuapa, Tlatlaya e Iguala provocaron en la sociedad. “Iguala marca un antes y un después para México. La gravedad y trascendencia de estos hechos nos debe hacer reflexionar y replantear el futuro que queremos para nuestro país. Iguala es un asunto no cerrado, en el que hay que buscar la verdad y lograr que los derechos de las víctimas sean reparados”, dijo. El funcionario recalcó que la simulación, parcialidad y falta de apego a la ley en procedimientos de responsabilidad administrativa constituye una nueva violación a derechos humanos. “Se revictimiza a quienes fueron objeto de las violaciones que dieron origen a la recomendación”, agregó. González Pérez exigió a Peña Nieto emitir una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética. “Por sensibles que sean los temas y aun cuando existan puntos de divergencia, es preciso, y lo digo con todo respeto, que con base en las coincidencias y buscando en todo momento la mayor protección y vigencia de los derechos humanos en el país, se avance en la implementación de acciones sustantivas propuestas en cada tema”, destacó. Las autoridades, indicó, están obligadas a encauzar las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas eficazmente, pero también aplicar oportuna y debidamente la ley. “No podemos establecer acciones integrales y coordinadas de búsqueda, ni estaremos en posibilidad de que se deslinden las responsabilidades correspondientes, si no contamos con información real y objetiva”. El titular de la CNDH señaló que México está obligado a atender los informes recientes de la Organización de las Naciones Unidas sobre tortura y desaparición forzada, como parte del compromiso asumido en el ámbito internacional. Incumplir esas recomendaciones, dijo, debilita el Estado de derecho y fomenta la impunidad. Seguirá trabajando El presidente Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno tiene un compromiso con el respeto y protección de los derechos humanos. Detalló que su administración seguirá trabajando en el marco de la ley y cualquier funcionario que se aparte de su cumplimiento debe asumir las consecuencias. “La esperanza de una convivencia pacífica, armónica y apegada a la ley, sólo podrá concretarse si se ubica en el centro de toda la administración pública, la defensa y protección de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas”, dijo. Peña Nieto reconoció que el Estado mexicano aún tiene mucho qué hacer en favor del goce y disfrute pleno de los derechos humanos, y ofreció la actuación del gobierno dentro del marco de la ley, con la total disposición de atender las recomendaciones. El mandatario aclaró que su administración ha aceptado todas las recomendaciones de la CNDH. En la lista negra Las entidades públicas más señaladas en las recomendaciones de la CNDH: > Instituto Mexicano del Seguro Social >Comisión Nacional de Seguridad >Gobierno de Oaxaca >Procuraduría General de la República >Gobierno del Distrito Federal
>Gobierno de Chiapas FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF
MÉXICO, D.F: Hace unos cuantos años, quizá un par de décadas, una de las principales consignas que comenzaron a surgir en las marchas de la ciudad de México era una cantaleta que se repetía una y otra vez entre los cientos y miles de participantes: “prensa vendida, cuéntanos bien” gritaban los manifestantes encarando a los reporteros que cubrían la protesta quienes intentaban justificar, cuando podían, que no eran ellos los responsables de mentir o falsear la información, sino sus jefes o los dueños de las empresas. Los reporteros de a pie, los que trabajan en la calle hablando con la gente, tenían que contestar avergonzados a los manifestantes que lo que en las direcciones de sus medios o en las páginas editoriales de sus periódicos aparecía, boletines, comunicados o líneas editoriales, eran ajenos a ellos y que eran enviados desde alguna oficina del gobierno o incluso desde la casa presidencial. De esta manera, mientras en las cúpulas los empresarios y los gobiernos se juntan estableciendo alianzas económicas y políticas, en las calles los reporteros siguen siendo agredidos sin tener una protección. “Prensa vendida, cuéntanos bien” les gritan a los reporteros agredidos también por las policías. Según la organización Articulo 19, cada 26.7 horas se agrede a un periodista en el país. En la actual administración de Enrique Peña Nieto las agresiones contra la prensa casi se duplicaron. Este es el regreso del PRI en los medios de comunicación: el control y el negocio con los empresarios, la represión a los reporteros en la calles. Hoy es evidente la mala fama que tenían los medios de información, principalmente las televisoras y algunos periódicos con sus articulistas y columnistas oficiosos, que tergiversaban la información de las protestas, manifestaciones, actos de corrupción, impunidad, cochupos y vicios de los grupos en el poder, sobre todo del PRI, con tal de seguir en el negocio de la industria mediática. Los medios de comunicación en México, en su mayoría, nacieron como apéndices o extensiones de los grupos de poder. Durante los 71 años de gobierno ininterrumpido del PRI, se hizo de la prensa una aliada y cómplice de sus abusos sujetándola de los beneficios de publicidad o concesiones en el uso del espectro público. El PAN en sus 12 años de gobierno hizo lo mismo a través de jugosos contratos millonarios de publicidad que en la era foxista manejó Marta Sahagún, dejando pendiente el proceso de transición democrática en la prensa mexicana, que había institucionalizado el famoso “chayote” o sobres de dinero que les daban a los reporteros por escribir notas favorables al gobierno. Con el panismo los grandes empresarios de los medios de comunicación cambiaron su papel de compinches a socios políticos. El fundador de Televisa Emilio Azcárraga “El Tigre” dijo alguna vez que eran “los soldados del PRI” y ahora su heredero Emilio Azcárraga Jean modernizó la frase diciendo “la democracia es el mejor negocio”. El año pasado, según cifras extraoficiales de organizaciones como FUNDAR, el gobierno federal gasto 5 mil millones de pesos en publicidad y propaganda en medios de comunicación y los gobiernos de los estados 7 mil millones. Es decir, se gastaron un total de 12 mil millones de pesos sin regulación en propaganda en la prensa, lo que en los hechos constituye una forma sutil de control.
Antes el viejo PRI marcaba las pautas de la información hablando por teléfono a los dueños o directores de los medios, hoy ya no es necesario. Como socios los empresarios saben hasta donde pueden llegar y cuando sienten que les cierran las llaves de la publicidad, hacen los ajustes internos para no molestar al gobierno. Eso fue lo que ocurrió con Carmen Aristegui en MVS: la autocensura por intereses económicos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
MÉXICO, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los mexicanos a participar en las elecciones del próximo 7 de junio y a reafirmar la confianza en las instituciones democráticas. En un contexto marcado por la petición de suspender los comicios en Guerrero, el llamado del Ejecutivo incluyó la afirmación de que en México existe democracia.
Peña aseguró que debido a las reformas electorales, éstas serán las elecciones más fiscalizadas y transparentes de la historia, con nuevas autoridades electorales y reglas más estrictas. La participación, por primera vez, de candidatos independientes y con paridad de género en las postulaciones partidistas, subrayó, fortalece la democracia electoral.
En un videomensaje difundido a través de la página de internet de la Presidencia de la República, el mexiquense consideró que las campañas de los distintos partidos políticos posibilitan el contraste de ideas, y llamó a evaluar las diferentes propuestas. Peña Nieto dijo que los mexicanos pueden estar seguros de que su voto cuenta y será respetado. Añadió: “La democracia es diálogo y debate, es contraste de ideas y proyectos. México es una democracia con una ciudadanía cada vez más activa y participativa. Nos corresponderá a los electores evaluar cada una de las propuestas políticas y tomar una decisión informada a la hora de elegir a quienes nos representen”.
La democracia mexicana, enfatizó, se ha construido con el esfuerzo de varias generaciones, y como ciudadanos “nos toca participar, nos corresponde ejercer nuestro voto. Recordemos que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y que la mejor expresión de la voluntad popular es el sufragio individual”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
CHILPANCINGO, Gro: La dirigencia estatal del PRI designó este miércoles a 21 candidatos a diputados locales, algunos de los cuales son señalados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
El reparto de candidaturas estuvo encabezado por diversos grupos políticos, uno de ellos el representado por el diputado federal Manuel Añorve Baños, quien acaparó cinco de los seis distritos que conforman el municipio de Acapulco.
Otro es el de los exgobernadores René Juárez Cisneros y Rubén Figueroa Alcocer, quien colocó a su principal operador político, Héctor Vicario Castrejón, y a alcaldes de la Costa Grande y Costa Chica.
El senador perredista Armando Ríos Piter se acercó al PRI y en las negociaciones con la cúpula tricolor se adjudicó dos distritos, Chilpancingo y Acapulco, en los que postuló a María Luisa Vargas y Eduardo Cuevas, respectivamente, a través de las siglas del PVEM.
Al igual que el PRD, los grupos de poder del PRI han postulado a candidatos a diputados locales con perfiles oscuros, en su mayoría alcaldes con licencia vinculados al narcotráfico.
Incluso las esposas de algunos de ellos fueron registradas para cumplir con la cuota de género, situación que refleja la indiferencia de la clase política frente a la crisis política y social que se vive en la entidad, luego de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
A pesar de que ese caso exhibió el nivel de infiltración y complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno con el narcotráfico, lo que ha llevado a los padres de los normalistas a exigir la cancelación de las elecciones en Guerrero bajo el argumento de que la clase política representa a la delincuencia, las cúpulas del PRI y el PRD le apuestan a reeditar la elección de 2012, donde ambos partidos triangularon posiciones y postularon a cargos de elección popular a personajes ligados al narcotráfico.
La mayoría de los candidatos del PRI a diputados locales destacan no por su perfil profesional o trayectoria política, sino por los señalamientos públicos e informes del gobierno federal que los vinculan con el crimen organizado.
En el distrito 11, con sede en Zihuatanejo, fue designada Emma Suazo Figueroa, esposa del alcalde priista de Petatlán, Jorge Ramírez, señalado por sus presuntos nexos con el grupo delictivo que encabeza el cacique ganadero preso por narcotráfico, Rogaciano Alba Álvarez.
La propuesta del Revolucionario Institucional para el distrito 15, con sede en San Luis Acatlán, es el alcalde con licencia de Azoyú, Luis Justo Bautista, hijo de Luis Justo Herrera, cacique de la Costa Chica vinculado por el gobierno federal con el cártel de los hermanos Díaz Parada de Oaxaca y señalado como pistolero del exgobernador defenestrado, Ángel Aguirre Rivero.
En el distrito 17, de Coyuca de Catalán, fue postulado el alcalde con licencia de San Miguel Totolapan, Saúl Beltrán Orozco, también señalado por sus nexos con una banda criminal que opera de manera impune en esa franja de la región de Tierra Caliente.
María Delgado Martínez, esposa del alcalde de Tlapehuala, Evelardo Wences, quedó registrada en el distrito 18 con sede en ciudad Altamirano, en tanto que el alcalde con licencia de Eduardo Neri, Ignacio Basilio, vinculado con el grupo delictivo de Los Rojos, quedó como candidato a diputado local por el distrito 19.
En el distrito 23 fue designado Héctor Vicario Castrejón, otro personaje señalado por sus nexos con el narcotráfico y principal personero del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer.
En el distrito 24, con sede en Tixtla, el PRI nombró al alcalde con licencia de Quechultengango, Antonio Navarrete Cortés, acusado de proteger a la banda de Los Ardillos que dirige la familia del presidente del Congreso local, Bernardo Ortega.
En el distrito 25 de Chilapa quedó la actual síndica Flavia García, propuesta por el alcalde de ese municipio, Francisco Javier González García, quien fue descartado porque supuestamente protege a operadores de Los Rojos en la zona de la Montaña baja de la entidad.
En el distrito 2 va otro alcalde con historial oscuro: Eusebio González Rodríguez, del municipio de Olinalá.
En México hacer periodismo crítico y evidenciar irregularidades y corrupción de los gobiernos, sobre todo en el interior de la República es, además de “nadar contra corriente”, adentrarse a un mundo lleno de peligro, concluyeron comunicadores víctimas de agresiones.
Durante la presentación del informe “Estado de Censura”, realizado por Artículo 19, algunos de los profesionales del “periodismo incómodo” narraron su testimonio. Desde Baja California hasta Yucatán el oficio es una actividad violentada, aseguró Darío Ramírez, director de la organización internacional.
“No hay lugar para el silencio”, dijo.
En el evento, algunos periodistas compartieron sus experiencias, su “lucha” y aspiraciones.
ADRIÁN LÓPEZ, NOROESTE
El director general de Grupo Editorial Noroeste, Adrián López Ortiz, fue baleado en abril de 2014 en Culiacán, Sinaloa. Su caso, resolvieron las autoridades locales, se trató de un hecho aislado.
Luego de ser despojado de su automóvil, computadora, teléfono y cartera, y cuando ya los delincuentes huían, “prácticamente regresaron para dispararle a las piernas, en un absoluto acto intimidatorio”, informó Noroeste. A pesar que su caso pudo estar relacionado con su trabajo, las autoridades locales dijeron que no, que el crimen no atendía a un golpe contra la libertad de expresión.
Desde entonces, López Ortiz supo –confesó– que el periodismo que Noroeste hacía debía ser acompañado de otros medios e incluso seguir sin depender de la publicidad gubernamental, pues aseguró que es una forma de controlar a las empresas de información.
“Si la publicidad sigue de esa manera, a lo largo y ancho del país no vamos a tener independencia ni periodistas que puedan hacer su trabajo”, dijo.
El periodista aseguró que se tiene que legislar una ley de avanzada para quitar la opacidad en materia de publicidad oficial para garantizar la autonomía de los medios de comunicación.
Noroeste es un medio que ha recibido diversos ataques a sus instalaciones y contra sus reporteros desde los últimos años; sin embargo, Ortiz aseveró que no dejará de hacer periodismo que ayude a la ciudadanía.
KARLA SILVA GUERRERO, EL HERALDO
En septiembre de 2014 un grupo de tres hombres entraron a la redacción de El Heraldo en Silao y golpearon a Karla Silva Guerrero, reportera. A sus 24 años, la joven explicó que nunca pensó en algún ataque, pero sucedió.
Actualmente, uno de sus agresores, que había sido arrestado, se encuentra en libertad. El proceso, a pesar que se relaciona con un ataque contra la prensa, se encuentra lleno de irregularidades, de acuerdo con Artículo 19.
“No hay día que realice una valoración de los hechos, del futuro inmediato y del futuro lejano. Me cuestiono las razones para seguir ejerciendo el periodismo ante este adverso panorama. Un panorama que se ha convertido en el pan de cada día”, declaró.
Karla cubría la fuente del municipio para el rotativo. Durante su declaración ante el Ministerio Público, la reportera señaló que el único que podría tener un problema con ella sería el Alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola. Esto por su labor informativa.
“Alrededor del mundo se han intentado callar voces, esas voces que permiten vivir en democracia, esas voces, no sólo del periodismo sino de cuanta persona intente evidenciar la verdad y abrir panorama en todo sentido ante la sociedad”, expresó Karla
Silva.
NORMA MADERO, LUCES DEL SIGLO
Articulo 19 ha documentado que desde junio de 2014, las portadas de la revista Luces del Siglo han sido falsificadas de manera continua y dos de los personajes mencionados (César Mortera y Lino Magos) las han compartido desde sus cuentas en Twitter. En este 2015, se tiene reporte de nueve falsificaciones digitales.
A esto se suman pérdidas por 24 millones de pesos de empresas que han sacado su publicidad, informó Norma Madero, directora de la publicación.
Denunció que durante años han recibido amenazas, ataques, acoso, espionaje y ataques pero Luces del Siglo ha “sobrevivido por ser una empresa periodística independiente”.
Madero calificó este conjunto de actos como un “complot” contra el derecho de la información y acusó que el responsable del mismo el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
“No ha sido una tarea fácil y no esperamos que deje de serlo, pero nuestro compromiso con el periodismo no ha permitido buscar estrategias correctas para permanecer en esta lucha”, dijo.
Artículo 19 documentó la falsificación de la edición 589 de la revista Luces del Siglo, ocurrida el pasado 2 de marzo, en la que difundieron información difamatoria del periodista maya, Pedro Canché, detenido y encarcelado ilegalmente por la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo el 30 de agosto de 2014.
En la edición original aparece la fotografía de Pedro Canché con el título: “Preso de conciencia”, reportaje que narra la historia del comunicador detenido por su crítica al gobernador Borge; en contraste, en la edición falsa –que se compartió en redes sociales y correos electrónicos–, aparecen fotografías de Canché con el título: “Lujos de un agitador”.
PEDRO CANCHÉ HERRERA
El periodista maya Pedro Celestino Canché Herrera fue detenido el sábado 30 de agosto por la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, acusado de sabotaje.
La organización internacional Artículo 19 ha denunciado que el encarcelamiento del indígena maya se basa en la fabricación de pruebas y que sólo se dio como represalia a las críticas que hizo contra el Gobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
El activista acusó al mandatario estatal en un video por las carencias y represión que sufren los pobladores de la zona maya. En la cárcel, Canché ha sido golpeado e intimidado
SILVIA NÚÑEZ, AGN NOTICIAS
El estado de Veracruz es uno de los estados más peligrosos de la república para ejercer el periodismo, dijo Silvia Nuñez directora de AGN Noticias. La periodista aseguró que en la entidad, “quien se opone al gobierno” es quien hace “periodismo incómodo”.
La informadora informó que ha sufrido golpes contra su trabajo, incluso el despido de un medio de comunicación y es como nació su proyecto AGN Noticias.
En 2014, intrusos se adentraron en el medio. Ante el hecho Núñez manifestó: “Nuestro medio es independiente y crítico. Cubrimos protestas y manifestaciones. Y el gobierno del estado siempre trató de hostigarnos. Hace un año y medio enviaron furgones policiales a mi casa para amedrentarme. Pasé mucho miedo. Ahora cambio mis rutas y me ando con mucho cuidado”.
Durante su participación durante el informe de Artículo 19, la periodista informó que si bien existen pocas voces críticas en Veracruz y “nadamos contra corriente, pero nos sentimos afortunados y muy agradecidos con todos los lectores”.
CARMEN ARISTEGUI
La periodista Carmen Aristegui Flores dijo que ante un panorama de “silenciamiento de voces y plumas” que se ha originado, en mayoría, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la sociedad mexicana aún no vive en democracia, y advirtió que podría suscitarse un escenario aún peor, un “vendaval autoritario”.
Durante la presentación del informe “Estado de Censura” realizado por la organización internacional Artículo 19, la ex conductora de Primera Emisión de MVS Radio, aseguró que la actual administración se ha mostrado incapacitado para resolver temas de justicia, derechos humanos, económicos y de libertad de expresión.
La publicidad oficial –explicó– es una herramienta de control de los medios, que a la fecha no está reglamentada a nivel federal, estatal o municipal, a pesar que transparentarla fue uno de los puntos prometidos en el llamado Pacto por México.
“La publicidad gubernamental es de los grandes temas que nos tenemos que plantear como medios y como sociedad en general [...]. No ha sido reglamentada para que ese dinero que es de todos, en lugar de favorecer campañas debería favorecer la libertad de expresión. Lejos estamos de que eso ocurra en México”, expresó.
