En estos comicios en Guadalajara, expertos señalan que las redes sociales deben ser vigiladas pues son un espacio con vacíos legales, el cual ya es utilizado para la promoción y el ataque entre contrincantes.
Las redes sociales tomarán mayor relevancia en el terreno electoral de este año.
Desde el periodo de precampañas, a finales de diciembre de 2014, los distintos contendientes locales dieron marcha a la maquinaria promocional que esta plataforma les brinda.
“Internet se ha convertido en uno de los espacios más relevantes para el desarrollo de estrategias de comunicación política durante el periodo de campañas electorales en los países democráticos”, subraya la cuarta investigación de Q Medios, el observatorio electoral del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
El estudio ‘El Poder de la Red’, publicado en marzo pasado, da cuenta de la importancia de las redes sociales para fines electorales, y los vacíos legales que existen en ellas, en un contexto electoral por la presidencia municipal de Guadalajara.
No obstante la dimensión que para estas elecciones intermedias se abre con estas herramientas tecnológicas, la reciente reforma político-electoral no las incluye en los artículos que describen la propaganda en las campañas.
Incluso los propios consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) han destacado la importancia y necesidad de poner especial énfasis en la disputa política que se dará en las redes sociales y en Internet en general.
“Desde mi punto de vista, en esta reforma debió ya haberse incluido o introducido esa actividad”, expresó el pasado 26 de agosto del 2014 la consejera presidenta de la Comisión de Quejas del INE, Beatriz Eugenia Galindo Centeno, al periódico El Universal.
“Las campañas electorales, al menos una parte, se llevará a cabo en Internet”, da cuenta la investigación actual del ITESO, al mismo tiempo que destaca la importancia de las plataformas digitales para la comunicación política contemporánea.
El documento resalta la importancia del análisis sobre el vacío legal existente, ya que las redes sociales quedaron fuera de la reglamentación electoral salvo en los casos de fiscalización de los recursos.
“Ninguna de las disposiciones normativas (…) aluden a los procesos de comunicación a través de Internet o de las redes sociales virtuales, no se reglamenta su uso o contenidos, aunque sí está contemplado que los partidos políticos den cuenta de recurso (dinero) que invierten en la publicidad (propaganda) en Internet”, recalca Q ITESO en el informe.
De igual forma expresa que de acuerdo con medios locales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco sólo podrá sancionar a los candidatos, si se demuestra que producen mensajes en Internet que buscan perjudicar a otro candidato.
Guadalajara bajo la lupa
El informe piloto de Q ITESO sobre las redes sociales enfoca principalmente la contienda para Guadalajara.
De acuerdo con su resumen ejecutivo, la primera fase tuvo como objetivo describir los rasgos más importantes de las estructuras de comunicación política en Internet en la capital tapatía.
El mayor hallazgo y principal obstáculo con el que Q ITESO se topó fue con la poca precisión en torno a la infraestructura tecnológico: datos acerca de usuarios, teléfonos móviles, tabletas o computadoras.
La poca información existente sobre estas estructuras permitió determinar que la red cibernética de Guadalajara está en desarrollo al no proporcionar acceso suficiente para su población.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el estado hay 941 mil 739 hogares que cuentan con una computadora, es decir, el 46.1 por ciento de la población.
Los datos de la encuesta 2015 del Observatorio Jalisco Cómo Vamos señalan que 45 por ciento de los habitantes de la capital tapatía dijeron tener al menos una computadora en su hogar.
Mientras que los datos de conexión no distan mucho de las anteriores cifras, pues según el Inegi, 865 mil 507 hogares en Jalisco cuentan con conexión a Internet, hay otro millón 176 mil hogares que no la tiene.
Para el caso de Guadalajara, Jalisco Cómo Vamos apunta que el 56 por ciento de los habitantes dijo tener acceso a Internet en su propio hogar.
Destaca que 44 por ciento de la población no cuenta con conexión a la red desde sus hogares, pues de acuerdo con el informe esto representa que un numero cercano a la mitad de la población no podrá seguir las campañas electorales desde su hogar y a través de internet.
“La realidad dicta un panorama complejo. La brecha digital sigue siendo un impedimento para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de participar en el sistema de comunicación política que ofrece Internet”, expresó en su columna radial de este lunes el experto en comunicación y coordinador del informe, Juan Larrosa Fuentes.
Uso de redes
El análisis de Q ITESO sólo se concentra en las dos redes sociales virtuales más importantes de Internet, Facebook y Twitter.
Ante ese escenario, según datos de la empresa experta en publicidad IAB México, a nivel nacional 85 por ciento de los usuarios de Internet utiliza ambas redes: del porcentaje, un 96 por ciento lo hace desde Facebook, 56 por ciento desde Twitter y 54 por ciento en Google plus.
Para el caso de la entidad, según datos del Inegi recopilados por Q ITESO, de los usuarios que hacen uso de Internet 64 por ciento dijo utilizarlo para obtener información, 39.6 para usar las redes sociales, 36.7 para “apoyar la educación”, 36.3 para el entretenimiento, 1.5 para operaciones bancarias en línea y sólo el uno por ciento para la interacción usuario-gobierno.
En Guadalajara, según Jalisco Cómo Vamos, 46 por ciento de los habitantes dice utilizar internet por diversión.
En el caso de las redes sociales, a 29 por ciento le gusta compartir información por medio de éstas, y 13 por ciento indicó que Facebook y Twitter eran los medios por los cuales se entera del acontecer local y nacional.
“Internet se ha convertido en uno de los espacios más relevantes para el desarrollo de estrategias de comunicación política durante el periodo de campañas electorales en los países democráticos”, sentencia el informe del ITESO en sus conclusiones.
Y advierte que los candidatos a los cargos de elección popular en Guadalajara podrán utilizar el Internet ‘como mejor les convenga’ al no estar reguladas estas plataformas digitales.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN ÁVILA.
Buscar un cargo de elección popular en algunas regiones del país se ha convertido en un acto casi suicida. Diversos candidatos que se han postulado para los próximos comicios han sido atacados, amenazados o extorsionados. Algunos, incluso, han renunciado a sus aspiraciones.
“Hola Beto vas a valer madres”.
Ese fue el mensaje que Alberto Merlo Martínez encontró pegado en la puerta de su casa.
El estudiante de Ciencias Políticas se encontraba haciendo las gestiones para convertirse en candidato independiente por la diputación federal del Distrito VI de Puebla.
Habían sido semanas de acoso, por eso no le dio importancia a la nueva amenaza.
Entró a su casa, su cuartel político, a hacer sus actividades junto con otras compañeras de campaña.
Era 11 de marzo. Minutos después, tocaron a la puerta y una mujer preguntó si le podían brindar asesoría jurídica. Cuando abrió, tres hombres armados entraron por la fuerza a su domicilio.
“Fue como en una película de sicarios; arrodillado y apuntándome por atrás. Me ataron de manos y de pies con cinta canela y después de haber hecho una casa un desastre, se fueron”, relató el joven de 23 años.
Tras los hechos, Alberto presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia estatal y aseguró que eso no frenaría su intención de llegar a San Lázaro.
Esta historia se une a la de varios candidatos que, apenas iniciada la campaña, ya han recibido amenazas.
No es un caso aislado.
En distintos lugares del país, aspirantes a cargos de elección popular o miembros de sus equipos han hecho públicas las intimidaciones de las que han sido objeto.
Ante este fenómeno, el Instituto Nacional Electoral (INE) solo ha actuado como intermediario en las peticiones de seguridad que han realizado los candidatos.
La Secretaría de Gobernación (Segob), encargada de evaluar cuáles son los candidatos que requieren seguridad, ha reconocido que no se tiene capacidad para cuidar a todos los aspirantes.
“Nosotros no podemos darles seguridad a todos los candidatos postulados en el país. Sí lo vamos a hacer en algunos estados y en lo que se refiere a candidatos a gobernador”, indicó el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.
Sin protocolos
Durante el proceso electoral del 2009, cuando México vivía uno de los picos de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la violencia contra los candidatos a un puesto de elección popular escaló.
¿Intimidación o extorsión?
Las agresiones que han sufrido los candidatos a un puesto de elección popular en diferentes partes del país buscan, en algunos casos, intimidarlos y obligarlos a abandonar sus aspiraciones políticas.
En otros, se trata de agresiones para intentar extorsionarlos y obtener algo del dinero de las prerrogativas que los aspirantes obtienen para el desarrollo de sus campañas políticas.
Cuando los sujetos armados entraron a la casa del candidato independiente Alberto Merlo Martínez, en Puebla, no se llevaron nada ni lanzaron una sola palabra de amenaza.
No hubo necesidad, los hechos hablaron por sí mismos. Encañonado en el piso de su casa no necesitó escuchar nada más.
Los sujetos se dedicaron a destruir el mobiliario: rompieron closets, cajones, y puertas.
“Estas personas aparentemente venían buscando algo, pero no dijeron qué. Me dijeron algo de un supuesto dinero, pero yo no tenía idea de qué me hablaban”, narró Alberto.
Ese hecho fue la culminación de una campaña de acoso en su contra, que comenzó un mes antes, cuando anunció su intención de ser candidato independiente.
“Desde el 16 de febrero, que yo doy rueda de prensa, anunciando que ya cumplí con el requisito de las firmas y de todo lo demás y solicité mi registro como candidato independiente, es cuando se desata una ola de violencia contra mi persona y que ya trastoca mi entorno personal.
“Gente vigilando mi domicilio, mi línea intervenida, la de mi madre, la de mi novia, las de mi gente cercana. Personas que nos siguen, tanto a pie como en carro, que las tenemos identificadas”, afirmó el candidato.
Alberto denunció los hechos al ministerio público y los notificó a la Junta Distrital del INE.
Fue Armando Betancourt, presidente de la Junta Distrital número VI, quien solicitó el apoyo de las autoridades para darle protección al candidato independiente.
La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla contestó en un oficio que estaba imposibilitada para darle protección a Alberto Merlo Martínez.
“Nos vemos reducidos de elementos policiales así como de unidades oficiales”, dijo la autoridad.
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla respondió con otro oficio en el que aseguran que espera la orden de un superior jerárquico para brindar protección al candidato. Esa orden no ha llegado.
Para Alberto, la agresión en su contra tiene un trasfondo político; aunque no se atreve a hablar sobre sus sospechas de quién es el autor intelectual.
Agresiones generalizadas
Luego de las agresiones sufridas algunos aspirantes en las elecciones han abandonado la contienda.
Apenas ayer, un nuevo ataque contra una candidato se registró en Sonora,
La víctima fue la aspirante a la gubernatura por el PRI por la Claudia Pavlovich Arellano.
La casa de campaña de la candidata fue atacada con canicas. La agresión dejó 15 hoyos en los cristales del área de Gestión Social.
“Encontraron pedacería como canicas, como catotas”, dijo a Reforma la secretaria General del PRI e integrante de la campaña de Pavlovich, Natalia Rivera Grijalva.
En Morelos, el propio fiscal del Estado, Rodrigo Dorantes, reconoció que se han registrado 10 casos de ilícitos cometidos contra candidatos a un cargo de elección popular, personas cercanas a ellos o instalaciones de partidos políticos.
En esa entidad, seis candidatos a diversos cargos renunciaron a su aspiración tras recibir llamadas telefónicas donde se les extorsionó y los amenazaron de muerte.
Los aspirantes del PAN en los municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla, Mazatepec, Coatlán del Río, Tetecala y Tlalquitenango recibieron llamadas de personas pertenecientes a grupos del crimen organizado, quienes les indicaron que deben “bajarse” de la contienda porque ellos ya tienen a sus candidatos.
Gabriela Pérez Cano, candidata del PAN a una diputación federal por el distrito 5 de esa entidad ha sido atacada dos veces.
El 29 de enero un comando armado irrumpió en su domicilio de forma violenta . La primera vez no se encontraba en su casa y los hombres entraron y amagaron a su hijo, menor de edad.
Al volver, encontró a su hijo todavía amarrado y con un recado: “Dile a tu mamá que deje la candidatura. Este es el primer aviso”.
El segundo avisó llegó el 24 de marzo, cuando nuevamente entraron a su domicilio, pero esta vez lo hicieron de noche mientras ella se encontraba durmiendo.
Tres hombres fueron directamente a la recámara de la candidata, la encañonaron y repitieron la amenaza: o deja la candidatura o sufriría una peor consecuencia.
Pérez Cano decidió seguir adelante, pero antes sacó a sus hijos de la entidad.
Veracruz es otro de los estados donde se han registrado varios casos de amenazas contra candidatos.
Uno de ellos es Juan Carlos Charleston, candidato del Partido Humanista a una diputación federal por el distrito 11 de Veracruz, quien a principios de mes comenzó a recibir llamadas de extorsión.
Medios locales de la entidad publicaron que Charleston recibió llamadas de alguien identificado como Pedro Torres Z, quien le dijo que “tenían que ponerse de acuerdo” para que le entregara dinero. Incluso, le dio un número de cuenta en Banorte donde debía depositar el efectivo.
Charleston respondió que las autoridades electorales aún no le entregaban los recursos para la campaña. Decidió no contestar más llamadas ni mensajes. Siguieron llegando por decenas.
En ese mismo distrito de Veracruz se documentaron también otros dos casos de agresiones contra aspirantes que decidieron abandonar la contienda.
Uno es el de Armando Rotter, exprecandidato del Partido del Trabajo, en cuya casa buscaban irrumpir cuando su esposa salía a dejar a sus hijos a la escuela.
Tres hombres armados entraron al garaje de la casa y la mujer decidió no bajarse del auto y más bien salir a toda velocidad de la casa y dar aviso a la policía. Rotter decidió retirarse de la contienda.
El otro caso fue el de Gersain Hidalgo, quien era precandidato de Nueva Alianza a la diputación federal por ese distrito.
Una mañana, al llegar a la sede distrital de Nueva Alianza, Hidalgo se encontró con una leyenda pintada en la fachada del inmueble:
“La diputación o tu familia, tú eliges”. Hidalgo decidió renunciar a sus aspiraciones políticas.
Otro caso registrado en Veracruz fue el de Liliana Castro, candidata a diputada federal por Morena, a quien apenas este lunes le incendiaron su casa, ubicada en el municipio de Acayucan.
Eran las 3:00 de la madrugada cuando sujetos aventaron bombas caseras y prendieron fuego al domicilio. Dentro, la candidata y su familia se encontraban durmiendo. Lograron salir ilesos, pero la casa se incendió totalmente.
En Michoacán, la candidata del PAN a la gubernatura, Luisa María “Cocoa” Calderón, denunció que candidatos de su partido han sido amenazados en municipios de la región de Tierra Caliente, como La Huacana o Tacambaro.
Sin protocolos establecidos
La semana pasada, los líderes nacionales de los partidos políticos se reunieron con Miguel Ángel secretario de Gobernación, para tratar el tema de la seguridad de sus candidatos en todo el país.
En esa reunión, el encargado de la política interna del país afirmó que se crearía una “ventanilla única” para que los presidentes de los partidos enviaran las solicitudes de seguridad para sus candidatos.
Esta instrucción, dada apenas esta semana y ya con varias denuncias de candidatos amenazados, denota que no existe en México un protocolo establecido sobre cómo deben reaccionar los candidatos y las autoridades frente a una amenaza o un hecho directo contra ellos.
Gerardo Maldonado, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y coautor del estudio “Elecciones, Violencia y Estructura Social”, señaló que no hay protocolos para actuar en caso de una amenaza y esto ocurre, muchas veces, porque el Estado está rebasado y no puede cubrir todas las necesidades de seguridad.
“Un protocolo así tiene muchas complicaciones porque se debe definir a quién cuidar, a los que ya han sido amenazados o a los que, por las circunstancias del propio municipio, podrían ser también amenazados; y además de sebe definir con qué criterios hacerlo.
“El Estado tendría que establecer estos protocolos con criterios muy precisos”, apuntó Maldonado.
Cuando se trata de amenazas perpretradas por grupos delincuenciales, sostuvo el investigador, se trata también de un intento de hacerse de una posición que tiene la capacidad de gestionar o manejar recursos públicos y no solo económicos.
“Más que el control sobre los propios recursos, es sobre las capacidades que tienen estos individuos para ejercer estos recursos; es decir, los gobernantes. Y recursos no solo económicos, sino de vigilancia, de control de impunidad, corrupción”, expuso.
Maldonado señaló que en las comunidades donde sus candidatos son amenazados, es común que baje el índice de participación ciudadana, por lo que las autoridades deben hacer lo posible por dar certeza de seguridad a los votantes.
En diferentes estados del país se han presentado casos de intimidación contra candidatos a puestos de elección popular
> Gabriela Pérez Cano
La candidata del PAN a una diputación federal por el distrito V en Morelos, ha sufrido dos ataques en su domicilio.
> Armando Rotter
El ahora exprecandidato del Partido del Trabajo, Armando Rotter, dejó la candidatura luego de que intentaran entrar a su casa cuando su esposa salía a dejar a sus hijos a la escuela.
> Juan Carlos Charleston
El candidato del Partido Humanista a una diputación federal por el distrito XI de Veracruz comenzó a recibir llamadas de extorsión desde principios de mes.
> Liliana Castro
Candidata a diputada federal por Morena, en Veracruz, quien apenas este lunes le incendiaron su casa, ubicada en el municipio de Acayucan.
> Gersain Hidalgo
Era precandidato de Nueva Alianza a la diputación federal por ese distrito, pero una mañana, al llegar a la sede distrital se encontró con un mensaje que lo obligó a renunciar a sus aspiraciones políticas.
> Luisa María Calderón
Denunció que candidatos de su partido en Michoacán han sido amenazados en municipios de la región de Tierra Caliente, como La Huacana o Tacambaro.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
MÉXICO, D.F: Al acudir como invitados al noticiero nocturno de Carmen Aristegui en la cadena televisiva de CNN, los reporteros de la revista Proceso, Santiago Igartúa y Jesusa Cervantes, aseveraron que el tema de las mansiones en Las Lomas, donde aún reside el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, “necesita una investigación” de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para determinar si hubo o no conflicto de intereses.
A raíz de una investigación de varios meses, los dos periodistas publicaron en la edición 2006 del semanario, actualmente en circulación, el reportaje que reveló el posible conflicto de intereses en que incurrió el titular de Segob.
Incluso, los comunicadores reiteraron que desde junio de 2011 el funcionario federal habitó en dos residencias cuyos dueños legales eran empresas de Carlos Aniano Sosa Velasco, proveedor “consentido” de Osorio Chong cuando el priista gobernó Hidalgo y quien después obtendría contratos millonarios en obras tras la asunción de Enrique Peña Nieto a la Presidencia.
“Tenemos a un encargado de la Función Pública que no ha hecho su indagación y le están llegando otras casas”, apuntó Cervantes, en referencia a la investigación en manos del titular de la SFP, Virgilio Andrade, sobre un probable conflicto de intereses en la compra de la Casa Blanca presidencial, aledaña a las que “renta” Osorio Chong.
Igartúa recordó que a pesar de haber obtenido contratos millonarios durante la gubernatura de Osorio Chong en Hidalgo y ahora con Peña Nieto en Los Pinos, las empresas de Sosa Velasco “no tienen siquiera una página de Internet; tienen oficinas diminutas que las anuncian en cartulinas escritas a mano. En el teléfono niegan que son lo que son, o lo reconocen y se arrepienten. Son muy irregulares”.
Dos de estas firmas, Construcciones Sky Universal y MNM MKDO Inmobiliario, fueron precisamente las empresas que “alquilaron” las casas a Osorio Chong, según la investigación de ambos reporteros.
“Son recursos públicos los que están en duda”, sostuvo Cervantes, al recordar que tanto Osorio Chong como su esposa, la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia (DIF), Laura Ibernia Vargas Carrillo, son funcionarios públicos, y aunque la pareja hubiese pagado una renta, sus sueldos “no les hubieran alcanzado para ello”, insistió.
La carta, “desvío de atención”
“La carta desvía el tema de fondo del reportaje, se exonera de que haya un conflicto” de intereses, deploró Igartúa, al subrayar que la estrategia de Osorio Chong consistió en decir “ésa no es mía, y carpetazo”.
Con lo anterior, el periodista se refería a la misiva que el secretario de Gobernación envió el domingo anterior al director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, en la que reconoció que vivió en las mansiones mencionadas, pero reiteró que los inmuebles no eran de su propiedad. No obstante, el funcionario omitió mencionar el tema del conflicto de interés e incluso insinuó que el reportaje era falso.
“No hay una sola palabra falsa en este reportaje”, planteó Igartúa, al precisar que en ninguna parte de su trabajo los periodistas aseveraron que Osorio Chong era propietario de las casas. “Lo único que decimos es que vivió en la casa de Manzanos entre junio de 2011 y junio de 2014, y en Paseo de Las Lomas desde julio de 2014”, puntualizó.
Lo que sí afirmaron, basándose en el Registro de la Propiedad del Distrito Federal, fue que la esposa de Osorio Chong dio aviso de la compraventa de la casa de Manzanos el 29 de mayo de 2014, motivo por el incluso que pidió un crédito hipotecario. El dueño oficial del inmueble en ese momento era la empresa MNM MKDO.
El equipo de investigación de Carmen Aristegui sacó a la luz el posible conflicto de intereses en la compra de la Casa Blanca presidencial, entre Peña Nieto y el empresario Juan José Hinojosa Cantú.
La investigación de la Casa Blanca y la que realizó Proceso sobre las casas de Osorio Chong –y del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava–, pusieron de relieve un mismo ‘modus operandi’: las casas se ubican en la misma zona lujosa, fueron compradas o rentadas a empresarios “consentidos” por el régimen a nombre de las esposas de los altos funcionarios.
Aristegui resaltó que, al preparar el programa, su equipo se comunicó con la Secretaría de Gobernación para obtener una declaración de su titular, pero que éste no la concedió.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
Desde el 2 de diciembre de 2012, cuando el presidente Enrique Peña Nieto incluyó a las dos nuevas cadenas de televisión digital abierta en el Pacto por México, la licitación fue de más a menos. Y cuando se supo que las dos empresas interesadas –Cadena Tres y Grupo Radio Centro– estaban prestas a pagar, surgieron las dudas, sobre todo porque la empresa de Francisco Aguirre tendría que erogar 3 mil 52 millones de pesos, 69% más que Cadena Tres y casi cuatro veces más que el valor mínimo de referencia. Aguirre dejó que se agotara el plazo para liquidar esa suma y al final simplemente no pagó. Fue “una aventura temeraria”, comenta el especialista Ramiro Tovar.
MÉXICO, D.F: La primera licitación de dos cadenas de televisión digital abierta en la historia de México –primera prueba de fuego también para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, organizador de una subasta para medios electrónicos– terminó en una “aventura temeraria”.
¿El motivo? Grupo Radio Centro incumplió con el pago de su oferta: 3 mil 52 millones de pesos, para quedarse con la cuarta cadena con 123 frecuencias, lo cual también puso en duda la capacidad del organismo regulador para analizar la viabilidad financiera de uno de los dos únicos finalistas en esta puja; la otra fue Cadena Tres, de Olegario Vázquez Aldir.
Grupo Radio Centro, presidido por Francisco Aguirre, esperó hasta el último día del plazo, el viernes 10, para difundir un escueto comunicado en la Bolsa Mexicana de Valores en el cual informó que la empresa “no efectuó el pago derivado de la licitación de la licencia de televisión abierta; por lo tanto, cubrirá la garantía de seriedad otorgada para dicho proceso mediante operaciones de liquidez previamente contempladas”.
El consorcio radiofónico prefirió perder 415 millones de pesos que pagar los 3 mil 52 millones de su propia oferta que, a decir de especialistas consultados por Proceso, resultó “artificiosa” y “una simulación”…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2006 de la revista Proceso, ya en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (REPORTAJE ESPECIAL)
MÉXICO, D.F: El patrimonio inmobiliario del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consta oficialmente de cuatro terrenos y un departamento de 12 metros cuadrados. ¿Doce metros cuadrados? Sí: Es lo que informa él mismo en sus declaraciones patrimoniales desde que asumió el cargo.
Lo más probable es que la superficie de ese “departamento” sea una errata en la información que él mismo capturó en sus declaraciones oficiales, pero si no la ha corregido en dos años, en 2013 y 2014, significa que efectivamente posee una vivienda de tres por cuatro metros –el tamaño de una recamarita– o que miente.
Y a juzgar por las dos fabulosas mansiones de Las Lomas de Chapultepec en las que ha vivido y vive en la Ciudad de México desde 2011 –que demuestran que lo suyo no es la austeridad–, es más lo segundo que lo primero.
El semanario Proceso publica esta semana una maciza investigación periodística de Jesusa Cervantes y Santiago Igartúa sobre las dos residencias que ha habitado Osorio Chong y su esposa, Laura Ibernia Vargas Carrillo, servidora pública también como directora general del DIF y amiga íntima de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.
En el reportaje queda acreditado que, para establecer su residencia en la capital del país, Osorio Chong usó la misma fórmula de Peña Nieto, su jefe: Mansión a todo lujo en Las Lomas de Chapultepec, esposa adquiriente y el proveedor su contratista consentido como gobernador.
En efecto, los Osorio Chong habitaron, desde 2011, una residencia de mil 379 metros cuadrados de construcción en Bosque de Manzanos 333, colonia Bosques de las Lomas, que tendría un valor comercial estimado en 60 millones de pesos. La propiedad perteneció a una hija de Miguel Alemán, expresidente emblema de la alta corrupción.
A partir de julio del año pasado, el secretario de Gobernación se mudó con su familia a Paseo de las Palmas 1380, Lomas de Chapultepec, una mansión valuada en 52 millones de pesos, cuyo trámite de compra inició su esposa, en mayo de 2014, en una cantidad no especificada, según documentos del Registro Público de la Propiedad que exhiben los reporteros, que incluyen la solicitud de un crédito hipotecario a Banorte.
Un dato clave en esta trama es que, como en el caso de Peña Nieto-Rivera, se configura al menos conflicto de interés, porque el propietario de ambas mansiones es Carlos Aniano Sosa Velasco, un contratista que de la nada se convirtió en el predilecto de Osorio Chong como gobernador de Hidalgo, de 2005 a 2011, y que en sólo dos años ha recibido casi mil millones en contratos del gobierno federal.
Proceso consultó a Osorio Chong sobre las dos mansiones y su respuesta fue que no es dueño de ninguna, como se consigna en el mismo reportaje, pero desde ayer domingo el funcionario inició, con una carta, una campaña para ocultar la información contundente del semanario.
La carta de Osorio Chong, que ha sido reproducida como desmentido por el periodismo mezquino y servil que al mismo tiempo oculta la información que falsamente se desmiente, tiene una lógica política que lo hace aparecer como víctima del semanario.
Recuerda que, en abril de 2010, Proceso “pretendió involucrarme con el crimen organizado sin prueba alguna” y luego, en mayo de 2012, “publicó otro artículo calumniando a mi familia, sin prueba alguna”, y ahora, dice, “me señala como propietario de dos viviendas”.
Pero no aclara el funcionario, uno de los prospectos del priismo para la candidatura presidencial en 2018, el proceso de compra-venta que inició el año pasado su esposa, servidora pública que mantiene en secreto sus bienes, de la casa de 834 metros cuadrados, en las Lomas de Chapultepec.
Igual que Peña Nieto en su momento, Osorio Chong no aclara tampoco cuánto pagaba de renta en la mansión de Bosques de las Lomas, de 2011 a 2014, propiedad también de Sosa Velasco, un símil del contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, del Grupo Higa, que “vendió” mansiones a La Gaviota y a Luis Videgaray, el secretario de Hacienda…
El asunto da para más, aunque oficialmente Osorio Chong es dueño de sólo un departamentito de 12 metros cuadrados. Es pobre…
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS)
El candidato panista a la gubernatura de Nuevo León, Felipe Cantú, se mueve entre los optimistas de su equipo que aseguran que va repuntando en su elección, y los que ya hablan de la necesidad de pactar con Jaime ‘El Bronco’ Rodríguez.
El candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León, Felipe Cantú, vive un momento crítico en su campaña, quizás el más decisivo que le tocará enfrentar en este proceso electoral.
Hoy, a 50 días de la elección del 7 de junio, el candidato albiazul está en el dilema de hacerle caso a los que le aseguran al oído que va repuntando en la intención de voto.
O escuchar a los otros que dicen que su campaña está estancada y que requiere un golpe de timón rumbo a la jornada electoral.
En la burbuja en la que está inmerso Cantú su contrincante - la priista Ivonne Álvarez -va en caída libre, y la popularidad de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, está inflada.
En el otro escenario, Felipe está cada vez más lejos de Ivonne Álvarez y está a punto de ser superado del segundo lugar por el expriista postulado como candidato independiente a la gubernatura.
En el PAN y en el equipo de campaña de Felipe hay algunas voces que han comenzado a hablar de negociar una posible alianza con “El Bronco”.
En el debate de hace una semana en el Tec de Monterrey Felipe no logró imponerse. En su estrategia de resaltar la ausencia de la priista Álvarez, perdió la oportunidad de exhibir a Rodríguez.
Fracturas al interior
El equipo de campaña de Cantú –que apenas estaba tomando vuelo- ya enfrenta las primeras fracturas por los enfrentamientos internos que se libran en el “war room” del panista.
En el equipo de Cantú se viven a diario pugnas internas.
El proceso de acoplamiento entre los panistas que llegaron con el triunfo de Felipe y el grupo que siempre ha acompañado al exalcalde de Monterrey ha provocado tensiones y confrontaciones.
Esta semana trascendió la salida del diputado federal del PAN, Homero Niño de la Rivera, quien hace un mes apenas había sido nombrado como coordinador de comunicación del candidato albiazul.
Se hablan de diferencias entre Niño de la Rivera con Javier Prieto de la Fuente, coordinador del comité de campaña por el tema de incumplimientos en el tema de publicidad a medios de comunicación.
Javier Prieto no ha conseguido imponer su liderazgo en el equipo de Cantú.
Ha sido neutralizado por el bloque compuesto entre los amigos de Felipe, como son Jorge Ayala, David Rex y el otro grupo de panistas que se incorporó al proyecto una vez que fue designado candidato panista, como son Alfredo Rodríguez, Luis Susarrey y Baltazar Martínez.
Hoy hay panistas que hablan de la necesidad de cambiar al coordinador de campaña de Felipe y designar en lugar de Prieto a un estratega electoral, que maneje más operación electoral y menos relaciones públicas.
Prieto es un gran interlocutor con la IP regia, tiene conexiones importantes a nivel federal, pero en campañas electorales no tiene experiencia.
La designación de Javier Prieto como coordinador de campaña fue un intento de Felipe de marcar distancia de los líderes panistas que presionaban para designar al diputado local Alfredo Rodríguez.
Hoy “Fredy” está a cargo de la operación electoral de la campaña de Felipe, junto con el panista Baltazar Martínez encargado de la zona rural.
Pero el futuro político de los dos no depende de que gane o pierda Felipe: serán diputados federales por la vía plurinominal.
Gane o pierda Felipe ellos tienen asegurado un cargo.
Lo que dicen las encuestas
El equipo del panista ha exhibido falta de liderazgo, estrategia y operación en una campaña que no logra convencer a los nuevoleoneses.
En las encuestas que se publican en Nuevo León, Felipe luce estancado. No avanza.
Tras vencer a Margarita Arellanes se esperaba que Felipe creciera en la exposición y obviamente en la intención de voto. No ha sido así.
Jaime Rodríguez y su candidatura independiente ha conseguido fortalecerse a costa de Cantú y competirle por el voto antiPRI.
En las calles de Monterrey la propaganda de Felipe no se observa en la cantidad que tiene, por ejemplo, la priista Ivonne Álvarez.
Hay colonias, incluso, donde los anuncios de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, rebasan a los que tiene los vecinos del aspirante albiazul.
Algunos estrategas de Felipe están convencidos de que el candidato va reputando y que la percepción de que está siendo rebasado por “El Bronco”, es parte de la estrategia priista.
Según los panistas, el PRI intenta fortalecer a Rodríguez para que compita con Cantú por el voto tradicional antipriista.
Es decir: desde el búnker de Felipe, “El Bronco” está siendo inflado estratégicamente por los tricolores con la intención de mantener el empate.
Sin embargo, las últimas encuestas publicadas en la entidad hablan de un empate técnico en el segundo lugar entre Cantú y Rodríguez, quien ha tenido un crecimiento conforme a su conocimiento.
Falta cohesión
Felipe Cantú por la candidatura del PAN a la gubernatura.
Arellanes se ha mantenido al margen de la campaña de Cantú, como también lo ha hecho su equipo en el Municipio de Monterrey
Felipe no ha conseguido resolver el tema de la desunión que dejó en el PAN de Nuevo León la contienda interna.
No ha logrado, por ejemplo, sumar a su campaña a la alcaldesa Margarita Arellanes, con quien compitió en la contienda interna por la candidatura panista a la gubernatura.
Arellanes se ha mantenido al margen de la campaña de Cantú, como también lo ha hecho su equipo del Municipio de Monterrey.
No hay cohesión entre las campañas de Cantú y las de los candidatos panistas que no lo apoyaron en la interna, como Iván Garza, candidato panista a la Alcaldía regia.
Con Felipe Cantú no están participando de lleno operadores panistas, como Zeferino Salgado, jefe del Grupo San Nicolás, quien está participando sólo a nivel municipal.
Esto a pesar de que Salgado –uno de los líderes de la cúpula albiazul- fue el que encabezó públicamente el retiro de apoyos panistas a la candidatura de la alcadesa de Monterrey, Margarita Arellanes, para otorgárselos a Cantú.
Son raras las veces que Salgado ha acudido al comité de campaña de Felipe, quien ha dejado todo el trabajo de estrategia en un grupo coordinado por Javier Prieto de la Fuente, exdirectivo de Cemex.
La campaña de Felipe ha sido afectada además por su falta de organización.
Comenzó como una interna del PAN, fincada principalmente en la estructura panista de militantes que existe en Nuevo León y no dirigida hacia el exterior.
En la primera etapa casi todos los eventos fueron organizados por el Comité Directivo Estatal del PAN, que encabeza José Alfredo Pérez Bernal.
Felipe hace campaña entre panistas, pero la elección por la gubernatura en Nuevo León está a menos de 50 días.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
La familia Moreno Rivera ya ha gobernado la delegación Venustiano Carranza, de manera directa con Julio César, luego a través de sus aliados políticos. Ahora el hermano menor, Israel, busca mantener el linaje en la jefatura.
Si la estrategia no falla, Israel Moreno Rivera será el próximo jefe delegacional en Venustiano Carranza por el PRD. Así lo planeó su hermano, Julio César, quien lleva años ostentando el poder en aquella demarcación en cuya nómina abundan y cobran los de apellido Moreno.
Ya está listo todo el andamiaje para que Israel, el menor, ocupe la silla que hace años dejó su poderoso hermano mayor.
El hoy diputado federal, Julio César Moreno, actual presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ganó la batalla interna del perredismo para colar a Israel hasta la candidatura.
Israel sigue a Julio, le sirve, lo ayuda a mantener el poder y subir el próximo peldaño amarrillo del objetivo trazado. Atrás quedaron las historias sobre aquel tímido joven que auxiliaba en diversas labores en la redacción de un periódico de Bucareli.
Dejó aquel camino cuando Julio César arribó por primera vez a Venustiano Carranza como jefe delegacional en el 2006 al ganar las elecciones por el PRD.
Entonces se jaló a Israel a la política, primero con encargos menores como atender a los grupos vulnerables de la juventud en Álvaro Obregón, y dos años más tarde de lleno en su equipo cercano de Jurídico y Gobierno.
De semblante amigable, servicial, Israel goza hoy de los privilegios del apellido Moreno y de las escaleras familiares que el PRD permite y con las que sus líderes se apoderan en grupo de territorios, instancias de gobierno y delegaciones.
Mientras más se fortalecía Julio César al interior de la poderosa corriente de “Los Chuchos”, que hoy domina al PRD, más crecía Israel.
Siempre presentes
Ahí en Venustiano Carranza crecieron política y económicamente, relatan quienes han vivido de cerca el poder de los hermanos Moreno Rivera, fundamentalmente el de Julio.
En ese periodo 2006-2009, Julio César gobernó Venustiano Carranza, y mientras enseñaba y fortalecía a su hermano menor, reforzaba alianzas con otros actores, como Manuel Ballesteros López (actual delegado en la demarcación y quien fue su director de Jurídico).
Otro de los perredistas con los que se fogueó Israel fue con Alejandro Piña, a quien su hermano nombró como responsable de Participación Ciudadana. Fueron sus verdaderos “pininos” con las tribus y teje y maneje de la política local.
De 2009 al 2012, el joven Alejandro Piña heredó el poder de Julio César al convertirse en el jefe delegacional que aseguró la continuidad de los Moreno.
Y luego, como parte de ese poder hereditario, le tocó el turno a Juan Manuel Ballesteros disfrutar de esas mieles de poder en la demarcación. Sin olvidarse nunca de cómo llego y del compromiso de mantener en la nómina a los Moreno.
La nómina delegacional es reflejo de aquellos compromisos, pues fue posible ver aparecer una y otra vez a los Moreno, a los Ballesteros y hasta a los López (segundo apellido de Manuel Ballesteros) en cargos administrativos:
Directora general de Desarrollo Delegacional, Araceli Moreno Rivera; taquimecanógrafa, Carolina Moreno Rivera; administrador operativo, Cutberto Humberto Ballesteros Ortiz; administrativo técnico operacional; Jesús Ballesteros López.
Director general de jurídico y gobierno, Maximino López Aguirre; líder de coordinador de Proyecto “A”, Rosa María López Solís, aparecieron en el listado de base y confianza del personal de Manuel Ballesteros, quien hoy busca una diputación por el PRD.
Por esas alianzas, los Moreno subsisten y hoy le toca el turno a Israel de gobernar Venustiano Carranza.
La meta: Procuraduría del DF
Si Israel Moreno gana en Venustiano Carranza, Julio César avanza en consolidar su sueño: la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), el hoy diputado federal quiere ser procurador.
En todos los cargos que ha ocupado, el hermano mayor de los Moreno Rivera, desde que fue diputado local por primera vez en la tercera legislatura (2003-2006), ha impulsado una agenda de justicia con miras a cumplir el sueño de ser procurador del Distrito Federal.
Como diputado local, se lee en su historial, fue pionero en la realización de reformas al nuevo código penal para el Distrito Federal, a partir del cual se castiga con mayor rigor el delito de secuestro en la capital.
Luego, en su segunda ronda como diputado al terminar su gobierno en Venustiano Carranza, en el año 2009 presidió la Comisión de Administración y Justicia.
Esta vez, dictaminó varias iniciativas importantes como la Ley de Extinción de Dominio que aplicó el gobierno de Marcelo Ebrard.
Además de reformas en materia jurídica al secuestro exprés, pornografía infantil, protección de la infancia, sustracción de menores, usurpación de identidad, pederastia, feminicidio y fraude, entre otras.
Historias y verdades en torno al apellido Moreno Rivera y sus representantes más tangibles dentro del PRD: los hermanos Julio César e Israel.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Paso a paso Maude Versini parece ir ganando la batalla legal contra su exesposo, Arturo Montiel. El episodio más reciente fue una plática que ambos sostuvieron a principios de este mes, donde cada uno cedió algo. Ahora la mujer podrá llevar a Francia a sus hijos durante las vacaciones, al tiempo que retiró la demanda que tenía en riesgo internacional de captura al exmandatario mexiquense. A este inicio de solución pudo haber contribuido una exigencia de la CIDH a México para que en 20 días demostrara que ha tomado medidas para proteger a esos menores que están en el centro del pleito.
PARÍS: Maude Versini no canta victoria. Después de tres años de batallar judicialmente contra su exesposo, Arturo Montiel, para recuperar la custodia de sus hijos, sólo logró arrancarle al exgobernador del Estado de México la posibilidad de verlos siete semanas al año.
“Ese acuerdo me inspira sentimientos encontrados”, confiesa Versini en entrevista. “Por un lado es una felicidad absoluta saber que podré convivir con mis hijos serenamente, en el lugar de mi y de su elección, después de tanto tiempo de incomunicación y de encuentros bajo vigilancia y exclusivamente en México. Por otro lado debo reconocer que no luché todos estos años para verlos tan poco…
“Me tranquiliza, sin embargo, tener la certeza de que ese acuerdo es sólo una etapa. No dudo que mis hijos manifiesten pronto su deseo de volver a vivir conmigo en Francia.”
Después de un breve silencio agrega: “Los ocho días que acabo de pasar con ellos fueron determinantes. Por primera vez pude explicarles claramente mi versión de los hechos. Me escucharon y me creyeron. Entendieron que se trataba de una disputa entre adultos. Mi hija me pidió disculpas y empezamos a reanudar todos una relación fuerte”…
Fragmento de la entrevista que se publica en la edición 2006 de la revista Proceso, ya en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANNE MARIE MERGIER
MÉXICO, D.F: El pasado lunes 13 se dio a conocer la iniciativa de un grupo de activistas sociales, legisladores y artistas, conocida como “Ciudadanos por la Revocación de Mandato”, para demandar que en los comicios federales del próximo 7 de junio los electores también puedan pronunciarse a favor o en contra de la permanencia de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República.
La iniciativa, apenas el germen de un movimiento social que puede llegar a captar simpatías, representa otro duro golpe para la imagen de Peña Nieto. De las demandas de “Fuera Peña” que se escucharon en las marchas de octubre y noviembre de 2014 por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al hashtag #QueSeVaya, divulgado desde ayer, lo que existe es el hartazgo, enojo y decepción de un sector social por el retorno del PRI a Los Pinos.
La revocación de mandato de Peña Nieto no es posible, hasta ahora, por la vía legal. Fue una de las figuras de la democracia directa que no fue incorporada ni discutida ampliamente durante la reforma política reciente. De hecho, sólo se aceptó la consulta popular con candados y condicionantes tan grandes que la hacen prácticamente imposible, tal como se vio en el caso de la reforma energética.
Sin embargo, revive una demanda que va más allá de la personalización de Peña Nieto y se inscribe en la severa crisis del sistema de partidos y de la inacabada (o traicionada) transición a la democracia en México.
La revocación de mandato es una figura satanizada por muchos políticos y politólogos y, al mismo tiempo, defendida por activistas ciudadanos que perciben el agotamiento de las clásicas figuras de la democracia representativa.
En esencia, la revocación de mandato es el procedimiento a través del cual los ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire su periodo. Puede ser lo mismo un presidente de la República que un gobernador, un alcalde o un legislador o un juez. Es decir, la revocación de mandato puede abarcar los tres niveles de gobierno (municipal, estatal o federal) y los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
No es lo mismo que el juicio político o el impeachment, porque la revocación de mandato se decide en las urnas y no requiere un proceso judicial previo o un desafuero legislativo, según sea el caso.
El verdadero diablo de la revocación de mandato está en los detalles. Hay legislaciones muy permisivas o muy cerradas que hacen prácticamente imposible el ejercicio de esta figura. En Venezuela, por ejemplo, para que la revocación sea válida debe registrarse un número de electores igual o mayor al número que eligió al funcionario y debe existir un mínimo de 25% de participación de los electores. En Colombia, el número de votos por la revocación de un servidor público debe ser mínimo de 60% de quienes participen.
Sus defensores señalan que la mera existencia de la revocación de mandato es un elemento de vigilancia e interés ciudadano frente a los políticos. Si se combina con la consulta popular, el referéndum y otras figuras de democracia directa, ayudan a reforzar las instituciones democráticas.
Los detractores (en México son muchos y muy poderosos) consideran que la revocación de mandato es un proceso disruptivo, polarizador y altamente divisible de la sociedad. Además, se le considera costoso y con un alto riesgo de ser manipulado por liderazgos personalizados o caudillistas.
A pesar del temor de la clase política frente a este tema, existen varias iniciativas de reforma constitucional presentadas ante el Congreso que no han sido dictaminadas.
Una de esas iniciativas fue presentada el 25 de septiembre de 2014 por más de 166 mil ciudadanos ante el Senado de la República, encabezada por Héctor Cuen Ojeda, María del Rosario Sánchez y Robespierre Lizárraga, dirigentes del Partido Sinaloense, una iniciativa surgida al margen del clásico bipartidismo de Sinaloa.
La propuesta incluye incorporar la segunda vuelta electoral constitucional y propone reformar el artículo 41 constitucional para que en un apartado B se establezca la figura de la revocación de mandato para el presidente de la República, los senadores, diputados federales y funcionarios designados por los poderes Ejecutivo y Judicial. Para los estados se propone modificar el artículo 116, a fin de que cada entidad federativa defina los alcances y procedimientos de la figura de revocación de mandato para gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, jefe de Gobierno y delegados capitalinos.
En la iniciativa del Partido Sinaloense se define así la revocación de mandato:
“Es una forma de consulta popular mediante la cual la mayoría absoluta de los ciudadanos, en ejercicio pleno de sus derechos, pueden recusar el nombramiento de autoridades elegidas en los procesos electorales, federales, o bien la designación hecha por los poderes Ejecutivo y Judicial, conforme a las siguientes bases:
“1. Tratándose de funcionarios elegidos constitucionalmente que pretendan reelegirse en su puesto, se someterán a este escrutinio popular.
“2. Los servidores públicos, elegidos popularmente, podrán ser recusados en cualquier tiempo de su mandato, siempre que tengan más de una tercera parte de asumido el cargo”.
Esta es tan sólo una primera definición. El movimiento Ciudadanos por la Revocación de Mandato tendrá dos tareas muy importantes frente a su propuesta: lograr un número significativo de firmas y encauzar un debate necesario y urgente en estos momentos sobre la conveniencia o no de la permanencia de Peña en el poder presidencial.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS)
CHIHUAHUA, Chih: La organización Judicial Watch alertó que una célula del Estado Islámico (ISIS) opera en la colonia Anapra, al oeste de Juárez y a unos ocho kilómetros de la frontera con Texas, Estados Unidos.
“ISIS está operando un campo a pocos kilómetros de El Paso, Texas”, indica la organización que cita fuentes del Ejército mexicano y un inspector de la Policía Federal (PF).
Además, la ONG advierte que otra célula de ISIS, asentada al oeste de Ciudad Juárez, en Puerto Palomas, vuelca sus actividades a las ciudades de Nuevo México de Colón y Deming para facilitar el acceso a Estados Unidos.
“Durante el transcurso de una operación conjunta la semana pasada, el Ejército Mexicano y agentes del orden federal descubrieron documentos en árabe y urdu, así como ‘planes’ contra el Fort Bliss –la instalación militar en expansión que alberga una división blindada” del Ejército estadunidense–, detalla el informe de la organización con sede en Washington.
También, añade, localizaron alfombras de oración musulmanas que fueron aseguradas con los documentos mencionados, durante la operación.
“Fuentes policiales y de inteligencia informan que el área alrededor de Anapra está dominado por Vicente Carrillo Fuentes (Cártel de Juárez), La Línea (brazo armado del cártel) y Barrio Azteca (una banda formada originalmente en las cárceles de El Paso)”, asegura Judicial Watch.
Y advierte que el control del cártel en la zona de Anapra lo convierten en “un entorno operativo extremadamente peligroso y hostil para el Ejército mexicano y las operaciones de la Policía Federal”.
En su portal digital, la organización detalla que “coyotes” que participan en el tráfico de personas –y que trabajan para Cartel de Juárez – ayudan a mover a los terroristas de ISIS por el desierto y por la frontera entre Santa Teresa y Sunland Park, Nuevo México.
“Al este de El Paso y Ciudad Juárez, el cártel respaldado por ‘coyotes’ también está contrabandeando terroristas de ISIS a través de la porosa frontera entre Alcalá y Fort Hancock, Texas. Estas áreas específicas fueron objeto de explotación por parte de ISIS por su poco personal de fuerzas policiales municipales y de distrito”, abunda el reporte.
Asimismo señala que en esas zonas se prevé el contrabando de drogas a gran escala sin control, lo que ya está en curso.
“Fuentes de inteligencia mexicanas informan que ISIS tiene la intención de explotar los ferrocarriles y las instalaciones aeroportuarias en las cercanías de Santa Teresa, Nuevo México (Estados Unidos un puerto de entrada).
“Las fuentes también dicen que ISIS tiene ‘spotters’ (observadores), ubicados en las montañas del este de Potrillo de Nuevo México (en su mayoría gestionados por el Bureau of Land Management) para ayudar con las operaciones de cruce de fronteras terroristas”, alerta Judicial Watch.
El organismo afirma que ISIS realiza reconocimientos en las universidades regionales, en el White Sands Missile Range, un campo de cohetes del ejército de Estados Unidos de casi ocho mil 300 kilómetros cuadrados, en partes de cinco condados del sur de Nuevo México; en instalaciones del gobierno en Alamogordo, Nuevo México, y en las instalaciones de energía eléctrica cerca de Anapra y Chaparral, Nuevo México.
Judicial Watch, Inc., según su sitio web, es “una fundación educativa conservadora, no partidista, que promueve la transparencia, la responsabilidad y la integridad en el gobierno, la política y la ley” en Estados Unidos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
La fiscalización es el reto del INE este 2015. Para este proceso electoral, un candidato, en campaña o incluso ya electo, podría perder su registro si rebasa el tope de gastos.
Con su nuevo esquema de rendición de cuentas, el Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrenta al que quizá sea uno de los más grandes retos de su historia; por primera vez y casi de forma inmediata, quienes violen la ley electoral no podrán participar en la contienda.
Con un sistema de fiscalización inédito en el mundo, la autoridad electoral puso el acento en la rendición de cuentas para los comicios de este año.
La presentación de resultados casi en tiempo real, permitirá al INE descalificar de inmediato a los candidatos que incumplan con sus obligaciones de dar información a las autoridades o rebasen los topes de campaña.
Con su nuevo sistema de fiscalización, el INE vigila cada gasto que realizan los aspirantes para diputados federales y cada una de las 17 entidades donde habrá procesos locales.
Ahora, por primera vez en la historia, un candidato o candidato electo podría perder su registro si rebasa el tope de campaña u omite entregar información sobre sus gastos.
Las nuevas reglas de fiscalización surgieron a raíz de las denuncias que se presentaron en el proceso electoral del 2012 sobre el supuesto uso excesivo de recursos en las contiendas; la reforma electoral del 2014 incluyó nuevas disposiciones de fiscalización.
En ellas, se dio la facultad al Consejo General del INE para revisar todos los gastos hechos por los aspirantes. Esa actividad estaba reservada antaño para la Unidad de Fiscalización del Instituto. Ahora, ésta solo actúa como coadyuvante técnico.
Información en tiempo real
Para poder revisar los gastos de campaña de los más de 20 mil candidatos que compiten por un puesto de elección popular en el 2015, el INE convocó a una licitación para crear un programa informático que permitiera registrar cada uno de los movimientos de los aspirantes.
El proceso tomó una ronda de dos licitaciones, pero las empresas que obtuvieron el contrato no cumplieron con la creación del sistema de información para el INE, por lo que les fue rescindido el convenio.
En pocas semanas, el instituto tuvo que desarrollar el programa informático y la aplicación para que los candidatos pudieran enviar su información en tiempo real. Para ello, pidió colaboración a académicos de la UNAM para su desarrollo.
A través de él, los candidatos deben ingresar cada día sus ingresos y egresos y la forma en que invierten el dinero establecido para su campaña.
Esto permite al INE verificar en un periodo corto de tiempo si los aspirantes incumplen con la ley y sancionar a quienes rebasen los topes de campaña, como ocurría hasta el proceso electoral pasado.
De acuerdo con el “Mecanismo Electrónico para la Contabilidad en Línea y la Fiscalización Oportuna” del INE, los candidatos deben entregar un informe semanal de sus gastos y registrar en línea el uso de recursos que se encuentran catalogados por la autoridad electoral.
Además, deben capturar cada una de las facturas emitidas por sus proveedores y adjuntar una evidencia gráfica sobre cada uno de los gastos.
Sumado al sistema automatizado de fiscalización, el INE cuenta con verificadores que acuden a los actos de campaña de los candidatos y llevan un seguimiento pormenorizado de los recursos utilizados por los aspirantes a un cargo de elección popular.
“(La) captura de ingresos y gastos no reportados permitirá al auditor la captura, en una cédula resumen por candidato, de los ingresos o gastos que no fueron reportados por los partidos o asociaciones y que derivado de las actividades de auditoría se identificaron, sumando a los reportados a efectos de aplicar las validaciones de topes correspondientes”, indica el documento.
Arturo Sánchez, consejero electoral del INE y miembro de la Comisión de Fiscalización, sostuvo que la autoridad electoral ha estado pendiente de todo el proceso, y pone lupa a cada uno de los gastos.
“En las precampañas de toda la República hemos hecho monitoreos, un seguimiento, hemos hecho todo tipo de investigaciones que nos permiten incluso sancionar a los precandidatos que han cometido alguna falta importante”, comentó.
Las primeras sanciones a los precandidatos ya fueron emitidas por el INE.
Perder la candidatura por faltar a la ley
Esta semana, la autoridad electoral quitó el registro de 366 precandidatos del PRD que incumplieron con la presentación de sus informes de precampaña.
Lo mismo podría ocurrir con un candidato que gane la elección. Si rebasa el tope de campaña en un 5%, si no presenta los informes correspondientes o falsea información respecto a sus gastos, un candidato ganador podría perder el puesto de sufragio popular para el que fue electo y se deberá llamar a una votación extraordinaria.
“Vamos a hacer una revisión día tras día de los ingresos y egresos de todos los candidatos; va a ser un trabajo complejo, difícil, pero para eso ya tenemos un sistema automatizado (…) y nosotros vamos a ir fiscalizando esos recursos conforme va avanzando la campaña.
“Por eso nos vamos a dar cuenta rápido si se violaron los topes de gastos de campañas o si no están reportando cosas que nuestro moniteadores están viendo en las campañas al aire, ya sea en espectaculares, en bardas pintadas, en la compra de pendones para colgar en las calles, en fin”, advirtió Sánchez.
Para Francisco Guerrero, académico de la Universidad Anáhuac y exconsejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), el sistema de fiscalización pone al INE en uno de los retos más importantes de su historia, pues es un experimento no solo a nivel nacional, sino en el mundo.
“Imaginemos la relevancia que tiene que el INE pueda quitarle a un partido un triunfo electoral por un tema de rebase de topes de campaña. Eso no ha existido nunca. En la elección del 2012, hubo varios candidatos a diputados y senadores que rebasaron los topes de campaña y aun así se quedaron en el cargo. Esto desaparece con la nueva ley.
“Es positivo que eso exista, pero también debe haber garantías de certeza, de conocimiento técnico, y de que los propios partidos políticos adecuen sus equipos de campaña para que den un seguimiento diario”, comentó Guerrero.
Otro aspecto del sistema de fiscalización es que las sanciones sobre el mal manejo de los recursos de campaña recaerán también en los secretarios de finanzas de los partidos políticos.
“Los secretarios de finanzas de los partidos políticos son responsables solidarios de las violaciones que puedan llevar a cabo los partidos. Entonces esto implica una presión mayor a los equipos de los candidatos.
“Y, además, normalmente los candidatos nacionales son más ordenados que los candidatos a nivel estatal o municipal, quienes tienden con frecuencia a ser descuidados, lo que ahora costará a los partidos millones de pesos en multas”, expuso Guerrero.
Para el catedrático, el sistema de fiscalización del INE está todavía en una fase experimental y deberá mejorarse.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
