“Una historia de siempre”, que los ciudadanos no tengan acceso a la justicia

El informe que el CIDE entregó al presidente Peña Nieto sobre el estatus de la justicia cotidiana no plasma un escenario nuevo o desconocido, en realidad es un sistema que siempre ha funcionado así: sin resolver los problemas de la ciudadanía.

Que los ciudadanos no cuenten con un sistema de justicia que les permita resolver problemas cotidianos como el conflicto con un vecino, un despido injustificado o un divorcio no es algo nuevo, pues en realidad, no existen registros en la historia moderna del país de un sistema de justicia eficaz.

Por eso el diagnóstico del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) que recibió este lunes el presidente Enrique Peña Nieto sobre cómo la justicia es lejana para los ciudadanos no se enfoca en cómo es que México llegó al punto en que las instituciones de justicia son poco eficaces y lejanas de la sociedad, sino en cómo nunca hemos estado en otro punto.

“Es la historia de siempre y de los pocos estudios que hay, desde los años 60 se presenta el mismo panorama. Hoy es más visible la falta de justicia porque tienes mucho más gente viviendo en ciudades, la población es mayormente urbana y cuando tú estás ya en estos contextos la demanda de justicia es mucho mayor. Al mismo tiempo hay más instituciones, pero nunca hemos podido lograr que la gente vea como algo viable o posible que se resuelva un conflicto en este sistema de justicia”, dijo en entrevista Sergio López Ayllón, Director General del CIDE.

El informe de Justicia Cotidiana hace énfasis en la responsabilidad de los gobiernos estatales, pues el eslabón más débil de la cadena está en los poderes judiciales locales no sólo por la falta de capacidad para atender los conflictos de los ciudadanos sino porque son débiles dese el presupuesto.

“Te doy un dato: el poder judicial federal tiene un presupuesto de 52 mil millones de pesos. El poder Judicial del DF que es el más grande de los poderes judiciales locales tiene 4 mil millones de pesos. ¿Esto a qué nos lleva? el grueso de los conflictos se ha atendido históricamente en sistemas que reciben la menor parte proporcional del presupuesto”.

El presidente Peña Nieto reconoció este lunes 27 de abril el problema y dijo que “cuando la justicia formal es inaccesible o poco útil, se generan espacios de ilegalidad e impunidad, de corrupción y abuso”.

Según el mandatario federal, la falta de acceso a la justicia es un mal que ha estado presente en “la vida de los mexicanos por varias décadas” y eso implica un “desafío estructural en materia de justicia cotidiana”.

“En la práctica, esta justicia suele ser excluyente, lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no accedan a ella o queden insatisfechos con sus resultados. No obstante su vital importancia, la justicia cotidiana está hoy rezagada y, hay que reconocerlo, olvidada. Y en muchos de los casos, rebasada”, dijo Peña Nieto.

Al respecto, López Ayllón dijo que el principal problema de la justicia en México es que la responsabilidad sobre su incumplimiento “le toca a todos y a nadie”.

“Ciertamente los poderes judiciales tienen un papel muy importante. Pero también las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Contenciosos y todos los actores que hay en medio. ¿En manos de quién está la defensoría pública?, varía de estado en estado. En algunos en Poder Judicial y en otros en Secretarías de Gobierno. Por eso decimos que es un sistema fragmentado y parte fundamental del problema es que no puedes apuntar a un responsable único por la falta de justicia y sus problemas”.

La propuesta del CIDE en ese sentido es crear una instancia de coordinación en la que se llegue a acuerdos políticos pero, sobre todo, que fije responsabilidades puntuales en caso de una mala labor en garantizar el acceso a la justicia y cree mecanismos de operación.

“Un mecanismo que asegure estabilidad financiera a los poderes judiciales locales, una Escuela Nacional de Jueces que permita capacitarlos, uno para tener mejores herramientas de gestión de expedientes judiciales o para mejorar mecanismos de disciplina judicial”, dijo López Ayllón.

El director general del CIDE reconoce que el informe que entregaron a Peña Nieto es abstracto y su puesta en marcha no es tarea fácil, pero la clave está en empezar con cuestiones prácticas y casos concretos.


Por ejemplo, una de las propuestas del CIDE es promover la justicia itinerante: “localidades o pequeñas poblaciones en las que cada ocho días llegue un juez con un mediador y les ayude a resolver sus problemas cotidianos. Eso generaría certidumbre de que hay un estado que se preocupa y ocupa de procedimientos sencillos para disputas menores”.

INFORME.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

El derroche legislativo

A diferencia del ciudadano común, los congresistas en México no están obligados a rendir cuentas por su trabajo y nadie evalúa su productividad. En plena época de austeridad, estos funcionarios reciben onerosos sueldos a costa del erario.

Con salarios y prestaciones de miles de pesos al mes, los diputados de congresos locales representan una erogación de millones para el erario de las entidades, muchas de ellas con altos índices de marginación a pesar de su discurso de austeridad.

En algunos estados, los diputados locales perciben un salario mayor incluso al de los diputados federales.

En el “Diagnóstico del Parlamento Abierto en México”, un estudio realizado por la Alianza para el Parlamento Abierto, conformada por organizaciones como Fundar, el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), Borde Político, Transparencia Mexicana, y otras que trabajan en el tema legislativo y de rendición de cuentas, se desglosa el costo de los congresos locales para cada estado.

El análisis muestra que los congresos más caros para sus estados, no siempre son aquellos de los estados más poblados o con un mayor nivel de desarrollo en el país.

Jalisco, el Congreso que más paga a diputados

Los congresistas de la Cámara de Diputados perciben una dieta de 74 mil pesos mensuales; esto, sin contar los apoyos que reciben para Atención Ciudadana y Ayuda Legislativa.

En promedio, el ingreso promedio de los mil 136 diputados locales de todo el país es de 63 mil 167 pesos al mes, solo por concepto de su dieta.

Se podría pensar que los ingresos de los diputados locales son menores a los de legisladores federales. En algunos casos no es así.

Los diputados locales mejor pagados están en el Congreso de Jalisco, donde cada uno de los 39 cobra una dieta de 110 mil 809 pesos al mes, un 75 por ciento más de la media nacional.

El Congreso jalisciense invierte, al mes, 4 millones 321 mil 551 pesos solo en cubrir la dieta de sus legisladores, sin contar otros apoyos con los que cuenten.

En segundo lugar se encuentra el Congreso de Guanajuato, que paga a cada uno de sus 36 diputados una dieta de 107 mil 272 pesos al mes, un total de 44 mil 105 pesos más que el promedio.

El tercer lugar lo ocupa el Congreso de San Luis Potosí, con una dieta mensual de 95 mil 257 pesos al mes que otorga a sus 27 diputados.

El cuarto lugar de los diputados locales mejor pagados lo ocupa el Congreso de Zacatecas, que eroga 95 mil pesos al mes para cada uno de sus legisladores.

En la quinta posición se encuentra el Congreso de Baja California Sur, que paga 88 mil pesos mensuales a los diputados.

Contrario a estos Congresos, se encuentran también aquellos con una remuneración menor al promedio nacional.

El órgano legislativo que menos paga a sus diputados es el de Tlaxcala, donde apenas reciben una dieta de 26 mil 327 pesos mensuales, que representa un 41 por ciento de la media nacional.

El Congreso de Tlaxcala cuenta con 32 diputados en funciones.

En segundo lugar como uno de los congresos más baratos se encuentra el de Yucatán, donde cada uno de sus 25 diputados percibe 35 mil 095 pesos al mes.

Le sigue el Congreso de Oaxaca, que eroga mensualmente 42 mil pesos para cada uno de sus 42 diputados locales.

Se ubica después el Congreso de Sinaloa, que paga 42 mil 463 pesos al mes a sus 40 legisladores.

Y el Congreso de Baja California entra dentro de ese rango, pues ahí se paga 44 mil pesos a sus 25 diputados.

Los parlamentarios de otros congresos importantes en México se ubican en los alrededores de la media.

En el Congreso de Nuevo León, por ejemplo, la paga es de 79 mil 956 pesos al mes. En el Estado de México alcanza los 75 mil 166 pesos. Y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es de 51 mil 776 pesos mensuales.

BCS, el Congreso más caro para los ciudadanos

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Congreso del Estado de México son los más onerosos, con un gasto de más de mil 500 y mil 400 millones de pesos al año, respectivamente.

Sin embargo, al tomar en cuenta sus presupuestos y el número de sus habitantes, el costo per cápita se reduce a 172.66 y 98.21 pesos al año, respectivamente.

El costo promedio per cápita de los 32 congresos locales es de 132.17 pesos anuales.

Con base en esa medición, la información revela que el congreso más caro del país es el de Baja California Sur, donde cada uno de sus ciudadanos paga 275.51 pesos al año por mantener a su Poder Legislativo en funciones.

Ese gasto representa el 108 por ciento más de la media nacional. Más del doble de gasto.

En segundo lugar se encuentra el Congreso de Sonora, cuyos ciudadanos erogan 260.63 pesos anuales para financiarlo, un 97 por ciento más que el promedio de todo el país. También, casi el doble.

El tercer congreso más caro es el de Quintana Roo, que cuesta 255.69 pesos al año a su población.

Le sigue el Congreso de Campeche, que cuesta 246.03 pesos anuales a sus ciudadanos.

En el quinto lugar como el Legislativo local más caro está Baja California, con una erogación de 221.04 pesos por cada bajacaliforniano.

Del otro lado de la balanza se encuentran los congresos más baratos para sus ciudadanos.

El primer lugar en esa categoría lo ocupa el Congreso de Puebla, donde sus ciudadanos pagan apenas 28.86 pesos al año. Le sigue Tamaulipas, con un costo de 39.68 pesos anuales.

En tercer lugar se ubica el Legislativo de Hidalgo, para el que los pobladores erogan 42.55 pesos al año.

El Congreso de Chiapas también es de los más baratos, con apenas un costo de 49.06 pesos anuales.

Y aunque se trata de uno de los estados con más desarrollo del país, el Congreso de Nuevo León es el quinto más barato de México, pues sus ciudadanos gastan 65.11 pesos al año para brindarle un Congreso local; esto es un 50 por ciento menos que el promedio nacional.


Sin justificarse, altos ingresos 

Rodrigo Ramírez, investigador de Borde Político, una de las organizaciones que presentó el estudio, consideró que los ingresos de un legislador podrían justificarse si su trabajo se reflejara en mejores condiciones de vida para la sociedad, cuestión que pocas veces ocurre.

“Los ingresos de la ciudadanía jamás llegan ni se acercan a los de estos estados y hay resultados catastróficos. Es muy difícil asimilar el salario de un legislador cuando no sabemos ni siquiera si se lo está ganando o no.

“Nosotros, la ciudadanía, creemos que en este caso los legisladores tienen un presupuesto muy elevado que no se ve reflejado en la realidad nacional, por eso vemos estos índices tan bajos de confianza hacia nuestros legisladores”, afirmó en entrevista.

Además de una deficiente rendición de cuentas, en realidad poco se sabe sobre el trabajo de los congresos locales, que no dejan ver si el Poder Legislativo de un estado vale lo que cuesta.

“Si se hiciera efectivo este gasto, en las noticias veríamos que el Congreso de Baja California Sur, el congreso más caro, está trabajando en tal y tal y tal reforma, que se están consolidando mejores mecanismos de representación política, que hay mucho mayor acercamiento con la ciudadanía, mayor transparencia. Pero en realidad vemos estados que, en lo general, no tienen lo que un parlamentario debería tener”, apuntó Rodríguez.

Para Guillermo Ávila, investigador del capítulo legislativo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y quien también colaboró en la elaboración del diagnóstico, llamó la atención sobre el hecho de que son los propios legisladores quienes imponen y regulan sus salarios y prestaciones.

“En un país tan desigual como México, que haya salarios tan altos y en algunos casos ganan el doble de otros,  y parece que no tiene relación necesariamente con el ingreso bruto de cada estado, ni con el nivel de población; entonces, es un problema que no haya información sobre en qué momento y por qué razón los congresistas, ya sea locales o nacionales, decidan.

“Los congresos son soberanos, deciden sobre su propio gobierno, sobre su administración interna y, en ese sentido, faltan mayores contrapesos que no vengan solamente del Ejecutivo, sino por parte de los grupos ciudadanos”, comentó.

La mejor forma de hacer que un congreso haga valer la inversión de sus ciudadanos en él, apuntó, es acercándose más a la ciudadanía para mejorar la calidad de sus decisiones.

“En principio, tendría que ser más transparente, más abierto, en el sentido no solo de transparencia sino de la disposición de que los grupos ciudadanos puedan incluso visitar el congreso, pero sobre todo, participar en la toma de decisiones.

“Que el trabajo de los legisladores se traduzca en mejores condiciones de vida para los ciudadanos, en reducir la desigualdad, en mejores servicios, en fortalecer los derechos humanos, en mayor control sobre el poder Ejecutivo; y para eso todavía falta un trecho”, expresó.


Para ambos expertos, medir la productividad de los congresos no puede hacerse solo revisando el número de iniciativas o de decretos que se aprueban, sino sobre la incidencia que ellos tienen en la vida de los ciudadanos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

El PRI lidera preferencias electorales en Guerrero

MÉXICO, D.F: El PRI encabeza las preferencias electorales para la renovación de la gubernatura de Guerrero, con 33.3 por ciento de la votación.

El PRD está en segundo lugar, con 24.8 por ciento de las intenciones de voto. El tercer lugar es para Movimiento Ciudadano, con 5 por ciento, seguido del PAN, con 4.30 por ciento.

El Movimiento Regeneración Nacional tiene 2.50 por ciento de intenciones de voto.

El periódico El Universal publicó una encuesta este martes sobre las preferencias electorales en dicha entidad. No obstante, el diario aclara que, por la inseguridad, su estudio no pudo ser aplicado en nueve municipios de la entidad, que comprenden el 9 por ciento de la muestra.


En la encuesta, el 41 por ciento de los consultados declararon no simpatizar por algún partido político. El PRI es el instituto político con más seguidores, con 20.6 por ciento, seguido del PRD, con 11.6 por ciento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno de EU extiende su alerta de viaje a Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chalco

MÉXICO, D.F: El gobierno de Estados Unidos extendió su alerta de viaje a los municipios de Nezahualcóyotl, Coacalco, Ecatepec, La Paz, Valle de Chalco, Solidaridad, Chalco e Ixtapaluca.

Estados Unidos recomienda a sus habitantes no visitar dichos municipios si no es estrictamente necesario.

El gobierno estadunidense alerta respecto al Estado de México: “Muchas áreas del estado tienen altos niveles de delincuencia y la inseguridad, los grupos delictivos organizados han ampliado sus actividades a partir de los estados de Guerrero y Michoacán, y también hay altos niveles de delincuencia callejera”.

Los municipios mencionados colindan con las delegaciones del Distrito Federal Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Tláhuac.

En un comunicado emitido el pasado 16 de abril, el gobierno de Estados Unidos advirtió a los ciudadanos estadounidenses del riesgo de viajar a varios puntos de 20 entidades mexicana.


Los únicos estados mexicanos excluidos de esa lista fueron: Distrito Federal, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Quintana Roo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Firman INE y OEA acuerdo para observación electoral

MÉXICO, D.F: El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) firmaron este lunes un acuerdo de procedimientos para que una misión de visitantes extranjeros examine el proceso electoral del próximo 7 de junio.

Durante la ceremonia, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reconoció que a 40 días de los comicios el proceso avanza pese a las complejidades y obstáculos.

“Pretender impedir el desarrollo de los procesos electorales es un fenómeno que el Instituto Nacional Electoral, de la mano de otras instituciones del Estado (…) se está sorteando exitosamente hasta este momento”, destacó.

También recordó las observaciones que la OEA hizo tras la elección presidencial de 2012, en especial “la importancia de evitar que la disponibilidad de recursos financieros alterara la equidad de las contiendas”.

En ese informe, añadió, alertaban sobre la importancia de reforzar los mecanismos de transparencia y consolidar en la ley los mecanismos de equidad entre los géneros.

Y aseguró que esas inquietudes forman parte de las nuevas reglas electorales en el país y están siendo aplicadas por primera vez en este proceso.

El consejero presidente resaltó que en algunas zonas del país se ha pretendido obstaculizar el proceso electoral, con la finalidad de obtener solución a problemas estructurales que no corresponden ni al ámbito de la autoridad electoral y que tampoco podrían ser resueltas solamente mediante el ejercicio del sufragio.

Por su parte, Laura Chinchilla, jefa de la misión de la OEA en México, destacó que el país “tiene la gran oportunidad de presentarle al mundo una serie de reformas bastante revolucionarias en materia electoral”.

La expresidenta de Costa Rica precisó que los objetivos centrales de la misión son monitorear y fiscalizar el proceso electoral con base en los parámetros del sistema interamericano de derechos humanos. Tras ello, agregó, la misión realizará un informe general.

“Sobre la marcha estaremos trasladando esto a las autoridades mexicanas y al final estaremos brindando los informes pertinentes para que con ellos se puedan nutrir los ajustes. El tamaño de la misión no lo hemos resuelto. Esta misión de avanzada busca medir las dimensiones del reto que tenemos por delante y será observada por muchas naciones interesadas en el resultado de la misma y por especialistas con una gran solidez que vendrán a verificar la mecánica del voto”.

Sobre las entidades donde podría haber riesgos electorales para la misión por cuestiones de inseguridad o conflicto social, Chinchilla destacó que se trata de regiones muy reducidas en comparación con las secciones electorales que tiene todo el país.


“De manera que no vemos que se vaya a afectar nuestro trabajo, y por lo demás estamos viendo un trabajo muy importante de organización y de procurar las garantías de manera coordinada entre las autoridades electorales y las autoridades gubernamentales, así que esperamos que no haya problemas, pero lo más importante es que tampoco se vea afectado el ejercicio del sufragio por parte de los ciudadanos”, indicó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

Beltrones: En Sonora, los ‘nuevos moches’

El diputado exigió al SAT que investigue el supuesto perdón fiscal –por más de 14 millones de pesos– que el Gobierno de Padrés otorgó al actual candidato del PAN a la gubernatura de esa entidad.

Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pidió que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) realice una investigación sobre el supuesto perdón fiscal que se otorgó al candidato panista a la gubernatura de Sonora, en lo que calificó como los “nuevos moches”.

Beltrones, quien también coordina a la bancada priista en la Cámara Baja, señaló que debe terminarse la discrecionalidad con la que los gobernadores condonan impuestos.

“De resultar esto un hecho real, amerita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revise, en sus términos, lo que son los convenios de coordinación fiscal que permiten que algunos estados, discrecionalmente, lleven a cabo estos perdones fiscales a sus amigos, a sus socios o a sus favoritos.

“Lo cual vendría –en el caso de no detenerse a tiempo esta facultad discrecional, de llevar a cabo autocorrecciones o ajustes en los impuestos que deben pagar obligatoriamente todos los mexicanos– a que se instaurase lo que podría ser un nuevo ‘moche fiscal’ sobre lo que está aconteciendo en algunos estados de la República, en específico en el estado de Sonora”, expuso el líder priista en conferencia.

Según una investigación del diario Reforma, el Gobierno de Sonora “perdonó” impuestos a 41 empresas cercanas al gobernador Guillermo Padrés, incluyendo un adeudo por más de 14 millones de pesos a Javier Gándara, el candidato del PAN a la gubernatura de esa entidad.

Al propio Padrés, se le “perdonaron” casi 15 millones de pesos en impuestos.

La omisión de impuestos se realizó bajo el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que se firmó con el Gobierno federal; se llegó a esa determinación tras simular auditorías.

Beltrones sostuvo que el esquema de los convenios de coordinación fiscal debe realizarse siempre en acompañamiento con el Gobierno federal, de tal manera que no se cometan arbitrariedades en el cobro de impuestos de manera selectiva.

En el futuro, comentó el legislador, ninguna entidad federativa debe hacerlo de forma discrecional para evitar que el pago de impuestos se realice de forma selectiva.

“El Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está obligado a hacer una investigación sobre una denuncia tan grave como la que ha acontecido alrededor de que hay favoritos a los que se les condonan los impuestos en algunas entidades de la República con auditorías amañadas.

“Insisto, esto coloquialmente podría denominarse ‘los nuevos moches fiscales’ y esto no se puede permitir. En México todos estamos obligados a pagar impuestos”, dijo.

En época electoral

Antes de que comenzara la campaña del actual proceso electoral, políticos panistas han sido acusados de pedir dinero o “moches” a cambio de la asignación de recursos para la construcción de obras en algunas partes del país.

Una vez comenzada la campaña, el PRI utilizó el asunto para lanzar ataques contra el PAN. Incluso, se creó el hashtag #LosMochesDeLosMochos para denunciar esta práctica en el proceso electoral.


Al finalizar, Beltrones alertó sobre la posibilidad de que los “moches fiscales” puedan constituirse en algo cotidiano en algunos estados del país.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

‘Bronco’ incumple promesa a reubicados

Antes del violento desalojo en El Fraile I, comuneros de La Ventura aceptaron dejar sus tierras para la construcción de un fraccionamiento porque Jaime Rodríguez se comprometió a regularizarles su nuevo asentamiento... llevan ocho años esperando.

Para los habitantes de la comunidad La Ventura, ubicada en el municipio de García, la palabra de Jaime Rodríguez tiene poco valor.

Hace 8 años el ahora candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León hizo un compromiso con estas personas.

“El Bronco” se comprometió a regularizar sus tierras, a cambio de que aceptaran el plan de reubicación propuesto por la constructora Casas Javer para vivir en un nuevo asentamiento en este municipio metropolitano de Monterrey.

El propósito del entonces director de la Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos de Nuevo León era liberar los terrenos donde vivía la gente de La Ventura desde hace más de 30 años  para que la empresa Javer –propiedad de Salomón Marcuschamer- construyera el fraccionamiento Valles de Lincoln en García.

Ellos confiaron en la palabra del ahora aspirante a la gubernatura de Nuevo León.

Pero 8 años después viven peor que antes: en un terreno mucho menor que el que tenían y sin ninguna escritura que legalmente respalde su nuevo patrimonio.

“El ingeniero Jaime Rodríguez vino y nos prometió que en tres meses iban a estar las escrituras. Era algo sencillo: tierra por tierra. Ten y dame”, recuerda Genaro García, uno de los afectados.

“Ya pasaron 8 años y sólo hemos tenido del señor puras evasivas. Hoy estamos peor que como estábamos antes”.

Como director de la Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos de Nuevo León, Rodríguez fue el responsable de liberar el derecho de vía para la ampliación de la avenida Lincoln hasta el centro del municipio de García.

El expriista también se involucró en las negociaciones de compra-venta entre empresas inmobiliarias con los propietarios y posesionarios de los terrenos ubicados a un costado de la nueva vía.

Por la vía violenta...

Reporte Indigo publicó ayer la denuncia de habitantes de la comunidad El Fraile I, que aseguran que cuando fue alcalde de este municipio, “El Bronco” formó parte del plan que ejecutó una constructora para despojarlos de manera violenta de sus tierras.

Tras dos años de litigio, los afectados lograron que un Juez los acreditara como dueños legítimos y obligó a la empresa Javer a indemnizarlos y reubicarlos en otra zona.

En la investigación las autoridades judiciales encontraron culpables a seis policías municipales por el delito de abuso de autoridad y despojo de bienes.

A diferencia de la gente de El Fraile I, los comuneros de La Ventura aceptaron dejar sus tierras por “las buenas”, a cambio de una reubicación, pero principalmente por la posibilidad de tener escrituras por primera vez en sus vidas.

Hoy, la gente de la comunidad de La Ventura señala al candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León como el responsable de la situación irregular que enfrentan actualmente por no tener escrituras.

“Es Jaime Rodríguez Calderón el que tiene todo parado aquí”, dice Teodoro Oviedo Cerda, otro de los afectados de La Ventura.

“En García todos sabemos que es Jaime quien dice lo que se hace”.

Para concretar la regularización de la tierra de los habitantes de La Ventura, se formó la empresa inmobiliaria Las Láminas, vinculada a la empresa Javer.

Los afectados aseguran que ya no existe legalmente. 

“¿A quién recurrimos ahora?”, se preguntan.

La zona del municipio de García donde viven actualmente los reubicados de La Ventura aparece en los planos de desarrollo urbano como área verde municipal.

 No tiene servicios públicos y se llega a través de un camino de terracería en malas condiciones.

“Nosotros no nos oponemos a la urbanización”, aclara Oligario Ortiz, presidente de la asociación de afectados de esta comunidad.

“Nuestra inquietud es por qué ha pasado tanto tiempo y por qué tantas promesas. 

“Si en realidad sólo era una firma, el Municipio nos iba a ayudar con la firma para que nosotros pudiéramos escriturar individualmente”.

Por la vía pacífica a cambio de tierra

En las negociaciones los comuneros de La Ventura aceptaron entregar el 35 por ciento de sus predios originales con la excusa de que eran para áreas verdes y vialidades del fraccionamiento Valle de Lincoln. 

A cada uno se le entregaron dos lotes en el fraccionamiento y el resto en un predio pegado al cerro.

Hoy esas áreas verdes han sido vendidas por colaboradores del actual candidato a la gubernatura de Nuevo León que trabajan en el Municipio de García.

Hay un dato curioso. La mayoría de los afectados por La Ventura votaron a favor de Jaime Rodríguez –con la promesa de la escrituración- en las elecciones por la alcaldía de García en el 2009.

“Votamos por él con la promesa de que nos iba a ayudar con la regularización”, dice Genaro García, vecino de esta comunidad. 

“Pero cuando él estuvo como alcalde nos puso un montón de trabas… que porque fulano todavía no arreglaba, que porque fulano le faltaba… jamás vimos una respuesta. 

“Hoy van 8 años y ahorita se quiere postular para gobernador. ¿Qué podemos esperar de él? La gente que no lo conoce cometerá el peor error de su vida si vota por él”.

-¿No votarás por él?

“Ni aunque me pague. Si eso hizo con una pequeña comunidad, qué no hará con todo el Estado. ¿A qué le tiramos con un gobernador como él?”.


En García, a Jaime Rodríguez se le involucra también en otro despojo ocurrido en su administración como alcalde en la comunidad de El Palmital, donde incluso un ingeniero resultó muerto durante un enfrentamiento con militares.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Se mantiene México como uno de los países más peligrosos para los periodistas: CPJ

MÉXICO, D.F: El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) dio a conocer hoy su informe anual sobre los ataques a la prensa en el que figura México, como uno de los países del mundo con mayores riesgos para los comunicadores por asuntos vinculados con organizaciones criminales.

En 2014, detalló, en América Latina, Paraguay registró la muerte de tres periodistas en el ejercicio de su profesión el mismo número que en México, por dos en Brasil.

Según el documento difundido en la ciudad de Nueva York, el enfrentamiento entre grupos terroristas y gobiernos ha convertido a estos últimos años en los más peligrosos para los periodistas.

“Desde ciberseguridad hasta seguridad física, los desafíos que enfrentan los periodistas hoy son más complejos que nunca, y vienen de lugares tradicionalmente calientes como Medio Oriente, África y América Latina así como de países comparativamente estables en Europa, Asia y América del Norte”, afirma en el prólogo Christiane Amanpour, periodista de CNN.

Según Amanpour, la amenaza más grande no es uno o dos individuos ni está confinada a un determinado país o año.

“Una batalla por la información está en curso en el mundo y está evolucionando en modos extremadamente peligrosos, Lo único constante, como siempre, es que los periodistas están en el frente de batalla”, agregó.

Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, afirmó por su parte que “los periodistas están atrapados en una dinámica de terror”, amenazados por actores no estatales y con limitaciones en sus derechos civiles, incluida la libertad de prensa por parte de los gobiernos.

Los 60 asesinatos confirmados de periodistas extranjeros perpetrados por el Estado Islámico en Siria e Irak contribuyeron a convertir a 2014 en uno de los años más mortíferos para esta profesión, subrayó el organismo.

“Algunos periodistas son secuestrados o asesinados por grupos militantes mientras otros son vigilados, censurados o detenidos por gobiernos que buscan responder a esa amenaza, real o percibida”, señaló el CPJ.


La semana pasada, el organismo publicó un informe con los 10 países con más censura en el mundo. La lista es encabezada por Eritrea, Corea del Norte y Arabia y Cuba figura en el décimo lugar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Con ayuno frente a la PGR, Hipólito Mora exige la liberación de Mireles

MÉXICO, D.F: El coordinador de la Comisión Operativa del partido Movimiento Ciudadano (MC), Daniel Moncada, acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de ser “el abogado del diablo”.

Subrayó que la dependencia no aplica los mismos criterios para consignar a presuntos delincuentes y liberar a criminales confesos.

Frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), donde este lunes inició un ayuno de 24 horas, junto con los candidatos a diputados federales Hipólito Mora y Virginia Mireles, para exigir la liberación del exdirigente de las autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles, Moncada dijo que “estamos aquí porque nos sentimos indignados”.

Añadió: “Hace unos días, el 31 de marzo, un tribunal unitario concedió la revocación del auto de formal prisión para poder liberar al doctor José Manuel Mireles Valverde. Sin embargo, esta institución, la PGR, se ha convertido en un abogado del diablo. Libera y no interpone los mismos recursos cuando se trata de criminales”.

Moncada dijo que solicitarán una audiencia con la procuradora Arely Gómez González para pedirle que se desista del recurso de revisión que la dependencia a su cargo interpuso el pasado miércoles 22.

“Hay criminales sueltos en Michoacán. Los que cometieron crímenes en La Ruana andan por las calles del estado, siguen delinquiendo, hay delincuentes de cuello blanco, y la PGR interpuso el pasado 22 este recurso de revisión, por lo que nosotros nos sentimos profundamente indignados, molestos y tristes como michoacanos, porque se dilata el procedimiento. No es justo que una institución encargada de la procuración de justicia del país esté al servicio de los poderosos, pero sobre todo aplique la ley de forma selectiva”, señaló en entrevista.

Comentó, asimismo, que están haciendo un alto en el proceso electoral porque no se siente tranquilo de estar en campaña “mientras el doctor Mireles sigue encarcelado injustamente, con muchos autodefensas, y sobre todo que sigan impunes muchos criminales que asesinaron vilmente a muchos autodefensas, entre ellos al hijo de Hipólito Mora”.

Por su parte, Mora recordó que el pasado 16 de diciembre cinco personas perdieron la vida en Michoacán, entre ellas su hijo, pero los asesinos andan libres.

“Yo quiero decirle a la procuradora, si tengo la oportunidad de hablar con ella, que mire ese caso y poner en la cárcel a los responsables de las muertes del 16 de diciembre” del año pasado.

El candidato a diputado federal aseguró que el excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, “es el responsable número uno de todo lo que pasó” en la entidad. Y dijo que aún no ha formulado ninguna denuncia en contra del ahora comisionado Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), pero tiene pensado hacerlo en breve.

Luego de destacar que en el municipio de Buenavista es donde existe mayor peligro, el fundador de las autodefensas de La Ruana agregó: “Hay personas interesadas en asesinarme. Yo estoy manejando la campaña con mucho cuidado y por eso estoy apareciendo muy poco en campaña”.

Al preguntarle qué haría con las autodefensas en caso de que ganara la diputación, soltó: “Tienen que seguir, tienen que seguir. Yo nunca voy a decir que está mal que estén las autodefensas, la fuerza rural, porque yo lo inicié y lo tuvimos que hacer porque no nos dejaron otro camino. No teníamos modo de escoger, teníamos que tomar las armas y defendernos. Cualquier ciudadano del mundo defiende a su familia.

“Si yo llego al Congreso voy a apoyar a las autodefensas y a la fuerza rural, aunque me critiquen y me digan lo que quieran los políticos, el gobierno, que me digan lo que quieran, a mí me vale madre”.

En su oportunidad, Virginia Mireles calificó como injusto el recurso de revisión contra su hermano porque él sabía que ya iba a salir libre y lo estaban esperando en su casa. Su salud, agregó, está deteriorada y él está “muy desesperado” porque no ve nada claro.

“Es doloroso y desgastante vivir en esta situación. Un ser tan libre que esté viviendo encerrado. Es mucha su desesperación de estar ahí encerrado y enterarse a cuenta gotas de lo que está pasando afuera. Es un aislamiento total. Cada 40 días podemos verlo durante tres horas y nada más tres personas, entonces nos turnamos sus hijos, su esposa y mis hermanos para verlo, y nos toca cada tres meses”, se quejó.

Dijo que no esperaba este recurso de la PGR, porque creyó que al cerrarse el registro de candidaturas y cuando la autoridad tuviera claro que José Manuel Mireles no competiría para ningún cargo de elección popular, lo dejarían libre.

Virginia Mireles reveló que “todos los comentarios que ha tenido él” es que se quiere retirar. “Dice que tiene muchas pesadillas con todas las vivencias de toda la sangre que vio, que él quiere seguir ayudando, pero desde otra plataforma. Regresaría como visita o apoyo, pero regresar a levantarse en armas, yo creo que no. Ser autodefensa yo creo que nunca lo va a dejar de hacer, pero levantarse en armas, no”, indicó.

El pasado miércoles 22 el Ministerio Público Federal adscrito al Primer Tribunal Unitario con sede en Morelia interpuso una apelación en contra del amparo concedido al exdirigente comunitario de Tepalcatepec y a sus escoltas Javier Reyes Magaña, Gerardo López Casillas y Salvador Mendoza García.

Ese día se notificó a la defensa de los inculpados la apelación contra el amparo concedido el pasado martes 7 por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Distrito, con sede en la capital de Michoacán.

El asunto será turnado ahora a un Tribunal Colegiado, a fin de que sea resuelto el amparo en revisión y la defensa de los inculpados pueda defenderlo, y con ello se confirme la sentencia que protege a los quejosos.

Ante ello, se prevé que este nuevo proceso jurídico dure en promedio cuatro meses o quizá más, hasta en tanto se resuelva la revisión solicitada por el Ministerio Público federal.

El martes 7, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Distrito concedió un amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra el exvocero de las autodefensas, preso desde hace casi 10 meses en del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 de Hermosillo, Sonora.


Tras el juicio de amparo indirecto 52/2014, promovido por los abogados Talía Vázquez y Salvador Navarro, se ordenó al juez Quinto de Distrito de Michoacán que repusiera desde un inicio el caso de Mireles, acusado de portación de armamento de uso exclusivo del Ejército.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

Puebla: ahora disparan balas de goma contra comerciantes

PUEBLA, Pue: Integrantes de la organización “28 de Octubre” denunciaron que el gobierno aplicó la Ley Bala el viernes pasado durante un operativo contra comerciantes del mercado Zaragoza de esta ciudad.

En rueda de prensa, los vendedores presentaron dos balas de goma que, según su dicho, dispararon ese día los policías, sin tomar en cuenta que en el lugar había mujeres, niños y ancianos.

“La gente sólo respondió a la agresión y se generó un enfrentamiento en el que cinco de los vendedores resultaron heridos”, mencionó Fernando Alonso, vocero de la organización.

Además de disparar balas de goma, dijo, los policías municipales escoltaron a un grupo de pandilleros encapuchados que cometieron actos de rapiña y agredieron físicamente a los locatarios del mercado.

La tarde del viernes, explicó, los policías acompañados por el grupo de choque llegaron al mercado y lanzaron petardos, sin dar mayor explicación de cuáles eran los motivos o razones por las que se llevaba a cabo el operativo.

Los locatarios mostraron videos en los que se observa a los civiles que llevaban el rostro tapado con paliacate, gafas oscuras y gorras, quienes eran custodiados por los policías y se llevaron mercancía de los puestos en bolsas de plástico.

El vocero de la agrupación denunció que en los últimos días, el gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla han instrumentado siete operativos para desalojar a vendedores agremiados a la organización “28 de Octubre”.

Ante esta situación el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) anunció que el próximo 1 de mayo, Día del Trabajo, las agrupaciones que conforman el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (FOSYPPUE) realizarán una marcha para protestar por las acciones represivas del gobierno de Rafael Moreno Valle.


A esta manifestación, dijo, se sumarán burócratas estatales que han sido despedidos las últimas semanas, los trabajadores del transporte público afectados por la puesta en marcha del metrobús y vendedores ambulantes y locatarios de mercados desalojados, entre otras personas que se han quedado sin trabajo por las políticas morenovallistas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Informe: gobiernos, criminales y actores sociales cercan el periodismo en Guerrero

En Guerrero no existen condiciones para ejercer el periodismo, de acuerdo con un informe realizado por diversas organizaciones de la sociedad civil y del gremio. Existe el riesgo que se convierta en “un estado de silencio total”, dicen.

Los profesionales de la información en la entidad se encuentran sitiados por varios frentes: por un lado, los gobiernos municipales y el estatal; por el otro, los dueños de los medios de comunicación, el crimen organizado y los actores sociales, como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Y esto pone en riesgo la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión, documentaron.

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Freedom House, Propuesta Cívica, Casa de los Derechos de Periodistas, entre otras organizaciones realizaron una misión de observación en el estado de Guerrero donde registraron que parte de la crisis proviene de los mismo dueños de comunicación al no brindar derechos laborales, ni garantías de libertad de expresión para sus trabajadores.


Sumado a los problemas que ya se arrastraban desde hace varios años, los hechos ocurridos en el municipio de Iguala en septiembre de 2014, donde fueron asesinadas seis personas y desaparecidos 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, destapó la ola de censura y violencia en contra de los reporteros.

“Durante 2014 encontramos un registro de diversas agresiones a 46 periodistas en el estado de Guerrero. […] Las agresiones registradas van desde amenazas, hostigamientos, robo a domicilios, agresiones físicas durante las coberturas informativas, secuestro, extorsiones telefónicas y el homicidio de dos periodistas”, dice el “Informe sobre la situación del ejercicio del periodismo en Guerrero, obstáculos y carencias”.

En el estado de Guerrero han sido asesinados 12 periodistas entres los años 2002-2014. Dos ocurrieron en 2014: Jorge Torres Palacios y Miguel Ángel Guzmán. El periodista Marco Antonio López del periódico Novedades de Acapulco se encuentra desaparecido desde 2011 y hasta la fecha se desconoce su paradero. La Fiscalía local informó que hasta el momento existen 20 averiguaciones previas; a estos hechos se suman las agresiones que no han sido registradas.

Durante la presentación, Pepe Jiménez de Periodistas de a Pie y observador para el informe dijo que “en Guerrero no hay condiciones para ejercer el periodismo” y advirtió que hay zonas, como en la sierra, en donde no se puede dar cobertura, por tanto se corre el riesgo que el estado se convierta en un lugar con un silenciamiento total “como en Tamaulipas”.

“Se esta cubriendo el estado de Guerrero aparentemente con normalidad, lo curioso al hacer este tipo de observaciones desde fuera, lo que podemos entender en que no se está haciendo un periodismo con la calidad que se tendría que hacer. Sin calificar si es buen o mal periodismo […]. Las condiciones no están. Por que hay una realidad, donde tú no puedes ir a Iguala, no se puede entrar a Cocula…”, informó Jiménez, y además detalló que las zonas más riesgosas son la montaña, Tierra Caliente y el puerto.

“De acuerdo con los testimonios recabados con periodistas de Chilpancingo se pudo corroborar que las agresiones de las cuales han sido objeto provienen en mayoría de los servidores públicos, destacando entre ellos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, empresas de seguridad privada, Policía Federal, Ejército mexicano, además de integrantes de la CETEG”, agrega el documento.

Durante la presentación del informe Jiménez detalló que en la entidad en gremio está “polarizado”, pues muchos reporteros son “alineados” y otros intentan hacer un periodismo crítico; sin embargo, dijo, a veces la libertad de expresión se ve coartada desde las redacciones, donde los directivos y editores deciden la línea editorial.

“Sólo en algunos casos cuentan con prestaciones sociales. Otros tienen contratos laborales temporales para evitar generar antigüedad laboral, no cuentan con capacitación en cuestiones legales o de riesgo, no cuentan con un seguro de vida, cubren horarios de 12 a 14 horas, las empresas no les proporcionan herramientas para su trabajo”, describe el informe.

Balbina Flores de Reporteros Sin Fronteras expuso que los comunicados “no cuentan con el apoyo de sus editores”. Otra problemática, dijo, se da cuando un actor político o social no está de acuerdo con una nota y ataca al periodista que sale a la calle a buscar la noticia.


En el informe se critican también los apoyos económicos por parte del gobierno local, la impunidad en las investigaciones, y la omisión por los Poderes del Estado ante la situación que atraviesa el ejercicio periodístico en Guerrero.

FUENTE: SIN EMBAARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-04-2015/1326561.

Rogelio Ortega es la mejor opción para mantener la paz en Guerrero: PRI

El presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, celebró la permanencia de Rogelio Ortega Martínez al frente del Gobierno de Guerrero, ante la conveniencia de evitar mayores riesgos y que se puedan generar problemas dentro de la entidad, ante el clima político que se vive.

Al término de un acto organizado por el Organismo Nacional de Mujeres Priistas, en el que se presentaron tres libros, Camacho Quiroz señaló que ante el clima en que se encuentra la entidad, lo más conveniente es la permanencia de Rogelio Ortega, pues “sería riesgoso pensar en alguien nuevo y que se pudieran generar más problemas”.

Por encima de la coyuntura electoral, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiere que en Guerrero haya civilidad, orden, democracia y que sólo hay una manera civilizada de dirimir controversias y puntos de vista, que es votando, para lo cual los candidatos de esa fuerza política recorrerán Guerrero, enfatizó.

Aseguró que la más importante de las armas para que permanezca la concordia y se prevea el desarrollo económico y la paz es con la credencial de elector, por lo que reiteró que los ciudadanos deberán salir a votar el próximo 7 de junio.

Camacho Quiroz advirtió que hay intereses con nombre y apellido que tienen causas que van contra el interés público, pero que la forma de hacerlo valer es reprobable.

El dirigente priista enfatizó que cometer delitos, alterar el orden y ahuyentar a los ciudadanos amenaza a la democracia y no es una posición cívica ni edificante.


“Creemos que los ciudadanos de Guerrero quieren elecciones y se están integrando los comités del Instituto Nacional Electoral y estoy seguro que se superarán los problemas para que haya elecciones y que seguro estoy, estarán concurridas”, señaló el líder nacional del PRI.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-04-2015/1327039.

PAN sí pagó para que Alondra fuera a mitin, revela su madre

MÉXICO, D.F: Susana Núñez Granados, madre de Alondra Luna Núñez, la adolescente que fue llevada por la fuerza a Estados Unidos, desmintió a la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, al revelar que el PAN habría pagado al padre de su hija, Gustavo Luna, para que llevara a la menor al mitin de ese partido, el sábado 25.

La declaración de Susana Núñez se dio después de que la exsecretaria de Desarrollo Social dijo que la niña asistió de forma voluntaria al evento para acompañar a la candidata a la alcaldía de Guanajuato, Ruth Lugo, y “agradecerle el apoyo que le brindó a su familia”.

De acuerdo con la madre de Alondra, desde que su hija regresó de Estados Unidos –adonde fue llevada después de que una mujer la reclamó como su hija– se fue a vivir con su padre, Gustavo Luna, quien se ha aprovechado de la situación.

“Él nada más la tiene para explotarla. Sí quiero que le reparen el daño, pero que su papá no esté explotando a la niña, porque eso es lo que está haciendo: explotando a la niña y la está mal aconsejando”, subrayó la mujer.

“Yo creo que sí (le pagaron), porque también me dijeron que ya le van a hacer una fiesta de 15 años inolvidable a la niña”, añadió en entrevista con el portal de noticias Zona Franca.

Susana Núñez explicó que desde hace siete años se separó de Gustavo Luna, quien enfrenta un proceso legal porque durante seis años no ha pagado la manutención de Alondra y sus dos hermanos. No obstante, agregó, desde el regreso de su hija a México, aquel decidió quedarse con la adolescente para “explotarla”.

Mientras tanto, en las redes sociales comenzó a circular un video de Gustavo Luna acompañado de Alondra, en el que rechaza y se manifiesta indignado por las críticas en contra de la candidata del PAN a la alcaldía de Guanajuato, Ruth Lugo Martínez, por llevar al frente de la marcha a la joven, a quien incluso vistieron con una blusa azul.

“Estoy indignado con lo que están haciendo respecto a la amiga Ruth, no se vale lo que hacen, lo que están publicando en radio o televisión”.

Según Luna, está agradecido con la candidata panista por ayudarlo a comunicarse con el gobierno estatal. “Yo le hablé a la amiga Ruth, no hay otra persona más, yo fui a su evento porque yo quise, porque la quería saludar”, apuntó.

Por separado, Ruth Lugo aseguró que el propio Gustavo Luna fue el que le habló por teléfono para pedir que le permitieran acompañar a los candidatos en la marcha.

“Jamás fue, ni será nuestra intención usar el caso (de Alondra) como estrategia electoral. No obstante, la voluntad de cualquier ciudadano que desee sumarse a nuestra campaña de forma libre, responsable y desinteresada, siempre será bien recibida”, señaló.

Luego del mitin del pasado sábado 25 en Guanajuato, Josefina Vázquez Mota escribió en Twitter el siguiente mensaje: “Alondra Luna nos acompaña en campaña a favor de Acción Nacional, buscamos un México justo y con paz #CambienosElRumbo”.

Entrevistada durante el recorrido, Vázquez Mota incluso anunció que escribirá un libro sobre la tragedia de Alondra, de quien, dijo, “no solamente conozco su caso, he tenido el privilegio de conversar con ella, de escucharla, le he preguntado cuál ha sido su sentir y su experiencia”.

Añadió: “El caso de Alondra nos deja muchas lecciones, de aquello que no debe repetirse, y del cuidado que debe tenerse en cualquier ser humano respecto de sus derechos humanos y respecto de una certeza por parte de la autoridad”.

La panista adelantó que lo recaudado por las ventas del libro sobre Alondra será donado a organizaciones que busquen fortalecer el sistema de justicia del país.

Y, además, tanto Vázquez Mota como el PAN de Guanajuato y sus candidatos locales planean sufragar los gastos para la fiesta de 15 años de la joven, cuya familia ya había cancelado la celebración porque el dinero no les alcanza.


“Hemos platicado también con más alegría de sus próximos XV años, sé que es una fiesta muy importante y le he pedido a nuestra próxima alcaldesa y a nuestro próximo diputado, y estamos de mucho ánimo de que el próximo 10 de agosto podamos acompañar a Alondra, si ella nos acepta; ella dice que le da mucha ilusión festejar este año, y que sin duda no va a olvidar nunca en su vida”, apuntó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCÍON.

Alistan senadores dictamen que favorece minería peligrosa, acusa ONG

MÉXICO, D.F: Un dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que favorece la extracción carbonera con procedimientos letales, será presentado mañana (Martes) al pleno del Senado para su aprobación.

La Familia de Pasta de Conchos, organización que agrupa a defensores de derechos humanos laborales y víctimas de la minería de carbón de Coahuila, dio a conocer hoy una serie de anomalías en el dictamen que van desde la falta de conceptos y definiciones, hasta regulaciones técnicas que hacen legal el tipo de minería en la que han muerto 105 personas en los últimos nueve años.

Los documentos del predictamen fueron entregados a Apro junto con un análisis de la mencionada organización ciudadana que, entre otras cosas, expone la laxitud para prohibir la minería de alto riesgo, sino que carece de estímulos para los empresarios que sí respetan normas de seguridad e higiene.

En febrero de 2014, víctimas y defensores acudieron al Senado de la República para exponer la necesidad de las prohibiciones. Con fotografías, estudios técnicos, expedientes de diferentes casos y comparativos con legislaciones internacionales, demostraron que los llamados pocitos, las cuevas y lo que ahora han dado en llamar minitas de arrastre son altamente peligrosas.

Los pocitos son tiros verticales sin salida ni ventilación, cuya estructura es insuficiente para garantizar la seguridad de los trabajadores ante una contingencia; las cuevas son eso, y en meses recientes se ha mostrado que operan inclusive en paredes de tajos (minas a cielo abierto) abandonados; en tanto, las minas de arrastre, consideradas las más seguras por su diseño, son invocadas por productores para no invertir en medidas de seguridad bajo la expresión “minita de arrastre”.

El dictamen que se presentará mañana, no sólo evita definir los diferentes procesos, los aborda de manera indistinta y aplica el vocablo, “pocito artesanal” o “mina artesanal”, sin contemplar qué es artesanal y no, pues no establece cómo deben ser.

Peor aún. Prohíbe los tiros verticales a 100 metros de profundidad, pero permite a más de 100 metros, sin contemplar que a mayor profundidad mayor es el riesgo en los llamados “pocitos” que, actualmente operan en muchos casos a 80 metros.

Permiten además la operación de tiros inclinados a menos de 100 metros, cuando esa es precisamente la modalidad en la que operan las cuevas, a las que sólo se les amarra un carro a un malacate rudimentario y que es el tipo de extracción en la que se han registrado más accidentes.

La Familia de Pasta de Conchos advierte también que se autoriza la operación de tajos a cielo abierto pero no se establece la forma de operación, mecanismos para el financiamiento de los empresarios del carbón ni las sanciones para quienes operen de manera ilegal o para la reparación del daño ambiental una vez que se abandonan los tajos.

Además, el artículo 343 E, que pretende reformarse, plantea que los responsables y encargados directos de la operación, serán sancionados cuando no implementen medidas de seguridad. Sin embargo, en ese caso, no se menciona a los concesionarios ni empresarios de las minas.

La propuesta en el mencionado artículo es tan laxa, que ni siquiera contempla ese tipo de sanciones para quienes operen de manera clandestina, por lo que se deja la puerta abierta a la ilegalidad.

Otro aspecto tiene que ver con las sanciones, pues en el dictamen se contemplan penas de prisión de 6 a 9 años y multas de hasta 10 mil salarios mínimos, cuando se produzca la muerte de uno o varios trabajadores en tiros verticales “en forma artesanal”.

De acuerdo a la Familia de Pasta de Conchos, “no es la vida y la integridad de los trabajadores lo que importa, pues si matan de 1 a 15 trabajadores o a 65 la pena es la misma. No aplican acumulación. Es una penalización dedicada a pozos y cuevas, pero no a la gran minería como la de Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores”.

En 2012 y 2013, Apro informó de diferentes irregularidades en el proceso legislativo, primero cuando un dictamen que prohibía la minería de alto riesgo, que estaba aprobada en comisión, fue modificado para su publicación durante la aprobación de la Reforma Laboral. El mismo procedimiento ocurrió durante la Reforma Energética, dejando a salvo los intereses empresariales.

En esas discusiones legislativas y en la actual, se emplea el término “minería artesanal”, como si se tratara de una tradición o de derechos adquiridos por usos y costumbres, cuando en realidad, toda la extracción carbonera depende de acaudaladas familias, políticos y más recientemente, también por el cartel de Los Zetas (Proceso 1880).

Además de caciques locales relacionados con los tres partidos de mayor representación electoral, destacan políticos como Rogelio Montemayor Seguy, exdirector de Pemex; empresarios como Antonio Nerio, quien el año pasado compró el club de béisbol Saraperos; y narcotraficantes como Heriberto Lazcano Lazcano, quien llegó a poseer ese tipo de minas que en el Senado llaman “artesanales”.

Desde el siniestro en la mina 8 Unidad Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006, a la fecha, han muerto 170 trabajadores por condiciones de inseguridad en las minas de carbón, 105 de ellos, en pocitos y cuevas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Difiere juez sentencia sobre caso Aristegui

MÉXICO, D.F: El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, difirió la audiencia incidental sobre el amparo 672/2015 de la periodista Carmen Aristegui para la próxima semana. En esta audiencia, deberá resolver si concede la suspensión definitiva a favor o en contra de la comunicadora que conducía la Primera Emisión de MVS Radio.

El abogado Xavier Cortina afirmó que el juez les informó que le solicitó a la empresa Grupo MVS, de Joaquín Vargas, nueva documentación para poder emitir la suspensión definitiva.

La audiencia estaba prevista para este lunes 27 de abril en las oficinas del Juzgado Octavo a las 10:30 de la mañana. Ahí fueron notificadas las partes sobre el diferimiento.

Hasta ahora, el juez Silva García sólo ha resuelto una suspensión provisional a favor de Aristegui, en donde estableció que el contrato de la periodista con MVS debe mantenerse vigente y consideró que la decisión de la empresa de emitir lineamientos editoriales representan una “modificación unilateral de las condiciones del contrato” y que “sus efectos pueden generar un efecto inhibidor de la libertad de expresión”.

Aristegui dejó de conducir la Primera Emisión de MVS Radio desde el lunes 16 de marzo, cuando ya no se le permitió ingresar a la cabina de transmisión.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Protestas de CNTE contra reformas; insta a paro general

Orizaba, Ver.- En su más reciente comunicado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) adelanta que reiniciará movilizaciones para llegar al paro nacional en mayo y hacer suyo el reclamo de abrogar el paquete de reformas estructurales del gobierno federal; también lamentan que el Poder Legislativo haya autorizado la portación y uso de armas a agentes policiacos extranjeros.

“La ineptitud, el entreguismo, la debilidad y la desvergüenza del grupo antinacional y pro gringo de Enrique Peña Nieto lo conducen, día a día, a dejar la seguridad nacional en manos de los mayores explotadores, intervencionistas y guerreristas del mundo, los imperialistas al norte del río Bravo”, expone el documento.

Sobre el caso Ayotzinapa menciona que, “se presenta como espejo mundial donde se miran los dolores y rabias de los asesinados, desaparecidos, olvidados, despojados, encarcelados de cualquier rincón del mundo. Muestra lo que somos y lo que queremos cambiar, lo existente y transformable. Estos hechos también se han convertido en una ventana para asomarse y ver el mundo que se va y el horizonte que puede venir. Entre tanto las ciudades en el mundo se ven agitadas en veces por las gritaderas y otras tantas por el silencio que estremece la piel. El dolor y la rabia en 200 ciudades de Estados Unidos con la caravana 43; en Europa con las 14 que está recorriendo la Euro-caravana 43 y próximamente en el sur del continente con la Caravana 43 Suramérica se está desplegando el gran telar hecho puente, una vez que se ha enlazado desde cada resistencia y organización el reencuentro con el compromiso y consecuencia de los de abajo”.

Aseguran que el gobierno federal le ha declarado la guerra al pueblo mexicano, imponiendo a sangre y fuego sus reformas estructurales a través del terrorismo de Estado, “por ello la CNTE ha decidido continuar su jornada de lucha en 2015 con una nueva etapa de unidad, de activismo político y proceso organizativo para pasar a la ofensiva y emplazar al gobierno peñista, haciendo un llamado a todos los sectores explotados de la sociedad para enfrentar unitariamente las agresiones de este régimen y generemos las condiciones para la construcción del Frente Único de Lucha que nos permita arribar a la Gran Huelga Nacional”.

En esta organización, “continuamos exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y el castigo a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de seis personas, entre ellas tres normalistas, crímenes de Estado perpetrados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero”. También se pide la abrogación de las reformas estructurales, defensa de la educación pública, plazas automáticas a los egresados de normales públicas del país, alto al Terrorismo de Estado y renuncia de Peña Nieto”.

“La CNTE denuncia un caso más de lo que el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, documentó y denunció a nivel internacional sobre que en México la judicialización mediante acusaciones falsas de la comisión de delitos diversos ha sido una constante en el Estado mexicano para obstaculizar y tratar de desactivar a las y los líderes comunitarios, a las y los defensores de derechos humanos y a las y los luchadores sociales”.

Las protestas iniciarán el primero de mayo con los referentes en lucha en contra de las reformas estructurales, por la defensa de la estabilidad y seguridad laboral y aumento salarial en la Ciudad de México.

Anuncian partidos respaldo a contrarreforma a Ley del IPE

Los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) respaldarán y buscarán que se apruebe la contrarreforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado que elaboraron organizaciones de jubilados y pensionados. El diputado panista Alejandro Zairick y de MC, Cuauhtémoc Pola, dieron a conocer que tras reunirse con integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz y del Frente en Defensa del IPE (Copipev, Fedipev) escucharon la iniciativa que ellos realizaron la cual, consideraron, corrige los errores aprobados por la mayoría priísta.

Debido a ello, dijeron que van a retomar la propuesta hecha por los pensionados y jubilados para buscar contra reformar la Ley del IPE, que ha sido declarada anticonstitucional en algunos de sus artículos.

El panista Alejandro Zairick reprochó que la mayoría priísta haya aprobado la Ley del IPE enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, a pesar de ir en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores. Recordó que en la sesión en que se aprobó dicha Ley, la bancada del AN votó en contra y se ha mantenido pendiente de que en Veracruz no se violen los derechos laborales de los trabajadores.

Dijo que esa Ley ha sido calificada de anticonstitucional por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues se trata de una legislación agresiva que debe reformarse a la brevedad.

Por su parte Cuauhtémoc Pola mencionó que de ser necesario se recurrirá a la movilización social para obligar al Congreso del Estado a que tome en cuenta, estudie y dictamine a favor, la iniciativa con proyecto de reforma a la Ley del IPE. Anunció que su partido retomará la propuesta elaborada por el Copipev y Fedipev, para reformar la Ley avalada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues afecta los derechos laborales de la burocracia tanto en activo como jubilados y pensionados.

“Si bien es cierto que el PRI y sus aliados son mayoría, lo cierto es que se trata de una iniciativa que viene respaldada por miles de ciudadanos que se están sumando a este proyecto en todo el estado de Veracruz, y que los diputados de oposición estamos analizando detenidamente, trabajando artículo por artículo, y que en su momento la estaríamos presentado como iniciativa por parte de la oposición”, expresó.


Señaló que los legisladores de oposición coinciden con los jubilados de que debe reformarse la actual Ley por ser violatoria a sus derechos y citó que con el nuevo ordenamiento aprobado por los diputados del tricolor y sus aliados, deja vaga la definición del Instituto, por lo que habrá que recuperar y dejar bien establecido que es de carácter público e interés general.

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
AUTOR: Fernando Inés CarmonaJair García.