MÉXICO, D.F: El senador perredista Pablo Gómez señaló que la responsabilidad política de la postulación de José Luis Abarca como candidato a la alcaldía de Iguala, Guerrero, corresponde al PRD y a toda su militancia, y no a una sola persona.
En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Especial que elaboró el informe sobre la postulación del exfuncionario aclaró que el reporte no busca “establecer la verdad histórica”, sino que se trata de una contribución al análisis de lo que sucedió en el municipio guerrerense.
Incluso opinó que el exalcalde, señalado como presunto responsable de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, “es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad”.
“Nosotros no tenemos problemas de que Abarca haya sido el homicida, el problema del Ministerio Público es que lo pueda probar. Yo lo doy por inocente mientras no se compruebe su culpabilidad, pero si es culpable, lo será”, indicó.
Según Gómez, el exalcalde se autoinculpó en la entrevista que sostuvo con él para elaborar el informe final, pues comentó que el 26 de septiembre de 2014, en medio de la balacera, como alcalde y, por tanto, jefe de la Policía Municipal que en ese momento estaba baleando a los estudiantes, habló con el secretario de Gobierno para preguntarle qué estaba sucediendo.
Además, destacó que el día de los hechos en Iguala, Abarca se escondió en su casa.
“Estamos diciendo que Abarca se inculpa porque nos dijo que ese día –26 de septiembre de 2014– se había ido a su casa, lo que está muy corroborado con testigos y con sus escoltas que comparecieron. Que tomó llamadas y habló por teléfono, y todo concuerda con la versión de Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública. Que no habló más que con el secretario de Gobierno.
“Él evidentemente platica eso tratando de exculparse. Dice: ‘si yo no hice nada’, pero nosotros lo estamos viendo como una inculpación. ¿Por qué? Porque él era el jefe de la Policía. Dice que efectivamente le decían que había tiroteos y demás y que él no estaba armado ni podía hacerle frente a eso. Pero nosotros dijimos: los que estaban tirando eran los policías municipales, es decir, los subordinados de él”, agregó.
Gómez insistió que la declaración es una inculpación, y lamentó que la Procuraduría General de la República (PGR) y Jesús Murillo Karam, que personalmente hizo la investigación, no estén de acuerdo con eso.
“Él nos dijo que esto mismo que nos estaba diciendo a nosotros se lo había dicho a Murillo (el exprocurador). A Murillo en su cara”, sentenció.
El perredista señaló que para la Comisión Especial no había ningún indicio de que Abarca hubiera comprado la candidatura, como lo afirmó con anterioridad el mismo exfuncionario, al asegurar que le pagó a Jesús Zambrano, entonces dirigente del PRD, 2 millones de pesos.
Señaló que en la entrevista con Abarca, preso en el penal del Altiplano, Estado de México, estuvieron presentes los otros dos miembros de la comisión: Pablo Franco y Octavio Cortés. En el lugar, dijo, estaba una cámara de la Policía Federal y un camarógrafo al que le pidieron que se retirara. Los cuatro hablaron alrededor de dos horas y media.
La Comisión Especial del PRD llevó un cuestionario, pero Abarca no contestó todas las preguntas. Por ejemplo, hizo silencio cuando se le planteó que él era el presidente municipal y, por tanto, jefe de la Policía Municipal, y fueron elementos de esta agrupación policíaca quienes lanzaron balazos esa noche contra los estudiantes.
Tampoco quiso decir cuánto dinero había gastado en su campaña, supuestamente porque no se acordaba.
“Él no está acusado de los muchachos desaparecidos, de los muertos, ni de los heridos. Él está acusado por cosas ocurridas antes de la tragedia, lavado de dinero, operaciones de procedencia ilícita y delincuencia organizada”, agregó Gómez.
Y cuando ya estaba en prisión, apuntó, la Fiscalía estatal le declaró formal prisión por el crimen de cuatro personas, hace dos años.
El presidente de la Comisión Especial destacó que hasta ahora no se han probado los supuestos vínculos con el narcotráfico del exfuncionario y de su esposa María de los Ángeles Pineda, porque son cargos que no han sido demostrados por un tribunal.
“En opinión de la PGR, hasta el 31 de diciembre de 2010 la respuesta es negativa. Ellos (la PGR) hicieron una investigación que ocultaron. No la conocíamos y la conocimos recientemente, pero no fue informada la conclusión de esa investigación, y a la opinión pública mucho menos”.
De igual manera, aceptó que fue “mala idea” postular a Abarca como candidato, pero según perredistas de Guerrero que fueron entrevistados, dijo, el exalcalde garantizaba el triunfo al PRD en Iguala, entonces gobernado por el PRI. “Esa idea resultó ser falsa, era incorrecta, porque en lugar de dar votos se los quitó”, reconoció.
Por su parte, Pablo Franco destacó que el uso político de la información debe ayudar a encontrar la verdad histórica sobre la realidad del paradero de los normalistas de Ayotzinapa, y resaltó que no existe una averiguación previa abierta contra el exalcalde.
“El señor Abarca nos dijo a nosotros que durante la noche él no tuvo ni siquiera acceso a la información. Le llamaba a su secretario de Seguridad Pública y él le decía: ‘no sé nada’, le decía: ‘estoy pidiendo el apoyo del Ejército y los federales y me dicen que no pueden’. En su momento, a quien corresponda –que no es a la comisión– tendría que esclarecer la responsabilidad de los poderes públicos y, por supuesto, de los partidos políticos”, añadió.
Comentó que el exfuncionario preso les hizo notar que los delitos imputados en la actualidad tienen relación a conductas previas a la balacera contra los estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos.
Además, rechazó sanciones contra los promotores de la candidatura de Abarca dentro del PRD, porque la comisión “no tiene atribuciones”. Eso es tarea de la Comisión Jurídica del partido, dijo.
“Nosotros no estamos para lavarle las manos a nadie, mucho menos a esta propia comisión y a la dirigencia nacional del PRD. Lo que está en el informe es una información que reconoce hechos, que les reporta los hechos a ustedes, al país, y no es exagerado decir al mundo. No le estamos lavando las manos a nadie”, afirmó.
Franco destacó que en el informe hay una crítica a la falta de atención de la dirigencia nacional del PRD, entonces a cargo de Jesús Zambrano, a las postulaciones en Guerrero.
“No acusamos a nadie de los Chuchos”
El también representante del PRD ante el INE rechazó que en el informe se haga referencia a todos los integrantes de Nueva Izquierda, aunque sí menciona a la corriente como tal.
Nueva Izquierda, apuntó, no fue responsable, porque quien invitó a Abarca a ser candidato fue su amigo Sebastián de la Rosa, de Nueva Izquierda-Coduc, subcorriente en Guerrero.
“Hay tres o cuatro grupos que se llaman Nueva Izquierda en el estado de Guerrero, algunos de los cuales no tuvieron nada que ver con lo de Abarca, y uno de ellos, que fue muy activo en la decisión, fue el que encabeza Sebastián de la Rosa, es solamente uno. Nosotros no acusamos a nadie de los Chuchos”.
Añadió: “En este caso no hubo participación de la exdirigencia nacional (…) Hasta donde nuestro conocimiento llegó, no hubo, y es criticable”.
Resaltó que la interpretación mediática sobre la responsabilidad de los Chuchos en la postulación de Abarca es incorrecta, porque en el informe no los menciona así, ya que su registro como corriente es Nueva Izquierda, y en el reporte aparece muchas veces, pero nunca sin su referencia, “Coduc”, porque en Guerrero hay tres o cuatro grupos llamados Nueva Izquierda.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Es bien sabido que hay decisiones de efectos inesperados y que no toda decisión frente a un problema es una solución. Por ejemplo, la introducción del conejo europeo en Australia es el más documentado caso de un impacto catastrófico sobre un ecosistema que se originó con una decisión aparentemente racional y menor. El propietario de una granja importó 6 parejas de estos animales de Inglaterra con el propósito de disminuir la subutilización de sus terrenos y tener animales de caza en sus fincas.
El feliz importador nunca pensó que esta especie, al no ser autóctona, no poseía depredadores naturales en el territorio. Los primeros conejos llegaron a Australia en 1859, para 1950, sus descendientes estaban dejando el país sin vegetación. Actualmente, el control de los conejos en ese país lo mismo generan polémicas desde una perspectiva ética, que altos costos presupuestarios y daños indirectos en diversas industrias.
Permítame contarle de otra decisión con efectos inesperados. De una solución que no lo fue. En las pasadas elecciones, ante la debilidad de los precandidatos panistas a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, alguien en el PAN pensó que era buena idea aprovechar el reconocimiento público de la sra. Isabel Miranda de Wallace. Entonces, improvisaron una candidata y el desastre fue escandoloso. Deje usted la derrota de lado, no era el cálculo del PAN pero Wallace logró hacer de Mancera el ganador más abrumador de la historia electoral del DF.
Los recientes hechos en Guadalajara y la ráfaga de declaraciones por parte de las autoridades que les siguieron me han hecho pensar en estos y muchos otros casos similares. No me malinterprete, por favor. De ninguna manera es mi intención sugerir que las metáforas biológicas deban ser fuente de inspiración para la solución del difícil problema de la delincuencia organizada y las economías criminales. Tampoco pretendo contribuir al solucionismo barato tan común a los tiempos de crisis. En circunstancias así, cualquiera tiene una solución experta y cada persona es tan aguda que ve lo que nadie más. La conversación se convierte en puro ruido.
Mi objetivo es mucho más sencillo y simple. Llamar la atención sobre la falta de una discusión abierta y directa sobre decisiones inadecuadas o consecuencias inesperadas. En política y asuntos públicos el error es más que una posibilidad real, es algo recurrente. Los tiempos cambian y los fenómenos se hacen más complejos, pero las pretendidas soluciones al parecer no. A propósito de las consecuencias y altos costos sociales, económicos y humanos de la delincuencia organizada, me parece que nos urge una conversación pública seria sobre lo que se ha hecho mal o lo que no ha salido como esperábamos. Las razones de porque no se da pueden ser muchas, miopía política, colusión de intereses o puro dogmatismo. Da igual. El punto es que apenas hay tibios intentos, pero eso sólo eso: tibios e intentos.
Y pienso nuevamente en lo sucedido en Guadalajara, hasta donde he leído en la prensa, los ahora famosos Cuinis y el Cártel de Jalisco Nueva Generación surgieron a raíz del descabezamiento de una banda criminal que les antecedió en el control territorial en Jalisco. Disculpando el simplismo, surgieron de la implementación de una solución: capturar a un líder criminal. Supongo que no era lo esperado, pero después crecieron y se convirtieron en una de las organizaciones criminales más peligrosas y adineradas del mundo. Ya es casi verdad de Perogrullo decir que era obvio, pues hay que afectar seriamente los intereses financieros de los grupos criminales. Y así se puede uno seguir, repitiendo lo que se dice allá afuera, porque hoy cada mexicano es director técnico de futbol y analista en delincuencia organizada.
Mientras tanto, la solución anunciada por los gobiernos federal y estatal es la determinación en la captura de los líderes de dicha banda criminal y su debilitamiento. Ante las alarmas por el desafío y ataque frontal a las autoridades, el Secretario de Gobernación dice que en territorio nacional no hay fuerza más poderosa que la del Estado. Y dadas las circunstancias y todo lo que sucede yo apenas me pregunto si además de ser el más poderoso no estaría bueno también que el Estado fuera el más efectivo, inteligente y capaz. Pero sobre todo, uno que identificara las consecuencias y efectos de sus acciones y evitara seguir cometiendo los mismos errores.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: MIGUEL PULIDO.
Se trata de información protegida por el secreto comercial y que, de darse a conocer, causaría un daño económico al consorcio, señala el instituto de transparencia.
Detalles técnicos del tren de alta velocidad México-Querétaro son confidenciales, resolvió el Inai, informa Reforma.
El diario señala que la construcción y operación de dicho transporte que el consorcio encabezado por China Railway consignó en su propuesta económica ante la SCT se encuentran clasificados como confidenciales.
El Instituto Nacional de Transparencia (Inai) resolvió que se trata de información protegida por el secreto comercial y que, de darse a conocer, causaría un daño económico al consorcio encabezado por la empresa china, pues les daría a sus competidores una ventaja indebida.
“La información de los documentos descritos se considera confidencial, ya que representa para su titular una ventaja económica o competitiva frente a sus competidores, porque atañe a materiales, especificación, diseño y características del servicio ofrecido”, indicó el Inai.
Entre la información clasificada están las fotografías de la propuesta de diseño interior y exterior del tren y los datos sobre la integración, conformación y diseño de los trenes, así como los parámetros técnicos principales.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Pese a los recientes hechos de violencia registrados en Jalisco, donde el narco derribó un helicóptero militar y mantuvo bloqueos carreteros en toda la región, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que en México sigue vigente “un estado de derecho que protege a los empleos e inversiones”.
Luego de su participación en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), celebrado en la Riviera Maya, el encargado de la política fiscal del país apuntó:
“Sin duda tenemos un estado de derecho que es el que protege que en México se creen empleos y se generen inversiones. Es un estado de derecho que debe mejorar y lo estamos mejorando a través de reformas estructurales muy importantes, como la reforma en materia de transparencia”.
De acuerdo con Videgaray, todos los días llegan inversiones y se crean empleos “porque existe confianza en México y en sus instituciones”.
Sin embargo, por más de un año los especialistas del sector privado han señalado que los problemas de inseguridad pública en el país son el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento económico, de acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado.
En esa encuesta, elaborada por el Banco de México (Banxico), participan 36 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El candidato independiente Jaime Rodríguez, conocido popularmente como “El Bronco”, está a la cabeza en las preferencias electorales para la gubernatura de Nuevo León.
Rodríguez tiene el 29 por ciento de las intenciones de voto, mientras que su más cercana contendiente, la priista Ivonne Álvarez, tiene el 27 por ciento.
El tercer lugar lo ocupa el panista Felipe de Jesús Cantú, con 22 por ciento de las preferencias electorales. Y el cuarto sitio es para Fernando Elizondo, de Movimiento Ciudadano, con 4 por ciento.
Rodríguez ha crecido potencialmente en las intenciones de voto. En marzo pasado contaba con 15 por ciento de las preferencias electorales; en abril, con 22, y actualmente llegó a 29.
En cambio, la priista Ivonne Álvarez ha caído del 34 por ciento que tenía en marzo al 27 por ciento actual.
De acuerdo con una encuesta publicada por el periódico Reforma, el 16 por ciento del electorado está indeciso.
Esta es la primera vez en la historia del país que un candidato independiente lidera las encuestas para la renovación de una gubernatura.
Lea el reportaje sobre “El Bronco” publicado en la edición 2009 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Los consejeros electorales Pamela San Martín y Arturo Sánchez informaron que el Programa de Apoyo para la Observación Electoral 2015 cuenta con una bolsa de 35 millones de pesos para respaldar técnica y financieramente a las organizaciones participantes, a las que se dará un millón de pesos en caso de que sus proyectos sean aprobados.
En conferencia de prensa, San Martín y Sánchez destacaron que hasta el momento no tienen certeza de cuantas organizaciones tendrán el recurso, porque el plazo para presentar proyectos vence el próximo martes 12. Los días 13, 14 y 15 de este mes, añadieron, el Comité Técnico evaluará los proyectos.
Un día después emitirá su fallo para dar a conocer quiénes recibirán los apoyos económicos derivados de ese fondo, mismos que les serán entregados el miércoles 20 por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPE).
Desde 1994 –cuando se implementó por primera vez el Programa– hasta 2012, el fondo benefició a 101 organizaciones, y en esta ocasión es administrado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos a través del CAPE.
El Programa de Apoyo para la Observación Electoral cuenta con un Consejo de Normatividad, que este año está integrado por los magistrados Manuel González Oropeza y Salvador Nava Gomar, Además de Pamela San Martín y Arturo Sánchez.
Este último destacó que las organizaciones ganadoras tienen 90 días para rendir cuentas al Instituto Nacional Electoral (INE) por el uso de los recursos entregados.
Por su parte, el titular de la Coordinación Internacional y de Asuntos Internacionales, Manuel Carrillo, informó que a la fecha se han obtenido 75 registros, y las agrupaciones solicitantes son principalmente del Distrito Federal, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Colima, Jalisco y Guanajuato.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Inició un expediente de queja por la muerte del veracruzano Armando Saldaña Morales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició de oficio un expediente de queja y atrajo el caso de la muerte del periodista Armando Saldaña Morales, cuyo cuerpo fue encontrado en el municipio de Cosolapa, en la región de la Cuenca de Oaxaca.
En un comunicado informó que contactó a los familiares de la víctima, con objeto de expresarles su solidaridad, y desplazó visitadores a la zona.
La CNDH estableció comunicación con el agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, con el fin de conocer las actuaciones ministeriales correspondientes, así como con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que inició las primeras investigaciones del acontecimiento.
El cuerpo de Saldaña Morales, quien era corresponsal de noticias de la radiodifusora “La Ke Buena”, fue hallado la tarde del lunes 4 de mayo en un paraje de San José Cosolapa, entre los ranchos Morelos y La Aurora.
La Comisión Nacional condenó el ataque y considera que los agravios en perjuicio de periodistas comprometen a los gobiernos federal y estatal a un oportuno y eficaz esfuerzo de investigación, que impida la impunidad y el deterioro progresivo de la libertad de expresión.
“Este Organismo público autónomo sostiene que es obligación del Estado prevenir cualquier acto que violente la libertad de expresión, ya que toda sociedad democrática debe tener como uno de sus principales componentes la participación de una prensa libre e independiente, que cumpla con su función social en condiciones de seguridad”, informó la CNDH.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Reportan familiares que se desconoce su paradero desde el pasado domingo.
La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) inició la búsqueda de 11 jornaleros agrícolas originarios del estado de Sinaloa que desaparecieron el pasado domingo 3 en Guaymas, Sonora.
Los jornaleros que salieron del municipio de Choix hacia el estado de Sonora para trabajar en el cultivo de uva están desaparecidos desde el domingo, denunciaron familiares de los trabajadores ante las autoridades.
La mayoría de los ausentes son jóvenes.
Parientes de los jornaleros visitaron al alcalde de Choix, Juan Acosta Salas, para pedirle que intervenga para que el gobierno de Sinaloa los respalde.
De acuerdo con informes de sus familiares, algunos jornaleros se comunicaron vía telefónica hace 72 horas y desde entonces no se sabe nada de ellos.
En la zona serrana de Choix son frecuentes las ejecuciones y los enfrentamientos por pugnas de grupos de Sinaloa y de Chihuahua vinculados con el narcotráfico.
Los jornaleros viajaban en una camioneta blanca con destino a Sonora para trabajar en el cultivo y corte de uva.
El alcalde Acosta Salas, quien en marzo pasado fue atacado por un comando y resultó herido de bala, cuando viajaba con su esposa y seis integrantes de su gabinete, pidió la intervención del gobernador Mario López Valdez y del procurador de justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
XALAPA, Ver: La placa en memoria de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, desapareció la madrugada de este jueves a pesar del fuerte dispositivo de seguridad policiaca que resguarda los alrededores de la plaza Sebastián Lerdo de Tejada colindante con la oficina del gobernador Javier Duarte de Ochoa.
La placa fue colocada en la plaza por periodistas, activistas y amigos de la comunicadora asesinada hace tres años y cuyo crimen sigue impune. Sólo permaneció nueve días.
En la misma plaza, reporteros de Xalapa salieron a protestar hace un par de días por el homicidio del reportero de Crónica de Tierra Blanca, Armando Saldaña, el duodécimo periodista asesinado en lo que va del sexenio de Javier Duarte.
La placa de la “Plaza Regina Martínez” ya había aguantado dos aguaceros y un ventarrón, estaba pegada con doble refuerzo de silicón y otro pegamento duro.
El hecho se da cinco días después que el director del semanario Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, envió un mensaje al gobernador Duarte en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU):
“No les creemos, no les creemos, no les creemos”, dijo en alusión al resolutivo que la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) –hoy Fiscalía General del Estado- dio sobre el caso Regina Martínez, el cual sostiene que el móvil del crimen de la periodista fue el robo, con tintes pasionales.
En mil 104 días, el gobierno de Duarte y la Fiscalía General del Estado han sido incapaces de resolver el caso, pues solo uno de los dos presuntos asesinos Jorge Antonio Hernández El Silva, está en prisión, mientras que José Adrián Hernández Domínguez El Jarocho continua prófugo de la justicia.
Colegas de Regina Martínez consideraron que la placa pudo ser “despegada” por empleados del gobierno de Duarte en represalia por las recientes manifestaciones del gremio para exigir justicia, para los asesinatos impunes de periodistas.
Juan David Arcos, columnista del portal digital Letra Negro señaló que con el “robo” de la placa de la “Plaza Regina Martínez”, el gobierno de Duarte pretende “aplacar” la libertad de expresión, pero también la libertad de manifestación.
“Podemos responsabilizar a los gatos del gato, de quienes mandan en gobierno del Estado”, dijo.
Norma Trujillo, reportera de La Jornada Veracruz planteó al gobierno la posibilidad de acceder a los videos nocturnos de la Secretaria de Gobierno, C-4, Secretaria de Seguridad Pública y el circuito cerrado de Palacio de Gobierno, para saber quién se robó la placa.
“Sabemos que en Veracruz la justicia se hace a medias, y la placa les recordaba la verdad y la verdad, enfrente a tu casa duele, la culpabilidad que tienen y que después de 3 años no se ha hecho absolutamente nada”, expresó Rubén Espinosa, fotoperiodista de Proceso y la agencia AVC.
El pasado 28 de abril, un centenar de reporteros, activistas, académicos, estudiantes y campesinos recordaron a Regina Martínez, con una jornada de lectura de los textos publicados por la periodista en el semanario Proceso y así sus amigos y colegas honraron su memoria y trabajo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
MÉXICO, D.F: Mediante “una acción institucional en su conjunto”, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) protege al sacerdote pederasta Carlos López Valdés; por ese motivo, se niega a trabajar la denuncia penal interpuesta por Jesús Romero Colín, una de las víctimas del clérigo, afirmó hoy la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
En conferencia de prensa, los abogados de la ANAD recalcaron que la procuraduría capitalina se niega a trabajar el caso, principalmente porque en él están implicados –como presuntos encubridores del pederasta– el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, así como los obispos Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, quienes eran obispos auxiliares en la arquidiócesis de México cuando se dieron los abusos sexuales de López Valdés, a quien la Iglesia ya inhabilitó como sacerdote.
Los abogados de la ANAD, Luis Ángel Salas, David Peña y Karla Michel Salas, coincidieron en señalar que las “omisiones” y las “dilaciones dolosas” que durante ocho años ha estado haciendo la Procuraduría con respecto a este caso, responden a una “acción institucional en su conjunto”, cuyo propósito es proteger tanto al sacerdote como a los altos jerarcas de la Iglesia que, al parecer, lo encubrieron.
Indicaron que la ANAD, quien lleva la defensa del joven Jesús Romero Colín, ha pedido a la procuraduría que cite a declarar a López Valdés y a los obispos. Pero ésta se ha negado reiteradamente, pese a que el mismo Vaticano ya determinó la culpabilidad del pederasta.
“No estamos hablando solamente del caso de abusos de un sacerdote, sino de la presunta complicidad del arzobispo y de algunos de sus obispos. La responsabilidad escala a esos niveles”, resaltó David Peña.
Por su parte, el abogado Luis Ángel Salas indicó que el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, es también responsable de esta “omisión institucional” de la PGJDF, pues él era el titular de esta dependencia cuando se interpuso la denuncia.
La semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 1/2015, en la cual señala que la procuraduría capitalina ha sido omisa y negligente, por lo cual le pide que ya se ponga a trabajar en el caso. Y no solo eso, también le demanda que sancione a sus agentes del Ministerio Público que fueron omisos.
Karla Michel Salas señaló que “esta recomendación es la primera puerta de acceso para que por fin se haga justicia”.
Por su parte, la víctima, el joven Romero Colín, quien también participó en la conferencia de prensa, relató que fue abusado por el sacerdote cuando tenía 11 años de edad y fungía como su acólito. Se decidió a denunciarlo en 2007 ante el tribunal eclesiástico de la arquidiócesis de México y ante la PGJDF.
El tribunal eclesiástico lo encontró culpable y lo inhabilitó como sacerdote. Y el Papa Francisco le mandó una carta –escrita con su puño y letra— a Romero Colín en la que le pidió perdón.
Sin embargo, la PGJDF, después de ocho años de tener la denuncia, ni siquiera ha citado a declarar al pederasta, argumentando que no ha podido localizarlo.
Hasta el momento, la procuraduría capitalina no ha dicho si aceptará o no la recomendación que le hizo la CDHDF. Tiene de plazo hasta la semana entrante para hacerlo.
Los abogados de Romero Colín señalan que, en caso de que la procuraduría rechace la recomendación, acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e incluso a instancias internacionales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO VERA.
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) publicó un acuerdo para dar vida a un grupo especializado que se encargará de investigar nuevamente la muerte de la joven Mariana Lima Buendía, ocurrida en 2010 en esa entidad, aunque ahora como un caso de probable feminicidio y no de suicidio, como sucedió originalmente y que derivo en su momento en impunidad.
Igualmente, la PGJEM emitió los Lineamientos Generales para la Investigación de la Privación Violenta de la Vida de una Mujer, a fin de que el personal encargado de atender estos hechos realice las indagaciones con perspectiva de género, y garantice el respeto a la dignidad de la víctima, evite la revictimización y genere un “ambiente de confianza” entre el personal ministerial y las familias de las víctimas.
El pasado 25 de marzo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el amparo directo 534/2013 a Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, con el que se ordenó a la PGJEM volver a investigar los hechos que en todo momento fueron indagados como “suicidio”, pese a que había pruebas de que Mariana fue víctima de violencia por parte de su pareja, un agente judicial mexiquense.
Con el fallo considerado “histórico” para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, la Corte mandató a las autoridades mexiquenses a que “de manera inmediata se realicen todas las diligencias necesarias para investigar con perspectiva de género y de conformidad con el acervo probatorio válido, que cumpla con el marco legal nacional y los lineamientos destacados en esta sentencia, la muerte violenta de Mariana Lima Buendía”.
Así, según lo ordenado por la SCJN, la investigación se debe llevar a cabo “con especial diligencia y en cumplimiento de la obligación de investigar y sancionar”, por lo que se deben remover todos los obstáculos que han persistido en la averiguación previa anterior.
Autoridad sale de su letargo
Más de un mes después del fallo de la SCJN a favor de Marina Lima, la PGJEM publicó el pasado 30 de abril en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el acuerdo 08/2015, que crea el “Grupo Especializado para la Atención del Caso de Mariana Lima Buendía”.
El grupo estará adscrito a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, cuya titular, Dilcya Samantha Espinoza de los Monteros, “deberá vigilar, hacer cumplir y, en su caso, sancionar a los integrantes del mismo, en caso de que falten a su obligación de actuar con debida diligencia, de no discriminar y de garantizar el acceso a la justicia, en cumplimiento con el marco legal nacional y los lineamientos internacionales”.
Según el acuerdo, el grupo estará integrado por agentes del Ministerio Público, policías ministeriales, peritos, psicólogos, trabajadores sociales y demás servidores públicos especializados en perspectiva de género, quienes serán designados por Espinoza de los Monteros.
En tanto, el acuerdo 07/2015 –publicado también el pasado 30 de abril– emite los Lineamientos Generales para la Investigación de la Privación Violenta de la Vida de una Mujer.
Sin precisar que este acuerdo responde también a las disposiciones de la SCJN, la PGJEM señaló que el personal que realice el procesamiento del lugar de la investigación de hechos relativos a la privación violenta de la vida de una mujer, debe cumplir con una serie de diligencias básicas como identificar a la víctima, asistir a los familiares, fotografiar la escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo tal y como se encontró.
Además deberá acordonar el lugar de la investigación, examinar el área en busca de material sensible y significativo, considerando huellas latentes, de rodamiento de neumáticos y de calzado, o cualquier otra que tenga naturaleza de evidencia, y hacer un informe detallado de las diligencias, de las acciones de los investigadores, y la disposición de toda la evidencia recolectada.
Según los lineamientos que entraron en vigor esta semana, se deben identificar posibles testigos y realizar las entrevistas en relación con la muerte que se investiga y que puedan brindar datos sobre el entorno y antecedentes de violencia sobre la víctima; determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que la pueda haber causado; distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio, entre otras acciones.
Cabe recordar que desde 2010, la PGJEM cuenta con un protocolo de actuación ministerial de investigación del feminicidio, pero no se aplicó para el caso de Mariana Lima. Asimismo, tal protocolo desde un inicio fue criticado por activistas al considerar que carece de los más altos estándares de investigación de la violencia contra las mujeres.
Por otra parte, la representación legal de Irinea Buendía –a cargo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)– ha demandado que la nueva pesquisa corra a manos de personal altamente capacitado, y ha denunciado que actualmente la PGJEM no cuenta con dicho personal, por lo que debería ser contratado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ.
De acuerdo con la versión policial, dos de los tres liberados fueron detenidos porque “así lo ordenaron sus superiores.”
La Procuraduría General de la República (PGR) liberó a tres personas que fueron detenidas y acusadas por su presunta responsabilidad en los hechos violentos del pasado 1 de mayo en Jalisco porque no fueron detenidos en flagrancia.
El Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales del estado de Jalisco ordenó la libertad de tres personas, con las reservas legales, debido a que no fueron detenidos en flagrancia ni les fue asegurado algo ilícito y tampoco fueron señalados como responsables de delito alguno.
El órgano jurisdiccional subrayó que sólo bajo esos supuestos se puede privar de la libertad a una persona.
Explicó que de acuerdo con la versión policial, dos de los tres liberados fueron privados de la libertad porque “así lo ordenaron sus superiores.”
La tercera persona liberada fue detenida porque presentaba quemaduras en el cuerpo y espontáneamente confesó ante los policías, sin presencia de su defensor, que pertenecía a un grupo criminal.
El juzgado explicó que al ser víctimas de detención arbitraria, se ordenó la libertad de esas tres personas con reservas, lo que significa que es posible proceder en su contra.
Detienen a tres personas por delincuencia organizada y terrorismo
El Ministerio Público federal consignó ante el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco a tres presuntos responsables de los hechos violentos en Guadalajara.
A los tres hombres se les atribuye el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de terrorismo, pues se les relaciona en los ataques coordinados del pasado 1 de mayo.
Específicamente, los hechos se refieren a incendiar vehículos y bloquear con ellos vías públicas. A uno de ellos también se le acusa de delito contra la salud, pues al momento de ser arrestado llevaba cocaína.
En las próximas horas, el titular del juzgado llevará a cabo el desahogo de la declaración preparatoria de los tres imputados para determinar su situación jurídica.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
La organización criminal tiene un papel protagónico, y en algunos casos de liderazgo, en negocios ilícitos que van de las drogas sintéticas hasta la piratería.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) pasó en los últimos cinco años de ser un remanente de otros grupos a convertirse en una de las principales organizaciones delictivas del país, con hombres y armamento suficiente para atacar a las fuerzas del Estado como no se había visto en los últimos años.
Pero, ¿de dónde han salido las ganancias que han permitido a esta mafia criminal empoderarse a ese grado? La respuesta está en su papel protagónico e incluso de liderazgo en varias actividades delictivas que van desde la producción de drogas sintéticas, pasando por el robo de hidrocarburos hasta la piratería.
Animal Político presenta los datos de cinco estadísticas de distintas fuentes que dan muestra del posible nivel de participación de este cártel en múltiples negocios criminales. Los datos son oficiales y corresponden a la Procuraduría General de la República (PGR), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Hacienda, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Cabe recordar que el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, reconoció tras los ataques del 1 de mayo que este cártel liderado por Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho, se ha expandido desde Jalisco hacia Guanajuato, Michoacán, Colima y Veracruz.
Por su parte, el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos ubica además al Cártel de Jalisco con influencia en el estado de México, Nayarit y Guerrero.
El robo de combustibles
El Cártel de Jalisco opera en dos de los cuatro estados del país – Guanajuato y Jalisco – que concentraron la mayor cantidad de tomas clandestinas de hidrocarburos descubiertas en 2014, año que por cierto fue record en aseguramientos de este tipo según la información de Petróleos Mexicanos.
Además, en las ocho entidades que comprenden el territorio de influencia del Cártel de Jalisco se descubrieron el 34 por ciento de las tres mil 635 tomas clandestinas del país. Dicho de otra forma: una de cada tres tomas ilegales descubiertas por las que se sustrae gasolina, petróleo y otros combustibles, podrían haber estado bajo dominio de este grupo delictivo.
El robo de hidrocarburos es un negocio que el cártel defiende con fiereza. Basta recordar que en mayo del 2014 sus sicarios emboscaron y asesinaron con fusiles de asalto y granadas a cinco soldados del Ejército Mexicano que había acudido a la población de Guachinango, Jalisco, para recoger muestras de una toma clandestina.
Los combustibles robados, según lo descrito por Pemex y la PGR, son movidos en pipas particulares que los revenden a distintos establecimientos en la zona del bajío o el norte del país, y en algunos casos son incluso desplazados hasta los Estados Unidos donde las empresas los compran a precios inferiores que los del mercado legal.
Las extorsiones
Jalisco es uno de los estados con la mayor incidencia de extorsiones del país. En el periodo de enero a marzo de este año ocupó el primer sitio en denuncias con 194 y en víctimas de este delito con 209, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Por lo que respecta a 2014 Jalisco cerró en el segundo sitio en cuanto a denuncias detrás de estado de México, que es una entidad con una mayor densidad demográfica.
Hay que tomar en cuenta que existen indicios de la operación de este grupo criminal también en territorio mexiquense, por lo que no se descarta su nexo con extorsiones en esa zona.
En abril de este año un productor de tequila reveló que tenía que pagar al Cártel de Jalisco 200 mil pesos al mes a cambio de que los delincuentes le permitieran continuar operando su negocio. El empresario advirtió que en esta misma situación de extorsión se encuentran productores de todo tipo en el estado.
Cabe recordar que el nivel de las extorsiones que se cometen es mucho peor de lo que revelan los datos oficiales, si se toma en cuenta que de acuerdo con la última encuesta de victimización del INEGI, 9 de cada 10 casos no se denuncian.
La industria de las drogas sintéticas
México es uno de los mayores productores de metanfetaminas del mundo y el principal abastecedor del mercado estadunidense, de acuerdo con el Informe Mundial de las Drogas 2014 de Naciones Unidas. La mitad de todas esas drogas, podrían haber salido de los narcolaboratorios bajo control del Cártel de Jalisco.
De acuerdo con cifras de la Sedena, de los 112 laboratorios clandestinos para la fabricación de metanfetaminas asegurados en 2014 por los militares, 56 estaban en los estados con dominio o influencia del Cártel de Jalisco. Se trata de poco más del 50 por ciento.
Pero además otros 55 laboratorios fueron encontrados en Sinaloa, Sonora y Durango, territorio de operación del Cártel de Sinaloa que, según las sospechas del gobierno federal, ha mantenido una alianza de varios años con el cártel de Jalisco para buscar beneficios económicos y dominio territorial mutuo.
Para fabricar las metanfetaminas y drogas similares se requieren de precursores químicos, mucho de los cuales vienen del continente asiático y llegan clandestinamente a puertos como el de Manzanillo o Lázaro Cárdenas, ubicados en las entidades donde el Cártel de Jalisco tiene una presencia importante.
La producción de piratería
La PGR tiene desde hace varios años líneas de investigación y denuncias que apuntan a que una de las fuentes de ingreso de los cárteles del narcotráfico es la producción masiva de productos apócrifos, conocidos como “piratas”, o por lo menos el control en la distribución y comercialización de los mismos.
Datos de la subprocuraduría de Delitos Federales evidencian que cuatro de los seis estados con los mayores decomisos de piratería están en el área de influencia del Cártel de Jalisco: Veracruz, Guanajuato, Nayarit y Jalisco.
El 20 de marzo de este año se realizó en la sede de la delegación de la PGR en Jalisco la destrucción de más de tres toneladas de productos “pirata” asegurados en la zona occidente del país, principalmente discos tipo CD y DVD y poco más de un millar de artículos falsificados, entre ellos teléfonos celulares, relojes, bolsas, lentes, calzado y prendas de ropa de marcas de prestigio.
Aunque los decomisos de productos apócrifos han sido cuantiosos en zonas como la que domina el Cártel de Jalisco, las investigaciones de la PGR no han alcanzado a los líderes detrás de esta actividad ilícita.
Expertos en lavado
Una pista de las millonarias ganancias que obtiene el Cártel de Jalisco podría estar en el volumen del lavado de dinero que registra el estado en donde se encuentran asentados sus principales líderes.
Jalisco es, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la segunda entidad federativa con el mayor número de “operaciones inusuales”, es decir, de movimientos de dinero declarados que no corresponden con la actividad o antecedentes de quien los hace. En el año 2013 el estado acumuló 106 mil movimientos inusuales de este tipo.
Los mismos datos de Inteligencia Financiera también ubican a Jalisco como el segundo estado con la mayor cantidad de “operaciones relevantes” que son aquellas de más de diez mil dólares que no tienen una justificación válida. En el renglón de operaciones preocupantes Jalisco es el quinto lugar nacional.
Cabe recordar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene identificados y designados en Jalisco más de un centenar de negocios, entre ellos gasolinerías y comercializadores, en los que presuntamente se lavan recursos provenientes del narcotráfico.
Las investigaciones de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) apuntan a que toda la operación de lavado de dinero en Jalisco está vinculada con los cárteles aliados de Jalisco y Sinaloa.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL
MÉXICO, D.F: Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, minimizó los hechos de violencia registrados en la entidad el pasado 1 de mayo, en los que perdieron la vida 16 personas, entre ellos siete militares y una policía federal.
Entrevistado luego de participar en el Foro Económico Mundial de América Latina que se lleva a cabo en Cancún, Quintana Roo, el mandatario estatal definió los acontecimientos como ”actos vandálicos”, según una nota del diario La Jornada.
–¿Se presentó un escenario de narcoterrorismo?, preguntó la prensa al funcionario.
–De ninguna manera. Fueron actos vandálicos. La gente que (los) cometió estaba bajo el influjo de las drogas; es gente que, como lo han confesado, (por) entre 500 y mil pesos hacían un acto de esta naturaleza. Son actos vandálicos, insistió.
Sandoval Díaz aseguró que la policía estatal no fue informada de la presencia de las fuerzas militares en la región donde el crimen organizado derribó el helicóptero Cougar matrícula 1009 de la Fuerza Aérea.
“Solamente se informó que iba a estar en el Estado…”, dijo.
La prensa insistió:
–¿Hubo fuga de información? ¿Está infiltrada su policía?
–No sé si hubo fuga. Lo que puedo decir es que el estado en ese momento, de un evento como ese, no tuvimos conocimiento. Teníamos conocimiento de que se iba a estar trabajando, más no teníamos conocimiento de cuál era el objetivo, el blanco. Y en ese sentido, la policía estatal lo que hizo inmediatamente fue atender todos y cada uno de estos actos vandálicos, todos y cada uno de estos bloqueos. Inmediatamente, en dos horas, se tuvo el retiro de los mismos.
–¿Llama acto vandálico derribar un helicóptero?
–No, bueno, ese fue en otro escenario. Lo que estoy hablando yo fue lo que ocurrió en la zona metropolitana de Guadalajara y en otros municipios.
–¿Hay que ver ambos aisladamente, por separado?
–Ese fue un tema que tiene que ver con un tema de vigilancia, de orden como se está estableciendo…
La prensa insistió ante el gobernador en el sentido de que la fuga de información se dio porque los delincuentes sabían por dónde pasarían los helicópteros.
“Desconozco. No, la policía estatal no conocía de que iban a estar en qué región. Solamente se informó de que iban a estar en el estado”, aseguró.
–Entonces, ¿usted no vincula el helicóptero con los bloqueos?
–Seguramente. Repito, cuando un líder de esta organización se siente amenazado actúa así para distraer la atención.
El gobernador de Jalisco rechazó que haya omisión de los gobiernos federal y estatal para combatir el crecimiento de bandas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien se le atribuyeron los recientes hechos de violencia.
“Hubo un trabajo coordinado, se definieron objetivos y empezó a dar resultados”, defendió.
Y pese a la alerta que emitió el gobierno de Estados Unidos para no viajar a Jalisco por seguridad, el mandatario estatal afirmó que la entidad “está en calma, sigue teniendo sus actividades económicas, de inversión, sin ningún problema”.
Añadió: “se detectó la operación de una organización y se está extirpando este quiste, este cáncer, se está actuando. Pero el estado está en calma, hay mayor vigilancia”.
Incluso, trató de justificar la presencia del CJNG: “no es un tema territorial. Es un tema que no tiene que ver nada más con un territorio, es un tema de orden nacional, que debemos de resolver en coordinación y coadyuvancia”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó multar al exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, con el pago de 638 mil 653.33 pesos por usar un helicóptero oficial para irse de vacaciones con su familia.
Virgilio Andrade, titular de la dependencia federal, dejó de lado la posibilidad –que él mismo comentó previamente– de inhabilitar al ahora exfuncionario público para ejercer cargos en el gobierno y decidió sólo imponerle una multa económica equivalente a tres veces el daño causado y el beneficio obtenido por el uso de la aeronave propiedad del gobierno.
Este jueves la SFP informó en un comunicado de tres párrafos que la sanción se determinó “previo desahogo de la garantía de audiencia de ley, así como de la valoración de las pruebas ofrecidas y de las allegadas al expediente”.
Así dio por cerrado el escándalo desatado el pasado 28 de marzo, cuando el ciudadano Ignacio Vizcaíno Tapia, habitante de Huixquilucan, Estado de México, difundió imágenes a través de redes sociales en las que mostró a David Korenfeld cuando abordaba un helicóptero propiedad de la Conagua, acompañado de su familia y cargando maletas de equipaje rumbo al aeropuerto.
El todavía funcionario trató de justificar el uso de la aeronave oficial al decir que tenía padecimientos de la rodilla y que se dirigía al médico. La polémica continuó y 12 días después, el 9 de abril, anunció su renuncia al cargo.
En entrevista radiofónica, reconoció: “Lo que estoy asumiendo es haber usado ocho minutos una aeronave oficial para transportarme al aeropuerto de la Ciudad de México. Ese es el error que cometí y por eso el día de hoy he tomado la decisión y que el presidente me ha aceptado mi renuncia”.
Con el uso de un vehículo oficial para fines personales, Korenfeld violó el artículo 8 fracción III de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Durante el proceso de investigación, el mismo Virgilio Andrade comentó que las sanciones que se podrían aplicar contra Korenfeld eran amonestación, suspensión, sanción económica o inhabilitación como servidor de la administración pública.
Con el anuncio de la sanción económica, la SFP dio por terminada la investigación y el procedimiento disciplinario iniciado en abril pasado contra el extitular de la Conagua.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: “Nieto… es un burro”. Así tituló el portal de noticias estadunidense Business Insider una de sus notas del jueves 7 de mayo, destacada con una fotografía del presidente de México, donde señala la “repulsión” desatada contra él y su gobierno a causa de la “corrupción y la inseguridad que se han generalizado” en el país.
Especializado en noticias de negocios, frecuentemente citado por The New York Times y agencias internacionales, el medio neoyorquino intituló el artículo según las declaraciones que Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, hiciera hace unas semanas en la Gran Manzana.
“Peña Nieto no sabe cómo defendernos porque es un burro. Con mis disculpas para los burros”, retomó Business Insider las palabras de Felipe para rematar su texto.
La publicación se esparcía como pólvora entre los lectores del portal cuando, súbitamente, alteraron el encabezado.
“La ira podría descarrilar la recuperación económica de México”, fue el nuevo titular del escrito, al que no se modificó ni una coma.
En éste, se dice que el rechazo de los mexicanos contra la administración actual podría tener no sólo consecuencias para Peña Nieto en las urnas, el próximo mes de junio, sino que también podría “socavar la recuperación de la segunda economía más grande de América Latina”.
Los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos Peña Nieto y otros altos funcionarios de su gabinete, la escalada de violencia en todo el país y la insatisfacción con muchas políticas federales, explica Business Insider, podrían minar los esfuerzos del partido oficial para mantener o ampliar su ventaja parlamentaria y, por lo tanto, la facilidad para promulgar reformas.
Como ya lo había hecho el pasado 5 de marzo, en el artículo “El presidente de México se está convirtiendo en una carga para su partido”, Business Insider resalta que el pasado enero 85% de los mexicanos no confiaba en el presidente y que, un mes más tarde, seis de cada diez connacionales creía que la corrupción había empeorado durante su mandato.
“La crisis política derivada de la corrupción y la inseguridad debilita significativamente la mano del presidente en el impulso de las reformas económicas”, escribió para el portal Shannon K. O’Neil, del Council on Foreign Relations, una de las organizaciones más influyentes en política exterior de Estados Unidos.
Continuó el especialista: “Tienen que hacer frente a las frustraciones de los ciudadanos y cambiar las reglas para definir y asumir los conflictos de intereses y la corrupción para comenzar a cambiar las percepciones”, declaró en un correo electrónico dirigido al portal.
No obstante, en lo que Business Insider califica “una de las ironías desafortunadas de la democracia”, el artículo advierte que el PRI mantiene una “ligera ventaja” en las encuestas de cara a las elecciones del séptimo día de junio, si bien cuenta con el mayor índice de rechazo.
“El PRI y sus aliados en la legislatura pueden retener una mayoría si los mexicanos que han expresado con tanta fuerza su rechazo a las políticas del gobierno permiten que la desilusión y la frustración los mantenga en casa el día de las elecciones”, escribió O’Neil.
Al diagnóstico Business Insider suma el “fracaso” del gobierno para reducir la violencia, y destaca la “supuesta desaparición forzada de 43 estudiantes de una escuela rural en el sureño estado de Guerrero, el incidente más destacado (en lo que va de la administración de Peña Nieto) y que ha permanecido en el centro de atención mundial.
“Esto puede agravar la impresión de que México no es un lugar seguro para hacer negocios o ahuyentar a los inversionistas que ya han sido asustados por el colapso de los precios del petróleo en el último año”, concluyó el portal estadunidense.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.
En Jalisco hacen ruido "me preocupa más cuando son silenciosos", porque están colocando a sus políticos y empresarios, en silencio", señaló el especialista.
Los grupos criminales en estos meses previos a las elecciones del 7 de junio, aman colocar a sus políticos, y en algunos lugares lo hacen silenciosamente, como Nayarit, Colima, Guanajuato, en Guerrero, Veracruz, afirmó Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, en Nueva York, al hablar de la actual ola de violencia en Jalisco.
En entrevista para Aristegui CNN, dijo que ve “los mismos vacíos de Estado que veía con Felipe Calderón, los veo en México, aún más graves que antes debido a que estos grupos criminales que se expandían durante 2006, 2007, 2008, ahora ya han madurado como en el caso de Sinaloa, donde se mantiene un silencio relativo, producto de la consolidación de la red criminal Sinaloa en México y en muchos países de Latinoamérica”.
“Te tienes que preocupar cuando países con grandes vacíos de Estado como México, tienen grupos criminales silenciosos, porque son los más consolidados, son los que ya se establecieron, tienen a sus políticos, ya no tienen que asesinar a políticos para colocar a los suyos, ya están establecidos”, aseveró.
Nació como derivado del cártel de Sinaloa “surge este cártel Jalisco Nueva Generación, se está consolidando, aprendió muy bien de Sinaloa”.
Explicó que “es una extensión que, como sucedió con los Zetas y el cártel del Golfo, está tratando de conseguir su autonomía, consolidarse en ocho estados de la República Mexicana y ya está expandiéndose a Centroamérica y Sudamérica, a Perú, a Venezuela, está logrando una expansión imitando el comportamiento de sus hermanos mayores de Sinaloa, pero con un fuerte contenido paramilitar en sus tácticas operativas, es lo que se vio en Jalisco”.
Se veía venir, “porque el arsenal qu tenían desde hacia años, llevaba a concluir eso. Así que no me llama la atención lo del arsenal, ni el poderío paramilitar. Me llama la atención lo rápido que se están expandiendo en el ámbito político, preelectoral, y en el ámbito empresarial legal”, dijo.
“La tasa de crecimiento de esta red criminal Jalisco Nueva Generación, para colocar a sus políticos en Nayarit, en Colima, Guanajuato, en el Estado de México, se están expandiendo de una manera impresionante”, abundó.
“En Jalisco están haciendo ruido, me preocupa más cuando son silenciosos. En los estados donde no hay tanto ruido, están colocando a sus políticos y empresarios, en silencio”, señaló.
Otro factor importante “es el ciclo preelectoral. En todos los países donde la delincuencia organizada está bastante desenfrenada, normalmente en los periodos preelectorales aumenta la violencia política, porque ellos tratan de colocar a sus políticos en diferentes listas”.
“El sistema de listas electorales, es un regalo de Navidad para los grupos criminales”, indicó.
En cuanto al nombramiento del general de División, Miguel Gustavo González, para dirigir, la Operación Jalisco, comentó que “es un manotazo de ahogado que normalmente es un indicador de impotencia de un presidente que por acción u omisión, se niega a implementar las prácticas de las que venimos hablando hace años, desmantelando sus redes políticas, encarcelando a los miembros de tu propio partido, como hace Brasil”.
“Eso equivale a un presidente que debe tener valentía y capital político“, enfatizó.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En entrevista con 'El Universal', el gobernador de Jalisco responsabilizó de la actual situación en el estado a las anteriores administraciones panistas, porque mantenían una "paz narca".
La PGR y la Policía Federal (PF) hicieron caso omiso a las advertencias sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señala el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, en entrevista con El Universal.
El mandatario asegura que desde hace un año y medio ya había alertado a la PF y al entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam de la capacidad de logística y de armamento que tenía el cártel, sin embargo ambas dependencias ignoraron toda la información de inteligencia.
El gobernador destacó la importancia del inicio de la Operación Jalisco, que ha dejado un saldo hasta el momento de 16 personas muertas. Sin embargo asegura que desconocía su implementación, por lo que responsabilizo de cualquier delación sobre la misma a las autoridades federales.
Según Sandoval Díaz, la organización criminal creció al amparo de una protección empresarial y política en la entidad.
En la conversación con el diario de circulación nacional, asegura que las anteriores administraciónes del PAN, sostenían interlocución con los integrantes del CJNG, por lo que se vivía una “paz narca”, a la que él se opuso.
Aunque cabe señalar que el fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera, es un funcionario que ya venía trabajando desde las anteriores administraciones panistas en el tema de seguridad.
Asimismo el gobernador jalisciense dijo que a partir de este jueves la Comisión Nacional de Seguridad comenzara a rotar a los policías Federales que se encuentran en Jalisco para evitar infiltraciones del narco. Lo mismo sucederá con los mandos policiacos estatales.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
