El instituto aseguró que la decisión de la SEP invade sus atribuciones y su independencia pues el INEE "ha revisado y aprobado todos los elementos de evaluación que son necesarios para la realización adecuada de los procesos de ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente".
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) solicitó al Gobierno de la República dejar sin efectos la decisión de suspender indefinidamente la evaluación de los docentes, anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) la noche del pasado viernes 29 de mayo, pues asegura que no tiene justificación y vulnera el derecho de miles de mexicanos tanto alumnos como maestros.
En un comunicado emitido este sábado 30 de mayo, el Instituto aseguró que esta decisión de la SEP invade sus atribuciones y su independencia pues el INEE “ha revisado y aprobado todos los elementos de evaluación que son necesarios para la realización adecuada de los procesos de ingreso, promoción y permanencia del SPD (Servicio Profesional Docente)”.
Tras convocar a una sesión extraordinaria por el anuncio de la Secretaría de Educación, el INEE aseguró que no sólo se está contradiciendo el interés superior de la niñez mexicana, sino que se deja de lado convenios y tratados internacionales, así como el derecho de 400 mil mexicanos “entre aspirantes a ingresar al servicio público educativo, docentes en servicio que buscan legítimamente una promoción y docentes interesados en ser evaluados en su desempeño”.
El INEE agrega que las fechas establecidas en el calendario para la realización de los procesos de ingreso, promoción y permanencia fueron cuidadosamente consultadas y acordadas explícitamente con las Autoridades Educativas competentes, a efecto de no entorpecer las jornadas cívicas propias de la vida pública nacional, por lo que no existe razón alguna de esta naturaleza que justifique dicha suspensión.
Organizaciones civiles también reaccionaron a la decisión y coincidieron en que “socava el derecho de los niños a la educación de calidad” y “evidencia la vulnerabilidad del Estado mexicano, dispuesto a doblar las manos ante grupos organizados que han amenazado con bloquear las elecciones”.
El comunicado íntegro que emitió el INEE:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
COAHUAYANA, Mich: Juan Hernández Ramírez, alcalde priista de Aquila, fue detenido por presuntos nexos con el narcotráfico, en concreto con Los Caballeros Templarios, acusaron policías comunitarios.
Después de ser detenido este sábado por elementos de la Fuerza Rural y tras haber declarado ante un agente del Ministerio Público en Coahuayana la madrugada de este domingo, el presidente municipal de Aquila, Juan Hernández Ramírez, fue trasladado en calidad de detenido a la Subprocuraduría Regional de Lázaro Cárdenas.
El edil aquilense fue llevado en una camioneta de la PGJE con placas NH 58 124 de la entidad, misma que salió de la base de los Rurales a las cero horas con 50 minutos escoltada por un gran convoy de camionetas de la Fuerza Rural y autodefensas de Aquila y Coahuayana, especialmente de la guardia comunal de Ostula que aportó a la escolta más de doscientos elementos a bordo de numerosos vehículos de todo tipo.
El edil Hernández fue requerido por elementos de la Fuerza Rural y no fue “levantado” como en un principio trascendió.
La confusión de que había sido plagiado se dio porque integrantes de la Policía Comunitaria de Ostula acompañaron a las autoridades a la diligencia de la institución.
De acuerdo con las fuentes consultadas del gobierno de Michoacán, el alcalde es investigado por sus presuntos vínculos con hechos delictivos ocurridos en semanas recientes y sus supuestos nexos con el crimen organizado, según acusaron los policías comunitarios.
Tras ser requerido en un operativo conjunto entre la Policía Ministerial y la Fuerza Rural, apoyados por la Policía Comunitaria de Ostula, Hernández Ramírez fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público en Coahuayana, donde ya rinde su declaración.
Fue cerca de las 18 horas, cuando el presidente municipal ingresó a las instalaciones de la PGJE, donde ya se montó un discreto operativo y se está a la espera de la información que dé la dependencia.
Al momento de la partida del contingente que trasladaba al alcalde de Aquila, llegó a los pueblos de El Ranchito y Coahuayana de Hidalgo, un convoy de la marina formado por vehículo blindado, nueve camionetas y un camión con marinos, los que recorrieron las calles de la cabecera municipal coahuayanense.
En el lugar trascendió que el gran operativo de seguridad montado obedeció a la amenaza de las comunidades indígenas de Coire y Pómaro de presentarse a rescatar al presidente municipal, hecho este que dio lugar a que para impedir el paso de los simpatizantes del alcalde aquilense, la guardia comunal de Ostula bloqueara la carretera costera en el retén permanente instalado en la localidad de Xayakalan.
El alcalde de Aquila llegó a la base de los rurales de Coahuayana a las seis de la tarde del sábado a bordo de un vehículo sin logotipos de los autodefensas de Aquila, del que se bajó por su propio pie, saludando y sin presentar ninguna muestra de lesiones o golpes, y fue recibido por el comandante Semeí Verdía quien lo pasó al interior de las instalaciones a donde en ese momento se dijo había personal de la subprocuraduría regional de Lázaro Cárdenas.
El presidente municipal aquilense fue detenido cuando junto con su familia disfrutaba de un día de campo en “Los Chorros”, un balneario poco conocido cercano a la localidad de Maruata, a donde sus captores habían acudido antes a buscarlo a su domicilio, al de sus papás y de otros familiares. Junto con el alcalde llegó detenido un vecino de Pómaro que ocasionalmente se desempeña como su ayudante personal, mismo que fue liberado tras varias horas de estar retenido en el interior de la base de la Fuerza Rural de Coahuayana.
A la llegada del alcalde se reforzó la seguridad de la base de los rurales coahuayanenses ubicada casi frente a la Presidencia Municipal, presentándose después elementos de la Policía Federal y del Ejército a los que se les impidió el paso al interior de las instalaciones de la FR, permaneciendo afuera hasta que anocheció, retirándose a la llegada de aproximadamente doscientos comunitarios armados de Ostula, para posteriormente solo dar rondines por el lugar.
Afuera de la base trascendió que en el operativo para detener al alcalde también se contemplaba aprehender a un empleado del Ayuntamiento de Aquila que vive en Colola, pero que cuando la Fuerza Rural quiso apresarlo, los indígenas de Coire se lo impidieron y tuvieron que retirarse sin este servidor público.
Extraoficialmente, por un video subido a las redes y varias notas publicadas en diversos medios estatales y nacionales, trascendió que al presidente municipal de Aquila se le acusa de junto con el director de operaciones especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán, “El Yanqui”, y con los comandantes de autodefensas Antioco Calvillo de Cachán, y Amador Valencia de San Pedro Naranjestil, apoyar a los Caballeros Templarios que aún quedan en el municipio.
El 26 de septiembre del 2014, Juan Hernández aparece en varias fotos con el entonces líder de los Caballeros Templarios Servando Gómez Martínez La Tuta.
Luego de difundirse fotos que lo muestran junto a Servando Gómez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios, Hernández aseguró haber sido obligado a asistir a la reunión.
En una carta dirigida a la población de Aquila, Hernández confesó que el encuentro se dio tras el conflicto de las autodefensas que surgió en ese municipio en agosto de 2013 y que lo hizo acompañado de líderes comunales, cansados del cobro de cuotas al que estaban sometidas las comunidades.
“Fui requerido por enviados del señor Servando Gómez Martínez para que me presentara a una reunión que se habría de celebrar en una escuela primaria en la población de Tumbiscatío, diciéndome que, o iba por mi voluntad, o que si no se llevaban a uno de mis hijos para que fuera por él”, argumentó.
Detalló que el capo michoacano llegó al plantel educativo escoltado por hombres armados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) cerró esta tarde su campaña electoral en la capital del país, en donde se enfrenta a una competencia inédita desde la izquierda por el nacimiento del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El PRD logró llenar el Zócalo, aunque repitió prácticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI): Cientos de personas fueron llevadas en microbuses. Algunos de los asistentes confesaron a la prensa que les ofrecieron dinero y una despensa a cambio de su participación al mitin.
El PRD va en coalición con el Partido del Trabajo (PT) y con Nueva Alianza (PANAL), éste último fundado por Elba Esther Gordillo, hoy en prisión por desviar cientos de millones de pesos del mayor sindicato de maestros, el SNTE.
La plancha del Zócalo comenzó a llenarse desde las 9 de la mañana. Los simpatizantes tomaron las calles de Madero, 5 de mayo, Venustiano Carranza y Corregidora para arribar al lugar. A mediodía, el Zócalo lució repleto de banderas amarillas y propaganda de candidatos del Sol Azteca.
Periodistas de SinEmbargo pudieron verificar que se utilizaron distintos vehículos para movilizar a los asistentes al evento. Como en los viejos tiempos –los del PRI- desde las nueve de la mañana, cientos de hombres y mujeres llenaron la plancha del Zócalo para asistir al cierre de campaña de candidatos a jefes delegacionales y diputados locales. Pero el desfile no era tricolor; sino amarillo.
Los militantes descendieron de microbuses de varias rutas y taxis del Frente Popular Francisco Villa. Apostados en el Zócalo esperaron durante dos horas la llegada del dirigente del partido en la capital del país, Raúl Flores, a quien recibieron con gritería de apoyo.
Ya no se trataba de la manifestación del desafuero del otrora dirigente moral del Sol Azteca, Andrés Manuel López Obrador, ocurrida en 2006; pero el músculo perredista podía verse desde la avenida Tlalpan. El paso para automóviles y transeúntes quedó colapsado desde la estación Chabacano del Metro. Algunos llegaron a pie al Zócalo, como en una marcha.
En el Zócalo predominaban las camisetas con la insignia de Dione Anguiano y José Luis Muñoz Soria, candidatos a delegados en Iztpalapa y Cuauhtémoc, dos delegaciones que tienen marca de riesgo para el PRD. En la escena, repartidos en la multitud, estaban quienes portaban bolsas con alimentos y un jugo. Nadie lo escondía. Los reporteros gráficos les tomaban fotos sin problemas. Se sellaba así la imagen de lo que en México se identifica como “acarreo”.
El PRI capitalino acusó al PRD, en Twitter, de utilizar vehículos oficiales para movilizar gente. Difundió además varias fotos.
En la capital, de acuerdo con una encuesta publicada este domingo por Grupo Reforma, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ganaría al menos en dos delegaciones del Distrito Federal: Iztapalapa y Cuauhtémoc, las dos más importantes de la capital, dejando en segundo lugar al Sol Azteca.
La encuesta dice que en Iztapalapa, Clara Brugada, de Morena, cuenta con una intención de voto de 41 por ciento, mientras que Dione Anguiano, del PRD, PT y Nueva Alianza, obtiene 28 por ciento. En tanto que en la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal va como líder de la contienda con el 37 por ciento de las preferencias de los electores. Le sigue José Luis Muñoz, del PRD-PT-Nueva Alianza, con el 22 por ciento.
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) montó un operativo para vigilar el evento, informó la dependencia en su cuenta de Twitter.
Los candidatos que congregaron al mayor número de simpatizantes fueron los de la aspirante en Iztapalapa, Dione Anguiano, la Asamblea de Barrios, que respalda a Antonio Padierna en Azcapotzalco, y el Sindicato de Trabajadores del Gobierno del DF, cuyo líder Juan Ayala busca ser diputado.
Entre los asistentes al cierre de campaña del PRD se encuentran los miembros del Frente Popular Francisco Villa, ofreciendo apoyo a Anguiano y a Valentín Maldonado, candidato en Coyoacán.
Distintos periodistas reportaron acarreo de simpatizantes y pagos para movilizar a la gente. Alberto Acosta, del periódico Reforma, dijo que las unidades en las que hubo acarreo “no llegaron hasta el circuito de la Plaza de la Constitución, sino que eran estacionadas cerca de la Alameda, Fray Servando, Tlalpan y el Eje 1”.
“Algunos de los asistentes confesaron -entrevistados por Reforma- que les habían ofrecido 150 pesos y una despensa por asistir, que les darían después del evento, al volver a sus colonias. Desde antes de las 9:00 horas comenzaron a llegar los primeros grupos, aunque el acto comenzó cerca de las 11:00”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
En vísperas de los comicios del 7 de junio, editorial Grijalbo pone en circulación el libro La caída del telepresidente. De la imposición de las reformas a la indignación social, con prólogo de Elena Poniatowska. En 280 páginas, el reportero de Proceso Jenaro Villamil documenta los yerros del mexiquense Enrique Peña Nieto, sus ambiciones, sus referentes históricos –el dictador Porfirio Díaz, por ejemplo– y sus desencuentros con el deformante espejo del poder mediático que durante años lo hizo sentirse famoso y querido. A tres años de que llegó al poder, su popularidad está por los suelos y la ciudadanía se muestra cada vez más indignada por los escándalos protagonizados por él y por sus colaboradores. Proceso adelanta dos fragmentos del libro.
MÉXICO, D.F: No terminaba la celebración de las reformas estructurales aprobadas y el relanzamiento de Peña Nieto en los medios de comunicación, cuando la misma prensa extranjera dio cuenta de un fenómeno: los mexicanos estaban “desencantados” con su propio reformador. Todas las encuestas –las públicas y las privadas que Los Pinos mandó a hacer– reflejaron un bajo índice de aprobación y apoyo a las reformas.
El golpe más duro fue el sondeo difundido el 26 de agosto de 2014 por el Pew Research Center (un think tank con fuerte influencia en los círculos de Washington): registró 51% de opiniones favorables al gobierno de Peña Nieto contra un 48% desfavorable. El índice de aprobación fue de seis puntos, más bajo que en 2013, y la opinión negativa hacia el gobierno federal creció nueve puntos en un año, según el mismo centro.
El nivel de desaprobación fue mayor en el terreno económico: 60% está en contra del manejo de la economía (14% más que en 2013) y sólo el 37% la aprobó (nueve puntos menos que un año anterior). Los indecisos disminuyeron de 8 a 3%.
Ninguno de los sondeos se refiere a los temas de las 11 reformas estructurales que “movieron a México”: 79% consideró el crimen y la inseguridad como el problema más importante; 72% la corrupción; el mismo porcentaje la violencia de los cárteles; 70% la contaminación del agua, y 69% la contaminación del aire.
La encuesta del Pew Research Center se difundió el mismo día en que Peña Nieto realizó su primera visita oficial en territorio norteamericano, tras la aprobación de las reformas estructurales. En esa encuesta 69% expresó su descontento con las condiciones del país y sólo 30% se expresó satisfecho. Casi una tercera parte, 27%, consideró “muy mala” la situación del país. De los jóvenes entre 18 a 29 años, 51% pensaban como una buena opción migrar a Estados Unidos.
El desencanto ya lo venían documentando otras casas encuestadoras que no pueden ser señaladas como enemigas del peñismo, como es el caso de Consulta Mitofsky, GEA–ISA, Parametría, o los periódicos Reforma y El Universal, este último a través de Buendía & Laredo. En casi todos estos sondeos no son la reforma energética ni la de telecomunicaciones las que mencionan los mexicanos encuestados como las preocupaciones centrales. Son el desempleo, la corrupción y la inseguridad lo que más demandan resolver. El desempeño de Peña Nieto es menor a 50% de aprobación en la mayoría de los casos.
Consulta Mitofsky, en su sexta encuesta trimestral del 31 de mayo de 2014, reveló que 50% aprobó el gobierno de Peña Nieto, contra el 49% que lo desaprueba. Es el índice más bajo en comparación con los dos primeros años de otros gobiernos: Carlos Salinas (75% de aprobación), Vicente Fox (63%) y Felipe Calderón (61%). Sólo Ernesto Zedillo registró 34% de aprobación, como resultado de la aguda crisis económica de 1995, de acuerdo con la misma medición de Consulta Mitofsky.
Las encuestas de los periódicos Reforma y El Universal han arrojado cifras similares: la calificación del gobierno es menor a seis; más de 50% de los encuestados tienen una opinión negativa sobre la conducción de la economía; más de 65% cree que con la reforma energética no bajarán los precios de la luz ni de la gasolina (los dos temas que más se promovieron en spots durante 2013); y más de 60% tiene percepciones negativas sobre la violencia y el combate a la corrupción.
(Fragmento del texto que se publica en la revista Proceso 2013, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
En la matanza de Ecuandureo –cada vez se debilita más la versión oficial del “enfrentamiento”– no todas las víctimas eran sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación; algunos eran trabajadores contratados para acondicionar un inmueble pero pagaron caro su afán de ganarse honestamente la vida: los torturaron, los mutilaron, los arrollaron y algunos recibieron el tiro de gracia, según testimonios de sus parientes y amigos, recogidos por este semanario. Pero las vejaciones de la Policía Federal no acabaron ahí… Continuaron con la humillación a los familiares que viajaron a Morelia a reclamar los cuerpos.
OCOTLÁN, Jal: Las siete capillas fúnebres de esta cabecera municipal trabajaron a toda su capacidad entre los días lunes 25 y miércoles 27 de mayo: en ellas tuvieron lugar las velaciones de 34 jóvenes oriundos de este municipio, quienes murieron en Ecuandureo, Michoacán, a manos de la Policía Federal (PF).
En los velatorios la indignación y la rabia de familiares y amigos de las víctimas son más fuertes que el llanto y el dolor. Los asistentes coinciden: los federales usaron fuerza desmedida para asesinar a los jóvenes, sin darles oportunidad de defenderse.
Si fuera verdad que hubo un enfrentamiento entre federales y sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), como dijo el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, entonces no hubieran tenido oportunidad de torturarlos, razonan los familiares. A algunos los quemaron; les rompieron los dientes; les fracturaron los brazos; les mutilaron manos, piernas o testículos y algunos hasta recibieron el tiro de gracia.
Ocotlán aún no terminaba de asimilar el enfrentamiento entre la PF y el CJNG del pasado 19 de marzo –con saldo de cinco federales, cuatro civiles y dos sicarios muertos–, cuando una tragedia mayor se sumó a la historia de violencia que asuela a esta región jalisciense limítrofe con Michoacán, debido a la lucha que libran grupos de la delincuencia organizada por el control de la zona.
Así, del lunes 25 al miércoles 27 las siete capillas de velación recibieron los cuerpos de 34 jóvenes muertos el viernes 22 en el Rancho del Sol, en Ecuandureo, donde según la versión oficial murieron en “enfrentamiento” 43 personas, 42 de ellas presuntos integrantes del CJNG.
Esos días los dos cementerios municipales de Ocotlán vieron las mismas escenas: con bandas de música, globos blancos y camionetas con música a todo volumen –como se acostumbra aquí cuando alguien muere con violencia– los 34 de Ecuandureo fueron enterrados.
Y en uno de los cementerios municipales, ese martes un hombre robusto, de tez morena, con los ojos enrojecidos por el llanto y una botella de whisky en la mano, gritó: “¡Viva El Pollo, cabrones! ¡Chingue a su puta madre el gobierno!” Luego vació el licor dentro del ataúd de madera donde, guardados en una bolsa de plástico negro, estaban los restos de su hijo, una de las víctimas de la matanza. Un mariachi tocaba “El muchacho alegre”.
En los dos panteones municipales de Ocotlán trabajan 12 personas que tuvieron que hacer hasta dobles turnos para enterrar en esos días a 34 de las víctimas de la matanza. De ellas, 11 habitaban la colonia Infonavit 5, en esta cabecera. Por instrucciones de los familiares no hubo una sola cremación. Todos los cadáveres fueron sepultados.
Cada noche, a las 20:00 horas, en un altar de la calle Libra en la colonia Infonavit 5 se reza el novenario. “Al finalizar vamos a traer música y tocarles las canciones que les gustaban a los muchachos”, dice Carito, una de las vecinas.
Pero campea la incertidumbre: “Estas 42 muertes van a traer consecuencias. Más sangre. Va a morir más gente, no nos vamos a quedar así; estamos muy adoloridos. Yo veo a los federales y me dan ganas de matarlos”, espeta Gerardo García Pineda, hermano de una de las víctimas.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2013, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO
AUTOR: F. CASTELLANOS, J. COVARRUBIAS Y M. RAMÍREZ
MÉXICO, D.F: El director de la maestría de periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ricardo Raphael, consideró hoy que es necesario eliminar las sanciones contra la divulgación de pláticas privadas “filtradas” a los medios de comunicación.
En el marco de la mesa redonda “El espionaje en tiempos electorales” –que planteó los dilemas entre deber de información y respeto a la legislación–, el periodista y académico estimó que en el mundo actual, y particularmente en México, el Estado no tiene la capacidad de sancionar a quien divulgue un material conseguido de manera ilegal a través del espionaje.
Por lo anterior, resaltó que los medios desempeñan el papel de “curadores de información” y que, a diferencia de las redes sociales, deben estimar la relevancia pública del material y plantearlo en su justo contexto. Si no lo hacen, “su audiencia los sanciona”, alertó.
“El medio que gane es el que divulga un material proveniente del espionaje y el que logra explicar que es un tema público y por consecuente publicable”, insistió.
Sin embargo, aseveró que el Estado mexicano debería reforzar su capacidad de contrainteligencia para detectar y sancionar a los espías, sean particulares o funcionarios públicos.
“En el caso de la grabación (del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral) de Lorenzo Córdova, nos llegó a muchos medios un DVD con el audio. Se debatió si publicarlo o no. Pero luego lo difundieron en redes sociales. De nuevo nos preguntamos: ‘¿Sí o no?’”, concedió Raphael.
El director del CIDE, Sergio López Ayllón, explicó por su parte que existen razones políticas que motivaron la filtración, hecho que resaltó una asistente al evento, quien recordó que en el caso de Córdova Vianello –por más condenables que fueron sus palabras despreciativas contra líderes indígenas opuestos al sistema partidista–, la filtración llegó en plena época de sanciones contra el Partido Verde.
El director del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, recordó por su parte que tanto la Constitución como el Código Penal son muy claros en términos de vida privada: ésta es inviolable y cualquiera intercepción y divulgación de una plática privada queda duramente castigada: entre 6 y 12 años de prisión.
Salazar subrayó que la única forma en la que la ley permite superar estas prohibiciones consiste en una orden judicial, la cual autoriza bajo ciertas condiciones a las autoridades interceptar comunicaciones privadas. Entre otras, para investigar secuestros, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Y se indignó que los demás integrantes del debate no concuerden con la necesaria sanción a los espías y los difusores de las grabaciones. “Nuestras pláticas privadas pueden ser descontextualizadas”, advirtió.
En cambio, en Europa las leyes prevén distintos factores que condicionan la divulgación de las intercepciones: la función del servidor público, el tipo de comunicación, la predecibilidad de la intervención –los altos funcionarios están conscientes de que sus comunicaciones pueden ser fácilmente desviadas–, o la identidad y las intenciones del grabador.
“Muchas personas espían, pero no se quiere investigar porque en estos tiempos electorales los propios partidos utilizan esos métodos”, estimó por su parte la periodista Katia d’Artigues, al precisar que esas grabaciones “robadas” a servidores públicos tienen mucha difusión en las redes sociales, debido a “la falta grave de confianza en la clase política, pues sabemos que lo que dicen en sus discursos no es la verdad”.
Al recibir una filtración, las salas de redacción se llenan de una mezcla entre adrenalina y temor, explicó la periodista Gabriela Warketin. Corre la inquietud: “Los demás van a publicar”. Aunque opinó que ella se indignó más que alguien haya grabado a Córdova que lo que dijo el director del INE.
En el caso de la presunta corrupción de funcionarios por parte de la empresa constructora española OHL, revelada a través de intercepciones telefónicas, se planteó la pregunta de si los medios podían fungir como “jueces” aun antes de que inicie un probable proceso judicial.
Entre las conclusiones expuestas en la mesa se perfiló: “Es el riesgo a pagar para tener una prensa libre. Al final la sanción viene de la misma sociedad”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE (REPORTAJE ESPECIAL)
MÉXICO, D.F: El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en esta ciudad concedió un amparo directo al joven Óscar Manuel Ramírez Siordia y ordenó su libertad inmediata, por considerar que el juicio que se le siguió por el homicidio de Jacobo, su pareja, no tuvo la debida cadena de custodia como lo marca la ley.
Hasta el cierre de esta edición, familiares, amigos y abogados esperaban afuera del Reclusorio Oriente la salida del joven de 28 años, luego de estar preso desde el 7 de julio de 2010, hace casi un lustro.
El magistrado presidente del Quinto Tribunal, Horacio Armando Hernández Orozco, presentó este jueves el proyecto de resolución, mismo que consideró que el juicio llevado por la juez 49 Penal del Distrito Federal, Celia Díaz Negrete, –quien lo sentenció a 27 años y seis meses de prisión– estuvo basado en “inferencias de lo que ella creyó que sucedió”, en “conjeturas”; es decir, que hubo insuficiencia probatoria.
Alejandro Brito, director de la asociación civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, misma que acompañó a la defensa del joven, explicó que el proyecto de resolución del magistrado Hernández Orozco destacó las inconsistencias en las supuestas pruebas que incriminaban a Óscar.
Por ejemplo, dijo en entrevista con Apro, se confirmó que hubo fallas en el resguardo del cabello que el Ministerio Público ofreció como prueba del crimen. Y es que no se pudo acreditar si se recogió del cuerpo de la víctima o era el que le pidieron al inculpado. La razón: las bolsas donde se guardaron no estaban etiquetadas, no marcaban su origen ni la fecha de recolección. Además, no se les aplicaron pruebas de ADN que confirmaran que pertenecían a Óscar.
Otro de los argumentos fue que no se tomó debidamente en cuenta el testimonio del inculpado, quien aseguró que la noche en que se cometió el crimen estuvo en su casa y no con la víctima. Tampoco se valoró la confesión de Noé, un joven de 19 años detenido días después del crimen, quien aseguró que aquella noche estuvo con Jacobo, pero luego de que éste se negó a pagarle dinero por tener relaciones sexuales, le aplicó una llave conocida como “mataleones”, le robó una computadora y un teléfono celular y huyó.
Luego de estar presente en la sesión de este jueves, Alejandro Brito, aseguró: “El magistrado concluyó que no hay una prueba contundente de que Óscar estuvo presente en la comisión del delito. Con ello le dio la razón al argumento de la solicitud de amparo que trabajó la defensa”.
El activista celebró la decisión del magistrado Hernández Orozco, así como de Silvia Carrasco Corona y Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz, integrantes del Quinto Tribunal.
Sin embargo, destacó que en la discusión se desestimó el argumento de la violación al derecho humano de Óscar a la no discriminación por su orientación sexual, pues lo consideraron como “infundado”.
Y es que en la primera sentencia dictada por la juez Díaz Negrete, se consideró que la muerte de Jacobo fue por un “crimen pasional”.
Pero hay que poner atención, dijo Brito, “eso no significa que esa situación no haya existido. Para nosotros es claro porque la primera sentencia de la juez dijo que el único motivo que encontró fue el pasional y desestimó el móvil del robo. Desde el principio Óscar dijo que era homosexual igual que la víctima y por los prejuicios del sistema de justicia, enseguida aseguraron que era un crimen pasional”.
Además de Letra S, en la defensa del joven participó la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, –donde Óscar comenzó a estudiar Derecho desde prisión–, misma que presentó un recurso Amicus Curiae para apoyar la solicitud de amparo en favor del defendido.
Hasta el cierre de esta edición, mientras esperaban la salida de Óscar del reclusorio, Alejandro Brito comentó que según el propio interés del joven, en los próximos días valorarán los pasos a seguir ahora en libertad, “para que su caso tenga una repercusión en los juicios de todos los gays que se encuentran cumpliendo una sentencia injusta en la cárcel”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
Entre los actores políticos de la Ciudad de México se extiende una preocupación: ser exhibidos a través de sus conversaciones telefónicas. Más de uno ha sido cesado tras ventilarse así casos de presunta corrupción
Más de un servidor público del Distrito Federal ha sido víctima de intervención telefónica. Espiados y exhibidos en sus conversaciones privadas, algunos tuvieron que renunciar a sus cargos y otros más, tragarse el escarnio público.
“Es Héctor Serrano”, acusó sin tapujos Ricardo Monreal, el candidato a jefe delegacional por Cuauhtémoc, el primero que se atreve a señalar de espionaje al secretario de Gobierno del Distrito Federal.
Aunque el zacatecano es el primero en ponerle nombre al presunto responsable de este delito en diversas oficinas del Gobierno del Distrito Federal (GDF), funcionarios coinciden en señalarlo, sin atreverse a denunciarlo.
“Por aquí no, mejor nos vemos en persona”, se cuidan algunos de los servidores públicos respecto a su teléfono celular y de oficina.
Durante los últimos meses del año 2014 quedó claro que el espionaje es una práctica de uso cada vez más común en el sexenio de Miguel Ángel Mancera, cuando quedaron al descubierto diversos personajes grabados en conversaciones comprometedoras.
Y aunque algunas de estas llamadas, que luego son difundidas a través de las redes sociales, han sido adjudicadas supuestamente al grupo Anonymous, no ha quedado claro quién adquirió el equipo con el que se espía a funcionarios públicos y empresarios.
Algunos de los que han sido espiados, grabados y exhibidos: Édgar Armando González Rojas, ex oficial mayor del Gobierno de la capital; Josué Ramos Miranda, ex oficial mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
También, Édgar Amador Zamora, secretario de Finanzas; Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, y Ricardo Monreal Ávila, candidato a delegado de la Cuauhtémoc por Morena.
Llantas con sobreprecio
El mes de octubre del año pasado, uno de los primeros en caer en las redes de este espionaje fue Édgar Armando González Rojas, entonces oficial mayor del Gobierno del DF.
Bajo el nombre de “Armando Justicia”, un anónimo difundió en las redes sociales una serie de presuntas irregularidades en la Oficialía Mayor.
El supuesto justiciero anónimo filtró algunas grabaciones en las que se escuchó la voz del entonces oficial mayor y de algunos de sus colaboradores inflando en un 30 por ciento la compra de 10 mil llantas para renovar los vehículos del Gobierno del DF.
Los audios se hicieron públicos, detonando el escándalo que terminó con la expulsión del Oficial Mayor del GDF en medio de severos cuestionamientos de corrupción.
‘Está de la chin…’
Luego del primer descalabro de la administración de Miguel Ángel Mancera, el siguiente en la lista del espionaje fue el oficial mayor de la Asamblea Legislativa, Josué Ramos Miranda.
Al entonces funcionario se le espió y grabó cuando habló por teléfono con un colaborador al que se le atribuyó ser Rey Alfonso Terán Estrada, presunto miembro del Cártel de Sinaloa, después el funcionario aclaró que se trataba de Javier González, un amigo cercano.
El punto es que el ex oficial mayor, cercano al coordinador de la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa, Manuel Granados, quedó exhibido en su privacidad. En aquella conversación el exfuncionario fue grabado en esta parte:
Josué: Ya supe la mala noticia
Amigo: ¿Cómo la ves?
Josué: Pues está de la chingada cabrón porque al rato voy a seguir yo.
Amigo: ¿Por qué tu?
Josué: Pues porque así se van a poner los chingadazos.
Amigo: El viene de la Procu, todos los de la Procu vienen sucios.
Josué: ‘Ta bueno carnal, gracias por avisarme y estoy pendiente eh.
Los audios ventilados en diciembre del 2014 y adjudicados al grupo Anonymous fueron acompañados de una acusación de enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico.El oficial mayor de la ALDF cayó.
La Comisión de Gobierno de ese órgano dijo que lo separó del cargo para no obstaculizar las investigaciones, a fin de que éste pudiera esclarecer los hechos en los que se le involucraba en las redes sociales.
Pese a que argumentó que su esposa ganaba bien y mejor que él debido a sus ingresos de más de 170 mil pesos, el oficial mayor nunca regresó a su puesto.
El mensaje de ‘Papá Pitufo’
Los últimos días de diciembre pasado, el presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados, y el secretario de Finanzas, Édgar Amador, pasaron a la lista de espionaje.
Los servidores públicos fueron grabados cuando sostenían una llamada telefónica en la que celebraban la goliza que les metieron a los diputados al lograr un presupuesto de mil 875 millones de pesos sin definir proyectos específicos ni reglas.
Manuel Granados fue grabado mientras le decía a Amador:
“A Papá Pitufo (presunta referencia a Federico Döring) háblale porque, te lo cuento aquí en corto, porque le mandó un mensaje al 32 (jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera), que ahí estaba, que había salido muy bien todo por unanimidad, que había sido un ahorro para la ciudad –bueno, para él- que le habíamos ahorrado algunas cosas”, reprodujo en ese momento el diario Reforma.
“Nos salimos todos limpios. A todo mundo le convino cabrón”, se escuchó decir al secretario de Finanzas.
Ambos, Granados y Amador, se mantuvieron en sus cargos pese a la exhibición pública de sus maniobras en el reparto de los recursos públicos.
Manuel Granados terminó casi la legislatura y Édgar Amador se mantiene en su cargo. Ambos tuvieron que asumir y tragarse el episodio. Ninguno presentó denuncia penal.
El rival en Cuauhtémoc
Apenas hace unas horas le tocó a Ricardo Monreal, el candidato de Morena a la jefatura delegacional en Cuauhtémoc, quien compite por el cargo contra José Luis Muñoz Soria, el abanderado del PRD que puso Héctor Serrano Cortés, según el reparto de tribus.
En el espionaje se escucha al exgobernador de zacatecas ordenarle a Néstor Núñez, su coordinador de campaña e hijo del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, realizar un contrato simulado.
Monreal reaccionó de inmediato y de acuerdo con la explicación que dio, en esa llamada le pedía a su colaborador, sí, efectivamente simular un contrato en el que la publicidad en la que aparecen los demás candidatos de Morena sea prorrateada a todos.
“Son prácticas serranas”, acusó sin tapujos Monreal al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, a quien señala como el responsable de orquestar la guerra sucia en estas campañas cuyo desenlace está próximo, el 7 de junio.
Ante la acusación directa de Ricardo Monreal y las sospechas de otros tantos funcionarios que señalan a Héctor Serrano, sin atreverse a dar su nombre ni hacerlo público, esta casa editorial buscó una postura del secretario de Gobierno. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS
Detalla vocero de la presidencia de México que terreno que según la agencia Reuters no declaró Enrique Peña Nieto, fue cedido al mandatario por su padre y comprado en 11 millones de los llamados viejos pesos.
El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, precisó ayer fue el padre de Enrique Peña Nieto, quien compró hace 22 años que el terreno ubicado en Valle de Bravo, por el cual pagó 11 millones 200 mil de los llamados viejos pesos.
Mediante un comunicado, Sánchez detalla que el padre del mandatario decidió ceder ese terreno a su hijo y dicha donación ha sido consignada por Peña Nieto en diversas declaraciones patrimoniales.
Ayer, la agencia Reuters publicó una nota en la que aseguró que el presidente incluyó información incorrecta en su declaración de bienes, entre la que se incluye la adquisición de un terreno que reportó como donación de su padre, mismo que en realidad fue comprado por 11.2 millones de pesos.
“El monto de la compraventa sufragado por el padre del hoy Presidente de la República respecto al inmueble en cuestión, fue de 11,200,000 pesos, según se acredita en la escritura que está a disposición de cualquier persona en el registro público de la propiedad”, detalla el comunicado.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Expone el Instituto Nacional Electoral plan para reubicar casillas.
En Oaxaca y Guerrero se concentran los principales riesgos durante la elección a causa de los movimientos sociales. Por ese motivo, el Instituto Nacional Electoral (INE) expuso ayer a los partidos políticos un plan de blindaje para reubicar casillas en las que no se pueda votar.
Los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín, y Acción Nacional (PAN), Francisco Gárate, informaron que el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova, dio un panorama a los diez partidos de la situación que enfrentarán el 7 de junio en todo el país.
‘‘Los que representan hoy un riesgo, según el INE, solamente son dos por cuestiones muy concretas: la instalación de las mesas de votación en Guerrero y Oaxaca, por el caso de los maestros’’, refirió Ramírez Marín.
El plan alternativo consiste en que las elecciones se blindarían asegurando que si no se puede votar en un lugar, se realice la votación en otro, considerando que 21 por ciento de las casillas están ubicadas en escuelas, refirió el priísta.
Francisco Gárate dio una versión distinta y señaló que en Oaxaca se buscó que las casillas no se instalaran en escuelas para evitar alguna confrontación con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que está condicionando el cumplimiento de sus demandas a permitir la realización de las elecciones.
‘‘En el tema de inconformidad y subversión, la entidad más dramática es Oaxaca, donde existe una amenaza de la CNTE de no permitir la instalación de casillas’’, explicó el panista.
Del caso Guerrero, dijo que son cuatro lugares los más problemáticos: Chilpancingo, Tixtla, Tlapa y Chilapa.
Y si no hay condiciones para instalar la casilla en el lugar designado previamente por el consejo, explicó que la ley prevé que el presidente (de casilla) pueda tomar el acuerdo de moverse, mediante un consenso con los representantes de los partidos políticos, siempre y cuando se instalen las mesas dentro de la sección electoral. Si no es así, la votación se anula.
En cuanto a criminalidad, es muy claro dónde están los focos rojos: Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, detalló Gárate, aunque explicó que Córdova no percibe algún intento de sabotaje del crimen organizado.
Ramírez Marín descartó que se haya planteado implementar operativos policiacos especiales por la certeza de que la zonas críticas van a la baja.
También les informaron que el próximo domingo habrá un simulacro para probar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), adicionalmente a las auditorías que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Claudia Herrera y Alonso Urrutia
Tepic, Nay. Nestora Salgado, líder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, y presa en el penal de El Rincón, Nayarit, desde el 21 de agosto de 2013, es trasladada del Aeropuerto Amado Nervo a la ciudad de México.
De acuerdo a su defensa, Salgado arribará a las 13 horas al Distrito Federal.
El juzgado décimosegundo concedió un amparo de plano, en el cual ordenó al Órgano Administrativo Desconcentrado, de Prevención y Readapatación Social el traslado de Nestora Salgado al Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, en Xochimilco, a fin de que sea atendida en la Torre Médica.
El abogado Leonel Rivero informó que la medida cautelar le fue concedida el día de ayer como parte del juicio de amparo 501/2015 a efecto “de que cese inmediatamente la negativa u omisión” de las autoridades federales para que la integrante de la policía comunitaria de Guerrero reciba la atención médica que requiere.
En la resolución judicial se especifica que las autoridades penitenciarias federales deben “efectuar de manera inmediata (previos los trámites administrativos correspondientes), el traslado de la agraviada Nestora Salgado García, a efecto de que como ya se apuntó, se le proporcionen los cuidados de salud que solicita, pues las autoridades responsables, dentro del ámbito de su competencia están constreñidas a velar por el más alto nivel posible de salud de la quejosa”, quien se encontraba presa en el Centro Femenil Noroeste, en Tepic, Nayarit.
La esposa del gobernador de Guerrero, Rosa Icela Ojeda Rivera, estuvo presente en el traslado. Recibió y acompañó a Nestora desde la cárcel hasta el Aeropuerto, donde la esperaba la avioneta kinner 350 Xc-lma.
Salgado arribó al aeropuerto en un convoy, conformado por seis vehículos; destacó un carro blindado y una ambulancia de donde se presume fue bajada la líder comunitaria y subida a la avioneta.
Nestora Salgado se encuentra en ayuno desde hace 24 días –y desde hace tres tampoco ingiere líquidos– en protesta por la violación a sus derechos y como vía para exigir su liberación inmediata. Será reubicada en el centro femenil de Tepepan.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Myriam Navarro/ Gustavo Castillo
MÉRIDA, Yuc: La directiva estatal del PAN denunció el hallazgo de una “bodega clandestina” del PRI en un predio que, según documentos del Registro Público de la Propiedad, pertenece al subsecretario de Obras Públicas del gobierno yucateco, Juan Francisco Medina Sulub.
En conferencia de prensa, el presidente estatal del partido, Hugo Sánchez Camargo, llamó al electorado a aplicar el “voto útil” a favor de los candidatos panistas en los comicios del próximo 7 de junio.
En especial pidió “defender” esta capital “por todos los frentes” y el voto para Mauricio Vila, con quien esperan retener la presidencia municipal de la “joya de la corona”.
Sánchez Camargo, quien estuvo acompañado del exgobernador Patricio Patrón Laviada y exalcaldes, adelantó que preparan la denuncia por el descubrimiento de la “bodega clandestina” en la colonia Amalia Solórzano, “con más de 3 mil despensas del PRI”.
“Acudimos al predio y ofrecimos hacer la investigación. Hoy queremos anunciar que tenemos los elementos para afirmar que ese predio es propiedad de Juan Francisco Medina Sulub, alto funcionario del gobierno estatal”, dijo.
Con ello, agregó, se observa un claro involucramiento de funcionarios del gobierno del estado en la campaña, “intentando coaccionar votos mediante el reparto de artículos perecederos”.
Sánchez Camargo recordó que en varias ocasiones se han hecho llamados a las autoridades electorales para que atiendan estos casos de violaciones a las leyes, pero no han encontrado respuesta.
“Seguimos esperando a que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) y el Instituto Nacional Electoral (INE) realicen un acto de autoridad para que nos demuestren a todos los yucatecos que los recientes cambios jurídicos valieron el esfuerzo”, apuntó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.
MÉXICO, D.F: La noche de ayer la Presidencia de la República rechazó el reportaje difundido por la agencia Reuters, en el sentido de que el presidente Enrique Peña Nieto “declaró información incorrecta a las autoridades sobre las circunstancias en las que obtuvo una de sus propiedades”.
El vocero presidencial Eduardo Sánchez Hernández destacó una carta dirigida al autor del trabajo periodístico, Simon Gardner, a quien acusa de faltar a la verdad, omitir información relevante, carecer de rigor y “tergiversar notoriamente la realidad”.
Sánchez Hernández insiste en que el terreno de mil metros cuadrados localizado en Valle de Bravo, Estado de México, fue adquirido hace 27 años por el padre (finado) del presidente, quien determinó ponerla a nombre de su hijo, entonces de 22 años, donación que siempre ha sido declarada por Peña Nieto a lo largo de su vida pública.
Incluso, el portavoz presidencial señala que la nota de Reuters omite consignar un dato importante: la cantidad de 11 millones 200 mil pesos equivale precisamente a 11 mil 200 de los llamados “nuevos pesos”.
“Por lo que respecta a las conversiones que usted (Gardner) hace de los llamados ‘viejos pesos’ a dólares, quiero resaltar que resulta inverosímil que pretenda convertir montos de 1982 usando un tipo de cambio actual (un dólar igual a 15.35 pesos mexicanos)”, se advierte en la misiva.
Además, abunda Eduardo Sánchez, “no sólo omite calcular la inflación en México en el transcurso de estos 33 años, y la plusvalía de los inmuebles con el paso del tiempo sino, lo más elemental, el desliz del tipo de cambio peso-dólar –más de 1.800% de esa fecha para acá–, por lo que la valuación que usted hace carece de rigor y tergiversa notoriamente la realidad”.
El funcionario de Los Pinos refiere que Gardner en su reportaje señala que “la Oficina del presidente no quiso hacer comentarios a pesar de que se le pidió varias veces explicaciones sobre las discrepancias en los documentos”.
Al respecto, Eduardo Sánchez dijo lamentar mucho que el colaborador de Reuters falte a la verdad con esta afirmación.
“En su teléfono celular encontrará varios recados –escritos y de voz– del día de ayer, en los que hay constancia de que los buscamos para atender su solicitud de información, así como varios correos electrónicos en los que de manera fehaciente se demuestra que sí quisimos hacer comentarios que usted no estuvo en disposición de atender por razones que desconocemos”, remata la carta de Los Pinos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El 15 de diciembre de 2011, “María”, originaria del estado de Guerrero, acudió al Hospital Materno Pediátrico de Xochimilco, dependiente de la Secretaría de Salud del Distrito Federal (Sedesa), para que la asistieran en el parto de su segundo hijo.
A pesar de que ya sentía cólicos y contracciones, los encargados del nosocomio le dijeron que no podían recibirla porque no tenían cupo y la transfirieron al Materno Infantil de Magdalena Contreras. Ahí empezó su tragedia.
El 3 de enero de 2012, personal de ese hospital la revisó y le dijo que los signos vitales de su hijo estaban “normales”. Un médico le informó que, debido a su baja estatura, debían hacerle cesárea. La programó para el siguiente día y le sugirió practicarle la salpingoclasia “para que ya no tuviera más hijos y se dedicara a gozar”.
La mañana siguiente, ya en la cama del hospital, cinco médicos residentes discutían la atención que debían darle. Uno se quejaba hasta con groserías porque le enviaban muchas cesáreas y faltaban cirujanos.
Los galenos le comentaron que a su bebé le faltaban dos semanas para nacer y que mejor se regresara a su casa a esperar. Ella protestó. El médico encargado le dijo que si quería, le hacía la cesárea, pero bajo su propia responsabilidad, pero que su hijo nacería “prematuro o mal”.
“María” pidió que le hicieran un ultrasonido para corroborar el tiempo de gestación. “¿Está bien mi hijo?”, preguntó a la doctora que la revisó. Ésta guardó silencio, sólo le dijo: “Su doctor le explicará”. Los de bata blanca seguían discutiendo, pero el mismo que le ordenó esperar en su casa, cambió su discurso y le soltó la noticia hasta en tono burlón: “Su hijo está muerto, pero usted está joven, puede tener otro”.
Aún en shock por la noticia, “María” recibió medicamento para provocar la expulsión del feto. El dolor comenzó y los maltratos también. Ninguna enfermera la ayudó a pasar de la cama a la camilla, pese a que parte del cuerpo de su hijo ya estaba afuera. El dolor hacía que se encogiera, pero las enfermeras la jalaban de los brazos para evitarlo.
Tras minutos de sufrimiento físico y emocional, la mujer pidió ver el cuerpo de su hijo, pero se lo negaron. Enseguida le aplicaron un sedante y cuando despertó le llevaron el cuerpo. Ya estaba congelado.
Violencia obstétrica
El de “María” fue uno de los 23 casos de violencia obstétrica documentados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en la recomendación 3/2015 dirigida a la Secretaría de Salud del DF que encabeza Armando Ahued.
Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Atención en la Salud de la Mujer, el organismo presidido por Perla Gómez explicó que las quejosas eran beneficiarias del Seguro Popular y aún así, sus derechos fueron violados en el transcurso de su embarazo y al momento de solicitar atención médica en la Red de Salud Pública del Distrito Federal.
Durante la revisión de las quejas recibidas durante los últimos años, la CDHDF identificó los siguientes hechos: deficiente o mala práctica médica, tratos crueles, inhumanos o degradantes, maltrato físico o psicológico como indiferencia, insensibilidad e irresponsabilidad institucional por la ausencia de equipo médico adecuado, medicamentos básicos y especialistas.
En 90% de los casos, las trataron con comentarios irónicos, descalificadores y hasta en tono de chiste, tardaron en atenderlas, no las dejaron preguntar sobre su propia salud o no les contestaban, diferentes médicos les hicieron tactos vaginales reiterados, les negaron el contacto inmediato con su recién nacido, las culparon de no cooperar para mejorar su situación y cuando sus hijos murieron, no les dieron explicación alguna.
Peor aún, según la Comisión, la mayoría de las mujeres que presentaron una queja contra la Sedesa eran adolescentes, indígenas o tenían VIH, entre otras condiciones de vulnerabilidad que las hicieron más susceptibles de padecer abusos.
Al momento de la violación de sus derechos, las mujeres tenían entre 15 y 33 años de edad, más de la mitad trabajaba en el hogar y la mayoría tenía estudios de educación básica. Más: 14 de ellas cursaba su primer embarazo. Dos de ellas murieron, una de apenas 15 años.
En nueve de los 23 casos, las mujeres alumbraron cuerpos sin vida y más de la mitad tenía 38 semanas de gestación. A tres se les extirpó total o parcialmente el útero y a una se le impuso un método anticonceptivo definitivo sin su consentimiento. Nueve de los bebés nacidos vivos requerirán valoraciones a corto y mediano plazo para detectar algún factor de riesgo relacionado con su desarrollo físico y psicoemocional, además de que deberán recibir estimulación temprana y apoyo terapéutico.
En la recomendación fueron señalados como los lugares donde se violaron los derechos de las mujeres los hospitales materno infantil de Tláhuac, Cuautepec, Magdalena Contreras, Inguarán y Cuajimalpa, éste último derribado por la explosión del pasado 29 de enero. Además, se enlistó a los hospitales generales Dr. Enrique Cabrera, Iztapalapa, Ticomán y Dr. Gregorio Salas Flores, así como el Ajusco Medio, el de Especialidades Dr. Belisario Domínguez.
Según la recomendación 3/2015, los derechos violados de las víctimas –tanto de las madres como de sus hijos– fueron el de tener una vida libre de violencia, disfrutar del más alto nivel posible de salud durante el embarazo, parto y puerperio; tener un desarrollo y supervivencia, una vida e integridad personal; una vida privada e intimidad, salud y autonomía reproductiva, así como integridad personal.
Violaciones reiteradas
La recomendación 3/2015 se suma a las siete que ha emitido la CDHDF contra la Sedesa en los últimos años: una en 2002, dos en 2006, una en 2009 y tres entre 2011 y 2014.
De hecho, en la 5/2014, la Comisión sugirió a la Secretaría realizar un diagnóstico de los centros hospitalarios y centros de salud de la red que dan atención materno infantil. Sin embargo, a la fecha la Comisión no tiene evidencias del avance de la Secretaría en el tema.
Y aunque la ombusperson,Perla Gómez, reconoció el esfuerzo de la Sedesa en los últimos meses para reparar el daño causado a las víctimas de las recomendaciones emitidas, llamó a tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar que los hechos se repitan.
Para la más reciente recomendación pidió al secretario Armando Ahued aplicar 13 medidas entre las que se cuenta indemnizar económicamente a las víctimas, atenderlas médica y psicológicamente, capacitar a todo el personal de los hospitales mencionados, investigar los casos para medir y resolver el problema, implementar una campaña de sensibilización sobre violencia obstétrica y su denuncia, así como desarrollar protocolos para atención de urgencias obstétricas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA
De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, los policías federales no realizaron tiros a menos de 200 metros de distancia.
Durante el enfrentamiento en Tanhuato, Michoacán, los policías federales no dispararon a menos de 200 metros de distancia a los presuntos delincuentes que fallecieron, según los primeros resultados de los peritajes.
Un reporte revelado en el programa de Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, descartó que los elementos de la Policía Federal (PF) haya disparado a quemarropa o a corta distancia a las personas que estaban en el rancho El Sol, y quienes –de acuerdo con la versión oficial los atacaron a tiros–.
La información es el resultado de los estudios realizados por peritos y forenses de la Procuraduría de Justicia de Michoacán y la Procuraduría General de la República (PGR).
La muerte de 42 presuntos delincuentes y sólo un elemento federal causó dudas sobre el tipo de operativo que realizaron los federales en esa localidad colindante con Jalisco, donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Testigos narraron a Animal Político que las personas que estaban en el rancho “no tuvieron oportunidad de defenderse”, ya que los policías dispararon contra los presuntos integrantes del CJNG desde un helicóptero.
Sin embargo, el comisionado de la PF, Enrique Galindo, ha negado que en Tanhuato se hayan llevado a cabo ejecuciones.
Este hecho recordó el caso Tlatlaya, una localidad en el Estado de México donde elementos del Ejército presuntamente ejecutaron a 22 presuntos delincuentes que ya se habían rendido; siete soldados están acusados por este hecho.
HRW pide al gobierno mexicano investigar
La organización internacional defensora de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), pidió este jueves 28 de mayo que el gobierno mexicano realice una investigación “oportuna, exhaustiva e imparcial” sobre lo el enfrentamiento de tres horas en Tanhuato.
“Debido a los pésimos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas, es crucial que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente para determinar si efectivamente el empleo de la fuerza fue proporcional durante el enfrentamiento y si se produjeron ejecuciones extrajudiciales”, dijo Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de HRW, de acuerdo con un comunicado emitido por la organización.
“La Procuraduría General de la República debería adoptar medidas inmediatas para asegurar que estos delitos se investiguen sin las demoras y la negligencia que caracterizaron la investigación de los asesinatos ocurridos en Tlatlaya en junio pasado”, agregó.
Acerca de lo ocurrido en Tlatlaya, el director de la organización en América, dijo: “Para no repetir el fiasco de la investigación sobre el caso Tlatlaya, la procuradora general de la República debería convocar inmediatamente a expertos forenses independientes y rigurosos que puedan otorgarle credibilidad a su investigación sobre los asesinatos”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal (PF) detuvieron a Víctor Manuel García Orozco, presunto lugarteniente del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera El Mencho.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) precisó que la captura del presunto delincuente se realizó ayer en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el marco de la Operación Jalisco.
A García Orozco, de 47 años y originario de Apatzingán, Michoacán, se le identificó como probable responsable de las operaciones de trasiego de droga, robo de combustible, extorsión y diversos ataques en contra de autoridades de los tres órdenes de gobierno en los municipios de La Barca, Jamay, Tizapán El Alto y Poncitlán (Jalisco), así como en Briseñas, Sahuayo, Vista Hermosa, Tanhuato, Ixtlán, Pajacuarán y Venustiano Carranza (Michoacán).
También se le señala como presunto autor intelectual y material del secuestro y homicidio de elementos de la Policía Federal Ministerial en Briseñas, el 3 de noviembre de 2013, hechos que condujeron a la localización de 37 fosas clandestinas en el municipio de La Barca, donde se realizó el hallazgo de 75 cuerpos a finales de ese mismo año.
El presunto integrante del CJNG, liderado por El Mencho, fue aprehendido mientras circulaba a bordo de un vehículo en compañía de J. Jesús Magallón Morales, de 49 años, originario de Michoacán.
Al momento de la detención se les aseguraron dos armas cortas calibre 9 mm, dinero en efectivo y un automóvil.
Según la Segob, la captura de ambos sujetos es resultado de trabajos coordinados de investigación e inteligencia entre la Sedena y la PF, que permitieron conocer su zona movilidad.
Los detenidos, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
