Dicha información deberá incluir los siguientes datos: nombre del grupo criminal al que pertenecían, situación jurídica, cantidad de averiguaciones previas iniciadas en su contra y números de expedientes.
Al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Inai), el pleno del organismo precisó que la PGR deberá proporcionar el nombre de este grupo de personas, detenidas entre septiembre de 2013 y julio de 2014, que cuentan con una sentencia condenatoria ejecutoriada irrevocable.
Ello debido a que “existe un interés público en conocer a quiénes se les comprobó que atentaron contra bienes jurídicos como la estabilidad económica, la seguridad del sistema financiero del país y la seguridad nacional”.
En cuanto a las personas cuya culpabilidad no haya sido comprobada, el pleno resolvió que su nombre deberá clasificarse como confidencial hasta que exista una sentencia condenatoria irrevocable en su contra pues, de lo contrario, su difusión afectaría su vida privada al relacionarlas con una acusación aún no probada o improcedente.
En su respuesta inicial a una particular que requirió la información, la PGR la orientó a presentar su solicitud ante la Policía Federal (PF) con el argumento de que ésta fue la que reportó y detuvo a las 38 personas.
Al analizar el caso, la comisionada advirtió que si bien las 38 personas en cuestión fueron detenidas por la PF, también fueron puestas a disposición de la PGR para la investigación correspondiente.
Además, afirmó que la PGR no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, pues turnó la petición a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda pero omitió a otras unidades competentes que pueden contar con lo la información solicitada.
También sostuvo que la PGR está en posibilidad de identificar a las 38 personas referidas porque participó conjuntamente con la PF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el programa para la prevención, investigación y análisis de lavado de dinero, en cuyo contexto se llevaron a cabo las detenciones motivo del recurso en revisión.
Fuente: Proceso