Padrés casi duplicó la deuda de Sonora en 6 años: de 11 mil 258 a 20 mil 365 mdp

HERMOSILLO, Son: La deuda pública del estado incrementó en nueve mil 115 millones de pesos durante la administración de Guillermo Padrés según el Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas.

Durante el cuarto encuentro de comités de entrega-recepción, el secretario de Hacienda estatal, Carlos Villalobos Organista entregó la documentación que acredita este pasivo y responde a las más de 700 preguntas integradas al cuestionario de siete mil 877 reactivos presentado por el equipo de la gobernadora electa, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, el pasado 3 de julio a los funcionarios salientes.

En la reunión que se prolongó por más de dos horas, se logró establecer que la deuda en este sexenio creció a un ritmo anual de mil 519 millones de pesos, pues pasó de 11 mil 258 millones de pesos en 2009 a 20 mil 365 millones al cierre del segundo trimestre de 2015.

Según el informe, en el primer año de gestiones de Padrés, en 2010, se solicitaron créditos federales y bancarios por el orden de cinco mil 979 millones de pesos y se elevaron las cuentas estatales a 17 mil 237 millones.

Para 2011, el pasivo de la entidad se redujo en tres mil 214 millones de pesos y se estableció en 14 mil 23 millones.

Luego, en 2012, año de la crisis padrecista, cuando el Congreso local no le aprobó el presupuesto hasta agosto, los créditos estatales sufrieron un nuevo repunte de mil 82 millones para concluir en 15 mil 105 millones en ese periodo.

Un año después, en 2013, la administración comprometió de nuevo participaciones e ingresos para adquirir otra de deuda de dos mil 188 millones y fijar el total en 17 mil 293.

Al llegar a 2014, la cuenta pública había alcanzado los 19 mil 808 millones de pesos debido a que en este año se tomó la decisión de obtener un nuevo financiamiento por una cantidad de dos mil 516 millones.

Finalmente, en el primer semestre de 2015 la deuda se elevó 556 millones para culminar en los 20 mil 365 millones de pesos que reconoció Villalobos Organista.

El funcionario estatal afirmó que del monto total de la deuda el gobernador sólo es responsable de 16 mil 383 millones y los cuatro mil 180 millones restantes deben acreditarse a los alcaldes de los 72 municipios en la entidad, quienes adquirieron compromisos fiscales por distintas vías.


En respuesta a este reporte financiero, Raúl Navarro, uno de los siete coordinadores del equipo de Pavlovich, señaló que analizarán la documentación entregada y al finalizar el proceso de entrega-recepción ofrecerán las conclusiones sobre el estado que guardan las arcas estatales.

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: MILTON MARTÍNEZ.

Hacienda reduce pronóstico de crecimiento a entre 2% y 2.8%

 México, DF. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo su pronóstico de crecimiento de la economía nacional para a este año a un rango de entre 2 y 2.8 por ciento, desde una perspectiva anterior de 2.2 a 3.2 por ciento.

El subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, dio a conocer las expectativas del gobierno federal para el crecimiento de la economía del país, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) diera a conocer formalmente los resultados del segundo trimestre para el año.

El principal factor que influyó para la reducción del pronóstico del año es la caída de la producción petrolera aunada al desplome de los precios de la mezcla mexicana de exportación.


No obstante, el funcionario resaltó que se observan factores “favorables” que permitirían alcanzar la meta prevista, como es la solidez de las exportaciones, particularmente hacia Estados Unidos, derivado de un mayor crecimiento de ese país.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR CARDOSO.

Por “fichar” a beneficiarios, Morena denuncia a funcionarios de la SCT y Sedesol

MÉXICO, D.F: Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, interpuso ayer una denuncia penal ante la PGR contra funcionarios de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Desarrollo Social (Sedesol) por presuntas violaciones a la privacidad, luego de “fichar” a beneficiarios que recibieron pantallas de televisión.

De acuerdo con la denuncia, cuya copia obtuvo Apro, los operadores que entregan los televisores en el Distrito Federal exigen a los beneficiarios la credencial de elector y comprobante de domicilio.

Además, les toman una fotografía y capturan sus diez huellas dactilares antes de asignarles un número de serie y un código de barras que corresponden a su nuevo aparato.

De acuerdo con información que publicó La Jornada la semana pasada, la SCT entregó la tutela de los datos personales de los beneficiarios a la empresa Código Empresarial SA.

Con base en un padrón y un manual operativo elaborados por la Sedesol, el programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) prevé la entrega de más de 13 millones de pantallas en anticipo al “apagón analógico” que hará inútiles los televisores hertzianos.

“En ninguna parte (del manual operativo del programa TDT) se establece la toma de huellas dactilares para la entrega del beneficio”, asentó Batres, al insistir en que la conducta mencionada “constituye la violación flagrante a la privacidad de las personas y representa una forma de control e intimidación hacia su voluntad”.

El líder de Morena acusó que “desconocemos bajo qué fundamento se están recabando estos datos personales sensibles, así como el resguardo y las medidas de seguridad de los mismos”.

También recordó que “la práctica de tomar huellas dactilares sólo se realiza a personas acusadas de la comisión de un delito y/o a quienes ingresan a prisión para compurgar una sentencia”.

No es la primera vez que el programa TDT desata la polémica: desde su arranque, la oposición criticó la entrega de televisores con fines políticos -en los paquetes de los aparatos aparece el logotipo “Mover a México”, una campaña de comunicación del gobierno federal- y electorales.

Así, a pesar de los programas de blindaje electoral puestos en marcha dos meses antes de los comicios del 7 de junio, la entrega de televisores continuó en distintas municipios mexiquenses en medio de la campaña electoral.

Eso fue el caso de Ecatepec, Atizapán y Cuautitlán Izcalli, entre otros, donde la entrega de televisores arrancó el 22 de mayo y terminó después del 28 de junio. En otra gran cantidad de municipios mexiquenses, la entrega se detuvo apenas una semana antes de la jornada electoral.

Entre finales de noviembre de 2014 y enero anterior, Morena, el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) exigieron a la autoridad electoral que impusiera medidas cautelares para eliminar el logotipo “Mover a México” o frenar la entrega de pantallas durante la campaña electoral.

El 31 de marzo, el TEPJF desechó las quejas al argumentar que los colores del logotipo “Mover a México” no coincidían con los del PRI, sino con la Bandera nacional, y que los tiempos de entrega forman parte de una política pública que el gobierno federal “programó con antelación a los procesos electorales en curso”.

Hoy, la SCT abrió oficialmente una nueva ronda de licitación –la SCT-FI-10-07– que prevé la compra de 3 millones 599 mil televisores de 23.5 pulgadas, pantallas que serán repartidas en 23 estados de la República entre septiembre y noviembre próximos.

“Acción intimidatoria”

Entrevistado fuera de la sede de la PGR, Batres señaló que la queja se extiende a todos los funcionarios de ambas dependencias que resulten responsables por violación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales y al Código Penal federal.

“Se están violando estos ordenamientos al pedirse esta información que no está establecida ni en la ley ni siquiera en el programa operativo en la entrega de estas pantallas de televisión. Se trata de una acción no sólo completamente violatoria de la ley, sino absolutamente intimidatoria y de control a la que se ha atrevido el actual gobierno federal”, acusó.

En su opinión, esta medida responde a la “caída libre” en la que se encuentra Peña Nieto ante la opinión pública, así como la mala imagen del PRI, por lo que su única opción de mantenerse en el poder, dijo, es mediante el miedo y el control de la población.

En su intervención, la secretaria general de Morena, Bertha Luján, añadió que presentaron como pruebas documentales el programa operativo de la Sedesol para la entrega de pantallas, en el que no se incluye la toma de huellas dactilares y lo mismo sucede en el programa de transición a la televisión digital terrestre que publicó la SCT.

“Evidentemente es una medida que está fuera de norma, no tiene ninguna justificación”, señaló.

“Limpiar la elección”

Luján destacó que también apoyarán otras denuncias ante la Fepade y PGR, así como ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), interpuestas por residentes de Coyoacán, debido a la entrega de la tarjeta “Por Ti” a cambio del voto, pero cuando fueron a recoger el dinero presuntamente depositado, les respondieron que no había fondos porque en los lugares donde habitan “no fue beneficiado el PRD”.

“Tenemos dos quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos y la Contraloría General del DF, en donde más de mil 300 personas denuncian que les entregaron la tarjeta a cambio del voto a favor del PRD, y que en el momento en que van a exigir los fondos les responden que los resultados electorales en los lugares donde viven no fueron los esperados y, por tanto, no hay fondos”, acusó.

En cuanto a la postura del presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, sobre buscar a Morena para una eventual alianza, Batres aseguró que aceptarían “si se limpia la elección en el DF”, y ello tendría que analizarlo el Consejo Nacional, pero si no se realiza esta acción, “no hay nada de qué hablar”.

“Lo que pasó en la Ciudad de México es inadmisible. Aquí siempre ha sido el faro de la democracia desde que hay elecciones locales, y resulta que llegan las prácticas de defraudación electoral. ¿Cómo creen?”, inquirió.

Batres aceptó que “hasta el momento” no les creen a los perredistas que quieran una alianza. “Si les interesara, limpiarán la elección”, reiteró.

“Hay que celebrar”: Navarrete

En respuesta, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, celebró que su homólogo de Morena, Martí Batres, haya aceptado un eventual acercamiento siempre y cuando se “limpie la elección” en el Distrito Federal, donde acusó diversas irregularidades.


En rueda de prensa destacó: “Pues hay que celebrar que hay una primera respuesta donde se abre un pequeño espacio para el encuentro. Ningún diálogo puede ser productivo y respetuoso si tiene condicionantes previos, pero nuestra Comisión de Diálogo tendrá materia ya para poder tender los puentes suficientes y establecer contacto con el Partido del Trabajo, con el Movimiento Ciudadano, con Morena y con organizaciones populares y sindicales, con organizaciones campesinas y un abanico muy amplio de personalidades de las sociedad”, subrayó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA Y MATHIEU TOURLIERE

Dólar rebasa la barrera de los 17 pesos

México, D.F. Bancos del Distrito Federal ofrecen el dólar libre hasta en 17.03 pesos, 20 centavos más respecto al cierre de la jornada previa, y lo compran en un mínimo de 16.06 pesos.

El euro avanzó 33 centavos frente al peso, comparado con la víspera, y se ofrece en un máximo de 18.96 pesos, en tanto que el yen alcanza una cotización a la venta de 0.138 pesos.

De acuerdo con Banco Base, el nuevo máximo histórico del dólar responde a la disminución en la demanda de divisas de economías emergentes, al tiempo que se ha incrementado la demanda por activos de refugio.

La institución señala que la baja liquidez en el mercado permite que el tipo de cambio avance rápidamente a nuevos máximos con un menor número de operaciones.

Prevé que en el corto plazo divisas como el peso reaccionen negativamente a los bajos precios del petróleo, luego de que en las primeras horas de hoy el West Texas Intermediate (WTI), tocó un nuevo mínimo en seis años de 40.21 dólares por barril.

Por otro lado, agrega, México creció a una tasa anual de 2.2 por ciento durante el segundo trimestre del año, expandiéndose a un ritmo de 0.5 por ciento respecto al trimestre anterior.

El tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana es de 16.4908 pesos, indicó el Banco de México (BdeM) en el Diario Oficial de la Federación.


Asimismo se fijó las tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días en 3.3173 y 3.3608 por ciento, respectivamente, la primera con ganancia de 0.0073 y la segunda con pérdida de 0.003 puntos porcentuales; la tasa a 182 días se ubicó en 3.5350 por ciento.

FUENTE: LA JORNADA.

Jueces aceptan los amparos para que los partidos políticos regresen 286 mdp

La jueza segunda de Distrito, Paula García Villegas, aceptó el amparo de Transparencia Mexicana porque reconoció el “interés legítimo” de la organización cuyo objeto social es la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

Dos juzgados con sede en el Distrito Federal aceptaron los juicios de amparo promovidos por Transparencia Mexicana y 32 ciudadanos para que los partidos políticos regresen 286 millones de pesos que no gastaron en los comicios y que, por ley, debían reintegrar a la Federación.

Este martes 18 de agosto, el juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, David Cortés, dio entrada al amparo interpuesto por María Amparo Casar, María Marván Laborde, Leo Zuckermann, Denise Dresser, Jorge Castañeda, Luis Pérez de Acha, Juan Pardinas, Jesús Silva Herzog, Fausto Hernández, Héctor Aguilar Camín, Alejandro Hope, José Roldán, Ricardo Raphael, entre otros.

En tanto, la jueza segunda de Distrito, Paula García Villegas, aceptó el amparo de Transparencia Mexicana porque reconoció el “interés legítimo” de la organización cuyo objeto social es la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

En el expediente que da entrada al amparo explica que de no hacerlo, “se estaría privando a la parte quejosa de su derecho humano al acceso efectivo a la justicia y a instar el juicio de amparo contra un acto que posiblemente le pueda llegar a causar perjuicio a su interés legítimo”.

La jueza explica que el amparo permitirá el análisis de si las leyes son procedentes cuando las demandas son presentadas por quienes cuentan “presuntamente interés legítimo y no jurídico sobre la rendición de cuentas y fiscalización del destino de los recursos públicos que recibe un partido político”.

En la sesión del 20 de julio pasado, seis consejeros del INE votaron en contra de la propuesta del consejero Benito Nacif para que los partidos reintegraran a la Tesorería de la Federación los “remanentes” o recursos no utilizados en la elección de junio pasado. Sólo los consejeros Beatriz Galindo, Pamela San Martín, Javier Santiago y José Roberto Ruiz apoyaron la iniciativa.

El consejero Marco Antonio Baños explicó que el INE resolvió así por la falta de certeza jurídica, porque si bien la ley señala que los recursos del financiamiento de gastos de campaña sólo deben usarse para ese fin “no hemos establecido las reglas que se tienen que seguir, primero para verificar los saldos de los gastos de campaña y, en segundo lugar, para definir como se tienen que reintegrar a la Tesorería; ese es el punto que nos dividió”.

Hasta el momento no existe precisión sobre el monto de los “remanentes” y se calcula entre 286 y 400 millones de pesos. De acuerdo con los cálculos preliminares del consejero Benito Nacif, la coalición de los partidos Revolucionario Institucional-Verde Ecologista de México debería 155.9 millones de pesos, la partida más alta.

Le sigue el Partido Acción Nacional con 42 millones de pesos; la coalición de los partidos de la Revolución Democrática-del Trabajo en las elecciones federales (22.4 millones), y el PRD en las locales (16.8 millones).


En campañas federales y locales, Morena suma casi 18 millones de pesos; el Partido Humanista casi 11 millones; la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza en Sonora, 8.9 millones; Nueva Alianza, seis millones; el PT en campaña local 5.2 millones, y Encuentro Social, 3 millones.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Borge incluye en su gabinete a dos exfuncionarios acusados de lavado de dinero

CANCUN, Q, Roo: El gobernador Roberto Borge Angulo incluyó en su gabinete a dos exfuncionarios municipales acusados de presunto lavado de dinero y desvío de recursos públicos por más de 70 millones de pesos.

Se trata de Román Quian Alcocer, quien fungió como presidente municipal de Solidaridad, y ahora ocupará la cartera de la Secretaria de Desarrollo Social e Indígena (Sedasi), en sustitución de Ángel Rivero Palomo, quien, a su vez, fue designado rector de la Universidad de Quintana Roo.

El pasado 10 de agosto Borge nombró nuevamente como secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a Juan Pablo Guillermo Molina, exdirector municipal de Finanzas del ayuntamiento de Solidaridad.

Molina regresa a Sefiplan, tras ser candidato suplente a diputado federal, y sustituye a Alejandro Marrufo Roldán, que quien quedó como tesorero general del estado.

Cuando Quian Alcocer fue presidente municipal, en el trienio 2008-2010, Guillermo Molina fue director de Finanzas de la Tesorería de este ayuntamiento.

En diciembre de 2014 y en mayo de este año, el senador Daniel Ávila Ruiz y la diputada federal Alicia Ricalde Magaña, ambos del PAN, denunciaron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a diversos funcionarios municipales de los trienios de 2008-2011 y 2011 -2013, incluido el actual alcalde Mauricio Góngora Escalante, a aspirante a gobernador y uno de los seis “delfines” de Borge.

Del trienio 2011 – 2013 también es acusado otro de los preferidos del gobernador para sucederlo: José Luis Toledo Medina, actual diputado federal electo.

En su momento, el senador Ávila señaló que del 2010 al 2012, los gobiernos del municipio de Solidaridad pagaron facturas que amparaban la prestación de servicio y suministro de bienes no comprobados a personas físicas.

Para estos servicios y suministros, precisó, se contrataron seis empresas “fantasmas”, con nombres de personas físicas, que ni siquiera tienen su domicilio fiscal en la entidad, sino en Yucatán.

Además en los cheques aparecen las firmas de los exfuncionarios municipales.

El senador afirmó que visitó en Yucatán los sitos señalados como domicilios fiscales de estas seis supuestas empresas en Yucatán, y precisó que “son casas- habitación, donde la gente que vive en ellas no saben de esas empresas”.

Las supuestas empresas prestaron servicios de “arrendamiento” de camiones de volteo para traslado de material de construcción por las que cobraron millones de pesos.

Las personas físicas que aparecen como empresas son:

-Gaspar Francisco Chim González, con domicilio Kanasín, Yucatán, con facturas por más de nueve millones 600 mil pesos.

-Daniel Cornelio García, con domicilios fiscal en Jardín de Chuburná, en Mérida; facturó siete millones 841 mil pesos.

-Clever Ricardo Cid Vieyra, con domicilio en Mérida, quien facturó por arrendamiento de volquetes, siete millones 843 mil pesos;

-Gilberto Irigoyen Basto, con domicilio en Mérida, Yucatán. Facturó nueve millones de pesos.


-Miguel Ángel Torres, con domicilio en Cansahcab, Yucatán. Facturó 19 millones 133 mil pesos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.

La Cadhac celebra condena a militar por desaparición forzada

MONTERREY, N.L: La asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) celebró que un juez federal condenara a más de 31 años de cárcel a un militar por el delito de desaparición forzada de una persona, sin embargo, subrayó, hay otros casos similares que aún esperan resolución en la entidad.

Luego de calificar como “un golpe contra la impunidad” la resolución dictada por el juez primero de distrito en materia penal, Eustacio Salinas Wolberg, el organismo ciudadano, presidido por Consuelo Morales, confió en que otros expedientes similares sean desahogados.

“Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos tiene conocimiento de que a nivel local existen procesos que se llevan por desaparición forzada, pero hasta el momento no han pronunciado sentencias condenatorias”, destacó en un comunicado.

Ayer, Salinas Wolberg condenó a 31 años y tres meses de prisión al subteniente del Ejército identificado como Danny Hernández Sánchez por la privación ilegal de la libertad de un hombre cuya filiación no fue revelada, en hechos ocurridos el 20 de mayo de 2012 en el municipio de Los Herrera, 120 kilómetros al norte de la capital.

De acuerdo a Cadhac, la sentencia representa un reproche implícito a la tendencia reciente de militarizar la entidad, mediante el empleo de soldados como agentes policiacos para trabajos preventivos.

“Esta sentencia representa una condena a la política de militarización que ha sufrido Nuevo León. Se trata de la primera vez que un juez emite una sentencia por desaparición forzada por hechos ocurridos en Nuevo León. Es un golpe a la impunidad en el estado y en el país”.

Añadió: “Desde Cadhac consideramos que la justicia es esencial para que exista un verdadera reparación de daños hacia las miles de víctimas de la violencia social que desde hace años se vive en México”.

El organismo precisó que en un reporte efectuado en 2014, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU detalló que en México hay seis sentencias condenatorias a nivel federal por el delito de desaparición forzada, que se configura cuando en el ilícito participa un servidor público.

Entre 2006 y 2013, agregó, fueron iniciadas por ese delito 99 averiguaciones previas a nivel federal y 192 en las entidades federativas.

En 2012, Cadhac y la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos (Amores) impulsaron la tipificación del delito de desaparición forzada, que actualmente ya es figura jurídica en el Código Penal de Nuevo León.


Desde 2010 la asociación civil ha documentado casos de más de mil desapariciones en el estado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.

Gobernador de Quintana Roo destapa a sus “delfines”

CANCUN, Q. Roo: El gobernador Roberto Borge Angulo comenzó a mover sus piezas con miras a la sucesión del próximo año y, en un hecho insólito, destapó a sus ‘delfines’.

En su cuenta de Twitter, ‘destapó’ a seis de sus ‘delfines’. En la lista el subsecretario de Turismo, Carlos Joaquín González, hermano del actual secretario de Energía del gobierno federal, Pedro Joaquín Coldwell, ni al senador con licencia del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, ‘El Niño Verde’.

Los precandidatos que aparecen en la fotografía que difundió son: José Luis ‘Chanito’ Toledo Medina, quien en los próximos 10 días asumirá funciones como diputado federal; el alcalde de Chetumal, Eduardo Espinosa Abuxpaqui; el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría; el diputado federal electo, José Luis Toledo; el presidente municipal de Playa del Carmen, Mauricio Góngora Escalante; el edil de Cancún, Paul Carrillo de Cáceres, y el presidente estatal del PRI, Raymundo King de la Rosa.

La foto de los precandidatos viene acompañada del siguiente comentario: “Avanzamos en Unidad por #QRoo @MauricioGongora @JLToledoM @PaulCarrillo2 @raymundoking @GBMendicuti @e_abuxapqui”.


En otro tuit, escribió: “Mal aplicada la estrategia de ‘Divide y Vencerás’ 6 Caballos en Unidad. Para el que le quede”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.

La PGJDF indaga cuatro hechos que conectan a víctimas de caso Narvarte con Veracruz

Los incidentes involucran a Rubén y Nadia, dos de las víctimas del multihomicidio, y en ellos se advierte la participación de la policía estatal. Organizaciones pidieron a la PGJDF desde el 4 de agosto que se declarara a jefes policiacos por estos casos. Veracruz dice que DF no tiene jurisdicción pero colaborarán.

La represión de una protesta en 2012, un desalojo de una plaza en 2013, un ataque en un domicilio de Xalapa en junio pasado, y el seguimiento de encapuchados a activistas con lista incluida, son los cuatro hechos específicos ocurridos en Veracruz que investiga la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por su probable relación con el multihomicidio del 31 de julio en la colonia Narvarte.

Los cuatro incidentes, según lo denunciado ante la Procuraduría capitalina por organizaciones de periodistas y defensoras de derechos humanos, están conectados con dos de las víctimas del homicidio, el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera.

En todos esos hechos, según las denuncias incluidas en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07, existe la posible participación de policías del estado que gobierna Javier Duarte.

Es por este motivo, confirmaron autoridades de la Procuraduría capitalina, que se enviaron a Veracruz a dos agentes de la Fiscalía de Homicidios para recabar la declaración del actual secretario de Seguridad Pública de Veracruz Arturo Bermúdez Zurita y de su antecesor en el cargo Sergio López Esquer.

Además, dado el perfil de comunicadores y activistas de las víctimas, se recabará el testimonio de la presidenta de la Comisión estatal de Atención y Protección a Periodistas en Veracruz.

Karla Michel Salas, abogada coadyuvante en la indagatoria de la Procuraduría en representación de la familia de Nadia Vera, señaló que estas declaraciones serán tomadas a petición expresa de las organizaciones de periodistas y derechos humanos, solicitud que se había hecho desde el pasado martes 4 de agosto.

“De los primeros testimonios se desprendían todas estas amenazas, hechos de hostigamiento y persecución ocurridos en distintos momentos en Veracruz tanto en agravio de Nadia como de Rubén” dijo en entrevista con Animal Político.

De acuerdo con Salas, quien también es presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, existía la preocupación de que las autoridades capitalinas no atendieran la línea de investigación del multihomicidio que apunta a Veracruz, por lo que se insistió en que se recabaron dichos testimonios.

El procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza confirmó el traslado de sus elementos a Veracruz. “Esto se lleva a cabo a través de los indicios, de diversas declaraciones, de videos que se tienen en la averiguación previa de aquí de la ciudad de México, y que ha surgido, que pudieran tener algún vínculo en aquella entidad (Veracruz)” dijo.

Además, los agentes permanecerán en Veracruz para recabar las declaraciones de otros activistas y demás testigos que pudieran aportar información al caso. En un comunicado la Fiscalía veracruzana accedió colaborar con las autoridades capitalinas aunque reiteró que no tienen jurisdicción en su territorio.

La conexión con Veracruz es una de varias líneas que la PGJDF ha señalado que mantiene abiertas por el multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte.

A continuación Animal Político enumera los cuatro incidentes que están bajo la lupa de los investigadores.

La “protesta pacífica” del 2012

Nadia Vera, integrante de la Asamblea Estudiantil de Xalapa narró en un video la forma en como presuntos policías actuaron en contra de ellos durante una manifestación pacífica en contra del gobierno de Javier Duarte y de los asesinatos contra periodistas.

De acuerdo con Vera, quien es estudiante egresada por antropología social de la Universidad veracruzana, la actividad que tenían planeada era la colocación de unos globos con mensajes políticos pero elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se los impidieron.

“Unas mujeres civiles que eran policías del Estado estaban golpeando a unas compañeras yo grabo y llegan por mi otras mujeres que me quitan el celular y nunca me lo devolvieron. Me jalaron y golpearon” dijo Vera

A partir de ese hecho según los testimonios, comenzó la presunta persecución sobre Nadia Vera que entre otras cosas incluyó el allanamiento de su departamento y una presunta detención irregular.

El desalojo del 2013

El 13 de septiembre de 2013, dos días antes de los festejos patrios, la policía estatal desalojó por la fuerza un plantón que mantenían profesores y activistas de la Plaza Lerdo en Xalapa en las vísperas de los festejos patrios.

De acuerdo con las declaraciones de los maestros, la acción policial fue un “exceso” pues supuestamente ya existía un diálogo previo con las autoridades para replegarse voluntariamente.- El gobierno de Duarte dijo por su parte que un grupo ajeno al de los maestros intentó mantener ocupada la plaza por lo que se decidió proceder con el operativo.

Durante ese hecho se denunciaron múltiples agresiones en contra de periodistas y fotógrafos de parte de los uniformados, quienes reportaron además de los golpes el robo de sus equipos

Rubén Espinosa fue uno de los periodistas afectados y por ese hecho levantó una denuncia formal la ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR) la cual continúa abierta hasta la fecha.

Espinosa no se fue de la entidad después de ese hecho pero según lo reportado por sus colaboradores y activistas, a partir de ahí fue intimidado en varias ocasiones para que retirara la denuncia interpuesta.

Ataque a los estudiantes

La madrugada del 5 de junio un grupo de sujetos irrumpió en un domicilio del centro de la capital de Veracruz en donde están reunidos estudiantes de la Asamblea Estudiantil de Xalapa quienes fueron golpeados brutalmente. Las victimas describieron a los atacantes como personas con cortes tipo militar y algunos armados con toletes.

Después del ataque, según la versión de los jóvenes agredidos, policías estatales llegaron al domicilio pero no le brindaron apoyo a la víctima. En vez de ello, permitieron que civiles que se identificaron como supuestos representantes del Consejo estatal de Derechos Humanos intentaran interrogarlos.

El ombudsman estatal confirmó días después que las personas que acompañaban a los policías estatales no eran visitadores.

Familiares y activistas denunciaron que varios de los jóvenes agredidos eran amigos cercanos de Nadia Vera pues pertenecían a la misma red. Ella no se encontraba en el sitio pues meses antes había decidido salir del estado.

Tres días después, el 8 de junio, se organizó una marcha en contra del ataque en contra de los estudiantes y al misma fue cubierta por Rubén espinosa quien en un momento fue agredido por sujetos encapuchados. El propio gobernador Javier Duarte reconoció este hecho el cual motivó que el fotoperiodista decidiera irse del estado.

Intimidaciones y “listas negras”

Además de los hechos señalados, en la averiguación de la PGJDF se asentaron reportes de los activistas y coadyuvantes sobre presuntas intimidaciones o ataques continuados que sufrieron tanto Rubén como Nadia

“En el expediente están asentados testimonios que en el caso de Nadia apuntan a que fue levantada por integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública quienes la subieron a un carro un largo tiempo en el que la amenazaron y le pidieron que dejara el activismo sino algo malo le iba a pasar” dijo la abogada Michel Salas en entrevista.

En otro video de finales del 2014 Nadia responsabilizó al gobierno de Duarte de “cualquier cosa que pudiera sucederle”. El procurador del DF Ríos Garza dijo confirmó que estos videos ya están incluidos en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 iniciada por el multihomicidio.

Las organizaciones de activistas y periodistas también denunciaron ante la PGJDF que el gobierno de Veracruz persigue sistemáticamente a personajes críticos e incluso tiene listados de estudiantes activistas o investigadores que considera “enemigos”.

Una de estas listas ya fue publicada por Animal Político y se trata de un documento oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado en donde se incluye a estudiantes e investigadores de la Universidad Veracruzana.

Esta presunta persecución sistemática, según lo denunciado por las organizaciones, ha obligado a salir de la entidad a periodistas y activistas como Rubén y Nadia.

Veracruz reitera “deslinde categórico”

A través de un comunicado emitido por la Fiscalía General de Veracruz, el gobierno el gobierno del estado de Veracruz insistió nuevamente en su deslinde del multihomicidio en la colonia Narvarte.

“El Gobierno de Veracruz y, en especial el Gobernador del Estado, se deslindan total y categóricamente de este lamentable hecho ocurrido en la Ciudad de México, donde, como se ha repetido en múltiples ocasiones, es responsabilidad de las autoridades de aquella entidad resolver el caso” dice el comunicado .


La Fiscalía aclaró además que la Procuraduría del Distrito Federal no tiene jurisdicción en su territorio, por lo que será a través de un mecanismo de colaboración que se realizarán las declaraciones referidas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.

Peña Nieto llama a reforzar investigación de agresiones a periodistas

Según Peña Nieto, el trabajo del gobierno de la República es coordinarse con los de las entidades para establecer una cultura de legalidad rápida, eficaz y transparente.

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los procuradores y fiscales del país a redoblar esfuerzos en la investigación de agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos.

Durante la inauguración de la 33 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, dijo que se debe brindar atención oportuna y realizar una debida investigación y la posterior detención de eventuales responsables de agresiones, ataques y homicidios contra quienes realizan estas actividades.

“Ante un caso tan relevante y sonado de un multihomicidio (en la colonia Narvarte, en el Distrito Federal)”, las instituciones de procuración de justicia están comprometidas “sin duda” a atender estos casos, señaló el presidente.

Para ello, señaló, en el ámbito preventivo se giraron instrucciones a la Secretaría de Gobernación para continuar con el fortalecimiento de Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Ante procuradores y fiscales de todo el país, el presidente recalcó que las instituciones de procuración de justicia enfrentan tres retos: en primer lugar está apegar la actuación de las autoridades a los más altos estándares de respeto a los derechos humanos.

En segundo lugar, ser eficaces, pues la sociedad exige resultados de forma inmediata. Finalmente se debe estar a la altura de la trasformación que implica el nuevo sistema de justicia penal que entrará en vigor el año próximo, de acuerdo con Peña Nieto.

Para aplicar este nuevo modelo se debe adoptar una nueva cultura de la legalidad para hacer la justicia más rápida, más eficaz y más transparente.

El trabajo del gobierno de la República es coordinarse con los de las entidades para asegurar la implementación de este sistema, y recordó que se han destinado 10 mil millones de pesos para esta transformación que representa una inversión de 337 por ciento superior al destinado.

Peña Nieto indicó que en este encuentro las procuradurías y fiscalías de este país tendrán la oportunidad de reconocer las deficiencias y las áreas que merecen atención, apoyo y recoger propuestas que les permitan arribar a buen puerto.

Sostuvo que en el Gobierno de la República encontrarán el respaldo y apoyo para lograr estos objetivos y recalcó que a esta generación le toca romper con modelos obsoletos rebasados en distintos ámbitos y enfocarse en nuevos paradigmas.


Ello, para que la sociedad tenga acceso a una justicia pronta, que respete los derechos fundamentales, y accesibles para cualquier ciudadano, puntualizó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Despedirán 800 maestros en Colima

Colima, México. Avanzada (18 de agosto de 2015).- La crisis económica por la que atraviesa Colima y la reforma educativa también está golpeando al magisterio colimense, a una semana de iniciar el nuevo ciclo escolar.

 

Trabajadores de la educación que prestan sus servicios bajo la modalidad de contrato no han cobrado desde hace un mes, otros que se encuentran bajo ese mismo esquema laboral serán despedidos, pues ya no se les renovará el acuerdo laboral por parte de la Secretaría de Educación.

 

Fuentes cercanas a la SEP en Colima revelaron a AVANZADA qué serán alrededor de 800 docentes los que se quedarán sin trabajo en el siguiente ciclo escolar o que verán reducidas sus horas de contrato, lo que impactará negativamente su economía.

 

Lo anterior obedece a la crisis económica por la que atraviesa el estado, pero también por la reforma educativa, que obligó a las autoridades a regresar a los salones de clases a los docentes que estaban comisionados en otras actividades relacionadas o no con la actividad magisterial. 

 

En mayo de 2014, la organización Mexicanos Primero informó que en la entidad Mil 87 profesores son desconocidos en el centro de trabajo donde supuestamente están adscritos, es decir que entrarían dentro del rubro de “aviadores”.

 

Según  dicha organización, la secretaría de Educación erogó 469 millones 080 mil pesos al año, para cubrir el sueldo de 3 mil 909 trabajadores que no realizan actividades dentro de un centro escolar.

 

El pasado mes de julio, directivos del nivel de secundaria fueron notificados de que desaparecían algunos de los grupos en escuelas del turno vespertino, debido a que el gobierno de Colima no contaba con recursos para seguir cubriendo el costo de los docentes.

Con esa determinación se cerraron grupos vespertinos en la secundarias Manuel Álvarez y José Vasconcelos, esta última con una matrícula de aproximadamente 400 estudiantes.

 

El pasado 31 de julio, el gobernador Mario Anguiano Moreno anunció que su gobierno adeudaba más de 500 millones de pesos al magisterio estatal.

FUENTE: DIARIO AVANZADA.

AUTOR: REDACCIÓN.

Visitan Organizaciones de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales a Marco Antonio Suástegui, vocero del CECOP (COMUNICADO)

Ratifican la solidaridad ante el líder criminalizado y escuchan sus preocupaciones sobre su seguridad. Reiteran que en Guerrero se utiliza facciosamente el sistema penal de justicia contra personas defensoras de derechos humanos que defienden sus tierras y el territorio.

Zihuatanejo, Guerrero, México, 12 de agosto de 2015. El día de hoy representantes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la Coalición Internacional Hábitat – América Latina (HIC-AL) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” visitaron en el Penal de La Unión de Montes de Oca, Guerrero, a Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), quien se encuentra privado de su libertad desde hace más de un año, con cargos injustificados y como método de criminalización del defensor y para obstruir su labor como defensor comunitario.

La visita se lleva a cabo en el marco de la prevista sesión de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero en la que resolverá el recurso de apelación dentro de la toca penal VI-459/2014, en la que se le imputa injustamente el delito de robo.

Durante la visita, las organizaciones conocieron de primera mano el testimonio de Marco Antonio Suástegui sobre el impacto que ha tenido la serie de violaciones de derechos humanos a la que fue sujeto, desde su detención, así como de su traslado ilegal al Penal Federal de Nayarit en el que fue sujeto a tratos crueles e inhumanos y donde su salud se deterioró; así como las evidentes violaciones a su derecho a una defensa adecuada y al debido proceso. De igual forma, escucharon con atención sus preocupaciones por su seguridad.

Al final de la reunión, las organizaciones informaron al defensor comunitario que continuarán urgiendo a la Segunda Sala Penal – con irrestricto respeto a la independencia judicial – que valore las violaciones a la debida diligencia y defensa adecuada a la que fue sujeto Marco Antonio Suástegui y decidir apegada a derecho restituyendo su libertad.

De igual forma, las organizaciones reiteraron su apoyo incondicional a Marco Antonio, como defensor comunitario y denunciaron su encarcelamiento como acto de criminalización por defender los derechos de las comunidades y ejidos en contra de la Presa la Parota.


Finalmente, reiteraron su preocupación por el uso faccioso en la aplicación de la justicia en el estado de Guerrero, como lo ejemplifica el proceso penal contra Marco Antonio Suástegui, donde las decisiones unilaterales del Ejecutivo de imponer por encima de 5 resoluciones judiciales y de la voluntad de los pueblos mega proyectos como la presa La Parota, contemplada ahora en el Plan Nuevo Guerrero.

FUENTE: CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA TLACHINOLLAN

Diputados del PRD piden juicio político para Javier Duarte por asesinatos de periodistas en Veracruz

Ciudad de México, 18 de agosto: Legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud de demanda de juicio político en contra del Gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa por el asesinato de 14 periodistas en esa entidad en lo que va de su Gobierno y por los altos niveles de inseguridad que vive el estado.

El coordinador de la bancada perredista en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, y el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, presentaron el documento ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a fin de que la solicitud se discuta durante la próxima legislatura que inicia el 1 de septiembre.


Los perredistas indicaron que esta solicitud de desafuero en contra de Duarte de Ochoa está relacionada además con la situación de inseguridad generalizada que se ha registrado en esa entidad, y que particularmente a afectado a los periodistas.

“Solicitamos este juicio político porque consideramos que hay un conjunto de violaciones graves por parte del Gobernador de Veracruz a la Constitución Política, en materia de derechos humanos y a las leyes federales sobre protección de las víctimas, de periodistas, de seguridad pública y ejercicio de los recursos federales, cometidos por Javier Duarte de Ochoa”, sostuvo Alonso Raya.

Por su parte, Belaunzarán Méndez recordó que de acuerdo con la organización internacional Artículo 19, la entidad gobernada por Duarte de Ochoa, está catalogada como la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo en América Latina.

“Desde el 2011 en el estado se han documentado los casos de 14 asesinados durante el ejercicio de su profesión”, agregó el legislador perredista.

Alertó que tan sólo “de 2010, año en que Javier Duarte asumió el cargo de Gobernador, a la fecha, se han documentado por la prensa y organizaciones independientes defensoras de los derechos humanos, 140 agresiones a periodistas en la entidad”.


Los legisladores destacaron que hasta el 30 de abril de 2015, en Veracruz se registraron unos 582 casos de personas desaparecidas.

Sostuvieron que sumado a ello, se ha registrado el uso indebido de recursos federales destinados a la Seguridad Pública, lo que se ha reflejado en los altos índices de inseguridad que se registran en la entidad.

Finalmente, exigieron que la siguiente Legislatura no envíe la solicitud hecha este día a la congeladora.


“Independientemente de que esta Legislatura se va y de que no se instaló la Sección Instructora, aunque hay una orden judicial para que se instale de inmediato, por el rezago que tiene en materia de solicitudes de diversas acciones en ese sentido y en ese rubro. Por lo tanto, la próxima Legislatura, la LXIII deberá desde nuestro punto de vista, crear la Sección Instructora de inmediato y al mismo tiempo, tanto por el requerimiento judicial como por el conjunto de solicitudes que hay”, indicó Alonso Raya.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-08-2015/1454888.

Publican informe sobre Corredor Chapultepec y lanzan convocatoria para su diseño

Para que los ciudadanos puedan dar sus opiniones habrá asambleas desde ahora y hasta el 28 de agosto.

La Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México (PROCDMX) invita desde este martes a los interesados, a participar en el Concurso Público Arquitectónico para Presentación de Propuestas Conceptuales para el Corredor Chapultepec-Zona Rosa.

Se espera que urbanistas, diseñadores y otros, atiendan a esta covocatoria para el proyecto de la ciudad.

La PROCDMX publicó este día en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un informe sobre el proyecto,el cual ha sido polémico, pues una parte de la sociedad ha señalado que responde a intereses empresariales, argumentando que lo que quieren es crear un ‘mall’.

El proyecto enfatiza que “la Avenida Chapultepec, al ser utilizada como una vía de paso, no permite la permeabilidad entre las colonias Juárez y Roma Norte, lo cual aunado a la falta de infraestructura adecuada para la movilidad no motorizada imposibilita la conectividad entre las zonas impulsando con ello el deterioro de las mismas”.

Además “el Corredor creará espacios destinados a la cultura que se dividen en siete tramos, cada uno enfocado a los siguientes temas: pintura, arquitectura, historia, música, cine, lieratura y fotografía”.

Quienes desean participar pueden inscribirse al concurso para el proyecto arquitectónico, hasta el 16 de octubre de 2015.


El director general de ROCDMX, Simón Levy, también dio a conocer la convocatoria en su cuenta de Twitter:

Por instrucciones del #JefeDeGob @ManceraMiguelMX hoy se da a conocer informe d proceso de selección y convocatorias públicas,

— Simon Levy (@SimonLevyMx) agosto 18, 2015

Aquí toda la información del @CCChapultepec http://t.co/KOV1fqWKlS pic.twitter.com/dSei5imIsc

— Simon Levy (@SimonLevyMx) agosto 18, 2015

Aquí la información, estudios y documentales q integran proceso de selección @CCChapultepec http://t.co/jYTtjlMuRH pic.twitter.com/kSBMswmWFj

— Simon Levy (@SimonLevyMx) agosto 18, 2015

Lo publicado en la gaceta:

  a8ab682673faf238a31bc0320ac06be9 by Aristegui Noticias

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

Reforma Energética sirve para atraer sólo inversiones especulativas que dañan economía del país, advierte Mario Delgado

En un documento entregado al comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda Molina, el senador Mario Delgado, detalla la adquisición de Infraestructura Institucional (I2) por parte de BlackRock, Inc., administradora de capitales neoyorkina mientras se llevaba a cabo el proceso licitatorio de la Ronda Uno.

De acuerdo al senador: “Si analizamos las cosas, I2 es un intermediario que aparece como experto en infraestructura, invierte en el consorcio, participa indirectamente, se hace de una participación contractual de forma indirecta cuando Sierra Oil & Gas gana, y en pleno proceso licitatorio, está acordando su venta. Esto hace suponer que el valor de la empresa es muy diferente con campos asignados que sin ellos”,

Por otro lado y de acuerdo a lo expuesto por Delgado, con la venta de I2, Sierra Oil & Gas, pierde a la única empresa del consorcio que ha realizado inversión en infraestructura, sin ella, no tienen experiencia técnica acreditada en la materia, “son fondos de inversión que únicamente ponen dinero”, acota.

Es necesario conocer si se informó de esta venta a la CNH, pues es posible que se incrementara el valor de I2 luego de los contratos que ganó como parte de Sierra oil & Gas, además que con su venta se pone en riesgo la exploración y extracción de los dos bloques asignados.

“Debemos asegurar, cuando menos, que los ganadores ejecuten los planes y programas de trabajo. De otra forma, la Reforma Energética servirá para atraer solamente inversiones especulativas que tanto daño han hecho a la economía del mundo y en el país”, advirte el senador.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0

AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a sobrina del alcalde interino de Iguala

CHILPANCINGO. GRO: La profesora de preescolar Irma Esquivel Lara, identificada como sobrina del alcalde interino de Iguala, Siviano Mendiola Pérez, fue asesinada ayer por la noche en su domicilio.

El hecho se reportó a las 22:00 horas, en la colonia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS), al sur de Iguala. Un hombre entró a la casa de Lara y le disparó, indican reportes oficiales.

La joven docente de 32 años trabajaba en el jardín de niños Benito Juárez de la comunidad de Tonalapa del Río en el municipio de Teloloapan.

De acuerdo con testigos, dos hombres llegaron a bordo de una motoneta a la calle Río Atoyac. Uno de ellos se dirigió a la casa de la maestra y la asesinó.


Este hecho ocurre a pesar de que Iguala es vigilada por la Policía Federal y el Ejército. Reportes periodísticos indican que en el último mes se han registrado 28 homicidios, entre las víctimas se encuentran cuatro mujeres, un menor de edad y 23 hombres.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQIEL FLORES CONTRERAS.

Dólar llega a $16.85

El dólar se vende esta mañana en $16.85, ochenta y cinco centavos más respecto al cierre de ayer martes.

A la compra, el dólar se cotiza en $16.25.

El tipo de cambio es afectado por la devaluación del yuan en China, además de la incertidumbre financiera en Europa, los bajos precios del petróleo y la inminente alza de las tasas de interés por parte de Estados Unidos.


El Banco de México interviene en el mercado cambiario inyectando diariamente 200 millones de dólares, más otros 200 millones en caso de que el peso se deprecie más de 1% de un día a otro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ayotzinapa, la mentira histórica al desnudo

El 27 de enero pasado Jesús Murillo Karam dio una de sus últimas y polémicas conferencias de prensa sobre los sucesos de Iguala y la situación de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Presumió la detención de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y afirmó que tras 386 declaraciones “esta es la verdad histórica: los normalistas fueron calcinados, están muertos”.

Murillo Karam ya no está en la PGR, pero su “verdad histórica” sigue siendo tan cuestionada y desmantelada como en su momento lo fue su tenebroso relato del “holocausto” en Cocula, Guerrero, del 7 de noviembre anterior.

La pretensión de darle “carpetazo” a la desaparición de los 43 normalistas fue su misión como procurador, nunca la justicia y menos una investigación a la altura de la conmoción nacional e internacional generada por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

El reciente avance del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH viene a ser una estocada no sólo a la “verdad histórica”, sino a las mentiras veladas y abiertas de Murillo Karam y de todos los integrantes del Estado mexicano involucrados en la investigación.

“No hay una sola evidencia” de la participación del Ejército en los sucesos de Iguala, sentenció aquel 27 de enero Murillo Karam. Ahora, este lunes 17 el GIEI fue contundente: existe una negativa sistemática del Estado mexicano para que los expertos independientes entrevisten a militares del 27 batallón de Iguala.

“El GIEI no entiende por qué ha podido entrevistar a víctimas, policías, inculpados, testigos y otros agentes del Estado y; sin embargo, en este caso es remitido a la vía penal… En nuestra respuesta remitida al Estado el 4 de agosto señalamos la urgencia de hacer las entrevistas y la disponibilidad de hacerlo del 10 al 14 de agosto, en nuestra última visita antes de presentar el informe”, subrayaron en el documento que está disponible en la página oficial del grupo de expertos.

La respuesta de la PGR a este grupo de cuatro expertos fue que formularan “por escrito” las “posiciones” que consideren formen parte de la diligencia ministerial y que, derivado de las características de esta indagatoria, “sólo estará presente la autoridad ministerial y quienes deban desahogar las posiciones que sean formuladas”.

El GIEI lamentó la respuesta y considera relevante poder entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de Iguala, sin inculparlos o responsabilizarlos de nada.

No puede existir “verdad histórica” en tanto el Estado mexicano se cierre a la posibilidad de que los efectivos militares rindan cuentas de su papel –aun sea por omisión– en los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

El GIEI también aportó nuevas revelaciones que sacuden todas las certezas de la “verdad histórica”:

1.- Se perdieron pruebas del caso. Lo más grave es la destrucción de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de los 43 normalistas en la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia. “Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del Tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos”, advirtieron los especialistas en su informe preliminar.

2.-Nuevas evidencias de ropa de los normalistas desestimadas por la PGR. Esta falla es considerada “grave” por el GIEI, pues en la diligencia original del 27 de septiembre de 2014 se resguardó ropa de algunos de los normalistas desaparecidos. Esta situación no era conocida por familiares ni representantes legales y tampoco existía “un registro específico ni procesamiento de la misma”.

El GIEI ha pedido a la PGR que esta ropa fuera examinada por sus peritos y por los integrantes del Equipo de Argentino de Antropología Forense (EAAF), el primer organismo internacional que cuestionó abiertamente la “verdad histórica” de Murillo Karam.

3.-Necesidad de nuevas autopsias ante evidencias de “posibles artefactos o de caninos”. En el caso de Julio César Mondragón Fuentes, de Daniel Solís y Julio César Ramírez, los especialistas advierten que “no se evaluaron ciertas lesiones que aparecen en el informe original de la autopsia y en las fotografías proporcionadas”. En el caso de Mondragón se registraron “huellas en los huesos de la cara de posibles artefactos o de caninos que dejan señales características”.

Ninguna de las 386 declaraciones que Murillo Karam presumió como parte del expediente de 115 tomos mencionó la existencia de perros en el ataque a los normalistas ¿Por qué? ¿Quiénes utilizan perros para agredir a jóvenes?

Por esta razón, el GIEI solicitó que se haga una “segunda autopsia” al cuerpo de Julio César Mondragón.

4.-No se les reconoce como víctimas de desaparición forzada.- Ni a los heridos ni familiares de los normalistas, ni a las víctimas directas o indirectas del caso, se les han dado “medidas de atención y reparación integral”. El GIEI ha pedido a la CNDH que “realice recomendaciones para que todas las disposiciones de la ley de víctimas y el conjunto de los derechos de las víctimas cuenten con el necesario reconocimiento y soporte legal”.

En tanto la “verdad histórica” pretende dar carpetazo desde la célebre conferencia del 7 de noviembre del “Ya me cansé” de Murillo Karam, los análisis e informes de entidades ajenas al Estado mexicano reiteran que se trata de un caso de desapariciones forzadas que no ha sido indagado ni investigado como tal.

El informe preliminar del GIEI (el final se dará a conocer el 2 de septiembre próximo) constituye, quizá, el golpe más certero a la mentira histórica que el Estado mexicano pretende construir en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Peritos argentinos y CNDH

Antes de este documento, los peritos de la EAAF cuestionaron el 7 de febrero la “verdad histórica” de Murillo Karam con un informe muy detallado que resultó una clara denuncia a la manera de la PGR de colectar y resguardar evidencias.

Los peritos argentinos afirmaron que no estuvieron presentes en la recolección de evidencias en el basurero de Cocula entre el 27 de octubre y 6 de noviembre de 2014. Los peritos de la PGR recogieron evidencia consistente en 42 elementos balísticos, muestras de tierra y otros elementos no biológicos “sin haber avisado ni contar con la presencia de la EAAF”.

También señalaron la “ausencia de custodia en el basurero de Cocula”, entre el 7 y el 28 de noviembre anterior.

La EAAF encontró “fuerte evidencia sobre la existencia de múltiples focos de fuego en los últimos años en el basurero de Cocula”, por lo tanto, no es concluyente la tesis de la PGR de que fue “un solo evento de fuego” el que originó que calcinaran presuntamente a los normalistas.

El 24 de julio pasado en su Informe del Estado de la Investigación del Caso Iguala, la CNDH también señaló que se cometieron varias fallas y omisiones para aclarar los hechos. El organismo mexicano mencionó la “falta de pruebas”, pero no fue tan detallado ni explícito como los cuatro expertos del GIEI.

¿Qué hará ahora la procuradora Arely Gómez ante el desafío que plantean las observaciones y denuncias a la “verdad histórica” de Murillo Karam?


Si la orden de Enrique Peña Nieto es mantenerse en la tesis original de un holocausto cometido por sicarios del narcotráfico, coludidos solamente con policías municipales de Iguala, estaremos presenciando la mentira histórica más grave y más vergonzosa del Estado mexicano frente a la comunidad internacional.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS).