Esa situación ha empujado a unas 60 familias a abandonar sus hogares en los últimos cuatro años.
Pascual Ríos y su esposa Rosa Herrera Camuñes, ambos tepehuanos, además de la mamá de Pascual, tuvieron la necesidad de volver a su casa hace 10 días, para recoger unos documentos de su hijo Yovel Herrera Quiñones, asesinado el 22 de abril. Era militar y estaba destacamentado en otro lugar.
Aunque iban de entrada por salida, el matrimonio y la mamá de Pascual ya no salieron vivos.
Fueron levantados y ejecutados por pistoleros que asolan la región. La familia tardó una semana en saber de ellos, ninguna autoridad los buscó para hacerles saber lo que había pasado con el matrimonio.
“Nos dijeron que la viejita (mamá de Pascual) logró salir de la camioneta, pero la alcanzaron, le dispararon”, lamentan familiares y amigos de la pareja.
De acuerdo con fuentes militares, seis cuerpos más fueron localizados junto con los tres integrantes de la familia Ríos Herrera.
Los nueve fueron encontrados en la ranchería Palo Muerto hace una semana aproximadamente.
La Seguridad Pública de Guadalupe y Calvo informó a Apro que ellos no entran a Baborigame.
Entrevistados desde sus refugios, exiliados de Baborigame relatan el infierno en el que se convirtió el pueblo ubicado en el Triángulo Dorado.
“Yo que era de las más pobres, tenía dos camionetas. Me iba con mis hijos a vender mandado por todas las brechas, nadie nos hizo nada nunca, la gente vivía feliz. Sí había quien sembraba amapola y mariguana, pero no había tráfico de armas ni todo lo que hay ahora, secuestros, matanzas, extorsiones, está muy feo. Reclutan a fuerzas a los chavalos”, relata una mujer.
Una buena parte de la comunidad indígena es empleada para la siembre y cosecha de droga ante la falta de opciones de trabajo.
“En los últimos cuatro años se han ido 60 familias, se van sin trabajo, sin dinero, se perdió todo en Baboricame”, refiere la entrevistada.
Un joven de 30 años cuenta que estudió la licenciatura en Derecho para regresar a su pueblo a apoyar a su gente, pero que no logró su objetivo. Hace unos dos años tuvo que salir huyendo porque de no hacerlo, lo matarían, le advirtieron.
“Dejé mi camioneta y terrenos”, refiere.
“Se los llevan a fuerzas para participar con ellos (con los sicarios), les dicen que se vayan con ellos para no matar a sus familiar. Les prometen mejor vida, porque traen camionetas robadas, todas las que se roban en las ciudades, allá están”, abunda la mujer.
Ambos coinciden en que seguido llegan militares, hace poco llegaron alrededor de mil a aquella región pero la situación no mejora. “Se la pasan bañándose en el río, paseando, no sé qué hagan. Los sicarios ahí están, más adelantito de ellos”, dice otra mujer.
Y cuenta:
“Hay muchos niños sicarios, los que matan son muy jóvenes, apenas pueden con las armas largas. Les prometen camionetas, a unos hasta 50 mil pesos por mes para que les den a sus papás.
“A un conocido lo convencieron, él no quería y le prometieron que sólo sería guardaespaldas. Era adolescente, a mí me contó años después, me dijo llorando que él no quería matar y lo obligaron”, recuerda la mujer.
Luego se fue a trabajar como guardaespaldas, le pidieron matar a una persona y se negó. “Llorando me contó que les dijo que mejor lo mataran, pero le respondieron que sí iba a matar porque ya sabían dónde estaban sus dos hermanas y le preguntaron con cuál empezaban, o con sus papás (…) decía que desde el momento que mató, es como si hubieran matado su alma, que ya no vive, pero sobrevive para que su familia viva”.
Asegura que esa es la vida de miles de familias en la Sierra Tarahumara.
La familia de Yovel decidió irse a otra ciudad para evitar represalias. Dejaron propiedades, tierras agrícolas, vehículos y sus trabajos. Rosa Herrera era maestra y su esposo se dedicaba a la agricultura.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA (REPORTAJE ESPECIAL)
