MÉXICO, D.F: Grupo MVS vulneró dos derechos de las audiencias previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el caso de la salida de la periodista Carmen Aristegui y su equipo, pero la empresa “no respondió a las recomendaciones”, advirtió el ombudsman del grupo, Gabriel Sosa Plata, al exponer los resultados de su gestión 2013-2015.

En el documento, elaborado por Sosa Plata, se asienta que fueron vulnerados los derechos a “recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural de la nación”, y a “recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”.

En su análisis final de la gestión, Sosa Plata advierte que “cuando un medio de comunicación no toma en consideración a sus audiencias –su razón de ser– en algunas de sus decisiones en materia de contenidos, ni toma en consideración las resoluciones de su propia figura de autorregulación, no sólo viola la función social a la que le obliga la legislación y su título de concesión, sino que vulnera derechos de radioescuchas y televidentes y los principios éticos del periodismo”.

El ombudsman de MVS señala también que su función culmina el próximo 31 de agosto y que la propia empresa desaparecerá esta figura para que los radioescuchas y televidentes presenten sus quejas ante el defensor de la audiencia que designará la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), el organismo cúpula que agrupa a todos los concesionarios.

Sosa Plata también enumera otros casos donde no hubo respuesta a sus recomendaciones, como “la cobertura informativa de supuestas actividades de corrupción de Alstom y paralelamente la transmisión de spots pagados en contra de dicha empresa; el tratamiento informativo-editorial de la vida privada del periodista Pedro Ferriz de Con, y un supuesto acoso sexual del entrenador de un equipo de futbol, así como el despido del periodista Jorge Armando Rocha, entre otros”.

El despido de Aristegui y de los periodistas Irving Huerta y Daniel Lizárraga, así como la imposición de lineamientos editoriales y la imposibilidad de que la conductora de la Primera Emisión informativa de MVS regresara al aire, ocupó un papel central en la actividad del ombudsman.

En su informe, Sosa Plata recuerda dos posicionamientos públicos: uno en contra de la campaña mediática de la propia empresa MVS en contra de Aristegui por el lanzamiento de Mexicoleaks (12 de marzo pasado) y otro sobre los lineamientos editoriales que impuso MVS Radio a sus conductores (15 de marzo anterior).

También la defensoría emitió dos recomendaciones: la primera fue por la salida del aire de las cápsulas Niñonautas (19 de marzo), sugiriendo a la empresa que avisara con oportunidad y ofreciera explicaciones a la audiencia; la segunda recomendación fue a partir de 380 mensajes recibidos por el ombudsman a raíz de la salida de Aristegui y de su equipo.

Sosa Plata detalla que recibió 389 firmas autógrafas en apoyo a la petición de que Aristegui se quedara al frente de la emisión, y consideró igual de relevantes “las más de 217 mil firmas de apoyo a la petición #CarmenSeQueda”, que se recibieron de manos de los impulsores el 16 de marzo durante la protesta pública a las afueras de las instalaciones de MVS.

Pese a que MVS no respondió a estas recomendaciones, el juez Fernando Silva García requirió al ombudsman en diferentes ocasiones durante el juicio de amparo.

Hermosillo, Son. La Procuraduría estatal informó que solicitó a un juez 16 órdenes de aprehensión en contra de personas involucradas en una red de tráfico de menores, entre ellas dos funcionarios estatales. Se sospecha que al menos en un caso los niños –que eran vendidos hasta en 20 mil dólares– fueron sustraídos de una casa hogar del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

El procurador estatal, Carlos Navarro López, dijo en conferencia de prensa que las órdenes de arresto solicitadas son por los presuntos delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de infante, sustracción y tráfico de menores. Agregó que a partir de las indagatorias, se identificó a nueve menores que fueron inscritos de manera irregular en el Registro Civil.

Entre los implicados figuran Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, de 30 años, ex subdirector en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, encargado de la línea Protege, y José Manuel Hernández López, de 38 años, encargado jurídico de la Unión Ganadera local. El procurador no identificó al resto de los coludidos.

Navarro Sugich reveló que la investigación comenzó el 18 de marzo pasado, luego de que la Policía Estatal Investigadora recibió una denuncia anónima en la que se señalaba que Vladimir Arzate retuvo a un bebé de manera ilegal. Indicó que el agente del Ministerio Público del fuero común ordenó la indagatoria por la cual se determinó que Vladimir Arzate obvió el procedimiento legal y demás trámites para realizar la entrega de los menores.