(1 de Septiembre 2015) Ayer dejé (31 de Agosto) de ser Ombudsman o Defensor de la Audiencia de Noticias MVS. No fue un despido, como lo entendieron algunos colegas, sino el término de un compromiso que asumí por dos años en 2013. Pude haberme postulado para la renovación en el cargo, pero los planes de la empresa y míos eran otros.
La empresa optó por utilizar los servicios de la Defensoría de las Audiencias de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y desaparecer su figura autorregulatoria, para evitar un doble gasto. Los concesionarios afiliados a dicha Cámara, entre éstos MVS Radio, pagan una cuota –supongo obligatoria- para sostener la Defensoría de toda la industria, lo que inhibe los intentos de tener un Ombudsman propio por grupo o estación de radio o televisión.
Lamento esta decisión porque tener una Defensoría exclusiva hubiese sido una muestra contundente del interés del grupo radiofónico hacia sus audiencias, más aún ante lo ocurrido en torno de la periodista Carmen Aristegui. Sin embargo, la empresa también estaba en todo su derecho de aprovechar la instalación de una Defensoría nacional, a la que debemos exigir cuentas sobre lo que ha hecho y hará por los derechos de las audiencias.
MVS Radio hizo historia en la radio comercial al contar, por primera vez, con un mecanismo de autorregulación, que incluyó la creación de una Defensoría de la Audiencia, un Código de ética, un Comité Editorial (integrado por periodistas y directivos de la emisora) y la firma de un contrato modelo –y al parecer único- en el periodismo, que dejó en manos de la periodista Carmen Aristegui la línea editorial del noticiario que encabezaba.
La Defensoría se creó cuando Aristegui regresó a MVS en febrero de 2011, dos semanas después que fuera despedida por solicitar que se explicara el estado de salud de Felipe Calderón. El comentario se generó al día siguiente de que el entonces diputado Gerardo Fernández Noroña exhibiera una manta sobre el supuesto alcoholismo del presidente. Posteriormente, en agosto de 2012, el presidente de MVS Comunicaciones, Joaquín Vargas, reveló que fue presionado por el gobierno para que no recontratara a la periodista porque eso pondría en riesgo su proyecto de nuevos negocios en la banda de 2.5 GHz.
Fui elegido Ombudsman por decisión del presidente de MVS Radio, Alejandro Vargas, a partir de una terna que propusieron conductores de la estación. En su momento, el director de Información, Gilberto Molina, a quien mucho extrañamos, fue quien me invitó y me informó de la propuesta. Me entrevisté con Alejandro Vargas y comencé el primero de septiembre de 2013.
Mi nombre apareció en esa terna quizás por estar involucrado en los temas de radio y televisión, por mi experiencia como Mediador del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), porque me ubicaban los conductores titulares al ser entrevistado por ellos en diversas ocasiones y por ser comentarista durante tres años en el noticiario de Ezra Shabot y co-conductor de un programa sobre telecomunicaciones en Noticias MVS, con Irene Levy y Jorge Fernando Negrete.
Evidentemente conocía, de tiempo atrás, a Joaquín Vargas, presidente de MVS Comunicaciones, a Alejandro Vargas, y algunos directivos, como Felipe Chao, vicepresidente de Relaciones Institucionales de MVS, con quien me une una amistad y respaldó los proyectos que propuse en la estación.
No obstante estas relaciones, cuando me convertí en Ombudsman asumí con plena independencia mis obligaciones y así procuré actuar en los meses siguientes. No podía ser de otra manera porque hubiese sido un fraude a las audiencias y a la aparente decisión de periodistas y directivos por autorregularse a través de sus documentos deontológicos y la Defensoría.
Desde el principio, mis recomendaciones y opiniones no fueron bienvenidas. Por ejemplo, cuando emití un comentario sobre los desequilibrios en la cobertura de la reforma energética, en diciembre de 2013, fui cuestionado porque les parecía que me excedí en mis atribuciones. Luego vinieron otros casos periodísticos más controvertidos (como la difusión de una grabación ilegal del periodista Pedro Ferriz de Con y la denuncia de una supuesta corrupción de la empresa Alstom, junto con una campaña de spots pagados en su contra), que me llevaron a actuar con nuevas recomendaciones, también ignoradas.
Durante el análisis y aprobación del proyecto del Código de ética también mi posición fue siempre a favor de la independencia editorial de los periodistas y los derechos de las audiencias. Este documento –es necesaria la precisión- se basó en el Código incorporado en el contrato de Aristegui con MVS, mismo que continúa vigente, debido a que aún no hay una resolución judicial que diga lo contrario.
Como informé la semana pasada, el Código de ética fue aprobado en más del 90 por ciento de sus artículos. Sin embargo, desde el año pasado se interrumpió su discusión cuando era inminente entrar en la aprobación de un artículo central, uno de los más importantes, que privilegiaba el periodismo por encima de los intereses corporativos de MVS. Dicho artículo establece lo siguiente:
4.2 Noticias MVS privilegiará el interés público de la información por sobre intereses comerciales y corporativos extraperiodísticos. En consecuencia, rechazará toda presión política, económica y de cualquier otra índole que pretenda influir ilegítimamente en los criterios editoriales de los titulares de las emisiones, los periodistas y los analistas de Noticias MVS, así como todo intento de censura o de vulneración de los derechos profesionales y laborales de cualquiera de sus periodistas o que menoscaben su integridad profesional por motivo de sus coberturas informativas, sus investigaciones periodísticas, sus análisis de coyuntura y sus comentarios editoriales
La posición de directivos de MVS y de uno de los periodistas es que el artículo debía modificarse porque era confuso y que los intereses de la empresa sí debían ser tomados en cuenta en decisiones editoriales. La posición de Carmen, con el respaldo mío, es que se mantuviera el artículo tal cual porque de lo contrario se pondría en riesgo la libertad de expresión de los periodistas y el derecho a la información de las audiencias. El artículo se “encorchetó” para su discusión hasta al final para evitar un evidente choque de posturas, que no llegó por obvias razones.
La gota que derramó el vaso fue mi actuación durante el conflicto entre Carmen Aristegui y MVS. Si la comunicación entre la empresa y el Ombudsman ya no era fluida, mucho menos a partir de mi primer posicionamiento sobre la campaña mediática de la empresa en contra de su propia conductora. Desde entonces no fui recibido por Alejandro Vargas para la entrega de las miles firmas, vía change.org, que solicitaban la reinstalación de Aristegui ni para algunos acuerdos básicos ante la culminación de mi responsabilidad en MVS. La comunicación fue sólo con José Antonio Vega, director de la emisora.
Lo entendí, pero sigo sin saber cuál fue el motor para que la familia Vargas actuara de esa manera con todo lo que tuviese una relación con el despido de Carmen, desde su equipo de trabajo hasta su audiencia, incluido el Defensor.
Quienes conocemos a la familia Vargas coincidimos que son empresarios honestos, emprendedores, que han llevado a cabo desde hace años una larga e intensa batalla a favor de la competencia en el sector y en contra de los monopolios mediáticos. Por si fuera poco son personas amables, sensibles, con un “don de gente” que no encontramos en la mayoría de los empresarios de los medios de comunicación en México.
Por eso, coincido con Carmen Aristegui que, por ejemplo, los calificativos utilizados en la campaña en contra de ella por el supuesto uso ilegal de la marca y la realización de convenios sin el aval de la empresa, fueron desmedidos y en ellos no se podía creer que estuviese la mano de la familia Vargas. Me consta el buen trato de Joaquín y Alejandro Vargas con sus colaboradores. Me consta la comunicación fluida y respetuosa de Alejandro durante las juntas de los lunes en el Comité Editorial. Pero algo muy fuerte sucedió (la “casa blanca”, la publicidad oficial, algún tema de concesiones, no sé) y la situación cambió.
Una anécdota. Varias semanas después del conflicto por la salida de Aristegui, acudí a MVS Radio para una reunión. Durante años, como comentarista y como Ombudsman, tuve acceso libre a las instalaciones. Esta vez no. No obstante que cuento con gafete de la empresa, los guardias de seguridad –que me conocen de sobra- pidieron mi registro y que entregara una credencial para permitirme entrar. Sí, la situación cambió.
Ante la “cacería” en contra de Carmen y su equipo, el Defensor de la Audiencia no podía quedarse con los brazos cruzados. Por supuesto yo nunca vi un conflicto entre particulares, sino un acto que amenazó la libertad de expresión de los periodistas involucrados y que al mismo tiempo afectaba los derechos de las audiencias.
Se me señaló de ser parcial, de actuar a favor de Aristegui y sus colegas. Por supuesto fui parcial. No podía ser de otra manera ante lo que estuvimos: un conflicto artificial que fue escalando en pocas horas hasta lo jurídico para expulsar de la estación a los periodistas y la imposición de lineamientos editoriales que eran contrarios al contrato que Carmen tenía firmado con la empresa y al proyecto del Código de Ética que se estaba aprobando en el Comité Editorial. El 12 de marzo exhorté a un diálogo entre las partes para encontrar la solución a un diferendo poco relevante, pero fue una voz en el desierto ante una decisión tomada por la familia Vargas.
También se me calificó de activista y mi respuesta fue que soy y continuaré siendo activista de los derechos de las audiencias y de la libertad de expresión con responsabilidad de los periodistas. Que así como defendí la posición de los periodistas en el 2015, lo hice a favor de la empresa y la familia Vargas en 2011 ante la “cacería” del gobierno calderonista en su contra.
Haber sido Defensor de la Audiencia fue un privilegio. Pero es una función un tanto ingrata porque muchas veces no se satisfacen las expectativas de la audiencia ni tampoco el medio y los periodistas están muchas veces dispuestos a aceptar que posiblemente se equivocaron, que no actuaron con ética o pudieron haber violado derechos de las audiencias. Por eso, muchas recomendaciones y seguimiento de quejas de los radioescuchas se quedaron en al aire ante la falta de respuestas o acciones correctivas de la emisora, lo que colocó la figura en una vulnerabilidad, y para colmo, a doble fuego.
La ausencia de un compromiso firme por la autorregulación y la autocrítica puede echar por la borda las buenas intenciones de la creación de las defensorías de las audiencias, en MVS y en toda la industria de la radiodifusión. De ahí la importancia de fortalecer mucho más el proyecto del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre los lineamientos de los derechos de las audiencias para que no se conviertan en letra muerta.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GABRIEL SOSA PLATAS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/01-09-2015/38696.
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