MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio, que realicen un análisis para determinar si en el basurero de Cocula, Guerrero, fueron incinerados los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre, como lo afirmó está institución en su versión histórica de los hechos.
El anuncio lo realizó la procuradora Arely Gómez González, horas después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe sobre el caso, en el que determinaron que los normalistas no fueron incinerados en Cocula.
En la edición 1985 de Proceso, el experto en incendios y explosivos, Alfonso Palacios Blanco, entrevistado por la reportera Patricia Dávila, dio su dictamen: “En Cerro Viejo no hubo incineración o no incineraron la cantidad de cuerpos de la que hablan”.
Y agregó: “Dice nuestro procurador que los quemaron con llantas, diésel y gasolina a mil 600 grados centígrados de temperatura, pero el acero se funde a 2 mil 500. Por lo tanto, en cantidad considerable, debieron encontrar fibras metálicas de los neumáticos que emplearon, porque para quemar 43 cuerpos debieron utilizar de tres a cuatro neumáticos por persona y una cantidad considerable de gasolina y diésel”.
Semanas después, en el número 1999 del 21 de febrero de este año, bajo el título Otra losa a la “verdad histórica” de la PGR, el perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Jorge Arturo Talavera aseguró que era falso que en ese lugar se hubiera prendido fuego a los normalistas.
“La ciencia se ensaña con las versiones del procurador de Jesús Murillo Karam. ¿Dónde están las hebillas de los normalistas presuntamente incinerados en Cocula? ¿Por qué no se quemaron los victimarios, si mil 600 grados centígrados convertirían toda la zona en un gigantesco horno? ¿Por qué no se incendió el basurero? ¿Dónde están las estructuras metálicas de las llantas usadas para prender el fuego? ¿De qué árboles salió la media tonelada de leña necesaria para la pira? ¿Por qué no hay grasa humana en el suelo? El perito del INAH Jorge Arturo Talavera lo tiene claro: “En el basurero no fueron incinerados los 43 estudiantes”.
Trastabillante, en una conferencia de prensa en la que no admitió preguntas, la procuradora Arely Gómez se pronunció respecto a la información relativa al peritaje sobre los hechos específicos de la incineración en el basurero de Cocula:
“He instruido se atienda la propuesta contenida en el anexo Informe Pericial aspectos relacionados al fuego, la PGR valorará su incorporación a la averiguación previa. En atención a ello, he ordenado a las diversas áreas de la PGR para que a partir del momento en que fue recibido, se lleve a cabo su estudio y análisis detallado del contenido y que se incorpore a la investigación que lleva esta institución”.
Respecto a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos de una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema, se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio.
Afirmó que las investigaciones continuarán hasta sus últimas consecuencias.
Explicó que con el objetivo de determinar los hechos ocurridos y para fortalecer las investigaciones, el 13 de octubre de 2014, el Estado mexicano solicitó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se materializó con la conformación del GIEI.
“El día de hoy el grupo de expertos presentó un informe que es fundamental para la investigación, como lo han reconocido los miembros de este grupo, se brindaron todas las facilidades para sus actividades, pues el gobierno de la República ha sido el primer interesado en que la asistencia de la CIDH nos permita dar mayor certeza sobre estos hechos”, señaló la funcionaria.
Los resultados y conclusiones de las entrevistas del trabajo de campo y de los estudios que los expertos llevaron a cabo, desde el día de hoy se analizarán y en su momento, la PGR valorará su incorporación a la averiguación previa.
Reiteró que la PGR continúa y continuará con su labor, hasta que el último responsable sea consignado.
Informó que derivado de la investigación ministerial, se ha ejercido acción penal en contra de 131 personas, de las cuales han sido aprehendidas 110, las cuales enfrentan un proceso penal para responder por estos hechos que tanto indignan a los mexicanos.
Respecto a la información relativa al peritaje sobre los hechos específicos de la incineración en el basurero de Cocula, la procuradora ordenó que se atienda la propuesta contenida en el anexo Informe Pericial aspectos relacionados al fuego, referente a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos con una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema, por tal motivo, se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio”.
En lo que respecta a la autoría de estos hechos, las conclusiones del grupo de expertos confirman las líneas de investigación de esta Procuraduría, en el sentido de que las policías de Iguala y Cocula participaron en la comisión de estos delitos. Dichas corporaciones policiales fueron cooptadas por la delincuencia organizada como se ha podido acreditar de las actuaciones que obran en el expediente.
El grupo de expertos también refieren que la delincuencia organizada infiltró la administración municipal del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y destacadamente a la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio. José Luis Abarca se encuentra detenido y está sujeto a diversos procesos penales.
Arely Gómez anunció que el Estado mexicano solicitará la prórroga del mandato para que el grupo de expertos pueda concluir sus trabajos en torno a estos hechos en los términos y modalidades que serán acordadas por todas las partes.
En cuanto a la averiguación previa, ésta será llevada por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y se ha solicitado la acumulación de los procesos penales abiertos contra los probables responsables de la desaparición de los normalistas, para que estos sean resueltos por el mismo juez federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
