El nuevo avión de Peña: un capricho de 8 mmdp

MÉXICO, D.F: En este mes patrio está previsto que el presidente Enrique Peña Nieto estrene el avión Boeing 787-8 Dreamliner, que por su lujo es considerado el más caro del mundo y que costará a los mexicanos más de 8 mil millones de pesos.

¿Un palacio aéreo para el Ejecutivo en medio de la crisis económica? Pues sí. En su versión comercial esta moderna aeronave –que puede cruzar el Atlántico sin abastecerse– tiene capacidad para 250 pasajeros, aunque la que estrenará Peña Nieto tiene sólo 80 asientos.

“De manera inicial se tiene considerado lo siguiente: un área de trabajo de 14 asientos para personal del Estado Mayor Presidencial, 24 asientos para funcionarios y 42 asientos para personal de apoyo y representantes de medios de comunicación, (así como) un área de trabajo del titular del Ejecutivo federal, que consta de despacho y área de descanso”.

Salvo el costo, la anterior es información oficial que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reveló a Proceso, en junio del año pasado, mediante una carta en la que precisó también que “el avión estará listo para ser utilizado por el presidente de la República y el Estado Mayor Presidencial en septiembre del año 2015”.

Es decir, Peña Nieto podría dar el Grito estrenando este avioncito que no tienen ni Barack Obama ni Angela Merkel ni Vladimir Putin, los presidentes de tres de los países más poderosos del planeta.

En octubre del año pasado, el Boeing 787-8 Dreamliner surcó el cielo de México procedente de Estados Unidos y llegó a la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, para hacer maniobras de prueba y, conforme al calendario, ya está listo todo para su estreno.

De hecho, para alojar el nuevo avión se hizo construir un hangar especial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que, a un costo de mil millones de pesos, se encargó al Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el mismo contratista de la Casa Blanca de Peña en Las Lomas.

Pero esa obra será útil sólo cinco años, porque el nuevo aeropuerto comenzará a operar en 2020 y el actual dejará de funcionar, salvo que sea de uso exclusivo del Ejecutivo.

Fue el panista Felipe Calderón quien inició el proceso de compra, en 2012, en acuerdo con el propio Peña, que era presidente electo, y el operador de la adquisición fue José Antonio Meade, en ese entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hoy secretario de Desarrollo Social y supuesto presidenciable.

Según el Proyecto Público de Inversión de la SHCP, dado a conocer en agosto de 2013 por la revista Emeequis y el reportero Rafael Cabrera –justamente el descubridor de la Casa Blanca de Peña–, el Dreamliner costará 7 mil 520 millones de pesos, además de los mil millones por la adecuación del hangar.

En 2012, el gobierno pagó 4.8 millones de pesos, en 2013 70.8 millones, 219 millones en 2014, 425 millones este año, y del próximo a 2027 la cuota anual será de 467.3 millones de pesos. Así, el pago total del avión, conforme a este esquema financiero, será de 6 mil 308 millones de pesos.

A esta cantidad deben sumarse otros mil 211 millones de pesos por concepto de mantenimiento de la aeronave, lo que da una suma de 7 mil 520 millones de pesos. Claro, más los mil millones del hangar.

O sea, 8 mil 520 millones costará el capricho de Calderón y Peña, a cual más de ineptos y derrochadores de dinero que no es suyo.

Cuando, en junio del año pasado, en este espacio se informó de las cifras, la SCT envió una carta para admitir que, en efecto, el gobierno de Calderón “dejó previsto un posible esquema de financiamiento a pagar en 15 años”, que no era otro más que el descrito arriba.

Pero precisó: “En la actualidad se exploran diversas opciones de financiamiento para optar por la que resulte más conveniente para el gobierno de la República, sin que a la fecha se haya determinado alguna”.

Jamás se informó cuál fue el esquema de financiamiento por el que, finalmente, el gobierno optó, pero ahora es el propio Peña quien asegura que el avión Boeing 787-8 Dreamliner no sólo cuesta más de 7 mil millones de pesos –“han corrido versiones francamente equivocadas del costo del avión”–, sino que ya hasta fue pagado.

“Se pagó la pasada administración”, le dijo al dueño del portal SDP Noticias, Federico Arreola, a quien inclusive le adelantó que ha encargado a la SHCP hacer un “análisis serio y racional” sobre qué hacer con el avión en tiempo de crisis: “Eventualmente venderlo (o) mantenerlo para ciertos fines” (sic).

Naturalmente, Peña no descartó estrenar: “Es decir, no vayamos a una decisión tomada bajo un arrebato, sino más bien bajo una racionalidad de lo que conviene para México, para que el gobierno esté debidamente equipado”.

Fanático de la mentira y el dinero que no es suyo, Peña no es de fiar –la Casa Blanca y Ayotzinapa son sólo dos claros ejemplos– y lo que corresponde es que transparente cómo es que se pagó el avión, de dónde salió el dinero y cuándo se cerró la operación.


Pero, sobre todo, el destino del avión no puede ser otro que su puesta a la venta. Es una insolencia imperdonable que Peña viaje en un avión de más de 8 mil millones de pesos en un país con más de 55 millones de mexicanos pobres, dos más ‘fabricados’ por él…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS).

PGR e INAI harán públicos 55 tomos del caso Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: Ximena Puente, consejera presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), aseguró que se transparentará el contenido de los 55 tomos de la investigación sobre el caso Iguala.

La funcionaria federal confirmó que “se está haciendo un acompañamiento institucional a la PGR para que las partes que se testen sean las que se tienen que testar, sean los que se tienen que reservar y no se teste información más allá”.

Puente subrayó que todos los interesados en conocer la forma en que la PGR trabajó las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace casi un año, tendrán la información completa.

“Estamos trabajando con ellos, estamos llevando a cabo ese trabajo para garantizar la información pública de esta investigación. Atendemos la relevancia social porque son temas socialmente muy importantes”.


La responsable del INAI aclaró que sólo se protegerán los datos personales que puedan implicar algún problema, pero el resto de la información será tal cual se encuentra en los 55 tomos de la investigación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aristegui nos ataca por “rentabilidad política”: MVS

MÉXICO, D.F: La empresa MVS acusó a la periodista Carmen Aristegui de mantener una campaña en su contra sustentada en la “rentabilidad política” que supuestamente le brinda.

“Los señalamientos de la periodista no tienen fundamento alguno más que la rentabilidad política que su fecunda imaginación le reditúa”, acusó José Antonio Vega, director de noticias de MVS, en un comunicado publicado hoy en el periódico Reforma.

El viernes pasado, Aristegui publicó un artículo en dicho diario con motivo de la determinación del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo de reconocer el trabajo del equipo liderado por la periodista por su reportaje sobre la “Casa Blanca” de la familia presidencial.

“En el más puro estilo del surrealismo mexicano, los periodistas que seremos premiados con el más importante galardón del periodismo nacional fuimos echados, de la peor manera posible, del espacio en el que desarrollábamos nuestra tarea, precisamente por realizar ese y otros trabajos de investigación periodística”, escribió.

Hoy, MVS replicó:


“Como es del conocimiento de la opinión pública, los motivos que nos llevaron a terminar la relación laboral están establecidos en la demanda mercantil que la empresa promovió el 9 de abril del presenta año y que son: Uso indebido de propiedad intelectual e industrial; uso indebido de derechos de autor, uso de recursos sin facultades y comprometer a la empresa sin autorización y sin conocimiento de la misma”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La “ciencia chatarra” y pagada por corporativos se propaga en México, denuncian ONGs

El aumento de estudios de baja calidad científica financiados por las grandes empresas se ha hecho más evidente en México, denunciaron miembros de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) y la organización El Poder del Consumidor (EPC). “Esto está apareciendo en varias áreas como farmacología, medicina, ambiente, salud, transgénicos. En este tema se ve claramente que hay revisiones de investigadores que están claramente asociados a intereses corporativos, que sesgan los artículos”, denuncia la presidenta de la UCCS Elena Álvarez-Buylla Roces, en entrevista con SinEmbargo.

Es la fuente de financiamiento de un estudio, o de una revista científica, una de las razones principales para que los trabajos sean desestimados dentro de dicha comunidad.

“Cada día, en promedio, un artículo científico se retrae por mala conducta. El 2 por ciento de los científicos admiten trastocar sus datos en algún tipo de forma inadecuada. Ese número puede parecer pequeño, pero recuerde, los investigadores publican alrededor de dos millones de artículos al año, a menudo con financiación del contribuyente”, destacó en mayo un artículo del diario estadounidense The New York Times, escrito por Adam Marcus e Ivan Oransky.

Por esta razón, Álvarez-Buylla Roces sostiene que cada vez es más importante que los autores de estudios científicos hagan una declaración en la que detallen si el trabajo que realizaron o su persona tiene algún conflicto de interés.

En México, EPC, organización dedicada a la defensa de los derechos del consumidor, denunció la semana anterior que la industria de alimentos y refrescos trajo al país a tres científicos a participar en el foro “Evidencia Actual en Edulcorantes y Salud”, que han sido financiados por la industria, a presentar investigaciones donde niegan el impacto de los refrescos en la salud.


EPC denunció que el doctor James Rippie, quien negó la relación entre el consumo de bebidas azucaradas y enfermedades cardiovasculares, ha recibido más de 10 millones de dólares por parte de la Asociación de Refinadores de Maíz de los Estados Unidos, para realizar sus investigaciones.

“El doctor Rippe ha creado una institución con su nombre recibiendo financiamiento de varias empresas, entre ellas Coca Cola”, citó una misiva de EPC.

Asimismo, los otros dos expositores, el doctor John Sievenpiper y John White, han recibido fondos de Coca Cola y dado servicios profesionales a la industria de alimentos y bebidas, respectivamente, expuso la organización civil.

Cabe mencionar que en Estados Unidos, el NYT destapó el mes anterior que Coca-Cola apoyó con 1.5 millones de dólares (unos 25 millones de pesos) a la creación de una organización no gubernamental llamada Global Energy Balance Network (GEBN), que promueve el mensaje de que el consumo de calorías no es tan importante como la actividad física en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad.

Tras el escándalo la compañía anunció que sería más transparente en las inversiones de investigación.


Lo que no fue igual en México, de acuerdo con el EPC, ya que la principal organizador que trajo a los citados tres investigadores fue el International Life Sciences Institute (ILSI).

“Tiene como miembros asociados a Coca Cola, Bimbo, Danone de México, Kellogg’s de México, Kraft Foods de México, Mars México, Nestlé México, Monsanto Comercial y PepsiCo”, acusó la organización, lo que supondría un claro conflicto de interés en un evento académico.

La presidente de la UCCS explicó que hay varios criterios que ayudan a distinguir entre el valor de un estudio y otro, además del saber quién financia un trabajo.

Uno de ellos es la “revisión por pares”, que hace que un estudio sea evaluado por otros científicos ajenos al trabajo y de esta forma lo avalen. Además de que la revista esté registrada en el Instituto de Información Científica.

Otro referente es el número de veces que un trabajo es citado o retomado por otras investigaciones científicas. “En general cuando mayor es el índice de impacto, pues se considera que tiene mayor relevancia”.

Álvarez explica que siempre tendrá más valor un trabajo científico que se dedica a comprobar una hipótesis, a uno que se dedica a negar lo que otros ya probaron.


MONSANTO FINANCIA CIENTÍFICOS

Otro ejemplo de conflicto de interés en México sucedió el 10 de julio, cuando la revista PLOS ONE, que forma parte de un proyecto sin fines de lucro llamado Public Library of Science, publicó un trabajo financiado por la transnacional Monsanto en el que afirmaba la posibilidad de coexistencia entre maíz transgénico y orgánico, aun cuando la literatura científica lo niega.

“PLOS Biology o PLOs One tienen prestigio pero uno puede ver que el artículo puede estar sesgado por intereses corporativos no científicos. Si hay un conflicto de interés por parte de los autores, la sustentabilidad del hallazgo científico es por lo menos cuestionable”, dijo Álvarez-Buylla.

Este fue el caso de dicha publicación titulada “Flujo génico mediado por polen en maíz: Implicaciones en los requerimientos de aislamiento y la coexistencia en México”, en la que una serie de investigadores nacionales participaron con financiamiento de Monsanto, que es dueña de más del 90 por ciento de las patentes de transgenes en el mundo.

“Preocupa que esto está pasando en investigaciones públicas mexicanas, y que investigadores que en vez de estar dedicados a buscar alternativas lo mejor sustentadas científicamente, en vez de buscar desarrollos científicos a favor de la biodiversidad, de la bioecología, de la soberanía, se ponen al ser servicio de estos intereses corporativos a hacer una tecnociencia y, primordialmente, guiada por el enriquecimiento lucrativo”, dijo en su oportunidad a SinEmbargo la presidenta de la UCCS.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-09-2015/1477967.

El reportaje de la “casa blanca”

No es exagerado afirmar que la investigación periodística sobre la llamada “casa blanca” representó un antes y un después en la vida política de Peña Nieto y su gobierno. Sin duda sus autores realizaron uno de los trabajos más importantes y reveladores de los últimos años y por eso ganaron el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de reportaje, que les será entregado esta semana.

Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta, Sebastián Barragán y Gustavo Varguez, bajo la coordinación de Carmen Aristegui, hicieron una meticulosa, exhaustiva y cuidada investigación, que exhibió no sólo a un Presidente y su esposa, favorecidos con apoyos y regalos de poderosas empresas para ampliar sus patrimonios inmobiliarios, sino un caso evidente de un sistema de colusión que prevalece en diferentes niveles de gobierno, en el que se reciben beneficios a cambio de licitaciones a modo o jugosos contratos con proveedores de obras y servicios.

Apoyados en decenas de solicitudes de información, en investigación de campo y entrevistas, el que fuera el equipo de la Unidad de Investigación de Noticias MVS construyó así una historia muy bien documentada que puso en entredicho las promesas anticorrupción de un gobierno que se ufanaba en el mundo de “mover a México” y fortalecer nuestra democracia mediante un conjunto de históricas reformas estructurales. La publicación del reportaje nos dio una muestra de las enormes contradicciones del gobierno.

El Premio Nacional de Periodismo lo otorga un jurado integrado por periodistas y académicos, que son propuestos por las Universidades, fundaciones, cámaras y asociaciones civiles que forman parte de su Consejo Ciudadano. A diferencia de lo que sucedía antes del nuevo siglo, en el jurado ya no participa el gobierno. Se acabaron desde 2001 los tiempos en los que funcionarios públicos aprovechaban la entrega de estos premios para autoelogiarse por todo lo que hacían a favor de la libertad de expresión y para premiar a periodistas y medios de comunicación amigos.


La independencia del jurado para evaluar y premiar hizo posible que un reportaje que afecta intereses políticos y económicos muy poderosos fuera reconocido. Antes, hubiese sido casi imposible.

No obstante sus indiscutibles aportaciones, el reportaje fue subestimado por funcionarios gubernamentales, como era de esperarse, pero también por colegas (lo que tampoco es extraño). Particularmente un columnista de El Universal, Salvador García Soto, sembró la idea de que lo publicado por Aristegui Noticias y otros medios fue producto de la filtración de un expediente. Y le achacó la autoría al exJefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.

Afirmar que el reportaje no era una investigación propia, sino una estrategia política para afectar la imagen del presidente y su familia, tuvo el objetivo de poner en duda el valor del trabajo periodístico, desviar un caso de interés general y dañar la imagen de los periodistas que se habían “atrevido” a poner en duda la honorabilidad de Peña Nieto y su esposa. Es decir, se quiso convencer a los lectores y la audiencia que Aristegui y su equipo eran sólo un instrumento de Ebrard y su grupo político frente al proceso electoral de 2015. Que ese era el tema y no lo otro.

Ante el señalamiento de que los documentos del reportaje fueron filtrados, en mi papel de Ombudsman de Noticias MVS acudí a la oficina de la Unidad de Investigación que dirigía Aristegui para verificar si García Soto tenía razón. Uno a uno los revisé y pude corroborar que muchos de los documentos se obtuvieron con base en solicitudes de información, aprovechando los beneficios de la ley de transparencia. Las fechas coincidían, al igual que los sellos. También los nombres de los reporteros que hicieron las peticiones y así lo hice saber a la audiencia de la emisora.


Al revisar esa enorme cantidad de información, me di cuenta que se estaba frente a un rompecabezas de datos, oficios, dictámenes, títulos de propiedad, planos y más que los reporteros fueron armando con paciencia, oficio y rigor periodístico. Toda afirmación o exposición de información siempre estuvo sustentada con documentos oficiales. No había manera de restarle méritos a una investigación real, auténtica. Y aún si se hubiese filtrado algún dato o documento, esto no afectaba en ningún sentido las enormes aportaciones que vio en este trabajo el jurado del Premio Nacional de Periodismo.

Vueltas que da la vida: los ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría más competida, meses antes fueron despedidos por Noticias MVS. Esta historia es de sobra conocida, pero aún nos preguntamos si este reportaje fue la razón del acoso y salida de Aristegui y de prácticamente todo el equipo que colaboraba en la primera emisión. En su colaboración en Reforma (4 de septiembre 2015), Aristegui afirma que fueron expulsados “de la peor manera posible, del espacio” en el que desarrollaban su tarea “precisamente por realizar ese y otros trabajos de investigación periodística”.

Ayer, en el mismo diario, el director de Noticias MVS, José Antonio Vega, publicó una réplica, en la que asegura que la relación laboral con Aristegui terminó por el uso de recursos de la empresa sin autorización para ello. “Nada más, pero nada menos”.


¿Cuál versión resulta más convincente para la sociedad? Frente a lo ocurrido con muchos casos, como la “verdad histórica” de Ayotzinapa que defendieron a capa y espada algunos medios y periodistas, la respuesta es previsible. Y paradoja: los expulsados fueron premiados. Quienes los despidieron no logran reponerse de las críticas y señalamientos de una audiencia que se sintió también agraviada por estos despidos.

Lo que hicieron los autores del reportaje es inspirador para muchos periodistas o aspirantes de esta profesión, pero al mismo tiempo decepcionante. Ser reconocidos nacional e internacionalmente por hacer una investigación reveladora sobre los conflictos de interés del presidente de la República y demostrar en los hechos la importancia social del periodismo, debe ser muy gratificante. Sin embargo, sobre todo entre los estudiantes de periodismo, queda la sensación que quien hace periodismo en serio asume un riesgo mayor, desde ser despedido hasta perder la vida. Y no sólo eso: el buen periodismo puede inhibirse si no hay medios dispuestos a compartir ese propósito.

Pese a la adversidad, hay periodistas y medios sin cuya labor habrían pasado inadvertidas prácticas tan nefastas como lo ocurrido alrededor de la “casa blanca”. Se dirá que de poco sirve ante un andamiaje administrativo y legal que facilita la corrupción (o sea, la investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre el conflicto de interés del Presidente y Angélica Rivera), pero las revelaciones periodísticas hacen un aporte fundamental: fortalecen el derecho a saber de la sociedad e inciden en la agenda nacional para impulsar los cambios políticos y regulatorios necesarios en un país que le ha costado mucho transitar a la democracia.


Lo mismo podría decirse de la labor de algunos organismos internacionales. Sin su apoyo, la sociedad mexicana se habría quedado, por ejemplo, con una equívoca versión “histórica” de lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa. Y sin la participación de la ciudadanía (actor fundamental para que en este caso la OEA investigara los hechos), de los expertos independientes (que con sus conocimientos demuestran científicamente lo posible) y los periodistas profesionales (que no se conforman con las versiones oficiales y ante todo velan por el interés general), nuestro país estaría peores circunstancias; sí, en peores.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GABRIEL SOSA PLATAS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/08-09-2015/38980

Urgen padres fecha para reunión con Peña

Tixtla, Gro. En el marco de la presentación del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que fije, lo antes posible, la fecha y el lugar para la reunión que sostendrán a invitación de la Presidencia de la República.

En las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, en esta localidad, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, pidió también al gobierno federal que otorgue la prórroga para que los expertos permanezcan en el país, hasta que se logre la ubicación de sus 43 hijos.

Los expertos del GIEI entregaron a los padres de familia un ejemplar del informe que se presentó desde el domingo pasado, y se comprometieron a que, en cuanto el gobierno federal autorice su permanencia, continuar con las investigaciones sobre las desapariciones forzadas.

"El primer derecho de las víctimas es la verdad. Y la verdad duele, pero duele más la mentira y no saber qué pasó", dijo Carlos Beristain, integrante del GIEI, al tomar la palabra durante el encuentro.

"La búsqueda de la verdad ayuda a transmitir la dignidad de las víctimas, por lo que seguiremos acompañando a los padres", dijo.

Durante la ceremonia de bienvenida, la comunidad normalista le manifestó a los expertos de la CIDH que "no tenemos dinero para pagarles al GIEI, pero se han ganado 43 corazones y el de miles de mexicanos".

Por su parte, Melitón Ortega manifestó: "desde el día 6 de septiembre, con el informe del GIEI nuestro movimiento ha tomado una nueva etapa".

En varias muestras de agradecimiento por la presencia de los expertos, la comunidad normalista señaló también representaba "un tanque de oxígeno que nos da vida y fuerza". Con el informe "nuestro movimiento da un nuevo comienzo", manifestó un estudiante.

El evento concluyó con el grito de "¡Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper!" por parte de la comunidad normalista y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos.

El domingo pasado dicho informe fue entregado a los representantes del gobierno federal y presentado ante los medios de comunicación.

En el documento, el GIEI refuta la versión ofrecida por las autoridades federales en el sentido de que los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, y emitió una serie de recomendaciones entre las que destacan realizar nuevos peritajes.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: SERGIO OCAMPO.

Dictan auto de formal prisión a expolicía por caso Narvarte

MÉXICO, D.F: El Juzgado 25 Penal con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente dictó auto de formal prisión contra José Abraham Torres Tranquilino, segundo detenido por el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte, por los presuntos delitos de feminicidio, homicidio y robo agravado en pandilla.

Además, el expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) fue acusado de robo de vehículo, pues fue él quien se llevó el Mustang rojo, propiedad de Milena Virginia Martín, cuyo cadáver, así como el de Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa, fueron hallados en el departamento 401 de la calle Luz Saviñon número 1909, la noche del pasado 31 de julio.

La titular del Juzgado 25 Penal, del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF), Hermelinda Silva, inició juicio contra Torres Tranquilino, detenido el pasado 30 de agosto en la delegación Iztapalapa.

Este lunes el diario La Razón publicó fotografías, presuntamente tomadas del perfil de Facebook de Abraham, en las que se ve a Milena y a éste posando abrazados con nueve personas más en lo que parece ser una fiesta dentro de un departamento, celebrada un mes y medio antes del crimen.

La nota que acompaña a las imágenes filtradas asegura que con ello se comprueba que Torres Tranquilino conocía y convivía con quien después sería una de las víctimas del multihomicidio en la colonia Narvarte.

En su declaración, Daniel Pacheco Gutiérrez, el primer detenido, señaló a Abraham como el “viene-viene” que lo invitó al departamento a visitar a Milena y quien le entregó una mochila negra que sacó del lugar, sin saber su contenido.

Torres Tranqulino aceptó ante el ministerio público que llevó a Daniel y a “Omar” (el único prófugo) al departamento el día de los hechos y que la pistola con que les dispararon a las cinco víctimas es de su propiedad. Sin embargo, dijo que él no disparó.

Además, el inculpado señaló a los dos implicados como integrantes del cártel de Los Zetas. Explicó que los llevó al departamento porque querían robar un cargamento de cocaína que, presuntamente, la víctima de nacionalidad colombiana recogió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La juez informó este lunes que el expolicía enfrentará juicio ordinario. Sin embargo, José Luis Razo, defensor de oficio del inculpado, dijo que apelará ante magistrados la decisión, debido a las inconsistencias que encontró en la averiguación previa que integró la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

En su edición de esta semana, la revista Proceso (2027) publicó que alrededor de las 13:15 horas de aquel viernes 31 de julio, Abraham, Daniel y “Omar” se reunieron en los alrededores de la Heroica Escuela Naval Militar, en la delegación Coyocán.

De acuerdo con un seguimiento hecho por las cámaras de la SSP-DF, desde ese punto de la ciudad y a bordo de una camioneta Suburban oscura, los presuntos homicidas se dirigieron hasta el inmueble donde más tarde sería descubierto el crimen.

El vehículo mencionado pertenece a Daniel, según la declaración ministerial de Torres Tranquilino. En la unidad, agregó, el supuesto pulidor de autos solía guardar fusiles de asalto AK-47, mejor conocidos como “cuernos de chivo” pues, según su dicho, éste y “Omar” eran miembros de Los Zetas.

“Aunque en los videos no se alcanza a distinguir con claridad, la camioneta fue seguida ‘todo el tiempo’ por otro auto, un Stratus, en el que viajaban dos ‘amigos’ de ‘Omar’” y que sirvió de “muro” antes, durante y después del multihomicidio, para la huida de los presuntos asesinos.


La de este lunes fue la segunda vez que Torres Tranquilino recibió auto de formal prisión. La primera fue en 2011, cuando fue acusado de tortura y ejercicio indebido del servicio público en el contexto de una detención en el barrio de Tepito. El juez encargado lo sentenció a cuatro años y ocho meses de prisión, pero el 29 de octubre de 2012 obtuvo libertad condicional.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fundación ligada a Coca Cola quiere controlar agua en Ocotepec, Puebla

PUEBLA, Pue: Habitantes del municipio de Ocotepec solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para evitar que la organización religiosa de Estados Unidos Living Water, ligada a la Coca Cola y a la empresa Chevron, tome el control del agua de esa comunidad.

Vecinos de esa comunidad, ubicada en el centro de la entidad, conformaron ayer domingo el Comité de Defensa del Agua y los Recursos Naturales de Ocotepec y, en sus primeras acciones, acudieron este día a las oficinas de la Profepa y de la CEDH para entregar escritos en los que manifiestan su oposición al proyecto “privatizador” de agua de esa zona.

Según el ayuntamiento de Ocotepec, la participación de la organización estadunidense Living Water se limita a otorgar “de manera altruista” la tubería y los materiales para construir un depósito de 150 mil litros de capacidad a fin de rediseñar el sistema hidráulico de ese municipio.

Sin embargo, los habitantes de esa comunidad consideran que estas obras son un paso para entregar el control del agua de la región a Living Water, la cual tiene su sede en Standford, Texas, y fue creada por Harry Westmoreland, empresario ligado a la industria petrolera de Estados Unidos.

Los opositores al proyecto consideran que la intervención de la organización estadunidense tiene que ver con los múltiples proyectos mineros e hidroeléctricos que se tienen previstos para esa zona y para la sierra nororiental de Puebla.

Además, la organización de corte religioso, cuyo lema es “Dar un vaso de agua en el nombre de Jesús”, recibe donaciones de empresas como Femsa, propietaria de la Coca Cola, y de la petrolera Chevron.

Oswaldo Villegas Martínez, presidente del Comité de Defensa del Agua, pidió a las autoridades intervenir para evitar una confrontación social, ya que este proyecto ha despertado el rechazo generalizado de los habitantes de Ocotepec, que ayer abarrotaron el auditorio ejidal para organizar la resistencia.

Los pobladores acordaron recurrir a amparos y denuncias en distintas dependencias estatales y federales para exigir la salida de la organización de esa comunidad, por considerar un riesgo que uno de los recursos más importantes para la vida sea manejado por extranjeros.

También señalaron que en una parte del convenio firmado con Living Water el ayuntamiento accede a que la fundación cristiana tenga acceso a escuelas, espacios públicos, centros de salud y otras instalaciones del municipio.


En la reunión que sostuvieron este domingo, los habitantes advirtieron a las autoridades municipales de que si realmente existe la necesidad de llevar a cabo ese rediseño de la red hidráulica, se realice con recursos públicos y no con dinero de organizaciones cuyos intereses reales se desconocen.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

El ajedrez de Peña Nieto

El cambio de gabinete de Enrique Peña Nieto fue solo maquillaje, un juego de sillas con intercambio de personas. La popularidad del Presidente de la República cae en picada y las simulaciones de supuesto cambio, no ayudan a remontar su imagen.

Y es que el cambio fue para no cambiar nada. Al menos, nada positivo porque los diez cambios al interior de su gabinete consistieron en un intercambio de sillas.

Por ejemplo: ¿Qué capacidad puede tener Aurelio Nuño, ex jefe de la oficina de la Presidencia para convertirse en Secretario de Educación en sustitución de Emilio Chuayffet? Ninguna. Su mérito es ser amigo, amiguísimo del señor Peña Nieto y nada más.

Con este movimiento “estratégico”, el difícil panorama magisterial que vive México empeorará. Nuño no tiene ni la sensibilidad ni la preparación para enfrentar las luchas legítimas de los maestros, mucho menos, para mejorar la terrible condición de la educación en las escuelas públicas mexicanas.

Su nombramiento es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, pero particularmente es una afrenta para los maestros. De entrada la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) adscrita a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ya rechazó de manera contundente su llegada a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Qué méritos tiene Nuño para dirigir la SEP? Haber sido Coordinador de Asesores del Diputado Luis Videgaray Caso en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, LXI legislatura y coordinador de Difusión y Mercadotecnia de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Para el magisterio disidente y catalizador de la fuerza sindical de los maestros, Nuño es simplemente un personaje “especializado en engaños mercadológicos que no garantizan la mejora en la educación”.

Difícil tarea tiene a su cargo un hombre que como Nuño no conoce la extrema pobreza en la que se encuentra la mitad de la población: “Ningún funcionario que jamás en su vida haya pisado tierras con precariedades y sólo se base en estadísticas de escritorio, será garante de la mejora educativa de nuestro país”, dice un documento emitido por la CNTE. ¿Qué hará un hombre como Nuño para llevar a buen término una reforma educativa que nació maldita? ¿Qué idea del magisterio puede tener un chico que en su vida ha conocido las entrañas de un sindicato? ¿Que capacidad puede tener un secretario de la Presidencia en una Secretaría en crisis permanente? Nuño no tiene cara de bombero, así que es casi imposible que apagué el fuego que arde en la SEP.

A este error garrafal, se unen muchos otros. En realidad, los diez cambios no fueron más que movimientos sin estrategia alguna. Todo indica que Peña Nieto ha convertido a su gabinete en una especie de ajedrez. El problema es que tal parece que no sabe jugar.

Las piezas del ajedrez que él va movimiento en su gabinete no concuerdan. No embonan unas con otras. Algunos peones no tienen nada que ver en la casilla donde fueron colocados. Como bien se sabe, en el ajedrez, cada pieza tiene su propia y exclusiva manera de moverse. El peón, la torre, el caballo, el alfil, la reina y el rey tienen una función, algo que Enrique Peña Nieto parece haber olvidado.

Un rey jamás será un buen peón, ni mucho menos un alfil o una reina. Peña Nieto prefiere ignorar que excepto el caballo, puede saltar sobre las demás piezas. Su intercambio de piezas en el gabinete ha resultado ser todo un fiasco, una jugada fallida con siete Secretarías con nuevos titulares que carecen de conocimientos sobre sus nuevas responsabilidad.

Y para muestra basta un botón. ¿Qué puede saber de agricultura la señora Rosario Robles? Seguramente lo mismo que de astronomía o sismología. ¿Cómo es posible que la secretaria de Desarrollo Social y cuyo trabajo deja mucho que desear, sea trasladada a una secretaría de la cuál solo conoce su nombre: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La pregunta es obligada: ¿Existe algún indicador en el curriculum de la señora Robles que nos asegure que domina la materia agraria, territorial y urbana? No, rotundamente no. Su historia además de estar condicionada por la traición a su grupo político, no incluye la agricultura para nada. ¿Qué podemos esperar de ella en esta secretaría? Nada. ¿Será capaz de cambiar la devastación y el abandono del campo mexicano? Por supuesto que no. ¿Ofrecerá beneficios a los campesinos? Obviamente ni siquiera sabe lo que significa el trabajo en el campo, mucho menos, ser campesino en México.

El gabinete de los amigos del presidente es francamente muy cuestionable. ¿Qué podemos esperar de Claudia Ruiz Massieu Salinas como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Lo mismo que hizo en la Secretaría de Turismo. Nada. Antes fue su titular Jose Antonio Meade Kuribeña, pero ahora este hombre cuyo desempeño fue tan mediocre, sustituirá a Rosario Robles Berlanga. ¿Qué puede saber el señor Meade sobre el hambre y los 50 millones de pobres de México? Pues seguramente se informará en la prensa para conocer el estado de la miseria en nuestro país. Pero ¿de qué méritos goza para ser secretario de la Sedesol? Ser amigo del presidente y nada mas.

Otro de los disparates del maquillaje al gabinetazo lo representa la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a cargo de Renato Sales Heredia, un hombre sin conocimiento sobre el tema, igual que José Calzada Rivorosa, que sin pena pidió licencia para dejar el cargo de gobernador de Querétaro, al más puro estilo chapulín y así convertirse en el titular de la Segarpa.


Las piezas del ajedrez de Enrique Peña Nieto demuestran que el presidente no ha hecho un buen juego. Al inquilino de los Pinos se le olvidó que el juego termina en el movimiento anterior a la captura del rey. Los desplazamientos sin fundamento de sus secretarios son la acción de una enorme torpeza. Al final, Peña Nieto, se merece un “jaque mate” de los ciudadanos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.

Guerrero informó a PGR del 5to autobús: Fiscal; abogados y ONGs: citen a Murillo Karam

Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y abogados penalistas mexicanos recomendaron este lunes, luego del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), iniciar de cero la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, y llamar a cuentas al ex Procurador Jesús Murillo Karam, después del fiasco de su “verdad histórica”.

Al mismo tiempo, esta noche, el Fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, confirmó la existencia de un quinto autobús, como lo dijo el informe de los Expertos Independientes, y reveló además que Murillo karam fue informado al respecto.

“Sí tuvimos conocimiento, participamos dentro de la investigación, hay un expediente el cual se mandó a México”, dijo Godínez Muñoz.

En breve entrevista con los medios de comunicación, el Fiscal guerrerense se negó a abundar sobre las indagatorias “porque es un caso delicado”.

“Estoy por reunirme con la procuradora General de la República, todavía no hay fecha para ver la estrategia a seguir en el tema, es lo único que te podría decir por que ellos son los que llevan la investigación”, agregó.

Por otra parte, los abogados que conforman el Instituto de Justicia Procesal Penal en México destacaron que en la reacción de la Procuraduría General de la República (PGR), “en un comunicado parco” de la Procuradora Arely Gómez y la posterior defensa de la investigación del subprocurador Tomás Zerón, ven “la predecible falta de compromiso institucional con la verdad”.


Hace ya muchos años, plantearon en un comunicado oficial, que diferentes organizaciones de sociedad civil, académicos y actores del sistema de justicia reclaman investigaciones profesionales y científicas.

“Sabemos que la fabricación de casos es común y que la debilidad de la persecución penal es constantemente subsidiada por dicho sistema. Son innumerables los casos fundados en ‘confesiones’ o testigos únicos, mientras que las víctimas siguen esperando la respuesta de las autoridades”.

También refirieron que, año con año, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) confirma la falta de confianza en la policía y el sistema de justicia.

“Los legisladores presumen leyes punitivistas que elevan las penas de los delitos y otros funcionarios públicos hacen alarde de prisiones de alta seguridad para los ‘más peligrosos’. Nada de esto ha resultado en un país más seguro ni menos impune”, expusieron.

Datos de la más reciente ENVIPE, publicados el 2 de septiembre pasado, muestran que entre los motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar están circunstancias directamente atribuibles a la autoridad, como considerar la denuncia como una pérdida de tiempo y la desconfianza que los ciudadanos tienen en los funcionarios encargados de la impartición de justicia, con 65.6 por ciento.

Por ello, el Instituto de Justicia Procesal Penal demandó públicamente que las instituciones de justicia federal “reconozcan la debilidad de la investigación realizada por la PGR; tomen en cuenta el Informe en cuestión para determinar nuevas líneas de investigación, y deslinden responsabilidades de las autoridades que hayan intervenido en la definición de la versión oficial. Todo lo anterior con el más alto respeto por el debido proceso de las personas imputadas y los derechos de las víctimas”.

Además exigió “verdad, justicia y reparación”, pues expuso:

“Todas y todos somos víctimas cuando las instituciones de los sistemas de justicia y seguridad contribuyen a la impunidad”.

La abogada Jazmín Sánchez Estrada, del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que el ex Procurador Jesús Murillo Karam y todo su equipo que participó en la integración del expediente de los 43 normalistas, puede ser investigado de oficio, sin necesidad de una denuncia.


El ex Procurador está sujeto a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y debe responder por la “verdad histórica”.

“Puede ser investigado por cualquier tipo de evidencia, no sólo la del quinto autobús que no está en el expediente, sino toda la que haya sido modificada, desaparecida y alterada es objeto de responsabilidad del funcionarios que haya sido responsable de recabarla”, dijo.

Desde los peritos de la Procuraduría General de la República que sostuvieron la versión de la incineración de 43 cuerpos en el basurero de Cocula, Guerrero, hasta Murillo Karam pueden responder por el caso, afirmó.

La pena de encontrarse culpables de algún delito puede ser desde la separación del cargo, que en el caso de Murillo Karam ya no aplica, hasta las inhabilitación por una cantidad determinada de años para ser servidor público, explicó.


“El ex Procurador debió tener la sensibilidad de que era un tema muy delicado, que no podía basar su dicho en declaraciones de los detenidos. Debió primero realizar una serie de peritajes para avalarlo. La PGR queda muy mal, porque el tema no sólo puede ser de corrupción, sino la forma inadecuada en que se hacen las investigaciones, de una manera express”, planteó la abogada.

“Hoy la PGR tiene dos vías para enfrentar la mala investigación del caso: por un lado empezar de cero y asear el desaseo que dejó Karam y fincar responsabilidades al ex Procurador y colaboradores”, afirmó.

En tanto, Gabriel Regino, profesor de Criminología y Sistema Acusatorio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos devela que es altamente cuestionable el nivel de investigación criminal en México.

El abogado penalista afirmó que el impacto más inmediato de las recomendaciones del GIEI es político y mediático, ya que refuerza la falta de credibilidad en la investigación oficial sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes normalistas el pasado 26 y 27 de septiembre del año pasado.

Ante esta realidad, la Procuradora Arely Gómez ordenó que se realizara un tercer peritaje para analizar si son fundadas las contradicciones entre lo descubierto por los expertos internacionales y lo informado por el ex procurador Jesús Murillo Karam en enero de este año, cuando anunció la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, el abogado penalista consideró que aunque el resultado del tercer peritaje confirme lo que hoy sólo son sospechas de la sociedad civil, será difícil que fincar responsabilidades a algún servidor o ex servidor público debido a que las recomendaciones del GIEI no tienen efectos jurídicos en los procesos penales que se encuentran en trámite y que la posición de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) persiste en que los 43 estudiantes sí fueron incinerados.

“Es muy probable que de ese tercer peritaje podamos empezar a obtener conclusiones si nos mintieron o no nos mintieron. Pero ese tercer peritaje solamente tendrá una vinculación ética hacia la PGR y no una fuerza de prueba porque no estará siendo desahogado ante los jueces que ya llevan los procesos”, explicó Gabriel Regino.


Cuestionado específicamente sobre la posibilidad de que el ex Procurador Murillo Karam rinda cuentas por la posibilidad de haber anunciado la conclusión de una investigación basado en hechos que no ocurrieron, el penalista explicó que el tema de las responsabilidades van a fundamentarse, sólo si se comprueba que la información que Murillo Karam recibió era notoriamente contradictoria y que a pesar de ello las dio como validas.

“Estaríamos frente al delito de ejercicio indebido de ejercicio público, lo que le llevaría a la PGR a retirar los procesos penales que tiene en curso e iniciar una investigación penal contra Murillo Karam y aquellos que crearon esta verdad y a reconducir una investigación sobre que sucedió en estos hechos”.

Sin embargo, el especialista consideró poco probable que se puedan fincar responsabilidades al ex procurador, de quien se dice podría en poco tiempo formar  parte del cuerpo diplomático de México como embajador en algún país europeo.

“Es difícil que el ex Procurador alcance una responsabilidad porque él es mero titular del Ministerio Público, pero no es el Ministerio Público que investigó ni mucho menos el que consignó. Su responsabilidad quedaría limitada al aspecto político y mediático”, afirmó.

El académico de la UNAM consideró que lo deseable es que un tercer organismo imparcial determine si hay o no contradicciones entre la investigación de la PGR y las observaciones del GIEI, “porque al final del día, la PGR –que pertenece al Ejecutivo federal–, es la única autoridad la que podrá definir si lo que está diciendo la investigación de expertos tiene o no tiene validez”.

Agregó que para poder concluir que la PGR falseó la conducción de la investigación, sería preciso que hubiese una determinación judicial que así lo confirmara.

No obstante, hasta ahora, todos los jueces que han recibido consignaciones por el caso Ayotzinapa han validado la teoría de la PGR. “No hay todavía una sentencia firme de un tribunal mexicano que diga ‘todo esto fue mentira’”.

Sin embargo, sostuvo que sí existe la percepción en la opinión pública de que se ha mentido o por lo menos de que se desvío la investigación con el ánimo de limitarla a una sola línea de investigación debido a la presión mediática, la urgencia política y el panorama internacional.


El abogado penalista Gabriel Regino consideró que podría haber una trampa en la orden de realizar un nuevo peritaje sobre los hechos ocurrido en Iguala, Guerrero.

“Es decir puede haber los peritajes que usted quiera, pero mientras no se reproduzcan ante los jueces, los jueces no tienen por qué siquiera voltear a mirarlos”, destacó.

Por su parte, el abogado José Antonio Ortega dijo que los integrantes del GIEI que participaron revisando la investigación de la PGR sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa pueden también presentar una denuncia ante el mismo Ministerio Público de la Federación por las irregularidades que hayan encontrado.

“Ellos están para hacer una investigación, tienen las más altas facultades para ser coadyuvantes, tienen inmunidad, porque hay ampliación del acuerdo con el que trabajan, si consideran que hay omisión grave, que presenten la acusación, tienen inmunidad política, y en ese contexto político pueden proceder, no pueden interrogar a los soldados, porque no son autoridad, y tienen en todo caso que motivar para que sea el Ministerio Público el que haga las diligencias que ellos creen que faltaron”, indicó.

En entrevista, el también director del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal cuestionó el resultado del informe debido, dijo, a que muestra “determinación para que la investigación siga una determinada dirección, independientemente de los hechos verdaderos”.

Sobre la afirmación de que no hubo incineración masiva de los normalistas en el basurero de Cocula, y que fue una de las principales conclusiones de los expertos extranjeros que contradijo la versión de la PGR, Ortega comentó los años de la violencia mostraron que, en diversas regiones del país, los criminales han usado diferentes métodos para calcinar cuerpos.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde mi punto de vista, no es un organismo imparcial, íntegro y justo, interesado en la protección de los Derechos Humanos y en alcanzar la verdad”, agregó.

Para Gilberto Santa Rita Tamés, investigador y académico de la Universidad Iberoamericana, cuando surge un hecho como el de Ayotzinapa y una reacción como la que tuvieron los tres órdenes de gobierno, lo natural es que la ciudadanía busque a responsables, no en un sentido moral sino penal. Sin embargo, en el caso del ex Procurador Jesús Murillo Karam no puede haber una imputación criminal porque finalmente la PGR tomó la investigación cuando ésta ya había sido iniciada en Guerrero.

“Las primeras diligencias, que son las más delicadas en una averiguación previa o investigación ministerial son las más importantes porque son las más vinculadas a la inmediatez y a las pruebas más puras, que van a dar inicio a una averiguación y una posible consignación y después ya poner las pruebas ante un Juez”, detalló el abogado.


Es decir que, ante un escenario donde la Procuraduría General de la República aceptara que hubo ocultamiento de hechos o mintió sobre el basurero de Cocula, Murillo Karam no podrá ser castigado penalmente a menos que se demuestre que el ex Procurador dio la orden o participó directamente en la alteración de la investigación. Si acaso, explicó el experto, podría recibir un castigo administrativo.

“Sólo podríamos ver a Murillo Karam en prisión si se demostrase que alteró con dolo o imprudencia la escena de los hechos, ahí sí surgiría una averiguación previa al proceso principal”, explicó Santa Rita Tamés, quien agregó que la propia Fiscalía local o autoridades federales –dependiendo del momento: antes o después que la PGR atrajera el caso– tendrían que determinar que hubo irregularidades.

Además, dijo, si se determina que hubo irregularidades en funcionarios de la PGR, antes que haya castigo penal a Jesús Murillo Karam se procederá contra sobprocuradores, fiscales, secretarios, peritos, agentes, policías, que son quienes integran la averiguación.

El jurista adelantó que si se descubren anomalías en la investigación de Ayotzinapa, antes que penales habrá castigo político debido al perfil del entonces Procurador Jesús Murillo Karam.


WOLA, PREOCUPADA POR MENTIRAS DEL GOBIERNO

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) mostró su preocupación porque la respuesta del Gobierno mexicano “no reconoce los graves errores” cometidos en la investigación inicial, luego de que el Nuevo Informe de los Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la versión oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa es incorrecta y no tiene evidencia científica.

“El informe de los Expertos deja claro que el Gobierno trató de vender a las familias, a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional una versión de los hechos que, lejos de ser la verdad, no tiene evidencia científica […] El gobierno prefirió la conveniencia sobre la veracidad y tomó varias medidas, incluyendo posiblemente el uso de tortura, para respaldar su versión de los hechos”, sostuvo este lunes en un comunicado Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México de WOLA, organización que promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia social por medio del trabajo conjunto con contrapartes locales en Latinoamérica y el Caribe.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), integrado por cinco representantes de la CIDH, aportó ayer al menos dos nuevas líneas de investigación que echan a la basura “la verdad histórica” oficial sobre la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Hay un camión desaparecido que podría ser clave para conocer el destino de los normalistas, no existe evidencia de que los jóvenes fueron quemados en un basurero del municipio de Cocula, como lo afirmó el 27 de enero de 2015, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien mostró extractos de peritajes con los que armó su verdad histórica.

En este sentido, WOLA dijo estar “profundamente preocupada por la gravedad de los errores en la investigación hecha por el gobierno y apoya el llamado del GIEI para que el Gobierno mexicano siga nuevas líneas de investigación para esclarecer lo que sucedió con los estudiantes y ofrecer verdad y justicia a sus familias”.

En un comunicado difundido hoy, la organización internacional detalla que la Procuradora General, Arely Gómez González, quien reemplazó al ex Procurador Jesús Murillo Karam, poco después de que se diera a conocer el Informe el día de ayer, afirmó que su oficina analizara todos los aspectos del informe para determina si incorporarlos en la investigación, sin embargo, criticó, “se abstuvo de hacer declaraciones sobre los graves errores del gobierno en la investigación”.

“En lugar de hacer nuevos peritajes para demostrar una teoría que ya ha sido descartada, el Gobierno mexicano debe trabajar para reestructurar la investigación y llevar a cabo todas las líneas propuestas de investigación”, sostuvo Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa México en WOLA.

Además la organización insta al Gobierno de México a que se cree un nuevo equipo dentro de la PGR para que se haga cargo de la investigación ante los “múltiples errores de los peritos del Gobierno”.

“Teniendo en cuenta los múltiples errores de los peritos del Gobierno, se debe crear un nuevo equipo dentro de la Procuraduría General de la República para estar a cargo de esta siguiente etapa de la investigación”, agregó Meyer.

El documento destaca que el informe del GIEI también muestra que varias áreas de investigación permanecen sin explorar. En particular, los Expertos sugieren que la extrema violencia que se utilizó en contra de los estudiantes puede estar relacionada con el hecho de que autobuses en Iguala son regularmente utilizados por grupos del crimen organizado para transportar heroína.

El informe deja en claro, agrega la organización, que las fuerzas de seguridad estatales y federales sabían que los estudiantes estaban siendo perseguidos y atacados por la Policía Municipal pero no hicieron nada para ayudarlos.

“Las familias de las víctimas tienen derecho a saber la verdad sobre lo que pasó –cuándo, dónde, y por qué–. El informe de los Expertos es una base fundamental para seguir adelante con la investigación”, finaliza Meyer.

Finalmente, WOLA celebra que el Gobierno mexicano haya aceptado la solicitud de prórroga del mandato del GIEI.


“Esperamos que su trabajo, en colaboración con la PGR, lleve a las familias y estudiantes de Ayotzinapa, la sociedad mexicana y la comunidad internacional un paso más cerca de saber la verdad sobre este grave caso y de llevar a los responsables ante la justicia”, agrega.

AI Y HRW EXIGEN AL GOBIERNO ATENDER “DEFICIENCIAS”

Ayer, las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) exigieron al Gobierno de México llevar a la justicia a los responsables de las fallas en las investigaciones y abordar de manera “inmediata” las deficiencias descubiertas en la investigación del Grupo de Expertos de la CIDH de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La organización Amnistía Internacional consideró que los resultados del informe del GIEI dejaron al descubierto la “absoluta incompetencia y la falta de voluntad del Gobierno federal para encontrar y castigar a los responsables”.

“La revelación del grupo de expertos sobre la incongruencia de la teoría que los normalistas fueron incinerados en un basurero resalta la necesidad de reencaminar las investigaciones de manera urgente,” dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En un comunicado, la organización destacó que México vive una de sus peores crisis de derechos humanos de las últimas décadas. “El catálogo de fallas en la búsqueda e investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas que ha denunciado el grupo de expertos es una enorme mancha en la reputación del gobierno mexicano, que sólo podrá comenzar a resarcirse si se encuentran a los responsables”, expuso.

En tanto, Human Rights Watch (HRW) urgió a México que aborde “inmediatamente” las deficiencias descubiertas en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero el 26 de septiembre de 2014 y analice las denuncias de abusos y obstrucción de la justicia planteadas por expertos internacionales.

“A pesar de que el mundo tenía los ojos puestos en México, y de los enormes recursos asignados, las autoridades demostraron ser incapaces o no estar dispuestas a llevar a cabo una investigación seria”, lamentó en un comunicado el director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco.

“Este informe contiene una evaluación extremadamente crítica sobre la actuación de México ante la atrocidad de derechos humanos más grave de los últimos tiempos”, señaló hoy Vivanco.

HRW sostuvo que México debe abordar inmediatamente las fallas en su investigación y la PGR debería investigar las denuncias de graves abusos y obstrucción de la Justicia planteadas por los expertos internacionales.

Consideró que la investigación oficial estuvo además marcada por el manejo irregular, la pérdida y la posible destrucción de pruebas clave.

“Sin este informe, la magnitud de las fallas en la investigación probablemente nunca hubieran salido a la luz, y el caso de los 43 estudiantes se habría cerrado”, indicó Vivanco.


“El mandato del grupo de expertos debería ahora ser renovado, para que pueda monitorear las investigaciones que se lleven a cabo sobre este y otros casos de derechos humanos. Claramente, las instituciones judiciales del país necesitan de escrutinio externo para evitar que se repita este desempeño lamentable”, añadió.

CON PETICIÓN EXIGEN SE INVESTIGUE A MURILLO KARAM

La organización Resonar lanzó hoy una petición en la plataforma Change.org dirigida al Presidente Enrique Nieto, en la que se le exige abra una investigación al ex Procurador General Jesús Murillo Karam, así como a todos los servidores públicos implicados, “por sus mentiras sobre Ayotzinapa”.

“‘Creyeron que nos podrían engañar pero no pudieron. Hoy la verdad histórica se convirtió en una mentira histórica’. Las familias de los 43 estudiantes sabían que les habían intentado engañar, pero no pudieron”, se lee al inicio de la petición.


En el documento se detalla que las conclusiones presentadas por el Grupo de Expertos de la CIDH fueron claras:

El incendio en Cocula: imposible
Los testimonios: contradictorios
Autoridades implicadas: los 3 niveles
Pruebas: Perdidas o destruidas
¿Y el paradero de los 43? Desconocido

“Adiós a su verdad histórica, que de histórica sólo tiene la mentira. Y el ex Procurador Karam, quien presentó esta mentira, cuenta los días para su nombramiento como Embajador. ¿Y el resto de servidores públicos implicados en este fraude a las familias, a los estudiantes y a todo México? Todavía cobrando sueldos públicos y participando en investigaciones”, recrimina la organización.

Finalmente destaca que lo anterior “no puede quedar así”.


“Murillo Karam y los funcionarios implicados deben rendir cuentas de por qué se ocultó información, por qué intentaron engañar a las familias y a todo México. La justicia verdadera para las víctimas y sus familias necesita también que los responsables del engaño rindan cuentas”, finaliza la petición.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: Shaila Rosagel, Sandra Rodríguez, David Martínez y Sergio Rincón
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-09-2015/1477915

Promueve PRD juicio político contra Murillo Karam

MÉXICO, D.F: La Cámara de Diputados creará una segunda comisión Ayotzinapa, anunció el coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Al tiempo que el PAN advirtió que, de comprobarse los señalamientos de los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “los responsables tendrán que responder por ello”, el PRD anunció la presentación de un juicio político contra Jesús Murillo Karam por haber destruido pruebas y distorsionar los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El priista Camacho Quiroz destacó que, a diferencia de la pasada legislatura que creó por vez primera dicha instancia de investigación, ésta no partirá de cero, pues dará seguimiento al informe que dio el grupo de trabajo de la CIDH, mismo que echó por la borda la “versión histórica” formulada por el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

La Jucopo, en donde están representados todos los partidos políticos, elaborará una propuesta de conformación para que sea votada la nueva comisión Ayotzinapa. En tanto ello sucede, en la sesión de este martes 8 se abordará el tema en la llamada “agenda política”.

Camacho Quiroz evitó fijar una posición respecto del reporte emitido sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y quienes, según Peña Nieto y Murillo Karam, fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, posición que fue descalificada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Incluso dijo que fue el propio PRI quien presentó la propuesta de crear la segunda comisión luego de que en la reunión de la Jucopo de hoy todos los partidos presentaron puntos de acuerdo sobre el tema. “Se decidió, a través de Jorge Carlos Ramírez Marín, conformar una comisión de investigación”, acotó.

“Es un informe, sin agregar juicios de valor ni adjetivos. Es un informe. El presidente Enrique Peña Nieto ha instruido a sus colaboradores, compañeros que trabajan en la Secretaría de Gobernación, en Relaciones Exteriores y en la PGR, a que se hagan cargo del contenido del informe a efecto de darle la atención y canalización correspondiente. Es un asunto que está en curso y es muy temprano para adelantar vísperas”, comentó el priista cuando se le preguntó si no consideraban el reporte un golpe al gobierno de Peña Nieto.

Aclaró también que no fue una propuesta del PAN, “lo que ocurrió es que tratándose del mismo tema, construimos la opción de crear una comisión especial cuyos términos precisos fueron propuestos por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, sin que nadie deba adjudicarse la propuesta de creación”.

El coordinador de los panistas, Marko Cortés, advirtió que ante el derrumbe de la “verdad histórica” que presentó Murillo Karam sobre los hechos “hay dos posibilidades: una gran falta de capacidad de las autoridades, o complicidad y ocultamiento de información en este tema”.

También dijo que México debe saber la verdad y precisó que esta comisión especial deberá ser coadyuvante para que todas las instancias en el país realicen bien su trabajo. Lo que no aclaró fue por qué durante la pasada administración, cuando su partido tuvo la presidencia de la misma comisión, a través de Guillermo Anaya, no se mostraron críticos ante las autoridades ni pudieron exigir un papel real de “coadyuvantes”, pues siempre fueron ignorados por las autoridades.

Lo que sí anunció es que su grupo propondrá que el 26 de septiembre sea declarado como Día Nacional contra la Desaparición Forzada, en memoria de los normalistas de Ayotzinapa.

Juicio político a Murillo Karam

El coordinador de los perredistas, Francisco Nery Martínez, anunció que promoverán la realización de un juicio político contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, “por haber falseado la investigación”.

El informe del GIEI, añadió, muestra que la “verdad histórica” de Murillo fue un engaño.

“Lo que está ocurriendo es gravísimo. Significa que el país está al revés, porque en vez de que la autoridad correspondiente procure justicia, observamos que la PGR distorsionó los hechos, destruyó pruebas y, sobre todo, que es científicamente imposible sostener que los estudiantes hayan sido calcinados en el basurero”, reclamó.

“No es suficiente que el gobierno diga que habrá un nuevo peritaje, pues aunque éste es indispensable, también es insuficiente. Lo que está en discusión es que el gobierno mintió a los familiares de las víctimas y a la sociedad, porque los hechos no ocurrieron como lo afirman las autoridades”, acusó el líder perredista.

Comisión sin resultados

En la 62 Legislatura, la comisión especial de Ayotzinapa la encabezó el panista Guillermo Anaya y participaron por MC, Ricardo Mejía; por PT Lilia Aguilar; del PRD Lisbeth Rosas, y por el PRI, Manuel Añorve.

La comisión entregó un “pre-informe” y no aportó nada nuevo al caso.

En la sesión de este martes, antes de discutir en la agenda política el tema de Ayotzinapa, los diputados -dos por cada partido- intervendrán en la revisión de la glosa del informe presidencial entregado el 1 de septiembre por Peña Nieto, y será la política interior y la exterior lo primero que se analizará, para el jueves próximo abordar la política social y la económica.

También este martes 8 el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, entregará a las 5 de la tarde -en el salón C de Protocolo- el proyecto del paquete económico para el 2016.


Debido a que aún no se conforman las nuevas comisiones legislativas (entre ellas la de presupuesto y la de hacienda) un grupo de trabajo empezará el análisis del paquete económico para el próximo año.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.