MÉXICO, D.F: La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso que “tocó la conciencia del mundo”, podría ayudar a transformar la lucha contra la impunidad en México.
Así lo señaló Carlos Beristain, uno de los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que participó en la elaboración del informe sobre los hechos ocurridos en septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, y que puso sobre la mesa un “elemento clave” que no ha sido considerado por la Procuraduría General de la República (PGR): un quinto autobús que pudo transportar droga al momento del ataque.
Luego de señalar que en el estudio se concluyó que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula –punto que el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, presentó como “la verdad histórica”–, el especialista destacó que las autoridades deben replantear la investigación del caso.
En entrevista para Aristegui CNN, Beristain precisó que el documento “plantea herramientas que pueden ayudar a restablecer la confianza con las víctimas y la sociedad”. Lo importante, agregó, es cómo se replantean las cosas, no tanto el análisis. “Hay numerosas propuestas y recomendaciones de qué es lo que hay que transformar“, apuntó.
Y subrayó: “El caso que tocó la conciencia del mundo puede convertirse en el caso que ayude a transformar y tener nuevas herramientas en México en la lucha contra la impunidad”.
De acuerdo con el experto, una parte de los descubrimientos que hicieron “se basa en información que ya estaba en el expediente de la PGR”, pero hay otra parte de diligencias que ellos mismo realizaron, como por ejemplo la toma de testimonios.
“Yo diría que en el expediente (de la PGR) había información que no había sido suficientemente procesada y que no se habían sacado las conclusiones del contraste de esas informaciones, eso es parte de lo que hemos tratado de hacer”.
Por otra parte, añadió, la investigación ha mostrado algunas hipótesis que hay que revaluar respecto del caso.
“El caso no parecía sustentado en una sola hipótesis, no solamente del destino de los normalistas, sino también es una especie de desconexión entre los hechos que sucedieron en la primera parte de la noche, porque los normalistas llegan a la ciudad, a las afueras, luego a la central de buses, salen, y la estructura de la acción orientada a no dejar salir los buses de Iguala y lo que sucedió después, el término del posible destino de los normalistas, y la historia sobre los miembros de Guerreros Unidos”, abundó.
El experto sostuvo que “había una desconexión de estas dos historias que nosotros hemos tratado de unir, porque una buena parte de lo que podemos entender de la segunda parte de la historia está contenida en esa primera parte como fenómeno de desaparición forzada”.
Sobre la quema de los cuerpos, comentó que lo que ellos evaluaron es si se había producido en el basurero de Cocula o no, “y eso es lo que muestra el peritaje de José Torero”.
Beristain reconoció que “aparecieron restos óseos, no cenizas propiamente, sino restos óseos, algunos de ellos calcinados y uno de ellos no calcinado, que fue el resto óseo de Alexander Mora con el cual se pudo identificar que pertenecía a este joven de los normalistas de Ayotzinapa”, pero de los demás restos no se han podido hacer pruebas de ADN, que es lo que ha sucedido con las muestras enviadas a Innsbruck.
En cuanto a los restos de Alexander Mora, apuntó que “ese muchacho fue asesinado y los restos fueron quemados, no hasta el punto de la calcinación. Otros restos tienen otro nivel de calcinación y lo que hay que averiguar es ese conjunto de restos. Hay que rebobinar hacia atrás. Nosotros no hicimos un análisis antropológico-forense, eso correspondía al equipo de peritos argentino o a la PGR, pero sí creemos que hay que rebobinar esa historia hacia atrás para poder saber qué ha pasado con los normalistas”.
Según el experto, lo negativo en este caso es “la consideración solamente de una hipótesis como elemento central de investigación, que lleva a veces a no evaluar otras pruebas que tienes al lado y que si las evalúas de una manera más objetiva, te pueden llevar a otros escenarios, y eso es lo que nosotros hemos planteado a la PGR con las sugerencias”.
Entre lo que debe revisarse de forma urgente, el especialista de la CIDH destacó “la investigación del quinto autobús, ya que puede generar una hipótesis consistente que no se ha tenido en cuenta en la investigación”, en referencia a que presuntamente dicha unidad transportaba droga.
“Ese bus no existía en el expediente, (hay) inconsistencias en declaraciones del chofer, otra es la diferencia entre el autobús que aparece en el registro videográfico de la central de buses de Iguala con el estudio fotográfico que se hizo del bus quinto que se nos presentó, inconsistencias, esa es una hipótesis que hay que considerar”, explicó.
Además, apuntó, “hay que determinar cuál es el lugar al que fue llevado otro chofer de uno de los buses, con una persona que aparentemente dirigía el operativo. Quién es esa persona, esta persona fue llevada allá por una patrulla de la policía estatal”.
Beristain sostuvo que “la investigación y la búsqueda (de los estudiantes) son dos procesos que van de la mano”, por lo que se debe robustecer la primera de ellas.
Otra de las expertas, Claudia Paz y Paz, destacó que el equipo de la CIDH examinó las declaraciones de los presuntos perpetradores que se encontraban en el expediente “y en realidad no hay una sola versión, hay cuatro versiones“.
Explicó: “Hay una versión que señala La Parota, otra versión que señala que los llevaron a la casa de seguridad, otra que señala que iban a atacar un car-wash Los Peques, y esta versión del basurero de Cocula, que se construye con las declaraciones de cinco presuntos responsables.
“Estas declaraciones tenían incongruencias con las otras versiones que se encontraban en el expediente y también entre sí. Algunos de estos cinco señalaban por ejemplo que habían recibido a los jóvenes en Loma del Coyote y los habían llevado directamente al basurero, otra que los habían llevado a una casa de seguridad, otra que los habían llevado a un lugar indeterminado, y por eso es que nosotros determinamos que era imprescindible un peritaje de fuego. Y el perito efectivamente lo que señala es que de acuerdo con el análisis del lugar, con el análisis de todos los peritajes que obran dentro del expediente, no es posible que se hubiera incinerado a los 43 estudiantes en este lugar”.
Paz y Paz coincidió con Beristain en que debe identificarse plenamente el “quinto autobús” y determinar cuál de las versiones brindadas por el chofer de este autobús es la que corresponde con la realidad, “porque como explicábamos en la presentación del informe, tenemos una versión del chofer que no coincide con la historia narrada por los estudiantes, ni con información del C4 (Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo), y otra declaración manuscrita que sí coincide con las declaraciones de los estudiantes”.
Insistió: “Una de nuestras recomendaciones es que se identifique el autobús, porque el que nos fue presentado tiene inconsistencias con el autobús que aparece en el video que recién vimos, y que se esclarezca si el piloto mintió, por qué dio dos declaraciones, etcétera”.
Paz y Paz refirió que el C4 de Iguala da cuenta de llamadas aún antes de que los estudiantes llegaran a Iguala, cuando ya eran monitoreados, y después de que llegan a la central, cuando se registran incidentes en las calles.
Les llamó la atención que “así como había intensidad de llamadas había momentos de silencio, hubo más o menos una hora de silencio”, pero sí está registrado el ataque a uno de los autobuses perteneciente a un equipo de futbol local.
“En un momento, Sedena tomó control de las comunicaciones”, reveló. Y después hay “periodos de silencio”.
Ayer, luego de que los expertos de la CIDH echaron por tierra la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Felipe de Jesús Muñoz, y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, aseguraron que la indagatoria se ha llevado con absoluta seriedad, por lo que descartaron de antemano que Murillo Karam haya falseado la información de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.
“Estamos seguros de lo que pasó, es un gran incendio”, dijo Zerón a Grupo Imagen Multimedia.
La hipótesis de la incineración de los estudiantes normalistas en el basurero de Cocula obra en declaraciones y está basada en testimonios y en recreaciones, destacó.
De su lado, Muñoz Vázquez resaltó que “dentro del informe (del GIEI) hay coincidencia en qué fue lo que ocurrió”, y subrayó que hasta ahora tienen “pruebas sólidas que acreditan la responsabilidad” de autoridades policíacas municipales y personas vinculadas al grupo delincuencial Guerreros Unidos.
“Es una investigación sólida, un expediente que se ha trabajado con seriedad, con peritajes serios”, insistió.
“Se llevan 43 corazones que ponemos en sus manos”
En la explanada de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, los padres de los normalistas desaparecidos recibieron esta mañana a los especialistas de la CIDH y les dieron las gracias por el informe elaborado sobre el ataque contra sus hijos en Iguala.
El contendido del informe es una muestra de que hay las condiciones dadas para que la investigación se rectifique. Eso permitiría recomponer el desempeño del órgano fiscalizador del gobierno federal, destacó Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas.
“La verdad es que no tenemos dinero para pagarles. Ustedes vinieron aquí sin percibir ningún salario, pero se llevan 43 corazones que ponemos en sus manos”, subrayó.
Luego de recibir con la banda de guerra del plantel escolar a tres de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, los familiares de los estudiantes desaparecidos hace casi un año, les colgaron collares elaborados con flores y los invitaron a desayunar.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
A seis años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal e integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) lograron un acuerdo: los trabajadores renunciaron a un pasivo laboral de 80 mil mdp a cambio de infraestructura que podrán explotar durante 30 años.
