La Estancia del Migrante González y Martínez señala que los guardias que custodian el ferrocarril "amenazan a los migrantes, los encañonan y hacen disparos al aire para amedrentarlos”. Una situación similar fue reportada el pasado mes de abril por otro albergue en Apizaco, estado de Tlaxcala.
Custodios privados del ferrocarril conocido como La Bestia agredieron a personas migrantes al paso del convoy por la comunidad de La Fuente, en el municipio queretano de Tequisquiapan. La denuncia fue realizada por la Estancia del Migrante González y Martínez, la cual señaló que tanto los migrantes como el personal que labora en el albergue han sido objeto en los últimos dos meses de amenazas y agresiones por parte del ‘Cuerpo de Guardias de Seguridad Valle de Toluca’; un cuerpo auxiliar de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México que vigila las instalaciones y convoyes de Ferromex. Martín Martínez, fundador de la Estancia, explicó en una entrevista con Animal Político que el último ataque de los custodios privados a los migrantes se produjo el pasado domingo 6 de septiembre en las cercanías de la comunidad de La Fuente, cuando los indocumentados caminaban cerca de las vías del tren. “Lo que sucedió el pasado domingo es sólo una agresión más”, puntualizó el activista, quien refirió que para impedir a los indocumentados subir al tren los agentes realizaron disparos contra ellos, aunque no se reportó ningún herido. “Estos elementos llegaron a Querétaro desde hace un par de meses. Su trabajo es vigilar el ferrocarril y bajar a las personas que quieran subir para migrar hacia el Norte. Pero lo que hemos visto es que hacen su trabajo de manera muy violenta. Amenazan a los migrantes, los encañonan y hacen disparos al aire para amedrentarlos”, apuntó Martínez. Asimismo, el activista denunció que los custodios, quienes “portan armas de grueso calibre y están equipados como si fueran policías antimotines”, también lo amenazaron de manera directa, cuando en el altercado del domingo le gritaron que lo tienen “ubicado”, por lo que responsabilizó de lo que pueda sucederle a los custodios que vigilan los vagones del tren. Ante esta denuncia de la Estancia del Migrante, Animal Político contactó a la oficina que el ‘Cuerpo de Guardias de Seguridad Valle de Toluca’ tiene en la Ciudad de México para conocer su versión de los hechos y su postura sobre los señalamientos. Sin embargo, al momento de publicar esta nota nadie de la corporación ha ofrecido respuesta alguna. Por su parte, Miguel Ángel Nava, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, confirmó que su oficina acompañará el caso para demandar a las autoridades queretanas que “brinden mayor seguridad y vigilancia” en las zonas por las que transita el tren entre los municipios de Tequisquiapan y Colón, “lugares donde se han dado más las agresiones contra migrantes”.
Por el momento, la Defensoría informó que el próximo viernes 18 de septiembre tendrá lugar una nueva reunión –la primera se llevó a cabo el pasado viernes- en la que participarán los directores de seguridad pública de Tequisquiapan y Colón, autoridades de la Procuraduría estatal, y también el jefe de inspectores y seguridad de la empresa Ferromex, en la que analizarán la problemática expuesta por la Estancia del Migrante González y Martínez.
Albergue en Apizaco también denuncia agresiones de custodios Cabe resaltar que señalamientos muy similares se dieron meses atrás en Apizaco, Tlaxcala. En el especial que Animal Político publicó el pasado 28 de abril –Programa Frontera Sur: Una cacería de migrantes-, activistas del albergue La Sagrada Familia dijeron que recibieron casos en los que los indocumentados denunciaron que custodios privados de Ferrosur –empresa que, junto con Ferromex, forma parte de Grupo México- los amenazaban con armas de grueso calibre, y que incluso los tiraban del ferrocarril en marcha. “A partir del 2015, comenzamos a ver en Apizaco la presencia de custodios que regulan que las personas migrantes no suban al tren. Y decimos que regulan el acceso porque en esta zona del albergue algunos custodios sí permiten a los migrantes subir en un tramo y más adelante los amenazan con armas de fuego para que se avienten del tren en marcha”, explicó Carla Juárez, voluntaria del albergue La Sagrada Familia. “La policía del tren está bien agresiva con nosotros. Si les dices que esperen un poco para bajarte, porque el tren viene muy duro, no les importa. Te tiran del ferrocarril en marcha”, denunció por su parte Robert, un migrante hondureño de la etnia garífuna.
Checa aquí el video ‘Migrantes denuncian que custodios los arrojan del tren’, que formó parte del especial Programa Frontera Sur: Una cacería de migrantes.
Los recursos públicos son ejercidos a través de un "órgano de apoyo", denominado Coordinación de Enlace Interinstitucional, el cual goza de "autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestal".
Según documentación fiscal emitida por la Secretaría de Hacienda del gobierno de Chiapas, el DIF estatal otorgó este año 44.5 millones de pesos a Leticia Coello –la mamá del gobernador Manuel Velasco Coello–, para repartir “ayudas” entre “grupos vulnerables”. Estos recursos públicos son ejercidos a través de un “órgano de apoyo” creado expresamente para atender las necesidades de la señora Coello, denominado Coordinación de Enlace Interinstitucional, el cual goza de “autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestal”, por lo que el uso de este dinero no pasa por la aprobación de la Junta de Gobierno del DIF estatal, máximo órgano directivo de la institución. Tal como consta en el informe denominado “Analítico calendarizado por clasificación administrativa. Presupuesto de Egresos 2015, Sistema Integral para la Familia del Estado de Chiapas”, a través de este “órgano de apoyo” al servicio de la mamá del gobernador chiapaneco, la señora Coello Garrido dispondrá este año con 14 millones 117 mil 594 pesos para repartir de propia mano “ayudas sociales a personas”, así como otros 24 millones 300 mil pesos para entregar “ayudas” a instituciones privadas. De esos 24 millones 300 mil pesos destinados a apoyar instituciones privadas, 98.7% son para la Fundación Teletón México, cuyos eventos de recaudación son producidos y apoyados por la empresa Televisa. Este presupuesto asignado al órgano de apoyo al servicio de Leticia Coello es ejercido de forma discrecional, ya que son recursos que no están adscritos a algún programa concreto del DIF chiapaneco y, por lo tanto, no existen reglas de operación definidas para el uso de este dinero. Se trata, pues, de fondos públicos cuyo destino es libremente decidido por la mamá del gobernador, y se ejecutan sin que existan sistemas para evaluar el impacto social que dicha inversión pública genera. Del presupuesto con que cuenta este órgano de apoyo a la señora Coello, además, se desprenden otros 3.9 millones de pesos que no son para “ayudas” a grupos vulnerables, sino que se usan directamente como “apoyo” a las “actividades” de la mamá del gobernador. El “órgano de apoyo” Desde que Manuel Velasco asumió la gubernatura de Chiapas, a finales de 2012, su mamá tomó el cargo de presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF estatal, puesto “honorífico” cuyas actividades asignadas son las de emitir “opiniones y recomendaciones sobre las políticas del DIF-Chiapas”, así como “proponer acciones tendientes a lograr la integración familiar”, según dicta el Decreto estatal 209, mediante el cual fue creado este organismo público. Tal como establece este ordenamiento, para el desarrollo de dichas labores consultivas, la presidenta del Consejo Consultivo del DIF chiapaneco cuenta con un “órgano administrativo”, denominado Coordinación de Enlace Interinstitucional, que presta “apoyo” no al pleno del Consejo, sino exclusivamente a su titular, Leticia Coello. Aún cuando, por ley, tanto Coello como su “órgano de apoyo” cumplen sólo funciones consultivas en el DIF estatal, la administración que encabeza su hijo, Manuel Velasco, les asignó este año 44.5 millones de pesos. Además, en 2014, el gobernador de Chiapas le dio 44.3 millones al órgano de apoyo al servicio de su mamá; y en 2013 el presupuesto para este rubro fue de 41.1 millones. En total, las labores “consultivas” realizadas por Leticia Coello a través de su “órgano de apoyo”, y los actos públicos organizados para que pueda vérsele repartiendo ayudas, han costado 129 millones 960 mil pesos al DIF estatal, sólo en los primeros tres años de gobierno de Manuel Velasco. “Ayudas” y favoritismos Tal como consta en documentación oficial del DIF Chiapas –obtenida por Animal Político a través de solicitudes de acceso a la información pública–, de los 129.9 millones asignados a la mamá del gobernador durante los tres años en los que ha ocupado su cargo “honorífico”, 55% ha terminado en las cuentas bancarias de la Fundación Teletón. La generosidad de la mamá del gobernador en beneficio de esta fundación, sin embargo, es manejada con reserva e, incluso, maquillada. En 2014, por ejemplo, el gobierno de Chiapas se encargó de difundir un boletín de prensa en el que se destaca la donación en favor del Teletón que, a nombre del gobierno estatal, hizo la mamá del gobernador, por un monto de 500 mil pesos. No obstante, el verdadero monto de los recursos públicos que Coello entregó en 2014 a la fundación ascendió a 24 millones de pesos. Según los reportes del DIF estatal, entre enero de 2013 y agosto de 2015, la Fundación Teletón ha recibido de la mamá del gobernador chiapaneco 2 millones de pesos cada mes, para sumar 64 millones de pesos –a los que se añadirán otros 8 millones de pesos, correspondientes al último cuatrimestre de este año–. En total, entre enero de 2013 y diciembre de 2015, la Fundación Teletón habrá recibido 72 millones de pesos del DIF estatal, por intermediación de Leticia Coello. La segunda institución de asistencia privada que más “ayuda” ha recibido de Leticia Coello es la asociación civil Unidos Pro-Down, aunque la preocupación mostrada por esta otra organización privada queda muy por debajo de aquella otorgada a la Fundación Teletón, ya que entre enero de 2013 y junio de 2015, la mamá del gobernador sólo ha otorgado 835 mil pesos a esta escuela especializada en atención a personas con “discapacidad intelectual”. Aún más abajo quedan otras instituciones de asistencia que apenas y han sido apoyadas por el DIF chiapaneco, como el Albergue Infantil Salesiano AC, que atiende a niños en situación de riesgo, y al que sólo se le han otorgado 250 mil pesos pesos desde que Coello funge como “presidenta” del DIF. La institución de asistencia privada que menos apoyo ha recibido de Leticia Coello es la Cruz Roja Mexicana IAP, que desde que Coello llegó al DIF-Chiapas sólo ha recibido 25 mil pesos para apoyar su labor, según los reportes titulados “Montos pagados por ayudas y subsidios”, emitidos por la institución. Más dinero a la mamá del gobernador: PAN Luego de que, el 5 de agosto pasado, Animal Político diera a conocer que Leticia Coello cuenta este año con un presupuesto de 3 millones 990 mil pesos, sólo como “apoyo” a sus actividades, la diputada panista Gloria Luna Ruiz –presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas– consideró que esta información fue divulgada de forma “dolosa”, con el objetivo de desvirtuar “el trabajo tan importante y esmerado” de la mamá del gobernador. El mismo día en que dicha información fue divulgada, la panista aseguró a la presta chiapaneca que dicha nota periodística es “dolosa y desvirtúa el trabajo tan importante que ella (Leticia Coello) y cada una de las presidentas de los DIF de todo el país realizan”. La legisladora panista fue consultada por la prensa local el 5 de agosto, en torno al “apoyo” económico etiquetado para la mamá del gobernador Manuel Velasco, ya que una semana antes de que fuera dada a conocer esta información, Luna había promovido un punto de acuerdo con el que pedía dotar al DIF estatal de “mayores recursos adicionales” en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016. Según la diputada panista, cuyo periodo legislativo concluye en octubre, Leticia Coello y las presidentas del DIF a nivel municipal “tienen que hacer esfuerzos mayores para tocar puertas de la sociedad y diferentes entes, para poder responder a las necesidades que hay en materia de personas con discapacidad, madres solteras, personas con alguna enermedad, y que desafortunadamente no han encontrado la respuesta en alguna otra institución”. Por ello, remarcó que la próxima legislatura chiapaneca debe otorgar aún más dinero a la mamá de Manuel Velasco.
México, DF. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, inició este lunes un recorrido por escuelas del país con el fin “de conocer de cerca” las inquietudes, necesidades y retos del magisterio nacional. En la escuela primaria “España”, en el Distrito Federal, el funcionario federal anunció que desde hoy todos los lunes recorrerá los centros educativos del país para dialogar con profesores, directivos, supervisores, estudiantes y padres de familia. Entrevistado al final del recorrido, Nuño fue cuestionado sobre el emplazamiento a un debate público que ayer le hizo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para discutir la viabilidad de la reforma educativa. “Estamos abiertos a un diálogo, pero es un diálogo sobre la base de cómo implementar la reforma educativa, un diálogo sobre las bases de la ley y un diálogo totalmente público y transparente. Esas son las premisas que tiene que tener el diálogo, y no es para ningún otro tema. El diálogo es, en todo caso para saber cómo avanzar en la reforma educativa en Oaxaca y en otros estados, es para saber cómo vamos a aplicar la ley”. Sobre el paro nacional que el magisterio disidente acordó realizar el próximo 12 de octubre, el titular de la SEP dijo que se debe respetar la ley y el respeto de la ley es fundamental para seguir avanzando en la reforma educativa. En punto de las 8 de la mañana el funcionario atestiguó la ceremonia de honores a la bandera en esta escuela ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de México. Ahí remarcó que esa ceremonia se hace en honor del país, de su pasado, su presente y sobre todo de su futuro. En ese sentido, aprovechó para asegurar que la reforma educativa tiene como fin último brindar a los estudiantes una educación de calidad que les permita en su vida futura “ser mexicanos más libres y construir un país más justo”. Dijo que esta normativa pone en el centro de la atención del sistema educativo a los alumnos y las escuelas, y descartó que la evaluación sea “punitiva”, como lo ha denunciado el magisterio disidente. En ese sentido, hizo énfasis en tres puntos: el primero, dijo, que la evaluación no está hecha para castigar a los profesores, sino por el contrario, para apoyarlos y darse cuenta en qué se debe mejorar; dos, que contrario a lo que se dice, la evaluación sí hace un análisis de la diversidad en el país y de los contextos nacionales y socioculturales que hay en cada zona; y tres, a los docentes que tengan un buen desempeño en los procesos evaluatorios, tendrán acceso a mayores estímulos que en principio podrían incrementar sus ingresos en 35 por ciento y podrían alcanzar hasta un 180 por ciento, y en las regiones más lejanas un incremento de hasta 220 por ciento.
Durante el diálogo con el funcionario, varios profesores expusieron alguna de las necesidades en este plantel, particularmente en la carga de trabajo administrativo, lo que les impide dedicarse al 100 por ciento a su labor docente. Nuño se comprometió a atender las peticiones, tanto de profesores como de padres de familia y prometió que en el futuro regresará a la escuela para presenciar los avances en este sentido. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: EMIR OLIVARES ALONSO.
En un video de una cámara de seguridad, al que tuvo acceso Aristegui Noticias, se observan los hechos ocurridos el pasado 7 de septiembre al Sur de la Ciudad de México, donde fue detenido el abogado de Infraiber, Paulo Díez Gargari.
Un agente de la Procuraduría General de la República (PGR) sembró una pistola dentro del automóvil de Paulo Díez, abogado de la compañía Infraiber, al momento de su detención concretada el pasado lunes 7 de septiembre, de acuerdo con un video presentado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al cual tuvo acceso Aristegui Noticias.
En el video de casi 14 minutos, apareció un hombre vestido de mezclilla, con chamarra y una gorra negra –acompañado de otros policías- a quien se le notó la empuñadura de una pistola saliéndole de entre el pantalón.
A lo largo del video se observó cómo este hombre caminó alrededor y entre las cuatro camionetas utilizadas por los policías hasta que, justamente en el minuto 2:15, se metió al automóvil BMW del litigante.
En ese momento, Paulo Díez estuvo rodeado de siete policías vestidos de corbatas y camisas de manga larga quienes le impidieron ver lo que sucedió dentro de su auto.
Segundos más tarde, en el minuto 2:32, se vio al mismo hombre apartarse, sigilosamente, del lugar de la detención sin que se observara más la empuñadora de la pistola.
A partir de ese momento, los policías revisaron al litigante y luego le pidieron abrir la cajuela de su auto y las portezuelas; primero una de las traseras y luego la del conductor. En ese momento -según lo dijo Paulo Díez durante una entrevista en Aristegui CNN- uno de los agentes le comentó a boca jarro: “¿y esa pistola?” ”Le dije eso no es mío alguien de ustedes lo puso ahí y me parece una barbaridad. Entonces me respondieron: su situación ya cambió, ahora ya no es testigo sino inculpado, nos va tener que acompañar y su vehículo queda retenido”, comentó el abogado en la entrevista con Aristegui CNN realizada el pasado miércoles 9 de septiembre, unas horas después de ser liberado.
Una mujer policía, vestida de negro, quien había grabado parte del operativo con su teléfono móvil, fue la encargada de sacar el arma del auto. Los agentes le habían mostrado al litigante una orden de localización y presentación como testigo, sin explicarle de qué investigación se trataba. Este lunes OHL México publicó un desplegado en diarios editados en la ciudad de México en el cual reconocieron haber presentado una denuncia penal contra la firma Infraiber ante la PGR por la difusión de desplegados, comunicados y “grabaciones ilícitas y manipuladas en las cuales se pretende extorsionar a la compañía”. La última de ellas apareció en la red social Youtube la noche del lunes 7 de septiembre mientras Paulo Díez estaba detenido. En ella sus autores presumieron que el presidente Enrique Peña Nieto habría recibido el pasado 6 de abril a directivos de OHL y éstos le hablaron del sistema de verificación de aforos que Infraiber pretendía instalar en carreteras operadas por la primera. Los directivos de OHL le habrían solicitado ayuda para que Infraiber no auditara el tráfico de obras, según una nota que acompaña al audio. Un mes después, coincidentemente, el gobierno del Estado de México encabezado por Eruviel Ávila, canceló en definitiva el contrato con Infraiber. Por separado, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, reconoció que su voz apareció en esos audios pero editada, según el diario Reforma. El video fue grabado por una cámara de seguridad perteneciente a uno de los negocios ubicados la calle Canoa, cerca de Periférico Sur, sitio de la aprehensión. En ese operativo, tanto el sujeto vestido de chamarra y gorra negras como otros agentes bajan de una camioneta blanca sin placas con vidrios polarizados. El pasado viernes 11 de septiembre, la PGR cateó las oficinas de de la empresa Infraiber ubicadas en Campos Elíseos 223 piso 9 durante más de siete horas, como parte de la denuncia referida presentada por OHL México. Algunos de los agentes llegaron a bordo de una camioneta blanca, sin placas, con vidrios polarizados, de similares características a la utilizada en la detención de Paulo Díez –cuatro días antes- .
Aquí una comparación entre ambos vehículos: a la izquierda, la usada durante la aprehensión – de ahí bajó el sujeto que sembró el arma- y a la derecha, la empleada durante el cateo.
Al tratarse de una pistola calibre 38 super, la PGR liberó a Paulo Díez bajo una fianza de 60 mil pesos. El abogado aseguró que la PGR nunca le notificó de esa orden de presentación antes de su captura, como marca la ley.
En Infraiber ni en el despacho del abogado hay información de que, previamente, las autoridades buscaran al litigante. VÍDEO:
El columnista Raymundo Riva Palacio publicó este lunes en El Financiero que la detención del abogado de Infraiber pudo ser un acuerdo entre directivos de OHL y el presidente Enrique Peña Nieto. El periodista escribió lo siguiente: “Fuentes con acceso a esos niveles de información dijeron que lo que soltaron los ejecutivos de la empresa constructora fue que la PGR detendría al abogado Díez Gargari para “asustarlo” e inhibirlo. El abogado es la cara de Infraiber, propiedad del empresario tapatío Luis Topete, y ha sido tenaz en denunciar irregularidades en la relación de OHL con las autoridades en perjuicio de su cliente. El hecho de sugerir una complicidad con funcionarios del gobierno federal capaces de detonar una acción judicial en sí mismo es grave, pero más lo que agregaron en su indiscreción: que el plan lo platicaron con el presidente Enrique Peña Nieto, Juan Miguel Villar, presidente de la empresa, y José Andrés de Oteyza, presidente de OHL en México. De haber sido así, tendrían que haber tomado en cuenta que de lo que hablaron es de un delito.
“Esta reunión no es la que se reveló hace unos días sobre un encuentro en Los Pinos con el presidente Peña Nieto el 6 de abril, donde hablaron del sistema de verificación de aforos carreteros de Infraiber, cuya cancelación de un contrato otorgado por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Auxiliares durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, detonó la indignación de la empresa, y la petición de Villar y Oteyza para seguir bloqueándola. La reunión a la que aludieron los ejecutivos de OHL se dio a finales de agosto, días antes del Tercer Informe de Gobierno, al cual fueron invitados por Peña Nieto”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/1409/mexico/pgr-siembra-pistola-a-abogado-de-infraiber-en-disputa-con-ohl/
MÉXICO, D.F: Omar García, normalista que sobrevivió a los ataques registrados en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del año pasado, convocó a los mexicanos a unirse un “grito alternativo” como parte de la Acción Global por Ayotzinapa.
A través de un video publicado el domingo pasado en YouTube, cuestionó: “México no vive, México está muriendo. ¿Cómo vamos a hacer un grito este 15 de septiembre diciendo que tenemos independencia? ¿Independencia de qué? ¿Cómo vamos a decir que vive México? Eso no es posible”. En lugar de apoyar el acto oficial, pidió a la #Eurocaravana y a los mexicanos unirse a la Acción Global por Ayotzinpa, a acciones como el “grito alternativo” que se realizará en Suiza para protestar por la desaparición de sus compañeros.
Así lo dijo ante la ONU el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría mexicana de Gobernación, Roberto Campa.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría mexicana de Gobernación, Roberto Campa, presentó este lunes 14 de septiembre en la sede europea de Naciones Unidas los avances de México en materia de derechos humanos. Tras hablar acerca de la propuesta de Ley General contra la Desaparición Forzada –que incluye elementos en materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, registros y bases de datos, tipo penal y sanciones, y por supuesto, atención a víctimas y sus familiares–, Campa dijo que ese proyecto tomará en cuenta las recomendaciones del Comité de Desaparición Forzada, así como las del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En relación con este grupo, Campa detalló que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “solicitará la prórroga del mandato por seis meses, para que el Grupo de Expertos pueda concluir sus trabajos” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la citada Comisión presentó su informe el pasado 6 de septiembre, el cual integra nuevos elementos y una serie de recomendaciones que coadyuvarán al esclarecimiento de estos lamentables hechos”, dijo. Agregó que el presidente Enrique Peña Nieto “instruyó a todas las dependencias competentes a tomar en cuenta los elementos aportados por el informe de este Grupo, así como analizar cada una de las recomendaciones formuladas por ellos”. Campa adelantó que el gobierno incorporará el contenido del informe a la investigación que actualmente está llevando a cabo la Procuraduría General de la República.
Esta mañana, el titular del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, quien visitará México en el mes de octubre, celebró al informe realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH sobre los 43 estudiantes desaparecidos hace un año. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Acusa a la empresa Infraiber de difundir "grabaciones ilícitas y manipuladas", con las cuales, según OHL, la pretenden extorsionar.
A través de desplegados en periódicos de circulación nacional, OHL confirmó la denuncia “por extorsión” contra la empresa Infraiber, que anunció la semana pasada. En su comunicación, OHL asegura que ha sido objeto de una “campaña de difamación promovida por Infraiber“, para que se deje sin efecto la revocación de un convenio que había celebrado ésta con el gobierno del Estado de México, el cual establecía que verificaría el aforo vehicular en todas las autopistas concesionadas de la entidad, durante 20 años. OHL defendió la decidión del gobierno del estado porque “sería abusivo para los usuarios de las autopistas, al triplicarles la tarifa que por ese servicio se cobra”.
En su desplegado, la empresa informó que interpuso una denuncia ante la PGR contra Infraiber por la difusión de desplegados, comunicados y grabaciones ilícitas y manipuladas, “mediante las cuales se pretende extorsionar a la compañía“, aunque esto último no ha sido comprobado. El comunicado de la empresa, que aparece este lunes en diferentes diarios: RNAC20150914-003 by Aristegui Noticias:
MÉXICO, D.F: Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán detuvieron a un presunto escolta del gobernador Salvador Jara Guerrero por realizar disparos al aire desde un vehículo en movimiento. De acuerdo con una denuncia de los vecinos, al menos dos sujetos que circulaban sobre la avenida Camelinas, a bordo de una camioneta Chevrolet Suburban negra, efectuaron varios disparos al aire. De inmediato los policías instrumentaron un operativo de búsqueda y localizaron la unidad a la altura del bar Pecatto, donde marcaron el alto al conductor, pero éste hizo caso omiso y aceleró la marcha. Los sujetos enfilaron rumbo a la avenida Solidaridad, y al llegar a la calzada Ventura Puente, uno de ellos descendió del vehículo para darse a la fuga, pero los uniformados lo detuvieron casi enseguida. El conductor de la camioneta logró escapar.
El detenido se identificó como escolta del gobernador Salvador Jara y presentó documentos de la Dirección de Ayudantía. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El grupo criminal La Unión Tepito extorsiona a comerciantes del Centro, La Lagunilla y Tepito. El 4 de agosto pasado, 25 sujetos armados recorrieron puestos de la zona para exigir el pago de entre 800 y mil pesos semanales. El periódico Reforma publica este lunes que desde 2010, el grupo criminal se dedica a extorsionar a comerciantes de la zona. De acuerdo con la averiguación previa FCUH/CUH-4/T1/512/15-08, el pasado cinco de agosto fue asesinado el comerciante impresor Armando Ramírez. “El 6 de agosto, durante el funeral de Ramírez Beltrán, en la calle Corea, Colonia Romero Rubio, varios sujetos abrieron fuego y mataron a Víctor Manuel y Fabián, comerciantes de Santo Domingo que también se opusieron a las extorsiones. “El 17 de agosto, frente al 149-A de Pedro Moreno, Colonia Guerrero, fue ultimado a tiros José Juan Segura, comerciante de Santo Domingo.
“Según el expediente FCUH/CUH-2/T1/01317/15-08, el hombre iba saliendo de su domicilio cuando fue atacado por al menos tres individuos”, añade el diario. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La empresa OHL interpuso una denuncia penal por extorsión ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra la compañía Infraiber, a la que acusa de hacer grabaciones “ilícitas y manipuladas”. En un desplegado, la empresa de capital español afirma que OHL “ha sido objeto de una campaña de difamación promovida por Infraiber, cuyo objeto es extorsionar para que se deje sin efecto la revocación de un ‘Convenio Marco” que había celebrado con el Estado de México”. Dicho convenio, agrega OHL, tiene por objeto que Infraiber verifique el aforo vehicular en todas las autopistas concesionadas del Estado de México durante 20 años, lo que le generaría cuatro mil millones de pesos.
Según OHL, Infraiber no tenía la tecnología ni la experiencia para esa verificación, debido a que se constituyó tres meses antes de la firma del “Convenio Marco” y con el “capital ridículo” de 50 mil pesos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
La Procuraduría de Justicia Militar remitió a la PGR la averiguación previa que había abierto por los contratos otorgados a la empresa Security Tracking Devices.
Por presunto lavado de dinero, la PGR investiga contratos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ascienden a casi 5 mil millones de pesos. Con ellos se realizó la compra de equipo de espionaje a una empresa de José Susumo Azano, en el último año del sexenio de Felipe Calderón, según publica este lunes el diario Reforma. Dichos contratos fueron expuestos en este sitio de noticias en julio de 2012. En aquel entonces, la Sedena reconoció las adquisiciones, pero indicó que “no son para realizar actividades de espionaje político”; sostuvo que fueron realizadas en apego a la ley y “forman parte de los proyectos que esta Secretaría materializa para la modenización del Instituto Armado que le permitan estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y contar con las herramientas adecuadas…”. El caso ahora es indagado por la Unidad Antilavado de la SEIDO. La averiguación se abrió en 2014, y los primeros contratos son de 2011, es decir, los comenzaron a investigar 3 años después. Se reproduce una primera parte de la investigación; el martes, se abordará en este portal quién es José Susumo Azano Matsura, presidente de Security Tracking Devices: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) gastó alrededor de 5 mil millones de pesos en equipo especial para intervenir comunicaciones y mensajes de teléfonos celulares. Así lo revelan cinco contratos firmados por la Sedena con la empresa Security Tracking Devices, SA de CV, entre el 25 de marzo de 2011 y el 29 de marzo de 2012, que obtuvo el sitio Aristegui Noticias. Los equipos permiten la intervención de conversaciones de teléfonos móviles, y el acceso y extracción de mensajería instantánea (SMS), correos electrónicos, así como listas de contactos y fotografías. Entre los aparatos de alta tecnología también se encuentran herramientas para activar de manera remota la cámara fotográfica y el micrófono del teléfono movil. Todos los contratos fueron tramitados sin licitación y aprobados por asignación directa a la empresa Security Tracking Devices, SA de CV con oficinas en la ciudad de México y enTlajomulco de Zúñiga, Jalisco. El responsable de autorizar la compra de los equipos es el general (Diplomado de Estado Mayor ) Augusto Moisés García Ochoa, director general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional. El equipo fue entregado a la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, encargada de las labores de inteligencia en la Sedena. Los contratos
Tercer contrato: 27 de julio 2011 por un monto de 1,160 millones de pesos para la compra de un sistema procesador electromagnético. En los detalles del contrato se destaca la adquisición de un “software capaz de realizar la extracción de mensajes de texto y multimedia, listas de contactos, registros de agenda, monitoreo de e-mail, intercepción de voz, intervención de audio ambiental, monitoreo de sala vía activación del micrófono, captura de imágenes”, entre otras funciones. Gobierno federal vía Sedena compró 5 mil mdp en equipo para espionaje (27 de julio 2011)
Quinto contrato: firmado el 29 de marzo de 2012 por $2 mil millones de pesos. Destinados a la compra de equipos para la segunda y tercera fase del sistema de inteligencia regional para incrementar las capacidades de las S2 (INTL) E.M.D.N. En este contrato se adquiere un software para intervenir los teléfonos móviles iPhone. Gobierno federal vía Sedena compró 5 mil mdp en equipo para espionaje (29 de marzo 2012)
12 trabajos finalistas son seleccionados para el Global Shining Light Award, que se entrega en octubre en Noruega.
La casa blanca de Enrique Peña Nieto, un reportaje publicado en Aristegui Noticias el pasado 9 de noviembre, fue seleccionado como uno de los 12 trabajos finalistas que compiten por el premio Global Shining Light Award. Se trata de “un galardón que entrega cada dos años la Global Investigative Journalism Network. Se otorga en la Conferencia Global de Periodismo Investigativo, y reconoce el periodismo de investigación en un país en vías de desarrollo o transición, realizado bajo amenazas o en condiciones difíciles”, se señala en la página web de los organizadores. En México, dicho reportaje ganó el Premio Nacional de Periodismo, el cual fue entregado el viernes pasado; además, es finalista del premio Gabriel García Márquez, que se entrega el próximo 1 de octubre. Aún no han sido revelados todos los finalistas que compiten por el premio; hasta este lunes se han publicado 7 de los 12 que llegaron a la final. Fueron elegidos de entre 76 trabajos de 34 países, publicados entre enero de 2013 y diciembre 2014. El premio lo entrega la Red Global de Periodismo de Investigación, una asociación de 118 organizaciones de 54 países. Al reportaje sobre la casa blanca, de Rafael Cabrera, Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga, Sebastián Barragán e Irving Huerta, lo describen de la siguiente forma: “La propiedad de una mansión de 7 millones de dólares del presidente de México está escondida, registrada a nombre de un grupo propiedad de un empresario cuyas empresas crecieron a la par de la carrera política del presidente. Cuatro meses después de la publicación de esta historia, todos los periodistas involucrados fueron despedidos”.
MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal logró una condena de 25 años de prisión para dos individuos que simularon ser policías federales y secuestraron a los operadores de una grúa en la colonia Torres de Padierna. De acuerdo con el fallo del juez 53 Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, Javier Martínez Martínez y Joaquín González Ruiz pagarán multa de 259 mil 040 pesos. Ambos son penalmente responsables del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés calificado. Según la causa penal 165/2013, el 25 de julio de 2013 los agraviados recibieron una llamada telefónica en la que les solicitaban el servicio de arrastre en la calle de Pichucalco. Al llegar al lugar encontraron un vehículo con el cofre abierto, marca Chrysler Cirrus, color negro, de donde descendieron estos sujetos, quienes aseguraron ser elementos policiales y con armas de fuego los subieron al coche y emprendieron la marcha.
Los ahora sentenciados exigieron a los afectados una considerable suma de dinero para liberarlos o de lo contrario los acusarían por narcomenudeo y trata de personas, pero al llegar a la calle 6, colonia Carrasco, los ofendidos pidieron apoyo de una patrulla de Seguridad Pública que pasaba por el lugar y fueron detenidos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Parte de los informes de inteligencia del gobierno mexicano durante el Movimiento del 68 y la Guerra Sucia están “extraviados”. Los documentos sobre crímenes durante esas etapas de la vida del país carecen de clasificación ya que están mal archivados, de acuerdo con el diario Reforma. La publicación precisa que durante el mes de agosto se resolvió una serie de recursos de revisión contra la Procuraduría General de la República (PGR), sobre solicitudes de cifras de homicidios, tortura y desapariciones forzadas desde 1960 a la fecha. La dependencia respondió que la información no se encuentra en sus archivos. Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a la PGR buscar en los archivos que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) entregó a la Dirección General de Investigaciones de la Procuraduría. El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, del INAI, recordó en entrevista que en julio de 2014 la PGR advirtió que el envío de datos de la Femospp presentó irregularidades y hay expedientes que se quedaron en la Galería Uno del Archivo General de la Nación (AGN). En aquella ocasión el particular se inconformó con una respuesta de la PGR a cifras de delitos cometidos durante la llamada Guerra Sucia, toda vez que éstos no coinciden con los del AGN. Acuña Llamas advirtió de que no hay garantía de que la información que se encuentra en el AGN se hubiese clasificado correctamente. “Hubo envíos que no fueron ordenados porque por decreto presidencial fueron enviados allá como si fuera un cajón o una bodega y así llegaban cajas y cajas, entonces tampoco el Archivo… quizá no ha podido ordenar todos los fondos que le fueron depositados de forma tan arbitraria y tan descomedida”. Los archivos de la Femospp incluyen información reservada en poder de la Secretaría de Gobernación (Segob) y resguardada en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en su archivo histórico, agrega el diario Reforma.
También mil 653 legajos entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 15 expedientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y dos más de la Dirección General de Derechos Humanos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Un hombre fue encontrado muerto esta mañana junto a la banda perimetral del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El cuerpo de la víctima, de entre 25 y 28 años, presentaba una herida de bala en el cráneo y se hallaba sobre la Vía Exprés Tapo, en la delegación Venustiano Carranza. El hombre vestía playera azul cielo, bermuda blanca y tenis azules. Policías capitalinos acudieron al lugar tras recibir un reporte anónimo sobre la presencia del cuerpo. El hallazgo se notificó al personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que diera fe de lo ocurrido e iniciara la investigación correspondiente.
El cuerpo fue retirado poco después de las 11:30 horas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
“El Ejército deberá ser investigado, de lo contrario el gobierno de México estaría desacatando las recomendaciones de los especialistas”, porque el la milicia está tomando decisiones por encima de los acuerdos que ha firmado la admnistración federal con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan -y abogado de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa-, Abel Barrera Hernández. Ayer, en una carta el jefe de Estado Mayor de la Novena Región Militar, Arturo Vallarta Tafolla, indicó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no podrá entrevistar a los militares porque eso no es parte del acuerdo que el gobierno mexicano estableció con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y celebró la “decisión mexicana” de no permitir los encuentros porque se violarían los “derechos fundamentales de los militares”. En declaraciones antes de la inauguración de una muestra fotográfica en la Normal Rural de Ayotzinapa, Barrera Hernández dijo que el Ejército debe estar supeditado a la autoridad civil, pero por el comunicado emitido por la Novena Región Militar, en el que rechaza que los soldados asignados al cuartel en Iguala sean entrevistados por el grupo de expertos de la CIDH, se ve que está por encima de la autoridad civil, lo que consideró grave, “porque está tomando decisiones por encima de los acuerdos que ha firmado el gobierno de México con la Comisión Interamericana”. Agregó que el Ejército quiere ignorar lo que pasó en Iguala el 26 y 27 de septiembre. Reiteró que el gobierno mexicano firmó un convenio con la CIDH y el Ejército forma parte del Estado, por ende no puede tomar decisiones y opiniones al margen de un convenio donde se pidió colaboración para que un grupo de expertos investigara y apoyara. Ahora el Gobierno federal debe acatar lo que dice el informe, señaló. Enfatizó que con su postura “el Ejército está violando el convenio que realizó el Gobierno mexicano con la Comisión Interamericana”. Explicó que el Gobierno de México forma parte del sistema interamericano, y cuando el Ejército dice que los expertos de la CIDH son extranjeros quiere decir que no está respetando, que está desconociendo los acuerdos internacionales, que no quiere reconocer que el sistema interamericano forma parte de los acuerdos. Barrera Hernández consideró que es grave violar los acuerdos, porque ignora a la autoridad civil, el Ejército se coloca por encima y desconoce los convenios que se firmaron y que forman parte de las medidas cautelares que aprobó la Comisión Interamericana a los padres de los normalistas. Indicó que las autoridades y en especifico el Ejército hacen lo que consideran que ayuda a sus intereses, no se apegan a los acuerdos y convenios. Lo que se busca es la verdad y la justicia, dijo Abel Barrera, por lo que al impedir que se investigue al Ejército se obstaculiza la investigación. Si hubiera voluntad política el Ejército tendría que acatar las recomendaciones del grupo de la CIDH, por lo que los padres y las organizaciones piden que el informe del GIEI se integre a la averiguación previa en el caso Ayotzinapa, que está en la Procuraduría General de la Republica (PGR), expresó el director del Centro Tlachinollan. Dijo que además pedirán que de esa investigación sea responsable la misma Procuradora Arely Gómez González y que no se lleve a una subprocuraduría. Pidió que todas las instancias de gobierno, civiles y militares, sean investigados porque el informe indica la intervención que tuvieron. Quien realizará las investigaciones será la PGR, pero lo que piden los expertos es hablar con el Ejército para tomar en cuenta las acciones u omisiones que hubo el 26 y 27 de septiembre, “en ningún momento será un extranjero el que va a realizar la investigación ministerial”, enfatizó Barrera Hernández.
Señaló que por mandato de la Comisión Interamericana y por un acuerdo del Estado mexicano, los representantes de la CIDH tienen la facultad de llamar e entrevistar, respetando los procedimientos del país.
“Los privilegios del poder, como es el caso del Ejército, es lo que más ha dañado, porque eso hace que prevalezca la impunidad, ciertas autoridades que no rinden cuentas y se quieren mantener en la opacidad, este argumento que da es para no rendir cuentas, no hay más mensaje que eso”, dijo sobre la postura del Ejército.
Adelantó que en la reunión que sostendrán los padres con el Presidente Enrique Peña Nieto el próximo 24 de septiembre pedirán que se cumplan todas las recomendaciones, y una de ellas es que el Ejército debe ser investigado y brindar todas las facilidades para conocer la versión de los hechos, porque implicará un cambio total en las líneas de investigación. En cuanto a la nueva investigación que pactó la PGR con expertos de la CIDH para realizar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, Abel Barrera insistió en que se deberán acatar las recomendaciones del informe, “si se habla de retomar la investigación en el basurero es no querer atender, valorar el informe, desviar y complicar la investigación”.
“No se puede poner en duda y en tela de juicio el gran trabajo que realizó el perito más experimentado del mundo en el tema del fuego, si lo quieren volver a hacer es lamentable, porque no va a ayudar, porque ya está hecho el trabajo, lo único que se pide es que se haga la investigación y se cumplan las recomendaciones”, indicó Abel Barrera.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra, también del Centro Tlachinollan, expresó por su parte que pedirán al presidente Peña Nieto el replanteamiento general de la investigación del caso Ayotzinapa, para que nuevas instancias lleven la investigación, “porque no confiamos en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para que puedan conducir la investigación, que se abran nuevas líneas de investigación y que se retomen todas las pruebas del informe”. PADRES DE LOS 43 PIDEN INVESTIGAR AL EJÉRCITO
Los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural desaparecidos recriminan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) impida que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interroguen a los militares de Iguala.
“Quiere decir que algo están ocultando, ellos (el Ejército) saben dónde están nuestros hijos”, dijeron.
Entrevistado en la Normal de Ayotzinapa, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, informó que el Ejército está para servir a la sociedad, por lo que su responsabilidad es luchar contra las injusticias, “ellos tienen que buscar a nuestros hijos, pero si se ponen en la posición de que los expertos quieren entrevistarlos y se niegan no deberían de ser así”.
“Quiere decir que algo están ocultando, ellos (el Ejército) saben dónde están nuestros hijos”, dijeron.
Entrevistado en la Normal de Ayotzinapa, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, informó que el Ejército está para servir a la sociedad, por lo que su responsabilidad es luchar contra las injusticias, “ellos tienen que buscar a nuestros hijos, pero si se ponen en la posición de que los expertos quieren entrevistarlos y se niegan no deberían de ser así”. Enfatizó que el Ejército debería estar para proteger y para ayudar, sin embargo sólo está para causar daños, porque de acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, los militares estuvieron en varios puntos de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala.
“El Ejército oculta algo, ellos saben dónde están nuestros muchachos, pero como se sienten intocables se ponen en esa postura tonta, desde los altos y bajos mandos. Nos damos cuenta qué clase de porquería de gobierno existe en México, la sociedad le da el poder al gobierno para que supuestamente nos represente y cuando se necesitan se ponen en una actitud negativa”, reprochó Emiliano Navarrete.
Por separado, Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Nava, dijo que si los militares no quieren que sean investigados es por algo, “porque el que nada debe nada teme, por ejemplo si van a mi casa a revisarla que entren, porque no escondo nada, ellos (el Ejército) por qué no quieren, es algo que la sociedad se deberá de preguntar”.
Expresó que lo único que buscan los padres son a sus hijos. Dijo que en la reunión que sostendrán el 24 de septiembre con el presidente Enrique Peña Nieto, pedirán que se investigue al Ejército, que las indagaciones sean por tiempo indefinido y que se castigue a los responsables, “por asegurar que había una verdad histórica, como lo dijo el ex procurador Jesús Murillo Karam, porque es mucho dolor lo que tenemos desde la desaparición de nuestros hijos”, finalizó. El representante de los padres, Melitón Ortega, manifestó que el Ejército ha tenido el respaldo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del gobierno federal, porque el informe de la Comisión Interamericana tiene clara la información de que el Ejército intervino en todo momento en la agresión. El Ejecutivo federal tiene la obligación de exigir que el Ejército se presente a declarar y los expertos intervengan para la entrevista, de lo contrario no tiene sentido cuando el gobierno dice que “el Ejército es la institución más honorable de país, si así fuera deberán de presentarse para que se vea que no intervinieron el 26 y 27 de septiembre”, agregó Melitón Ortega. Dijo que esperan la reunión con Enrique Peña para reclamarle y decirle de manera directa que es el responsable de todo lo que pasa en México, porque protege y negó que el Ejército participó el 26 y 27 de septiembre, “todo el mundo sabe que intervinieron y otras instituciones policiacas, es falta de respeto para los padres, sobre todo que es un caso delicado en contra de los estudiantes”.
En cuanto al nuevo peritaje en el basurero de Cocula, consideró que es otra mentira que pretenden implantar, con lo que ya señalaron los expertos. FUENTE: EL SUR. AUTOR: María Avilez Rodríguez.
