Cada gobernante construye el juicio que la población tiene de él: Camacho sobre Duarte

El senador Emilio Gamboa defiende al gobernador de Veracruz: si hay acusaciones de corrupción, tienen que demostrarlo.

El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, afirmó que “cada uno (de los mandatarios estatales) va a ser quien construya el juicio de la población” sobre su gestión, en referencia a las acusaciones de corrupción de senadores de su partido.

El líder parlamentario fue cuestionado en rueda de prensa en torno a los señalamientos de los senadores priístas por Veracruz, Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla, contra el gobernador de esa entidad, Javier Duarte de Ochoa, por presunta corrupción.

Camacho Quiroz señaló que tal denuncia es propia “del estilo veracruzano de ser, al que la política no es ajena”.

“Soy un testigo distante de la gestión de los gobernadores”, aseveró.

También comentó que “a los habitantes de cada estado es a los que les consta y tienen, seguramente, una opinión más acabada sobre lo que hacen sus gobernantes”.

Gamboa lo defiende

El coordinador del PRI en el Senado, pidió a los legisladores que acusaron a Duarte que presenten pruebas .

“Ellos, si tienen acusaciones de corrupción, tienen que demostrarlo, no es nada más decir acusaciones de corrupción. Tienen que presentarlo y denunciarlo. Si tienen pruebas, que las presenten”, señaló.


En entrevista, lamentó la confrontación pública que se ha registrado entre los priistas y el mandatario veracruzano.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Juicio político por corrupción al gobernador de NL, plantea Movimiento Ciudadano

Acusan a Rodrigo Medina del desvío de recursos públicos y del presunto enriquecimiento ilícito en el que ha incurrido durante su gestión.

La bancada de Movimiento Ciudadano entregó este martes a la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por el supuesto desvío de recursos públicos y el presunto enriquecimiento ilícito en el que ha incurrido durante su gestión.

“Damos un paso más en la defensa del patrimonio de los nuevoleoneses, porque esto es eso, no es un asunto personal, nosotros estamos hablando aquí de que hay recursos públicos involucrados, no es un asunto en el que a nosotros nos importe la conducta del gobernador en su esfera privada”, indicó el diputado Jorge Álvarez Máynez tras la entrega del escrito.

La demanda fue entregada al secretario general de la Cámara, Mauricio Farah, quien, una vez que sea ratificada, la remitirá a la Mesa Directiva para que a su vez la turne a la Comisión Instructora.

“Lo que queremos denunciar es que los recursos públicos de los nuevoleoneses han estado mal utilizados y han sido desviados a el patrimonio personal del gobernador“, señaló Álvarez Maynez.

El legislador naranja informó que además de la presentación de la demanda, para los diputados de su partido será una prioridad darle seguimiento a la fiscalización que sobre la gestión del mandatario realice la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“La representación que tenga Movimiento Ciudadano en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación va a tener como una prioridad las cuentas públicas del Estado de Nuevo León, porque lo han dejado quebrado”, sostuvo.


Álvarez Maynez, quien la semana pasada anunció que presentaría la demanda, reiteró su llamado a las demás fuerzas políticas que conforman la Cámara de Diputados para que apoyen la realización del juicio político.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

En caso Ayotzinapa “ni perdón ni olvido”, asegura Osorio

México, DF. Al iniciar su comparecencia ante el pleno del Senado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, el gobierno no busca una verdad oficial, sino simplemente la verdad y se llegará a que todos los implicados rindan cuentas.

“Ni perdón para los culpables, ni olvido para las víctimas”, sostuvo el titular de Gobernación, quien pidió a los senadores que se discuta y se enriquezca la reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto, que permite intervenir a los municipios involucrados con el crimen organizado.

Sostuvo que en la actualidad el Estado mexicano no tiene facultades para intervenir con oportunidad cuando las autoridades de algún municipio están coludidas con las bandas del crimen organizado, como sucedió en Iguala y derivó en hechos tan dolorosos como la agresión a los normalistas.

Insistió que resolver problemas como ese en los que la delincuencia se ha infiltrado a los ayuntamientos “es un reto que debemos enfrentar juntos, para que haya mecanismos que eviten hechos como los del año pasado en Iguala”.

Osorio Chong anunció que en breve el gobierno federal hará llegar al Senado una iniciativa para prevenir y sancionar el delito de desaparición forzada de personas, además de localizar a las personas que están desaparecidas.


El titular de Gobernación llegó al Senado, acompañado por el subsecretario de Prevención y Seguridad, Arturo Escobar, y por el responsable de derechos humanos de la dependencia, Roberto Campa. Estos últimos y otros funcionarios de Gobernación, se situaron en la zona de galerías, no en el pleno.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL/ VICTOR BALLINAS.

El dólar avanza y se vende hasta en 17.45 pesos

México, DF. El dólar libre se oferta hasta en 17.45 pesos, cinco centavos más respecto a la apertura de hoy, y se compra en un mínimo de 16.48 pesos en bancos de la ciudad de México.

A la venta, el euro llega a los 19.56 pesos por unidad, con una variación al alza de 11 centavos frente a su apertura; mientras que el yen se comercializa hasta en 0.146 pesos por unidad.

De acuerdo con Grupo Financiero Monex, el peso reporta una depreciación frente al dólar de 0.2 por ciento.


El tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana es de 17.0073 pesos, precisa el Banco de México (Banxico).

FUENTE: LA JORNADA/NOTIMEX.

Congreso de Sonora derrocha 31 mdp en “súper asistentes”

HERMOSILLO, Son: La LX Legislatura destinó más de 31.1 millones de pesos en pagos a los asistentes personales de cada uno de los 33 diputados que integraron el Congreso local de 2012 al 15 de septiembre pasado.

La Dirección General de Administración del Congreso local informó que al 31 de agosto de este año, cada asistente recibió como liquidación 106 mil 868 pesos, en promedio, por los conceptos de dieta, indemnización de tres meses, compensación de 20 días por cada año trabajado y los proporcionales de aguinaldo, prima vacacional, bono navideño y ajuste de calendario.

Según el reporte, los 33 asistentes devengaron un salario mensual de 20 mil pesos a razón de 16 mil de sueldo y 4 mil en compensaciones.

Estos empleados recibieron un salario similar al de un jefe de departamento que labora en el Poder Ejecutivo, como se puede constatar en una comparación de partidas del capítulo 10000, de Servicios Personales.

Cada año, la Cámara del Congreso local presupuesta en promedio 9.2 millones de pesos para que los diputados gocen de un asistente personal.

Al cabo de tres años, esta cifra totaliza 27.6 millones de pesos que se suman a los 3.5 millones que se erogan en liquidaciones al finalizar cada legislatura.

En este reporte financiero no se incluye el pago de “asesorías a terceros”, que son los expertos contratados por los congresistas en cada uno de los grupos parlamentarios para legislar en temas especializados como energía sustentable, derechos humanos o el nuevo sistema penal, entre otros.

Anualmente se dispone de una cantidad que oscila entre los 4 y 9 millones de pesos, para que los congresistas tengan un mayor conocimiento de campo sobre las materias que legislan.

Diputados también cobran

En el concepto de liquidaciones, cada uno de los 33 legisladores salientes cobró este 15 de septiembre un finiquito 136 mil 286 pesos –que corresponden a una quincena–, lo proporcional a aguinaldos, prima vacacional, bono navideño y ajuste de calendario.

La Cámara del Congreso de Sonora es la sexta más cara en el país con un presupuesto de 312.8 millones de pesos, que dividido entre los 33 diputados representan un gasto legislativo per cápita anual de 9.4 millones de pesos, así como costo mensual de 789 mil 898 pesos.

Derivado de lo anterior, en un trienio cada diputado de la LX Legislatura costó a los sonorenses 28.2 millones.

En tanto, los diputados que rindieron protesta como parte de la LXI Legislatura y que estarán en el cargo hasta el 2018 no son ajenos a los problemas legales.

Después de consultar archivos de distintas dependencias estatales se logró establecer que el diputado panista del IV Distrito de Nogales, José Armando Gutiérrez Jiménez, como Director de Imagen Urbana para el periodo de 2009-2012, fue inhabilitado por la administración de Ramón Guzmán para desempeñar cargo público durante 10, según el expediente OCEGN-A21-2012.

No obstante, el señalado impugnó este resolutivo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y fue favorecido.

En tanto, el legislador plurinominal de Nueva Alianza, Fermín Trujillo Fuentes, enfrenta un juicio en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil, radicado en la Ciudad de México, bajo el expediente 199/2003.

A este líder magisterial se le vinculó con el grupo cercano de Elba Esther Gordillo, exdirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien solía designar secretarios generales en las secciones 28 y 54 de Sonora.

Bajo la lupa también se encuentra Luis Gerardo Serrato Castell, legislador por representación proporcional acusado de desvío de recursos cuando fungió como director del Centro SCT Sonora en el sexenio de Felipe Calderón.

El señalamiento se derivó cuando ordenó la modernización de la carretera de cuatro carriles México 15 y el recurso lo orientó para favorecer la campaña de su hermano José Serrato Castell en 2012.

La información consultada señala que la dependencia federal no lo llamó a rendir cuentas porque hubo negociación entre las cúpulas gobernantes.


Finalmente, se encuentra Javier Dagnino Escoboza, del VI distrito local de Cananea, quien operó el espionaje telefónico contra los priistas en todo el sexenio de su cuñado el exgobernador, Guillermo Padrés y, especialmente, contra Claudia Pavlovich, actual gobernadora. El legislador dejó la dirección del C4 para ser candidato a diputado y se llevó equipo de la dependencia su uso particular.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Sicarios en motocicleta ejecutan a dos abogados en Michoacán

URUAPAN, Mich: Tres abogados fueron atacados a tiros por sicarios cuando salían de almorzar de una fonda; dos de las víctimas perdieron la vida y una más resultó lesionada.

Luego de ello, los agresores huyeron a bordo de una motocicleta, pese a la proximidad de la base de Seguridad Pública de la colonia Miraflores.

Entre las víctimas se encuentra Miguel Mora de la Peña, quien murió tras la ráfaga de proyectiles, en tanto hasta esta tarde se desconocía la identidad de otro de los fallecidos y de uno más que resultó herido, quien permanece en un hospital privado.

Cerca de las 13:30 horas de este martes, los tres sujetos almorzaban en la fonda denominada “Ana” y, cuando salían del establecimiento, ya los esperaban desconocidos fuertemente armados, quienes viajaban a bordo de una motocicleta.

Enseguida, uno de los sicarios accionó un arma corta en al menos 13 ocasiones, en tanto las víctimas intentaron escapar de la agresión; sin embargo, el abogado Miguel Mora cayó muerto en el lugar junto con otro de sus acompañantes, mientras un tercer hombre quedó en el suelo gravemente herido.

Luego los agresores huyeron del lugar, mientras que a escasos minutos arribaron elementos de la Policía Federal (PF), trasladando a uno de los heridos en una radiopatrulla, desconociéndose el móvil del atentado, toda vez que surgió confusión sobre los hechos.

Las dos víctimas mortales quedaron tiradas en plena calle, mientras que su otro compañero fue trasladado por paramédicos de la PF a un nosocomio particular; el lesionado se debate entre la vida y la muerte por las múltiples lesiones de impacto de bala que recibió en diferentes partes del cuerpo.


Más tarde la zona fue acordonada por elementos de la PF, Fuerza Rural y Fuerza Ciudadana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.

Alcalde electo de Iguala pone en Policía y Tránsito a personajes ligados al narco

CHILPANCINGO, Gro: El alcalde priista electo de Iguala, Esteban Albarrán, designó en las áreas de Seguridad Pública y Tránsito municipal a personajes de negro historial vinculados con el grupo criminal Guerreros Unidos.

En conferencia realizada este mediodía en el restaurante Arroyo, ubicado en el centro de la ciudad de Iguala, Albarrán anunció públicamente la conformación de su gabinete que entra en funciones legalmente este miércoles al igual que el resto de las 80 administraciones municipales de la entidad.

Al respecto, el alcalde cobijado por el grupo político del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer presentó a Crisóforo Tinoco Bahena y Martín Ocampo Arteaga como encargado de despacho de la SSP y director de Tránsito, respectivamente, en este municipio estratégico en la geografía del narco que se encuentra en la zona norte de la entidad.

Ambos personajes ocuparon cargos en áreas de Seguridad Pública desde la administración del priista Raúl Tovar y la actual que hoy concluye, del exalcalde perredista José Luis Abarca Velázquez, actualmente preso por sus presuntos nexos con el narco y señalado como responsable de la masacre y desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Crisóforo Tinoco se desempeñó como director operativo de la Policía Municipal de Iguala y solicitó licencia para separarse del cargo tras el ataque a la comandancia de Teloloapan, ubicada en la sede del ayuntamiento, que se registró el 25 de mayo de 2013 y donde murieron dos uniformados.

Ello debido a que el Ejército detuvo a siete policías municipales de Iguala, quienes participaron en el ataque contra el ayuntamiento del vecino municipio cuando se desplazaban a bordo de camionetas particulares y patrullas clonadas, según reportes oficiales.

Los policías de Iguala permanecieron arraigados durante 30 días y posteriormente fueron liberados porque el juez no encontró elementos para procesarlos, a pesar de las pruebas que presentó la Sedena en su contra y de que enfrentaban cargos por homicidio, robo de vehículo (en su modalidad de posesión) y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Un mes después, el director operativo de la policía de Iguala, Crisóforo Tinoco, reapareció en sus oficinas luego de que se difundió la versión de que había sido asesinado y después ya no se supo nada sobre su situación jurídica.

Durante este periodo Guerreros Unidos, afincado en Iguala, mantenía una brutal confrontación con miembros de la banda de La Familia que tienen su bastión en Teloloapan y Arcelia y eran comunes los asesinatos, balaceras, secuestros y desaparición de personas en esta franja de la entidad que sigue controlada por la delincuencia.

Dos años después, Crisóforo Tinoco Bahena reaparece ahora como encargado de despacho de la SSP de Iguala.

Por su parte, el recién designado director de Tránsito municipal, Martín Ocampo Arteaga, es el dirigente de la organización de taxistas denominada Independencia, y quien paradójicamente se venía desempeñando como juez calificador y jefe de licencias en la misma dependencia.

Tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Ocampo Arteaga fue trasladado por el Ejército, el 8 de octubre pasado, al centro de adiestramiento militar en Mazaquiahuac, Tlaxcala, junto a 199 policías municipales señalados por sus presuntos nexos con Guerreros Unidos, donde fueron capacitados y recibieron adiestramiento para incorporarlos nuevamente al servicio público.

Posteriormente, Martín Ocampo fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, donde declaró sobre señalamientos en su contra que lo vinculaban como enlace con el narcotraficante Mario Casarrubias, fundador de Guerreros Unidos.

Ello debido a que varios transportistas denunciaron públicamente que Ocampo Arteaga se dedicaba a cobrar cuotas de 200 pesos mensuales a cada taxista, quienes pagaban con dinero o despensas las cuales eran recolectadas por personal del DIF durante la administración de Abarca, cuando su esposa María de los Ángeles Pineda Villa encabezaba la dependencia de asistencia social.

La empresaria, actualmente presa, es hermana de los narcotraficantes Alberto, Mario y Salomón Pineda Villa, exoperadores del cártel de los Beltrán Leyva y posteriormente del grupo delictivo Guerreros Unidos.

A pesar de los señalamientos contra Martín Ocampo, éste regresó a laborar a la Dirección de Tránsito y ahora fue premiado con el cargo de director por el alcalde electo del PRI, Esteban Albarrán.

También el priista hizo un enroque en la dirección de licencias e infracciones, donde fue designado Enrique Jiménez Zúñiga, quien actualmente se desempeña como director de Protección Civil municipal.

La investigación de la PGR sobre el caso Ayotzinapa determinó que personal de Protección Civil municipal que estaba al mando de Jiménez Zúñiga participó en la cacería de normalistas y los ataques contra la sociedad registrados el 26 y 27 de septiembre de 2014.


De esta forma, el sello del narco vuelve a marcar la administración municipal de Iguala, que ahora encabeza el hijo de un empresario de la comunicación que ha ocupado cargos de elección popular en el Congreso local y federal con las siglas del PRI.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Desaparecen supuestos policías a 4 personas, acusan

Coatzacoalcos, Ver: Por segunda ocasión en este año, familias denunciaron la desaparición forzada de sus familiares por elementos de la fuerza civil y la policía ministerial; cuatro personas fueron levantadas por un comando armado, cuando se encontraban en un taller mecánico.

Ayer, familiares de Odilio Ramírez Reyes, Rosendo Vázquez Peña, Uriel Gutiérrez Gorra y Omar Shamed Wreden González denunciaron que fueron  detenidos y levantados el viernes 25 de septiembre.

Odilio y Rosendo son trabajadores del Taller de Motos del Norte, ubicado en la Avenida Universidad, entre la Avenida 1 y 2; y Uriel y Omar eran clientes del lugar que llegaron solicitando un presupuesto para la reparación de una unidad.

Desde ese día, buscaron a sus familiares en las comandancias de la policía pero les aseguraron que no habían sido detenidos por lo que presentaron las denuncias correspondientes por desaparición, quedando asentada como la investigación ministerial número 963/2016.

Las cuatro personas fueron presuntamente secuestrados por elementos de la policía ministerial que vestidos de civil ejecutaron un operativo en un taller.

Señalaron que testigos les hicieron llegar fotos y videos del momento en que se desarrolló el operativo y existen evidencias que se trata de elementos de corporaciones policiacas o militares, que llegaron en dos camionetas y un vehículo compacto.

“No se identificaron, así se bajaron con chaleco antibala, pantalón de mezclilla, botines como tipo federal o militares color café o caqui, nos hicieron llegar fotografías que vamos a presentar y a difundir por las redes sociales”.

A pesar de las amenazas para que los vecinos no documentaran el operativo, se tienen algunas fotografías de los participantes.

Los familiares se manifestaron frente a la Subfiscalía de la zona sur, para exigir que aparezcan con vida y en caso de que estén detenidos, sean presentados, pero no fueron recibidos por la titular de la oficina,  Samyra Kohuri Colorado

Los manifestantes una marcha desde el Parque del Seguro Social hasta las oficinas de la Fiscalía General del Estado Región Sur y anunciaron que realizarán una serie de bloqueos sino aparecen sus familiares o no se les presentan los videos de las cámaras de vigilancia que se encuentran sobre la avenida.

Supera hampa a la policía de Bermúdez en sur del estado

En el sur del estado de Veracruz se mantienen los asaltos a sucursales bancarias y gasolineras, a pesar del redoblamiento de la vigilancia por parte del mando único de Policía y las fuerzas federales.

A unas horas de que el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, anunciara la detención de una banda de tres sujetos a quienes se les responsabiliza de haber perpetrado al menos 14 asaltos bancarios en Veracruz y Oaxaca, un nuevo robo se presentó.

Este lunes, nuevamente se registró otro robo ahora en la sucursal de Banco Azteca, localizada en la calle López Mateos del Barrio Primero de Cosoleacaque, dentro de la tienda de Elektra Express.

Los testigos confirmaron que dos personas armadas, ingresaron a las instalaciones del banco y amagaron a los cajeros para que les dieran el dinero que tenían en ese momento; luego abandonaron las instalaciones y huyeron a bordo de una motocicleta.

Hasta el mediodía se desconocía el monto de lo que se llevaron, con este asalto suman 14 a sucursales bancarias y tiendas departamentales.

En el municipio de Acayucan fue asaltada una gasolinera ubicada en la carretera Costera del Golfo en la colonia La Malinche.

Dos sujetos arribaron a la gasolinera durante la madrugada de este lunes, en donde amagaron al empleado en turno y hurtaron la cantidad estimada en 150 mil pesos, de la venta del fin de semana, según el reporte preliminar.


Hasta el momento no se tienen datos exactos de lo robado, ya que el propietario, no había interpuesto la denuncia correspondiente, aunque esta no es la primera vez que ha sido visitado por los ladrones.

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.

Apoya UV protestas por caso Ayotzinapa “sin afectar a terceros” en Humanidades

Ante la toma de la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana (UV), el director de dicha área académica, José Luis Martínez Suárez, sostuvo que la protesta por el acto criminal de Ayotzinapa es innegable, tiene fundamento, “¿por qué no mantener viva la protesta? pero no de esta manera” porque se perjudica a estudiantes que sí quieren tener clases”.

Desde las seis de la mañana de ayer, estudiantes de facultades de la Unidad de Humanidades de la UV iniciaron un paro 24 horas en apoyo a las protestas nacionales como parte de la Acción Global por Ayotzinapa, para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, secuestrados hace un año.

En la entrada principal de la Unidad, los estudiantes colocaron carteles con las fotografía de los estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, además había una manta de la activista Nadia Vera, ex estudiante de la Facultad de Antropología y del fotoreportero Rubén Espinosa Becerril, los dos asesinados en la junto a otras mujeres en la colonia Narvarte del Distrito Federal, el pasado 31 de julio.

Pero ante la toma de la Unidad de Humanidades, Martínez Suárez señaló que las formas son las que se reprueban, ya que afectan a un gran número de estudiantes que sí desean tomar clases en tiempo y forma.

“Los movimientos sociales en nuestra área no son sorpresas, hay un interés muy claro de compromiso social, lo que me sorprende es la acción, en términos de afectar el funcionamiento cotidiano de la universidad, el motivo es más que suficiente; no podemos cerrar ni ojos ni corazón ni cerebro ante un crimen como el de Ayotzinapa, pero las formas no son las correctas”.


Las formas se deben de corregir, sostuvo el ex director de la Facultad de Letras, ya que con cada cierre o toma de instalaciones afectan la productividad académica de todas las facultades que integran la Unidad de Humanidades, incluyendo cursos extracurriculares como el Departamento de Lenguas Extranjeras (Delex).

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.

Volkswagen vendió en México 32 mil autos que podrían estar “alterados”

MÉXICO, D.F: Alrededor de 32 mil vehículos de Volkswagen que fueron vendidos en México podrían estar en la lista de motores diésel de la serie EA189 sujetos a investigación, informó este martes la empresa automovilística en México.

Se trata de unidades adquiridas desde 2009 hasta agosto de 2015, equipadas con motores diésel de cuatro cilindros, específicamente los modelos Transporter 2.0 TDI, Amarok 2.0 TDI, Vento 1.5/1.6 TDI, Jetta Gen. 4 (Clásico) 2.0 TDI, Bora 2.0 TDI, Nuevo Jetta Gen. 6 2.0 TDI, Audi Q3 2.0 TDI (hasta modelo 2015) y Audi A4 2.0 TDI.

“Todos estos vehículos han sido homologados en México de acuerdo a la normatividad mexicana vigente”, precisó la compañía en un comunicado.

Destacó, asimismo, que se encuentra trabajando para aclarar en qué modelos se presenta una alteración de los valores de emisiones reportados a las autoridades mexicanas, y reiteró que los automóviles mencionados “son completamente seguros para su uso cotidiano y no representan ningún riesgo para nuestros clientes”.

Una vez que se tenga la certeza de los modelos, añadió, se informará a los compradores para solucionar el problema sin costo para el consumidor.

Ayer, el nuevo presidente de Volkswagen, Matthias Müller, señaló que ve a la compañía ante la mayor prueba en la historia del fabricante automovilístico, luego del escándalo de manipulación de cifras de gases nocivos.

“El engaño y la manipulación no se pueden justificar con nada”, reconoció.

A mediados de septiembre, la firma alemana confesó haber equipado 11 millones de automóviles en todo el mundo con un software destinado a manipular los resultados de los controles de contaminación, incluidos cinco millones en su marca homónima, 2.1 millones en la marca de lujo Audi, 1.2 millones en la división checa Skoda y 1.8 millones de vehículos comerciales ligeros.

La revelación provocó un hundimiento de las acciones del líder mundial de ventas de automóviles, que el pasado martes 22 perdió 19.8% en la Bolsa de Fráncfort, después de haber caído 18.6% en el cierre del día anterior.


El escándalo de Volkswagen arrastró también a otras compañías del sector automovilístico europeo. BMW perdió 6% y Daimler cedió 7% en la Bolsa alemana. En París, Renault bajó 7.1% y Peugeot lo hizo en 8.8% la semana pasada.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN

Los veracruzanos están hartos del gobierno de Duarte: priistas

MÉXICO, D.F: Los senadores priistas Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla denunciaron que su correligionario, el gobernador Javier Duarte, tiene hartos a los veracruzanos.

“(…) donde quiera que vayas, en Veracruz, la gente está harta, molesta, agraviada por todo lo que pasa con las finanzas, con la corrupción, con la inseguridad… La omisión en política no sólo es una incompetencia, también es constitutivo de responsabilidad legal”, denunció Héctor Yunes Landa.

Aparte, José Yunes Zorrilla advirtió que en la administración encabezada por Duarte “hay un sobreejercicio del gasto de operación que ha ido creciendo y ha provocado desvío de recursos, como lo ha señalado la Auditoría Superior de la Federación”.

El periódico Reforma entrevistó a los senadores priistas, después de que ambos públicamente rompieron con el gobernador de Veracruz.

El domingo pasado, durante su discurso en la ceremonia de renovación de la dirigencia de la Confederación Nacional Campesina, el gobernador de Veracruz ridiculizó públicamente a Yunes Landa, a quien le “obsequió” una caña de pescar para capturar “peces gordos”; el mandatario recomendó a su correligionario dirigirse hacia el estero y al Conchal a realizar actividades de pesca, no importando que “sean familiares”.

“Sufrí una falta de respeto a mi familia y a mi persona, pero sobre todo, a millones de veracruzanos que escucho a diario reclamar con toda justicia el castigo a los culpables del saqueo que ha sufrido Veracruz”, replicó Yunes Landa.


Ayer, en un desplegado, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana denunció que el gobierno encabezado por Javier Duarte le adeuda dos mil millones de pesos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

En Churintzio no se aplicará ley educativa, resuelve la Corte

México, DF. Al establecer que el procedimiento legislativo de la Ley de Educación en el estado de Michoacán no fue acorde “con el principio de representatividad y debate democrático”, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  determinó la inconstitucionalidad de la norma y que se deje de aplicar, exclusivamente, en el municipio de Churintzio.

Al resolver la controversia constitucional que interpuso el citado municipio en contra de la Ley de Educación para el estado de Michoacán, el ministro José Ramón Cossío señaló que el proceso legislativo en el que se aprobó la legislación en un solo día (24 de octubre de 2014) fue “desaseado en términos jurídicos”, ya que se dispensó la lectura de los dictámenes aprobados y se negó a las minorías su derecho a participar en la deliberación parlamentaria.

Con la decisión, Churintzio es el único municipio (la Corte resolverá una controversia similar presentada por Tingambato)  de los 113 que integran el estado, en el que no aplicará le norma estatal.

Ante éste vacío legal, sería la Ley General de Educación la que rija la actividad educativa en la entidad, ya que los ministros no emitieron ningún pronunciamiento respecto a si el congreso local debe subsanar ésta situación.

Cabe señalar que por tratarse de una controversia constitucional, la invalidez de una norma sólo aplica a favor de quién presentó la demanda, en éste sentido, fue el municipio de Churintzio en contra del congreso local.

Los ministros consideraron que la mayoría no tomó en cuenta varias solicitudes de las minorías de mociones suspensivas, tampoco se les permitió su derecho a libre deliberación y manifestación de ideas.

Fuente: La Jornada Michoacán

Autor: Jesús Aranda

Fuga de 'El Chapo' no obliga a renuncias, sino a decisiones: Osorio

México, DF. El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, rechazó que debió renunciar luego de la fuga del narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.

Fue uno de los temas por los que fue cuestionado por PRD y PT durante su comparecencia ante el pleno del Senado. La perredista Dolores Padierna le dijo que el escape de un penal de máxima seguridad del líder del Cártel de Sinaloa, puso en evidencia que el titular de Gobernación “no ha cumplido con sus responsabilidades, por lo que debió separarse del cargo para facilitar a las autoridades investigadoras llegar al fondo sobre la responsabilidad legal de la fuga del narcotraficante.

Osorio Chong no respondió, pero el también perredista Luis Sánchez, insistió y en su turno le preguntó directo si no pensó, por lo menos en esa posibilidad de renunciar. “Ante la crisis del sistema penitenciario, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones con responsabilidad para evitar la repetición del tema”, comentó el secretario de Gobernación.

Durante las cuatro horas que duró la comparecencia, el funcionario evitó confrontarse con legisladores del PRD, PAN y PT, quienes cuestionaron la actuación del gobierno federal en la tragedia de Iguala, sostuvieron que se vive la peor crisis de derechos humanos y calificaron su gestión de omisa e indolente.

El petista Manuel Bartlett lo cuestionó, por lo que, dijo, es una ataque contra Andrés Manuel López Obrador, orquestado desde Los Pinos y le pidió responder directamente si el Ejecutivo federal continuará con el uso de todo su poder para atacar al dirigente de Morena.

Osorio Chong rechazó el señalamiento y no respondió a las críticas de panistas y perredistas por el nombramiento de Arturo Escobar, como subsecretario de Gobernación y quien permaneció en las gradas para visitantes, no en el pleno.

Senadores del PRI y el PVEM asumieron en todo momento la defensa del titular de Gobernación. El senador del Verde, Gerardo Flores, hasta negó que el Washington Post calificara en su edición de hoy al 2014 “como el año miserable de México”, como lo mencionó en el pleno Alejandro Encinas.

Los panistas colocaron en sus escaños cartelones con alusiones a Ayotzinapa y la Casa Blanca.

Fuente: La Jornada

Autor: Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Gobierno acorralado

MÉXICO, D.F: La versión oficial de lo ocurrido en la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace poco más de un año evidencia que el gobierno federal busca la fórmula que le permita atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero al mismo tiempo proteger a las fuerzas federales (Ejército y Policía Federal) que se encontraban en el lugar de los hechos la noche de la desaparición de los estudiantes.

Los familiares de los normalistas fueron claros y precisos en sus observaciones: el gobierno federal fue evasivo en sus respuestas. Los familiares demandaron, entre los ocho puntos, dos que resultan particularmente incómodos para el gobierno:

“Replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar” y “que requiera formalmente la colaboración de la ONU para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en México, que investigue y coadyuve en los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, conflictos de interés y macrocriminalidad.”

Ambas demandas buscan retomar los elementos clave que hicieron efectiva la acción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (GICIG) que provocó la renuncia y encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, porque permiten que las misiones internacionales vayan más allá de las recomendaciones y puedan instruir al Ministerio Público en la integración de sus averiguaciones e incluso consignar directamente ante las instancias del Poder Judicial. Al menos así sucede en Guatemala.

En el caso de la unidad de investigación, los familiares fueron muy específicos respecto de las condiciones que debía reunir la indagatoria, y manifiestan que el titular de dicha unidad debe ser “un fiscal que tenga el visto bueno del Grupo de Expertos”; que la actuación de la misma “se guíe en función de un plan de investigación que deberá diseñarse conjuntamente con los expertos”, y que “pida apoyo externo a la Procuraduría cuando requiera dictámenes periciales, con el visto bueno del Equipo Argentino de Antropología Forense”, entre las principales características.

Los familiares expresan su deseo de que esta instancia “agote todas las líneas de investigación, incluyendo las relativas al Ejército y a los políticos corruptos de Guerrero”. En un párrafo posterior exigen que se investigue la responsabilidad, entre otros, del exgobernador Ángel Aguirre y del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Según informó a los medios el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, en respuesta a dichas demandas el mandatario instruyó “a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como a la Procuraduría General de la República, que analicen la viabilidad de cada uno de esos ocho puntos”. Y anunció la creación, dentro de la PGR, de una Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desparecidas, con lo cual atiende una reiterada demanda social pero permite cerrarle el paso a la Unidad que exigen los padres de los desaparecidos.

Aunque cada día los espacios de maniobra para el gobierno federal se estrechan más, lo cierto es que las primeras informaciones en torno a la reunión evidencian que aquél pretende repetir la misma trama a la que recurrió en el caso de los conflictos de interés por la adquisición de inmuebles multimillonarios financiados por un contratista del gobierno: instruir para que le elaboren un expediente que le permita negar la viabilidad de atender las demandas de los padres de los normalistas.

Por supuesto, el gobierno federal reiteró las que fueron sus primeras reacciones al informe del GIEI, es decir, que se atendieran todas sus recomendaciones y líneas de investigación y que el grupo extendiera su estancia en el país por otros seis meses.

Sin embargo, es evidente que los funcionarios del gobierno federal leen el informe y las recomendaciones con un enorme sesgo, pues el miércoles 23 el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, declaró en un noticiero matutino de Radio Fórmula que una de las coincidencias fundamentales del reporte con las conclusiones de la PGR es que ambos señalaban que los responsables eran las policías municipales y los grupos criminales. Campa eludió hablar sobre la parte del informe que claramente especifica: “tanto la Policía Federal, estatal, como el Ejército tuvieron personal destacado” al menos en algunos de los escenarios donde hubo encuentros de los normalistas desparecidos y las fuerzas de seguridad la noche del 26 de septiembre.

En el apartado alusivo a las responsabilidades, específicamente en la número 8, el informe precisa: Se debe “investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos”.

En la 9 insiste: “Investigar a todos los posibles responsables que podrían haber participado en los hechos de acuerdo con las declaraciones testimoniales y otras evidencias probatorias. La investigación del GIEI ha proporcionado nuevos elementos en ese sentido”.

La revisión del informe, y especialmente de las recomendaciones del GIEI, de las demandas de los familiares de los desparecidos y las declaraciones oficiales, incluyendo las que el vocero de la Presidencia atribuye a Peña Nieto, demuestran que el gobierno federal no atiende ni esas recomendaciones ni esas demandas, pues a pesar de todas las evidencias en contrario se aferra a su “verdad histórica”.

El caso se le complica al gobierno federal, pues ante la presión internacional por la desaparición de los normalistas tuvo que aceptar la intervención de expertos internacionales, que a partir de sus propias investigaciones de campo y peritajes han desacreditado una y otra vez las versiones oficiales.


Es evidente que las respuestas del gobierno de Peña Nieto pretenden atender únicamente aquellas recomendaciones y demandas que le permita exculpar al Ejército y a la Policía Federal, aunque tengan que reconocer que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Y aunque el caso pierde importancia en los medios de comunicación masiva a escala nacional, la presión internacional se incrementa, lo que vuelve muy vulnerable al gobierno y estrecha sus márgenes de acción.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.

Peña presentará en Chiapas iniciativa para creación de zonas económicas especiales

TAPACHULA, Chis: El presidente Enrique Peña Nieto presentará a las 13 horas de este martes la Iniciativa de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales para el país.

Peña Nieto llegó cerca de la medianoche al aeropuerto internacional de Tapachula, tras concluir su gira de trabajo en Nueva York.

El presidente fue recibido por el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello.

Previo a su llegada, la ciudad vivió una intensa movilización policiaca y militar para garantizar las medidas de seguridad por la llegada del presidente Peña Nieto.

El mandatario abordará el tema de la creación de zonas económicas especiales en los estados del país con mayor rezago social, medida que enviará al Poder Legislativo.

Esta iniciativa forma parte de las diez medidas para hacer frente a los grandes desafíos nacionales presentadas por Enrique Peña Nieto con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.

El mandatario enviará al Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales para impulsar el desarrollo en las regiones con mayores rezagos del país. Estas zonas tendrán acceso a un marco regulatorio e incentivos especiales con el fin de elevar la productividad, crear más empleo y generar nuevas oportunidades productivas.


Esta es la décima visita de Peña Nieto a Chiapas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.

Periodistas ¿millonarios?

Entre el 2001 y 2015, Joaquín López Dóriga ha recibido del gobierno federal unos 237 millones de pesos, de acuerdo con un reportaje publicado esta semana en la revista Proceso. Es mucho, muchísimo dinero destinado a un solo periodista, comparado con lo perciben la mayoría de los trabajadores del gremio… y los mexicanos.

¿Por qué un periodista puede recibir tanto dinero en México? Por la distorsión de un sistema de relaciones entre el gobierno, medios de comunicación y periodistas reconocidos, en el que el dinero y la información periodística se entrelazan con mucha frecuencia. En un esquema así casi todos parecen ganar, excepto la sociedad y su derecho a la información.

López Dóriga, como otros de sus colegas, es un periodista muy afamado y con una larga trayectoria. Su presencia en el noticiario de la televisión más visto y en uno de los noticiarios de radio más escuchados en el país, le permite tener un acercamiento privilegiado al llamado “círculo rojo” para obtener noticias exclusivas, primicias y entrevistas de primer nivel. Pero también mucho dinero.

Quienes manejan los recursos de la publicidad en las dependencias y órganos de gobierno en sus diferentes niveles (federal, estatal y municipal) “invierten” en sus programas cuantiosos recursos del erario público porque consideran que sus campañas de información, divulgación o rendición de cuentas tienen más alcance entre la población, pero paralelamente les permite, bajo su lógica, tener una buena relación con el periodista más reconocido de México y los medios de comunicación en los cuales lleva a cabo su labor para tener un trato “amable” en coberturas periodísticas.

Probablemente estas “inversiones” hayan derivado en omisiones informativas, en “coberturas especiales” o en comentarios o entrevistas al gusto del cliente, pero sólo un análisis más a fondo de lo que se transmite o deja de transmitirse podría arrojar un panorama mucho más claro. De cualquier manera, la probabilidad de comprometer la línea editorial del medio y/o del periodista a costa del flujo constante de publicidad gubernamental aumenta en noticiarios de estas características y es entonces cuando el periodismo pierde frente al dinero.

La situación es mucho más delicada cuando el periodista, en lugar del medio de comunicación, recibe directamente el dinero. ¿Qué hace la diferencia? Todo. Al periodista le debe pagar su empleador, no sus fuentes, porque en eso radica la independencia y ética de su trabajo frente a los intereses políticos o económicos en los que se desenvuelve el concesionario de radio o televisión o el dueño de un periódico. El periodista se debe a sus audiencias y sus lectores, no a quien le patrocina directa o indirectamente contenidos editoriales.

De acuerdo con el reportaje de Jenaro Villamil, López Dóriga ha podido adquirir propiedades muy lujosas, incluso un yate, y se ha hecho de jugosas cuentas bancarias, junto con su esposa. Es posible que parte de sus bienes muebles e inmuebles sean producto del pago de su intenso trabajo en radio, televisión y medios impresos a lo largo de varias décadas (nadie puede poner en duda que es periodista muy trabajador), pero también -como se ha documentado- gracias a los contratos multimillonarios con dependencias federales (faltaría sumar de gobiernos estatales y municipales). Estos contratos asignados de manera directa son los que, en definitiva, resultan inaceptables en toda relación entre periodistas y gobierno. Tan inaceptables como la supuesta extorsión, en este caso de una empresaria, de la que es acusado.

López Dóriga está inmerso en un escándalo por el caso Aramburuzabala y ahora por las revelaciones de Proceso, pero ¿cuántos periodistas como él han firmado contratos con dependencias de gobierno para brindarles servicios de información o asesorías en comunicación? ¿se puede ser periodista y al mismo tiempo consultor al servicio de tus fuentes? ¿éticamente es posible? ¿qué consecuencias ha tenido esta relación para el periodismo profesional, de calidad y el derecho a la información?

Otra variable que tampoco debemos obviar es la de periodistas -conductores titulares de noticiarios en medios electrónicos-, que a costa de su prestigio y credibilidad se han convertido en vendedores de medicamentos milagrosos, tiendas de ropa o tratamientos para la calvicie. Es una práctica que no debe verse como algo “normal”. La transmisión de publicidad como noticias es ya una constante en México, aunque la propia Constitución lo prohíba. Urge regular la publicidad gubernamental y fortalecer otras tareas (autorregulación periodística, derechos de las audiencias, alfabetización mediática, etc.) si realmente aspiramos a tener un país democrático.

FUENTE: SIN EMBARGO.

AUTOR: GABRIEL SOSA PLATA.

LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/29-09-2015/39778.

¿Independientes o reciclados?

Desde el triunfo de Jaime Rodríguez “El Bronco” como gobernador de Nuevo León, han surgido un número importante de oportunistas y chapulines, por llamarlo de manera elegante, de políticos reciclados de distintos partidos, bajo el disfraz de “independientes”.

Los reciclados han visto en esta nueva forma ciudadana de hacer política, la gran oportunidad para filtrarse de forma camaleónica en la lista de los “independientes” y así seguir viviendo del erario público, de nosotros los mexicanos, pues.

Resulta sorprendente ver personajes con un pasado cuestionable, en algunos casos, casi delincuencial, queriendo aparecer ahora como “blancas palomitas” inocentes e independientes.

Señoras y Señores, seamos serios. Los ciudadanos no somos menores de edad en este juego llamado democracia simulada que vivimos en México. Tampoco somos ingenuos, mucho menos, personas sin memoria.

El tema exige una revisión a profundidad. Las candidaturas ciudadanas, son eso, ciudadanas. De nada vale que intenten camuflarse siniestros personajes marcados por la corrupción, la traición y los excesos de todo tipo a su paso por la política.

En estas nuevas listas de “independientes” abundan los chapulines, políticos que van saltando de partido en partido buscando sus intereses propios y no los del bien común; políticos que quieren ir por la libre para no someterse a la disciplina de las normas de un partido y hacer lo que se les de la gana, políticos que han traicionado su deber con el electorado que los eligió. Los ejemplos abundan, pero veamos unos cuantos para hacer recuento de esta nueva aberración política, de esta nueva simulación.

Gerardo Buganza Salmerón en Veracruz, este señor lleva décadas pegado a la ubre del presupuesto gubernamental. Inició en el Partido Acción Nacional (PAN) en 1994 como militante, luego fue diputado federal en 1997 y después candidato a la gubernatura. Al perder, fue nuevamente diputado federal en 2006 y al terminar en 2010 renunció al PAN para integrarse al gobierno del priísta, del depredador de la prensa, Javier Duarte, con quien incluso ha llegado a ser secretario de gobierno este año.

El señor Buganza observó el fenómeno “Bronco” y se apuntó y renunció a su cargo el pasado mes de julio e inmediatamente se autonombró candidato ciudadano para la gubernatura de Veracruz. Pero el PES no solo le negó su apoyo, lo acusó de “sicario político”.

¿Cuántos sicarios políticos quieren hacerse pasar como independientes? Comprendo que pedir expediente limpio sin militancia en ningún partido, aunque es lo ideal, en la mayor parte de los casos es casi imposible.

Ser candidato independiente y ciudadano no significa que no tenga pasado partidista. Se vale haber pertenecido a un partido, pero a un partido, no a varios “chapulineando” para su propio beneficio. Los chapulines no deben ser candidatos independientes y si lo son, la gente no debe olvidar su pasado.

A veces sin pasado partidista ya están marcados por hechos oscuros, como el empresario lechero Leodegario Pozos Vergara “El Tigre”, que se autodestapa como el próximo candidato “Bronco” para la gubernatura de Puebla en 2016. Hay que añadir que este señor en 2013 fue precandidato del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de Liebres, Puebla. Pero el pequeño problemita es que este señor fue vinculado en 2005 al robo de combustible, en  2011 fue detenido con otras tres personas en estado de ebriedad por negarse a pagar consumos en un centro nocturno.

En esta lista apócrifa de independientes incluimos a Rodolfo Rodríguez Navarrete quien fuera en 1998 primero regidor del PRI en el ayuntamiento de Zacatecas, luego en 2007 se registra en la fórmula de regidores por Nueva Alianza para el municipio de Guadalupe, Zacatecas en la posición número uno, para después en 2010 ser titular de Gestión y Participación Social del Ayuntamiento de Zacatecas y en 2013 ganar la precandidatura del PAN, pero después renunciar a la misma para integrarse como coordinador de redes sociales en apoyo a Ernesto Cordero a la presidencia del PAN.

Uno de los casos más esperpénticos, de los autonombrados mañosamente “candidatos independientes” es el del empresario minero Armando Guadiana, ex diputado priísta y un hombre sobre el que pesan graves acusaciones de corrupción e incluso de negligencia y explotación laboral en tajos y pozos mineros que se han cobrado la vida de sus trabajadores.

Ser candidato independiente significa tener un liderazgo limpio, una fuera social clara. Hay candidatos independientes como Pedro Kumamoto que sin haber militado en ningún partido y sin pasado político tienen una base social indiscutible.

Para ser candidato independiente debería ser exigido un mínimo de requisitos: primero que nada, honestidad; luego, congruencia, y después una base social sustentada en años de servicio público, de trabajo social.

Es inaceptable que políticos chapulines o corruptos echen a perder una de las posibilidades que tiene la ciudadanía para dar una vuelta de timón a nuestra maltrecha democracia.

Tampoco el panorama de los que apoyan las candidaturas independientes se ve claro. En esa lista publicada en el reciente desplegado titulado “Por una cancha pareja para candidaturas independientes” hay gente muy diversa, algunos marcados por el chapulineo, otros señalados como intelectuales orgánicos, escritores  que también han vivido al amparo del poder en turno. Si esta lista es una nueva edición del fallido Grupo San Ángel, estamos francamente perdidos.

En el nuevo espectro de candidatos independientes brilla Manuel Clouthier, un hombre íntegro que ha demostrado tener en las venas el buen quehacer político heredado por su padre. En ese escenario pueden surgir más personajes excepcionales, congruentes y comprometidos con el bienestar social, como el panista Javier Corral.


Seguramente la lista de los verdaderos candidatos independientes estará muy contaminada por todo tipo de personajes oscuros y políticos corruptos y chapulines, pero corresponde a los mexicanos hacer una criba para separar la podredumbre de los hombres éticamente morales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/28-09-2015/39735.

Tuitea López Dóriga: “la infamia fortalece”, y provoca nueva arremetida en redes

MÉXICO, D.F: Concluido su noticiero, el lunes por la noche, el periodista estrella de Televisa, Joaquín López Dóriga, cerró sus publicaciones del día en Twitter con el siguiente mensaje:

Buenas noches. Recuerden: la infamia fortalece.

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) septiembre 29, 2015

Ya no hizo mención a la reciente publicación del semanario Proceso que revela los negocios que ha hecho el periodista al amparo del gobierno y los micrófonos de radio y televisión.

De ello se ocupó sólo a través de su cuenta de Twitter, en dos mensajes de domingo en los que acusó al semanario de haberse “entregado al gran capital” por estar “en crisis”.

La publicación no fue tema en su noticiero, ni en su columna “En Privado” que publica en el diario Milenio, que dedicó a la visita del Papa Francisco a Estados Unidos. Como es su costumbre inició su texto con un aforismo de Florestán: “lo que no saben es que karma is a bitch, pero shhhh”.

En los comentarios, lectores le dejaron algunos mensajes, como el usuario Anacleto que escribió: “Joaquincita: Aramburuzabala…Habla de eso”.

Otro, que se identifica como Serpax comentó: “Para karmas, el tuyo juayderito, je, je, je,! …El que a periodicazos mata a periodicazos muere…”

También en el tuit que publicó la noche del lunes, al término de su noticiero, recibió decenas de comentarios en los que lo cuestionan, como los siguientes:

@JAngelEscamilla: “@lopezdoriga Repítelo hasta que te lo creas… #Mantra #Chayote”

@EquidadMexico: “@lopezdoriga segurito que vas a descansar de maravilla con tus millones de USD ganado a costa de la mentira y difamación que sale de tu boca”

@MorenoMJuanC: “@lopezdoriga ¿infamia? ¿por qué no lo peleas como difamación? Simple, no puedes, engañas a los ignorantes, la nueva generación no es pendeja”.

@eclocionletal: “@lopezdoriga q fuerte declaración si es usted un infame y ahora sabemos q eso lo hizo poderoso y rico q asco y repugnante es usted”

@16Gustavogg: “@lopezdoriga pues debes ser muy fuerte ya que llevas una vida de infamia desde que eres el consentido del Jolopo”


@quecadeflor: “@lopezdoriga Explicación no pedida, acusación manifiesta”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La CNDH presenta recurso contra ley de “protección de periodistas” impulsada por Borge

CANCÚN, Q. Roo: La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo, impulsada por el gobernador Roberto Borge.

La CNDH considera que en esta ley, aprobada el pasado 3 de agosto por el Congreso del estado, “se violentan el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho a la no discriminación, derecho a la seguridad jurídica y el principio de pro persona”.

Este recurso de inconstitucionalidad fue presentado el pasado 14 de septiembre y admitido por la SCJN con el número de expediente 87/2015.

La CNDH solicita la declaración de invalidez de los artículos tres, fracciones VI y XII; seis, fracción IX; 13, último párrafo, y 45.

Las fracciones VI y XII del Artículo 3 definen los conceptos de libertad de expresión y periodista.

De esta forma, para ley, libertad de expresión “es el derecho humano que tiene toda persona para difundir y publicar ideas u opiniones de toda índole, ya sea de forma personal o colectiva, sin que sea objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa o limitada directa o indirectamente, ni discriminada por razones de raza, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, idioma, origen nacional, a través de cualquier medio de comunicación”.

Y “periodista” es “toda persona que hace del ejercicio de la libertad de expresión y/o información su actividad, de manera permanente con o sin remuneración. Las personas físicas, así como los medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo remunerado o no, consiste en recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, y que requiere garantías para ser protegida o protegido ante los riesgos que conlleva su labor profesional”.

La CNDH estima que en el concepto de libertad de expresión, la ley “excluye otros aspectos constitutivos de la prohibición de discriminación consagrados en el artículo 1 de la Constitución Federal”.

Considera violatorio a la Constitución que esta ley condicione el concepto periodista como una actividad “permanente”, pues resulta violatorio de los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal, y disposiciones internacionales-.

La ley, en su fracción IX, artículo 6, establece el concepto de “exclusividad” y define que las medidas de protección “deben ser destinadas exclusivamente para las personas que se encuentren en un alto riesgo o que estén vinculadas por las actividades de defensoría y/o ejercicio de la libertad de expresión que realizan”.

En ese sentido, la CNDH cuestiona que las medidas de protección sean sólo para personas que “se encubren en alto riesgo” y resulta violatorio de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución y otros tratados internacionales.

El último párrafo del artículo 13 de la ley, señala que “se podrá solicitar la identificación oficial del periodista y la acreditación del medio de comunicación social para el cual labora” para el acceso “a todos los actos de interés público que se desarrollen en el seno de organismos públicos o a los de carácter público que se desarrollen por personal o entidades privadas”.

Al respeto, la CNDH consideró que es inconstitucional solicitar acreditación de un medio de comunicación para acceder a actos de interés público.

El artículo 45 de la Ley establece, en relación a las disposiciones para la protección, que “las personas beneficiarias se podrán separar de la medida en cualquier momento, para lo cual deberá externarlo por escrito a la Junta de Gobierno o a la Secretaría Ejecutiva, según sea el caso”.


Pero, sobre este artículo, la CNDH considera que “resulta trasgresor de la seguridad jurídica, toda vez que no requiere siquiera que la autoridad verifique que han cesado o se han modificado las causas por las cuales se concedió la protección”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.