La convocatoria establece que 24 horas previas a la realización de la consulta ciudadana se suspenderá la difusión y/o divulgación de las razones por las que debe o no ejecutarse el proyecto.
El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) dio a conocer este miércoles la convocatoria para que los habitantes de la delegación Cuauhtémoc participen en la consulta ciudadana sobre el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa. Este ejercicio se realizará el domingo 6 de diciembre de este año de 9:00 a 17:00 horas, y en ella podrán participar los ciudadanos que cuenten con credencial para votar vigente con domicilio en la delegación Cuauhtémoc y que estén inscritos en la Lista Nominal del Registro Federal de Electores del INE. El Consejo Ciudadano Delegacional entregará los resultados de esta jornada al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que los considere como elementos de juicio, para las definiciones a que haya lugar. El IEDF también publicó en la Gaceta Oficial capitalina que se aprueban los lineamientos para diseñar e implementar el modelo de comunicación de las distintas posiciones en torno a la consulta ciudadana sobre la aprobación o rechazo de la realización del proyecto Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa. Éstos aportan líneas generales de actuación mediante las cuales quienes participen en la consulta ciudadana obtendrán los elementos informativos que les permitan emitir una opinión razonada ante las preguntas que se les formulen en dicho ejercicio cívico. Para que los ciudadanos emitan una opinión informada, se elaborarán materiales (trípticos y DVD) que se distribuirán entre el 25 y el 29 de noviembre; y el 23 del mismo mes habrá un micrositio en el portal del IEDF. El instituto organizará un debate entre los representantes de cada corriente o grupo de opinión (por el sí o por el no) entre el 2 y el 4 de diciembre de 2015.
Además, el IEDF elaborará carteles informativos para promover la participación de la ciudadanía, los cuales serán distribuidos entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre en centros culturales, bibliotecas, estaciones del Metro y Metrobús, parabuses, mobiliario urbano, plazas públicas, parques y edificios públicos en la delegación. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/1811/mexico/el-6-de-diciembre-consulta-ciudadana-sobre-corredor-chapultepec-zona-rosa/
Los criterios que se definan impactarán directo en la garantía de conocer los archivos de otros casos de violaciones graves a derechos humanos, señalaron organizaciones; por ejemplo, en el caso Ayotzinapa.
Este miércoles 18 de noviembre ”está en juego el acceso a la información de casos emblemáticos de violación de derechos humanos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá si la sociedad tiene derecho a saber la verdad sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas a lo largo de la historia”, alertaron organizaciones como Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Los ministros y ministra de la Primera Sala discutirán la desclasificación de expedientes de las tres masacres de migrantes perpetradas en México en 2010, 2011 y 2012, precisaron en un comunicado. “La decisión que tomen será decisiva para que las víctimas de estos hechos y la sociedad mexicana e internacional accedan a información sobre las atrocidades ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León”, indicaron. “Desde hace tres años, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y ARTICLE 19 buscan la desclasificación de las averiguaciones previas que investigan estos graves hechos. La Corte, como última instancia, revisará el amparo ya otorgado por el Juez Fernando Silva, quien ordenó la desclasificación de los expedientes”, expusieron. “Este miércoles, los cinco ministros confirmarán o negarán la facultad del Instituto para desclasificar información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, por el interés público que reviste, aun cuando los casos no hayan sido catalogados como graves o estudiados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, abundaron. Y sostuvieron que “negar el acceso a San Fernando significa potencialmente cerrar a la sociedad Ayotzinapa y Tlatlaya. Pero también todas y cada una de las masacres, desapariciones, casos de tortura y ejecuciones ocurridas en México, que no han merecido una recomendación de la CNDH y menos una justa catalogación como graves violaciones de derechos humanos. Cerrar San Fernando, por tanto, es encubrir Apatzingán, Tanhuato, La Barca, las fosas de Durango o Allende; es relegar al olvido a Atenco, Acteal, Aguas Blancas y las atrocidades de la Guerra Sucia”.
Esta semana en la Cámara de Diputados se aprobará la minuta de desindexación del salario mínimo.
Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados se reunieron en privado en El Club de Banqueros para acordar una agenda común de temas de lo que resta del periodo y para el próximo que inicia en febrero, así como acelerar la aprobación de las minutas que tiene cada instancia legislativa. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, expuso que entre los temas a discusión en ambas cámaras se encuentran las reformas en materia de robo de hidrocarburos, trata de personas, un conjunto de iniciativas que se generaron a partir del paquete económico. “Podemos asegurar que va a ser un periodo de sesiones muy exitoso, muy productivo, pero que también ya estamos decantando la agenda de los próximos meses en el Congreso de la Unión”, apuntó. En entrevista al término del cónclave privado, adelantó algunos temas para el próximo periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero. “Nos hemos propuesto abordar el tema de anticorrupción, terminar la implementación de la reforma en materia de transparencia, que son dos demandas que nos está exigiendo la sociedad”. A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, anunció que entre los acuerdos está que entre miércoles y jueves se aprobará en San Lázaro la minuta de desindexación del salario mínimo Además, se buscarán los consensos para darle el aval a la reforma política del Distrito Federal, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el mes próximo.
Expuso que se exploraron una serie de temas y en el encuentro acudieron también senadores y diputados federales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
México, DF. El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Reyes Baeza Terrazas defendió en el Senado la “modernización de Pensionissste”. Dijo que la reforma que se discute en el Congreso tiene como objetivo principal otorgarle personalidad jurídica propia, lo cual es un elemento necesario para que Pensionissste tenga autonomía operativa y financiera. Baeza Terrazas destacó al comparecer en el Senado, ante la Comisión de Seguridad Social, que “el gobierno federal continuará como responsable único del pago de la pensión de los trabajadores que no eligieron cuenta individual en la reforma de 2007”. Asimismo, aseguró que la reforma no altera los términos de la pensión garantizada. En la sesión de preguntas y respuestas destacó que actualmente el gasto pensionario del ISSSTE es de 160 mil millones de pesos para un millón de jubilados y reveló que para 2016, 250 mil nuevos trabajadores se podrán jubilar ya. Esto, representa 25 por ciento más de pensionados del instituto. El funcionario insistió ante los cuestionamientos de los legisladores que “Pensionissste administra cuentas individuales con más de 120 mil millones de pesos, y con la reforma seguirá siendo una afore pública y cobrará la tasa más barata por la administración de los recursos”. De igual forma resaltó que el acuerdo del Consejo de Administración de Pensionissste es que para el año que entra cobrará 0.92 por ciento como comisión por la administración de los recursos de los trabajadores. También, los remanentes de Pensionissste se continuará distribuyendo a los trabajadores y, sostuvo que la reforma es para darle mayor capacidad para que cuente con mayor infraestructura y cumpla los fines de su objetivo. Durante su comparecencia refirió que de alrededor de 200 tiendas Superissste distribuidas en el país se pasará a tener solo 70, y por ello “se está ofreciendo reubicación a los trabajadores o su jubilación. En lo relativo a los crédito de vivienda el director del Issste reconoció que hay problemas porque hay desarrollos habitacionales que hace 15 o 20 años debieron haber quedado concluidos y aún no terminan, y en otros desarrollos se tiene problemas de tenencia de la tierra.
Baeza dijo que el Issste ha ahorrado más de mil millones de pesos a través de la compra consolidada de medicamentos; en 2015 tuvo un presupuesto de 2 mil 306 millones de pesos para obras; tiene un abasto nacional de medicamentos del 96.77 por ciento. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: VICTOR BALLINAS/ ANDREA BECERRIL.
México, D.F. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo –con el voto en contra de José Ramón Cossío– al narcotraficante Rafael Caro Quintero por la sentencia que le impuso un tribunal colegiado por la privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado en agravio del agente de la DEA, Enrique Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. Al expresar su inconformidad con la decisión, Cossío consideró que lo procedente era conceder la libertad absoluta a Quintero, cuya orden de aprehensión se reactivó con el fallo de un tribunal colegiado el 23 de enero de 2013, en razón de que se violó el debido proceso en su contra al no haber sido juzgado “dentro de un plazo razonable” –después de 26 años de prisión preventiva– y porque no hay certeza de que las pruebas obtenidas en contra del acusado, fueron producto de tortura a él y a sus acudados. Además, cuestionó a sus compañeros de sala por no seguir los criterios establecidos en ocho amparos previos, ya que el tribunal colegido que emitió la sentencia no tomó en cuenta las denuncias de tortura presentadas por el propio Quintero y por quienes testificaron en su contra. Cossío señaló que, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia, el ministerio público es responsable de probar “más allá de toda duda razonable” que las pruebas que sustentan la acusación fueron obtenidas legalmente. El ministro criticó el proyecto elaborado por Arturo Zaldívar, que negó el amparo al considerar inoperante la queja de Quintero quien denunció que fue torturado y en consecuencia, no se tomaron en cuenta las posibles consecuencias y efectos de la tortura como violación a los derechos humanos. Cuestión que también desestimó el tribunal colegiado. “Es muy delicado afirmar que los argumentos de la tortura respecto del quejoso no pueden ser motivo de un examen constitucional individualizado”, subrayó y agregó que al no existir certeza sobre la existencia o no de tortura, impide establecer con la mayor exactitud y claridad posible la legitimidad de las pruebas. “La única razón jurídicamente válida que justificara la omisión de aplicar los criterios de esta misma Corte”, dijo, sería que se concediera al quejoso el amparo de forma lisa y llana, determinando su libertad absoluta” Señaló que la Corte tenía que llevar a cabo un examen a nivel constitucional, respecto a la obtención de las declaraciones ministeriales de los co procesados, la las cuales fueron rendidas bajo tortura o sin la presencia de defensa técnica alguna, como indica la demanda.
“Quien no presente estas evaluaciones será expulsado de su cargo”, sostuvo.
El secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, destacó que la participación de los mentores para presentar su evaluación el pasado fin de semana fue ejemplar, al alcanzar casi 98 por ciento, y confió en que esta condición continúe en las siguientes. El funcionario aseguró que la reforma educativa desmantela “un sistema clientelar y corporativo” que no estaba ayudando a la calidad de la educación. Y sostuvo que esa es la razón por la cual hay lugares en los que sigue habiendo mucha resistencia a esa reforma, como en Oaxaca, Michoacán o Chiapas. En diálogo con los estudiantes universitarios de Aguascalientes, reiteró que ahora los maestros podrán acceder a una plaza por sus méritos y no por el simple hecho de seguir las indicaciones y condiciones de algún grupo político o clientelar. Sobre la inquietud que existe de algunos docentes que no presenten alguno de los exámenes, Nuño Mayer aclaró que conforme lo indica la ley “quien no presente estas evaluaciones será expulsado de su cargo”. Desde luego explicó que esta evaluación consta de por lo menos cuatro etapas, en la que los maestros tendrán oportunidad de presentar diferentes pruebas. “Si los docentes no llegaran a presentar alguna de estas evaluaciones de manera injustificada, inevitablemente obtendrán un promedio no satisfactorio, por lo que estarán reprobados y tendrán que presentar su evaluación el siguiente año”, mencionó. Además, quienes no pudieron presentar una de estas pruebas pueden solicitar su reagendamiento con las autoridades, de manera que no se queden fuera de este proceso que ofrece muchos beneficios. El secretario recordó que este proceso de evaluación terminará hasta el 13 de diciembre y será hasta mediados de febrero cuando se den a conocer los resultados, luego de lo cual se procederá a adjudicar los reconocimientos y apoyos correspondientes. Desde luego, quienes no participen en este proceso y no presentaron justificación alguna para ello, indudablemente serán dados de baja conforme lo señala la ley. Aclaró que no se trata de despedir profesores, sino de ver en qué aspectos les hace falta ayuda para capacitarlos, y en caso de tener un buen desempeño, reconocerlos y estimularlos con apoyos económicos y de vivienda.
El resultado de los estudios sobre los hechos que provocaron los deslaves está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Autoridades del gobierno capitalino, delegacionales y del Cenapred, así como vecinos de Santa Fe, acordaron iniciar este miércoles los trabajos de mitigación del lugar donde se han registrado los deslaves, en el que se incluye la demolición de la propiedad ubicada como Altavista 111. Al término de la reunión efectuada en la sede del Gobierno del Distrito Federal, el consejero jurídico y de Servicios Legales capitalino, Manuel Granados, señaló que con los vecinos presentarán una denuncia penal contra quienes resulten responsables, aunada a la que ya hizo la delegación Cuajimalpa. Comentó que aunque ya cuentan con el resultado de los estudios sobre los hechos que provocaron los deslaves, los dictámenes estarán pendientes por la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Como parte del resultado de los estudios, señaló que los expertos recomendaron que este miércoles inicien los trabajos de mitigación en el talud ubicado en Santa Fe y en el que han ocurrido algunos deslaves en días recientes. En caso de que la mitigación requiera maquinaria pesada, indicó que los trabajos comenzarán el lunes próximo. Agregó que de acuerdo a lo recomendado por los expertos que auxilian a las autoridades capitalinas en esos trabajos, y para continuar en la protección civil de los habitantes de Santa Fe y la estabilidad de la zona, se iniciarán en conjunto con la mitigación del prisma vertical ubicado en la zona poniente del talud. Así como con la demolición de las construcciones en Altavista 111, en este último caso previo al cumplimiento de las notificaciones correspondientes que hará este miércoles la delegación Cuajimalpa. Resaltó que en todo momento se cuidará la integridad física de los trabajadores que participen en las obras de mitigación y en la seguridad de los vecinos de la zona. Asimismo, comentó que el monitoreo de esas obras correrá a cargo tanto de Protección Civil del Distrito Federal, como del Centro Nacional de Prevención de los Desastres (Cenapred). También acordaron en la reunión que dado que ocurrirán algunos desprendimientos de tierra controlados, para estabilizar la zona afectada del talud debajo del predio Altavista 111, se informará previamente a los vecinos y medios de comunicación para que estén atentos a los trabajos menores que se realizarán. Refirió que en la reunión, encabezada por el consejero Manuel Granados, asistió el director general del Cenapred, Carlos Valdés, los secretarios de Protección Civil, Fausto Lugo; de Obras, Édgar Tungüi, y el contralor general, Eduardo Rovelo. Así como el titular del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, Renato Barrón, y el delegado en Cuajimalpa, Miguel Ángel Salazar, representantes de la Asociación de Colonos de Santa Fe, del Club de Golf Bosques de Santa Fe, del desarrollo Vista del Campo y del desarrollo Ladera.
Durante el tercer informe de gobierno en septiembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer la creación de la secretaría, por lo cual presentó una iniciativa, la cual ha generado polémica.
El Congreso Nacional de Trabajadores Técnicos, Administrativos y Manuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) rechazó la creación de la Secretaría de Cultura, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. En un desplegado dirigido al mandatario federal y a los diputados y senadores, se señala que “dicha iniciativa fue elaborada por el Gobierno Federal al parecer sin tomar en cuenta todos y cada uno de los elementos que constituyen los componentes del sector, entre otros, el no tomar opinión de los actores directamente involucrados, agremiados a algún sindicato y no, profesionistas especializados, trabajadores técnicos, administrativos y manuales todos especializados de la Cultura”. Lo anterior, “significa una exclusión y un acto de discriminación poco edificante en un campo que, en los últimos años, ha ido estructurando un andamiaje importante en materia de Derechos Humanos y, particularmente, de Derechos Humanos Culturales, lo cual se traduce en una Iniciativa que genera más incertidumbres que certezas en todos los planos”. Los trabajadores señalan una “ausencia de definiciones y compromisos puntuales del Estado en materia de políticas públicas que justifiquen la creación de la Secretaría de Cultura, haciendo que dicho acto se lea tan sólo como una medida de carácter político, alentada por una visión economicista en pro de fomentar la mercantilización y posibilitar, a mediano plazo, la privatización del patrimonio cultural de todos los mexicanos”. Además, sostienen que la iniciativa lleva al INAH “a un terreno poco sólido, donde por actos ulteriores de autoridad se desmembre o peor aún, se desaparezca, en perjuicio directo de la memoria histórica”. Por ello, exigen al presidente, diputados y senadores “que se actúe con responsabilidad histórica y en congruencia con una visión Estado-Nación que hasta el momento ha preservado y tutelado el patrimonio cultural de todos los mexicanos, en tanto de orden público y de interés social y nacional”.
MÉXICO, D.F: El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) deberá revelar el monto de recursos asignados y ejercidos por el fideicomiso “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, a partir de que se constituyó, 25 de noviembre de 2012, y hasta finales de 2013. Una particular requirió la información mencionada al área de transparencia del organismo, desglosada por año hasta la fecha de su solicitud, y también pidió saber a qué se destina el dinero. En su respuesta inicial Bansefi le respondió que el monto de los recursos acumulados al 31 de enero de 2015, ascendió a 286 millones 380 mil 650 pesos y que de ese total durante el periodo fiscal 2014 se ejercieron poco más de 15 millones 832 mil 69 pesos. Añadió que en lo que va de este año los recursos utilizados correspondían a 35 millones 279 mil 450 pesos. Sim embargo, en cuanto a los fines a los que se destina el recurso Bansefi afirmó desconocer la información debido a que previa instrucción de la Secretaría de Gobernación (Segob) destina el presupuesto necesario para implementar y operar las medidas del mecanismo de protección. Tampoco entregó la información sobre los montos no ejercidos, con el argumento de que carece de facultades para determinar, decretar o modificar las medidas referidas que son competencia de la Junta de Gobierno del órgano protector de periodistas y defensores de los derechos humanos. Inconforme con la respuesta la particular interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en el que señaló que la respuesta era incompleta porque no se le informó el monto de recursos asignados y ejercidos por año y tampoco los fines para los cuales se destinan los recursos. El caso fue turnado a la ponencia de la comisionada Areli Cano Guadiana, quien al realizar su análisis jurídico, derivado de un estudio normativo de las atribuciones y alcances de Bansefi, advirtió que dicha institución en su calidad de fiduciario está en condiciones de informar sobre los recursos asignados y ejercidos con cargo al fideicomiso desde el 25 de noviembre de 2012, fecha de su constitución, hasta finales de 2013 ya que sólo en su respuesta original sólo proporcionó lo relatico a 2014 y 2015. Además, en una diligencia de acceso a la información la comisionada advirtió que si bien Bansefi no es quien lleva a cabo los procedimientos de contratación respectivos sí cuenta con copias de las facturas en que se consignan los bienes y servicios adquiridos para la implementación de medidas de protección lo que responde a la solicitud de conocer los fines a los que se destinan los resursos.
Cano precisó que esos documentos contienen el nombre o razón social del proveedor del bien o servicio adquirido y su difusión podría poner en riesgo su vida o seguridad debido a los actos violentos que agresores pudieran infligirles a fin de obtener datos sobre la manera en que se implementan las medidas de protección para los defensores de derechos humanos y periodistas, por lo que al momento de entregar esta información al particular Bansefi deberá hacerlo en versión pública. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421019
Dentro de la Cámara de Senadores circulan versiones en el sentido de que la medalla Belisario Domínguez se otorgó al multimillonario Alberto Bailleres por consigna de Los Pinos. Pero esto no es todo: Existen pruebas claras de que las cifras de la votación correspondiente fueron falseadas –infladas– en el seno mismo del Senado para darle lustre al empresario, cuya elección estuvo lejos de ser unánime. Más aún, la ceremonia de premiación fue desairada por casi la mitad de los senadores, en tanto que el discurso de Bailleres –salpicado de elogios a Enrique Peña Nieto y al empresariado neoliberal– no tuvo nada que ver con la proclama de Belisario Domínguez y su sacrificio.
MÉXICO, DF: El mandato “desde Los Pinos” para otorgar la medalla Belisario Domínguez al multimillonario Alberto Bailleres González fue deslucido de principio a fin: por primera vez desde que el Senado creó la presea, hace seis décadas, se rompió la unanimidad; sólo un voto evitó el rechazo y la ceremonia de la entrega fue desairada por la mitad de los legisladores. Pero sucedió algo peor: en el Senado se maquinó un fraude para alterar la votación y aumentar el número de quienes se pronunciaron por honrar al tercer hombre más rico de México, dueño de múltiples negocios y beneficiario de la privatización del petróleo, aprobada justamente por sus premiadores. Los 65 votos a favor computados en la sesión del miércoles 4 –una raquítica mayoría de la mitad más uno– se convirtieron en 72. Siete sufragios de senadores aparecieron, repentinamente, en las versiones estenográfica y oficial. Eso también pasó con los votos en contra: 12 se volvieron 13. Se trata de una adulteración de la voluntad del Senado que preside el panista Roberto Gil Zuarth y cuya Junta de Coordinación Política está encabezada por el priista Emilio Gamboa Patrón, máximos jerarcas de ese órgano del Poder Legislativo federal y de quienes pudo venir la orden para cometerla…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2037 de la revista Proceso, actualmente en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421005
"Lo que montan (las autoridades) es realmente una obra de teatro", sostiene.
‘El Teatro del Engaño‘ aborda el caso de Israel Vallarta, quien a diez años del montaje en el que lo detuvieron junto con Florence Cassez, aún no recibe sentencia y está en espera de que se confirme la tortura en su contra, detalló la periodista belga Emmanuelle Steels. En entrevista para Aristegui CNN, recordó el montaje mediático confesado por las propias autoridades -después de que lo exhibieron los medios de comunicación- el cual provocó la liberación de la francesa en enero 2013, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Dos meses después del montaje, un programa de Televisa (Punto de Partida con Denise Maerker) descubrió que esta detención (transmitida por Televisa y Tv Azteca) no había sido en vivo… a partir de la confesión de autoridades, lo que montan es un doble engaño”, señaló. “Lo que montan es realmente una obra de teatro, donde van repartiendo los roles, donde dan nombres de signos zodiacales a supuestos secuestradores que pasan primero 4 años antes de detenerlos, porque primero esta banda solamente está conformada por Israel Vallarta, que fue torturado, y Florence Cassez, y poco a poco con el paso de los años van a ir deteniendo más miembros, muchos de la familia Vallarta, sobrinos y hermanos de Israel, les van a dar signos zodiacales que ni siquiera son los suyos, van a detener más personas a las que dan varias identidades, y va a haber toda una serie de detalles en la fabricación y elaboración de esta banda, relacionándola con otras bandas ficticias, donde hay muchos detalles rocambolescos, por ejemplo van sacando declaraciones ministeriales para incriminarlos a un personaje que está en coma, detienen a personas sin saber de lo que los acusan, van creando una serie de bandas, una galaxia de bandas, una constelación, y llega un momento en 2009 en que les llegan a faltar hasta víctimas, tienen demasiadas bandas para pocos secuestros”, explicó. “Esta historia empezó el 8 de diciembre de 2005, van preparando el montaje que tiene lugar el 9 de diciembre de 2005, un día después de la detención y en que se origina la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez, viven juntos en una casa a las afueras del DF, en la carretera libre a Cuernavaca, y este caso se origina en el rancho Las Chinitas, que no es un rancho porque es una casa bastante chica y un terreno de diminutas dimensionas, no es un rancho como lo entendemos habitualmente”, expuso. Todo “se origina en un conflicto de negocios que tiene el hermano de Florence Cassez (Sebastián) quien lleva muchos años en México, con su socio, Eduardo Margolis, tienen un conflicto bastante fuerte donde se reclaman dinero el uno al otro. Eduardo Margolis, un señor muy poderoso, promete vengarse de esta situación”, indicó Steels. Margolis le reclamaba más de 60 mil dólares a Sebastián, pues afirma que se quedó con la empresa de venta de aparatos para tratamientos estéticos; a él llegan una serie de amenazas y poco tiempo después su hermana es detenida en compañía de Israel Vallarta, quien es amigo de Sebastián Cassez y también conoce a Margolis porque tuvo tratos con Margolis, y de alguna forma la venganza también es contra él por ponerse del lado de Sebastián en el conflicto, abundó. “Los dos hombres habían recibido amenazas de este empresario, que es cercano a Genaro García Luna, en ese entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), cercano también a Luis Cárdenas Palomino, en ese momento director de la investigación policial en la AFI”, apuntó. El empresario está en el “centro del complot” porque también existe un lazo con las víctima que van presentando, y quienes atribuyen una serie de secuestros a la banda Los Zodiaco, en la que sitúan a Florence y a Israel como líderes, y cuya existencia el libro pone en duda. “Él mismo (Margolis) con el paso de los años lo va reconociendo… tuve la posibilidad de entrevistarlo (a Eduardo Margolis) dijo que él iba tras la banda de Los Vallarta, así los llamaba, y posteriormente en el momento de su liberación, Florence Cassez pudo hablar con él por teléfono para reclamarle por qué la puso en esa situación, por qué tuvo que pasar 7 años en la cárcel, y él le dijo: efectivamente, yo solicité la detención pero no la tuya, solamente la de Israel Vallarta, que cuando se estudia su expediente no se encuentran pruebas de que estuviera involucrado en secuestros”, sostuvo la periodista belga. Fue hasta que un juez de Toluca empezó a aceptarle pruebas a Vallarta -nunca le habían aceptado por considerar que había delito en flagrancia-, cuando comienza a avanzar su proceso, el cual es lento porque las víctimas y los aprehensores no se presentan a acusarlo. A Vallarta “recientemente le han autorizado que unos peritos le practiquen el protocolo de Estambul, para demostrar la tortura, diez años después de un dictamen de la CNDH que ya demostraba múltiples huellas de tortura por golpes y toques eléctricos”. Emmanuelle aseguró que “la familia de Vallarta fue detenida, todos fueron torturados, de momento sólo en tres de ellos se les practicó el protocolo de Estambul, que salieron positivos, y dos de ellos han sido sentenciados hace poco a 33 años por un secuestro, delincuencia organizada y portación de arma, es muy importante esta sentencia: son dos sobrinos que se llaman Juan Carlos y Alejandro Cortés Vallarta, dos jóvenes que tenían empleos formales, no tenían un perfil criminal, tienen familias, Alejandro tiene esposa e hijos, no tenían antecedentes penales y no tenían materialmente por sus empleos el tiempo de dedicarse al secuestro. Además, Alejandro Cortés Vallarta pudo demostrar que estaba trabajando en la construcción de un hotel en la Riviera Maya cuando ocurrió el único secuestro por el que fue sentenciado, y sus empleadores llegaron a testificar que ese día estaba trabajando con ellos en Akumal en la construcción de un hotel”. “Por otro lado, Juan Carlos también pudo demostrar un trabajo formal con ciertos horarios que no le permitían dedicarse al secuestro. La sentencia se basa únicamente en el hecho, ahí el juez lo que hace es decir que no necesariamente tiene que demostrar que participaron en este secuestro, ya que forman parte de una organización de secuestradores, ahí por delincuencia organizada los acusa de rebote de secuestro lo que no debería ser así, diciendo que la existencia de la banda de Israel Vallarta y Florence Cassez está demostrada, sin embargo no lo está, Israel Vallarta no está sentenciado después de 10 años, y Florence Cassez digamos la Suprema Corte echó por tierra las supuestas pruebas que se aportaron de la existencia de esta organización delictiva”, agregó. Pero “la justicia sentenció a dos sobrinos con base en el prejuicio de la existencia de esta banda liderada por Florence Cassez”, aunque “cuando se estudia a fondo el expediente lo que sí se puede establecer claramente como creo lo hice en este libro es que todas las pruebas testimoniales y materiales, provienen de este montaje, son pruebas que ahí están en la casa de Israel Vallarta pero ahí están porque fueron sembradas, y los propios testimonios de las víctimas, no solamente la forma en la que han variado sino la forma inicial en la que se formulan, diciendo no reconocemos a Israel Vallarta y a Florence Cassez, pero los agentes de la AFI nos dijeron que eran nuestros secuestradores“. La autora del libro afirmó que sólo las autoridades saben si las víctimas son de otra banda de secuestradores. Ante este escenario, consideró que “si se aceptan este tipo de montajes, si se validan condenas, encarcelaciones, torturas que resultan de este tipo de montajes, probablemente la sociedad se expone a que se sigan repitiendo este tipo de prácticas, y todos corremos el riesgo de que cuando salgamos a la calle nos detengan, nos torturen y nos acusen de tener personas secuestradas en nuestra casa o cualquier otra cosa”. Y sentenció: “No solamente la sociedad está dañada por este montaje, también lo está una familia entera, un testigo, David Orozco, que ha muerto después de no recibir atención médica, después de haber sido torturado para acusar a Israel Vallarta y Florence Cassez, era un vendedor de ropa de un tianguis detenido por las autoridades”. La periodista mencionó que en el libro está el relato detallado de los expedientes y el caso de Israel Vallarta, donde hay un prejuicio de que él es el jefe de una banda de secuestradores, “es un prejuicio que tardé dos años en derribar, estaba convencida de que existía esta banda y de que Israel Vallarta tenía algo que ver con eso”. Fue “a la fuerza, sembrando pruebas, forzando testimonios” como lograron encuadrar el caso; “lo primero que pensamos es que las víctimas no mienten, pero analizamos declaración por declaración, viendo cómo las víctimas están sometidas, presionadas, logramos desentrañar todo eso”.
El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, señaló que la estancia hospitalaria de la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo Morales fuera del reclusorio femenil de Tepepan dependerá de su estado de salud.
Entrevistado en el Zócalo capitalino luego de dar el banderazo de salida a los nuevos camiones de recolección de basura, señaló que la permanencia de Gordillo Morales en el hospital “depende del reporte médico”. “Entiendo que ya se realizó este traslado, es la información que tenemos y todo lo demás dependerá del tratamiento médico, es decir de lo que se establezca”, comentó. Asimismo, aclaró que al gobierno local sólo le corresponde la responsabilidad de custodia de la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien enfrenta un proceso por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.
No obstante que existe una vinculación con las autoridades federales, “la Ciudad de México lo único que hace es una custodia”, recalcó el mandatario capitalino. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/1811/mexico/permanencia-de-gordillo-en-el-hospital-depende-del-reporte-medico-mancera/
ANTECEDENTE: Llega Elba Esther Gordillo a hospital privado para operación Un tribunal federal negó la prisión domiciliaria en su departamento del Club de Golf Bosques de Santa Fe, en septiembre pasado.
Elba Esther Gordillo fue trasladada este miércoles a un hospital privado, por elementos de seguridad penitenciaria del Distrito Federal. La ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, será sometida a diversos análisis y a la cirugía de dos aneurismas. El traslado fue autorizado por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal y se realizó a las 7:00 horas. No se conoce de manera oficial el tiempo que estará Gordillo fuera del reclusorio. El abogado de la ‘maestra’, Marco Antonio del Toro, indicó que a su clienta le realizarán estudios clínicos y la operación de dos aneurismas. Gordillo está sujeta a tres juicios por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, y por defraudación fiscal. La libertad provisional no se le puede otorgar, por dos de esos tres procesos.
Desde que llegó a prisión, en febrero 2012, Gordillo manifestó diversos padecimientos:
Familiares de los agentes exigen que el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, busque a los policías desaparecidos y que se erija un memorial en su honor.
Este lunes, 16 de noviembre, al cumplirse seis años desde la desaparición forzada de siete agentes de la Policía Federal y un civil, que fueron raptados cuando se dirigían a Michoacán para cumplir una comisión oficial, los familiares de estas víctimas se plantaron ante la sede central de la institución, en la delegación Iztapalapa, para reclamar la presentación con vida de sus hijos, castigo para los mandos que los enviaron sin protección a una zona controlada por el crimen organizado, así como la construcción de un memorial que rinda homenaje a los más de 50 agentes que han sido raptados en cumplimiento del deber, y de los que no se sabe nada hasta la fecha. Los siete agentes desaparecidos —Luis Ángel León Rodríguez, Pedro Alberto Vázquez Hernández, Jaime Humberto Ugalde Villeda, Israel Ramón Usla, Eduardo Israel López Sánchez y Juan Carlos Ruiz Valencia— fueron comisionados para ocupar la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Ciudad Hidalgo, MIchoacán, pero la Policía Federal se negó a proporcionarles un medio seguro de transporte, por lo que los uniformados contrataron al civil Sergio Santoyo García, para que los trasladara en su camioneta particular. Según la reconstrucción de los hechos que han podido elaborar sus familias, los siete agentes y el civil salieron del Centro de Mando de la Policía Federal a las 11:00 horas del 16 de noviembre de 2009 y fueron raptados aproximadamente a las 15:00 horas de ese mismo día, antes de que llegaran a su destino. Desde entonces, permanecen desaparecidos. En nombre de los familiares, la señora Araceli Rodríguez, madre del sargento primero Luis Ángel León Rodríguez, denunció que la Policía Federal tardó una semana en reconocer la desaparición de sus agentes, mientras que el gobierno municipal de Ciudad Hidalgo tampoco reportó la ausencia de los uniformados que habían sido solicitados por quien entonces ocupaba la presidencia municipal, Pedro Tello. Además, continuó, el gobierno estatal de Michoacán perdió el expediente de las investigaciones realizadas en un inicio. “Los policías federales desaparecidos se incorporaron a las filas del gobierno federal porque creían en él, querían cumplir la encomienda de servir y proteger, acatando órdenes, sin imaginarse que la columna vertebral que los mandaba, también los desprotegía: la comisión que les encomendaron no estaba bien planeada, los mandaron al matadero, como carne de cañón, no los protegieron, no les brindaron los medios necesarios y seguros para cumplirla”, señaló la señora Araceli Rodríguez. Por ello, señaló, hoy es el licenciado Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad —y por lo tanto titular de la Policía Federal— tiene la obligación, no cumplida por sus antecesores, de “buscar a sus policías desaparecidos, que no son sólo nuestros siete hijos, sino más de 50, de encontrarlos y dignifircarlos”. Por eso, insistió, “le exigimos un memorial para los policías federales desaparecidos, que sea erigido dentro de la instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal, en el plantel Iztapalapa, al que pertenecieron, honrando la patria que un día los vio nacer”. Esta exigencia fue planteada, además, a través de un escrito entregado al representante jurídico de la Policía Federal, quien salió a las puertas de la institución para recibir oficialmente el documento.
Las familias de los agentes, cabe destacar, se negaron a ingresar a las instalaciones de la Policía Federal, a lo cual fueron invitadas por los representantes de la institución, aclarando que se mantenían a las puertas del inmueble, debido a que, hace seis años, cuando acudieron a pedir informes sobre el destino de sus hijos, esas mismas puertas les fueron cerradas. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: PARIS MARTÍNEZ. LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/familiares-exigen-memorial-para-agentes-de-la-policia-federal-desaparecidos/
La oaxaqueña sufrió en 2001 una negligencia tras una cesárea que la dejó postrada en una cama. Además, fue objeto de violencia obstétrica, cuando se le implantó sin su consentimiento un DIU. Ayer martes, Fundar y Amnistía Internacional entregaron al IMSS más de 8 mil firmas exigiendo que repare el daño a Irene y su familia.
Cuando Irene Cruz, mujer indígena de origen Na’Savi, salió de su casa el 21 de junio de 2001 para dar a luz a su primer hijo, su familia nunca imaginó que volvería al hogar en estado vegetativo y condenada a pasar el resto de sus días postrada en una cama. Todo comenzó la noche del 20 de junio de 2001. Esa noche, una partera llegó a la casa donde vivía la mujer de 26 años con su esposo y su familia en Barranca Fiera, un remoto paraje de la comunidad de Morelos que pertenece al municipio oaxaqueño de San Cruz Itundunjia. Tras varias horas tratando de auxiliarla y de acomodarle el bebé en el vientre, la partera se da por vencida y aconseja al esposo y a los padres de Irene que la lleven de urgencia a la unidad médica del municipio, la cual se encuentra a unas dos horas de la comunidad. Entonces, surge otra complicación: los sinuosos caminos de terracería hacen imposible que una ambulancia llegue hasta el paraje, por lo que una camioneta del municipio traslada a la joven, entre tumbos, al centro médico de Santa Cruz Itundujia, donde la tarde del 21 de junio el personal médico determina que ahí no la pueden atender porque no cuentan con el equipo necesario para emergencias obstétricas. De nuevo, a la camioneta. Y de nuevo, horas de caminos de terracería hasta llegar al Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) más cercano, en el municipio de Tlaxiaco. Allí, la madrugada del 22 de junio –más de un día después de iniciar las labores de parto-, a Irene le practican una cesárea de emergencia que debido a una negligencia médica de la anestesióloga la deja a ella y a su bebé en estado grave. Sin que nadie ofreciera mayor detalle al esposo y a los padres, someten de nuevo a la mujer y a su niño recién nacido a otro viaje de tres horas para trasladarla a la capital Oaxaca. Finalmente, en el Hospital Civil le diagnostican una “encefalopatía hipóxica isquémica”. O en otras palabras, pérdida total de movilidad y de capacidad de racionamiento, derivada de un daño cerebral permanente e irreversible que dejará a Irene anclada de por vida a una cama. Además de la negligencia, le implantan DIU sin consentimiento Algo más de 14 años después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 22 de octubre de 2015 la recomendación 32/2015 que dirigió al director general del IMSS y al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué. En la recomendación, que puedes leer íntegra aquí, la CNDH determinó -en base a peritajes médicos propios y de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y de la Procuraduría General de la República (PGR)- que la anestesióloga del IMSS aplicó la anestesia a Irene sin controlarle antes la presión arterial, lo que le desencadenó varios paros cardíacos que impidieron que el oxígeno le llegara al cerebro y le provocara daños irreparables. Además, la CNDH destaca en su informe otra violación de extrema gravedad: sin su consentimiento y sin que se informara a la familia de ello, el personal médico del IMSS aprovechó la intervención para implantar a Irene un Dispositivo Intrauterino, método anticonceptivo conocido como DIU. “En el caso de Irene se cometió violencia obstétrica porque, primero, se cometió una negligencia médica grave; segundo, porque en el hospital no había los instrumentos médicos y el equipo necesario para brindar una atención médica adecuada en un caso como el suyo; y tercero, porque se le implantó un método anticonceptivo sin su consentimiento”, subraya en entrevista con Animal Político Itzel Silva, abogada de Fundar y representante legal de Irene Cruz y su familia, Silva apunta que en este caso “también se cometió violencia institucional”, ya que, a pesar de que la familia denunció los hechos ante autoridades ministeriales de Oaxaca, éstas no realizaron los peritajes médicos correspondientes ni investigaron la negligencia, “y tardaron además 10 años” en turnar el caso a la Procuraduría General de la República, toda vez que el delito fue cometido por servidores públicos de una instancia federal como el IMSS. Exigen atención médica vitalicia y garantías de no repetición Dilaciones y omisiones “que generaron impunidad”, de acuerdo con la integrante de Fundar, ya que el delito imputado contra la anestesióloga por lesiones culposas, con el agravante de responsabilidad profesional y ejercicio indebido del servicio público, prescribió tal y como determinó en diciembre de 2013 un magistrado del Primer Tribunal Unitario, quien, sin embargo, ordenó a autoridades estatales y federales que repararan el daño a Irene, a su hijo Epafrodito -que resistió el parto a pesar de que nació en estado grave, producto de la negligencia médica- y a su familia más directa. “Queremos que la indemnización a Irene no se limite sólo al dinero, sino que sea una reparación integral del daño”, recalca la coordinadora de estrategias jurídicas de Fundar. Por ejemplo, expone, al IMSS se le exige “atención médica vitalicia” para la mujer indígena y su hijo, y al Gobierno de Oaxaca que le otorgue una beca a Epafrodito “hasta el término de sus estudios”. Además, se exige el cumplimiento de “medidas de no repetición”. Por un lado, al IMSS se le pide que “capacite y forme a todo el personal médico en derechos humanos y perspectiva de género”, y que su personal “informe y respete” la decisión de las mujeres indígenas para uso de algún método anticonceptivo; y por otro, al gobierno oaxaqueño se le hace un llamado a que capacite y forme a todo el personal de la fiscalía en derechos humanos de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. A las autoridades médicas también se les exige que “supervisen, verifiquen y garanticen en Oaxaca el equipo médico y quirúrgico necesario para la atención de partos y realización de cesáreas”, mientras que al ejecutivo estatal se le exhorta a que identifique las responsabilidades administrativas y/o penales de los agentes del ministerio público que ‘atendieron’ el caso de Irene. No obstante, a pesar de la recomendación de la CNDH emitida en octubre de este año, y de la orden del magistrado en 2013 para que se repare el daño a Irene y su familia, ni el IMSS ni el gobierno oaxaqueño han dado un paso al frente, aunque ya anunciaron que sí aceptan la recomendación de la comisión de derechos humanos. “Fundar ya tuvo una primera reunión con el gobierno de Oaxaca para ver la reparación del daño, pero del IMSS no hemos tenido ningún contacto todavía. No nos han buscado todavía, aunque se supone que al aceptar la recomendación están en la disposición de cumplir con las medidas de reparación que en ella se plantean”, señala Itzel Silva. Entregan al IMSS 8 mil 600 firmas exigiendo la reparación del daño
Por el momento, y como medida de presión para que las autoridades médicas federales aceleren su respuesta, Fundar y Amnistía Internacional realizaron ayer martes 17 de noviembre un evento frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de México, en el que entregaron 8 mil 600 firmas de ciudadanos con la exigencia de que a Irene y su familia se les repare, en la medida de los posible, el irreversible daño ocasionado. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: MANU URESTES. LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/irene-cruz-la-indigena-que-el-imss-dejo-en-estado-vegetativo-y-que-14-anos-despues-aun-no-indemniza/
MÉXICO, DF: La promesa del gobierno de Enrique Peña Nieto, en el sentido de que las reformas estructurales impulsarían el crecimiento del país a tasas superiores a 5% en el mediano plazo, fue “sepultada” hoy por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al dar a conocer el examen sobre la economía mexicana denominado Artículo 4, el organismo dirigido por Christine Lagarde advirtió que “la implementación de reformas estructurales de amplio alcance impulsará, a mediano plazo, “el crecimiento potencial” a 3-3.5%. No obstante, según el FMI esas reformas son la mejor carta de presentación de México en un entorno económico externo adverso, por lo que el crecimiento del PIB del país se ubicará justamente como el escenario inercial planteado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los Criterios de Política Económica 2014: “Se estima que este conjunto de reformas podría aumentar el crecimiento potencial de la economía mexicana de cerca de 3.5 a 5.4% en el mediano plazo. El crecimiento adicional que se tendría entre 2015 y 2019 podría traducirse en una generación adicional de más de 300 mil empleos formales por año, por lo que ésta superaría el millón de plazas anuales”. En otras palabras, el organismo financiero internacional dejó ver que las reformas sólo alcanzan para el crecimiento inercial y lejos del 5.4% potencial planteado por Hacienda. A la baja, pronóstico del PIB Lo cierto es que ni el repunte del consumo interno, del que presume el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ni las condiciones precarias de la economía mundial, mucho menos la volatilidad de los mercados financieros ni el desplome de los precios del petróleo ayudarán a la alicaída economía mexicana. De hecho, en esta evaluación en la que un equipo del FMI visita al país, recopila y analiza información económica y financiera, y se reúne con las autoridades competentes, analistas del sector privado y representantes de la sociedad civil, la previsión del PIB para este año también fue a la baja. Desde la tasa de 2.3% planteada por el organismo a principios de octubre, el pronóstico se redujo a 2.2; mientras que para el 2016 la baja fue mayor, al colocarla en 2.5 desde el 2.8% planteada hace mes y medio. La razón principal es el desplome de los precios del petróleo, además de las condiciones adversas del sector externo, lo que afecta a las exportaciones mexicanas dirigidas a Estados Unidos, principalmente. Sin cambios a previsión: Videgaray En un contexto donde no sólo el FMI ha reducido su previsión de crecimiento, sino también organismos como la OCDE, el Banco Mundial y hasta el Banco de México (Banxico), Videgaray adelantó que no moverá su pronóstico (ubicado en un rango de 2-2.8% para el 2015) hasta que el Inegi dé a conocer el dato del PIB al tercer trimestre del año. Es decir, el próximo viernes. Eso sí, al ser cuestionado por reporteros al finalizar su participación en la Segunda Convención Index 2015, el funcionario se limitó a decir que el ejercicio hecho por el FMI destacó las fortalezas y estabilidad macroeconómica que destacan al país sobre otras economías emergentes. México, abierto a los riesgos En su informe el FMI advirtió que México es una economía sumamente abierta, con una elevada participación de inversionistas extranjeros en el mercado de bonos interno, por lo que continúa expuesto a shocks externos. No sólo eso, también señaló que la reforma financiera quedó corta, ya que el crédito al sector privado como proporción de PIB es relativamente bajo en comparación con otros mercados emergentes, si bien el crédito viene creciendo a un ritmo sostenido en los últimos años. “Esto se debe a una serie de factores, entre ellos, un extenso sector informal, dificultades en la reposesión de garantías y una historia de crisis bancarias que vienen desde los ochenta y noventa”, precisó el FMI. Sobre la política monetaria, el organismo aplaudió que “ha sido debidamente acomodaticia en el curso del último año, y la tasa real de política monetaria ha estado cerca de cero”.
De hecho, resaltó que la inflación se acerca a la meta de 3% y las expectativas inflacionarias permanecen ancladas. “El efecto de traslado de la depreciación de la moneda ha sido muy limitado hasta el momento, en parte gracias a la fuerte caída de los precios de las materias primas, que ha ayudado a mantener bajos los costos de producción”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS. FECHA 17 NOVIEMBRE 2015 LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420998
XALAPA, Ver: Reportes policiacos confirman que cinco personas ejecutadas, semidesnudas y con los ojos vendados fueron abandonadas en un paraje, a orillas del rancho Langostillo, cerca de la carretera Totutla-Conejos, en el municipio de Puente Nacional, en la región del Sotavento. La policía municipal de Puente Nacional recibió una alerta anónima de que varios cadáveres fueron arrojados por un comando la tarde de este martes, razón por la que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de Servicios Periciales procedieron a acordonar la zona y levantar los cuerpos para practicarles la autopsia de rigor en la capital del estado. En el lugar no se encontraron casquillos de arma de fuego ni tampoco vehículos abandonados o algún indicio que evidencie que ahí fueron ejecutadas las víctimas, señalaron a reporteros de nota roja elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Los cinco cuerpos encontrados eran del sexo masculino y varios de ellos presentan diversos hematomas en espalda y torso, por lo que se presume que fueron torturados antes de ser masacrados. Elementos de las fuerzas armadas y de la SSP montaron un discreto operativo en el lugar para iniciar el levantamiento de los cuerpos y hacer las diligencias ministeriales de rigor. Hasta esta noche ni el gobierno de Javier Duarte ni autoridades de la Fiscalía General del Estado han emitido un comunicado para dar cuenta del hallazgo. En la región del Sotavento y en la zona montañosa Córdoba-Orizaba la violencia se recrudeció al iniciar el segundo semestre del año y ha continuado hasta estos días, con esporádicas apariciones de ejecutados abandonados a orillas de carretera o dejados muy cerca de cuencas de agua.
Puente Nacional es un municipio cañero y agrícola que se encuentra localizado a tan sólo una hora de la capital del estado. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA. FECHA: 17 NOVIEMBRE 2015 LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420997
MÉXICO, DF: La profesora Elba Esther Gordillo fue trasladada al hospital Ángeles del Pedregal, donde será sometida a dos intervenciones quirúrgicas. La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) abandonó a las siete de la mañana la Torre Médica del penal de Tepepan, en Xochimilco. Las autoridades no precisaron cuánto tiempo permanecerá Gordillo internada. Gordillo fue custodiada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que permanecerán con ella hasta su regreso al penal. En agosto, el juez Sexto de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, negó la petición de prisión preventiva domiciliaria a Gordillo. El juez determinó que no hay pruebas suficientes de que la exlideresa del SNTE no evadirá la acción de la justicia si se le otorga dicho beneficio.
La exdirigente del SNTE enfrenta cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal; está presa desde hace dos años y medio. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421004
