¿Quién gobierna en Tamaulipas? El priista Egidio Torre cumple cinco años “desaparecido”

Egidio Torre Cantú, cuyo hermano fue asesinado por uno de los cárteles en la entidad en su campaña rumbo a la gubernatura de Tamaulipas, tuvo en su Quinto Informe un invitado especial: a Eugenio Hernández, ex Gobernador de esa entidad y buscado por autoridades de EU. Días antes, el mandatario que, se dice, tiene el síndrome de avestruz porque ante cualquier problema esconde la cabeza, inauguró una calle con el nombre de un legendario capo. Todo, mientras Tamaulipas vive una violencia constante.

Tamaulipas, entidad gobernada por el priista Egidio Torre Cantú desde el 1 de enero de 2011, se ha convertido en un campo de guerra: incendios, bloqueos, balaceras, heridos y muertos se reportan a diario en distintos puntos. Es también el único estado de la República donde dos de sus ex gobernadores son investigados en Estados Unidos por lavado de dinero producto del narcotráfico. Pero al parecer, convivir con figuras ligadas al narco no es gran cosa para el Gobernador, incluso, él mismo fue señalado de ser financiado con “dinero sucio” cuando estaba en campaña.

El pasado 18 de noviembre, el ex Gobernador Eugenio Hernández Flores, buscado por las autoridades de Estados Unidos, fue uno de sus invitados especiales en su Quinto Informe de Gobierno.

Eugenio Hernández ocupó el cargo de Gobernador de 2005 a 2010, en mayo de 2015 fue acusado de conspirar para lavar instrumentos monetarios y de ayudar e instigar el funcionamiento de operaciones de dinero sin licencia.

Ni la orden de captura que pesa sobre Hernández Flores, ni el anuncio difundido el pasado 19 de junio por el Buró Federal de Investigación norteamericano (FBI, por sus siglas en inglés), que busca asegurarle 30 millones de dólares y cuatro propiedades, fueron obstáculo para que Torre Cantú le extendiera la invitación a su Informe, lo sentara en primera fila y le agradeciera en público por su presencia. Al contrario.

“Aprecio mucho que me acompañen los ex Gobernadores de nuestro estado”, dijo Torre Cantú desde el podio en alusión a Manuel Cavazos Lerma y Hernández Flores. “’Geño’, como siempre”, lo saludó el Gobernador.

Sonriente, ubicado entre el Gobernador poblano Rafael Moreno Valle Rosas y Cavazos Lerma, Hernández se levantó de su asiento y, con el brazo en señal de agradecimiento, correspondió el saludo del titular del Ejecutivo local.

Otro hecho donde el Gobernador de Tamaulipas ha expresado abiertamente que no tiene problemas con que lo relacionen a personajes acusados de nexos con el narcotráfico ocurrió a principios de junio. Egidio Torre honró al Cártel del Golfo a bombo y platillo al inaugurar una calle en Reynosa que lleva el nombre de su fundador, Juan Nepomuceno Guerra.

Todo esto mientras su estado se desangra y es acosado por el secuestro y la extorsión.

¿QUIÉN GOBIERNA EN TAMAULIPAS?

Apenas en noviembre pasado, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) dio a conocer que  los estados con más víctimas de secuestro, tanto en el fuero federal como en el  común, son el Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Distrito Federal al sumar el 62.04 por ciento a nivel nacional.

En este sentido, destacó el caso  de Tamaulipas, que sigue presentando altas tasa de secuestro. Por tasas, dijo, los de mayores niveles fueron Tamaulipas y Veracruz al rebasar a la incidencia nacional en 469.17 y 108.86 por ciento.

También empresarios de Tamaulipas han manifestado su preocupación ante el incremento de la violencia en el estado y alertaron ante la posibilidad de que esta situación “de terror y de pánico entre la ciudadanía” afecte al otro lado de la frontera.

Sin embargo, al Gobernador de Tamaulipas parece no importarle estas declaraciones, incluso las desestima. De acuerdo con el sitio BreitBart, durante la última reunión del Grupo de Coordinación Tamaulipas, donde Torre Cantú anunció un nuevo grupo formado por agentes del orden público estatales y federales destinados a la lucha antisecuestros, el mandatario local dijo que el grupo se había creado en respuesta a los problemas en Matamoros, en un esfuerzo para silenciar los “rumores” de la ola de violencia.

Secuestros masivos, homicidios, desapariciones, extorsiones, decapitaciones, balaceras, fosas clandestinas y la violencia contra quienes reportan estos hechos, son algunas de las consecuencias de la presencia del crimen organizado en Tamaulipas.

La relación narco-gobierno es común en la entidad fronteriza. Los últimos ex Gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, son acusados de trabajar para los cárteles de la droga.

Esa complicidad entre la élite política y el crimen organizado, aseguró el Senador panista por Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en entrevista para SinEmbargo, es la primera explicación del grado de control alcanzado por la delincuencia sobre la población en el estado.

Al gabinete de Torre Cantú lo alcanzaron las acusaciones el 24 de diciembre de 2014, cuando el FBI informó haber asegurado una cuenta bancaria al entonces Secretario de Desarrollo Social del estado, Homero de la Garza Tamez, quien también fungió como director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) en el sexenio de Hernández Flores. El esquema de lavado de dinero, hizo notar el FBI, implicó los procedimientos institucionales para la asignación de obras públicas en el estado.

El estado de Tamaulipas, donde la violencia impera desde hace años y la población no conoce la tregua, ha sido gobernada casi exclusivamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde hace casi 80 años. El actual mandatario Egidio Torre fue postulado a la gubernatura por la alianza Todos Tamaulipas que impulsaban los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), en sustitución de su hermano Rodolfo, quien fue asesinado el 28 de junio de 2010 a manos del Cártel del Golfo.


Pese a la inseguridad y la indiferencia de las autoridades estatales, los tamaulipecos siguen votando por el PRI. En las elecciones de junio pasado, el tricolor básicamente arrasó: obtuvo 10 millones 660 mil 251 votos, contra los 7 millones 651 mil 270 del PAN, los 3 millones 967 mil 636 del PRD y los 3 millones 068 mil de Morena.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-12-2015/1574841

Detrás del Teletón, la sombra de Marcial Maciel

El Teletón, ese maratón de captación de fondos –incluso públicos– que impulsa Televisa con el fin público de construir hospitales para rehabilitar a niños con discapacidades, es un organismo manejado desde las sombras por los Legionarios de Cristo, instancia religiosa fundada por Marcial Maciel, cura pederasta cuyas trapacerías han sido divulgadas en numerosas ocasiones por este semanario.

MÉXICO, DF: Devoto católico desde su temprana infancia, Fernando Landeros se sinceró ante el cardenal Velasio de Paolis: el Teletón de México nació como un apostolado del Regnum Christi, la organización laica de los Legionarios de Cristo.

Landeros Verdugo hizo su confesión al filo de las once de la mañana del viernes 16 de mayo de 2013 durante el congreso “La primavera de la Iglesia y la acción del espíritu”, realizado en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, en Roma.

(…) En su intervención, Landeros atribuyó la creación y desarrollo del Teletón a su apostolado con los sacerdotes legionarios, con quienes ha colaborado desde que era adolescente con el grupo Gente Nueva, un grupo de evangelización juvenil que tuvo eco internacional, con filiales en al menos seis países, y que al paso de los años derivaría en el Banco Compartamos.

***
¿Cómo es que los legionarios reclutaron como su apóstol a Fernando Landeros, hijo menor de un exgobernador priista de Aguascalientes? Con la bendición de la madre Teresa de Calcuta. El 22 de agosto de 1982 la religiosa había visitado Acapulco para participar en el Congreso Internacional de las Familias, invitada por la Legión de Cristo, y al concluir su intervención se acercó a los muchachos que participaban en la organización y les pidió que siguieran el ejemplo de otros países, en donde hay grupos dedicados a promover los valores católicos entre la juventud y a luchar contra el aborto.

Fue entonces que Landeros, en colaboración con un grupo de amigos, dio origen a la organización Gente Nueva, un apostolado que desde el primer día tuvo el respaldo del fundador y jerarca de la Legión de Cristo.

(…) Del apostolado de Gente Nueva apadrinado por Maciel surgieron otros, siempre con la bendición de la Legión de Cristo: primero Un Kilo de Ayuda, luego Compartamos, Lazos y México Unido. De ésta última organización legionaria surgió en 1997 la Fundación Teletón, en alianza con Televisa.

(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2041, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAÚL OLMOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423416

Pago millonario del SAT para exvocera de Calderón

Una exvocera de Felipe Calderón, Alejandra Sota, es ahora arropada también durante el gobierno de Peña Nieto, del que recibe millonarios contratos; uno de ellos, por 20 millones de pesos, le fue otorgado de manera turbia por el Sistema de Administración Tributaria, que depende de Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y consiste en preguntar a los mexicanos cómo perciben la recaudación de impuestos federales. No le va igual en Estados Unidos, pues hace unos días perdió el juicio que interpuso allá en contra de la periodista Dolia Estévez, corresponsal de MVS en Washington, que publicó en Forbes un reportaje que la incluía entre “los 10 mexicanos más corruptos de México”…

MÉXICO, DF: Alejandra Sota Mirafuentes, exvocera y protegida de Felipe Calderón, cobra en el gobierno de Enrique Peña Nieto más de 800 mil pesos mensuales por preguntar a los mexicanos cómo perciben la recaudación de impuestos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Luis Videgaray.

Sota obtuvo un contrato bianual por 20 millones de pesos en una turbia licitación del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que depende del propio Videgaray y es actualmente dirigido por Aristóteles Núñez Sánchez: Su empresa les ganó a tres que son propiedad de exempleados suyos que, a su vez, favorecieron desde el gobierno a amigos mutuos con multimillonarias asignaciones.

Documentos obtenidos por Proceso acreditan que Sota Mirafuentes es accionista de la firma Integra, Metas Estratégicas, S.A. de C.V., con 70% de las acciones, mientras que Maira Yazmín Colín García, su subordinada en la Presidencia de la República, posee el otro 30%.

Colín García, quien se acreditó ante el SAT como representante legal de la compañía creada en abril de 2013, es además accionista de Dinamia Consultores, S.C., dirigida por José Omar Gutiérrez Bayardi, quien también fue subordinado de Sota en la Coordinación de Opinión Pública e Imagen de la Presidencia de la República.

Otras dos empleadas de Sota en la Presidencia, Beriana Mendoza Andreu y Selene González Terrones, son integrantes de Duo Comunicación, Opinión y Políticas Públicas, S.A. de C.V., dedicada igualmente a realizar estudios de opinión. Ellas son amigas de Sota desde que estudiaron la carrera de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), a las que luego, en 2006, incorporó sucesivamente a la campaña, al equipo de transición y al gobierno de Calderón.

Integra, Metas Estratégicas, de Sota; Dinamia Consultores, de su socia Colín García, y Duo Comunicación, Opinión y Políticas Públicas, de sus amigas Mendoza y González, se inscribieron como licitantes en el procedimiento de “invitación a cuando menos tres personas”, convocado por el SAT en octubre del año pasado.


(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2041, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (REPORTAJE ESPECIAL)
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423419

Ayotzinapa: Una escandalosa manipulación

Tras el análisis de los 85 tomos del voluminoso expediente de la PGR sobre el caso Ayotzinapa, especialistas de la UNAM y del Inacipe detectaron innumerables irregularidades que no sólo sepultan la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, sino que incluso son prueba suficiente para fincarle responsabilidades penales y administrativas a él, a su sucesora y a otros funcionarios de la procuraduría… e incluso al presidente Enrique Peña Nieto.

Con ayuda de diversos peritos, este semanario detectó que los dictámenes sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, fueron “arreglados” por la Procuraduría General de la República (PGR) para sostener la “verdad histórica” que anunció el entonces titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam.

Además de dictámenes alterados, observaron una serie de irregularidades en el llenado de las cadenas de custodia, lo que contraviene el Acuerdo A/00/2010 de la PGR (sobre protocolos periciales), pues se violó el principio de mismidad; es decir, los indicios recolectados no reúnen requisitos de integridad, conservación, inalterabilidad, naturalidad y originalidad.

El 7 de noviembre de 2014 Murillo Karam expuso ante los reporteros que los cuerpos de los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos fueron arrojados al río San Juan.

Los presuntos asesinos, dijo ese día, utilizaron “acelerantes de fuego” como diésel o gasolina. Semanas después, el 27 de enero de 2015, presentó su “verdad histórica”.

El 11 de octubre último, ante la presión de organismos no gubernamentales que piden acceso al expediente, la procuradora Arely Gómez González puso a disposición de la ciudadanía aproximadamente 50 mil fojas del expediente del caso Ayotzinapa. Hoy se sabe que la polémica hipótesis de Murillo Karam –sustentada también por su sucesora– no se sostiene.

A petición de este semanario, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) analizaron los 85 tomos del voluminoso expediente y encontraron que no existe un dictamen pericial que respalde la existencia de diésel y gasolina (Proceso 2033).


(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2041, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423414

El dueño del negocio que pactó con el PVEM, con historial de fraudes

Escobar confirmó a Sofimex el pago de $11.2 millones por camisetas no entregadas. El fabricante retribuyó las prendas con un terreno que se escrituró a un funcionario de ese partido.

En la trama de la reciente multa propuesta para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega tuvo un papel central: fue quien confirmó a la afianzadora Sofimex que se hizo un pago en efectivo de 11.2 millones de pesos a la empresa Grupo Textil Joad, por la confección de unas camisetas que no les fueron entregadas. Sin embargo, esos y otros datos fueron ocultados en su momento al Instituto Nacional Electoral (INE), según el expediente del caso.

Derivado de lo anterior y del análisis a la contabilidad elaborada por el partido político y reportada a la autoridad electoral en ejercicios anteriores, se observó que el pago en efectivo al que hace alusión el C. Arturo Escobar y Vega por 11 millones 218 mil 641 pesos, correspondiente al contrato de prestación de servicios firmado con la empresa Grupo Textil Joad SA de CV el 10 de marzo de 2009, no fue reportado a esta autoridad. Asimismo, se desconoce el origen de dichos recursos, indica el documento, cuya copia tiene La Jornada.

La Comisión de Fiscalización del INE propuso el viernes sancionar al partido por 88.5 millones de pesos por recibir ingresos de origen desconocido que no fueron informados, realizar gastos no reportados a la autoridad, tener cuentas por cobrar no devengadas y cometer dolo. La multa se votará el miércoles en el Consejo General del instituto.

En medio de esta historia se encuentra involucrado Jorge Alberto Peralta Casal, dueño de Grupo Textil Joad, con largo historial de detenciones por defraudación en contra de varios clientes, entre ellos la cantante Sherlyn y dos personas a quienes les propuso vender playeras para partidos políticos, que no fueron entregadas (según la causa penal 118/2009).

Unas escrituras, el origen

La compleja historia sobre esta investigación se inició en 2010. Al entonces Instituto Federal Electoral le surgieron dudas sobre varios pagos del PVEM por unas escrituras de las que no existía evidencia, y halló que eran de un inmueble recibido a cambio de 763 mil 599 camisetas no entregadas, por las que se pagaron 11.2 millones de pesos.

Al revisar las cuentas del Verde correspondientes a 2009, un auditor del entonces IFE encontró recibos de honorarios por 75 mil 716 pesos al notario Daniel Luna Ramos. Eran pagos por la emisión de las escrituras 25506, 25503 y 25502, otorgadas a Marco Antonio de la Mora Torreblanca, ex dirigente del PVEM en Guerrero, otrora suplente de Escobar en la Cámara de Diputados y actual gerente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Guerrero.


Requerido al respecto, el PVEM respondió que los gastos no fueron originados por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y los reclasificó como anticipo al proveedor. Sin embargo, el INE consideró que ese saldo no podría ser considerado como tal y le pidió la entrega de diversas evidencias.

En respuesta, el Verde cambió su versión sobre el tema y dijo que dichas escrituras “no son gastos ocasionados por el partido. Lo anterior en virtud de que por un error involuntario lo pagó (sic) el partido; sin embargo, ya se reclasificó el gasto, mismo que se acredita plenamente con el escrito del notario, considerándolo como anticipo”.

El INE no quedó conforme y concluyó que en la documentación presentada no se identifican servicios prestados a De la Mora Torreblanca y del análisis a las actas notariales 25506 y 25502 se observa que el gasto benefició al partido político.

Lo anterior, dado que en una de las escrituras Misael Sánchez Sánchez, apoderado del Verde, otorga a De la Mora Torreblanca un mandato sin representación para que lleve a cabo todos los trámites y gestiones para obtener el pago o se garantice en debida forma el adeudo que tiene Grupo Textil Joad (por 10 millones de pesos), derivado de la póliza de fianza número 1100178, expedida por afianzadora Sofimex, y acepte las garantías o formas de pago que sean más convenientes.

Para cubrir la deuda de Grupo Textil Joad, el deudor solidario Ascención Vázquez Vázquez dio en pago y transmitió la fracción de una propiedad, ubicada en la colonia Tepalcates de la delegación Iztapalapa, a De la Mora Torreblanca. Además, se señala que si no se vieran satisfechas todas las prestaciones, se impondría una pena equivalente a 6 millones de pesos, indica el expediente.

Vencido el plazo para la recuperación del adeudo –31 de diciembre de 2010–, el instituto no identificó en la contabilidad del partido el origen de la deuda de 10 millones de pesos y tampoco el depósito de los 6 millones, por lo que solicitó más información al Verde y éste respondió que una de las escrituras quedó sin efecto e insistió en la versión del error involuntario.

Por solicitud de la Unidad de Fiscalización del instituto, la afianzadora Sofimex le informó sobre la existencia de un contrato, firmado el 10 de marzo de 2009, por el que el Verde pagó el suministro de más de 700 mil playeras peso completo, estampadas con el logo del PVEM, por un monto de 12.9 millones.

Además, el instituto conoció un escrito, en el que Escobar manifestó a Sofimex: Grupo Textil Joad, con fecha 24 de marzo, recibió en efectivo la cantidad de 11 millones 218 mil pesos para continuar con el desarrollo normal del contrato signado con el PVEM, debiendo entregar una segunda ministración de mercancía el día 25, sin que a la fecha se haya cumplido, mismo que fue informado en su oportunidad a Sofimex SA de CV.


Pero el gasto y procedencia de estos más de 11 millones de pesos nunca fueron informados a la autoridad electoral.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR. CLAUDIA HERRERA BELTRAN.
LINK: https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6482759257014234898#editor/target=post;postID=8037293510886870206

Maquila despide a más de 90 obreros en Juárez por pedir 6 pesos más al día en su salario

La empresa estadounidense Lexmark, fabricante internacional de cartuchos para impresoras, despidió a un centenar de empleados que pedían un ajuste de sueldo de diario de 114 a 120 pesos. También buscaban formar un sindicato independiente.

Ciudad de México, 12 de diciembre: La fabricante estadounidense de cartuchos para impresora Lexmark despidió de una de sus maquiladoras de Ciudad Juárez, Chihuahua, a casi un centenar de trabajadores que buscaban un ajuste salarial de seis pesos diarios.

“Fui despedida el miércoles. En recursos humanos me dijeron que mi contrato estaba rescindido porque violé los códigos de conducta de la maquila, y que por favor abandonara la planta porque ya no pertenecía a Lexmark. En eso llegó un guardia y me aventó”, dijo a este medio Miriam Delgado, obrera de 37 años y que tenía cinco años y siete meses de trabajar para la trasnacional.

Con ella fueron despedidos más de noventa empleados, informó la abogada Susana Prieto Terrazas, entre ellos los 78 firmantes de una solicitud de registro de un sindicato independiente que, el pasado 3 de noviembre, fue entregada a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado.

En entrevista con SinEmbargo, la representante legal aseguró que los despidos fueron una represalia de la firma norteamericana ante el movimiento obrero iniciado en octubre, cuando más de mil 300 empleados se inconformaron por el incumplimiento de un aumento salarial.

El ajuste, agregó Prieto, era de 114 a 120 pesos diarios, cantidad esta última considerada como tope salarial para trabajadores con cinco o más años de experiencia en las líneas de producción de la firma. Pero al cumplirse el plazo para la mayor parte de los trabajadores, dijo la abogada, la empresa respondió que tenían que “recertificarse” de nuevo.

Ante la situación, informó, los trabajadores se organizaron y buscaron asesoría legal, pero encontraron que no podían proceder contra la negativa de Lexmark a cumplir con sus políticas internas de aumento, sino sólo a que les pagara el mínimo, que son 70.10 pesos diarios.

Así, el 3 de noviembre pasado, 78 de los empleados inconformes decidieron solicitar formalmente el registro de un sindicato ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para, en bloque, buscar mejoras salariales.

Fue entonces que empezó el hostigamiento, cuentan las entrevistadas. Entre otras formas, con un aumento a empleados nuevos y a quienes, para ejemplo de los disidentes, sí les pagaron los 120 pesos desde un inicio.

De acuerdo con Prieto, la medida de la empresa fue el detonante de un paro laboral realizado por unos 700 empleados los pasados días siete y ocho de diciembre; movimiento que también trató de dispersar la compañía.

“Hicieron paro técnico, todo el segundo turno; a las 3:30 de la tarde llegaron unos 700 empleados pero no arrancaron, y a las 5:40 los empezaron a evacuar, la empresa mandó llamar al transporte de personal, y sacaron a los trabajadores y les dijeron que les iban a pagar el día, pero que se fueran; esto, para que no se generalizara el movimiento. Al día siguiente, vuelven a parar y los vuelven a sacar a todos, pagándoles el día”, dije Prieto.

El jueves, finalmente, despidieron a quienes firmaron la solicitud para la creación del sindicato. “Fue una represalia”, dice Miriam Delgado. “Fuimos 700 los que paramos las líneas porque nos están pagando un salario miserable; fue la injusticia por la que paramos las líneas”, agregó vía telefónica desde el plantón que sostenían el jueves afuera de la fábrica, ubicada al suroriente de Ciudad Juárez.

De acuerdo con Prieto Terrazas, los despidos evidencian también la colusión entre la empresa y el Gobierno del estado, debido a que sólo la Junta de Conciliación y Arbitraje tenía el listado de quienes firmaron la petición.

“¿Por qué el Gobierno permite esto, si somos los trabajadores los que sacamos adelante a Ciudad Juárez, con nuestra mano de obra, para ganar una miseria?”, cuestionó Delgado.

“Nos dicen que tenemos que ensamblar 150 cartuchos por hora –o más de dos por minuto–, y si no, no sacamos el bono de producción, que es de 80 pesos a la semana. Pero si faltaba un compañero o ponían a alguien nuevo que tenía la otra pieza, o si a alguien le dolía una mano se atrasaba todo y ya no teníamos el bono”, agregó la hoy desempleada.

El Gobierno del Estado ha defendido a la empresa y acusado de “prácticas extorsivas” a los obreros organizados. De acuerdo con medios locales, en una comparecencia ante la comisión del Trabajo del Congreso, el Secretario del Trabajo, Fidel Pérez Romero, señaló que si bien había condiciones qué mejorar en la industria, los plantones no eran la vía.

“Las causas de los plantones en Ciudad Juárez son las prácticas extorsivas que han tomado algunos de los líderes sindicales para obtener beneficios, con las que no sólo han dañado a las empresas, sino a los propios trabajadores”, citó El Heraldo de Juárez al funcionario.


LA MAQUILA YA NO BASTA

Ciudad Juárez es el municipio del país con mayor cantidad de población empleada en la industria maquiladora, con alrededor de 300 mil personas, pero sin sindicatos independientes.

Este año, sin embargo, en la ciudad se han registrado otros movimientos entre los obreros de las multinacionales en demanda de mejoras salariales, como en Eaton, Scientific Atlanta, ADC y la trasnacional taiwanesa Foxconn, que tiene varias plantas en la ciudad.

Prieto informó que ante la Junta de Conciliación se han presentado al menos otras dos solicitudes de registro por parte de los trabajadores de otras empresas, sin que alguna haya sido aceptada.

Ubicada en el extremo suroriente de Juárez, la planta maquiladora Lexmark fue inaugurada en junio de 2005 por el entonces Gobierno de José Reyes Baeza, el cual anunció que el inicio de operaciones de ésta y otras multinacionales, como la sueca Electrolux, recuperaría cinco mil de los casi cien mil empleos perdidos desde la recesión económica de 2001.

Pero los 700 pesos semanales que pagan a los obreros, comentó
Delgado, apenas si permiten la subsistencia.

“Compro 300 pesos de mandado a la semana (14 pesos diarios entre ella y sus dos hijos adolescentes). Si tengo que pagar luz y gas, ya no compro comida esa semana. Otros 300 pesos son para la escuela, porque aunque dice el Gobierno que es gratuita, no es así. Pago transporte, internet, 90 pesos para una tarjeta de teléfono”, dijo.

“Ahora estoy desesperada, no sé que hacer, ando enferma de mi pecho por todas estas injusticias, porque yo trabajé mucho tiempo para mi planta. Y uno como mamá soltera es más desesperante, porque ¿qué va a hacer uno? El estudio no es gratuito, nada es gratuito, hasta para caminar los zapatos se acaban”, agregó la madre de familia.

En un posicionamiento enviado a través de correo electrónico, Lexmark dijo tomar “muy seriamente los valores de respeto mutuo” y la satisfacción de los empleados.

“Abrazamos las diferencias individuales y escuchamos todas las voces. Estamos comprometidos a participar en conversaciones abiertas y honestas con nuestros empleados para asegurar Lexmark continúe siendo un lugar gratificante para trabajar”, dijo Leea Haarz, gerente general de Lexmark en Juárez.


Este medio trató también de contactar a Joaquín Barrios Cervantes, titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ubicada en Juárez, pero no hubo respuesta en el número telefónico que aparece en la página electrónica oficial del Gobierno del Estado.

VÍDEO:



FUENTE:SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-12-2015/1576074

Crear la Secretaría de Cultura, “una de las grandes decisiones” de Peña: Tovar y de Teresa

MÉXICO, D.F: Durante una gira de trabajo por la ciudad de Mérida, Yucatán, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa, celebró la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, la iniciativa de decreto para crear la Secretaría de Cultura, votada el pasado jueves 11 de diciembre.

El funcionario dijo a los medios:

“Me parece que el paso que dieron los diputados para la creación de la Secretaría de Cultura del gobierno federal es significativo de la importancia que tiene la cultura en el desarrollo del país. La iniciativa presentada ante el Congreso por el presidente Peña Nieto ha sido recibida con entusiasmo, tanto por los diputados, así como por los creadores y artistas, y por la comunidad cultural. Falta, por supuesto, que se apruebe en el Senado, pero podría resumir, afirmando que ésta es una de las grandes acciones que ha emprendido el presidente de la República.”

Según información oficial del área de Comunicación Social del Conaculta, la secretaría forma parte de la reorganización “de un proceso histórico iniciado en 1905, con un concepto de Justo Sierra, y que fue retomada exitosamente por José Vasconcelos en 1921, con la formación de la Secretaría de Educación, pero con sus enormes limitaciones de esa época”.

Y reitera el argumento esgrimido la semana pasada por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, en el sentido de que “ya no se da abasto… su prioridad es la tarea educativa”. Tovar añadió que “requiere que la cultura vaya al ritmo que otras instituciones del Estado”.

Se informa que Conaculta está constituido actualmente por 17 unidades administrativas y 12 instituciones desconcentradas, entre ellas los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA). Y se destaca además como parte de lo que llaman la infraestructura cultural “más grande de América Latina” con 120 mil monumentos históricos, 200 mil vestigios arqueológicos, mil 200 museos, 700 teatros”.

El proyecto para la creación de la Secretaría de Cultura tuvo varias críticas desde que fue presentado por Peña Nieto en septiembre pasado. Los trabajadores de los institutos INAH, INBA, así como Radio Educación, Centro Nacional de las Artes, entre otros, han mantenido su rechazo a la iniciativa, pues no están de acuerdo con la separación del vínculo entre educación y cultura, y porque la iniciativa habla de un uso “intensivo” del patrimonio cultural, lo que podría significar una mayor comercialización de la ya existente.

Los trabajadores también han luchado por sus derechos laborales. Al respecto, Tovar y de Teresa aseguró que “está clarísimo que los derechos laborales se respetarán, porque así se establece en la Constitución”.

Los medios le preguntaron qué pasará con sus contratos colectivos, dado que se firmaron con la SEP desde hace décadas, dijo escuetamente que habrá que ver de manera individual cada cosa, y cómo se crearán nuevas formas de organización:


“Son los propios trabajadores quienes deciden su forma de organización, y como instituciones no tenemos otro papel que respetarlo.”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUDITH AMADOR TELLO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423376

“Me detuvieron sólo por ser alcalde de Cocula, no había orden de detención”: Ramírez Crespo

MÉXICO, DF: Eric Ulises Ramírez Crespo, el acalde con licencia del municipio de Cocula, Guerrero, detenido en octubre de este año junto a Adán Zenén Casarrubias Salgado, “El Barbas”, considerado el líder del grupo Guerreros Unidos, tras la detención de su hermano Sidronio, quien se encuentra preso acusado del asesinato de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre, de 2014, narra la historia que rodeo su detención:

“El día 28 de octubre estuve aquí en la Cámara de Diputados, en el Distrito Federal, metimos 66 obras en hacienda, estuve desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día 29 en que fueron aceptados mis proyectos. A esa hora salí y me trasladé a Cocula, pero como ya era muy de madrugada me quedé a dormir en un hotel en Iguala. Me levanté a las 9 de la mañana y me fui a festejar el cumpleaños de mi hijo que cumplía cuatro años. Una hora después, me trasladé a Cocula”.

Llegó a las 11 de la mañana al ayuntamiento y empezó a recibir a personas, después bajó para visitar las ofrendas del día de muertos que hicieron personas de la tercera edad de diferentes comunidades y fue nuevamente a la oficina a checar algunas cosas, luego acudió al mercado a formar el comité de mercados municipales.

De allí se trasladaron a la ciudad de Cuernavaca a una reunión, eran como a las 2 de la tarde: “Salimos mi chofer, Mariano Zamora Paredes, mi secretario particular, Benjamín Martínez Acosta, y yo, con la intención de ver a un empresario para gestionar un Oxxo o una bodega Aurrera para el municipio de Cocula”, recuerda el alcalde.

“La reunión me la programó mi secretario particular con una persona que después supe era Elías Flores, un abogado a quien yo no conocía. Él, era el enlace para ver al empresario, el encuentro supuestamente sería en Galerías de Cuernavaca, allí lo esperamos. Después, nos dijeron que sería en el restaurante La Cabaña de Max, cerca de la central de abastos de Emiliano Zapata”, recuerda Ramírez Crespo.

Llegaron al sitio, el empresario nunca se presentó de nombre conmigo, solo me dio la mano en saludo: “Empezamos a platicar, yo sobre el Oxxo y la bodega Aurrera, él me dijo que tenía muy buena relación con Chedraui, que era factible llevarla a Cocula, que yo solo consiguiera el terreno para que se estableciera la tienda en el municipio”.

Luego empezó a hacerle preguntas sobre la mina de Oro situada en la comunidad de Nuevo Balsas, quería saber si la mina aportaba apoyo al ayuntamiento municipal y si había un sindicato: “le dije que aportaba un poco, porque estará en explotación hasta marzo de 2016, por lo que ahora solo ayuda a las comunidades, con cemento, pago de agua, pago de luz… y que no hay sindicato”.

Luego, el supuesto inversionista le empezó a preguntar sobre la seguridad de Cocula: “quería saber si había una situación de amenazas en mi contra, le dije que no, yo no tenía ningún problema. Me preguntó si ya tenía director de seguridad, respondí que estaba esperando al gobernador, Héctor Astudillo Flores, porque yo no sabía si iba a ser nombrado por él, por un mando único, o por el municipio”.

En eso estaban, cuando llegaron los elementos de la Policía Federal y del Ejército, un vehículo con policías municipales de Cuernavaca, después una Suburban y varias camionetas con soldados. Entraron armados ordenando que nadie se moviera y que todos se arrojaran al suelo. Pidieron identificaciones.

“Eran como entre 50 y 60 hombres armados del batallón militar de Cuernavaca. Primero nos trasladan rumbo a Iguala, después se regresan a la ciudad de México y nos llevan a la SEIDO. Mis tres compañeros y yo éramos trasladados en una camioneta. Al supuesto empresario y las dos personas que le acompañaban iban en otra camioneta.

-¿A usted por qué lo detiene?,- se le pregunta al alcalde con licencia.

-Me detiene de una manera injusta porque no había orden de detención, creo que por ser alcalde y más de Cocula. Me llevaban como testigo, de hecho el día 30 de octubre nos iban a dejar en libertad pero por el problema mediático-político, nos dejaron como indiciados por delitos de delincuencia organizada, fue el único delito que nos imputaban.

-¿Fue torturado, presionado de alguna manera?

-No. Solo un policía en la SEIDO nos trató de manera muy humillante, por eso fue la queja ante la CNDH. Además, por el encierro, uno se siente afectado. Describe su celda: es un cuarto con luces prendidas todo el día, cámaras, micrófonos y en la puerta una reja que solo abre apretando un botón al que solo tiene acceso el monitorista que maneja la cámara de video.

Recibía visitas todos los días, de 10 de la mañana a 12:30 horas. También llamaba por teléfono diariamente a las 3 de la tarde: “hablaba con mis hijos, porque ellos nunca quise que vinieran a verme”, confiesa.

Ramírez Crespo pasó más tiempo recluido en la casa de arraigo, de donde fue liberado tras 39 días, sin contar los cuatro que pasó en la SEIDO.

-Con mucho trabajo, creo que me la pase 10 o 12 días en el ayuntamiento porque el resto estuve gestionando muchos proyectos. Prácticamente vivíamos en el Congreso, gestioné 66 obras, al final creo que llegaron 22 millones de pesos para la mayoría de los proyectos. No sé cómo quedó un hospital y la unidad deportiva que estaba gestionando.

Cocula, tiene 14mil 300 habitantes. Ulises Ramírez ganó con una diferencia de más de 900 sobre el priista, su contrincante más cercano.

-¿Listo para tomar nuevamente posesión de la alcaldía?

– Si es solo mi decisión, regreso, pero ahorita tengo que esperar al consenso familiar pues hay opiniones encontradas.

-¿Los primeros 30 días de su gobierno la seguridad cómo estaba?

– No hay delincuencia, no hay asesinatos. Los primeros 30 días no hubo ninguna muerte, ningún herido, nada…

El alcalde perredista, fue liberado por la Procuraduría General de la República (PGR), bajo reservas de la ley: “dicen que van a seguir investigando, pero digo, si durante 43 días me investigaron de pies a cabeza, porque hicieron dos investigaciones en el municipio de Cocula y en el ayuntamiento municipal y no encontraron nada”.

Recuerda que cuando lo arraigaron le dieron un boletín informativo de la Policía Federal sobre una investigación que le hicieron durante un mes y no le encontraron nada: “hasta el día en que estuve en el lugar menos indicado. Uno de los alegatos que presentó nuestra defensa, fue que en campaña, el PRD solicitó a PGR que investigara a todos sus candidatos por delincuencia organizada, a raíz de lo sucedido el 26 de septiembre –cuando desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa- yo pasé el filtro de la investigación de la PGR y por eso fui candidato”.

Don Alcibíades Ramírez Chávez, su papá interviene: “Mi hijo fue liberado ayer a las 11:30 de la noche. No se le amplió el arraigo porque en la investigación que hizo la PGR lo encontró limpio, en cuanto a la acusación que se le hizo por sus vínculos con la delincuencia organizada”.

-Cuál fue el argumento de PGR para dejarlo en libertad.

-No tuvo elementos para consignarlo. No encontró elementos para mantenerlo arraigado. Se le investigó cuánto gastó en campaña, para ver si había alguna vinculación a través de detectar el exceso de inversión, sin embargo, quiero decirle que se gastaron 63 mil pesos que le aprobó el INE, eso se sostiene en un informe del INE que presentamos a la SEIDO.

Después se le investigó sobre recursos económicos que hubiera recibido en su tarjeta como médico, porque trabaja en salubridad, pero no tiene ningún depósito extra, solo el salario que ganaba como médico.

Se le investiga también de propiedades, él no tiene ninguna, tiene hijos, pero no tiene casa: “vive conmigo. El único que tiene casa y registrada ante el Registro Público de la Propiedad soy yo y me costó 33 años de maestro comprarla. Él no tiene coche, ni terrenos”, afirma.

Incluso, de su teléfono sacaron la sábana de llamadas para detectar alguna llamada o mensajes relacionados con las personas –de Guerreros Unidos- pero no encontraron nada: “lamentamos que su detención haya ocasionado un daño moral y familiar. El destino nos jugó una mala jugada. No queremos demandar a nadie. Lo que pasó lo dejamos atrás”.

“En el momento de la detención de Ulises, tramitamos una licencia indefinida ante la legislatura local, ahora, a pesar de que le tomaron protesta al alcalde suplente, ante la inocencia de mi hijo tiene el derecho de regresar. En lo personal, creo que tiene que reintegrarse por dos razones. La primera, es que él y la familia hayan decidido continuar al frente de la Presidencia; la segunda razón es que tiene que regresar y decirle al pueblo aquí estoy, me investigaron y no encontraron nada, pero renuncio porque quiero seguir con mi vida”, explica.

Don Alcibiades, quien también fue alcalde de Cocula en el trienio 2002-2005, recuerda los tragos amargos: “vi mal una opinión de la presidenta de la Cámara de Diputados de Guerrero, la doctora Flor Añorve Ocampo, quien ella decía que le iba a hacer juicio político a Ulises, cuando no se le había demostrado que efectivamente era un delincuente.

-¿El partido le dio la espalda?

-Al principio sí, estuve con el presidente nacional del PRD, estuve un día antes de que él saliera del CEN del PRD, estuve en su oficina, le dije que quería todo su apoyo, que no era posible que el PRD siempre se deslindara. Le pedí, juéguesela con mi hijo, él es inocente. Me dijo que lo iba a pensar porque a tras de él había millones y millones de militantes y que no se la podía rifar por una persona. Así le dejé.

Con la nueva dirigencia, me acerque a la Secretaría General del Comité Ejecutivo, la profesora, Betty Mojica, ella fue candidata a la gubernatura por Guerrero. Ella fue con Ulises a campaña en Cocula, varias veces. Ella intervino no sé si directamente con la Procuradora Arely Gómez, no para pedir que liberaran a Ulises, sino para que le hicieran un juicio apegado a la ley. Lo mismo hizo Carlos Sotelo, líder de la corriente Democracia Social, a la que pertenece Ulises.

“Busque una entrevista con el señor gobernador Héctor Astudillo, quien es mi amigo, en el 2002-2005, cuando fui alcalde de Cocula, mi hijo y yo lo apoyamos cuando perdió su campaña. Incluso en campaña lo acompañé a Chicago, Estados Unidos, sin embargo, lo busqué y no encontré ninguna respuesta o luz que me llevara a él, Sé que tiene muchas ocupaciones. No hubo manera de verlo”.


“Afortunadamente mi hijo ya está en libertad, la PGR no tubo elementos para consignarlo”, celebra el padre del alcalde.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423375

Decomisan 592 kilos de cocaína en Sonora

México, DF. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que personal militar adscrito en el estado de Sonora aseguró 480 paquetes de cocaína con un peso aproximado de 592 kilogramos y 46 paquetes de heroína con un peso de 56 kilogramos.

La droga fue detectada tras la revisión de un camión de carga procedente de la ciudad de Puebla, y que tenía como destino la ciudad de Tijuana, Baja California, y que supuestamente transportaba cebollines y nopales en cajas de plástico.

Durante la revisión del vehículo los efectivos castrenses localizaron los paquetes de droga ocultos entre la carga.


Por este hecho fue detenido el conductor del vehículo, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal en San Luis Río Colorado, Sonora.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/12/aseguran-592-kilos-de-cocaina-en-sonora-9023.html

Mancera dice que aumento al salario mínimo “fue un madruguete”

"Ya vieron lo que pasó, otra vez nos dieron un madruguete con el salario mínimo, eso fue un madruguete, no se esperaron a la reforma constitucional que ya se hizo", dijo Mancera.

El jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, calificó como “madruguete” el incremento de 4.2 por ciento al salario mínimo, que alcanzará los 73.04 pesos diarios en 2016.

Durante la jornada del programa “Tu Ciudad Te Re-Quiere”, en la delegación Magdalena Contreras convocó a la población capitalina a defender el salario, toda vez que siete millones de personas ganan el mínimo.

“Ya vieron lo que pasó, otra vez nos dieron un madruguete con el salario mínimo, eso fue un madruguete, no se esperaron a la reforma constitucional que ya se hizo”, declaró.

Advirtió que no se detendrán y seguirán luchando con el apoyo de la población por la gente que más lo necesita.

“Ya fue, lo más difícil ya lo hicimos, una reforma constitucional en la cual se dio la voluntad de todas las fuerzas políticas, y de repente vino esta comisión y decidió dar un madruguete y volver a hacer un incremento, en lugar de 70 ahora es 72, 73″.

Durante la jornada de este sábado, a la que asistieron integrantes del gabinete local y el delegado Fernando Mercado, exhortó a su equipo a trabajar de manera intensa en esta demarcación con todos los programas que se ofrecerán: paquetes alimentarios, tarjeta de adulto mayor, cobijas, Cuna CDMX, entre otros.

Además, se comprometió con los habitantes de la Unidad Independencia a crear un acceso seguro al centro comercial de la zona, complicado por el cruce de periférico.

Así como llevar a los vecinos de esta delegación los programas “El Médico en tu Casa” y “Abogado en tu Casa”; y que los adultos mayores tengan oportunidad en el programa que ofrece la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).


Por su parte, el delegado Fernando Mercado celebró que el gobierno capitalino llegue a esta demarcación para trabajar de manera coordinada en la atención de los vecinos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/mancera-dice-que-aumento-al-salario-minimo-fue-un-madruguete/

Formal prisión a los 30 normalistas recluidos en Sonora

Michoacán. Los 30 normalistas recluidos en un penal de Hermosillo, Sonora por la violación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, el juez séptimo federal dictó auto de formal prisión, informaron fuentes de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR). En tanto, el caso de las 22 estudiantes mujeres que permanecen presas en una cárcel de Morelos, aún no se define su situación jurídica.

El juez consideró que hay elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad de los jóvenes que el pasado 7 de diciembre se les encontró 25 artefactos explosivos de fabricación casera, cuando fueron detenidos en la caseta de peaje de Zirahuén, de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas.

Los voceros de los normalistas aseguraron que desconocen la determinación del juez, por lo que pedirán al abogado defensor impugne la decisión del juez, en tanto ellos aumentarán las medidas de presión para que sus compañeros sean liberados.

El proceso penal continúa y viene un periodo de aportación de pruebas de los abogados de los inculpados como de parte de la Fiscalía. Los supuestos explosivos fueron fabricados con latas de aluminio, rellena de clavos y piedras y pólvora, además de 13 petardos.


Los normalistas y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen un plantón frente a Palacio de Gobierno; además mantienen 'tomadas' las instalaciones de la Secretaría de Educación estatal, y en el caso de normalistas de Cherán y Arteaga tienen retenidos unos 40 vehículos en la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, donde están atrincherados más de 500 estudiantes y comuneros.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/12/formal-prision-a-los-30-normalistas-recluidos-en-sonora-1755.html

Instruyen a delegados estatales de PGR a “a abatir rezagos históricos”

México, DF. El Subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo (SCRAPPA), Gilberto Higuera Bernal, instruyó a todos los delegados estatales de la Procuraduría General de la República (PGR) “a abatir rezagos históricos para hacer más profesional e integral el trabajo de la institución”.

Al encabezar la Segunda Reunión de Evaluación Delegacional, señaló que en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, los resultados del trabajo en las delegaciones de la PGR en los estados deben ser eficiente y eficaz para lograr los resultados que ha pedido la procuradora Arely Gómez González.

Higuera Bernal ofreció “todo el respaldo de la institución para que los delegados cuenten con las herramientas y mecanismos que les permitan actualizar sus programas y cifras como en los casos de custodia y administración de bienes asegurados, decomisos, carpetas de investigación, incineraciones, entre otros”.

Ofreció “coadyuvancia y gestoría ante las diversas áreas de la Administración Pública Federal así como ante el Poder Judicial, para hacer más eficientes y menos costosas las diversas acciones, programas y uso del gasto con los que cuenta la Institución.


“Heredamos problemas y los tenemos que resolver con rapidez, creatividad y mucho ánimo, es la indicación que tenemos de la procuradora Arely Gómez y la tenemos que cumplir a cabalidad”, destacó el subprocurador.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/12/instruyen-a-delegados-estatales-de-pgr-a-201ca-abatir-rezagos-historicos201d-8745.html

Multan otra vez al PVEM, ahora con 88.5 mdp por transa inmobiliaria

MÉXICO, DF: El Partido Verde Ecologista de México recibió otra multa, esta vez de 88.5 millones de pesos, por una operación inmobiliaria considerada dolosa, pues ese instituto político pagó a un notario por escrituras, pero a nombre de un particular.

La sanción fue aprobada por a Comisión de Fiscalización por unanimidad, y será votado en la sesión del Consejo General del próximo miércoles. Además, se dará vista a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por si hubo vulneración a normas a las que corresponde vigilar su aplicación.

La transacción fue descubierta en una indagatoria en el 2011, cuando la Comisión descubrió que pagó 11 millones de pesos en efectivo por camisetas, pero el proveedor incumplió el contrato y a cambio, éste le dio al partido los inmuebles que se pusieron a nombre de Marco Antonio de la Mora Torreblanca, un militante del Verde que tiene la propiedad de un terreno dividido en tres partes, en la Delegación Iztapalapa

El presidente de la Comisión, Ciro Murayama, dijo que el entonces IFE fue notificado de que el Verde “estaba dando cuenta de un conjunto de gastos en escrituras de inmuebles con un notario”, pero cuando la autoridad electoral pidió que se demostrara qué bienes inmuebles estaba escriturando el partido, los dirigentes del mismo no proporcionaron la información requerida.

La autoridad, entonces acudió con un notario y, según Murayama, “se encontró que esos inmuebles no fueron escriturados a nombre del partido, lo que activó la investigación y permitió comprobar que el partido hizo pagos en efectivo por 11 millones de pesos, (de los que) no informó a la autoridad”.

“Lo que sí hubo fue que se entregaron unos bienes inmuebles por el incumplimiento del contrato y que esos bienes inmuebles no fueron escriturados a nombre del partido sino de un particular. De tal manera que lo que tenemos es ingresos de origen desconocido, gasto no informado a la autoridad y cuentas por cobrar no cobradas.

“En todo esto hemos encontrado dolo en la conducta del partido porque a lo largo de estos años no entregó información a la autoridad”, abundó.

De confirmarse, esta multa se sumará a los más de 500 millones de pesos impuestos este año a dicho partido por casi una veintena de violaciones cometidas por el PVEM durante la pasada campaña electoral. Según Murayama, es la sanción más alta en la historia de la fiscalización producto de la revisión de un informe ordinario de gastos y por una conducta individual.


El presidente de la Comisión confirmó que el exvocero del PVEM Arturo Escobar suscribió diversos contratos relacionados con este caso, como responsable de las decisiones del partido.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423381

De 120 mil mdp de ingreso total en Veracruz, 38 mil se van nómina y 4 mil a deuda: IMCO

Veracruz, Ver.- Aunque el estado de Veracruz mejoró su evaluación en 2015 en el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2015 respecto del año anterior, al pasar del lugar 21 al 16, con 71% de los 80 criterios evaluados por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) –junto con Sinaloa y Oaxaca–, lo cierto es que es el penúltimo lugar del centro y sureste pues Puebla ocupa el primer lugar junto con Jalisco y Coahuila, Chiapas es el 4°, Tabasco el 6°, Campeche el 10°, Yucatán el 12° y Tlaxcala el 15, sólo superando a Quintana Roo, que reprobó la evaluación.

De acuerdo con el organismo empresarial el estado de Veracruz ha mejorado su índice desde 2008 a la fecha, pues de 44.19%, en 2009 subió 50% y había experimentado un crecimiento relativamente estable hasta 2014 que aún reprobó la transparencia con 58%, hasta 71% alcanzado en este año, sin embargo, aún le falta en el aspecto de tabuladores de plazas en donde sigue reprobando con 55.56% y en donde mostró un importante avance fue en deuda pública, pues pasó de 25% en 2014 al todavía corto y aprobación de panzazo 66.67%, luego de que se supo que la deuda era muy superior a la que reportó el año anterior, pero todavía se puede esperar una sorpresa de que sea mayor a la reportada por el gobierno del estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El IIPE del IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de las 32 entidades federativas a partir de 100 criterios agrupados en 10 secciones que incluyen aspectos como el acceso a las leyes de ingresos y presupuestos de egresos, la disponibilidad de datos abiertos y estructura de las leyes de ingresos, el uso de clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), el desglose de recursos destinados a las dependencias y oficinas de gobierno, información sobre recursos que las entidades federativas transfieren a los municipios/delegaciones.

También toma en cuenta el desglose de recursos destinados al pago de plazas y sueldos de funcionarios públicos, la información sobre las condiciones de contratación de la deuda pública, los recursos transferidos de la Federación a las entidades federativas, el presupuesto destinado a fideicomisos, subsidios y programas de las entidades federativas y el tipo de reglas utilizadas por los gobiernos para realizar ajustes y reasignaciones del dinero público.

De este análisis, el IMCO coloca a Jalisco, Coahuila y Puebla con un índice de 100%, Chiapas 97%, Guanajuato 95%, Tabasco 93%, Colima 92%, Sonora 91%, Baja California 90%, Campeche 88%, Hidalgo 87%, Yucatán, Tlaxcala y Aguascalientes 86%, Durango 72%, Veracruz, Sinaloa y Oaxaca 71%, Querétaro 69%, Morelos 68%, Chihuahua, Baja California Sur y Nayarit 66%, San Luis Potosí y Tamaulipas 63%, Estado de México y Nuevo León, 61%, Guerrero 60%, Zacatecas 56%, Distrito Federal 53%, Michoacán 52% y Quintana Roo 50%.

Según los datos en el portal del IMCO, la entidad veracruzana tiene 8 millones 46 mil 827 habitantes, tiene ingresos totales por 102 mil 574 millones de pesos, de los cuales menos de 10% son ingresos propios, esto es, 8 mil 946 millones 372 mil 342 pesos y por ingresos federales 89 mil 837 millones 320 mil 182 pesos; tiene un pago de deuda de 4 mil 769 millones 800 mil pesos y una nómina de 38 mil 305 millones 200 mil pesos.

Justo en los últimos dos rubros, concluye el IMCO, es donde no se es completamente clara la situación, pues a las preguntas “¿Desglosa el número de plazas de la administración pública estatal?”, “¿Desglosa tabulador de plazas con desglose de empleados de confianza, base y honorarios?”, “¿Desglosa tabulador de salarios para mandos medios y superiores?”, “¿Desglosa o distingue las remuneraciones base, de las remuneraciones adicionales y/o especiales?”, “¿Desglosa el monto destinado al pago de pensiones?”, “¿Desglosa el presupuesto para el pago de laudos laborales?”, “¿Desglosa el número de plazas del magisterio?”, “¿Desglosa o distingue el magisterio federal, del magisterio estatal?”, “¿Desglosa o distingue el magisterio entre empleados de confianza y base?”, “¿Contiene tabulador de salarios del personal docente?”, “¿Contiene tabulador de salarios del personal docente en educación básica?”, “¿Presenta un tabulador de salarios del personal docente universitario?”; no existe la información suficiente.

Lo propio pasa con la deuda pública, pues en 2008 sólo se tenía acceso a 33.33% de los indicadores de transparencia y aunque en 2015 creció a 66.67%, aún es incompleta respecto de “¿Desglosa topes para contratación de deuda pública?”, “¿Desglosa saldos de deuda pública?”, “¿Desglosa deuda por tipo de garantía?”, “¿Desglosa el monto asignado al pago de deuda pública?”, “¿Desglosa la deuda pública en pago de principal y pago de intereses?”, “¿Desglosa deuda por número de crédito?”, “¿Desglosa deuda por tipo de instrumento de contratación?”, “¿Desglosa deuda por institución bancaria?”, “¿Desglosa tasas de contratación de deuda?”, “¿Desglosa las comisiones, manejos de cuenta y servicios bancarios accesorios?”, “¿Desglosa plazo de contratación de deuda?”, “¿Desglosa pago de adeudos fiscales anteriores (Adefas)?” y “¿Desglosa deuda por crédito e institución bancaria?”.

Fuente: La Jornada Veracruz

http://www.jornadaveracruz.com.mx/de-120-mil-mdp-de-ingreso-total-en-veracruz-38-mil-se-van-nomina-y-4-mil-a-deuda-imco/?platform=hootsuite

Saber y experiencia, signo de los 5 del GIEI que coadyuvan en caso Ayotzinapa

Procedentes de Colombia, Guatemala, Chile y España enlazan práctica del derecho y docencia. Entre todos cubren cada ángulo de la pesquisa sobre la desaparición de los 43 normalistas.

Con especializaciones diferentes en las áreas de defensa de víctimas, derecho humanitario, penal, criminología, ciencias periciales y litigios en cortes internacionales, los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aportan conocimientos y experiencia en la investigación del caso Ayot­zinapa (desde su condición de coadyuvantes) y en la revisión y replanteamiento del expediente de la PGR.

Ángela Buitrago y Alejandro Valencia Villa, colombianos; Claudia Paz y Paz, guatemalteca; Carlos Martín Beristáin, español, y Francisco Cox Vial, chileno, conjugan la práctica profesional del derecho con la docencia. Tienen entre 25 y 30 años, cada uno, de experiencia en la práctica del derecho humanitario. Las dos abogadas han sido fiscales en sus respectivos países.

En el GIEI cada uno se ha enfocado en distintas tareas. Buitrago, por ejemplo, se ha convertido en la experta en la revisión del expediente oficial, que en su versión pública tiene 85 tomos y 13 anexos, que suman más de 54 mil fojas.

En las aportaciones más específicas sobre la investigación, revisión de peritajes y aportación de pruebas, indicios y definición de nuevas líneas de investigación hacen equipo Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago y Francisco Cox. A este último le ha correspondido el estudio a fondo de la hipótesis de la incineración en el basurero de Cocula.

Carlos Martín Beristáin, médico y sicólogo, lleva centralmente la interlocución con las familias de los 43 desaparecidos, de los tres asesinados y los sobrevivientes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, aunque, a decir de sus colegas, aporta una visión integral sobre todas las aristas del trabajo, incluida la penal.

A su vez, Alejandro Valencia Villa aporta su experiencia en temas jurídicos y aplicación del derecho internacional en materia de desaparición forzada.

Estos son los cinco del GIEI

Claudia Paz y Paz (Guatemala, 1967) empezó a relacionarse con la defensa jurídica de víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado en su país, hace 30 años. Fue asesora en la Comisión del Esclarecimiento Histórico del Arzobispado. En 2010 fue nombrada fiscal general, aunque el general Otto Pérez Molina (hoy ex presidente encarcelado) maniobró para retirarla prematuramente del cargo en 2014.


Durante los cuatro años al frente de la fiscalía general, Paz y Paz encabezó una depuración sin precedentes del sistema de procuración de justicia, puso en marcha los llamados Tribunales de Mayor Riesgo, que posibilitaron el proceso contra el ex dictador general Efraín Ríos Montt y la primera sentencia por genocidio contra un ex jefe de Estado en América Latina. Implementó el Modelo de Atención Inmediata que abatió los altos índices de feminicidios (los más altos hasta entonces en el continente) y el Modelo de Persecución Penal Estratégica, que no sólo logró la captura de decenas de capos del crimen organizado (entre ellos 15 zetas veracruzanos y numerosos elementos de la organización del Chapo Guzmán), sino que desarticuló varios de los cárteles locales más poderosos, como el de Chamalé y los Lorenzana.

Actualmente es catedrática residente en la Universidad de Georgetown.

Atención sicosocial

Carlos Martín Beristáin (Bilbao, 1959) se involucró desde fines de la década de los 80 en el trabajo con víctimas de conflictos armados, en El Salvador y Guatemala, desde su especialidad de médico y sicólogo. Tiene un doctorado en atención sicosocial, conocimiento que ha aplicado en múltiples escenarios.

Beristáin y Valencia coincidieron también en los trabajos de varias comisiones de la verdad históricas en Latinoamérica. En la de Perú, que concluyó en 2005, se realizaron por primera vez audiencias públicas con víctimas. En la de Paraguay se develaron los crímenes lesa humanidad de la dictadura de Alfredo Stroessner y el Plan Cóndor. En la de Ecuador se revelaron los casos de ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura bajo el gobierno de León Febres Cordero contra miembros de la organización revolucionaria Alfaro Vive, Carajo.

Defensor de derechos

Alejandro Villa Valencia (Pereira, Colombia) se ha dedicado desde hace 28 años a la defensa de los derechos humanos, memoria y justicia transicional en 10 países latinoamericanos. En Colombia contribuyó a fundar la primera oficina del ombudsman y participó en la comisión de verdad y memoria de mujeres colombianas.

Es catedrático en la American University en Washington, DC, y las universidades colombianas de Santo Tomás, Externado y Javierana, y es autor de numerosos libros.

Tres gobernadores condenados

Ángela Buitrago (Santander, Colombia, 1969) llegó a trabajar en la Fiscalía General en 2005, después de años de litigar en derecho penal en juzgados ambulantes. En los casos que intervino de fiscal logró la condena de tres gobernadores (Meta, Casanare y Putumayo), del general del DAS Jorge Noguera por espionaje telefónico y asesinato de defensores de derechos humanos.

Pero su caso más importante fue el de la investigación sobre el incendio del Palacio de Justicia, donde demostró que el ejército fue responsable de desapariciones y consiguió que un coronel, Alfonso Plazas Vega, fuera condenado por esos crímenes.

Clínica de derechos humanos


Francisco Cox Vial (Santiago de Chile, 1968) se especializó en litigios dentro del sistema interamericano. Tiene estudios de posgrado en las universidades de Oxford, George Washington y Columbia. En Chile dirige una clínica de derechos humanos en la Universidad Dego Portales y litiga penalmente en un bufete privado.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: BLANCHE PETRICH.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2015/12/12/politica/005n1pol