Tepic, Nayarit. Una foto del periodista Heriberto Villela difundida a través de la red social Facebook muestra como 3 empleados de la tienda Coppel, uno de ellos al parecer el gerente de la sucursal Mololoa ubicada a 2 cuadras del centro de Tepic, avientan chorros de agua con una manguera a una mujer, al parecer indigente, acompañada de otro hombre en similares condiciones con el objetivo de que se quiten de los escalones de acceso al negocio.
Tras que esta imagen recorriera las redes sociales, el gobernador del Estado, Roberto Sandoval ordenó a la directora del Instituto de la Mujer Nayarita, Gloria Núñez, que dé inicio con una investigación; el mandatario señaló que no se permitirá "la humillación, la discriminación y el abuso".
Solicitó que tras la investigación se castigue a quienes resulten responsables. Hasta este momento no se tiene conocimiento que personal de Coppel haya fijado su postura.
Fuente: La Jornada
Autora: Miriam Posada
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/21/ordenan-investigar-agresion-a-indigentes-en-tepic-3786.html
El crecimiento acelerado entre niños y adolescentes del uso de dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, tablets y reproductores digitales no ha generado un impacto necesariamente positivo en su aprendizaje, afirmaron profesores y especialistas.
Destacaron que el acceso a herramientas tecnológicas que permiten obtener de forma casi instantánea diversos contenidos de la red puede convertirse en uno de los grandes motores de la creatividad y nuevas formas de aprendizaje en el aula, pero ello implicaría un cambio radical y cultural del uso que actualmente damos a los dispositivos electrónicos, afirmaron.
Al respecto, la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó en su informe más reciente que a finales de este año se superará la cifra de 7 mil millones de suscripciones celulares, es decir, habrá una penetración mundial de 97 registros por cada 100 personas.
En el informe anual El estado de la banda ancha, presentado ante la ONU el pasado 21 de septiembre, se destacó que 43.4 por ciento de la población mundial (3 mil 200 millones de personas) están en línea.
Maestros en servicio destacaron que resulta alarmante ver que un instrumento que puede ser fabuloso para generar nuevos saberes se convierte en riesgo de enajenación y aislamiento de niños y adolescentes.
En la escuela, agregó Francisco Bravo, ex dirigente del magisterio disidente del Distrito Federal y profesor con 30 años de servicio,detectamos que un menor que no cuenta con alguno de estos dispositivos prácticamente se siente ajeno al mundo de sus pares, pero al mismo tiempo notamos que en casa su uso no es interactivo para despertar la imaginación o los cuestionamientos sobre lo que aprenden en clase. Se les entrega la tableta o el celular para que se entretengan, porque muchas veces sus padres no tienen tiempo de jugar o interactuar con ellos.
Pedro Ramírez Vázquez, profesor de nivel secundaria en el estado de México y dirigente magisterial, destacó que como instrumento educativo pueden mejorar los aprendizajes, pero por si solos no pueden tener función educativa. Es una labor conjunta entre docentes y sociedad.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoce en su informe Enfoques estratégicos sobre TICS en educación en América Latina y el Caribe que la incorporación de estas nuevas tecnologías a los sistemas educativos regionales en los últimos 20 años ha mostrado poco efecto en la calidad de la educación.
Explica que en parte ello se debe a que se han incorporado con una lógica de importación con la que se han introducido en las escuelas dispositivos y programas computacionales, sin claridad previa acerca de cuáles son los objetivos pedagógicos que se persiguen, qué estrategias son apropiadas para alcanzarlos y, sólo entonces, con qué tecnologías podremos apoyar su logro.
Lo anterior, subraya el organismo multinacional, ha generado que estas nuevas tecnologías terminen por ocupar un lugar marginal en las prácticas educativas, que siguen siendo relativamente las mismas que había antes de la inversión.
Alejandro Calvillo, presidente de El Poder del Consumidor, destacó que enfrentamos el hiperconsumo de servicios y productos, como los dispositivos electrónicos, y no siempre estamos advertidos de su posible efecto negativo.
Explicó que su uso excesivo y la exposición a contenidos violentos como los de algunos videojuegospueden ser nocivos para niños y adolescentes, a lo que se suma un gasto que nunca antes habíamos percibido para cubrir la necesidad de tener acceso a estas tecnologías.
Fuente: La Jornada
Autora: Laura Poy Solano
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/21/sociedad/037n1soc
Puebla, Pue.- Extrabajadoras de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla acusaron al ombudsman Adolfo López Badillo de acoso laboral y abusos laborales.
La denuncia pública, entregada al periódico La Jornada de Oriente, denuncia además al primer visitador de la CEDHP, Omar Sidhharta Martínez Báez, de presunto acoso sexual en contra de las empleadas.
Además de la firma de las 52 extrabajadoras, el escrito es respaldado por el Centro de Desarrollo entre Mujeres A. C. y la Asociación de Mujeres a Favor de la Equidad México A. C.
De acuerdo con la publicación de la Jornada de Oriente, las exempleadas aseguran que López Badillo se vale de “la intimidación, del cansancio laboral y emocional y de agresiones verbales” para obligarlas a renunciar a sus trabajos.
Critican que aunque tendría que ser el principal defensor de los derechos humanos, el ombudsman poblano es el primero en violentarlos.
Las exempleadas se quejan de que López Badillo les impone jornadas extenuantes y fuera del horario laboral.
Además de que “cuando está decidido a que una de las mujeres renuncie emplea una serie de acciones típicas del acoso laboral (mobbing), es así que empieza por no dirigir la palabra, inicia procedimientos administrativos en contra, evita que se presenten a actos, les retira cargas de trabajo, menosprecia el trabajo, las humilla por no realizar de forma correcta las tareas o les asigna guardias nocturnas hasta orillarlas a que abandonen su fuente de ingresos”.
Asimismo, mencionan que el presidente de la CDH Puebla encubre el presunto acoso sexual que sufren las empleadas de esa institución por parte del visitador Omar Sidhharta Martínez Báez, “quien les pide favores sexuales valiéndose del poder que le da López Badillo”.
Aseguran que esto ha generado “un clima laboral tenso, frío, estrés emocional, humillación, ansiedad, depresión por la desfachatez con lo que se conduce Martínez Báez”.
Según el medio local, entre las afectadas que firman el documento están: Ali Susan Ángeles Flores, Alicia Alarcón Rincón, Ana Laura Cervantes Vera, Andrea Martínez Ávila, Antonia Silva Ruacho, Araceli Vargas Jiménez, Beatriz Gallardo Téllez, Carla García Hernández, Cenyace Torres Contreras, Clorinda Vázquez Martínez, Concepción Contreras Bretón, Cristina Vázquez Céspedes, Cynthia Hernández Peláez, Diana Gutiérrez Téllez, Diana Manzano Juárez, Domenica Contreras Tinoco, Elideth Bolaños Huerta, Elizabeth Sánchez Pérez y Elizabeth Teyssier Ramírez.
Fuente: Proceso
Autora: Gabriela Hernández
http://www.proceso.com.mx/?p=424168
MÉXICO, D.F., (apro).- El alcalde electo de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, envió una carta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pidiéndole ayuda para poder gobernar el municipio.
El exfutbolista acusa al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y a su hijastro Rodrigo Gayosso de operar en su contra para impedirle ejercer el cargo.
También denunció que nueve regidores en funciones tienen la intención de realizar cambios al Reglamento de Gobierno Municipal para restarle autoridad.
“Los regidores están buscando que Cuernavaca viva un escenario de crisis, donde los únicos beneficiados sigan siendo ellos por intereses políticos y personales, así como a favor de personajes polémicos de la política de Morelos que simplemente le están causando mucho daño a la ciudad y quieren seguir saqueando a Cuernavaca”, denunció Blanco.
El edil electo se refiere a los regidores: Víctor Hugo Saucedo Tapia (PRI), Tsanda Gisela Cárdenas Hernández (PVEM), Jesús Valdemar Castañeda Trujillo (PAN), Juan Jaramillo Fricas (PRI), Luis Fernando Hidalgo Galicia (PAN), Romualdo Salgado Valle (PRI), Marco Antonio Valdin Pasaflores (Movimiento Ciudadano) Pablo André Gordillo Oliveros (PVEM) y Dulce María Arias Ataide (PRD).
“Estos regidores se están reuniendo por la tarde y hasta la madrugada para actuar en medio de la ilegalidad y aplicar un ‘madruguete’ buscando cambiar el Reglamento de Gobierno Municipal”, denuncia Blanco.
Fuente: Proceso
http://www.proceso.com.mx/?p=424171
MÉXICO, DF., (apro).- Un grupo de extorsionadores presuntamente bajo el mando del grupo criminal La Unión Tepito asesinó a un hombre y dejó lesionadas a tres personas.
El domingo 13 de diciembre una mujer llegó a un puesto de bisutería en la calle Toltecas, en Tepito, para exigir el pago de 100 mil pesos por derecho de piso. Los comerciantes se negaron y más tarde la mujer regresó con hombres armados para insistir en obtener el dinero.
Uno de los encargados del puesto se negó a pagar la extorsión, lo que provocó que uno de los criminales abriera fuego.
De acuerdo con la averiguación previa FCH/CUH-2/ T3/2124/15-12 publicada hoy por el periódico Reforma, también resultaron lesionados una mujer de 68 años de edad, un hombre de 42 años y otro de 35.
En octubre, el gobierno del Distrito Federal implementó un operativo para evitar extorsiones a comerciantes en Tepito y el Centro ante el crecimiento de las denuncias por este delito.
Fuente: Proceso
http://www.proceso.com.mx/?p=424162
MÉXICO, DF., (apro).- La organización El Poder del Consumidor exigió al gobierno del Distrito Federal retirar la publicidad de Coca Cola del árbol de navidad colocado en el Zócalo capitalino.
La organización argumenta que la Ciudad de México padece una de las incidencias de diabetes más altas del mundo, con 13.9 por ciento de la población adulta diagnosticada con esta enfermedad. Por esta razón, observan que es una incongruencia de las autoridades promover a la marca refresquera.
“La incongruencia en la política pública de esta ciudad es profunda considerando los altos índices de diabetes y el convenio realizado con la empresa refresquera para que instale su árbol de navidad en la plaza central del país”, expone El Poder del Consumidor en un comunicado.
La instalación del árbol de navidad promocionado por Coca Cola contraviene a la iniciativa del programa “Ciudades Cambiando la Diabetes”, presentado por el gobierno del Distrito Federal el pasado 16 de diciembre.
El Poder del Consumidor añade que permitir a Coca-Cola instalar el árbol de navidad implica “una profunda incongruencia e irresponsabilidad” del gobierno capitalino.
La organización cuestiona: “¿Qué dio a cambio Coca-Cola al gobierno capitalino para autorizar la instalación del árbol navideño con sus logos en la plaza principal del país?”.
Una de cada tres personas que padece diabetes desconoce su condición. En México, el consumo de bebidas azucaradas está relacionado con la muerte de 24 mil 100 personas al año por enfermedades crónicas, diabetes y cáncer.
Fuente: Proceso
http://www.proceso.com.mx/?p=424163
CIUDAD JUÁREZ /EL PASO (Proceso).- Sergio Adrián Hernández, habitante de Ciudad Juárez, Chihuahua, era un muchacho de 15 años a quien le gustaba el futbol y aspiraba a ser policía. El 6 de junio de 2010 una bala disparada por Jesús Mesa Jr., agente de la Patrulla Fronteriza (PF), le atravesó el ojo izquierdo. El proyectil penetró el cerebro de Sergio provocándole la muerte.
Guillermo Arévalo Pedroza era un albañil. El 3 de septiembre de 2012 asistió a una parrillada para festejar un cumpleaños en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Arévalo se desangró en los brazos de su hija de 10 años a causa de las heridas de bala que sufrió. Tenía 37 años y fue asesinado por un agente de la PF cuyo nombre todavía debe ser revelado por la agencia a la cual pertenece: la de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El 10 de octubre de 2012 José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, iba a comprar unos hot dogs. Caminaba por la avenida Internacional de su natal Nogales cuando recibió 10 impactos de bala. El agente de la PF Lonnie Ray Swartz le había disparado con su pistola calibre .40 desde el otro lado de la frontera.
El 7 de julio de 2012, en Matamoros, Tamaulipas, Juan Pablo Santillán juntaba leña para la chimenea cuando fue herido por una bala. Su hermano, que en ese momento se encontraba con él, observó al otro lado del río Bravo un rifle largo cuya mirilla le apuntaba. Mientras Pablo, de 30 años, sangraba profusamente por la herida, su hermano se dio cuenta de que no había nadie a quien acudir para que los ayudara y le gritó directamente al agente de la PF que sostenía el rifle. Pero la única respuesta que obtuvo de éste fue: “Deja morir a ese perro”.
Hay un vínculo entre todas estas muertes: ocurrieron en suelo de México, las víctimas eran de nacionalidad mexicana, todas estaban desarmadas y sólo una tenía antecedentes penales. Quienes dispararon fueron todos miembros de la PF y accionaron sus armas desde el lado estadunidense de la frontera, ya sea desde patrullas acuáticas, a través de vallas fronterizas o, inclusive, desde bicicletas de patrullaje.
Al menos media docena de estos asesinatos transfronterizos vinculados con la CBP ocurrieron en los últimos cinco años y han provocado que los familiares de las víctimas reclamen justicia en las cortes de Estados Unidos.
Desde 2004 los agentes de la CBP han matado a por lo menos 46 personas en ambos lados de la frontera, incluyendo a unos 15 ciudadanos estadunidenses. De estas muertes, 28 ocurrieron el último lustro.
Entre estos incidentes se incluyen los casos fatales de mexicanos baleados, ya mencionados con anterioridad; varios hombres desarmados que fueron golpeados hasta la muerte; un ciudadano de México que fue obligado a beber metanfetamina líquida, altamente concentrada, que lo mató; y otros civiles que recibieron disparos, fueron rociados con gas pimienta o aturdidos con armas paralizantes.
De este modo, la violencia de la CBP ha sido sistemática. La mayoría de los expertos señalan una de las causas: el reclutamiento de agentes inexpertos y mal entrenados. La presión sobre el reclutamiento se derivó de la propensión de los políticos estadunidenses a alardear sobre una mayor “seguridad fronteriza” a través de la obtención de significativos gastos de apoyo.
“El filtro a través del cual el personal (potencialmente contratado por la PF) ha sido seleccionado, ha conducido a un porcentaje significativo de agentes que no son aptos para portar una placa y un arma”, dice a Proceso Chris Rickerd, abogado del equipo de la American Civil Liberties Union (ACLU).
Lucha legal
A la luz de la violencia sistemática y la creciente posibilidad de ser asesinado en territorio de su propio país por agentes extranjeros desde un país vecino, las familias de las víctimas se han unido para promover una controversia legal cuya eventual resolución tendría ahora implicaciones constitucionales que afectarán en adelante las políticas fronterizas.
¿Tienen las familias de los mexicanos asesinados por agentes de la CBP en tiroteos trasfronterizos el derecho de exigir legalmente que éstos rindan cuentas por la muerte de sus parientes inocentes? ¿O el sólo hecho de que los familiares de las víctimas sean de nacionalidad mexicana les impide acceder al derecho constitucional de entablar un juicio en las cortes estadunidenses?
Estas dudas legales se plantean en primer término dentro de un caso que ha escalado recientemente hasta la Suprema Corte de Estados Unidos.
Los riesgos e implicaciones de este caso tienen un gran peso: si la Suprema Corte lo desestima, o bien, sostiene la sentencía de la última Corte de apelaciones en favor del gobierno, las familias mexicana no tendrán el derecho de demandar ni de buscar reparación legal para sus parientes muertos, que fueron víctimas de asesinatos transfronterizos a manos de agentes de la CBP.
No sólo el gobierno de Barack Obama intenta frenar la lucha de los familiares de las víctimas, sino que toda una batería de agencias y departamentos federales se ha alineado contra sus esfuerzos.
Por ejemplo, los abogados de Mesa Jr., el agente que baleó y mató a Elena Rodríguez, de 16 años, son apoyados por poderosas agencias gubernamentales federales, que incluyen a la propia PF, el Departamento de Seguridad Interna, bajo cuya jurisdicción se encuentra la CBP; el Departamento de Justicia y la Oficina de Inmigración y Aduanas.
Igual de desalentador es el hecho de que la más reciente sentencia en este tipo de casos fue dictada contra las familias mexicanas por una de las cortes más conservadoras y poderosas de Estados Unidos: la muy conocida Quinta Corte de Apelaciones de Circuito, cuya jurisdicción abarca todo Texas y muchas áreas fronterizas adyacentes.
Aunque aparentemente las cartas ya han sido echadas contra las familias mexicanas, algunos abogados mantienen el optimismo. Bob Hilliard, representante legal de tres de esas familias, confía en que la Suprema Corte llegará a la conlusión de que “no se puede tener un lugar o una zona libre para matar, en la que a los agentes encargados de aplicar la ley les está permitido disparar y asesinar a nacionales mexicanos inocentes sin un recurso civil”.
Sin embargo, de acuerdo con los argumentos del gobierno, se trata de un caso en el que la “inmunidad calificada” es aplicable al agente Mesa Jr. En otras palabras, para enjuiciar con éxito a un funcionario gubernamental hay que demostrar la violación de una ley claramente establecida. La Quinta Corte de Apelaciones de Circuito estuvo de acuerdo en este planteamiento, al razonar que no era una ley claramente esblecida el que la Constitución de Estados Unidos fuera aplicable a un nacional mexicano asesinado en México.
Los abogados que representan a las familias respondieron a los argumentos gubernamentales con su propia lógica y apelaron la sentencia. Tal como Steve Shadowen, otro abogado que representa a las familias y colega de Hilliard, explica a Proceso, “no se necesita una decisión de una Corte para decir que está mal matar a un muchacho desarmado de 15 años”. Más aún, agrega Shadowen, “cuando el oficial le disparó a Sergio, no sabía si se trataba de un nacional de Estados Unidos o de México”.
El abogado piensa que si la Suprema Corte da curso al caso, “vamos a ganar, porque es de sentido común y de decencia que haya una revisión judicial cuando se trata de asesinatos de muchachos desarmados por parte de la policía”.
Esperanza
Las familias por su parte mantienen un reservado optimismo sobre su oportunidad en las cortes. Dada la naturaleza sistemática de los asesinatos fronterizos y trasfronterizos por parte de “la Migra”, muchos familiares sienten que el problema es aparentemente imparable.
Cuando se le pregunta sobre las posibilidades de ganar el caso, Araceli Rodríguez Salazar –madre de José Antonio Elena Rodríguez– suspira, reflexiona un momento y especula: “Tal vez, pero sólo tal vez, a causa de la muerte de mi hijo todo este embrollo pueda cambiar. No quiero que otros padres sufran de la misma manera en que he sufrido yo”.
Guillermo Arévalo Pedroza era “una persona alegre, un padre juguetón y un hombre de familia. Le gustaba jugar y ver futbol”, dice a Proceso su viuda, Nora Isabel Lam. Y agrega: “No estoy segura de que el caso vaya a ser considerado, pero simplemente rezo para que cuando todo esto esté dicho y hecho haya buenas noticias”.
Arévalo es una de los tres clientes de Hilliard, quien nunca ha defendido un caso ante la Suprema Corte. Este será su debut.
El hecho de que la Suprema Corte haya enviado el caso para su consideración al asesor y experto legal del gobierno pinta bien para las familias mexicanas, dice Shadowen. “Hay un alto índice de aprobación entre los pocos casos que la Suprema Corte envía al asesor general”, explica.
Por su parte, Hilliard dice sentirse “cómodo y confiado” si el caso es plenamente abordado por la Suprema Corte. Sus colegas encomian sus habilidades como litigante. Afirman que se ha vuelto conocido por “hacer brotar las lágrimas en las salas de juicio”. Sin embargo, admiten que la Suprema Corte es “una bestia diferente” y que el poder de las fuerzas a las que se enfrentará Hilliard están lejos de ser insignificantes.
Luis Parra, un abogado que litiga en Nogales y Tucson, Arizona, representa a la familia de Elena Rodríguez. Entrevistado vía telefónica por Proceso, Parra sostiene que, dadas las implicaciones que están en juego, no es relevante que los familiares del muchacho no sean estadunidenses. “Hay un muchacho que recibió 10 balazos en su propio país y que no estaba cometiendo ningún crimen. ¿Qué les da derecho a rociar con 10 balas a un muchacho en su propio país?”, cuestiona.
El caso que lleva Parra ha tomado un curso diferente de los que lleva Hilliard. Este último apeló el caso de Sergio Adrián Fernández ante la Suprema Corte después de que la Quinta Corte de Apelaciones de Circuito, abiertamente conservadora, falló en favor del agente de la PF. Parra en cambio obtuvo una decisión favorable en la Novena Corte de Apelaciones de Circuito, con sede en San Francisco.
Este precedente legal, resultante de la victoria de Parra, es citado ahora por Hilliard y sus colegas en su propia apelación ante la Suprema Corte, al igual que por otras organizaciones que se han sumado al caso, como Amnistía Internacional y el Proyecto de Derechos Civiles de Paso del Norte.
El gobierno y varias agencias federales argumentan que los agentes de la PF han disparado sólo para defenderse de pedradas que les lanzan desde el lado mexicano. Los “lanzapiedras”, como los agentes los llaman, son los que los provocan a disparar y matar, según la lógica de la defensa.
Irónicamente, importantes funcionarios públicos, incluyendo a Hillary Clinton, quien es una de las principales candidatas a la próxima elección presidencial, ha rechazado este tipo de argumentos, cuando gobiernos de otras naciones los han esgrimido para justificar violaciones de derechos humanos.
En áreas con persistentes conflictos internacionales y ocupaciones militares –como Israel y Palestina– los funcionarios estadunidenses han condenado el uso de la fuerza letal contra los “lanzapiedras”. Por ejemplo, cuado Clinton era secretaria de Estado criticó la fuerza letal contra los manifestantes que arrojaban piedras para protestar contra el régimen de Hosni Mubarak –un viejo aliado de Estados Unidos– poco antes de su derrocamiento.
En el plano internacional, las condenas contra el uso de la fuerza letal hacia quienes arrojan piedras han sido emitidas por los Comisionados de Derechos Humanos de Naciones Unidas, grupos de derechos civiles como ACLU y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Hasta el propio Departamento de Estado estadunidense ha condenado la fuerza letal hacia quienes arrojan piedras; esto es, cuando no concierne a la frontera entre Estados Unidos y México.
La cuestionable defensa de justificar el uso de la fuerza letal con el lanzamiento de piedras, es una de las razonaes por las cuales Parra, Hilliard y sus colegas están más optimistas que las familias que representan.
Pero las escasas esperanzas previas de las familias de las víctimas mexicanas, así como sus reservas actuales ante la valoración del caso que realiza la Suprema Corte, no carecen de razón. Después de todo, sus esfuerzos legales han ido contra una agencia encargada de aplicar la ley que ha sido repetidamente criticada por grupos de derechos civiles y humanos debido a la impunidad que la caracteriza. Esta impunidad, de acuerdo con los abogados, se ha incubado gracias a la falta de supervisión judicial.
“Se trata de la agencia encargada de la aplicación de la ley más grande del país, pero (la CBP) no tiene proporcionalmente la supervisión y el nivel de rendición de cuentas que requiere”, comenta Chris Rockerd, abogado de la ACLU. (Traducción Lucía Luna)
Fuente: Proceso
Autor: Andrew Kennis
http://www.proceso.com.mx/?p=424019
México, DF. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes pondrá en marcha diversos operativos con motivo de las vacaciones de fin de año, que comprenden del 22 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016, para brindar apoyo e información a los turistas en las diferentes vías de comunicación del país, con la finalidad de que su viaje sea placentero y seguro.
La Dirección General de Medicina Preventiva en el Transporte (DGMPT) aplicará el Operativo 30 Delta que establece la aplicación de una evaluación médica a los automovilistas y transportistas para garantizar que estén aptos para conducir.
Los conductores y viajeros en general tienen que usar el cinturón de seguridad, evitar el uso del celular y no consumir drogas o alcohol, para prevenir accidentes en las vías federales de todo el país.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) contempla un dispositivo en las salas de espera, pasillos de llegada y salida, y vialidades de estas instalaciones, en coordinación con la Comandancia General del Aeropuerto, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Policía Federal y autoridades locales.
Los Puertos y Marina Mercante instauraron operativos para supervisar con el apoyo de patrullas terrestres y marítimas, embarcaderos, muelles y demás puntos de afluencia turística.
La aplicación Traza Tu Ruta de Mappir está disponible en los portales de internet http://ttr.sct.gob.mx/mappir/ o CAPUFE http://www.capufe.gob.mx, con el fin de que los paseantes planeen su viaje de manera anticipada.
La herramienta Traza tu ruta permite conocer un mapa con las diferentes rutas para llegar a un destino, el costo de casetas, el tiempo aproximado de recorrido, el gasto en combustible y el rendimiento de éste, de acuerdo al vehículo en el que se desplace.
Fuente: La Jornada
Autora: Miriam Posada
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/21/sct-pondra-en-marcha-operativos-en-periodo-vacacional-para-turistas-9479.html
México, DF. Los supermercados y tiendas de autoservicio, encabezadas por Walmart y Oxxo, incrementaron en 7.5 por ciento su número de sucursales en México y en 8.8 por ciento sus ventas en los últimos diez años (2005-2014), indica la investigación sobre las condiciones de competencia en el sector agroalimentario que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) realizó este año.
Pese a ello, los supermercados y tiendas de conveniencia no han logrado desplazar del primer lugar de la comercialización de alimentos a los pequeños negocios que conforman el llamado "canal tradicional" del comercio minorista o al menudeo y que van desde los puestos de los mercados y tianguis, hasta tiendas de abarrotes, pollerías, tortillerías, panaderías, carnicerías, entre otros.
Walmart, por ejemplo, pasó de tener un total de 432 sucursales en 2005 a 2 mil 163 en 2014, lo que implica un crecimiento del 16.2 por ciento anual en tanto que sus ventas aumentaron 8.2 por ciento cada año.
Si sólo se toman en cuenta las bodegas Aurrerá el aumento de las sucursales fue de 19.4 por ciento a tasa anual al pasar de 2003 a mil 660 en el mismo periodo, aunque por su tamaño implica menos crecimiento en el piso de venta del corporativo. Igual comportamiento registra la cadena Oxxo, perteneciente a Grupo Femsa, que tuvo un aumento anual de 11.9 en sus tiendas pues en 2005 tenía 4 mil 141 pero el año pasado cerró con 12 mil 853 y un incrermento en las ventas de 11.4 por ciento.
En el país hay 950 mil pequeños negocios dedicados a la venta de alimentos, encabezados por las tiendas de abarrotes, y, en conjunto, reciben 79.2 pesos de cada 100 pesos del gasto total que hacen los mexicanos en alimentos.
El restante por 20.8 ciento corresponde al "canal moderno" del comercio minorista, integrado por 42 mil establecimientos de 42 cadenas de supermercados, tiendas de autoservicio, clubes de membresía y tiendas de conveniencia.
La Cofece considera que la preeminencia de los pequeños negocios sobre las grandes cadenas comerciales se explica por el bajo nivel de ingresos de la población.
"Para la mayoría de los consumidores mexicanos, las tiendas de abarrotes son la principal fuente de abasto cotidiano, puesto que el escaso nivel de ingreso no les permite comprar volúmenes por los que valga la pena trasladarse a las tiendas de autoservicio...En el conjunto de todos los hogares, el 30 por ciento del gasto en alimentos para consumo en el hogar se ejerce en las tiendas de abarrotes, pero el porcentaje se eleva a 42 por ciento en el caso del decil con más bajos ingresos", puntualiza.
En contraste, las cadenas de supermercados son preferidas por la población de mayores recursos y les destinan 46 por ciento de su gasto total en alimentos, precisa el organismo antimonopolios en un reporte de 570 páginas en el que desglosa cada eslabón del sector agroalimentario mexicano, en diferentes capítulos. (https://www.cofece.mx/cofece/images/Estudios/COFECE_reporte_Agro.pdf).
Destaca también que, a partir de diversos análisis de precios que realizó, las tiendas de conveniencia y los supermercados venden, en general, más caro que los mercados y las tiendas de abarrotes. Sin embargo, acota, que hay productos y localidades donde el comportamiento es inverso, además de que ambos tipos de canales se complementan o atienden diferentes deciles de la población.
Aunque conservan la preeminencia en el abasto de alimentos en el país, los pequeños negocios sí han resultado afectados por la expansión del "canal moderno" pues perdieron 3.1 puntos porcentuales en la repartición del mercado durante el último quinquenio al pasar de 82.3 por ciento en 2010 al referido 79.2 por ciento.
El canal moderno ha sido más dinámico en cuanto a la apertura de establecimientos pues las tiendas de autoservicio crecieron a una tasa anual de 7.5 por ciento en la década referida y los pequeños negocios apenas lo hicieron en 2 por ciento. Además, "se estima que cada año dejan de funcionar alrededor de 30 mil puntos de venta del canal tradicional", apunta la Cofece.
Detalla que los 950 mil pequeños negocios dedicados a la venta de alimentos se caracterizan por ser una forma de autoempleo familiar, cuentan con un limitado surtido de productos, carecen de tecnología para administrar su inventario, reponen la mercancía conforme sus ventas diarias lo permiten y la mayoría sólo realiza transacciones en efectivo, precisa la investigación.
Por el contrario, los 42 mil establecimientos del canal moderno que pertenecen a 42 tiendas de autoservicio, de alcance nacional o regional y con diferentes tipos de sucursales o "formatos", en tanto que ofrecen distinta cantidad, variedad y tipo de productos (no sólo alimentos) como por el tamaño de sus locales. Las sucursales más pequeñas de las cadenas son de 250 o 500 metros cuadrados y las más grandes rebasan los 10 mil metros cuadrados, pues hay megamercados, hipermercados, clubs de membresía, supermercados, bodegas, tiendas express y de descuento, así como tiendas de conveniencia. En general, cuentan con una logística y canal propio de abastecimiento y proveedores, tecnología para eficientar su labor y, además del dinero en efectivo, aceptan otras formas de pago como los vales de despensa y las tarjetas de crédito o débito.
Fuente: La Jornada
Autora: Susana González
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/20/en-ultimos-10-anos-supermercados-incrementan-sus-ventas-en-8-8-3325.html
México, DF. Tres personas resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego luego de un tiroteo ocurrido durante la mañana del domingo en el área de carga y descarga, de la Central de Abasto en la delegación Iztapalapa.
De acuerdo con los informes policiacos, las hombres heridos se dispararon en la bodega T18 con razón social Frutas de Temporada de Michoacán, debido a una disputa de espacios entre los locatarios.
Según los primeros testimonios, tras una discusión, los involucrados sacaron armas de fuego y se lesionaron entre sí.
Uno de los heridos, con disparo de arma en el tórax, fue trasladado por la Cruz Roja a un hospital en Polanco. Los otros dos, presentaron varios impactos de bala, en tórax y abdomen, por lo que fueron reportados graves.
Fuente: La Jornada
Autora: Mirna Servín
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/20/enfrentamiento-en-central-de-abasto-deja-al-menos-tres-lesionados-9423.html
México, DF. Este domingo 20 de diciembre vence el plazo para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) termine de entregar los 9.7 millones de televisores digitales necesarios para que los hogares más pobres del país no se queden sin ver televisión al momento de que se realice el apagón analógico el próximo 31 de diciembre.
Hasta el viernes 18 de diciembre la SCT había entregado 9 millones 406 mil 774 televisores, por lo que estaba a 293 mil 226 televisores para lograr la meta que la propia dependencia se impuso.
A decir del secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruíz Esparza la depedencia dispuso de un amplio dispositivo logístico a través del cual en las últimas semanas se entregaban televisores a un rito de tres por segundo.
La semana pasada el funcionario aseguró que cumplirían con llevar televisores a todos los hogares señalados en el padrón de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), incluso a Chiapas, entidad que junto con Tabasco habían recibido una cantidad mínima de televisores.
En Chiapas, una de los estados más pobres del país se habian llevado televisores sólo a Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, en cuestión de días según sus propios reportes entregó televisores en 43 municipios de Chiapas y quedan 67 sin atender.
Las cifras de la SCT señalan que hasta el viernes pasado había entregado en Chiapas 315 nil 898 televisores.
Entre los 67 municipios chiapanecos que hasta esa fecha no habían recibido los dispositivos digitales figuran Acala, Aldama, Altamirano, Amatán, Amatenango de la Frontera Chanal, Chapultenango Chilón, Cintalapa Ixtacomitan, La Grandeza, Reforma, Larrainzar, Pichucalco, Rayón, Simojovel y Yajalon.
En algunos municipios como La Margaritas la SCT ha entregado tres televisores, en San Cristóbal de las Casas 9, una en Solosuchiapa, Villaflores, Chiapa de Corzo Ostuacan y Oxchuc respectivamente.
Mientras que en Tabasco, donde tampoco se había hecho mayor reparto la dependencia reportó haber atendido ya 16 municipios a los que llevó 262 mil 729 aparatos.
Fuente: La Jornada
Autora: Miriam Posada
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/20/vence-plazo-para-la-entrega-de-televisiones-digitales-sct-395.html
México, DF. Las acciones de la constructora mexicana ICA, la mayor del país, se desplomaban el lunes por segundo día consecutivo tras anunciar que no cumplirá con el pago de intereses de un bono y que trabaja en un plan inicial de reestructuración que completaría en febrero de 2016.
A las 9 horas, los títulos de la firma se hundían un 14.61 por ciento a 3.39 pesos.
La bolsa local suspendió temporalmente el lunes la cotización de los títulos de la firma, que el viernes, cuando hizo el anuncio del impago, se hundieron casi un 24 por ciento.
Fuente: La Jornada/Reuters
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/21/acciones-de-ica-se-desploman-por-segundo-dia-consecutivo-3128.html
Coatzacoalcos, Ver.- De nuevo en la cabecera municipal de Las Choapas fue ejecutado un empresario, había sido secuestrado el viernes y fue hallado asesinado horas después en un lote baldío. En este municipio persisten los asesinatos a pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzó los patrullajes.
El viernes fue secuestrado José Guadalupe Carrillo Blanco, de 29 años de edad, propietario de un autolavado y concesionario de un taxi; el joven fue levantado por un grupo armado que se trasladaba en una camioneta Honda, en el barrio Las Flores, de esa cabecera municipal.
Horas después su cuerpo fue hallado su cuerpo con visibles huellas de tortura y con el tiro de gracia, sobre el camino de terracería La Ceiba, el cual conduce hacia el basurero municipal de la colonia Solidaridad. Los familiares del pequeño empresario reportaron el secuestro a la Policía Estatal y la Secretaría de Marina y estaban a la espera de que el grupo de delincuentes pidieran el rescate; se desconoce si los familiares entablaron negociaciones con ellos.
Las autoridades lo identificaron por la descripción que dio su esposa un día antes, ya que al momento de ser secuestrado vestía un short negro, camisa azul, además tenía tatuado la mayor parte de su brazo derecho.
El lugar donde se encontró al cuerpo fue resguardado por la SSP y elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, mientras el personal de la Policía Ministerial del Estado y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron las diligencias para el levantamiento del cuerpo.
El cuerpo fue hallado a menos de 800 metros de la caseta de vigilancia de la Policía Municipal, donde dos oficiales resguardan este tramo carretero, pero no se percataron de ninguna movilización extraña-
Este asesinato se suma a la ola de ejecuciones que se han registrado en los últimos meses en ese municipio de la región sur de Veracruz, Uno de los más recientes sucedió apenas el pasado viernes 27 de noviembre, cuando fue ejecutada en la colonia Anáhuac, la joven Lucy Alpuche García,
En esta zona, la Secretaría de Seguridad Pública del estado mantiene un operativo de vigilancia desde mediados de año, sin que hayan bajado los homicidios dolosos; el titular de la dependencia, Arturo Bermúdez zurita señalo que el origen de todos ellos se debe a la pelea entre dos células de los zetas que se disputan la frontera entre Tabasco y Veracruz.
Fuente: La Jornada Veracruz
http://www.jornadaveracruz.com.mx/secuestran-y-asesinan-a-empresarios-de-las-choapas-sigue-violencia-pese-a-patrullajes/?platform=hootsuite
En un recuento de diversas anomalías, el INEE agregó que esta situación propició que a "muchos maestros se les notificara que debían presentar la segunda etapa de la evaluación, la reflexión evidencias de aprendizaje de sus alumnos, con muy poca anticipación".
El organismo autónomos también reportó que hubo "fallas en la entrega de las claves para poder acceder a la plataforma, lo que también sometió a los maestros a una fuerte tensión". Además, indicó que La aplicación de la tercera y cuarta etapas de este ejercicio también tuvo dificultades técnicas y hubo en algunos casos confusión respecto de la forma de la evaluación que debían responder los docentes.
"Si bien en la mayoría de las sedes en las que se llevó a cabo la evaluación de desempeño la jornada transcurrió sin mayores dificultades, preocupa el hecho de que en algunos lugares la evaluación tuvo que aplicarse en condiciones poco propicias para llevar a cabo una experiencia que debe ser formativa y que exige condiciones para pensar y reflexionar".
En un comunicado, emitido por el INEE, afirmó que "en algunos casos, las protestas y agresiones, en ocasiones violentas, de los maestros disidentes, sometieron a los docentes que se estaban evaluando a una presión excesiva. En otros más, el recurrir a la fuerza pública con el fin de resguardar a los maestros que ejercían su derecho a evaluarse construyó un clima poco propicio para responder las preguntas o construir las respuestas".
Incluso destacó que "hubo en algunos casos condiciones físicas incómodas para la realización de la evaluación. En las entidades en las que la disidencia fue mayor, los maestros tuvieron que partir, desde muy temprano en la madrugada, de sus casas para ser trasladados a las sedes de la evaluación, para resolver un examen de más de ocho horas de duración".
El análisis de lo acontecido, explicó el INEE, permitirá mejorar los eventos posteriores. Corresponde ahora a la autoridad educativa realizar los procesos de calificación conforme a los criterios autorizados y con los evaluadores que fueron certificados por el INEE.
El INEE por su parte analizará en detalle los resultados de la evaluación de los docentes y rendirá un informe de los hallazgos correspondientes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LAURA POY SOLANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/17/emite-inee-primer-balance-de-evaluacion-docente-9248.html
Tras repartir volantes entre transeúntes y automovilistas, Basave recalcó que la defensa al aumento de un salario mínimo digno es una causa que el PRD abandera “y esto es una expresión de rechazo mínima porque hay millones de ciudadanos indignados”.
Anunció que esta lucha continuará con campañas y brigadeos e invitó a la sociedad mexicana a acompañar el hashtag #NoMeAlcanza #SubamosElSalario.
“Vamos a pedirle a todas y a todos que se sumen a esta campaña para que crezca la conciencia del problema que estamos viviendo”.
Basave reiteró que el aumento al salario no es digno “es un aumento raquítico y ridículo y los mexicanos no van a vivir con bienestar” y cuestionó los ingresos del titular de la Conasami al tiempo que insistió que debe desaparecer y que los salarios mínimos los fije el Coneval.
“Estamos conscientes de la situación de gravedad que se vive por la desigualdad y la pobreza, todos menos este gobierno priista y esta institución arcaica que lleva años y años frenando el crecimiento de los ingresos”, se quejó.
En este sentido dijo que si la Conasami y el gobierno federal no suben el salario mínimo existe el riesgo de un estallido social, pues “se trata de un imperativo de estabilidad y de paz social”.
Mojica señaló que su partido continuará respaldando a las y los trabajadores y para ello se impulsará una campaña en la que se les informe y tome conciencia.
“El salario mínimo no cubre las necesidades básicas de la gente en el país. Por eso el PRD está proponiendo aumentar, al menos, en 23% el salario, desparecer a la Conasami, que haya igualdad laboral y aumentar la productividad”, afirmó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423881
A través de una misiva girada a Angélica De la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, para pedir su intervención, el activista encargado de la defensa de víctimas de fraudes inmobiliarios en diversas entidades del país denunció:
“La persecución que el gobierno de Eruviel Ávila Villegas y el procurador general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, están realizando en contra de un servidor, de mi esposa, mi hijo y de los dirigentes de nuestro movimiento”.
También acusó la negativa de defensa del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, el primer visitador, Ismael Eslava, y de la cuarta visitadora, María Inés Aguilar.
“La CNDH tiene conocimiento de toda esta política violatoria del gobierno de Estado de México, incluso el órgano constitucional administrativo envió nuestras quejas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), órgano que preside Baruch Delgado Carvajal, quien no ha querido investigar; le hemos solicitado en dos ocasiones que entregue nuestras quejas a la CNDH en virtud de la omisión del organismo” a su cargo, dijo.
Pérez Espinoza demandó a los ombudsman investigar su “detención ilegal y privación ilegal de la libertad” en el Centro de Readaptación Social de Chiconautla, Estado de México, “en virtud de la fabricación de las carpetas administrativas 1718 y 1720 por el supuesto delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido en el interior de casa habitación con violencia”.
Humbertus afirmó que el acto delictivo fue “fabricado por el gobernador Eruviel Ávila Villegas, el procurador general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, el fiscal regional de Ecatepec, Juan Francisco Hernández Aguilar, y por el titular del Centro de Atención Ciudadana de Tecámac C-3 de la PGJEM, Omar Hernández Heredia”.
Pérez Espinoza señaló que le fue negado su derecho a comparecer, previo a la orden de aprehensión que el 3 de noviembre se giró en su contra. Con ello, dijo, se violentó el principio constitucional a la presunción de inocencia plasmado en el artículo 20 apartado B de la Constitución General sobre los derechos de los inculpados.
“La CNDH se ha negado a investigar los crímenes violenciales a mis derechos humanos; la persecución en contra de mi esposa Beatriz Juárez Rosas, quien de manera valiente acusó al gobernador Eruviel Ávila Villegas de ser el autor intelectual de mi detención y obtuvo como respuesta del procurador y del fiscal regional de Ecatepec la fabricación de delitos; y la persecución de mi hijo Jorge Humbertus Pérez Juárez, quien tuvo que truncar sus estudios de derecho en la UNAM FES Acatlán”, destacó.
Esta actividad represora, consideró, es resultado de los triunfos jurídicos de la organización, de tal manera que la propia CNDH ha reconocido y emitido dos resoluciones de conciliación que concluyen la violación a los derechos humanos de los integrantes del Frente Mexiquense porque Sociedad Hipotecaria Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) no respetaron la garantía a la Vivienda Digna y Decorosa.
El Frente Mexiquense, recordó, ha ganado diversos juicios en el Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León, Quintana Roo, Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua por diversas anomalías inmobiliarias. También ha documentado la complicidad, entre otros actores, del alcalde electo de Tecámac Aarón Urbina Bedolla; el beneficio de Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano, hijo del ex secretario general de Gobierno, Manuel Cadena Morales, socio de Vinte; y de la empresa española OHL.
“El gobernador Eruviel Ávila Villegas protege a la delincuente e invasora de viviendas del Estado de México, Valentina Granados Rincón, quien ha ofrecido hasta 500 mil pesos para que sea asesinado al interior del penal”, destaca en la misiva.
Además, advierte, el procurador mexiquense “protege impunemente a las empresas constructoras Urbi Desarrollos Urbanos, Promotora de Viviendas Integrales, Vinte Viviendas Integrales, Ara, Geo y Homex.
“Un ejemplo –añadió– es que ocultó durante 37 días las órdenes de aprehensión en contra de Rene Jaime Mungarro y Sergio Armando Guevara Márquez, representantes de la primera”.
Humbertus Pérez fue detenido por elementos de La Marina el pasado 4 de noviembre, tras ofrecer una conferencia de prensa en Toluca para exigir la renuncia del procurador mexiquense y adelantar que tenía información en el sentido de que se le estaban fabricando delitos por los señalamientos expuestos.
“No obstante, de pretender mi desaparición forzada después de mi detención ilegal, hasta el día de hoy no hay una investigación de la CNDH, el órgano autónomo constitucional protege al gobierno de Eruviel Ávila Villegas, no quiere llegar a la verdad histórica de los hechos y concluir que detrás de mí detención están las empresas constructoras”, puntualizó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423849
Pese a haberlo negado, el gobierno mexicano entrega 75 mil dólares anuales a The Woodrow Wilson Center, un think tank estadunidense que tiene un instituto especializado en México. La donación, que sale del erario, ha sido utilizada para que funcionarios, dependencias, programas y versiones oficiales sean apuntalados entre los medios académicos de aquel país. Así, pareciera que las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han buscado, ante todo, que ese dinero les permita lucirse en Washington.
WASHINGTON: En 1982, el entonces presidente José López Portillo pronunció una frase memorable en alusión al retiro de publicidad gubernamental en diversos medios de comunicación: “No pago para que me peguen”. Esa máxima parece ser desconocida en el prestigioso centro académico The Woodrow Wilson Center, que cada año recibe 75 mil dólares del gobierno de México.
The Woodrow Wilson Center destina ese dinero al financiamiento de su Instituto México. El objetivo es organizar encuentros o foros destinados a promover y dar a conocer los temas de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, de acuerdo con un convenio firmado con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La colaboración comenzó en el sexenio de Felipe Calderón, por iniciativa del entonces embajador mexicano en Washington, Arturo Sarukhán. Desde entonces se han organizado actos que algunos funcionarios mexicanos aprovechan para su lucimiento personal y el del gobierno.
Desde que Sarukhán era embajador, Proceso solicitó a la sede diplomática, en varias ocasiones, que le informara la cantidad que entrega al Instituto México, pero la solicitud siempre fue rechazada. La embajada mexicana llegó incluso a negar que diera dinero a ese centro académico.
No fue sino hasta hace unas semanas, durante el primer encuentro que tuvo con los corresponsales de medios mexicanos acreditados en Washington, cuando el nuevo representante de México en Estados Unidos, Miguel Basáñez, accedió a que se le dijera a este semanario cuánto da al Woodrow Wilson Center cada año.
“Es muy poquito, son unos 73 mil dólares lo que les damos”, dijo un funcionario de la embajada que se comunicó con Proceso para informar la cantidad. El empleado pidió que no se difundiera su nombre. “Ya hablamos con el Woodrow Wilson Center y ellos te van a dar más detalles. Llámales”, agregó.
Andrew Selee, vicepresidente ejecutivo del Woodrow Wilson Center y fundador y exdirector del Instituto México, fue quien envió a este reportero, por correo electrónico, la copia del convenio.
“Un día se me acercaron, no me acuerdo quién era en ese momento, pero era de la embajada (de México); y me dijo que tenían una línea de financiamiento para programas sobre México. ‘¿Les interesa?’, preguntó. Lo pensamos y le respondimos que sí aceptábamos”, cuenta Selee en entrevista telefónica.
El convenio fue renovado el pasado 3 de agosto. Firmaron Jane Harman, directora y presidenta del Woodrow Wilson Center, y Alejandro Estivill Castro, jefe de la cancillería en la embajada de México en Washington. En su artículo nueve, el acuerdo asienta que la aportación del gobierno mexicano al centro académico es de 75 mil dólares al año.
Con el título Programa de Colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Woodrow Wilson Center, el documento señala en su artículo 9 que su “objetivo” es “promover la cooperación entre las partes para la ejecución de análisis, discusión y promoción de actividades que proporcionen a los gobiernos de las partes los elementos necesarios para formular políticas públicas que les permitan fortalecer la cooperación en mecanismos bilaterales para una mejor, benéfica y productiva relación”.
El Woodrow Wilson Center tiene un presupuesto anual de unos 26 millones de dólares. De éstos, 1.2 millones se destinan al Mexican Institute; esto significa que el erario mexicano aporta 0.02% de esa partida. “Es muy poco dinero en realidad, pero nos es muy provechoso”, confió a Proceso el funcionario de la embajada en Washington.
Y vaya que los gobernantes mexicanos lo han aprovechado. Una muestra: el 11 de enero de 2012, bajo la dirección de Selee, el Mexican Institute organizó un foro para presentar el libro Un nuevo modelo de seguridad para México, del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La obra se regaló tanto en inglés como en español a quienes asistieron al acto, durante el cual Selee afirmó que el autor presentaba un proyecto que debería ser copiado por todos los países del hemisferio, incluido Estados Unidos. “García Luna supervisó la dramática transformación de la fuerza policial de México”, se leía en la invitación que distribuyó el instituto.
Por cierto, en ese encuentro Selee evitó darle la palabra al corresponsal de este semanario para cuestionar a García Luna.
Basáñez, quien en sus pocos meses como embajador en Estados Unidos no ha dicho ni hecho nada destacable, este lunes 7 aprovechó el Mexican Institute para que le organizara un foro donde presentar su libro, Un mundo de tres culturas: honor, logros y gozo del embajador de México en Estados Unidos.
En la presentación de la obra participarían Alejandro Moreno, profesor de ciencias políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México; Enrique Alducin, director general de Alducin y Asociados; y Duncan Wood, director del Mexican Institute.
Selee y Wood, por petición de este semanario, entregaron la lista de actos realizados en el Mexican Institute de diciembre de 2011 a diciembre de 2015. En este plazo hubo 156 foros. En ellos, los ponentes más destacados fueron funcionarios del gobierno mexicano.
La organización de foros es sólo una parte de las actividades del Instituto México. El centro académico publica, además, análisis, libros y artículos de opinión sobre la relación bilateral.
Se le menciona a Selee que, según la evidencia, pareciera que el gobierno mexicano siente que tiene derecho a que se organicen foros en el Instituto México para lucimiento de sus funcionarios, en detrimento de los opositores. Selee responde: “Ellos sentirán eso, pero nosotros somos una institución creada por el Congreso (federal) de Estados Unidos que debe rendir cuentas a la ciudadanía estadunidense y ésa es nuestra responsabilidad. No el gobierno mexicano”.
Un acto previo a la presentación del libro de Basáñez fue un encuentro sobre la indagatoria de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Se realizó el 21 de octubre pasado en el edificio Rayburn de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. En ese foro participaron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), el congresista Alan Lowenthal y la organización no gubernamental Wola.
El 21 de octubre, un día después de la audiencia sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la sede del Instituto México se llevó a cabo un foro para darle seguimiento al tema. Los ponentes fueron Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos; Éber Betanzos, subprocurador general para Derechos Humanos; y Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores para Derechos Humanos.
“El apoyo financiero que recibimos del gobierno de México es sólo una pequeña parte de un portafolio muy diverso de fuentes, tanto del sector privado, de fundaciones, de patrocinios y donaciones de corporaciones e individuos en nuestros actos para recaudar fondos. Hemos estructurado las finanzas así para mantener nuestra independencia y autonomía de cualquier fuente en particular, para que podamos ofrecer un espacio libre e imparcial para la conversación sobre México y la relación bilateral en Washington.
“Al apoyo de un actor, sea el gobierno de México, de Estados Unidos, o de cualquier actor privado, no se le permite impactar sobre la independencia del Instituto. Esto está claramente definido en nuestro mandato como centro de investigación”, comento Wood.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423800
The Woodrow Wilson Center destina ese dinero al financiamiento de su Instituto México. El objetivo es organizar encuentros o foros destinados a promover y dar a conocer los temas de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, de acuerdo con un convenio firmado con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La colaboración comenzó en el sexenio de Felipe Calderón, por iniciativa del entonces embajador mexicano en Washington, Arturo Sarukhán. Desde entonces se han organizado actos que algunos funcionarios mexicanos aprovechan para su lucimiento personal y el del gobierno.
Desde que Sarukhán era embajador, Proceso solicitó a la sede diplomática, en varias ocasiones, que le informara la cantidad que entrega al Instituto México, pero la solicitud siempre fue rechazada. La embajada mexicana llegó incluso a negar que diera dinero a ese centro académico.
No fue sino hasta hace unas semanas, durante el primer encuentro que tuvo con los corresponsales de medios mexicanos acreditados en Washington, cuando el nuevo representante de México en Estados Unidos, Miguel Basáñez, accedió a que se le dijera a este semanario cuánto da al Woodrow Wilson Center cada año.
“Es muy poquito, son unos 73 mil dólares lo que les damos”, dijo un funcionario de la embajada que se comunicó con Proceso para informar la cantidad. El empleado pidió que no se difundiera su nombre. “Ya hablamos con el Woodrow Wilson Center y ellos te van a dar más detalles. Llámales”, agregó.
Andrew Selee, vicepresidente ejecutivo del Woodrow Wilson Center y fundador y exdirector del Instituto México, fue quien envió a este reportero, por correo electrónico, la copia del convenio.
“Un día se me acercaron, no me acuerdo quién era en ese momento, pero era de la embajada (de México); y me dijo que tenían una línea de financiamiento para programas sobre México. ‘¿Les interesa?’, preguntó. Lo pensamos y le respondimos que sí aceptábamos”, cuenta Selee en entrevista telefónica.
El convenio fue renovado el pasado 3 de agosto. Firmaron Jane Harman, directora y presidenta del Woodrow Wilson Center, y Alejandro Estivill Castro, jefe de la cancillería en la embajada de México en Washington. En su artículo nueve, el acuerdo asienta que la aportación del gobierno mexicano al centro académico es de 75 mil dólares al año.
Con el título Programa de Colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Woodrow Wilson Center, el documento señala en su artículo 9 que su “objetivo” es “promover la cooperación entre las partes para la ejecución de análisis, discusión y promoción de actividades que proporcionen a los gobiernos de las partes los elementos necesarios para formular políticas públicas que les permitan fortalecer la cooperación en mecanismos bilaterales para una mejor, benéfica y productiva relación”.
El Woodrow Wilson Center tiene un presupuesto anual de unos 26 millones de dólares. De éstos, 1.2 millones se destinan al Mexican Institute; esto significa que el erario mexicano aporta 0.02% de esa partida. “Es muy poco dinero en realidad, pero nos es muy provechoso”, confió a Proceso el funcionario de la embajada en Washington.
Y vaya que los gobernantes mexicanos lo han aprovechado. Una muestra: el 11 de enero de 2012, bajo la dirección de Selee, el Mexican Institute organizó un foro para presentar el libro Un nuevo modelo de seguridad para México, del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La obra se regaló tanto en inglés como en español a quienes asistieron al acto, durante el cual Selee afirmó que el autor presentaba un proyecto que debería ser copiado por todos los países del hemisferio, incluido Estados Unidos. “García Luna supervisó la dramática transformación de la fuerza policial de México”, se leía en la invitación que distribuyó el instituto.
Por cierto, en ese encuentro Selee evitó darle la palabra al corresponsal de este semanario para cuestionar a García Luna.
Basáñez, quien en sus pocos meses como embajador en Estados Unidos no ha dicho ni hecho nada destacable, este lunes 7 aprovechó el Mexican Institute para que le organizara un foro donde presentar su libro, Un mundo de tres culturas: honor, logros y gozo del embajador de México en Estados Unidos.
En la presentación de la obra participarían Alejandro Moreno, profesor de ciencias políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México; Enrique Alducin, director general de Alducin y Asociados; y Duncan Wood, director del Mexican Institute.
Selee y Wood, por petición de este semanario, entregaron la lista de actos realizados en el Mexican Institute de diciembre de 2011 a diciembre de 2015. En este plazo hubo 156 foros. En ellos, los ponentes más destacados fueron funcionarios del gobierno mexicano.
La organización de foros es sólo una parte de las actividades del Instituto México. El centro académico publica, además, análisis, libros y artículos de opinión sobre la relación bilateral.
Se le menciona a Selee que, según la evidencia, pareciera que el gobierno mexicano siente que tiene derecho a que se organicen foros en el Instituto México para lucimiento de sus funcionarios, en detrimento de los opositores. Selee responde: “Ellos sentirán eso, pero nosotros somos una institución creada por el Congreso (federal) de Estados Unidos que debe rendir cuentas a la ciudadanía estadunidense y ésa es nuestra responsabilidad. No el gobierno mexicano”.
Un acto previo a la presentación del libro de Basáñez fue un encuentro sobre la indagatoria de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Se realizó el 21 de octubre pasado en el edificio Rayburn de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. En ese foro participaron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), el congresista Alan Lowenthal y la organización no gubernamental Wola.
El 21 de octubre, un día después de la audiencia sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la sede del Instituto México se llevó a cabo un foro para darle seguimiento al tema. Los ponentes fueron Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos; Éber Betanzos, subprocurador general para Derechos Humanos; y Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores para Derechos Humanos.
“El apoyo financiero que recibimos del gobierno de México es sólo una pequeña parte de un portafolio muy diverso de fuentes, tanto del sector privado, de fundaciones, de patrocinios y donaciones de corporaciones e individuos en nuestros actos para recaudar fondos. Hemos estructurado las finanzas así para mantener nuestra independencia y autonomía de cualquier fuente en particular, para que podamos ofrecer un espacio libre e imparcial para la conversación sobre México y la relación bilateral en Washington.
“Al apoyo de un actor, sea el gobierno de México, de Estados Unidos, o de cualquier actor privado, no se le permite impactar sobre la independencia del Instituto. Esto está claramente definido en nuestro mandato como centro de investigación”, comento Wood.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423800
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