Policía secuestraba, levantaba y desaparecía personas en Veracruz: padres

"Estamos en la lucha, queremos justicia, queremos que den con el paradero de nuestros hijos, haya sido cual haya sido, queremos saber qué pasó con ellos y el por qué, y que los responsables paguen", dijo la madre Carmen Garibo Maciel.

El delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca, Veracruz, Marcos Conde Hernández, tiene un historial de delitos pero fue detenido hasta enero pasado, por el caso de los 5 jóvenes levantados por policías estatales en Tierra Blanca. 

En entrevista para Aristegui CNN, Bernardo Benítez, padre de Bernardo, señaló que el delegado de la policía del estado tiene un historial de “secuestrar, levantar y desaparecer” gente. 

“La presidenta municipal de Juan Rodríguez Clara (un municipio en el que Conde estuvo antes) me platicó que le levantó y le desapareció un sobrino, Marcos Conde a la presidenta municipal. Si se lo hace a un presidente municipal en funciones, imagínese a una persona común y corriente ¿qué no nos pueden hacer?, ¿qué no le pueden hacer a nuestros hijos?”, preguntó.

El ex funcionario está bajo investigación y es uno de los 8 policías detenidos.

Don Bernardo dijo que espera que haya una “investigación exhaustiva” y que al final “caiga quien caiga”.

El testigo

Para comprobar la participación de la policía del estado, el padre reveló que hubo un testigo de los hechos -cuyo nombre se reserva-, que observó cómo los elementos se llevaron a los cinco jóvenes, tras una aparente revisión “de rutina”.

Refirió que el testigo es “amigo” de tiempo atrás, quien vio cuando la policía inspeccionaba el automóvil en el que viajaban y, al parecerle algo extraño, decidió llamarle a uno.

Los cinco jóvenes salieron el viernes 8 de enero de Playa Vicente rumbo a Veracruz, donde pasaron todo el fin de semana, celebrando el cumpleaños de Mario Arturo; a su regreso, el lunes 11, pasaron por Tierra Blanca.

“Mi hijo es fanático de una taquería a la orilla de la carretera (en Tierra Blanca), se paran a comer, terminan de comer, salen de ahí y en el video se ve claramente cuando la camioneta de la policía del estado se va tras de ellos, más adelante los detienen. Y les empiezan a hacer una revisión, aparentemente”, narró Bernardo. 

“Pasa una amistad de los muchachos, le llama a mi sobrino José (Benítez)… creían que era una revisión de rutina”, expuso.

“A Mario Arturo y José los sacan del coche, los suben a la camioneta, y dos policías se suben al coche”, apuntó.

“Pasando las vías del tren, la camioneta rebasa al coche y dobla a mano derecha, a una calle que ya es de terracería. Este muchacho ve para dónde va, pero el teléfono ya está apagado, ya no le contesta. Nos avisaron que el coche estaba en una desviación en Medellín de Bravo, dejaron el carro abandonado… el carro ya estaba en el corralón”, abundó.

Un subordinado del delegado Marcos Conde le habló y le dijo “que nosotros sabemos que secuestraron a nuestros hijos”, recordó.

“Le dijimos: tu gente secuestró a nuestros hijos”, mencionó el padre. Y hay más: “tenemos un testigo”.

Conde les recomendó interponer una demanda, además de que pidió llevar al testigo hasta él, para que señalara “a uno por uno” de los responsables.

Hasta ahora, las investigaciones son apuntaladas por la declaración de uno de los policías, quien afirma que los cinco jóvenes fueron asesinados e incinerados.

Pero “esto lo debemos ver como un rompecabezas, los policías se contradicen mucho en las declaraciones, creemos que debemos llegar hasta el final, hasta que encontremos al resto de los autores tanto materiales como intelectuales, a partir de ahí podemos armar bien el rompecabezas y saber realmente qué fue lo que sucedió”, indicó Bernardo.

“A pesar de que dicen que hay unos restos de mi hijo, que están siendo analizados por los forenses argentinos, la esperanza no se me acaba”, confesó. Y es que “no sé si haya algo más grande para un ser humano que no sea un hijo”.

“Mientras no esté al mil por ciento seguro, no voy a aceptar nada”, dijo en referencia a la presunta muerte de su hijo.

Por lo pronto, “queremos a todos los materiales e intelectuales que perpetuaron (los crímenes), si es que al final se logra esclarecer que así fue”, urgió.

“Esperamos que seamos los últimos a los que nos suceda esta situación tan desagradable y que creo que la gente de bien que somos nosotros no debería ocurrirnos, hay tanta delincuencia en nuestro estado que ya no podemos salir a la calle sin el temor en la boca”, mencionó.

Por su parte, Carmen Garibo Maciel, madre de Susana, detalló que el octavo policía detenido “narró paso a paso desde el momento en que los agarraron… comentó que los mataron y los quemaron, eso fue lo que él narró, pero aún tenemos un poquito de esperanza que haya mentido”. 

La madre expuso cómo hay diferencias marcadas entre los policías detenidos: unos niegan haber participado, otros dicen que nada más los revisaron, otros que los habían agarrado y los entregaron al crimen organizado.

“No sabemos realmente qué fue lo que pasó”, reconoció.

“Esperemos que tengamos resultados certeros… confiamos en que ellos esclarezcan este caso”, expresó sobre el gobierno federal, pues en el del estado no confían.


En cuanto a la participación criminal directa de agentes del Estado, sostuvo que “ya eso lo tenemos en todo el estado, no nada más aquí en Veracruz… La policía ya tiene que ver casi en todos ese tipo de delitos, la policía está involucrada. ¿Ahora en quién confías?, ¿qué se puede esperar?”.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0403/mexico/policia-secuestraba-levantaba-y-desaparecia-personas-en-veracruz-padres-en-cnn/

NSArchive revela expediente de ejecuciones en Tlatlaya

Hay discrepancias en testimonios y el número de personas que pudieron ser ejecutadas extrajudicialmente. 4 de 7 militares quedaron libres después de que el juez no encontró elementos contra ellos.

La organización no gubernamental National Security Archive (NSArchive) obtuvo copia del Auto de Formal Prisión contra 7 militares, acusados en tribunales civiles por los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, donde soldados ejecutaron a personas presuntamente relacionadas con el cártel de la Familia Michoacana, el 30 de junio de 2014.

La Procuraduría General de la República (PGR) entregó este documento de 268 páginas al NSArchive después de que se lo ordenó el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai).

El contenido de este auto de formal prisión ya fue usado para la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso y por el sitio de noticias SinEmbargo, pero es la primera vez que el documento íntegro está disponible para su consulta pública.

La revelación de este expediente pone de manifiesto que hubo discrepancias en los testimonios que presentó la PGR y en el número de personas que pudieron ser ejecutadas, justo días después que un tribunal confirmó la libertad de 4 de los 7 militares señalados como responsables. Este proceso en tribunales civiles es paralelo al del fuero militar, que sigue en curso.

¿Cuántas personas pudieron ser ejecutadas? 

La Procuraduría del Estado de México y la PGR habían dicho que cinco de los 22 cadáveres tenían heridas que indicaban maniobras instintivas de defensa; es decir, que antes de morir las personas intentaron proteger zonas vitales con sus brazos, lo cual apunta a que muy probablemente fueron privadas de su vida ilegalmente, según la CNDH.

Y la propia CNDH dijo en su recomendación sobre el caso que al menos 6 cadáveres tenían rastros de maniobras de defensa:

“V1, V2, V5, V11, V12 y V16, presumiblemente, realizaron maniobras instintivas de defensa, lo cual se determina por la presencia de heridas en los miembros superiores, producidas por proyectil único disparado por arma de fuego”, publicó el organismo nacional en octubre de 2014.

No obstante, el Auto de Formal Prisión revelado por el NSArchive incluye los primeros estudios realizados por la procuraduría del Estado de México, que aunque concluyó que había sido un enfrentamiento, documentó que 9 personas intentaron defenderse antes de caer abatidas por las balas.


Los cadáveres 1, 2, 5, 11, 12, 16, 17, 18 y 21, tenían huellas de “maniobras instintivas de defensa”, según el dictamen en criminalística de campo del 30 de junio de 2014, realizado por peritos del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría del Estado de México.

Ese dictamen forma parte del auto de formal prisión que otorgó, en un primer momento, un juez penal del DF. Pero los militares se inconformaron con esa decisión y un tribunal ordenó reponer el proceso.

La reposición recayó en otro juez, quien determinó que no había pruebas suficientes para procesar a los siete militares y dejó en libertad a cuatro. Entonces la PGR se inconformó, pero fue inútil; el tribunal confirmó la liberación de cuatro militares acusados de ejercicio indebido del servicio público y mantuvo en prisión a tres de ellos por homicidio calificado y alteración ilícita del lugar.

El defensor de los militares en la jurisdicción civil es el abogado Juan Velázquez, quien ha sostenido ante la prensa que sólo tres de los militares entraron a la bodega donde ocurrieron los hechos.

¿Cuántos entraron a la bodega?

La CNDH dijo que cinco soldados entraron a la bodega después de un primer choque con los presuntos sujetos relacionados con el cártel de La Familia Michoacana:


“Los cinco elementos militares que ingresaron a la bodega posterior al enfrentamiento, esto es, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, son quienes muy probablemente privaron ilegalmente de su vida a las personas que se encontraban al interior de la misma, o por lo menos, que hubieron algunos de ellos que lo hicieron, y otros que lo presenciaron y por tanto, hasta la fecha, lo han encubierto”, dice la Comisión en su informe.

Los cuatro militares que ahora están libres hicieron una ampliación de sus declaraciones el 28 de septiembre de 2014, en la cual aseguraban que “después de haber cesado los disparos entre ellos y un grupo de personas armadas, tres de sus compañeros se introdujeron a la bodega y que en seguida escucharon más disparos”.

Quienes declararon esto fueron el responsable de la escolta, Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez; el soldado de transmisiones, Julio César Guerrero; el cabo que conducía esa noche Samuel Torres; y el soldado de infantería Alan Fuentes.


Pero esa declaración contradice la que habían dado cuatro días antes y la del mismo día en que ocurrieron los hechos, aquel 30 de junio de 2014, que forman parte del Auto de Formal Prisión revelado por el NSArchive.

El 30 de junio, el Teniente Ezequiel dijo que ordenó a Samuel Torres que apoyara “al sargento Acevedo (Roberto Acevedo López) para que hiciera un reconocimiento en el interior de la bodega”. Esa versión cambió después que la agencia AP y la revista Esquire cuestionaron que se hubiera tratado de un enfrentamiento con criminales.

El 24 de septiembre, el mismo teniente Ezequiel dijo que “ordenó al sargento segundo Roberto Acevedo López y dos elementos Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides para que realizaran un reconocimiento en el interior de la bodega donde tardaron entre 3 y 5 minutos”. El soldado Samuel Torres desapareció de la narración del encargado del grupo.

El propio cabo Samuel Torres también cambió su versión. En su declaración del día de los hechos, dijo que no supo qué pasó dentro de la bodega. Pero el 28 de septiembre agregó que “él y su compañero Alan Fuentes Guadarrama ingresan juntos a la bodega por la parte del centro, y el comandante Acevedo con un compañero más entraron por la izquierda de la bodega”.

La versión de la defensa

Al ser cuestionado por la diferencia en el número de militares que ingresaron a la bodega, el abogado defensor, Juan Velázquez, dijo a Aristegui Noticias que la discrepancia puede deberse a que los soldados hablan de “momentos distintos de entrada a la bodega”.

Además, Velázquez sostiene que la PGR no pudo aportar “una sola prueba de su probable responsabilidad en los delitos de los que se les acusó”. Según él, “todas las armas de los abatidos habían sido accionadas”; no obstante, no pudo aclarar si la PGR levantó huellas dactilares para descartar que hubiesen sido accionadas por los soldados.

Así, los tres militares que siguen procesados por homicidio y alteración ilícita del lugar son el sargento Roberto Acevedo López y los soldados de infantería Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides. La PGR tampoco pudo sostener la acusación en contra del teniente Ezequiel, de encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito.


El Auto de Formal Prisión obtenido por el NSArchive tiene varias líneas de texto testadas y, aunque en las líneas visibles no hay mención a un estudio de huellas dactilares, es imposible descartar si la PGR lo hizo o no. Además, falta transparentar varios momentos del proceso judicial civil, lo cual podría suceder si hay más solicitudes de transparencia con el mismo argumento que usó la organización estadunidense, que hay sospechas de que en Tlatlaya hubo violaciones graves a los derechos humanos.

Este 2 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe “Situación de derechos humanos en México”, en el que afirma que “la impunidad masiva es la causa de la crisis de derechos humanos en México”. “La Comisión recuerda al Estado mexicano que es de la más alta importancia que los órganos judiciales realicen sus investigaciones y concluyan los procesos penales de manera independiente y sin injerencias externas”, dice el informe sobre el caso Tlatlaya.

PGR – Tlatlaya – Auto formal de prision.pdf by Aristegui Noticias:

  PGR - Tlatlaya - Auto formal de prision.pdf by Aristegui Noticias

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: IRVING HUERTA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0403/mexico/nsarchive-revela-expediente-de-ejecuciones-en-tlatlaya/

La violencia en Puebla viene de estados vecinos: Moreno Valle; confirman cuerpos en tambos

Ayer se dio a conocer el hallazgo de al menos 10 tambos con restos humanos mezclados con ácido. En el lugar se halló también ropa y credenciales. Hoy, la Fiscalía informó que finalizaron las diligencias en la zona, sin embargo aún no dio detalles de cuántos cuerpos fueron recuperados, ni tampoco del número exacto de tambos encontrados.

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó hoy el hallazgo de tambos con restos humanos en el municipio San Andrés Calpan, Puebla. Y detalló que el hallazgo podría estar relacionado con los hechos violentos ocurridos en un teatro de Cuautlancingo la madrugada del martes, donde presuntamente dos personas fueron ejecutadas y varias desaparecidas.

Ayer se dio a conocer el hallazgo de al menos 10 tambos con restos humanos mezclados con ácido. Se halló también ropa y credenciales. Hoy, la Fiscalía informó que finalizaron las diligencias en la zona, sin embargo aún no dio detalles de cuántos cuerpos fueron recuperados, ni tampoco del número exacto de tambos encontrados.

Por su parte, el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, consideró que los recientes hechos de violencia registrados en la entidad son resultados de conflictos entre grupos delictivos de otras entidades como Veracruz, Guerrero y Morelos.

“Evidentemente se ha trabajado y creo que se han dado resultados, obviamente sabemos que la vecindad que tenemos con Veracruz, con Guerrero, con Morelos, pues genera una presión brutal porque vienen grupos delictivos de otras entidades a Puebla, a veces llevan a cabo actividades como las de esta semana, de manera clandestina, y hay situaciones y conflictos entre ellos”, declaró hoy el mandatario, entrevistado por diversos medios en el municipio de Coronango.

Sostuvo que lo sucedido esta semana “es un resultado similar al que se presentó en una ocasión en Atóxico hace algunos años, en donde viene gente de fuera, tienen conflictos entre grupos delictivos que operan en otras entidades federativas, aquí desafortunadamente no estaba operando”.

La Fiscalía detalló en un comunicado: “Se confirma la ubicación de tambos en la zona y de algunos restos humanos que han sido enviados al laboratorio de genética del Instituto de Ciencias Forenses perteneciente a la Fiscalía de Puebla”.

Abundó en que “existen indicios que plantean que el hallazgo está relacionado con la investigación que se inició sobre hechos registrados en el Teatro del Pueblo del municipio de Cuautlancingo, sitio en el que como se informó previamente, se llevaron a cabo diligencias y el aseguramiento de varias unidades, recibiendo posteriormente el reporte de personas no localizadas”.

La dependencia también informó que “por falsedad de declaraciones” fueron puestas a disposición seis franeleros detenidos el martes en el palenque clandestino.

La madrugada del pasado martes, un comando armado ingresó a un teatro del municipio de Cuautlancingo y abrió fuego en el lugar donde se llevaba a cabo una pelea  clandestina de gallos. De acuerdo con datos extraoficiales, al menos dos personas habrían sido ejecutadas mientras otro número indeterminado fue secuestrado.

Diversas versiones, detallan que un grupo ligado a Los Zetas fueron los responsables del ataque en el palenque.

Por su parte, la Fiscalía de Puebla dio a conocer el mismo martes: “las primeras indagatorias señalan que la madrugada de este martes 1 de marzo, presuntamente durante una pelea de gallos clandestina en el Teatro del Pueblo, personas ingresaron al lugar y realizaron detonaciones de arma de fuego”.

Precisó que el sitio fue asegurado y que en el lugar las autoridades tomaron posesión de 13 vehículos, dos de ellos ubicados al interior del teatro, y los restantes fuera.

En un segundo comunicado, emitido ese mismo día, abundó en que durante la pelea de gallos había reunidas personas proveniente incluso de otras entidades.

Dijo que hasta ese momento se habían tomado diversas declaraciones en torno a los hechos de diversas personas, entre ellas familiares de tres hombres reportados como no localizados, quienes fueron identificados como: José Domingo Nava de 23 años de edad, originario de Chilpancingo, Guerrero; Santiago Jorge Medina Guevara de 45 años, originario de Chignahuapan, Puebla; y José Marco Antonio Alvarado Alcázar de 45 años, originario de Michoacán.


Aunque la Fiscalía sólo reportó a esas tres personas, diversos medios de comunicación hablan de que los secuestrados durante la pelea de gallos habrían sido hasta 20. Hasta ese momento, la dependencia dijo que no se tenían reportes de personas lesionadas o fallecidas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-03-2016/1632384

Mineros de Arcelor Mittal estallan huelga en Lázaro Cárdenas

Morelia, Mich. Unos tres mil 500 agremiados a la sección 271 del Sindicato Nacional Minero estallaron hoy la huelga en la empresa acerera Arcelor Mittal, ubicada en Ciudad Lázaro Cárdenas, argumentando despidos injustificados y violaciones al contrato colectivo de trabajo. Por la mañana marcharon del monumento al Minero hacia la siderúrgica, donde colocaron banderas rojinegras este mediodía.

A decir de los trabajadores, si bien es cierto que Arcelor pasó por momentos difíciles a mediados de 2015, por competencia desleal de empresas acereras chinas, afines de ese año la situación mejoró y la siderúrgica, que alguna vez fue Sicartsa, se ha vuelto a colocar como empresa líder.

A las 10 horas aproximadamente, después de que la mayoría de los integrantes de la asamblea votó a favor del paro de labores, los huelguistas marcharon por la avenida principal de la ciudad portuaria y luego se dirigieron a la zona industrial donde se ubica la empresa productora de acero.

Los mineros exigen también se reinstalen a unos 300 trabajadores que fueron despedidos a finales de 2015 y que laboraban en el área conocida como coquizadora. Además, exigen se vuelva a activar el área de planos donde se produce planchón donde más de mil trabajadores fueron despedidos hace un año por la crisis económica.

En julio pasado, los trabajadores de Arcelor estuvieron a punto de estallar la huelga, sin embargo cedieron a la solicitud de la empresa en el sentido de que los productos del acero habían bajado y que la situación era extremadamente crítica sobre todo porque China había invadido el mercado con productos de acero de escasa calidad. Sin contar que estaba produciendo poco porque el deterioro del horno Eréndira.

Fuente: La Jornada

Autor: Ernesto Martínez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/04/mineros-de-michoacan-estallan-huelga-en-lazaro-cardenas-5034.html

Critica el rector de la UNAM el “insuficiente” presupuesto para educación superior

CIUDAD DE MÉXICO: El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, criticó una vez más el “insuficiente” presupuesto que el gobierno destina tanto a la educación superior pública como a la investigación científica.

Y advirtió: “la educación pública y gratuita es la única forma de cambiar las grandes diferencias sociales”, dijo desde el campus Juriquilla de la Universidad Nacional, en el estado de Querétaro, donde inauguró el Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada y firmó un convenio con seis universidades tecnológicas y politécnicas del estado.

En un breve discurso, acompañado de las autoridades educativas del estado y los rectores firmantes, Graue apuntó:


“El presupuesto para educación superior siempre será y es insuficiente. Y ese presupuesto tenemos que compartirlo con la gente. Lo es para educación y lo es para la ciencia”, dijo el rector, quien recordó que en México se destina apenas el 0.6 por ciento del PIB en ciencia y tecnología, y no el uno por ciento mínimo estipulado en la constitución.

Continuó: “Por eso necesitamos colaborar entre nosotros. Necesitamos hacer eficiente ese presupuesto en beneficio de la educación y de la investigación.

“Estos convenios de amplia colaboración son de gran importancia. Y este laboratorio es un buen ejemplo y lo son estos convenios de colaboración amplia que no tienen límites, que van desde el intercambio estudiantil inicial al intercambio docente, a la información compartida, a complementarnos mutuamente, a generar mayores vínculos entre la investigación, la docencia y la innovación”, dijo el rector.


Antes de terminar su discurso, lamentó que en el país sea una minoría la que consigue cursar la educación superior. E hizo un último llamado: “Las universidades necesitamos responder con estas actividades sustantivas a la sociedad para con ello lograr la modernización de la planta productiva del país; necesitamos difundirnos más y difundir la cultura”, concluyó Graue.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTUA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432342/presupuesto-educacion-superior-insuficiente-graue

Aristegui y equipo cesados de MVS, después de publicación de ¨La Casa Blanca de EPN¨: CIDH

La terminación del programa radiofónico de Carmen Aristegui ocurrió, hace ya casi un año, después de la publicación del reportaje "La casa blanca de EPN".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó en su informe sobre la “situación de derechos humanos” en México, un apartado  del Relator  Especial para la Libertad de Expresión,Edison Lanza, que expone “ataques contra la libertad de expresión”, como asesinatos, agresiones y detenciones de periodistas.

Pero apunta que hay más que eso, como el caso Aristegui-MVS:

“En el 2015, se presentaron otro tipo de afectaciones a la prensa que permiten observar la existencia de un contexto complejo para el ejercicio periodístico, no solo por el riesgo de agresiones y amenazas sino también por episodios como el ocurrido con la periodista Carmen Aristegui, quien puso en descubierto un caso de presunta corrupción que involucraba a altas autoridades en la compra de una lujosa casa utilizada por el Presidente de la República. Luego de esa y otras investigaciones, la periodista y su equipo fueron cesados por la empresa concesionaria de la emisora con la que mantenían un contrato, incluso cuando las mediciones indicaban que su programa tenía una alta audiencia. La empresa MVS alegó que Aristegui y su equipo habían utilizado la imagen y la marca de la empresa para fines no autorizados, en ocasión de adherir a la plataforma Mexicoleaks, destinada a conseguir información de fuentes confidenciales”.

En su informe, la CIDH indica que “en el contexto de impunidad generalizada que existe, los crímenes contra periodistas no son la excepción”. 

“En un contexto de constantes agresiones a la prensa transmiten el erróneo mensaje de la inexistencia de sanciones para quien agrede a la prensa, dejando desprotegidos a periodistas y comunicadores”, sentencia.

Y establece que “los actos de violencia e intimidación que sufren los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, constituye el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión en México”.

Refiere que en muchos casos los periodistas optan por la autocensura.


Y subraya: “La Comisión ha señalado que la violencia contra periodistas o trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación que se comete a causa del ejercicio de su profesión, no solo afecta la voz de estas personas, en particular al violar su derecho a la libertad de expresión, sino que vulnera el derecho de las sociedades en general a buscar y recibir todo tipo de información e ideas de manera pacífica y libre”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0203/mexico/cidh-sobre-el-caso-aristegui-mvs-en-mexico-es-complejo-el-ejercicio-periodistico/

“Caso Narvarte: se ensañaron con Rubén y Nadia, no con las demás”

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal echó por la borda la oportunidad de demostrar que, si en el estado de Veracruz se dejan impunes los crímenes contra periodistas, en Ciudad de México sí se investigan honesta y rigurosamente.

La entrevista que la señora Indira Alfaro, madre de la joven Yesenia Quiroz, acaba de darle a Yuli García, de El Universal TV (ver parte uno y dos), no sólo pone en cuestión la honestidad de la PGJDF, sino que derriba un mito clave de los que ha propagado la dependencia del procurador Rodolfo Ríos Garza: la de que la violencia más brutal se dirigió contra la misma Yesenia y la chica colombiana Milé Virginia Martín, como una forma de hacer creer que el motivo del crimen sólo tuvo que ver con ellas, y que el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista social Nadia Vera y la trabajadora doméstica Alejandra Negrete habrían tenido la mala suerte de estar en el lugar y momento equivocados.

Ya se habían corrido algunos rumores de que esto era al revés: que Rubén y Nadia habrían padecido más. Pero hasta ahora, no se conocían declaraciones de testigos directos que lo afirmaran.

A Yesenia, dijo la señora Alfaro, no la torturaron ni la violaron. Precisó: “Nomás a Milé la lastimaron, a Nadia y a Rubén. Yo a Rubén sí lo vi muy golpeadito de su cara, porque ahí estaban todos los cuerpos cuando yo fui por mi Yesi. Su carita. Como que (a Rubén) lo golpearon de su cara. Hinchado. Nadia sí tenía su boquita abierta. Como que ella sí estaba viva cuando la estaban estrangulando. Sí se le veía su carita de que sí sufrió”.

El teatro se les cae solo

Contra la ley, los procedimientos legales y la ética profesional, de la PGJDF manó un arroyo de filtraciones, que fueron reproducidas como auténticas, sin crítica ni comentario, por el periódico La Razón y columnistas de otros diarios que sí venden ejemplares.

Así se quiso imponer una versión: Yesenia y Milé eran prostitutas y/o vendían drogas, y los asesinos fueron clientes sexuales y traficantes que tuvieron relaciones con ellas antes de matar a todos para robar un paquete de narcóticos. El que esas dos chicas hubieran sido torturadas y acaso violadas, en contraste con los daños relativamente menores que les habrían infligido a Alejandra, Rubén y Nadia, demostraría esta hipótesis.

Se descartaría, además, la que para muchos era la línea de investigación obvia: la de que el trabajo de Rubén, como fotógrafo especializado en movimientos sociales, y el activismo político de Nadia en contra del gobernador veracruzano Javier Duarte, podrían ser la causa del ataque.

Era público que los dos habían salido de Veracruz a raíz de que recibieron amenazas y agresiones por parte de lo que ambos identificaban como empleados del gobierno estatal.

Rubén había participado en las manifestaciones que denunciaban la imparable serie de asesinatos de periodistas. Tanto él como Nadia habían expresado sus temores ante quien los quiso escuchar, en privado e incluso en entrevistas por televisión, y habían señalado que si algo malo les pasaba, el responsable sería Javier Duarte.

Al respecto, la PGJDF actuó como quien tiene prisa por descartar una sospecha incómoda.

Cuando el desdén hacia esa línea de investigación hizo subir la presión, Rodolfo Ríos envió a un secretario a Xalapa para que le hiciera algunas preguntas generales al gobernador, que Duarte contestó con rapidez antes de salir a tomarse fotos sonriente porque, según él, había probado que no tenía nada qué ocultar.

Mientras tanto, las filtraciones continuaban, difundidas por los repetidores mediáticos del procurador.

Eventualmente, el teatro se les cayó solo. Los detenidos se desdijeron de las declaraciones que les había atribuido la PGJDF, asegurando que se las arrancaron bajo tortura. Las piezas no encajaban, faltaban pruebas; los argumentos eran incongruentes.

La calumnia de rigor

La señora Alfaro asegura que, al contrario de lo filtrado por la PGJDF, los perpetradores no destruyeron el cuarto de Yesenia en busca de lo que querían quitarle:

“¿Un robo? Para mí no fue un robo. Yo fui al departamento. Yo fui a su habitación. Yo lo vi normal. No como me lo habían platicado, que todo revuelto. Su clóset, todo estaba acomodado. Ropa, zapatos, todo. Los burós… todo, acomodadito. Tocador. Lo único que yo miré que sí estaba así fueron los tres cajones del tocador que era la ropa interior. Estaban muchos estuches… la mayoría, y eran más de 10 estuches, sin los lentes. O se los llevaron los que entraron dizque a revisar la escena del crimen o fue un modo de decir vamos a llevarlos para que se vea un robo”.

En cambio, “por las fotos que vi del cuarto de Nadia, ahí sí se ve que ahí sí hurgaron. A como vi el cuarto de Yesenia y de Nicole, algo bien diferente”.

La entristecida mujer denuncia que ha recibido maltratos de los agentes investigadores, que no le han preguntado cuestiones fundamentales, como detalles sobre la última conversación telefónica que tuvo con su hija, que estaba tranquila justo cuando –según la versión filtrada- debería haber estado haciendo el amor con uno de sus clientes-asesinos, o peor, cuando la deberían haber estado matando. También revela que quisieron evitar que viera el cuerpo, mostrándoselo sólo en foto, y que le han negado una copia del expediente judicial.

Con sus afirmaciones, Indira Alfaro destruye toda pretensión de honestidad en la actuación de la PGJDF, que además de desviar la atención con falsedades, no ha dudado en manchar la reputación de las víctimas.

Al estilo del Veracruz de Duarte: si de Fernanda Rubí Jiménez Salcedo, desaparecida en 2012, y de la periodista Anabel Flores, asesinada en febrero, las difamaron allá asegurando que su tragedia se debía a que tenían novios criminales, sin ninguna prueba, en Ciudad de México, la institución de Ríos Garza filtró que Yesenia y Milé eran prostitutas traficantes de drogas.


Chicas que se acuestan con los hombres equivocados: parece que, aquí como allá, es la calumnia de rigor para desacreditar a mujeres jóvenes que no se pueden defender.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: TEMORIS GRECKO (OPINIÓN).
LINK: http://aristeguinoticias.com/0403/mexico/caso-narvarte-se-ensanaron-con-ruben-y-nadia-no-con-las-demas-articulo-de-temoris-grecko/

Restos hallados en 10 tambos podrían ser de desaparecidos en Puebla

PUEBLA, Pue: En campos de cultivo del municipio de San Andrés Calpan fueron localizados este jueves una decena de tambos con restos humanos que se presume podrían estar relacionados con la balacera registrada el martes 1 en una pelea de gallos en el municipio de Cuautlancingo.

Aunque hasta el momento la Fiscalía General no ha proporcionado información, fuentes policiacas señalaron que estos tambos fueron encontrados luego de una denuncia anónima y que, además de contener restos de ácido y de cuerpos humanos, se encontraron prendas de vestir, cinturones y sombreros.

La zona fue acordonada por elementos del Ejército y de la Policía Ministerial del Estado que negaron el acceso a los medios de comunicación, por lo que se desconoce el número de cuerpos que presuntamente se encuentran en los tambos.


La Fiscalía General del Estado asegura que hasta ahora sólo se tiene confirmada la desaparición de tres personas presuntamente ocurrida luego de que un comando de unos 30 encapuchados irrumpió la madrugada del martes en un palenque que operaba a unos metros de la presidencia municipal de Cuautlancingo.

Sin embargo, este día se conoció por las redes sociales de la existencia de otra persona, identificada como Lauro Luna, empresario gallero y dueño del rancho El Carmen, que también habría sido plagiado en esos hechos. A través de Twitter sus familiares pidieron colaboración de los usuarios para localizarlo.

De acuerdo con los testimonios que han dado vecinos y testigos, los pistoleros buscaban a un sujeto de apodo El Apache, y en ese lugar habrían ejecutado a dos varones, cuyos cadáveres se llevaron para no dejar evidencia.

Al retirarse, este comando se habría llevado a varias personas.

Algunos familiares de los desaparecidos han asegurado a los medios que fueron al menos 20 los secuestrados. En el lugar, de acuerdo con la Fiscalía del Estado, quedaron abandonados 13 vehículos que se presume eran propiedad de las personas privadas de su libertad.

Hasta ahora la Fiscalía General sólo ha reconocido la desaparición de tres hombres identificados como José Domingo Nava, de 23 años y originario de Chilpancingo, Guerrero; Santiago Jorge Medina Guevara, de 45 y originario de Chignahuapan, Puebla, y José Marco Antonio Alvarado Alcázar, de 45 años y originario de Michoacán.

Esta mañana, el fiscal general Víctor Carrancá Bourget informó que seis personas fueron detenidas acusadas por falsedad en las declaraciones, ya que estaban presentes durante estos hechos, sin embargo, omitieron información que podría ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Los detenidos son José Manuel Guillén Camacho y Lázaro Martínez Espinosa, de 58 años; José Raúl Núñez Cornejo, Rafael Fernando Martínez Colín y Pedro Vivanco Cruz, de 52, y Esteban Ramírez Guevara, de 42 años. Se presume que estas personas son apostadores y galleros que estaban ese día en el palenque de Cuautlancingo.

A pregunta de los reporteros, el fiscal rechazó confirmar o descartar lo que han manejado algunos medios locales sobre que este ataque fue ejecutado por sicarios de Los Zetas.

“No podemos anticipar nada, tenemos la obligación de reservar los datos de la investigación. Se resuelve la situación jurídica de los detenidos por falsedad de declaración, sin embargo, tenemos declaraciones que permiten una línea de investigación. Cuando tengamos hechos concretos, lo informaremos”, declaró.

Hace una semana, en un programa televisivo, el fiscal Carrancá admitió que Los Zetas operan en Puebla en el triángulo Tepeaca, Palmar de Bravo y Acatzingo, donde prolifera el robo de combustibles a Pemex.


Este día, el fiscal dijo que igual se investiga si la ejecución de dos hombres ocurrida ayer en la carretera federal México-Puebla, a la altura de la comunidad de San Matías Tlalancaleca, tiene alguna vinculación con lo ocurrido en Cuautlancingo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432308/detienen-a-6-personas-tras-ataque-supuestos-zetas-en-pelea-gallos

Gobierno de Peña rechaza informe de la CIDH: “no compartimos la metodología”

CIUDAD DE MÉXICO: La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, reafirmó hoy el repudio del gobierno federal al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos y de la violencia en México, pues reiteró que “no compartimos la metodología que dio origen” al documento de 236 páginas que publicó ayer el organismo regional.


En el reporte “Situación de los derechos humanos en México 2015”, la CIDH subrayó que las políticas de seguridad de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto agravaron las violaciones a los derechos humanos “hasta alcanzar niveles alarmantes”; además, condenó la “falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”.

Asimismo, planteó que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa es “un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes federales del Estado e integrantes del crimen organizado”, aparte de que “es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en que suelen quedar estos graves crímenes”.

En reacción al informe, la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) emitieron un boletín para plantear, una vez más, que el reporte de la CIDH “no refleja la situación general del país” e “ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México”.

También reviraron que “el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos”, y que la CIDH “desestimó los avances” que el gobierno de Peña Nieto impulsó en los últimos años.

Con estas definiciones, persistieron las descalificaciones al informe. El gobierno, incluso, aseveró que la metodología tenía un “sesgo inicial”, calificó de “sin fundamento” las conclusiones, y acusó a la CIDH de utilizar la información recabada durante su visita “de manera parcial”.

También resaltó las leyes y medidas que adoptó el Estado mexicano para buscar a las personas desaparecidas, proteger a las víctimas y los periodistas, así como para promover los derechos humanos de las personas más vulnerables.

Pese al embate de la administración de Peña contra sus conclusiones, James Cavallaro, presidente de la CIDH, admitió hoy que el informe es “muy duro”, pero llamó al gobierno a reconocer que la crisis de derechos humanos que vive México es “extremadamente grave”, pues recordó casos sintomáticos como los 27 mil desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales o la práctica generalizada de la tortura.

En octubre pasado, la CIDH había dado a conocer sus conclusiones preliminares sobre su visita a México, como adelanto al informe que se publicó ayer. Ya en ese entonces, el gobierno mexicano descalificó las observaciones de la CIDH, al aseverar que “no (reflejaban) la realidad del país”, lo cual generó una reacción indignada de organizaciones de la sociedad civil.

Crisis de reflexión

El gobierno de Peña Nieto cuenta con un amplio historial de negación ante los señalamientos de organismos internacionales sobre la crisis de derechos humanos en México.

En febrero de 2015, por ejemplo, la SRE descalificó las conclusiones del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, con el mismo argumento de que “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”.

En el siguiente mes de marzo, el gobierno mexicano criticó a Juan Méndez, relator de la ONU sobre tortura, cuyo informe señaló que en México el uso de la tortura era “generalizado”.

Luego, el representante de México en Ginebra, Jorge Lomónaco, planteó que las observaciones del relator “no reflejan los enormes esfuerzos que ha desplegado” México en la materia y criticó las aseveraciones “sin congruencia” del experto.

En enero pasado, el gobierno envió una carta al New York Times en reacción al editorial que denunció la falta de rendición de cuentas del gobierno mexicano. En la misiva, aseveró que el texto “fracasa en reflejar las acciones concretas que adoptó el gobierno mexicano en los últimos tres años”.

Y, el pasado 14 de enero, la SRE difundió una tarjeta informativa en la que aseveró que el informe anual de Amnistía Internacional (AI)… “no refleja los esfuerzos sin precedentes” que el gobierno emprendió para enfrentar el fenómeno de desaparición forzada.


Por otra parte, el gobierno no podría sostener que las observaciones del relator especial de Derechos Humanos de la ONU Michel Frost “no reflejan” la realidad del país, pues el pasado 25 de febrero la Cancillería canceló la visita del funcionario, prevista para el próximo mes de abril.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432297/gobierno-de-pena-rechaza-informe-de-la-cidh-no-compartimos-la-metodologia-dice

Identifican a 39 víctimas de la masacre en el penal de Piedras Negras

CIUDAD DE MÉXICO: Juan José Yáñez Arreola, exsubprocurador para la Búsqueda e Investigación de Personas no Localizadas en Coahuila, informó que han identificado a 39 víctimas de la masacre ocurrida en el penal de Piedras Negras, donde presuntamente se cometieron 150 homicidios.


De acuerdo con una investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Coahuila, entre 2009 y 2011 el grupo criminal “Los Zetas” usó el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Piedras Negras como un “campo de exterminio” en el que improvisó hornos para desaparecer a más de 150 personas entre hombres y mujeres.

La masacre del penal de Piedras Negras ocurrió cuando Omar Treviño Morales “Comandante 42” era el jefe regional de “Los Zetas” para el Noreste de México y Humberto Moreira gobernaba la entidad.

En entrevista radiofónica, Yáñez Arreola precisó que diez personas fueron consignadas ante el juzgado por este caso.


Adelantó que en los próximos días la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila presentará un informe detallado sobre la indagación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432369/identifican-a-39-victimas-la-masacre-en-penal-piedras-negras

Crisis en derechos humanos debe ser reconocida, no negada por el gobierno: ONG’s

Lamentan que se descalifique el informe de la CIDH y se nieguen los hechos.

Organizaciones no gubernamentales respaldaron el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la “grave crisis” en México y llamaron al gobierno a reconocerla, no a negarla.

Comunicado y los firmantes:

Las organizaciones firmantes lamentamos que, ante la publicación del informe sobre la “Situación de derechos humanos en México”, la primera reacción del gobierno ¾a través de su Cancillería, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República¾, haya sido la de descalificar al mensajero y la de negar los hechos. Este pronunciamiento forma parte de una serie de rechazos del Estado mexicano hacia las observaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

El pasado 28 de septiembre de 2015 integrantes de la CIDH realizaron una visita a México que terminó el 2 de octubre del mismo año. Tras su estadía en el país y previa documentación de la situación, el día de hoy se publicó su informe sobre la “Situación de derechos humanos en México”. Dicho informe hace referencia no sólo a casos de extrema violencia vivida en México en tiempos recientes, sino que la ubica dentro de un contexto de impunidad imperante desde hace décadas.

Partiendo del establecimiento de un contexto de la violencia generalizada, la CIDH reconoce que las autoridades estatales fuente de esta violencia son la SEDENA, SEMAR, PGR, Procuradurías locales, personal penitenciario y el INM y aduce que “miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos, han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecerían en la impunidad”.

En este sentido la CIDH señala que las “fuerzas militares en actividades de seguridad ciudadana se había visto en la década de los años 60 y 70, y posteriormente en los 90 con el movimiento armado en Chiapas”, y que “durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país.” En ese sentido, la CIDH recomienda asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos, desde la Guerra Sucia hasta la actualidad.

El informe aborda una multiplicidad de problemas que van desde la alarmante situación de las personas desaparecidas; la práctica generalizada de la tortura; las ejecuciones extrajudiciales; los impactos de la violencia en grupos en especial situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas migrantes, los desplazados y las poblaciones indígenas afectadas por “megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado”; y las limitaciones al acceso a la información en casos de graves violaciones a los derechos humanos por razones de seguridad nacional. Sobre esto último, la CIDH constató un importante retroceso en materia de transparencia proactiva: “los organismos de defensa han dejado de informar periódicamente sobre muertes ocurridas en operativos”. Según el informe, el Ejército y Marina reconocieron “que ya no registran ni informan sobre los heridos y muertos en las acciones militares conducentes a combatir el crimen organizado”. Todos estas problemáticas tienen un denominador común: la falta de acceso a la justicia. En consideración de la Comisión, la falta de acceso a la justicia ha generado “una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.”

Así es como la CIDH coloca como principal desafío del Estado mexicano “romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos”, dado que la violencia se alimenta “del miedo que generan los grupos del crimen organizado que actúan en nombre propio y en algunas ocasiones en colusión con las autoridades a lo largo del territorio mexicano así como por la consecuente impunidad –proveniente desde la llamada “Guerra Sucia”– que rodea estos hechos.

Así, las organizaciones firmantes, hacemos un llamado a una postura abierta y constructiva por parte del gobierno, que tenga sus cimientos en el reconocimiento de la crisis generalizada de derechos humanos que vive nuestro país, con la consecuente aceptación incondicional del diagnóstico de la situación y de todas y cada una de las recomendaciones formuladas por la CIDH. Éstas son el fruto de un arduo trabajo de investigación de la propia Comisión, de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil, con base en los datos proporcionados por el propio Estado mexicano. Hacer caso omiso de estas recomendaciones significaría, una vez más, el desdén gubernamental hacia una política real que tienda a erradicar las violaciones a los derechos humanos de la sociedad mexicana.

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos

Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH)

Alianza Cívica

Alianza Mexicana contra el Fracking

Amnistía Internacional

ARTICLE 19

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A. C.

Asylum Access México, A.C.

Casa de los Derechos de Periodistas, A.C.

Casa del Migrante de Saltillo

Católicas por el Derecho a Decidir

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa)

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM)

Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC)

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Centro Heriberto Jara (CESEM)

Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)

Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (Barcadh)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Clóset de Sor Juana

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)

Coalición Pro Defensa Del Migrante

Colectivo CIMTRA (Ciudadanos por Municipios Transparentes)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede)

Colectivo Resonar

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac)

Comité Cerezo México

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CÒDIGO DH)

Comunicación Comunitaria

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)

Consejo Tiyat Tlali

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.

Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas

Corresponsalía en México de Reporteros sin Fronteras (RSF)

DECA Equipo Pueblo, A.C.

Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.

Disability Rights International (DRI)

Documenta: Análisis y acción para la justicia social

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)

Foro para el Desarrollo Sustentable

Freedom House

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)

Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Fundar: Centro de análisis e investigación

Gente Diversa de Baja California

Greenpeace México

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana

Indignación: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura de Diálogo

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.

Iniciativa Sinaloa

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Universidad Iberoamericana Puebla

Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM)

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde)

JASS (Asociadas por lo Justo)

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)

Locallis: Especialistas en desarrollo local

Mujer y Medio Ambiente A.C.

Movimiento Migrante Mesoamericano

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)

Organización Tutunaku Nahua en Defensa de la Tierra y el Territorio de los pueblos

PEN México

Periodistas de a Pie

Plataforma de Vinculación de Periodistas (PVP)

Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Red de Género y Medio Ambiente RGEMA

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Red Mexicana de Líderes y Organizaciones de Migrantes

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México

Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C.

Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados (SMR)

Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)

Servicio Jesuita a Migrantes – México

Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)

Sin Fronteras

Sonora Ciudadana A.C.

Lic. Aleida Calleja

Mtra. Alejandra Gonza, Directora, Clínica Internacional de Derechos Humanos, Universidad de Washington, Facultad de Derecho

Lic. Guillermo Noriega Esparza

Mtro. Jaime Netzáhuatl Jiménez

Dr. José Luis Caballero Ochoa, académico de la Univesidad Iberoamericana

Mtro. Miguel Sarre, Profesor numerario del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Lic. Silvano Cantú

Colectivo de Defensores/as de Migrantes y Refugiados:

Colectivo Ustedes Somos Nosotros (Valle de México), Centro de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla (Puebla), Servicio Jesuita a Migrantes México (Ciudad de México), Casa CAFEMIN (Ciudad de México), Iniciativa KINO (Sonora), Albergue Hermanos en el Camino (Oaxaca) Casa del Migrante Taticj Samuel (Chiapas), Casa del Migrante El Samaritano Hermanas de los Sagrados Corazones (Hidalgo), Seminario Scalabriniano (Ciudad de México), Hmnas de San José de Lyón (en el albergue Decanal Guadalupano en Veracruz), Casa del Migrante Santa Martha (Nuevo León), Casa del Migrante Casa Nicolás (Nuevo León), Comité Monseñor Romero (Casa del Migrante Tochán, Ciudad de México), Casa del Migrante de Saltillo (Coahuila), Centro de Atención al Migrante Necesitado (Sonora), Global Workers (Ciudad de México), Casa del Migrante Santa Cruz (Chiapas), Las Patronas (Veracruz), Red Jesuita con Migrantes de Latino América, SMR Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (Ciudad de México), Misioneras Scalabrinianas (Ciudad de México), Defensores/as independientes: Lic. Axel García Carballar, Mtra. Irazú Gómez.

Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria:

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro defensa del Migrante de Baja California; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; CMDPDH Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación Appleseed México, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INEDIM Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; NALACC Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; SJM México, Servicio Jesuita a Migrantes – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Sin Fronteras, IAP; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés, Consultora; Elba Coria, Consultora; Gisele Lisa Bonnici, Consultora; Manuel Ángel Castillo, Investigador; Karina Arias, Consultora – (Secretaria Técnica).

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 79 organizaciones en 21 estados de la República:

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0403/mexico/crisis-en-derechos-humanos-debe-ser-reconocida-no-negada-por-el-gobierno-ongs/