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Caída de árboles en Coacalco EdoMex por frentes fríos


COACALCO., México. - La tarde de este Miércoles se registraron 15 caídas de árboles dentro del municipo, uno de ellos se cayo en la primera sección de Bosques del Valle debido a las fuertes ráfagas de aire de hasta 120 KM/H, obstruyendo la vialidad por unas horas hasta que elementos de Protección Civil acudieron al lugar, no se reportaron lesionados.

El Sistema Meteorológico nacional advierte que van a continuar las ráfagas de aire en compañía de aguanieve en zonas montañosas y posibles partes del Valle de México por lo que recomiendan extremar precauciones.

El Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas informo en su cuenta de Twitter: “Debido a las condiciones del clima, mañana se suspenderán clases en todo el #Edoméx. Primero es la seguridad de los mexiquenses.”

Fuente: Coacalco noticias al momento
http://www.Facebook.com/coacalconoticiasalmomento

Un año de Mexicoleaks, un año del golpe al periodismo

Aristegui Noticias decidió mantenerse en Mexicoleaks, al considerar que no se puede dar un paso atrás.

“No hay democracia posible sin prensa independiente… que exponga los asuntos de interés público con rigor, con fuerza y con la claridad que se requiere en tiempos como los que vivimos en México”, dijo Carmen Aristegui la mañana del 10 de marzo de 2015 para anunciar la participación de la Primera Emisión de Noticias MVS en el lanzamiento de Mexicoleaks… horas después, la radiodifusora propiedad de la familia Vargas inició una campaña para deslindarse de la plataforma ciudadana y, finalmente, aniquilar un espacio de noticias independiente.

Mexicoleaks es un espacio de denuncia y transparencia al servicio de la sociedad para revelar información de interés público, que gracias a un complejo sistema de cifrado garantiza el anonimato del filtrador. Se forma con tecnología aportada por la organización holandesa Free Press Unlimited y una alianza de medios y organizaciones de la sociedad civil mexicanas.

El entonces equipo de la Primera Emisión de Noticias MVS vio en esta tecnología una oportunidad para iniciar investigaciones periodísticas con la ayuda del público.

La noche del martes 10 de marzo de 2015, Noticias MVS publicó un comunicado para afirmar que el uso de su marca en esa alianza constituía “un abuso de confianza que lamentamos y condenamos”. La empresa decidió no considerar que el equipo de la Primera Emisión ejercía independencia editorial y que la adhesión a Mexicoleaks tenía fines exclusivamente periodísticos.

La respuesta de los directivos de Noticias MVS fue tan explosiva que en solo una semana desacreditaron la alianza con Mexicoleaks, despidieron a los periodistas Daniel Lizárraga e Irving Huerta por “abuso de confianza”, intentaron imponer unos “lineamientos editoriales” basados en la censura y, finalmente, decidieron aniquilar de tajo el espacio dirigido por Carmen Aristegui que incluía un equipo de producción, redacción y una Unidad de Investigaciones Especiales.

Esta semana, Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que en este caso “podrían haber elementos de censura indirecta o censura sutil para desplazar a voces importantes del espacio público”.

Mexicoleaks pudo ser la mezcla de pretexto (para despedir a los periodistas) y de temor (desde el poder) a una plataforma que prometía estrechar los canales de comunicación entre un grupo selecto de medios y sociedad.

¿Fue censura sutil? Sólo como contexto: Noticias MVS es la compañía que pidió no transmitir el reportaje La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto en sus frecuencias en noviembre de 2014.

A pesar del despido injustificado, el equipo de periodistas que labora en Aristegui Noticias decidió mantenerse en Mexicoleaks, al considerar que no se puede dar un paso atrás en una alianza que tiene como eje central al público.

Como parte de estos trabajos se logró conocer que Presidencia de la República gastó 48 mil pesos por cada noche de hotel para Enrique Peña Nieto en un viaje a Bruselas; o que Capufe amañó una licitación de 75 millones de pesos y, más recientemente, que el INAH decidió desmontar estructuras prehispánicas para abrir un centro comercial en Valle de Bravo.


La invitación se mantiene a nuestra audiencia: Mexicoleaks es un canal abierto para recibir información de interés público que será materia prima para investigaciones periodísticas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIAN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1003/mexico/un-ano-de-mexicoleaks-un-ano-del-golpe-al-periodismo/

UNAM, POLI y UAM marchan por la UV, y como en Veracruz, exigen: “Duarte devuelve el dinero”

Los manifestantes, muchos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), e incluso de propia la UV, exigieron que se devuelvan los recursos para que la institución vuelva a funcionar y brinde accesos a educación superior a los veracruzanos y trabajo a cientos de personas.

Decenas de estudiantes y egresados de diversos centros de estudios se manifestaron esta tarde a las afueras del edificio de la representación del Gobierno de Veracruz en la Ciudad de México en apoyo a la Universidad Veracruzana (UV), que se movilizó esta mañana para exigir al Gobierno de Javier Duarte de Ochoa que pague el adeudo de más de 2 mil millones de pesos que tiene con la institución.

Los manifestantes, muchos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), e incluso de propia la UV, exigieron que se devuelvan los recursos para que la institución vuelva a funcionar y brinde accesos a educación superior a los veracruzanos y trabajo a cientos de personas.
“Duarte ratero, devuelve el dinero”, clamaron los asistentes, quienes se sumaron a la exigencia de los estudiantes y académicos de Veracruz.

“La lucha de la UV no sólo es por el dinero, sino además por la educación y la investigación”, dijo un alumno de la UNAM.


Isis Delgado Tejeda, egresada de la UV, comentó que en Veracruz ser estudiante es una ocupación de riesgo; y si de entrada estudiar es difícil, con los recortes presupuestales aún más.
“Ser estudiante en Veracruz es andar con miedo, no sólo por la violencia, sino por el acoso y represalias. Y ahora quieren quitarle a la UV lo que le corresponde, y con esto todo se detiene, la investigación, la ciencia, el aprendizaje”, comentó la joven.

Un estudiante de posgrado de la Universidad de Veracruz comentó que la unión y la lucha de los universitarios, en todo el país, es por la educación pública la cuál fortalecerá la democracia mexicana.

“Exigimos el pago de la UV. Lo que nos corresponde lo están saqueando. Javier Duarte nos dejó endeudados por 40 años. Es indignante”, dijo el estudiante.

Otros alumnos de la UV recordaron que muchos de sus compañeros son de escazos recursos y la alternativa para continuar sus estudios es la educación pública, por ende, el recorte afectaría a esas familias o personas que hacen un esfuerzo para estudiar.


Finalmente, el mitin culminó recordando a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, con un conteo.

MILES DE ESTUDIANTES MARCHAN EN VERACRUZ

El hartazgo que desde hace varios meses viene arrastrando la comunidad universitaria, por la falta de pagos del gobierno estatal, estalló al mediodía de este jueves, en las regiones Córdoba y Orizaba, donde con gritos y consignas, aproximadamente 4 mil personas entre estudiantes, docentes, personal administrativo y ex alumnos de la Máxima Casa de Estudios, se rebelaron contra el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Al igual que en el resto de las zonas académicas, los movimientos parecían una manifestación más, pero al transcurso de los minutos, fueron saliendo los reclamos, las acusaciones, las exigencias del sector.

En Córdoba, cerca de las 11:00 horas, aproximadamente mil 500 personas entre escolares, docentes y ex alumnos, de las Facultades de Arquitectura, Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Centro de Idiomas y de la Unidad de Servicios Bibliotecarios (USBI), marcharon por la avenida 1, desde la calle 21 hasta el Palacio Municipal.

En el trayecto, ante la mirada de transeúntes y empleados de los locales comerciales, los universitarios iban portando pancartas con sus demandas, y gritando consignas como “Duarte ratero, devuelve el dinero”, “somos de la UV, no somos malandros”, “señoras y señoritas vienen llegando”, “las Facultades unidas, todas están entrando” “UV te quiero, por eso te defiendo”, “Duarte, entiende, el pueblo no te quiere”, “UV unida jamás será vencida”.


Custodiados por patrullas de Tránsito del Estado, el contingente avanzó más de 15 cuadras, hasta llegar al Palacio Municipal, donde ingresaron a la explanada, y continuaron gritando sus exigencias, rodeados de una docena de reporteros.

Otto Raúl Leyva Ovalle, director de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de Peñuela, tomó el micrófono para emitir un mensaje, en el cual fijó la postura de la comunidad universitaria.

El hombre, de más de 50 años y con voz entrecortada a momentos, dijo que se trata de una lucha por la defensa de la Universidad Veracruzana, una lucha de forma pacífica que tiene el objetivo de que los universitarios y académicos sean escuchados.

“No es posible, que ahora ya hasta la energía eléctrica nos estén limitando para realizar nuestras prácticas, así no se puede garantizar el óptimo desarrollo de los estudiantes”, lanzó ante los asistentes.

En un extremo de la explanada, previamente se colocó el coro integrado por estudiantes de las carreras de Biología, Artes y Teatro, entre otros, quienes a ritmo de Cielito Lindo entonaron una canción llamada “Vamos UV”, que apenas una noche anterior compuso el alumno Carlos Alberto Verástegui Guillén, del sexto semestre de Biología, para quien la manifestación reviste especial importancia, “ya que no sólo la UV padece estos males, sino también otros sectores como el de la salud”, indicó.

Rachiel Sevilla Domínguez, otra universitaria de la carrera de Arquitectura, consideró que “ojalá que nos hagan caso, ya que nuestras escuelas están descuidadas y los maestros también requieren que se les pague, ya que se les debe a los que no son de base; y las becas que cada mes nos da el gobierno federal, que son de 750 pesos, y que el estado se encarga de repartir, también ya tiene como 4 meses que no las depositan”.

La concentración de universitarios, a pesar de la brisa que a momentos se dejó caer, motivó incluso a ex alumnos de otras Facultades, quienes al ver el movimiento corrieron a agruparse, detrás del cordón que de manera preventiva fue colocado ante la concurrencia.

 “Nos limitan la luz; pagamos seguridad privada porque hay asaltos; hay alumnos que no tienen ni para comer”, acusa director de una Facultad.

“No podemos trabajar las prácticas con genéricos, qué les parecería a ustedes que les dijeran en su casa sólo puedes usar la luz unas cuantas horas, el resto del día las tienes que tener apagadas porque no hay suficiente recurso para pagar esa luz, entonces ¿qué hacemos con las actividades que como docentes queremos trasmitirles a nuestros estudiantes?”, dice Otto Raúl Leyva Ovalle, director de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de Peñuela.

En la parte que a nosotros nos corresponde, agrega, como Facultad de Biología y Agronomía, “nuestros estudiantes tienen que salir a prácticas de campo, si no imagínense cómo sería un biólogo o un agrónomo de pizarrón, ¿qué lugar ocuparía en esta sociedad, que tantas demandas tiene en la actualidad?”.

Explica que “ya se están haciendo los recortes, ya no podemos dejar encendida una luz, estamos en una zona de inseguridad, en nuestro caso estamos en Peñuela, en el camino viejo que va hacia Amatlán, ustedes saben que estamos rodeados de cañales. Por otro lado, hay una situación, nuestra Facultad tiene 35 años de construída, cuando un inmueble empieza a alcanzar cierta edad, las remodelaciones, fallas estructurales se tienen que hacer periódicamente y no lo estamos haciendo. En la actualidad, si llueve, hay más agua adentro de las aulas de la Universidad, que afuera y todo porque no se ha impermeabilizado, el año pasado se obtuvo un recurso y no se aplicó”.

A esa escuela, dice, desde principios del año pasado no se le ha dado mantenimiento, en pintura, ni cambiado de cableado eléctrico, y por eso se dañan los equipos.

Ahí, se ofertan 120 espacios, para las dos carreras Agronomía y Biología, pero desde hace 4 o 5 años el gobierno les pide reducir la matrícula, y sin embargo están saturando grupos con 40 o 50 alumnos, y cuando les toca hacer prácticas con microscopio se tienen que ir turnando, y esto hace las prácticas más largas y los estudiantes aprenden menos.

Consideró que “Facultades no podemos hacer movimientos, hace poco hicimos una marcha a Xalapa, por convocatoria sindical, pero ahorita se está manifestando toda la Universidad, alumnos, funcionarios, académicos y toda la Universidad. Apoyamos la acciones que va ejerciendo la rectora Sara Ladrón de Guevara, ella nos lo dijo en el pasado consejo universitario, que fue la semana pasada; las gestiones e iniciaron desde que ella llegó, pero uno tiene que seguir un procedimiento de buena voluntad, pero llegamos a este punto en el que ya no sabemos qué hacer, si a ustedes les prometen 3 o 4 veces una cosa y no les cumplen, ¿ustedes les creerían?”

Ante una docena de reporteros, externó que los pagos llegan del gobierno federal, “eso es lo único que tenemos seguro, a veces nos avisan de Vicerrectoría, que ya llegaron los cheques, pero cuando queremos cobrarlos, no tienen fondos, y esto a nadie le gustaría que se lo hicieran, el sueldo es un derecho constitucional, con el que no se debe de lucrar, ni tampoco hacer retrasos”.

Aunque reconoció que “las autoridades hacen malabares y nuestros sueldos salen, todo lo demás está parado, y en nuestra Facultad por ejemplo, necesitamos aproximadamente 1 millón de pesos para impermeabilización, el año pasado se atendieron los laboratorios, pero las aulas ya tienen más de 3 años que no reciben mantenimiento”.

Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes, es que “contratamos seguridad privada, los estudiantes tienen qué hacer una aportación voluntaria, porque cuando empieza a oscurecer ya es muy delicado, hemos tenido asaltos a nuestros estudiantes, porque entramos a las 7 de la mañana y en una época del año, cuando a esa hora todavía está oscuro y nuestros estudiantes tienen que caminar más de un kilómetro, desde Peñuela hasta la Facultad”

Por último lamentó que “este país se rige por los salarios mínimos, en esta región y otras de Veracruz, con el salario mínimo no se puede hacer gran cosa, a mi Facultad llegan estudiantes que sólo llevan para el pasaje, imagínese, si llegan a las 7 de la mañana y se van a estar hasta las 6 de la tarde, ¿a qué horas comen?, muchos llegan a su casa a hacer una sola comida, eso no es formar profesionistas con ánimos de éxito y que todo esto impulse el desarrollo del país”.

Sobre la propuesta de un legislador, de que se transparenten los recursos ejercidos por la Universidad, respondió que “la transparencia existe, nada se hace por debajo del agua, todo recurso que se ejerce se transparenta, los recursos que vienen de Xalapa están solventados con facturas, ya no es como antes, ahora nos exigen licitaciones y presentar 3 cotizaciones, y la Universidad se está yendo por lo más baratito, yo firmo todo y presento una declaración, no como dicen que el presidente de la república no presenta sus declaraciones, nosotros no”.

Una situación similar se vivió en la ciudad de Orizaba, donde un grupo de entre 2 mil y 2,500 universitarios, entre estudiantes, docentes y personal administrativo, marcharon desde la entrada de Orizaba, donde se localiza la Facultad de Ciencias Químicas, por toda la calle Real, hasta la Alameda Central Francisco Gabilondo Soler.

Fueron alumnos de las Facultades de Medicina, Odontología, Derecho, Administración de Empresas y Contaduría Pública, asentadas en los municipios del Valle de Orizaba, desde Orizaba hasta Ciudad Mendoza.


También, todos marchando por las calles, ante la mirada de transeúntes, comerciantes, empleados y automovilistas, coreando las consignas en contra del gobernador del estado, para que les devuelva lo que les pertenece, los 2,076 millones de pesos, además de aumentar el porcentaje de recursos, del raquítico 3 por ciento del presupuesto total del estado, y la no reforma del artículo 98 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-03-2016/1634579

Gobernación clasifica como supersecreto nombres de delegados del CISEN… y los revela en internet

Nombres que de hacerse públicos pondrían en riesgo el futuro de México (eso dice el CISEN) los encuentras en minutos en Internet. Son los gobiernos quienes han difundido los datos y hay hasta declaraciones de los delegados. Expertos dicen que esto pone en duda el trabajo de “inteligencia” contra el crimen.

Su identidad es información clave de seguridad nacional, son nombres clasificados que no pueden darse a conocer por ningún motivo, revelarlos daría armas a los criminales, se pondría en riesgo, incluso, la estabilidad y futuro del país…

Esos son los argumentos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) da para no proporcionar los nombres de sus 32 delegados estatales, de acuerdo con su respuesta a una solicitud de transparencia en la que se pidió específicamente esta información.

“Todo está reservado de acuerdo con la ley y múltiples acuerdos”.

Pero, en realidad, la información está disponible en internet.

Utilizando Google, Animal Político  y El Daily Post encontraron estos datos que, según el gobierno, ponen en riesgo a México.

No hizo falta que un hacker robara las bases de datos de información del CISEN. En Baja California, Morelos, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Chihuahua, la “identidad secreta” de los delegados es “descubierta” en comunicados de prensa emitidos por los gobiernos de esos estados. Y en donde no hay comunicados, hay notas de prensa con la información.

En total, se encontraron nombres de delegados del CISEN en 31 de 32 estados, de los últimos dos años.

“Nadie nos ha avisado que sea información clasificada” dijo el gobierno de Veracruz cuando se le cuestionó sobre el tema. Otros estados de plano, prefirieron mejor no decir nada.

En Hidalgo la “transparencia” es aún más extrema. Existe un directorio en donde se incluye el nombre completo del funcionario de inteligencia, su correo electrónico, su teléfono celular y hasta la dirección de su oficina.

La propia Secretaría de Gobernación pecó en transparentar datos bajo reserva. Lo hizo con el delegado del CISEN en Zacatecas, cuyo nombre y hasta foto fueron incluidos en un comunicado emitido por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) el 3 de julio de 2015.

La cantidad de datos es tal que incluso en algunos casos se puede rastrear parte de la trayectoria de cada delegado. Por ejemplo, la búsqueda permite identificar que el delegado del CISEN de Coahuila luego fue movido a Jalisco a principios de  2015, o que el delegado de Hidalgo fue cambiado a Tamaulipas en octubre del año pasado.

Y cuando no es el gobierno, los mismos delegados se encargan de descubrir su identidad apareciendo en eventos de foros, clausuras, inauguraciones… y hasta dando declaraciones a la prensa, como lo hicieron recientemente los responsables del CISEN en Colima y Baja California.

Solamente de un estado, Sinaloa, no se encontró dato reciente o de años pasados del delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

El secreto peor guardado

La identidad de los 32 delegados estatales del CISEN y de la gente a su cargo es secreta, según lo que ese organismo respondió en una solicitud de transparencia en donde se pidió conocer los nombres  y datos de esos funcionarios.

La resolución del pasado 29 de febrero, advierte que difundir esta información generarían por lo menos cuatro tipos de riesgos: un daño presente, daño probable, daño específico y daño personal.

Revelar los nombres provocaría que se entorpezca y peligre el trabajo de inteligencia, que la delincuencia organizada tenga elementos para anticiparse o sabotear las operaciones y que la integridad de cada delegado incluida su seguridad física podría estar en riesgo.

La cosa no acaba ahí. Según la respuesta del mismo organismo (para la que por cierto pidió una ampliación del plazo), “revelar la ubicación de sus instalaciones, servidores públicos y demás elementos organizacionales pone en riesgo la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano”.

Y como remate, el CISEN citó el criterio 0006-09 del INAI  en el que se establece que “nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por excepción pueden considerarse información reservada”, así como los lineamientos de clasificación y desclasificación del mismo INAI que considera clasificada cualquier información relacionada con inteligencia.

Que no les avisaron

Animal Político buscó a algunos estados para conocer porque difunden información clasificada como reservada en sus comunicados. El único que respondió fue Veracruz a través de la Dirección de Comunicación Social: Oficialmente, ni de manera verbal ni por escrito, nadie del CISEN nos ha informado de que el nombre del delegado estatal deba ser confidencial. Es decir, nunca ha habido una solicitud expresa por parte de ellos, ni de ninguna autoridad, para que no se publiquen los nombres.

Incluso, esta oficina admitió que funcionarios del CISEN en la entidad han concedido entrevistas a medios de comunicación regionales, en las que se publicó de manera abierta sus identidades.

Animal Político preguntó a la Secretaría de Gobernación, dependencia a cargo del CISEN, sobre la difusión que existe de los delegados, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.


La Comisión Nacional de Seguridad, que también depende de Gobernación y que publicó en 2015 el nombre del delegado del CISEN en Zacatecas, dijo que existe la orden  de no revelar ningún dato de identidad de personal de seguridad nacional, ni nombre ni fotografías, por lo que revisarían que pasó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/gobernacion-clasifica-como-supersecreto-nombres-de-delegados-del-cisen-y-los-revela-en-internet/

Una periodista exhibe en redes al hombre que la agredió sexualmente en la Condesa

Andrea Noel fue acosada por un hombre mientras caminaba por la colonia Condesa, en la Ciudad de México. La periodista solicitó el video de la cámara de seguridad de un edificio que lo había registrado todo y lo denunció en redes sociales.

La periodista Andrea Noel denunció a través de sus redes sociales que el pasado 8 de marzo, justo en el Día Internacional de la Mujer fue agredida por un hombre mientras caminaba por la colonia Condesa, en la Ciudad de México.


Noel compartió un par de videos de la cámara de seguridad de un edificio cercano donde se ve cuando un hombre se le acercó por la espalda para levantar su vestido y tirar al suelo su ropa interior, lo que hizo que ella cayera al suelo.





Lo que pasó después es sorprendente, tras hacer público el video dentro de sus redes sociales, solicitando que le ayudaran a identificar al agresor, además de las muestras de apoyo recibió comentarios de usuarios que la acusaban de tener la culpa de lo ocurrido por usar un vestido.


Andrea Noel compartió en sus redes también las respuestas en contra que recibió.









La Procuraduría de Justicia capitalina informó a través de su cuenta de Twitter que el Subprocurador y el fiscal en Atención de Delitos Sexuales ya atienden el caso.





FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/una-periodista-exhibe-en-redes-al-hombre-que-la-acoso-sexualmente-en-la-condesa/

Debe Sedena informar el número de presuntos delincuentes abatidos por militares

CIUDAD DE MÉXICO: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hacer público el número de presuntos delincuentes abatidos por efectivos de esa dependencia entre los periodos de 2000 a 2006, y de septiembre de 2012 a noviembre de 2015.

De igual manera, deberá señalar el municipio en el que se registraron los hechos y el motivo de cada uno, destacó en un comunicado.

En su respuesta original a un particular que solicitó esa información, la Sedena señaló que a partir de 2012, con motivo de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la reforma al Código de Justicia Militar de fecha 13 de junio de 2014, el fuero militar no es competente para conocer de casos en los que existan víctimas civiles por violaciones a sus derechos humanos.


Por lo tanto, apuntó, no contaba con información estadística respecto de agresores civiles muertos en el periodo solicitado.

La investigación de los delitos, añadió, es facultad del Ministerio Público de la Federación y de las policías, por lo que sugirió presentar la solicitud de información ante la Unidad de Enlace de la Procuraduría General de la República (PGR).

No obstante, proporcionó al particular una relación que contiene la cantidad de presuntos agresores fallecidos, derivado de enfrentamientos en contra de personal militar, de 2007 a agosto de 2012, misma que se encuentra desglosada por fecha, entidad y municipio.

Inconforme, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI y señaló que la información entregada estaba incompleta. Y en alegatos la Sedena reiteró su respuesta inicial.

En el análisis del caso, el comisionado ponente Joel Salas Suárez confirmó que los datos entregados estaban incompletos, dado que no se proporcionó la información relativa a los periodos de 2000 a 2006, y de septiembre de 2012 a noviembre de 2015, ni el motivo por el que fueron abatidos los presuntos delincuentes.

A propuesta de Salas Suárez, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la Sedena y le instruyó a que realice una nueva búsqueda de la información faltante en los archivos de todas las unidades administrativas competentes, sin omitir a las Zonas Militares, y que la entregue al solicitante en los términos referidos.

Al exponer el asunto ante el Pleno, el comisionado ponente del caso precisó que el Ejército tiene atribuciones para usar la fuerza en legítima defensa, salvaguardar un bien jurídico o en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho, siempre y cuando exista una necesidad racional en el medio empleado y dentro del principio de proporcionalidad.


“Sin embargo, el personal militar que haga uso de la fuerza debe aportar medios de prueba fehacientes sobre su actuación y elaborar un informe detallado a la autoridad militar que corresponda, señalando el tiempo y lugar de los hechos y circunstancias que exigieron el nivel de uso de la fuerza utilizado”, puntualizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433011/ordenan-a-sedena-informar-numero-presuntos-delincuentes-abatidos-militares

Plantean en el Senado tres registros sobre desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO: Familiares de desaparecidos exigieron al Senado que en la ley en la materia se cuente con al menos tres registros públicos que permitan el cruce de información para encontrar a las víctimas y se considere el establecimiento de un Registro Nacional de Personas No Localizadas.


Los quejosos denunciaron ante los legisladores el tortuoso camino por el que tienen que pasar para que las autoridades comiencen a investigar la desaparición de sus familiares.

Las víctimas y familiares compartieron con los senadores Fernando Yunes, Jesús Casillas, Angélica de la Peña y Silvia Guadalupe Garza sus historias y la negligencia de las autoridades estatales para resolver sus reclamos.


Por ello, en el marco de las “Audiencias públicas regionales para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición forzada”, los denunciantes pidieron que la búsqueda de personas desaparecidas se inicie de oficio en las primeras cinco horas, y para ello propusieron la creación de fiscalías especiales en cada entidad del país.

En su turno, el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Fernando Yunes, resaltó que cada una de las 27 mil personas desaparecidas en México tienen la misma importancia y valor; sin embargo, reconoció que la mayoría de los casos “continúa en la impunidad o, por el contrario, no se encuentran documentados en expedientes judiciales derivados de la falta de confianza en nuestras autoridades”.

“Platicando hace unos días con familiares de desaparecidos en Veracruz, mi tierra natal, sé de primera mano que las investigaciones que para la búsqueda de sus hijos o familiares hacen, son prácticamente al 100 por ciento por ustedes, caminando a veces sin rumbo pero con esperanza, tocando puertas que no se abren o se cierran en sus narices, arriesgando su vida pero siempre con la esperanza de volver a ver a sus seres queridos o conocer su destino y paradero”, reveló.

Es por eso, sostuvo, que el Senado no puede y no será omiso. “Y confió en que la nueva ley permita que este delito disminuya lo antes posible. Tenemos la responsabilidad de actuar de manera inmediata para tratar de que con leyes eficaces, este terrible delito disminuya lo antes posible”.


La legisladora Angélica de la Peña, del PRD, advirtió que los senadores están obligados a trabajar rápido para tener una buena ley.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433001/plantean-en-senado-tres-registros-desaparecidos

Asesinan a mujer frente a su hijo de 10 años en Morelos

COATLÁN DEL RÍO, Morelos: La violencia se recrudece en la entidad. Esta mañana, una mujer fue asesinada frente a su hijo menor de 10 años de edad, cuando ambos viajaban en un vehículo Ford Mustang color negro con placas del estado de Guerrero.

Alrededor de las 10:45 horas de ayer, la madre de familia, de unos 35 años de edad, de nombre Sonia, circulaba en una de las principales calles de la comunidad en su automóvil en compañía de su hijo, un niño de aproximadamente 10 años de edad.

Llegaron al crucero y pretendía incorporarse a la carretera, pero al hacer alto total la rodeó un grupo de hombres armados y le dispararon a quemarropa. El vehículo continuó su marcha solo hasta topar con un terreno ubicado en frente.


De acuerdo con los reportes, el vehículo, en el que también viajaba su hijo, quedó finalmente en un predio baldío en la conocida parada “El Manguito”, en la comunidad de Cocoyotla, en el municipio de Coatlán del Río, al poniente de Morelos, en los límites con Guerrero y el estado de México.

Cuentan testigos presenciales que pasaban por el lugar de los hechos que el niño bajó del vehículo y, solo, buscó ayuda en el mismo punto. Extroficialmente se sabe que la mujer era madre de dos menores de edad. El niño que viajaba con ella, resultó ileso del ataque. Cuentan las mismas fuentes extraoficiales que el cuerpo de la joven mujer recibió al menos 7 impactos por las descargas de las armas de fuego.

El pasado 1 de enero, una mujer de nombre Mayra, de 36 años de edad, fue asesinada en la misma comunidad de Cocoyutla. En aquel momento, la mujer fue asesinada por un solo agresor, quien la atacó en las canchas de esa comunidad en el poniente de Morelos.

Denuncian dilación de la justicia

En tanto, un grupo de mujeres protestó este miércoles por la “dilación” de la justicia que ha hecho la Fiscalía, en el caso de la muerte del hijo de la actriz Elizabeth Dupeyrón. Por esta protesta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que atraerá las investigaciones por la muerte de Ramsés Alí Marquez Dupeyrón.

El pasado 15 de febrero del año pasado, este joven participaba en un retiro espiritual en Tepoztlán, y murió de causas que todavía siguen sin aclarar. Más de un año después, la Fiscalía no ha dado resultados. El pasado 29 de febrero, el fiscal Javier Pérez Durón canceló intempestivamente un encuentro con la madre del joven muerto, así que acudió ante la instancia nacional.

Este miércoles, la CNDH reaccionó y solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos actuar ante la negativa por parte de la fiscalía para avanzar en las investigaciones que llevan más de un año. “La señora Elizabeth (Dupeyrón) está poniendo una queja por dilación de la justicia en la procuración de justicia y por irregularidades en la carpeta de instigación porque habla que desde el 2015 no se han seguido los procedimientos adecuados”, informó la titular de la CDHEM, Lucero Ivonne Benítez Villaseñor.

Se suicida un reo en Atlacholoaya

Por otra parte, autoridades informaron que un interno del Cereso Morelos ubicado en Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, “se suicidó”. El interno, de quien no se conocen más datos, se encontraba en proceso penal por el delito de violación.


La Fiscalía General de Justicia no hizo pública información alguna sobre el caso, pero el coordinador general de Reinserción Social, que depende de la Secretaría de Gobierno, Lucio Hernández, confirmó que el interno se habría quitado la vida esta mañana. Hasta el momento no hay más datos del hecho.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
FECHA: 9 MARZO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432965/asesinan-a-mujer-frente-a-su-hijo-de-10-anos-en-morelos

Logra Xochicuautla suspensión del decreto de expropiación de su territorio

Tras 10 años de lucha, la comunidad de San Francisco ‪#‎Xochicuautla‬ logró la suspensión definitiva del decreto de expropiación de su territorio, suspendiendo así la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan que pone en grave peligro el territorio comunal otomí.

Pero la lucha continúa, las autoridades municipales, estatales y federales, así como las empresas deben desocupar el territorio, retirando maquinaria, trabajadores y policías ‪#‎XochicuautlaResiste‬

Los pasados días 11 y 18 de febrero, el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, concedió la suspensión definitiva del proyecto de construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan.Durante diez años, miembros de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla han defendido el territorio comunal que se encuentra en grave peligro por la construcción y operación de la autopista Toluca-Naucalpan, impulsada desde el año 2006 por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. El territorio de dicho pueblo indígena fue expropiado por el actual Presidente de la República en favor de Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) en 2015.

La autopista es construida por Autopistas de Vanguardia S.A. de C. V. perteneciente al Grupo Higa y afecta a diferentes comunidades y municipios del Estado de México, incluida la comunidad de San Francisco Xochicuautla, y al menos doce comunidades más, como lo son San Lorenzo Huitizilapan y Santa Cruz Ayotuzco.

Se han interpuesto una diversidad de recursos jurídicos: amparos, denuncias penales, quejas en las comisiones de derechos humanos, juicios agrarios, entre otros. En dos de los amparos se obtuvo la suspensión del decreto de expropiación. El primero de ellos el 4 de diciembre de 2015 y el segundo, impulsado por un Delegado municipal, el Consejo Supremo Indígena, comuneros e indígenas de San Francisco Xochicuautla, el Colectivo de Abogados y Abogadas Solidarias CAUSA, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C., concedió la suspensión definitiva el 11 y 18 de febrero pasados.

Las suspensiones concedidas por el Poder Judicial de la Federación tienen el objetivo de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al agua, la cultura, a la libertad de culto, y a los recursos naturales, entre otros, mientras dure el juicio. Lo anterior implica que la comunidad tiene la posesión legal del territorio expropiado y en consecuencia, ni la empresa ni las autoridades del Estado involucradas cuentan con fundamento legal alguno para continuar las obras de construcción de la autopista por dicho periodo.

Si bien las suspensiones son un gran paso para proteger los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, la defensa de la vida, el agua, el Bosque y el campo continuarán hasta que la autopista sea cancelada de manera definitiva y se respeten plenamente los derechos de las comunidades como pueblo indígena otomí.

Solicitamos a la sociedad civil estar pendiente a las posibles represalias que estas suspensiones puedan generar en contra de las y los defensores del Bosque Sagrado del Agua. En ocasiones anteriores, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ha documentado diferentes amenazas y agresiones en contra de quienes resisten a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

Las organizaciones firmantes exigimos a las autoridades estatales, federales y municipales, cumplan con la suspensión concedida por el Poder Judicial, y que por lo tanto SAASCAEM, la empresa Autopista de Vanguardia, S. A. de C. V., desocupen de manera inmediata del territorio de San Francisco Xochicuautla, retirando maquinaria, trabajadores, así como también se retiren las policías estatales que suelen acompañar la obra.




Fuente: Desinformémonos/CMDPDH
http://desinformemonos.org.mx/?p=90013
http://cmdpdh.org/2016/03/comunidad-otomi-de-san-francisco-xochicuautla-exige-cumplimiento-de-decision-del-poder-judicial-de-suspender-la-autopista-toluca-naucalpan/

Marchan más de 30 mil por deuda de Duarte con la Universidad Veracruzana

XALAPA, Ver. (apro).- Ni las bajas temperaturas ni la llovizna inhibieron a los más de 30 mil universitarios, académicos, investigadores, exalumnos y familiares de trabajadores de la Universidad Veracruzana para salir a las calles de Xalapa, Coatzacoalcos, Veracruz, Boca del Río, Poza Rica, Córdoba, Orizaba y Tuxpan a exigir al gobierno del priista Javier Duarte el cumplimiento de sus demandas.

Las exigencias se concentraron en el respeto a la autonomía universitaria reflejado en un 5% anual de la ley de ingresos, el pronto pago de dos mil millones de pesos para infraestructura y programas académicos atorados desde principios del sexenio, así como un alto a la asfixia financiera.

Este jueves, la concentración masiva ocurrió en Xalapa, donde cerca de 17 mil manifestantes salieron hacia el centro histórico de la capital del estado al coro del “Cielito lindo” y al ritmo de jaranas con mariachi y música de viento, además de las consignas que fustigaban el gobierno de Duarte de Ochoa.

“¡Duarte ratero, regresa el dinero!”, “¡UV, te quiero, por eso te defiendo!”, “¡Todos somos UV!” y hasta la clásica expresión futbolera de “¡Eeeeh putoooo!”.



La reunión ocurrió en el circuito Lomas del Estadio, que agrupa la Rectoría, las facultades de Derecho, Ingenierías, Contaduría, Administración y Biología, entre otras. En otras zonas también hubo manifestaciones de estudiantes de Humanidades, Economía, Psicología y Antropología.

En la protesta, cada facultad colocó cordones de seguridad y coordinadores de grupo para evitar infiltraciones de grupos anarquistas o desestabilizadores, presuntamente pagados por el gobierno para romper el carácter pacífico de la concentración.

“Nos tienen que pagar”, dice rectora

Por primera vez en lo que va del movimiento, la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, dejó de enviar desplegados a los medios de comunicación locales y de escribir tuits indirectos con el gobernador Javier Duarte y salió a encabezar la marcha para exigir el reclamo de la autonomía universitaria.

En la Plaza Lerdo –rebautizada como Regina Martínez, el nombre de la corresponsal de Proceso asesinada en 2012– la funcionaria se colocó en dirección a la oficina donde despacha Duarte de Ochoa y dijo:

“Nos deben… y nos tienen que pagar. Reconozco que la autonomía financiera puede ser un camino para no depender del juicio o la discrecionalidad de un funcionario en turno, pero ésta debe responder a nuestra magnitud, sin recargos ni compromisos ajenos”.

Del lado del inmueble gubernamental, las oficinas del palacio de Gobierno permanecieron cerradas. A discreción, unas diez “orejas” o espías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Subsecretaría de Gobierno pasaban vía celular un puntual reporte del avance de la mega concentración.

En cada contingente universitario, los alumnos pusieron el folklor a la marcha. Unos lo hicieron con una piñata de un cerdo rosa “zangoloteado” frente al Palacio de Gobierno. Otros, con cánticos de futbol. El grupo Tlenhuicani –de la UV- llevó jaranas y arpas. Los maestros de Educación Física dirigían las consignas contra el gobierno con silbatos y unos más solo acudieron en señal de solidaridad.

Como un hecho inédito, familias enteras se asomaron a los balcones y terrazas de sus viviendas para mostrar su solidaridad con la comunidad universitaria. Automovilistas y taxistas que en otras ocasiones fustigan el congestionamiento vehicular a causa de las marchas, esta vez hicieron sonar sus claxons en señal de aprobación.

Antes de concluir el evento, la rectora de la Universidad Veracruzana (UV) también lanzó un reproche al gobierno de Duarte y a su aparato de seguridad y procuración de justicia por la ola de inseguridad que vive la entidad y el alto grado de impunidad, afectando el principalmente a jóvenes de territorio jarocho.

“Nos deben una juventud sin miedo, nos deben a los desaparecidos. Nos deben la paz de los violentados y la de sus familias. Nos deben recursos que son sus obligaciones. Nos deben los derechos de nuestros jubilados. Nos deben las libertades y las capacidades críticas generadas por el conocimiento. Nos deben la certeza de nuestros trabajos y los sueños de nuestros jóvenes”.

Una hora antes en el gimnasio universitario “Miguel Ángel Ríos”, la rectora Sara Ladrón aseguró que ya entró en contacto con autoridades federales para hacer patente el reclamo de los recursos que tiene como pasivos severos el gobierno priista.

En la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, la concentración universitaria se hizo en el zócalo porteño a ritmo de salsa, pues la orquesta Moscovita, cuyo origen radica en la Universidad Veracruzana, creó “La UV no se toca” como una especie de himno para reclamar a Duarte de Ochoa los recursos pendientes.

En Coatzacoalcos, Córdoba y demás campus, unos 10 mil estudiantes, maestros y exuniversitarios salieron a las calles a reprochar al gobierno estatal la falta de liquidez financiera que hoy tiene sumida a la educación superior en una severa crisis.


Fuente: Proceso
Autor: Noé Zavaleta
http://www.proceso.com.mx/433079/marchan-30-mil-deuda-duarte-la-universidad-veracruzana

Sentencian por trata de personas a miembros de organización religiosa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos integrantes de la organización religiosa “Defensores de Cristo”, que se dedicaban a la trata de personas, fueron sentenciadas por un juez federal a seis años de prisión y 500 días de multa.

La Procuraduría General de la República (PGR) los responsabilizó del delito de trata en la hipótesis para quien entregue a un tercero, o reciba para sí mismo una persona por medio de la violencia física o moral, engaño y abuso de poder, con el fin de someterla a esclavitud, valiéndose del engaño y el fanatismo religioso.

La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la PGR, acusó a los sentenciados de aprovecharse de la vulnerabilidad de una persona para obligarla a trabajar ofreciendo cursos, que serían supuestamente impartidos por “Defensores de Cristo”.

Sin embargo, solo utilizaban a esta persona para “atraer” o “enganchar” a más víctimas.

En un comunicado, la PGR señala que a otras de las víctimas a las que trataban de manera inhumana y deplorable, les asignaban actividades con el fin de obtener beneficios económicos, sin embargo, no detalla qué tipo de actividades.

La Procuraduría también se reservó los nombres de los sentenciados, así como la cantidad de víctimas, su edad, procedencia y las condiciones en que se encuentran actualmente.



Fuente: Proceso
Autora: Patricia Dávila
http://www.proceso.com.mx/433068/dan-6-anos-prision-a-miembros-organizacion-religiosa-trata-personas

La burocracia desaparece cadáveres

Un migrante salvadoreño desapareció en Tamaulipas en 2011. Su madre comenzó a buscarlo y supo que zetas y policías municipales lo habían asesinado. Supo luego que lo sepultaron junto con otros 67 cuerpos en una fosa común de San Fernando. Y dice que aun cuando desde 2012 las autoridades mexicanas conocían la ubicación del cadáver, construyeron un laberinto burocrático para desaparecerlo de nuevo y no entregárselo. Apenas en enero de 2015 pudo recuperarlo y la semana pasada ganó en la Suprema Corte un amparo para que sea considerada como víctima


CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Aunque vive en El Salvador, la señora Bertila Parada conoce detalles de la tortura que sufrió su hijo Carlos Alberto en México a partir de aquel 27 de marzo de 2011, cuando dejó de reportarse.

Sabe que nunca llegó a la frontera con Estados Unidos y que estuvo a unos kilómetros de la misma, pero el autobús donde viajaba fue interceptado por Los Zetas y policías municipales a la altura de San Fernando; lo obligaron a bajar.



Sabe que lo atormentaron antes de matarlo: a golpes le tumbaron nueve dientes y le destrozaron el cráneo.

Sabe que en sus últimos instantes de vida vestía una camisa que no le conocía, unos calcetines y unos calzones que sí eran suyos, y estaba amordazado.

Sabe que así, con la mordaza, fue enterrado en una colina donde duró poco más de dos semanas.

Sabe que a su cuerpo, cuando fue hallado, la Procuraduría de Tamaulipas le asignó el número 3 en la fosa 3 de la brecha El Arenal, del municipio de San Fernando, donde se encontraba con otros 12 asesinados. Todavía faltaban 44 fosas por descubrirse, de las cuales fueron sacados 193 cadáveres en el llamado caso de las “narcofosas” o “San Fernando 2”.

Sabe también que el 17 de abril lo trasladaron a la morgue de Matamoros y que al día siguiente le tocó turno para la autopsia.

Mas por decisiones de la burocracia, su hijo volvió a desaparecer el día que fue sepultado con otros 67 cuerpos en una fosa común tamaulipeca: lo enterraron en la fila 11, lote 314, manzana 16, del panteón municipal de la Cruz, Ciudad Victoria. Permanecieron ahí hasta octubre de 2014, cuando fueron enviados a la Ciudad de México.

En abril de 2011, otros 122 habían corrido mejor suerte al ser trasladados a una morgue capitalina, donde los mantuvieron congelados durante meses; luego los destinaron al panteón de Dolores.

En la fosa común tamaulipeca, Carlos Alberto esperó tres años y 10 meses a que Bertila lo rescatara y lo condujera de regreso a casa. Fueron casi cuatro años de tortura para ella y su familia, ya no por parte de los criminales, sino de las autoridades mexicanas que, aun cuando desde el año 2012 conocían la identidad del cuerpo 3 de la fosa 3, lo perdieron en los laberintos de la burocracia.

Bertila sospecha que los funcionarios lo desaparecieron “a propósito” como represalia por las protestas que ella hacía desde El Salvador y por el amparo que interpuso en 2013 –promovido por la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho– para que conservaran su cuerpo y no lo incineraran, como hizo la Procuraduría General de la República (PGR) con otros migrantes, y también para conocer la averiguación previa que México abrió por ese asesinato y que le permitirá saber en detalle cómo y por qué perdió la vida su hijo, al igual que las investigaciones al respecto.

“Siempre he querido saber toda la verdad, aunque me duela; por eso he estado luchando. No quiero enterarme por otros de lo que le pasó; quiero ser la primera en saberlo porque yo, como todos los migrantes, queremos saber qué pasó a nuestros hijos, al esposo, a aquel padre que también se quedó en el camino, en un país donde nos robaron algo, donde nos robaron todo motivo de vivir”, explica.

Al tiempo que expresa esto, Bertila llora en el jardín de su casa de Sonsonate –construida con paredes de adobe, techo de lámina oxidada, cables colgantes y, en el jardín comido por las gallinas, la lona vieja de una aerolínea usada como techo de porche–, donde muestra las fotos de su muchacho, ora disfrazado de payasito, ora sosteniendo un diploma escolar, ora en la playa.

Tiene a su lado una carpeta que el 28 de enero de 2015 le entregó la PGR y que contiene las fotos del cráneo destrozado y del panteón donde su hijo estuvo como anónimo, así como algunos de los oficios que funcionarios de Tamaulipas enviaron a la PGR, y en los que desde 2012 se menciona que debería avisarse a la familia salvadoreña de la muestra genética 115 que su hijo es el cuerpo 3 de la fosa 3. Una orden que nadie cumplió.

O quizás, especula esta mujer a la que la tristeza carcomió sus 56 años de vida, nadie quiso cumplir…

“Aquí estuvo enterrado. ¿Por qué tanto tiempo sin poderlo traer? En esta colina estuvo”, dice mientras muestra las fotografías en las que se observa el cadáver en distintas tomas y la cruz oxidaba que marcaba su tumba cuando llevaba como identidad las señas “Cuerpo 3, Fosa 3”.

El 28 de enero de 2015, en la PGR, ella supo esa parte de la verdad gracias a la Comisión Forense instalada en septiembre de 2013 y que autoriza al Equipo Argentino de Antropología Forense y a diversas organizaciones de familiares mexicanas y centroamericanas a trabajar al lado de los peritos de la procuraduría para devolver la identidad a los cuerpos de los migrantes masacrados en San Fernando (2010 y 2011) y Cadereyta (2012).

Cuando le entregaron el cadáver de su hijo menor, pidió a las antropólogas argentinas le explicaran lo que el maltratado cuerpo denunciaba.

“Yo quería saber cómo había muerto mi hijo. Cuándo más o menos había sido encontrado. Qué es lo que tenía: si llevaba documentos, dinero, prendas que podíamos reconocer. Pero no, sólo el calcetín, el bóxer y la manga larga. Quería saber cómo fue su muerte. Yo me pongo a pensar en todo lo que vivió en el tormento que sufrió. Yo lo presentía todo, quería saber cómo fue, por eso les pedí: ‘Contéstenme todo lo que pregunte’. Me dijeron que la muerte fue un golpe contundente de este lado –dice mientras se toca la sien del lado derecho–. De eso murió.”

Ese día, en la Ciudad de México, solicitó ver los restos. Aunque ya eran huesos, ella constató que sí era él: “Lo reconocí por el físico de la cara, por los dientes que le habían quedado –muy rectecitos y suavecitos– y los pies, que eran poco anchos. Sí le pude reconocer eso”.

Emigrar para sobrevivir

Carlos Alberto abandonó Sonsonate cuando tenía 25 años porque iba a tener un hijo y quería ofrecerle una vida digna. No encontraba trabajo, le desesperaba que Bertila vendiera pupusas en los autobuses para darle dinero, y era amenazado por las pandillas.

Cuando el pollero que lo recogería en la frontera con Texas avisó que nunca había llegado, Bertila, ayudada por una sobrina, puso una denuncia en su país el mismo mes de abril y avisó a la embajada de México, donde, afirma, sólo “se burlaron”, la engañaron diciendo que lo estaban buscando. No supo entonces ni le informaron del hallazgo de las fosas de abril.

“Quedamos esperando, pero esa espera se hizo larga, torturadora.”

Su segundo martirio comenzó en diciembre de 2012, al recibir llamadas de la cancillería y la fiscalía salvadoreñas avisándole que las autoridades mexicanas habían encontrado a su hijo, que lo cremarían y enviarían sus cenizas a casa.

Ella se comunicó con el Comité de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, que se contactó con la Fundación para la Justicia, para interponer un amparo a fin de evitar la incineración.

El último día del sexenio de Calderón, en diciembre de 2012, la PGR ya había mandado cremar 10 de los cadáveres hallados en San Fernando (Proceso 1886). Su muchacho estaba en la lista de los siguientes.

En ese tiempo Bertila comenzó a armar protestas, dejó de dormir y comer, tuvo deseos de matarse ante la embajada de México para que le hicieran caso. Salía por las noches a la calle a esperar a su hijo. Corría cada vez que veía a alguien de cachucha blanca porque pensaba que era él. Terminó ingresada en un hospital psiquiátrico.

“Fue al año y nueve meses cuando me dijeron que sí lo tenían ahí, como el 14 de diciembre de 2012. Que estaba enterrado. Luego, ante mis protestas y el amparo, dijeron que nunca me habían llamado. Mi dolor para poder enterrar a mi hijo duró tres años 10 meses”, cuenta mientras barajea el expediente, y agrega: “Pienso que las autoridades mexicanas se negaron a ayudarme. Ellos ya sabían de él, lo encontraron, ya lo tenían”.

No era la única: También la familia de Manuel Antonio Realegeño Alvarado –quien estaba entre los muertos de San Fernando– recibió el mensaje de que lo iban a cremar por motivos de salubridad.

El 24 de mayo de 2013 el gobierno mexicano repatrió a El Salvador el cuerpo de Realegeño. A Carlos Alberto no lo enviaron.

“A la mamá (de Antonio) le dijeron que su hijo estaba en el DF. No lo habían enterrado. Estaba refrigerado; al mío lo habían sepultado en Ciudad Victoria.”

Esa fue otra patada en el corazón.

“Siempre supe que si me ofrecían las cenizas de mi hijo me podían dar un animal, una persona equivocada o cenizas de madera, de cal. Ellos querían terminar evidencias, que ahí acabara todo. El gobierno estaba cubriendo algo, no dice la verdad. No es que yo sea detective. Como madres armamos nuestra conclusión: se violaron mis derechos como persona, como ser humano.”

En octubre de 2014, ella y otras mujeres centroamericanas se reunieron con el entonces procurador mexicano, Jesús Murillo Karam, para conminarlo a permitir a la Comisión Forense devolver a sus hijos.

Murillo la miró con sorpresa y le preguntó: “¿Su hijo todavía está aquí?”. Bertila se dio cuenta de que él sabía que hacía tiempo había sido identificado.

El 28 de enero de 2015, cuando la citaron a la PGR, ella tenía la leve esperanza de que el cuerpo que le entregarían no fuera el de su vástago. Pero al verlo se convenció.

“(La antropóloga) me dio información bien veraz: que un 99.98% era compatible. Me enseñaron algo de ropa: alguna que no era de él. Le cambiaron documentos que llevaba.”

La de su hijo era la averiguación previa 52/2011.

En el expediente se lee la cadena de torpezas que cometió la PGR y por las cuales Carlos Alberto volvió a desaparecer, aunque ya estaba identificado.

El 13 de julio de 2012, según se lee en los folios internos de la PGR 43858 y 54729, se solicita confrontar los perfiles genéticos de los cadáveres que en noviembre de 2011 había enviado la procuraduría tamaulipeca contra los perfiles genéticos aportados por El Salvador el 18 de octubre de 2011 a través de la entonces SIEDO, y cuya misión estaba a cargo del maestro Guillermo Meneses Vázquez, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros. También, el contraste contra las muestras de las fosas de “San Fernando, Durango, Guerrero y Sinaloa”.

La conclusión era clara: “Los perfiles genéticos de las muestras (…) que corresponden a la familia 115 de El Salvador (…) presentan relación de parentesco biológico con el perfil genético de las muestras, ‘piezas dentales’ extraídas del cuerpo número 3 fosa número 3, con clave NN 527, remitido por Tamaulipas”, según firmó el biólogo Adrián Bautista Rivas.

El 24 de octubre de 2012, ya con la conclusión en la mesa, se turna un acuerdo que instruye a Fernando Reséndiz Wong, director general de Procedimientos Internacionales de la PGR, mandar un oficio a El Salvador para informar que los perfiles genéticos de la familia 115 presentaban “relación de parentesco, biológico y de las dentales” extraídas al cuerpo 3 fosa 3, con clave NN 527, inhumado en el panteón municipal de la Cruz.

En el oficio, Judith Janet Rueda Fuentes, agente del Ministerio Público estatal, exhorta a Reséndiz Wong, director de Procedimientos Internacionales de la PGR, a establecer “contacto con dicho país y estar en posibilidad de solicitar los requisitos indispensables para la exhumación y entrega de los restos de los cuerpos”.

Pasó noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, sin respuesta. Fueron los meses en que Bertila estuvo protestando y cuando el amparo ya había sido interpuesto. Casi a mediados de mayo, el expediente tuvo un salto.

El 14 de mayo de 2013, el oficio DAPE/292/2013, firmado por el director de Averiguaciones Previas de Tamaulipas, Pedro Efraín González Aranda, requiere a Guillermo Meneses, entonces coordinador de Asesores del subprocurador de la SEIDO, su “colaboración” y “apoyo” para que realice las gestiones necesarias con el fin de obtener los datos que correspondían a la familia número 115, por ser pariente del cuerpo 3 de la fosa 3.

Durante otros ocho meses el expediente no presentó movimientos.

El 19 de enero de 2015 otro oficio informaba que el 19 noviembre de 2014 la Comisión Forense por fin exhumó los restos varados en Tamaulipas, los cuales llegaron el 21 a la capital del país; 33 de esos cuerpos habían sido exhumados en 2011 y otros 37 en 2014. Entre ellos iba el de Carlos Alberto.

A finales de enero de 2015 se lo entregaron.

Últimas noticias

El amparo de Bertila fue aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual reconoce, por primera vez, el derecho de familias migrantes a ser aceptadas como víctimas ante la justicia mexicana, a conocer la verdad y a acceder a las indagatorias sobre violaciones graves a los derechos humanos donde perdieron la vida sus parientes, como es el caso de San Fernando. Ella confía en que esta resolución abra la puerta para que las familias de migrantes encuentren a sus hijos que quedaron en cementerios clandestinos mexicanos.

El pasado miércoles 2, en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ella lloraba mientras escuchaba la resolución de los cinco magistrados al mismo tiempo que alzaba la foto de su Carlos Alberto.

“Mi hijo estuvo ahí, sentado conmigo –dice llorando–, y ¡ganamos, ganamos, ganamos! Está más cerca la justicia, para mí y para todos.”

Sonríe al recordar un sueño que tuvo los primeros meses en que su hijo desapareció. Estaba ella frente a cinco hombres vestidos de negro, ante una mesa redonda, cada uno de los cuales portaba un cartel con la palabra “justicia”. Recordó ese sueño al entrar a la Suprema Corte.

La Fundación para la Justicia espera que en la sentencia final se reconozca la calidad de migrantes de las víctimas, se analice el caso como una grave violación a los derechos humanos, se reconozca también a las víctimas de desaparición, se analice la obstaculización a la justicia que representa dividir los casos entre PGR y procuradurías estatales –como en la historia de Bertila– y que se revise el trabajo de Servicios Periciales.

“Siempre quise saber la verdad, siempre he pedido justicia. Que la muerte de mi hijo no quede impune. Yo quiero saber, porque siento que un día habrá justicia”, señala Bertila confiada. l

*Este reportaje forma parte de la serie “Másde72”, con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, un proyecto del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.


Fuente: Proceso
Autora: Marcela Turati
http://www.proceso.com.mx/433037/433037

Sean Penn y productores “chamaquearon” a mi hija: Erick del Castillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Erick del Castillo, actor y padre de la actriz mexicana Kate del Castillo, afirmó que Sean Penn y los productores argentinos que lo acompañaron a su encuentro con Joaquín El Chapo Guzmán, “chamaquearon” a su hija.

Según su versión, el actor estadunidense y los productores Fernando Sulichin y José Ibáñez la “presionaron” para que los “conectara” con el narcotraficante, le propusieron “ciertas cosas” y luego no le cumplieron, como darle crédito en el artículo publicado por Penn en la revista Rolling Stone.

En entrevista con Radio Fórmula, el actor se quejó del trato de las autoridades hacia su hija, el cual atribuyó a las declaraciones que ha hecho en contra.

Según dijo, el único error de Kate fue haber publicado en Twitter un mensaje en el que le pedía a Guzmán Loera traficar con amor, o cuando criticó la pronunciación en inglés del presidente Enrique Peña Nieto, o cuando afirmó que a ella nunca le pagaron en Televisa lo que le pagaron a Ángélica Rivera como actriz para poder comprarse la casa blanca de las Lomas.



Todas esas, dijo, han sido críticas abiertas de lo que piensa su hija a quien calificó como “temeraria” pero afirmó que “hay quienes dicen cosas perores” por lo que no se debe satanizar a su hija por externar su opinión respecto al gobierno, cuando mucha gente tampoco está de acuerdo con él.

Del Castillo dijo que le gustaría hablar en privado con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para decirle “que le baje y también le diré a mi hija que le baje” a sus críticas.

El actor comentó que pese a que su hija tiene una grabación pendiente con Netfllix en México, la serie “La ingobernable” no viene porque teme ser detenida. Si bien, dijo, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo le ha extendido un citatorio para declarar, teme que al venir a México la arraiguen en “un hotelucho” 80 días y luego cambien su situación jurídica.

Insistió en que su hija jamás ha recibido recursos de El Chapo, que siempre ha sido una mujer trabajadora y lo que tiene es producto de su trabajo, incluido su tequila.

Al respecto, criticó la postura de los productores de tequila, a quienes Kate siempre ha apoyado y que ahora están “muy calladitos”.


Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/433045/sean-penn-productores-chamaquearon-a-mi-hija-eric-del-castillo

Condena Inmujeres 'festejo' sexista de la SSP-Veracruz

Ciudad de México. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) expresó la “más enérgica condena por el vergonzoso 'festejo' con strippers y chistes sexistas” que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz organizó para las policías el pasado 8 de marzo.
La dependencia del gobierno de Javier Duarte, contrató además un payaso que hizo bromas sexistas sobre la virginidad y el “sexo débil”. Eso ocurrió el pasado martes, el Día Internacional de la Mujer, y hasta este jueves el Inmujeres censuró la celebración y lamentó “que se pretenda banalizar una fecha tan significativa”.
A los bailarines no los tuvieron que contratar, pues 12 elementos de la corporación policíaca se encargaron de dar el espectáculo en la Academia de El Lencero, ubicada en el municipio Emiliano Zapata.
Esos hechos “constituyen un agravio para todas las mujeres, no sólo porque denotan ignorancia respecto del origen y sentido de esta importante conmemoración, sino porque en el supuesto festejo se recurre a expresiones machistas y misóginas”, sostuvo la dependencia en un comunicado.
El Día Internacional de la Mujer “es un día para reflexionar sobre los avances, que por décadas, han impulsado muchas mujeres” y sobre los desafíos que aún existen.
En 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. No fue al azar que se escogiera ese mes. En marzo de 1908, en Nueva York, miles se manifestaron por mejoras salariales y derecho al voto de la mujer, entre otras demandas.
Once años antes, en marzo de 1857, obreras del sector textil de Estados Unidos ya se habían movilizado por sus derechos laborales. El 25 de ese mes, pero de 1911, 123 mujeres y 23 hombres murieron calcinados en una fábrica. No pudieron escapar, pues estaban encerradas para evitar que se sumaran a las protestas sindicales.
El Inmujeres calificó como “reprobable” que servidores públicos de cualquier ámbito no respeten su compromiso con un lenguaje no sexista y su compromiso de realizar acciones con perspectiva de género y utilicen además, recursos públicos para frivolizar una fecha tan significativa.
Las instituciones del Estado, ya sea del ámbito federal, estatal o municipal, “debemos ser los principales promotores de un profundo cambio cultural que valore y respete a sus niñas y mujeres”. Finalmente, confío en que se investigará y sancionará a quien corresponda, aunque lo mejor es “la no repetición de estos penosos acontecimientos”.


Fuente: La Jornada
Autora: Blanca Juárez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/10/condena-inmujeres-festejo-sexista-de-la-ssp-veracruz-1765.html