CIUDAD DE MÉXICO: Alejandro Murat, candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal al gobierno de Oaxaca, encabeza las preferencias con 35 puntos porcentuales.
En segundo lugar se ubica el abanderado del PAN-PRD, José Antonio Estefan, con 26 por ciento de las preferencias, de acuerdo con una encuesta publicada hoy por el periódico El Financiero. Salomón Jara, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), está en la tercera posición, con 15 puntos porcentuales, seguido del abanderado del PT, Benjamín Robles, con 14. El 40 por ciento de los encuestados aprueba el desempeño del actual gobernador, Gabino Cué, y el 54 por ciento desaprueba su gestión. El 79 por ciento de los encuestados dijo tener “poco o nada” interés en el proceso electoral del estado y únicamente 20 por ciento respondió “mucho o algo”.
HERMOSILLO, Son: Más allá de aprobar leyes o iniciativas, en la última década los diputados sonorenses se han dedicado a gastar cientos de millones de pesos en inagotables y desconocidos fondos legislativos adicionales a sus salarios.
De acuerdo con la solicitud de acceso a la información pública 111/UE/LXI, con la “partida secreta” 3919, bautizada como “gestión legislativa”, los legisladores locales se adjudicaron discrecionalmente 408 millones de pesos del 2005 al primer trimestre de 2016, sin contabilizar sus jugosos sueldos. Al cabo de diez años esta “partida secreta” se ha incrementado 61% al pasar de 28.2 millones que se entregaban en 2005 a 45.7 millones al finalizar el 2015.
El PAN es el que más se ha beneficiado con esta prebenda legislativa al obtener 170 de los 408 millones, si se toma en cuenta que en 2005 ingresó 10 millones y para 2015 ya contaba con 18.9 millones, un incremento de 87% en sus percepciones. El siguiente en el orden es el PRI al beneficiarse con 160.5 millones de pesos de esta partida, debido a que en 2005 le fueron asignados 13.6 millones y en 2015 el monto fue de 17.9 millones, un ascenso de 31%. La tajada legislativa del PRD es de 26.4 millones de pesos. A diferencia de los otros institutos políticos, los perredistas sufrieron una disminución en sus ingresos porque en 2005 recibían 2.7 millones y al término del año pasado solo obtuvieron 2.3 millones; un decremento de 14.8%. Para este análisis se sumaron los ingresos del Panal y el PVEM por ser ambos “satélites” electorales del PRI y el PAN, además de que nunca han enfrentado una elección gubernamental con candidatos propios. En total, ambos han aglutinado 51.2 millones en los 10 últimos años, pues de recibir 1.8 millones en 2005 al 2015 ya reunían 5.5 millones, lo que representa un incremento de 310%. La Cámara de Diputados sonorense le entrega a cada congresista local 99 mil pesos mensuales únicamente de “partida secreta” y una suma extra anual por la misma cantidad para los contados casos en los que este dinero haya sido utilizado en contratar personal y que se tengan que cubrir bonificaciones de fin de año. Partida, por ley La ministración está sustentada en el artículo 165 de la Ley Orgánica del Congreso sonorense que señala: “Los grupos parlamentarios -integrados por dos o más diputados- y la representaciones parlamentarias -cuando existe un solo diputado de un partido- contarán con presupuesto para asesores, personal y elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. La ley interna es clara con respecto a la repartición proporcional de la “gestión legislativa”, pero no así en regular la forma de fiscalizar o transparentar los recursos que se les entregan a los congresistas. De acuerdo con la Dirección General de Administración, la comprobación de los montos repartidos por la partida 3919 es cuasidiscrecional porque los legisladores que reciben este dinero sólo están obligados a entregar un reporte financiero semestral que únicamente analiza la bancada a la que pertenecen. A su vez, el grupo parlamentario por mayoría avala esta mínima fiscalización y después se envía al Pleno del Congreso por medio de “correspondencia”, los congresistas dan por visto el reporte financiero – es decir, no lo analizan y aprueban- y sólo ordenan que se archive en la Oficialía Mayor, ya en esta etapa fuera del alcance de los ciudadanos. Con base en a un reporte oficial emitido por la Dirección General de Administración del Poder Legislativo, los congresistas locales reciben los 99 mil pesos por concepto de “gestión legislativa”, otros 52 mil 800 pesos de “sueldo base” que se suman a los 38 mil 318 por el rubro de “riesgo laboral” y los 25 mil 964 de “dieta”, que totalizan 219 mil pesos. Sin límites Epifanio Pavlovich, coordinador de la bancada priista y primo de la gobernadora Claudia Pavlovich, aseguró que no estaría dispuesto a renunciar a este fondo millonario. “Tendríamos que consultarlo a todos, pero la verdad que es un recurso que se justifica porque todos los congresos y parlamentos lo tienen. Es para poder trabajar y hacer bien nuestro trabajo. Es para capacitar al personal, para foros ciudadanos, tiene una razón de ser y yo en lo particular no estaría de acuerdo a renunciar a esta partida”, afirmó. En tanto Moisés Gómez Reyna, líder panista en la Cámara sonorense y exoperador financiero en la administración estatal de Guillermo Padrés, afirmó que el incremento de la “gestión legislativa” atiende a cambios inflacionarios de la década. Dijo que estaría dispuesto a someter a análisis de sus compañeros la cancelación de esta partida y presumió que la actual legislatura –la 61– a la que pertenece, dejó fuera otra millonaria partida conocida como “fondo legislativo”. Ésta consistía en otros cuatro millones de pesos anuales que se adjudicaban de manera discrecional los diputados. Gómez Reyna insistió sobre el acierto de cancelar el llamado “fondo legislativo”. Sin embargo, en la respuesta 111/UE/LXI, a la que se debe este análisis, no hace referencia alguna a una reducción presupuestal; por el contrario, evidencia la escalada del ejercicio de fondos públicos en el congreso local. El coordinador de la bancada del Partido Nueva Alianza Fermín Trujillo no fue incluido en este reporte debido a que no respondió las múltiples solicitudes de entrevista con el reportero, ni siquiera en una sesión ordinaria del Congreso. Más voracidad La presidenta del Congreso en marzo Célida López reprochó que si la “partida secreta” de 99 mil pesos fuera de 300 mil pesos mensuales “no alcanzaría”. La representante panista del segundo distrito local de Puerto Peñasco justificó que con este recurso mensual se cubre un sinnúmero de necesidades en las escuelas de la demarcación que representa para las iglesias cristianas compra de uniformes y la instalación de sistemas de aires acondicionados en viviendas. “Son una infinidad de peticiones que no alcanza; además el diputado no es una oficina de peticiones por lo que los diputados tienen que aprender a hacer gestiones; aunque con el dinero que nos dan se puede hacer la diferencia”, recalcó López. Y reconoció: “Si algún diputado se los quiere gastar en asuntos personales, podría darse la maña”. Un trabajador con el salario mínimo de 73.04 pesos avalado para 2016 tendría que laborar 5 millones 585 mil 980 días -sin gastar un solo peso- para reunir los 408 millones que reciben anualmente los diputados únicamente de “partida secreta”. Según el tabulador de “salarios mínimos profesionales” publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de diciembre, un albañil con un ingreso diario de 106 pesos con 49 centavos se vería obligado a erigir edificios durante 3 millones 831 mil 345 días o 10 mil 496 años de trabajo sin descanso.
Más: un periodista con un sueldo de 218 pesos con 87 centavos, redactaría notas informativas por un millón 864 mil 120 días, es decir estaría dedicado a informar unos 5 mil 107 años. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MILTON MARTÍNEZ. LINK: http://www.proceso.com.mx/434987/diputados-sonorenses-legislan-a-billetazos
La distinción es por el "inagotable esfuerzo" y "honorabilidad" del gobernador, según la instancia estatal que entregó la medalla, que tiene un valor de 5 mil 200 pesos.
En diciembre pasado, el Poder Ejecutivo del Estado de México otorgó una medalla de oro a su titular, Eruviel Ávila Villegas, a manera de auto-reconocimiento “por su gran trayectoria profesional”, por su “calidad humana”, así como por su “liderazgo”, su “inagotable esfuerzo”, su “solidaridad”, su “ahínco”, su “buena nombradía”, su “honorabilidad”, además de su “travesía intachable y sobresaliente”. La medalla entregada al titular del Ejecutivo fue otorgada por una de las dependencias a su cargo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local que, a pesar de que lleva el título de “Tribunal”, no pertenece realmente al Poder Judicial y no imparte justicia, sino que es un área administrativa más del gobierno estatal, que encabeza el mismo Eruviel Ávila.
Para justificar la entrega de esta medalla de oro, el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo señaló que la presea “es una forma de agradecerle (a Eruviel Ávila) el ahínco con el que, basado en sus iniciativas de reforma y decisiones, plausiblemente dirige el Estado de México”. El titular del TCA mexiquense, Miguel Ángel Terrón Mendoza, señaló además que, “dada su intervención como gobernador”, Ávila Villegas merece que sean “enaltecidos” algunos “de los valores que lo caracterizan”, ente los cuales se destacó su “responsabilidad, legalidad, compromiso por el bien común, solidaridad, respeto, lealtad e integridad”. Sobre las características físicas de la medalla otorgada a Eruviel Ávila, el TCA se negó a dar información sobre su diseño, materiales, gramaje y dimensiones exactas, y únicamente informó que se trata de una medalla hecha en oro, con dimensiones de “4×5” (sin aclarar qué significa eso), y su valor fue de 5 mil 200 pesos. Según la factura emitida por la empresa Roa Promocionales (encargada de fabricar la medalla, y de la cual Animal Político obtuvo copia) esta presea personalizada fue adquirida el 9 de diciembre de 2015, es decir, ocho días antes de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conociera y aprobara la propuesta de galardonar a Eruviel Ávila. Dicho de otro modo: el galardón para Eruviel fue adquirido antes de que formalmente fuera discutida, votada y aprobada la propuesta por el pleno del organismo. Aún así, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo aseguró que, como organismo público, se caracteriza por su “honestidad” e “imparcialidad”.
En febrero se tuvo un promedio de averiguaciones por el delito de homicidio que no se había registrado desde mediados del 2013; Colima desplazó a Guerrero con la mayor tasa de homicidios en todo el país.
México llegó a los niveles de homicidio más altos de los últimos dos años. En febrero de 2016 fueron asesinadas, en promedio, 55 personas todos los días, un registro récord desde que se comenzó a revelar el registro oficial de víctimas de estos crímenes en enero de 2014. Los asesinatos registrados en febrero significaron un promedio diario de más de 51 averiguaciones abiertas por este delito en las procuradurías del país, la mayor incidencia de homicidio doloso desde junio del 2013. En total, de acuerdo con los datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los dos primeros meses de este año suman tres mil 158 personas asesinadas, 11 por ciento más que en el primer bimestre de 2015 y 6 por ciento más respecto al primer bimestre de 2014. El experto en temas de seguridad Alejandro Hope, destacó que el promedio diario de asesinatos de febrero es relevante porque confirma que la incidencia de homicidios prácticamente ha regresado a los niveles de arranque del sexenio. “Básicamente el progreso en el descenso de homicidios que vimos en la segunda parte de 2013 y todo el 2014 ya se revirtió. Regresamos a los niveles de violencia del inicio de la administración y al ritmo que vamos, podríamos incluso regresar al promedio que vimos en el 2012” dijo Hope. El analista consideró que 2016 podría cerrar con una tasa nacional de homicidios de unos 20 casos por cien mil habitantes, lo que confirma un incremento respecto a 2015. Se trata de un crecimiento que no es aislado. “Si bien en febrero tuvimos casos de extrema violencia como el de Topo Chico en Nuevo León (donde murieron casi 50 personas), esta es una tendencia al alza que se está registrado en varias partes del país y prueba de ello es que estados como Colima aparecen junto con Guerrero y Sinaloa con las tasas más altas de crímenes” dijo Hope. Febrero tampoco fue positivo en secuestros. De acuerdo con datos de la Organización Alto al Secuestro las denuncias se incrementaron 13 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. Esto, pese a que hubo un subregistro de 44 plagios que ocurrieron pero no se contabilizaron. Crímenes suben en 18 estados; Colima lidera El incremento de los homicidios en 2016 alcanza a más de la mitad del país. En total 18 estados registraron incrementos en el primer bimestre del año, y en cinco estados el incremento supera el cien por ciento. Por primera vez en cuatro años, Guerrero no es el estado con la mayor tasa de homicidios del país. Con los casos registrados en febrero, Colima ocupa ya ese sitio, lo que confirma una incremento en la violencia en ese estado. Es un hecho inédito pues dicho estado nunca había se había ubicado a la cabeza en la incidencia de este delito. Los datos oficiales arrojan que en el primer bimestre del año, Colima registró 71 casos con 78 víctimas. Tomando en cuenta que es una entidad federativa con apenas 650 mil habitantes, es un promedio de 9.65 crímenes por cien mil habitantes. Para ponerlo en proporción, en Guerrero la tasa fue de 9.09 asesinatos. El disparo de homicidios en Colima supera el 300 por ciento. Pao de 17 averiguaciones en el primer bimestre de 2015 a las 71 de ese año El año pasado el estado no aparecía siquiera en los primeros cinco sitios de incidencia de este delito. Si bien Guerrero no tiene la mayor tasa de homicidios, la violencia en ese estado no ha cedido, al contrario. El primer bimestre de 2016 dejó un saldo de 326 personas asesinadas, 17 por ciento más que en el mismo periodo de 2015 donde el registro fue de 278 víctimas. Sinaloa es otro estado con un incremento significativo en los homicidios. En febrero se registraron 117 casos, un incremento del 50 por ciento respecto al mismo mes de 2015. Es la tercera entidad con la mayor tasa de asesinatos del país. Baja California es la entidad con la cuarta tasa de homicidios y tiene un alza notable: 111 personas asesinadas en ese estado en el primer bimestre de 2015 contra 180 ya en el mismo periodo de este año. En Morelos, que se ubica en el quinto sitio en incidencia, las víctimas pasaron de 69 a 91. Hay otras entidades que tienen un incremento de homicidios superior al cien por ciento en el primer bimestre del año. Es el caso de Veracruz en donde las víctimas de los asesinatos pasaron de 68 a 139, Nuevo León de 65 a 137, Campeche en donde subieron de 9 a 20, y Yucatán que se dispararon de solo dos a nueve casos. Aunque públicamente se ha atribuido el alza de homicidios en algunas de estas entidades a temas como la delincuencia organizada, Hope dijo que tendría que ser el gobierno el que diera una explicación, sin embargo, subrayó que el incremento de este delito es un tema del que no hay un pronunciamiento oficial.
“No se dice nada pero al ritmo que vamos, en los datos de INEGI vamos a cerrar seguramente en 23 mil homicidios (en el año). Un año más de crecimiento de este delito al mismo ritmo y vamos a estar otra vez en el nivel de violencia del 2012” dijo el analista.
Febrero loco Entre los hechos de violencia registrados en febrero destaca el de la riña ocurrida en el penal estatal de Topo Chico en Nuevo León, el pasado 11 de febrero, que dejó un saldo de 49 personas muertas además de una docena de heridos. Este hecho fue responsable de que en ese mes las victimas de homicidios se duplicaran en la entidad. En el Distrito Federal, el 25 de febrero se registró el homicidio de cuatro personas, entre ellas una mujer, en un domicilio de la colonia El Rosario en el Distrito Federal. Las autoridades capitalinas presumen que el caso está relacionado con la venta de drogas al menudeo. Los casos en Guerrero fueron múltiples. Por ejemplo, el 1 de febrero la Fiscalía del estado informó de la muerte de nueve personas en varios hechos de violencia. El 17 de febrero, las autoridades reportaron una decena de victimas producto de varios asesinatos en la zona del puerto de Acapulco. La violencia en febrero también cobró la vida de una periodista. En este caso fue la reportera Anabel Flores quien el 8 de febrero fue secuestrada en su propia casa en el municipio de Orizaba y 24 horas después apareció muerta en el estado de Puebla. Las autoridades del gobierno estatal atribuyeron el hecho a la delincuencia organizada.
Por todos los homicidios ocurridos en febrero, el Sistema Nacional de Seguridad reportó que se abrieron mil 477 averiguaciones previas, la cifra más alta para un mes de febrero desde el correspondiente a 2012 cuando el numero fue de mil 679 casos.
Los secuestros no ceden La organización civil Alto al Secuestro dio a conocer que en el mes de febrero se registraron 155 casos de secuestro con un total de 201 víctimas en el país. De todos esos casos solo 111 quedaron radicados en una averiguación previa. El balance es negativo en todas las comparaciones, según la organización. En comparación con enero es un repunte del seis por ciento, y respecto a febrero de 2015 el alza es de más de once por ciento. Isabel Wallace, presidenta de Alto al secuestro, advirtió su preocupación no solo por el nulo avance en el combate a este delito este año, sino por la forma deficiente en cómo se están investigando los casos, que provoca que haya secuestros por los que ni siquiera se inicia una averiguación previa. En una reunión sobre el tema, autoridades del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicaron que se prepara un proyecto de reforma de ley para supervisar el registro de los delitos en los estados.
Académicos y representantes de organizaciones civiles criticaron la política del Gobierno mexicano sobre las drogas. El 19 de abril las autoridades mexicanas tendrán que fijar una postura sobre el combate al narcotráfico y la legalización ante las Naciones Unidas. En el fondo, apuntalaron los críticos, la guerra contra las drogas en México fracasó por la corrupción.
El fenómeno de la corrupción hace que las políticas antidrogas de México carezcan de efectividad, alertaron académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales en un foro organizado por el Senado para debatir sobre la política del Gobierno de cara a la posible despenalización del consumo de la mariguana. Lorenzo Meyer Cossío, investigador de El Colegio de México, fue uno de los investigadores que durante una jornada de más de 11 horas apuntaron que los problemas de corrupción del país han reducido la capacidad del Estado para tener una política contra las drogas que evite miles de muertes.
“El tema de las drogas y el crimen ha puesto en relieve una debilidad enorme del Estado. Y ésta se manifiesta en el papel que tiene la corrupción en las instituciones mexicanas”, dijo Meyer Cossío.
El índice de Percepción de la Corrupción 2015 de la organización Transparencia Internacional (TI), posicionó a México en el puesto número 95 de 168 países. Por cuarto año consecutivo el país reprobó de acuerdo a los parámetros de TI, con 35 puntos de 100 posibles. “El problema lo ha puesto sobre la mesa el momento el que inicia la llamada guerra contra las drogas y el narcotráfico en el 2006. En esta decisión muy irresponsable que se tomó en el 2006, ahí se queda evidenciado que si el Ejército y la Armada no pueden resolver este problema, entonces no hay forma de resolverlo”, declaró. El investigador indicó que México no tiene la capacidad de sostener ninguna estrategia que se acuerde durante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) en Nueva York. Otros exponentes coincidieron que la actual política prohibicionista de las drogas ha sido un fracaso por los altos índices de violencia generados. Un informe hecho público en el Senado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con datos de la Procuraduría General de la República, reveló en el 2014 que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa hubo 120 mil muertes relacionadas con el narcotráfico. Fernando Tenorio Tagle, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, detalló que las guerras han sido utilizadas a lo largo de la historia como un elemento político.
“La guerra lo que tiene es que se convierte en el instrumento simbólico más importante de cohesión social, porque nos une para luchar contra otro. Siempre que hay un problema político se inventa una guerra para cohesionar”, detalló.
Tenorio exhortó a que la nueva política de las drogas haga hincapié en el mercado de las drogas y no en su prohibición. “Los delincuentes son racionales, por ejemplo, si se roban autopartes, lo hacen porque alguien las va a comprar, o sea no son estúpidos, no los roban para guardarlos, entonces, la misma sociedad es la que compra estos productos. Esto se basa en la acumulación de capital”, explicó al auditorio.
¿Y SI SE DESPENALIZAN?
Otro aspecto debatido durante el evento llamado “Audiencias Públicas sobre el posicionamiento de México ante la UNGASS” fueron los impactos en la salud de la sociedad. Gady Zabicky, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conminó a los especialistas de salud a conceder valor a drogas que tienen efectos positivos en la salud, como algunos productos derivados de la cannabis. “En 20 años que llevo haciendo política de drogas, no habíamos logrado modificar las políticas, como sí lo hicieron la niña Graciela y sus padres”, dijo en referencia al caso de Graciela Elizalde Benavides, una niña de 8 años, enferma de epilepsia, a quien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concedió el uso medicinal de un producto derivado de la mariguana.
“Solicito un alto al fuego, eso es lo que yo pediría en el UNGASS, una amnistía para todas las personas que sufren. Hablar de la guerra contra las drogas es un eufemismo, porque esto es una guerra contra las personas. Al tratar de evitar que se hagan daño , les hemos hecho más daño nosotros”, dijo el profesor Zabicky.
Sin embargo, las autoridades del Gobierno presentes insistieron en los impactos que despenalizar las drogas podría tener en la salud de los individuos. “El consumo de sustancias no sólo daña la salud. Afecta la familia y repercute en diferentes ámbitos, y las drogas se asocian a otros graves problemas, como es la violencia intrafamiliar, escolar e intracomunitaria”, dijo Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado Nacional Contra las Adicciones. En México no hay prohibicionismo, sostuvo Mondragón, aunque se mostró abierto, de estar demostrado, a incluir cualquier cambio en la legislación con el fin de utilizar productos derivados de drogas que traten enfermedades. Asimismo, negó que México tenga una postura cerrada en cuanto a las drogas y resaltó que el Estado no penaliza a farmacodependientes, consumidores o quienes tengan cierta cantidad de posesión, tal como lo indica el artículo 478 de la Ley General de Salud.
“México no penaliza la posesión, 40 miligramos de heroína [en realidad son 50, de acuerdo con la Ley], medio gramo de cocaína y 5 gramos de mariguana”, recordó Mondragón.
Por su parte, Antonio Mazzitelli, Representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en México explicó que la postura de la ONU está centrada en generar convenios que promuevan la salud y afinen la proporcionalidad de las penas. “Ahora como decía antes, entre más desarrollada es una sociedad, más se puede permitir el lujo de cubrir los gastos asociados a las drogas. Esa es mi experiencia en más de diez años”, dijo. De acuerdo con el representante, en aquellos países donde los sistemas de salud no tienen la capacidad de hacer frente a estos problemas, las enfermedades de las drogas son más propensas a extenderse. Este debate de posiciones encontradas podría radicar en lo moral, explicó Jorge Chabat, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). “Si uno tiene un hijo que está enfermo, pues claro, va decir que lo prohiban, si uno tiene un hijo que lo mataron, pues claro que va decir que ya quiten la prohibición. La gran pregunta es cómo le hacemos para lidiar con este problema. El actual enfoque no ha funcionado muy bien. Y la SCJN decidió que era una decisión individual”, reflexionó.
¿AYUDA INTERNACIONAL?
Francisco Meyer Cossío detalló que las actuales autoridades tampoco han sido capaces de pedir ayuda a la Organización de las Naciones Unidas para fortalecer el Estado de Derecho. Y citó el caso de Guatemala, donde la impunidad alcanzó un grado tal que tuvieron que pedir ayuda internacional, lo que desembocó en que el Presidente saliera del Gobierno a la cárcel.
“No veo yo que la SRE [Secretaría de Relaciones Exteriores] vaya a pedir ese tipo e ayuda. Al contrario, está expidiendo posiciones defensivas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el mundo externo se meta lo menos posible con nuestras estructuras institucionales”, dijo.
Pese a qué México hizo un llamado las Naciones Unidas en el 2012 de buscar alternativas a la política prohibicionista de las drogas junto a Guatemala y Colombia, el Presidente Enrique Peña Nieto se ha limitado a abrir los debates sobre la mariguana. Ante esta postura, los académicos no esperan una sorpresa de parte del Gobierno mexicano en Nueva York. Al tiempo que la ONU, tampoco, parece cambiar su visión sobre las drogas, en relación a lo que ha sido en los últimos años. Antonio Mazzitelli recalcó que por ahora los convenios internacionales de la ONU se han centrado, sobre todo, en el tráfico ilícito de estupefacientes. “La UNGASS quiere poner fin a la guerra contra las drogas, pero no quiere poner fin a la guerra contra los traficantes”, dijo, por considerar que son los causantes de las muertes.
Pese a ser una audiencia pública organizada por el Senado, Meyer expuso sus dudas respecto a que las conclusiones de los panelistas fueran tomadas en cuenta por el Gobierno de cara a la UNGASS. Y en tono jocoso dijo: “Yo creo que el posicionamiento de México ya está hecho. Si ahorita lo tuvieran que hacer estarían retrasadísimos”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/29-03-2016/1641487
CIUDAD DE MÉXICO: A pesar del clamor de los padres de los normalistas de Ayotzinapa para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se quede en México hasta saber qué pasó con los jóvenes, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que su trabajo concluye en abril y no habrá prórroga.
En entrevista con Radio Fórmula el funcionario afirmó que hasta ahora se han dado “ absolutamente todas las facilidades solicitadas” al grupo de expertos y que el acuerdo con los padres, su defensa y las organizaciones que los acompañan fue que los expertos concluirán su trabajo a finales de abril y así será.
Y ante el reclamo de los padres quienes piden que el plazo de la investigación del GIEI sea indefinido o hasta saber qué ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, Osorio Chong señaló que en lugar de discutir eso se avance en la investigación pues todavía “les falta un mes y seguimos trabajando en el tiempo que nos queda”.
Reiteró que hasta el momento y en lo posible, el gobierno mexicano les ha dado a los expertos “todas las facilidades: los ministerios públicos, equipo, nuevas líneas de búsqueda, absolutamente todo para seguir adelante en la investigación de estos lamentables hechos”, dijo.
El titular de la Segob recordó que el año pasado se amplió el plazo para las investigaciones del GIEI y no cabe otra.
“Estamos dentro del plazo, estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que viene realizando y en abril termina ese trabajo”, recalcó.
CUERNAVACA, Mor: Familiares de víctimas de desaparición en Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Morelos demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) autorizar de inmediato la apertura de las dos fosas clandestinas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Morelos para exhumar los 150 cuerpos que fueron colocados hace dos años por esa dependencia del gobierno estatal.
En el marco de la conmemoración del Día Estatal de las Víctimas, los familiares advirtieron que no permitirán que la Fiscalía estatal intervenga en la exhumación, toda vez que –acusaron– los mismos funcionarios que cometieron “el crimen” de inhumar ilegalmente esos cuerpos en 2014, continúan en la dependencia. “La Fiscalía (de Morelos) no puede ser juez y parte, por eso deben ser peritos independientes los que comprueben la identidad de los cuerpos”, demandaron. En el evento, realizado en la Ofrenda de las Víctimas que desde hace cinco años ocupa un espacio en los arcos de Palacio de Gobierno, en pleno centro de Cuernavaca, participaron además de los representantes de Eslabones por los Derechos Humanos, el poeta Javier Sicilia Zardain, quien hace un lustro perdió a su hijo Juan Francisco, junto a otros cuatro jóvenes y dos adultos, masacrados y encajuelados. El poeta hizo un llamado “a los ciudadanos a no dejarse engañar por una nueva forma de dictadura disfrazada de democracia. “Quieren instalarnos la inseguridad como forma de vida, hoy más que nunca debemos estar unidos para buscar juntos refundar al estado de Morelos y la nación en un pacto donde el centro de la vida sea la paz, la justicia y la dignidad y no la simulación, la mentira, la violación a los derechos humanos y la destrucción del territorio. No hacerlo es aceptar que siembren la desconfianza entre nosotros usando la calumnia y torciendo la ley”, dijo. A nombre del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Sicilia exigió al gobierno estatal se exhumen los cuerpos de las fosas de Tetelcingo, en conjunto con la UAEM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la PGR, pero también demandó abrir las otras fosas de la entidad, particularmente una que existe en el panteón municipal de Jojutla, donde habría 68 cuerpos sin identificar. Asimismo exigió que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) de Morelos deje de estar subordinada al ejecutivo. Y es que la comisión se instaló apenas el año pasado, aunque sus integrantes fueron designados por el Congreso del estado un año antes. De acuerdo con organizaciones civiles, la CEAV no tiene la independencia necesaria para hacer su labor pues el gobierno del estado aprovechó una laguna legal para crear una “coordinación ejecutiva”, misma que ocupa Nadxelli Carranco Lechuga, quien no fue elegida por el Legislativo, sino “impuesta” por Graco Ramírez. Por ello Javier Sicilia demandó al Congreso local y al ejecutivo dejar trabajar a la CEAV, que sea independiente y que cuente con recursos para estar al servicio de las víctimas y no del poder. También demandó la creación del Consejo de Participación Ciudadana con representantes de la ciudadanía. Piden que la UAEM realice la exhumación En tanto, Alejandro Solalinde, fundador del Albergue Hermanos en el Camino para migrantes centroamericanos, una de las voces más importantes en la defensa de los derechos de las víctimas, participó en el evento y demandó al gobierno de Morelos incorporar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en la labor de identificar los 150 cuerpos inhumados clandestinamente el 28 de marzo de 2014 en Tetelcingo. Dijo que sabe de la capacidad de la UAEM en el tema, por lo que se sumó a las voces que demandan que no sea la Fiscalía del estado, sino un organismo “independiente” el que se haga cargo de la exhumación, clasificación e identificación de los cuerpos. El domingo pasado, la máxima casa de estudios de Morelos comenzó el trabajo de creación de un banco de información de perfiles genéticos a fin de estar preparados para el momento de la exhumación. Al respecto el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, dijo: “Después de recibir la negativa sistemática del gobierno del estado y sus autoridades, ayer (el domingo) iniciamos los trabajos para realizar las pruebas de identificación genética que nos permitan construir una base de datos con la cual cruzaremos información, y esperamos que la Procuraduría General de la Republica resuelva de manera favorable que se intervengan las fosas y se exhumen esos cadáveres con la participación del equipo científico de la universidad”. Por su parte, Iván Martínez Dúnker, presidente de la Comisión Científica de Identificación Humana y director del Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC) de la UAEM, explicó que con el apoyo de investigadores universitarios y del Programa de Atención a Víctimas, el domingo se realizó en el Centro Médico Universitario la recolección de muestras de sangre para la realización de los perfiles genéticos de los familiares de víctimas. “En los próximos días tendremos los resultados de los perfiles genéticos y se incluirán en una base de datos internacional, que estará disponible para cruzar información, gracias a los vínculos de la UAEM con la Universidad de Granada, España, que es la primera universidad en México en ser sede del programa internacional Fénix, dedicado a la localización de personas desaparecidas”, dijo. El rector Jesús Alejandro Vera Jiménez afirmó que “no hay posibilidad de que la verdad salga a la luz si la Fiscalía del estado interviene en las fosas, porque ellos fueron los que inhumaron de manera criminal los cuerpos y no estamos de acuerdo ni dispuestos a permitir que ellos hagan el trabajo de exhumación”. Esta acción, dijo, “la tienen que hacer los familiares de las víctimas acompañados de quienes decidan y decidieron que fuera la UAEM. “Sería un suicidio político que no lo permitieran, porque además sería una apología de la ilegalidad si se les niega ese derecho a las víctimas. Esta universidad está poniendo a su disposición toda su capacidad científica, técnica, pero sobre todo, su sensibilidad humana para hacer de esta institución una más cercana al dolor y al sufrimiento”, expresó. Vera Jiménez hizo un reconocimiento al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad representado por Javier Sicilia, pues “ha hecho visible el horror que estamos viviendo y le ha dado cauce a toda la indignación de quienes no estamos conformes con la respuesta que hemos recibido de las autoridades a lo largo de estos años, de opacidad, de mentira, que no le hacen justicia verdadera a las víctimas ni a sus familiares”. Oración y homenaje a las víctimas Más tarde, Solalinde y Vera Jiménez, acompañados de los familiares de las víctimas de desaparición, se trasladaron a las fosas clandestinas de Tetelcingo, ubicadas al norte de Cuautla, a unos 40 kilómetros de Cuernavaca. Ahí colocaron una serie de ofrendas florales sobre las fosas, mismas que se encuentran cercadas por cintas amarillas y vigiladas por dos camionetas con policías del Mando Único de Cuautla. Alejandro Solalinde encabezó una oración comunitaria por las personas inhumadas en esos depósitos y pidió por sus familias. Y una vez más demandó justicia porque, dijo, no hay descanso para las víctimas, pero tampoco para sus familias que siguen buscándolos todos los días.
“Es muy doloroso tener que conmemorar a las víctimas y estar luchando para que el gobierno cumpla con su trabajo, pero no tiene la calidad moral para hacerlo y desde aquí le decimos que vamos a seguir luchando porque la ley de víctimas debe ser respetada”, sostuvo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JAIME LUIS BRITO. LINK: http://www.proceso.com.mx/434973/familiares-desaparecidos-piden-abrir-las-fosas-la-fiscalia-morelos
La joven expresó en redes sociales que los cuatro jóvenes señalados como presuntos responsables de su violación en Veracruz mienten y saben que no son inocentes.
Daphne, la menor que acusó haber sufrido abuso sexual en Boca del Río, Veracruz, publicó una carta en redes sociales en la que menciona que los cuatro jóvenes señalados en el caso saben que son responsables, y se cuestiona si por usar falda corta o salir de fiesta se merecía lo que le sucedió. “Me siento triste porque me siento sola, sé que no es así pero así lo siento, muchos de mis “amigos” y muchos de mis “conocidos” dudaron”, indica en una parte del texto. “YO sentía una patada en el estomago de saber que CLARO QUE NO son inocentes, de saber que ELLOS SABEN la verdad, ellos saben lo que pasó esa noche y aun así siguen mintiendo”, agregó respecto a los presuntos responsables de la violación que acusa.
“Sé que no puedo estar segura al 100%, pero yo sé que en las noches lo piensan, antes de quedarse dormidos se acuerdan, no sé cómo no están perdiendo la cordura después de TANTAS mentiras porque sé que de sus corazones y mentes no podrán borrarlo, podrán decir lo que sea, su abogado podrá inventar mil tonterías, pero en su conciencia va a estar ahí de por vida”. En su carta también menciona que es “aterrorizante” y “deprimente” que alguien mencione que su caso es político, que le dieron dinero a su familia o que trata de extorsionar al exponerlo. “Dios los perdone, Dios los perdone porque todos aquellos que tienen siquiera esos pensamientos es porque no están en nuestro lugar y solo lo entenderían estando en nuestro lugar, porque NO tienen UNA sola idea del infierno que se vive”, acusó. En otro punto de su mensaje ella persiste en responder a críticas que dice haber recibido, después de que su caso se hiciera público. “Sí he tomado, sí he salido de fiesta, sí he usado faldas cortas, como la gran mayoría por no decir que todas las niñas de mi edad, ¿por eso me van a juzgar? ¿por eso me lo merecía? ¿Por eso pasó lo que pasó? ¿Por andar de noche con mis amigas? Pregunto a aquellos que criticaron e hicieron páginas para atacarme, entonces yo les pregunto ¿POR QUÉ?”
El pasado lunes 28 de marzo, el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo, dijo en conferencia de prensa que los videos donde cuatro jóvenes hablan sobre la agresión que sufrió Daphne no son una confesión de un delito.
“Esos videos, que al menos son los que yo he visto, no hablan de una confesión, hablan de una disculpa”, expresó el funcionario. “Necesitamos investigar, no es un asunto fácil de investigar”. En tanto, el padre de la joven ha acusado que el caso está impune y que la defensa de los jóvenes señalados trata de entorpecer el proceso legal, evitando que se haga justicia. El texto completo, escrito por Daphne:
“Me dije a mi misma que no pondría nada al respecto, al menos no directo pero creo que ya toque fondo.
He leído muchos comentarios, de todo tipo, acepto que la mayoría son apoyandome gracias a Dios, de lo que me pude dar cuenta es que la mayoría de las personas que me apoyan o se atreven a comentar, compartir son gente que no conozco, me siento triste por que me siento sola, se que no es así pero así lo siento, muchos de mis “amigos” y muchos de mis “conocidos” dudaron y me juzgaron (antes de que salieran los vídeos) y aun con los vídeos siguieron o siguen criticando, algunos otros optaron por poner estados “neutrales” como “no sabemos la verdad no hay que juzgar” “no sabemos si son inocentes o no”, por favor si hubieran querido ayudar o ponerse en una posición neutral mejor no hubieran puesto nada, eso solo me lastima mas ya que al poner ” no sabemos si son inocentes o no” YO sentía una patada en el estomago de saber que CLARO QUE NO son inocentes, de saber que ELLOS SABEN la verdad, ellos saben lo que paso esa noche y aun así siguen mintiendo.
Se que no puedo estar segura al 100%, pero yo se que en las noches lo piensan, antes de quedarse dormidos se acuerdan, no se como no están perdiendo la cordura después de TANTAS mentiras porque se que de sus corazones y mentes no podrán borrarlo, podrán decir lo que sea, su abogado podrá inventar mil tonterías, pero en su conciencia va a estar ahí de por vida.
También leí comentarios diciendo ” que la víctima de la cara y nos cuente su parte de la historia” Por favor, como si yo hubiese querido que esto se supiera o se hiciera viral para “dar la cara”… los que me conocen saben como soy y saben que NUNCA me hubiese gustado estar así de EXPUESTA, que de la cara? yo no me estoy escondiendo, no estoy diciendo nada mas que la verdad, no tengo nada de que arrepentirme. Por cierto eso que dijo el abogado que cambie mi versión, es totalmente mentira, yo no he cambiado nada ni lo haré porque simplemente declare lo SUCEDIDO ni mas ni menos.
Tristemente esto no terminó como yo hubiese querido, quedé expuesta a nivel nacional, quedé señalada por la sociedad, quedé muy triste y decepcionada de algunas personas, me quedé sin muchas personas que creía que eran mis “amigos”.
Es aterrorizante y muy deprimente para mi el hecho de que ahora digan que es “político”, que “nos dieron dinero”, que estamos “extorsionando”, Dios los perdone, Dios los perdone porque todos aquellos que tienen si quiera esos pensamientos es porque no están en nuestro lugar y solo lo entenderían estando en nuestro lugar, porque NO tienen UNA sola idea del infierno que se vive.
Si, meses después intente seguir con mi vida, a los ojos de los demás muchos podrán decir que “estaba bien”, pero quienes estaban conmigo en las noches? cuando lloraba hasta quedarme dormida, cuando me deprimía, cuando destroce mi cuarto varias veces por enojo e impotencia , Donde estaban todos aquellos que el día de hoy se atreven a juzgarme?
Si he tomado, si he salido de fiesta, si he usado faldas cortas, como la gran mayoría por no decir que todas las niñas de mi edad, por eso me van a juzgar? por eso me lo merecía? por eso paso lo que paso? por andar de noche con mis amigas? Pregunto a aquellos que criticaron e hicieron paginas para atacarme, entonces yo les pregunto PORQUE?… digo ya que al parecer ustedes creen que son “jueces” de lo que sucedió.
Muchos hablan, juzgan, critican, cuestionan el comportamiento de mi papa en este asunto, lo que ustedes no saben es que todo lo hizo por mi, muchos dicen “aquí hay gato encerrado” si yo fuera el padre “los mato”, si yo fuera “esto y lo otro” , “si yo fuera..” , exacto, NO lo son, no saben lo que se siente vivirlo en carne propia y espero nunca tengan que saber.
Se que no debería porque no tengo o debo de darle explicaciones a todas esas personas que dicen “yo creo que el padre de la víctima actúo mal”, bueno les contesto: si actúo como actúo fue porque yo no quería NADA ni legal, ni social como salió ahorita, ni absolutamente nada solo quería paz y tranquilidad, yo no quería quedar expuesta como paso ahorita, yo no quería ser juzgada o señalada por la sociedad, yo lo único que quería era un porque?, así que ahí lo tienen, le rogué y suplique a mi papa que no hiciera nada al respecto y el me contestaba “por favor no me ates de manos, al menos déjame hablar con sus papas, que sus papas sepan que tipo de hijos tienen” por eso y NADA MAS fue que hablo con ellos y les pidió esas 3 absurdas cosas, todo se salió de control cuando empezaron a hablar y decir mentiras después de la junta del Rougier donde curiosamente muchos ya sabían quienes eran las personas del caso que se había presentado.
Tristemente esto no termino como yo hubiese querido, quede expuesta a nivel nacional, quede señalada por la sociedad, quede muy triste y decepcionada de algunas personas, me quede sin muchas personas que creía que eran mis “amigos”
Pero bueno solo Dios sabe porque hace las cosas y solo espero y pido a Dios este infierno termine pronto. ¿Como terminara? no tengo idea, que se haga lo que Dios quiera que sea. Muchas Gracias a todos los que me apoyaron desde un principio, que no tuvieron duda alguna de mi palabra porque quien en su sano juicio inventaría algo así? En fin, Gracias a todos los que me han mandado mensajes de apoyo y bendiciones”.
Un informe del Centro de Investigación para el Desarrollo indica que son insuficientes los recursos destinados hasta ahora para poner en práctica la figura de la justicia alternativa, aunque su efectividad para resolver conflictos está demostrada.
La justicia alternativa es una figura del nuevo sistema penal que permite la solución de conflictos antes de llegar a un juicio. Su efectividad está demostrada, pero hasta el momento los recursos y el personal asignado a este proceso es insuficiente en el país, lo que pone en riesgo el éxito del modelo. Así lo advierte el informe “La otra justicia, reporte sobre la operación de la justicia alternativa en México”, realizado por investigadores del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), que será presentado este martes 29 de marzo. Tras la reforma penal de 2008, que obliga a todos los estados a implementar el nuevo sistema penal acusatorio a más tardar el 18 de junio de 2016, se establecieron Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Penales (MASCP), que permiten a la víctima y el ofensor, conseguir una resolución de conflictos para la reparación del daño, reconstrucción del tejido social y quitar carga de trabajo al sistema de justicia penal. Sin embargo, el estudio coordinado por Carlos de la Rosa, señala que la ausencia de recursos económicos y humanos en los Centros de Justicia Alternativa “comprometen el cumplimiento de la ley”. Por ejemplo, la falta de personal obliga a desarrollar funciones adicionales, lo que “pone en riesgo el éxito de los Mecanismos Alternativos”. Hasta el momento el modelo ha tenido avances en los años de implementación. De acuerdo con el INEGI, durante el 2014 hubo 168 mil 553casos presentados en los Centros de Justicia Alternativa del país, lo que representa 30% más que en 2013 (139 mil 602 casos). Los asuntos solucionados también aumentaron de 130 mil 193 a 138 mil 758, respectivamente. Sin embargo, el número de asuntos pendientes se duplicó al pasar de 6 mil 373 en 2013 a 12 mil 315 en 2014. Esto puede explicarse por la falta de personal, pues, por ejemplo, en el proceso existe una figura clave: los facilitadores, quienes están encargados de mediar entre la víctima y el ofensor. Prácticamente se hacen cargo de los casos pues tienen que organizar los encuentros entre los involucrados e incluso con la comunidad, además debe hablar con policías y medios de comunicación y debe conocer a detalle los servicios y las redes sociales de soporte. Sin embargo, el estudio advierte que las entidades carecen de una definición de perfiles por competencias para los operadores del área de justicia alternativa, lo que “resulta preocupante dado que los facilitadores requieren del desarrollo de competencias particulares para garantizar el desempeño de sus funciones”. De acuerdo con el Censo de Procuración de Justicia Estatal de 2015, sólo hay 674 facilitadores en todo el país, con magras condiciones laborales. Tienen plazas como Ministerio Público o auxiliares, con un sueldo promedio de 10 mil pesos mensuales y compensaciones de 2 mil a 7 mil pesos. Pero las malas condiciones afectan a todos los Centros de Justicia Alternativa. En Oaxaca, por ejemplo, ni siquiera hay funcionarios administrativos para la justicia alternativa. En Chihuahua sólo hay tres secretarias, un ayudante de archivo, un notificador, dos policías que fungen como notificadores. En el Estado de México sólo hay dos personas administrativas de apoyo y Morelos es el más holgado, pues cuenta con 25 funcionarios administrativos de apoyo.
De acuerdo con los investigadores Mireya Moreno, Paulina Sánchez y Karen Silva, “gran parte del éxito de la justicia alternativa depende de las capacidades de los operadores y de su compromiso con los mecanismos”. Incluso, si la justicia alternativa opera de forma efectiva, “afectarán una serie de cotos de interés, influencias profesionales y esferas de poder y de control”. ¿Por qué apostar por la justicia alternativa? Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal establece tres mecanismos: conciliación, mediación y junta restaurativa. Los primeros dos son similares pues implican la participación del requerido y el solicitante, más un tercero imparcial (llamado por la ley “facilitador”). Entre las críticas a estos tópicos es que tanto la mediación como la conciliación no necesariamente implican un enfoque restaurativo, sino que se limitan a buscar un acuerdo por medio de negociación de manera similar a lo que ocurre en la materia mercantil o civil. El modelo de justicia alternativa no aspira a ser justicia de pequeñas causas o para delitos cometidos por menores, ni un proceso abreviado, sino como un mecanismo que “transforme y sane la relación lastimada entre la comunidad y las instituciones del sistema de justicia”. A partir de la revisión de diversos códigos penales locales, los delitos que son susceptibles a la justicia alternativa son: homicidio culposo, lesiones, aborto, manipulación genética, delitos contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, discriminación, amenazas, allanamiento de vivienda, robo, abuso de confianza, fraude, entre otros. Además, evitar que los infractores lleguen a la cárcel por este tipo de delitos también significa un menor costo para el sistema penitenciario, pues los penales están a 130% de su capacidad en promedio. Esto representaba un gasto aproximado de 213 pesos diarios por interno, lo cual implica que solo para mantener a las personas en prisión preventiva se invierten 22 millones 970 mil pesos al día y 8 mil 269 millones de pesos al año. El impacto económico también se observa entre las familias. De acuerdo con una encuesta realizada a familiares de internos de prisiones en el estado de Morelos y en la Ciudad de México más de 70% de los entrevistados gastó entre 10 mil y 50 mil. En contraste, con la justicia alternativa, 23% los usuarios entrevistados gastó 100 pesos; 30% afirmó haber gastado hasta 500 pesos y 24% hasta 5 mil pesos. Además, una vez que una persona está en la cárcel, los gastos continúan: 20% de los familiares de internos en prisiones gastan entre 501 y hasta mil pesos mensuales en insumos y protección para su familiar, pero el pago puede llegar hasta cinco mil pesos. El estudio incluyó encuestas a 458 usuarios de los mecanismos alternativos en Morelos, Estado de México y Oaxaca. Del total, 44% dijo sentirse muy satisfecho, 25% algo satisfecho, 3% ni mucho ni poco, 14% poco satisfecho y 12% nada satisfecho y 3% no sabe o no contestó. Al preguntarles sobre el tipo de acuerdo fijado en los casos, 42% refirió que se trató de un arreglo de tipo monetario. De acuerdo con la Ley Nacional, los acuerdos también incluye la realización u omisión de determinada conducta, la prestación de servicios a la comunidad o cualquier otra forma lícita como la inscripción a programas o actividades destinadas a la no repetición de la conducta.
Los mecanismos alternativos, afirman los investigadores, representan una forma innovadora de hacer justicia de forma transparente y horizontal, lo que deja satisfechos a los usuarios con el resultado, no por el sentido de la resolución, sino por que perciben que hubo un proceso justo y que participaron de forma activa.
CIUDAD DE MÉXICO: La cúpula empresarial reprochó el despilfarro de dinero, la deficiente transparencia en el uso de los recursos públicos, así como la débil recaudación que tienen las entidades federativas del país. Al emitir su mensaje semanal, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Juan Pablo Castañón alertó que en los estados se enfrenta un panorama bastante complejo en el corto, mediano y largo plazos con retos acuciantes que exigen decisiones y cambios importantes. Principalmente, dijo, hay presión en las finanzas públicas, volatilidad y debilidad económica e inseguridad y conflictividad social. El organismo económico precisó que en los últimos cinco años el nivel de endeudamiento de los estados creció 400% en relación con los ingresos por participaciones federales, a pesar de que éstas últimas, tan solo en el 2015 ascendieron a 629 mil millones de pesos.
Sin embargo, acercó la lupa a la situación económica de algunas entidades federativas como el caso de Veracruz. En el estado gobernado por el priista Javier Duarte –caracterizado por registrar más casos de periodistas asesinados y ahogado en una ola de violencia como feminicidios, desapariciones y homicidios en general–, la economía se desploma. La cúpula empresarial señaló que en Veracruz el ingreso se contrajo 6.5% en los últimos años, mientras que la deuda subió 80%, con el agravante de tener el récord de recursos federales recibidos para los cuales no hay claridad en su destino y uso: “Más de 10 mil 756 millones de pesos, de acuerdo con la cuenta pública del 2014, acumulándose la cuenta pública que debió ser durante el 2015”, alertó. Por si fuera poco, precisó Castañón, en el desempeño económico los contrastes son dramáticos. Tenemos cinco estados que por años han logrado crecer a una tasa anual promedio superior a 4%, más del doble del promedio. Si en 10 años México hubiera crecido al ritmo de entidades como Querétaro, Aguascalientes o Quintana Roo, nuestro ingreso per cápita anual podría superar hoy los 18 mil dólares. No es la misma historia en varios de los estados con elecciones donde la deuda pública ha crecido más de 100% en cinco años, más de 840% en el caso de Zacatecas. “A pesar de ello, en muchos casos los recursos no se han visto reflejados en impulsar la mejora en la calidad de vida de la población”, se quejó el CCE. Por si fuera poco, en cinco entidades que renuevan gubernatura creció la pobreza extrema durante las administraciones salientes. En Chihuahua y Oaxaca, el ingreso per cápita cayó casi 10% durante este periodo. El panorama empeora El Consejo Coordinador Empresarial dejó claro que el escenario se complica aún más: la caída de los precios del petróleo se reflejará en una importante contracción de las transferencias desde la federación en los próximos dos años. Cabe recordar que los estados y municipios apenas generan 16% de sus ingresos, para un gasto público que, para empeorar la situación, mayoritariamente y cada vez más se concentra en gasto corriente. En este contexto, la cúpula empresarial planteó el compromiso con el Estado de Derecho, la transparencia y la lucha contra la corrupción y la impunidad. “Posturas claras y acciones específicas ante la prioridad de construir confianza y credibilidad institucional. Es un hecho urgente, que toda la sociedad está demandando y el que se postule a un puesto de elección popular, tiene que comprometerse con esta demanda social. Pidamos a todos los candidatos, de entrada, que presenten públicamente sus declaraciones bajo el formato 3 de 3”, propuso.
Por otra parte, sugirió el compromiso con la seguridad pública, en segundo término, y la gobernabilidad en todas las regiones de cada estado. Es decir, un plan puntual para profesionalizar, capacitar y promover sus policías y órganos de procuración de justicia, en armonía con las decisiones que se tienen que tomar a nivel nacional. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/434974/reprocha-cce-a-los-estados-despilfarro-deficiente-transparencia
PUEBLA, Pue: La expanista Ana Teresa Aranda Orozco denunció que el gobierno de Rafael Moreno Valle quiere impedir a toda costa que participe como candidata independiente en los comicios de este año para elegir gobernador y, por ello, pretende encarcelarla. La exfuncionaria federal dijo que para intentar sacarla de la contienda, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Puebla (IEEP), Jacinto Herrera, presentó una denuncia en su contra por supuesta falsificación de parte de las firmas que presentó para su registro. “En Puebla hay más de 250 presos políticos y ahora resulta que a mí también me quieren encarcelar, porque el gobernador es la única forma que conoce para acallar a sus adversarios”, expresó.
Después de que entregó cajas con 213 mil firmas de apoyo para su candidatura, lo que cubría en excedente las 126 mil establecidas por ley, Aranda Orozco denunció que su equipo detectó que empleados del IEEP abrieron algunas de las cajas presuntamente para manipular la documentación. Ante ello, señaló que montaron un operativo para sellar y custodiar los documentos las 24 horas, pero ya para cuando hicieron esto, se percataron que 19 de las cajas fueron abiertas. También acusó que operadores del gobernador Moreno Valle acudieron a distintas localidades para intentar chantajear, amenazar o comprar a algunos de los ciudadanos que le dieron su firma, a fin de que negaran su apoyo y procedieran a denunciarla. La aspirante a candidata refirió que IEEP determinó la anulación de 33 mil de las firmas que presentó, pero como aun así, las restantes eran suficientes para que su registro procediera. No obstante, dijo que consejeros electorales presentaron una denuncia en su contra por supuesta falsificación de firmas. De acuerdo con el abogado de la aspirante a candidata independiente, Víctor León, en un principio la denuncia contra Aranda Orozco se sustentó en cuatro ciudadanos del municipio de Acajete a los que convencieron de denunciarla, pero al momento de acudir ante las autoridades esas personas no se presentaron. Ante esto, el presidente consejero del IEEP Jacinto Herrera y la directora jurídica del instituto María Eugenia Osuna Franco presentaron la denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Esto, dijo el abogado, es algo irregular pues no corresponde a las funciones del árbitro electoral “ser juez y parte”. En principio, indicó que el órgano electoral de Puebla actuó de forma irregular desde el momento en que determinó hacer una revisión de campo para corroborar las firmas de apoyo que recibió Aranda Orozco, lo cual no está contemplado ni el Código Electoral Estatal ni en el Federal. Víctor León consideró que el fin de esta maniobra es lograr que Aranda Orozco cuente con antecedentes penales para que su candidatura pueda ser impugnada por alguno de los partidos que participan en la contienda. En un comunicado, el IEEP confirmó que acudió a la Fepade para presentar la denuncia por la falsificación de firmas, pero no precisó contra cuál aspirante están dirigidas. “Se han detectado distintas anomalías en el llenado de las cédulas de apoyo ciudadano, como la entrega de cédulas incompletas, cédulas duplicadas y la probable falsificación de las firmas. Existe un porcentaje elevado de firmas notoriamente distintas, producto de la verificación de las cédulas con las copias de las credenciales de elector”, señaló el órgano electoral. “Dentro de las inconsistencias de mayor relevancia, se encuentran… copias de credenciales de elector acompañadas de folios originales que corresponden a programas sociales, por lo que las consecuencias de éstas serán desde el declararlas como no válidas, hasta el notificar a la autoridad competente sobre tales irregularidades en los documentos públicos electorales”, precisó. Aranda Orozco mencionó que ya acudió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para interponer un juicio de protección de sus derechos político-electorales, pues la denuncia en su contra carece de soporte legal y lo único que busca es sacarla de la contienda electoral. De hecho, recordó que hasta ahora ha ganado todos los litigios contra los candados que le han tratado de imponer para evitar su participación en los comicios y confió en que este caso no detendrá su participación como candidata independiente. Sin embargo, lamentó que quede en evidencia que el órgano electoral del estado actúa por encargo de Moreno Valle y no representa ninguna garantía para la legalidad y equidad del desarrollo del proceso electoral del próximo 5 de junio. La expanista ha sido una de las voces más críticas que durante el sexenio han acusado a Moreno Valle de autoritarismo y abusos de poder. Igual que la exdiputada federal Roxana Luna, quien también está en riesgo de que se anule su registro como candidata a la gubernatura por el PRD, debido a que el IEEP determinó desechar el registro de la plataforma electoral de su partido. En este caso, el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal del PRD impugnaron ante el TEPJF la determinación del instituto electoral poblano. Socorro Quezada Tiempo, dirigente estatal, dijo que uno de los juicios fue promovido por el dirigente nacional Agustín Basave Benítez y otros dos por la dirigencia estatal, al considerar que el órgano electoral de Puebla actuó de manera oficiosa, pues resolvió un asunto que no se le pidió.
