Desalojan con violencia a mujeres que protestaban en Michoacán

MÚGICA, Mich: ¡Ora hijos de su puta madre, pónganse con los hombres y no con las mujeres!”, gritaba una mujer regordeta mientras era llevada de “a cantarito” a una patrulla de la Policía estatal, donde la esperaban otras mujeres que mantenían tomada la presidencia municipal de Múgica en protesta por el cambio de sede a Huetamo de Ciudad Mujer.

El martes pasado realizaron una marcha que culminó con la toma de la presidencia municipal de esa demarcación. Agentes de la Policía estatal las desalojaron la mañana de este miércoles y detuvieron a 14.

Las inconformes están en contra del cambio en el proyecto de Ciudad Mujer, que originalmente se iba a edificar en ese municipio y finalmente terminó aterrizándose en Huetamo.


También a reporteros

Durante el desalojo, los policías intentaron impedir el trabajo de los medios de comunicación que se encontraban en la plaza de Múgica, municipio de Tiera Caliente.

“¡Retírense!” ordenaron los policías y a quienes grababan el desalojo, entre ellos los enviados de TBS, un canal local, Frida Urtiz, camarógrafa, y Salvador Adame. Les tiraron sus cámaras pese a que se identificaron.

“¡Me vale madre, súbale hijo de la chingada¡” les dijeron a los reporteros, los patearon, los detuvieron y se los llevaron a Morelia, donde más tarde los soltaron.

Frida se encuentra en el hospital del IMSS de Nueva Italia a causa de los golpes y casi pierde un dedo de la mano.

“Voy a interponer queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en Reporteros Sin Frontera y en el Centro Internacional de Protección a Periodistas, por la agresión que sufrimos yo y mi esposa Frida”, dijo Salvador Adame.

Senadores en contra del cambio

El proyecto Ciudad Mujer, es del Banco Mundial y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se aplicó en El Salvador con éxito en una zona que años atrás devastó la Guerra Civil, luego en Perú, igual en una zona en la que era importante recomponer el tejido social.

En Michoacán, se planteó Nueva Italia como sede por estar en la zona dañada por la presencia del crimen organizado pero por decisión del gobernador Silvano Aureoles, fue cambiada a Huetamo.

Ello ocasiono marchas y protestas de los habitantes de 53 municipios, de diputados locales. El caso llegó incluso al Senado.

Senadores de los diferentes grupos parlamentarios exhortaron al gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, y a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) Rosario Robles Berlanga, a fundamentar el cambio del proyecto Ciudad Mujer de Múgica a Huetamo.

Dice textualmente el llamado:

“El Senado de la República, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, para que informe y haga público el estudio técnico, así como todo el procedimiento, fundamentación, justificación y documentación que respalde el cambio de sede del proyecto ciudad mujer.

En el segundo aparatado, los senadores piden a Aureoles “que respete la gestión original para instalar el proyecto Ciudad Mujer en el municipio de Múgica, Michoacán, tal y como fue acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo”


Y por último les solicitan “respetuosamente” a la titular de la Sedatu, “que dé seguimiento al cumplimiento de la gestión original” de la construcción del proyecto Ciudad Mujer en el municipio de Múgica.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436078/desalojan-violencia-a-mujeres-protestaban-cambio-ciudad-mujer-en-michoacan

Admite el INE solicitudes de 38 candidatos independientes a la Asamblea Constituyente

CIUDAD DE MÉXICO: De 50 ciudadanos (13 mujeres y 37 hombres) interesados en contender como diputados independientes a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 38 solicitudes de registro.

Tal como lo establecen los Lineamientos para la elección del Constituyente, cada una de esas personas respaldó el registro de su candidatura con al menos 73 mil 792 firmas, por lo que el INE iniciará la captura de los datos de tres millones 426 mil 571 ciudadanos incluidos en las cédulas para validar su contenido conforme a la Lista Nominal Electoral.

A partir de este miércoles y hasta el próximo domingo 10, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE recibirá también las solicitudes de registro de candidatos de los partidos políticos nacionales.

Y será en la sesión del domingo 17 cuando el Consejo General conozca y apruebe el registro de candidatos a diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, tanto de partidos políticos como de candidatos independientes.

Quienes sean avalados podrán iniciar campaña del 18 de abril al 1 de junio, de cara a la jornada electoral del 5 de junio.

Entre los aspirantes a candidatos independientes que entregaron al INE su solicitud de registro destacan: Alejandro de Santiago Palomares Sáenz, Alexis Emiliano Orta Salgado, Alfredo Lecona Martínez, Álvaro Luna Pacheco, Ana Zeltzin Zitlalli Morales Flores, Blanca Iveth Mayorga Basurto, Eliseo Rosales Ávalos y Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez.

Además, Emelia Hernández Rojas, Enrique Pérez Correa, Esperanza Villalobos Pérez, Fernando Hiram Zurita Jiménez, Francisco Agustín Martínez Monterrubio, Gabriela Alarcón Esteva, Gerardo Clero López Becerra, Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín, Humaya Valeria Hernández Grijalva, Ismael Figueroa Flores.

Otros aspirantes a candidatos independientes que presentaron sus solicitudes de registro son: Jonathan Jiménez Mendoza, Jorge Eduardo Pascual López, Juan Martín Sandoval de Escurdia, Judith Barrios Bautista, Julio Cázares Ríos, Lorena Osornio Elizondo y Luis Armando González Plascencia.

La lista también incluye a Luis Genaro Vázquez Rodríguez, Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, Martha Patricia Patino Fierro, Mónica Tapia Álvarez, Natalia Eugencia Callejas Guerrero, Nazario Norberto Sánchez, Oliverio Orozco Tovar, Ricardo Andrés Pascoe Pierce, Rodrigo Hernández Aguilar, Sabino Galindo Palma, Sergio Abraham Méndez Moissen, Sergio Gabriel García Colorado y Xavier González Zirión.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: http://www.proceso.com.mx/436038/admite-ine-38-registros-candidatos-independientes-a-la-asamblea-constituyente-la-cdmx

Comisión Indígena gasta más de mil 100 millones en un año, pero se olvida de los indígenas

La Auditoría Superior de la Federación concluyó que las acciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fueron “insuficientes” para “planear y articular políticas públicas” que favorecieran a 11.9 millones de indígenas. Además, detectó que la CDI no acreditó cómo gastó más de 200 millones de pesos.

El gasto de mil 176 millones de pesos como presupuesto no fue suficiente para elaborar políticas públicas y planear acciones concretas que permitieran sacar del abandono a 11.9 millones de indígenas en México.

Así lo expone la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe sobre el desempeño de labores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el año 2014, en el que concluye que las acciones de esta Comisión fueron “insuficientes” para “planear y articular políticas públicas” que tuvieran un efecto, sobre el terreno, en el desarrollo de la población indígena.

La CDI no acreditó cómo gastó más de 220 millones de pesos

Según el órgano fiscalizador, la CDI gastó mil 176 millones 500 mil pesos a través del programa presupuestario P013 ‘Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas’.

Por capítulo de gasto, la Comisión destinó la mitad de ese presupuesto a pagar los sueldos de sus empleados más las compensaciones de ley: 522 millones 258 mil pesos (el 44.4%). El resto, lo distribuyó principalmente entre el programa ‘Servicios Generales’ -299 millones 260 mil pesos- y el capítulo de ‘Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas’ -293 millones 133 mil pesos-.

Ahora bien, dentro del programa ‘Transferencias, Asignaciones…’, la Auditoría detectó dos anomalías:

1.- Del total de 293 millones 133 mil pesos de presupuesto para este rubro, 223 millones 065 mil pesos gastados “no se vinculan con las actividades del programa”, mientras que los 70 millones restantes sí fueron invertidos en subsidios para “apoyar la movilidad de los participantes de talleres, foros u otras actividades”-.

2.- Que la Comisión de Pueblos Indígenas “no acreditó la comprobación que sustenten dichos gastos” por un valor de 223 millones.

Es decir, que la CDI no aportó a la Auditoría pruebas documentales suficientes que dieran cuenta de en qué gastó más de 223 millones de pesos y de cómo contribuyó ese dinero a fomentar el desarrollo de la población indígena mexicana.

¿En qué gastó casi 60 millones la CDI Guerrero?

Sobre el gasto de las delegaciones de la Comisión de Pueblos Indígenas, la ASF evaluó a la delegación del estado de Guerrero, que en 2014 fue la que mayor monto de recursos invirtió: 59 millones 901 mil pesos.

Sin embargo, la Auditoría apunta que, a pesar de que se gastaron casi 60 millones de pesos, “no se identificaron reuniones con los pueblos indígenas de la región que abarca la delegación de Guerrero”.

Además –ahonda la ASF-, “tampoco se detectó que coordinara la acción pública para atender sus necesidades, ni que definiera criterios de atención prioritaria para atenderlas, aun cuando se ejercieron recursos destinados a este fin”.


Esto es, la Auditoría tampoco sabe en qué se gastaron casi 60 millones de pesos en Guerrero que, en teoría, estaban destinados al desarrollo de los pueblos indígenas de esta entidad.

Reuniones que terminan sin acuerdos ni estrategias

Por otra parte, según el órgano fiscalizador, la CDI realizó 135 reuniones en 2014 para detectar las necesidades de la población indígena, la cual, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), enfrenta en un 95% algún tipo de carencia, como falta de acceso a la seguridad social, falta de acceso a la vivienda y a la alimentación, o rezago educativo.

Sin embargo, la ASF detectó que tras la realización de esas 135 reuniones -79 fueron del Consejo Técnico, 52 se llevaron a cabo a través de las delegaciones de Oaxaca, Veracruz y Puebla-, “no se identificaron acuerdos relativos a la detección de necesidades específicas”.

Asimismo, en esos encuentros tampoco se acordaron estrategias para abordar las carencias, “con la intención de permitir la adecuada toma de decisiones”.

O en otras palabras, después de 135 encuentros, la CDI no informó en las minutas de las reuniones de ningún acuerdo establecido, ni de ninguna estrategia para aterrizar los acuerdos, a partir de los cuales beneficiar a la población indígena.

¿En qué capacitaron a 232 funcionarios? En mejorar la atención a indígenas, no

Por otra parte, la CDI informó que capacitó a 232 servidores públicos en 2014 en el ejercicio de sus funciones. No obstante, esto no se tradujo en una mejor atención a los ciudadanos indígenas, ya que según la Auditoría las capacitaciones “no se orientaron a desarrollar las capacidades para mejorar la atención de las necesidades y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

“Además, la CDI no dispuso un programa de capacitación para la formación y sensibilización a servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF) y participantes de los pueblos indígenas”, abunda el informe.

Asimismo, sobre cómo la CDI evaluó y dio seguimiento a las acciones emprendidas para atender a la ciudadanía indígena, la ASF señala que la Comisión “no acreditó el seguimiento, ni evaluó el cumplimiento del objeto de cada convenio, y tampoco dispuso de los informes de evaluación realizada por los centros coordinadores de desarrollo indígena y las delegaciones estatales en la atención de la población indígena”.

Es decir, que la CDI no aportó ningún documento a partir del cual se pueda medir qué tan efectivas fueron sus acciones en beneficio de los indígenas, y si éstas tuvieron algún tipo de seguimiento para evaluarlas.

Recomendaciones

A partir de esta situación, la Auditoría Superior de la Federación determinó 12 observaciones, las cuales generaron hasta 25 recomendaciones al desempeño de la Comisión de los Pueblos Indígenas, entre las que destacan:

1.- Que la CDI incorpore las prioridades de los pueblos y comunidades indígenas en la planeación de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno.

2.- Que disponga de información de la participación de la población indígena en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo para la atención de sus necesidades.

3.- Que defina los procedimientos para la obtención de los apoyos del programa.

4.- Que defina con precisión la población objetivo del programa, y que disponga de indicadores e información sobre el cumplimiento de los objetivos del programa.


El informe completo de la auditoría a la CDI:

auditoría pueblos indígenas:

  auditoría pueblos indígenas by mureste4878

Animal Político buscó la postura de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ante lo expresado por la Auditoría en su informe. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota, no había obtenido respuesta oficial alguna.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-comision-indigena-gasta-en-sueldos-viaticos-y-talleres-pero-no-en-programas-de-ayuda/

La Procuraduría de Tlaxcala simula investigación por robo para inventar víctimas de secuestro

Los documentos de una audiencia judicial, en poder de Animal Político, revelan como falsas víctimas fueron engañadas para firmar declaraciones en las que acusaban de secuestro a policías.

Con el engaño de “recabar firmas” sobre una supuesta investigación de robo, la Procuraduría  de Tlaxcala consiguió que al menos dos personas acusaran con declaraciones falsas a siete policías de haberlos secuestrado, y luego intentó que estos no confesaran lo que había pasado ante el juez responsable del caso. Los policías inculpados están presos desde hace más de un año.

Los documentos de una audiencia judicial del caso realizada a finales de marzo, de los que Animal Político tiene copia, evidencian que los agentes de la Procuraduría fabricaron las acusaciones con mentiras. También exhiben como el Ministerio Público quiso frenar la confesión de las víctimas, argumentando incluso que no se encontraban bien sicológicamente.

Esta audiencia se realizó luego de tres ocasiones en que fue postergada, ya que aunque las personas señaladas como víctimas acudían al juzgado, el Ministerio Público se iba del lugar lo que impedía que se llevara a cabo.

Las revelaciones se suman a otras pruebas que en el último año han reunido los abogados de los policías encarcelados. Este medio ya publicó que existen fotografías que prueban que uno de los mandos acusados, junto con sus elementos, estaban en un operativo en el momento en que se le señala de participar en el secuestro.

Además existe el testimonio por escrito de una primera víctima supuestamente rescatada en flagrancia que negó también que fuera extorsionado o secuestrado por los agentes, y al contrario, señaló que colaboraba con ellos.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de Naciones Unidas ya inició una revisión de este caso tras las denuncias de los encarcelados de violaciones al debido proceso y a Sus garantías individuales.


Cabe señalar que sobre este tema, La Procuraduría de Tlaxcala declinó hacer cualquier comentario a Animal Político, y solo dijeron que serán respetuosos de la determinación que se tome en el juicio.

El engaño

La noche del 21 de enero de 2015 la procuradora de Tlaxcala Alicia Fragoso anunció que ella, junto con agentes de Investigación, había detenido a policías estatales implicados en caso de secuestro exprés y extorsiones.  Entre los detenidos estaban dos mandos: el Director de esa corporación José López Pérez (segundo e jerarquía solo debajo del comisionado), y el delegado de la Policía estatal en Apizaco, Juan Carlos Yáñez.

Inicialmente la Procuraduría consignó a los agentes solo por el caso de una persona rescatada en flagrancia pero después,  envió al juez dos casos más para reforzar la acusación: el de Ramón Cortes Ramírez y el de Leocanida Leónides Miranda, ambos vecinos del municipio de Apizaco Tlaxcala.

Según el expediente, estas dos personas denunciaron la noche del 21 de enero (misma fecha de la detención de los policías) que una semana antes habían padecido un secuestro exprés.

Posteriormente, el 24 de enero, ampliaron su denuncia para señalar que supuestamente habían visto en el periódico El Sol de Tlaxcala a los policías detenidos, y los reconocieron como los mismos que “los secuestraron”.


Con esas declaraciones, el juez del caso dictó auto de formal prisión en contra de los siete agentes por varios casos de privación ilegal de la libertad.

La audiencia

El 14 de marzo Ramón Cortes y Leocanida Leónides se presentaron ante el juzgado para responder las preguntas de los abogados defensores. Fue la cuarta cita en tres meses, luego de que el Ministerio Público frustró los intentos pasados al ausentarse de la sala. En esta ocasión, el juez había apercibido al personal de la Fiscalía para que estuvieran presentes.

El primero en comparecer esa mañana fue Cortes. Los abogados arrancaron el interrogatorio cuestionándolo si había acudido coaccionado, lo que el negó diciendo que estaba ahí por “su propia voluntad”

Luego se le preguntó si reconocía la declaración que le atribuyó la Fiscalía en contra de los policías presos. Antes de que pudiera responder el agente del Ministerio Público le solicitó al juez que no autorizara esa pregunta al considerarla “insidiosa” pues la declaración inicial era clara y servía de base del caso.

El juez desestimó la objeción del Ministerio Público al subrayar que la declaración de la víctima era un indicio y no podía obstaculizarse. En su contestación, Ramón Cortes reveló que la acusación contra los policías presos era falsa.

“Nunca he hecho una declaración ya que nunca he sido privado de mi libertad por estas personas (los policías estatales) ni las conozco” dijo Cortes.

Al cuestionársele después si era su firma la que aparecía en la acusación que la Fiscalía presentó, (pregunta que el Ministerio Público intentó frenar otra vez sin éxito también) Ramón Cortés admitió que si era su firma y explicó cómo fue engañado.

“Llegaban a mi domicilio personas que decían ser policías de investigación y que firmara esos papeles, pero no me dejaban leerlos (…) me decían que había una investigación de robo en la colonia y que firmara yo y que eso era solo como investigación de lo que estaba pasando en la colonia y era todo lo que me decían” dijo Cortes.

Tras reiterar que nunca ha sido secuestrado Ramón Cortés termino su testimonio. Luego, el Ministerio Publicó solicitó permiso para “interrogarlo”, lo que el juez rechazó al recordarle que las víctimas no pueden ser sometidas a interrogatorio y que además no lo pidió previo al arranque de la audiencia.

Finalmente en un último intento de desacreditar los dichos de la supuesta “víctima” el agente ministerial pidió que se le sometiera a un examen  sicológico para demostrar que había sido coaccionado o no se encontraba bien emocionalmente

Cuestionado sobre este punto por el juez, Ramón Cortes rechazó que se le aplicara una prueba sicológica pues recordó que en todo caso el figuraba en el caso como “víctima” no como acusado.

La audiencia continuó con la comparecencia segunda víctima Leocanida Leónides. Al igual que Ramón, ella dijo que firmó los papeles que le llevaban los policías a su domicilio con los mismos argumentos de que indagaban un robo, y que nunca los leyó.

Tras los fallidos intentos del Ministerio Público de obstaculizar nuevamente las preguntas, la señora subrayó que nunca había visto a los policías detenidos, que no los conocía, y menos que hubiera sido secuestrada.

ONU dará seguimiento

Con las confesiones de las falsas víctimas y otros elementos que se han presentado en el juicio, la defensa de los policías encarcelados consideró que ya se ha evidenciado que los hechos que imputó la Procuraduría de Tlaxcala no son ciertos.

No obstante, la fase de pruebas  aún no se cierra porque los abogados de la defensa están esperando que se complete el llamado “Protocolo de Estambul” para verificar que los policías detenidos además fueron torturados. En casos como el del comandante Juan Carlos Yáñez, el peritaje sicológico ya confirmó los maltratos pero está pendiente el examen físico.

En ese contexto, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de Naciones Unidas inició un expediente de investigación de este caso, luego de la denuncia que formalmente interpusieron los familiares de los expolicías encarcelados.

Araceli Gómez, esposa del comandante Juan Carlos Yáñez, dijo en entrevista que dicha instancia internacional aceptó verificar las irregularidades.

“Fuimos a solicitar su ayuda y después de seguir el protocolo que nos pidieron ya están dándole seguimiento y ya se comunicaron con el juzgado para hacerles mención de todas las violaciones que advierten y de la posible tortura y enviarán oficios a las autoridades para solicitar que esto se investigue” dijo Gómez.

Confiables… entre comillas

De acuerdo con datos oficiales a los que tuvo acceso la organización ciudadana Causa en Común la policía de investigación de Tlaxcala es una corporación relativamente confiable, toda vez que el 95 por ciento de elementos ya fueron evaluados en el proceso de control de confianza y menos del tres por ciento se encuentran reprobados.

Sin embargo, las leyes en materia de Seguridad Pública detallan que cada prueba de control de confianza pierde validez transcurrido un periodo de dos años y debe volverse a aplicar.

En ese renglón el balance del estado no es positivo. De acuerdo con los datos, el 25 por ciento de las evaluaciones que se hicieron a los mandos de la Fiscalía de Justicia ya caducaron y no se han renovado. Esto significa prácticamente que la cuarta parte de los jefes policiales no han sido evaluados nuevamente y por tanto no están certificados.


Las dudas respecto a la confiabilidad de los policías es aún mayor en la Secretaría de Seguridad Pública de los estados, pues ahí  el 38 por ciento de las evaluaciones que se hicieron a mandos y personal operativo ya caducaron.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-procuraduria-de-tlaxcala-simula-investigacion-por-robo-para-inventar-victimas-de-secuestro/

Hacker colombiano ratifica espionaje para campaña presidencial de Peña

BOGOTÁ: El hacker colombiano Andrés Sepúlveda ratificó este martes 5 a través de su abogado Jhon Castelblanco que hizo labores de espionaje informático para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y aseguró que existen evidencias que sustentan esa afirmación.


“Él tiene pruebas de todo esto”, dijo el litigante a Apro.

De acuerdo con Castelblanco, algunas de esas pruebas –como “copias de correos electrónicos y otras evidencias”– fueron entregadas por Sepúlveda a la revista Bloomberg Businessweek, la cual publicó la semana anterior una entrevista con el hacker colombiano.


En ella, Sepúlveda afirma que para la campaña presidencial del PRI en 2012 interceptó teléfonos y computadoras del PRD y el PAN, incluidos los de sus respectivos candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota, respectivamente.

Castelblanco dijo que la revista estadunidense entrevistó a Sepúlveda en julio del año anterior pero publicó hasta hace una semana porque tardó ocho meses en verificar las afirmaciones y las pruebas ofrecidas por el hacker.

“Todo lo que salió fue corroborado por la revista. La revista, antes de salir averiguó e hizo revisar los correos que el señor Sepúlveda les entregó y absolutamente todo”, sostuvo el abogado.

Según Bloomberg Businessweek, las labores de espionaje y de guerra sucia informática que hizo Sepúlveda en las campañas de México y otros países de Latinoamérica se llevaron a cabo mientras éste trabajaba para el estratega político venezolano Juan José Rendón, mejor conocido como JJ Rendón.

De acuerdo con Castelblanco, el hacker colombiano –quien cumple una pena de 10 años de cárcel en su país por espionaje informático contra los negociadores del gobierno en el proceso de paz con las FARC–, decidió hacer estas revelaciones con la motivación de “decir la verdad y quedar con su conciencia tranquila”.

Sepúlveda “se concientizó de que le hizo un mal no sólo a Colombia, sino a otros países trabajando para este señor JJ Rendón”, dijo el abogado.

El principal interés de su representado, agregó, es que se conozca en América Latina que “este señor, que se supone es uno de los consultores políticos mejor pagados, no todo lo que hace es correcto, que no todo lo que hace es normal, sino que tiene cosas turbias que jamás van a salir a flote si una persona como él (Sepúlveda) no las dice”.

Consultado vía correo electrónico por Apro, Rendón respondió que las acusaciones de Sepúlveda son “desvaríos” sobre los cuales “ni vale la pena comentar”. Además, reiteró que demandará a Bloomberg.

“Estoy concentrado en la preparación de mi demanda contra Bloomberg News, no tengo interés alguno en desenfocarme al respecto”, indicó.

Para el viernes 1, Rendón, residente en Miami, dijo a la cadena CNN en español que “Sepúlveda está siendo utilizado o tiene una motivación económica”.

En un comunicado de ese mismo día, la Presidencia de México rechazó “cualquier relación entre el equipo de la campaña presidencial de 2012 con Andrés Sepúlveda o que se haya contratado al consultor JJ Rendón”.

El estratega político venezolano dijo a CNN en español que respeta y asume como cierto el comunicado de la Presidencia de México “y no lo voy a desdecir”. Además, recordó que en todos los servicios de consultoría que ofrece media un contrato de confidencialidad.

Pero la página de Internet de Rendón señala que ha trabajado en 28 campañas presidenciales, entre ellas las de “Juan Manuel Santos de Colombia y Enrique Peña Nieto de México”.

En una consulta que le hizo Bloomberg, dijo que los correos electrónicos presentados por el hacker colombiano como evidencia del espionaje que habría realizado para la campaña del PRI son falsos.

Castelblanco aseguró que su representado “se ratifica en todo lo que dijo (a Bloomberg Businessweek) y no tenemos ningún tipo de temor de que nos demande Rendón porque tenemos manera de sustentar todo lo que él (Sepúlveda) dijo”.

El abogado explicó que después de que se publicó la entrevista con Bloomberg Businessweek, el pasado 31 de marzo, ha tenido tres encuentros con su cliente y “está muy tranquilo con todo lo que ha dicho y si Rendón quiere iniciar acciones, pues que las inicie”.

Traspiés en Colombia

Andrés Sepúlveda cobró notoriedad en Colombia cuando agentes de la Fiscalía lo capturaron el 6 de mayo de 2014 bajo cargos de espionaje a la campaña del candidato presidencial del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, un aliado político del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Según la acusación, Sepúlveda interceptó las comunicaciones telefónicas y los correos electrónicos de los negociadores de paz del gobierno y las FARC y compró información de inteligencia a militares que manejaban un centro clandestino de espionaje conocido como “Andrómeda”.

De acuerdo con declaraciones del hacker, esta información era encargada por los más cercanos colaboradores de Zuluaga y tenía como propósito desprestigiar el proceso de paz que desarrolla desde noviembre de 2012 con la guerrilla de las FARC el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Uribe Vélez y los legisladores de su partido, el Centro Democrático, son los más enconados opositores de ese diálogo ya que lo consideran una claudicación del Estado frente “a un grupo de terroristas y narcotraficantes”.

El mismo Sepúlveda se identificaba plenamente con las ideas de Uribe Vélez –“yo era más uribista que él”, ha dicho– y era un crítico severo de las FARC, las guerrillas colombianas y todo “lo que oliera a izquierda o a socialismo”.

En un video divulgado por los medios de comunicación en plena campaña presidencial de 2014, cuando Santos buscaba su reelección, Sepúlveda aparece informando a Zuluaga cómo puede recopilar información de inteligencia de las FARC y las guerras sucias que piensa desarrollar por las redes sociales contra el proceso de paz. “Queda un mes para dar un golpe, hermano”, dice Zuluaga al hacker.

De 31 años de edad, Sepúlveda decidió cooperar con la Fiscalía colombiana cuando se sintió abandonado por el uribismo y terminó por confesar de manera pormenorizada sus actividades como hacker de la campaña presidencial del Centro Democrático.

El exasesor de la campaña, Luis Alfonso Hoyos, huyó a Estados Unidos el año pasado al conocer que la Fiscalía libraría una orden de aprensión contra él por concierto para delinquir, violación de datos personales, acceso abusivo a sistema informático y uso de software malicioso.

Zuluaga se encuentra bajo investigación y ha dicho que hay planes de la Fiscalía para detenerlo. Él se considera un “perseguido político” del gobierno de Santos por su oposición al proceso de paz.

La exesposa de Sepúlveda, Lina Luna –exactriz, mercadóloga y publicista de la que se separó a finales de 2014– también estuvo ligada a la campaña de Zuluaga y antes trabajó para la oficina de JJ Rendón en Bogotá, donde conoció al que fue su marido, según declaró.

En 2012, ella estuvo en México participando en la campaña de Enrique Peña Nieto.

A pesar de que en 2014 Sepúlveda hizo explosivas revelaciones sobre el espionaje y las guerras sucias en redes sociales que realizó para el Centro Democrático, sólo mencionó de manera marginal sus actividades como “experto en seguridad informática” en campañas políticas de otros países, siempre bajo las órdenes de JJ Rendón.

Entre los países donde prestó sus servicios como hacker, Sepúlveda mencionó en la entrevista con Bloomberg Businessweek a Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Venezuela y México.

El 10 de abril de 2015, el hacker fue sentenciado por un juez penal colombiano a 10 años de cárcel por concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, violación de datos personales agravado, uso de software malicioso y espionaje en contra de los negociadores de paz.

De acuerdo con Castelblanco, su abogado, la entrevista con Bloomberg Businessweek no puede traducirse para Sepúlveda en una reducción de la condena pero sí le puede redituar beneficios carcelarios como la posibilidad de que se le permita trabajar y estudiar en el bunker de la Fiscalía colombiana donde, por motivos de seguridad, cumple su pena.


El abogado estimó que Sepúlveda podría salir en libertad condicional al cumplir unos cinco años más.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436080/hacker-colombiano-ratifica-espionaje-campana-presidencial-pena

Decomisan droga, dinero en efectivo y 400 artículos prohibidos en Puente Grande

GUADALAJARA, Jal: Una nuevo operativo al núcleo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco, derivó en el decomiso de 45 mil pesos en efectivo, droga y 400 objetos prohidos.

Entre los artículos asegurados se encuentran 145 televisores de formato de pantalla plana, seis grabadoras, cinco televisores convencionales, 55 bocinas, 21 reproductores de discos compactos. También 19 desarmadores, tres martillos, ocho espátulas, 13 pinzas, 47 cajetillas de cigarros, así como 39 encendedores.

También fue decomisada “una farmacia portátil” con gran variedad de medicamentos y diversas drogas.


En el operativo participaron más de 500 personas. En rueda de prensa, el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez anunció que se decomisaron 40 mil pesos en efectivo y que la revisión al núcleo carcelario se llevó a cabo entre la noche del lunes y la madrugada del martes en el Reclusorio para sentenciados de Puente Grande.

“Por estos hechos, la Fiscalía General inició averiguaciones previas por la venta y tráfico de droga, otra más que investiga a los funcionarios públicos que permitieron el ingreso de estos artículos y que podrían ser sancionados administrativa y penalmente, así como se levantó una acta de hechos por el dinero en efectivo encontrado”.

También se informó que se encuentra en calidad de presentado un custodio que intentó impedir o retrasar el ingreso de las autoridades estatales.

Eduardo Almaguer dijo que a raíz de ese operativo y las irregularidades encontradas se prevén cambios en la administración de Puente Grande:

“Esto me permite decirles a ustedes y adelantarles que en los próximos días habrá ajustes y cambios en los funcionarios que tienen diversas responsabilidades en los centros penitenciarios del estado y por supuesto destacar lo que hemos mencionando, y refrendar la decisión del gobierno del Estado de garantizar el orden, el control por parte de la autoridad y por supuesto el cumplimiento irrestricto de los reglamentos internos de cada centro penitenciario”.

El funcionario dijo que los operativos serán continuos en los distintos reclusorios.

Anunció que se implementará un proceso de modernización con cámaras y mecanismos de revisión en aduanas, lo que permitirá inhibir la introducción de artículos no permitidos en los reglamentos.

La FGE informó que ese operativo tuvo una duración aproximada de 5 horas y se pudo revisar cada uno de los dormitorios, del área de sentenciados, en una acción en la que se contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.


La pasada revisión a Puente Grande ocurrió a finales de febrero, se logró el aseguramiento de diversos equipos de comunicación, teléfonos celulares, dinero en efectivo, droga, armas blancas, pantallas planas y hasta antenas o “platos” para conectar diferentes aparatos al sistema de cable o satelital.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALBERTO OSORIO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436034/decomisan-droga-dinero-en-efectivo-400-articulos-prohibidos-en-puente-grande-2

#PanamaPapers, las cleptocracias al desnudo

CIUDAD DE MÉXICO: El tsunami informativo generado desde el domingo 3 ante el ejercicio de colaboración de más de 100 medios internacionales es un hecho sin precedente por tres razones: por la cantidad de información involucrada a través de una filtración (11.5 millones de documentos digitalizados); por la demostración de que el periodismo si se ejerce desde la colaboración global tiene mayor impacto (adiós al ejercicio de las “exclusivas” en la era digital); y porque pegó donde más les duele a políticos, empresarios y figuras mediáticas: en la ocultación del dinero.


Los llamados #PanamaPapers involucran al despacho panameño Mossack-Fonseca. No es el único ni el mejor. Se trata sólo de una de las cinco organizaciones más grandes del mundo dedicadas a crear empresas fantasmas o compañías offshore en paraísos fiscales.

La misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calcula que anualmente se generan pérdidas fiscales por 240 mil millones de dólares ante las técnicas y tácticas utilizadas para generar este tipo de empresas.


México ocupa el lugar 30 entre 188 naciones del mundo con más dinero en paraísos fiscales y, según la misma OCDE, el monto de estos recursos puede ascender a 410 mil millones de dólares. En otras palabras, estamos ante un gigantesco negocio del ocultamiento.

Por esta misma razón, los principales implicados en el #PanamaPapers se apresuraron a lavarse las manos diciendo que no constituye ningún delito abrir empresas en el extranjero.

En términos literales, el delito no está en abrir una empresa en paraísos fiscales. El delito es no reportar la utilidad, rendimiento o intereses que generan estos recursos. Por esta razón se utilizan los offshore.

Sólo un empresario como Alfonso de Angoitia, el supuesto “cerebro” financiero de Televisa, quiere engañar diciendo que quería abrir una empresa en las Islas Bahamas para entrar a un club náutico a “bucear”. ¿Realmente nos cree tan tontos? De Angoitia decidió recortar cerca de 30% del personal de Televisa ante la baja de ingresos publicitarios, pero él tiene recursos para ir a bucear a Las Bahamas. ¿Qué dirán los otros integrantes del Consejo de Administración de esta empresa?

O el magnate de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, con la mala fama de defraudar a accionistas minoritarios en Estados Unidos, quiere desviar la atención haciéndonos creer que es “normal” abrir una empresa en paraísos fiscales para administrar un yate o para comprar obras de arte. ¿Acaso no es el mercado del arte uno de los mecanismos principales en el mundo para “lavar” dinero? ¿Pagó Salinas Pliego la multa de más de 700 mil dólares a Belice por haber dañado una zona de arrecifes con su otro yate, el Azteca 1? El mismo señor que se precia de hacer campañas de defensa del medio ambiente y cuya hija es senadora por ese “partido fantasma” llamado Partido Verde Ecologista de México.

El caso de Juan Armando Hinojosa Cantú, el compadre del presidente Enrique Peña Nieto y contratista consentido desde el gobierno del Estado de México, es todavía más sintomático. Abrió empresas a nombre de su suegra y su madre, dos mujeres octogenarias, para esconder 100 millones de dólares. En medio de la investigación sobre el conflicto de interés de la Casa Blanca de Peña Nieto y de la mansión de Malinalco de Luis Videgaray.

El jefe de las finanzas del país, Videgaray Caso, no quiere hablar de los #PanamaPapers porque sabe perfectamente que muchas de estas maniobras de ocultamiento del dinero son su responsabilidad como autoridad hacendaria. ¿O cuántas casas de Malinalco se necesitan para que las autoridades se hagan de la vista gorda?

El director del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Sandoval, primero divulgó el domingo un comunicado de prensa para señalar que la dependencia investigará, y al día siguiente prácticamente exonera: de entrada, no es “ilegal” trasladar fondos a paraísos fiscales.

¿Investigará el funcionario con nombre de filósofo a Grupo Televisa –la misma empresa a la que condonó más de 400 millones de pesos y con la que sostiene un claro acuerdo de promoción y publicidad–, o a Grupo Salinas, cuyo propietario se considera a sí mismo como un “héroe empresarial discreto”?

Los #PanamaPapers revelan que la corrupción no es patrimonio exclusivo de los políticos o gobernantes. Los empresarios también forman parte de esta red de impunidad. Sólo el presidente argentino Mauricio Macri, perteneciente a un consorcio empresarial con ramificaciones en el futbol, quiere hacernos creer que no es ningún problema dirigir una empresa off shore antes de ser mandatario y no declararla.

Cleptocracias

En otras palabras, los documentos de Mossack-Fonseca son apenas un retrato de los mecanismos que utilizan las cleptocracias, es decir, los sistemas de gobierno y de desarrollo del poder basados en el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus distintos derivados.

En la descripción contemporánea de cleptocracia se señala a este modelo de gobierno como un mecanismo a través del cual el Estado “se dedica casi enteramente a gravar los recursos y a la población del país (por medio de impuestos, no retribuibles a ellos), los dirigentes del sistema amasan grandes fortunas personales, el dinero es lavado o se desvía a cuentas bancarias secretas, por lo general, a paraísos fiscales, como encubrimiento de peculado o robo”.

Prácticamente lo que hemos vivido los mexicanos desde la era de Carlos Salinas de Gortari hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto: un sistema de enriquecimiento de unos cuantos, a través de un mayor gravamen a la población y una impunidad a toda prueba.

No importan los signos partidistas. Ahí está el hijo de Miguel Ángel Yunes, expriista y actual candidato “opositor” al gobierno de Veracruz. O los lazos familiares. Lo mismo sirve una esposa actriz o una suegra para “lavar” dinero.

Las cleptocracias funcionan, sobre todo, en economías basadas en la extracción de materias primas (minería y petróleo, principalmente), y más en una era donde los commodities generaron la fortuna de unos cuantos y el empobrecimiento de países como México, Rusia, Brasil o Argentina.

No es casual que buena parte de los empresarios y funcionarios mexicanos mencionados tengan alguna relación como contratistas de Pemex: ahí está el potentado tamaulipeco Ramiro Garza Cantú (propietario del diario La Razón), que amasó una fortuna rentándole plataformas a Pemex; o los socios de Oceanografía que vivían de los contratos navieros con Pemex; o el mismo Emilio Lozoya Austin, exdirector de la ahora considerada “empresa productiva del Estado”, que intentó abrir una empresa offshore y dice que no la concretó, pero envió su pasaporte.

Los #PanamaPapers apenas son la punta del iceberg de una práctica global. El gobierno de Rusia, tan exhibido por la red de amigos de Vladimir Putin que tienen 2 mil millones de dólares en paraísos fiscales, acusó a la CIA de estar “detrás” de la magna filtración.

¿Acaso los sistemas de información rusos no tendrían capacidad para ellos mismos aportar datos de los personajes norteamericanos y europeos involucrados en los paraísos fiscales?


Aquí no hay guerra fría o guerra caliente. Aquí son los mismos mecanismos que sirven a narcos, dictadores, futbolistas, dueños de medios, empresarios, contratistas, cineastas y alguno que otro aristócrata para mantener el secreto mejor guardado en las cleptocracias: la ruta del dinero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435962/panamapapers-las-cleptocracias-al-desnudo

Contaminación y movilidad hacen bolas el engrudo de Mancera; capitalinos llaman a marchar

Las restricciones a la circulación más recientes fueron aplicadas tres semanas después de que la capital del país decretó una primera alerta ambiental al registrar los peores niveles de contaminación del aire en más de una década. La medida provocó que las estaciones del Metro y Metrobús con mayor afluencia lucieran colapasadas. Las agencias de taxis reportaron que la demanda había aumentado mucho y los usuarios de Uber se quejaron de tarifas exageradamente altas.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico (Simat) de la Ciudad de México reportó que la mala calidad del aire persiste en el Valle de México, esto pese a que el día de hoy se implementó el doble Hoy No Circula con lo que se sacó de circulación a más de un millón de automóviles.

El Simat reportó a las 17:00 horas de este miércoles, que la condición del aire en la mayoría de las delegaciones de la Ciudad de México era “mala”. En Tlalpan se registró un máximo de 127 puntos Imeca, seguidas de Cuajimalpa donde es de 123, Milpa Alta con 122, y Coyoacán con 121.

En la delegación Tláhuac se registró un máximo de 120 puntos Imeca, en Benito Juárez de 119, en Iztacalco de 114, y en Cuauhtémoc de 113. Las demarcaciones que registran los niveles más bajos son Iztapalapa con 104 y Azcapotzalco con 103, sin embargo también registran mala calidad del aire.

En el Estado de México, los municipios más afectados son Ocoyoacac, donde se registran 118 puntos Imeca, y Chalco con 116. En tanto los municipios de Ecatepec y Tlalnepantla sus estaciones se encuentran en mantenimiento.

CONVOCAN A MOVILIZARSE EN LA CDMX

Habitantes de la Ciudad de México convocaron mediante redes sociales a una marcha a realizar el próximo sábado 9 de abril para manifestar su descontento por las medidas adoptadas por la administración del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, como es el caso de Hoy No Circula y el Nuevo Reglamento de Tránsito.

“Que nuestras quejas no queden solamente en palabras, mensajes de chats y memes. Pidamos el cambio como corresponde. Se convoca a [una] marcha ciudadana pacífica, en silencio, para participar en las recientes medidas de transito aplicadas a la ciudad y sugerir las verdaderas soluciones”, plantea la convocatoria ciudadana difundida en su mayoría.

Las restricciones a la circulación más recientes fueron aplicadas tres semanas después de que la capital del país decretó una primera alerta ambiental al registrar los peores niveles de contaminación del aire en más de una década.

Las restricciones se mantendrán por lo menos hasta las cinco de la tarde y luego se decidirá si continúan o no.

La medida provocó que las estaciones del Metro y Metrobús con mayor afluencia lucieran colapasadas. Las agencias de taxis reportaron que la demanda había aumentado mucho y los usuarios de Uber se quejaron de tarifas exageradamente altas.

Cientos de usuarios de redes sociales mostraron su enojo y molestia debido a la escasez y a las altas tarifas del transporte público, y lamentaron que la empresa Uber esté tomando provecho de la necesidad que tienen para transportarse.

Las nuevas normas al programa de contingencia ambiental y al Hoy No Circula han dejado a más de un millón de automóviles sin circular, por lo que muchos optaron por utilizar un Uber. Sin embargo, los usuarios de este servicio consideraron que el aumento en los precios ha sido desproporcionado y dijeron que es una estafa.

Por ejemplo, el futbolista del América, Alejandro Díaz Liceaga compartió una imagen a través de su cuenta de twitter, en la que asegura que por un tramo de una hora le cobraron mil 400 pesos.

Mientras varias personas usaban bicicletas o incluso caminaban a sus trabajos, otros se dirigieron al regularmente lleno sistema de transporte público, que incluye el metro y autobuses.

También se incrementó la solicitud del sistema Ecobici, algunas de las estaciones lucieron sin bicicletas y quienes pretendían hacer uso de este transporte tenían que esperar varios minutos. El diario Reforma reporta que desde las 8:00 horas, la cicloestación 086, cercana a la estación del Metro y Metrobús Buenavista se quedó sin los vehículos.

“El transporte público no se da abasto”, dijo Martín Colín, un taxista de 53 años, mientras señalaba a un autobús repleto de gente a The Associated Press. “Parecen sardinitas. Los camiones llenos, llenos”, comentó.

El tráfico se notaba más ligero en algunas partes de la Ciudad de México. Pero Colín, quien como otros taxistas todas las mañanas suele recorrer varias zonas de la capital, aseguró que en algunos puntos no se notaba la diferencia.

La prohibición no aplica al transporte público, algo que ha generado críticas de varios debido a que varios autobuses transitan por la ciudad a pesar de que lanzan por el escape columnas de humo negro.

Una protesta de camioneros contra el Hoy No Circula cerró dos carreteras en la periferia de la Ciudad de México, ocasionando enormes filas vehiculares. Los camioneros protestan porque la norma les impide hacer sus envíos.

Otras protestas políticas, no vinculadas al tema, causaron colas en otras avenidas de la capital, conocida por sus constantes manifestaciones públicas.

Muchos habitantes recurrieron al programa de bicicletas compartidas.

Rosa Torres se fue en carro con varias amigas y luego usó una de las bicicletas públicas para concluir el tramo hacia su oficina. Pero al llegar a la estación, todos los puestos estaban ocupados y tuvo que esperar hasta poder dejar la bicicleta.

“Estoy calculando un tiempo de moverme de un lugar a otro”, dijo Torres.

Luis Arturo García tuvo que dejar su automóvil en casa y usó el programa de bicicletas compartidas, aunque se tardó 30 minutos llegar a su trabajo, en comparación con los 10 minutos usuales.

“Me afecta mucho porque trabajo en las mañanas y estudio en las tardes. Son trayectos un poco largos y el transporte público se me hace imposible”, expresó García.

Dijo que las autoridades tienen que mejorar el transporte público, y que los empleadores permitan a la gente trabajar desde casa.

Se emitieron órdenes para que las fábricas en la zona metropolitana de la Ciudad de México reduzcan sus emisiones de gases en entre 30 y 40%, y las estaciones gasolineras sin un equipo anticontaminación tendrán que cerrar.


Las medidas anticontaminación anunciadas el mes pasado durarán hasta fines de junio, cuando comienza la temporada de lluvias. Las autoridades dicen que están trabajando en medidas de largo plazo para el futuro.

LA MARCHA

Los organizadores del evento para este sábado informaron que la marcha se llevará a cabo el próximo sábado a las 11:00 horas y partirá del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

Se convocó a las personas a vestir de blanco y a portar un cárteles con la petición que se apoya como es el caso de “Retirar la Nueva Medida del Hoy” y “Reajustar los límites de velocidad impuestos en la Ciudad de México”.

En el documento difundido se menciona que la verdadera razón de la alta contaminación “es la enorme flotilla de peseras y transporte público que no contienen los mecanismos para no contaminar y no están verificados, son Flotillas viejísimas en estado deplorable”.

En cuanto a la petición de “reajustar los límites de velocidad” piden que éste pase de los 50km por hora a los 65 km por hora, “ya que el límite fue impuesto para multarnos al por mayor, pues es imposible no pasarse de 50 km por hora en una avenida que después de atravesar un tráfico desesperante, por fin se logra un espacio libre”.

Dijeron que la velocidad de 50 kms por hora en avenidas como Reforma, palmas, Observatorio, Conscripto, y todas en las que se instaló, “es casi imposible de acatar en días laborables cuando hay un pequeño hueco para transitar sin tráfico”.

Asimismo pidieron que sean sacados de circulación “los vehículos chatarra sin convertidor catalítico”; que se cambie el parque vehicular del gobierno a modelos más recientes y con mecanismos menos contaminantes; que se pavimente correctamente las avenidas sin usar chapopote y grava, sino concreto.

Propusieron establecer un horario nocturno para trabajos de pavimentación, reparación de sistema de alumbrado, semáforos, limpieza de calles, arreglos de CFE; además de uno para el transporte de carga, la recolección de basura, el riego de camellones.

Pidieron además revisar el sentido de calles y avenidas; crear un sistema de transporte público eficiente, seguro y no contaminante; incluir al transporte público a la misma medida del Hoy No Circula en el caso de no removerla: establecer paradas de camiones bien diseñadas cada 300 metros y multar a los vehículos de transporte público que no las respeten, y que se paran donde sea a levantar pasajeros.

También exigieron multar a los vehículos que teniendo semáforo en verde no alcanzan a cruzar por completo a la siguiente cuadra y quedan obstaculizando una calle/avenida a la mitad del crucero, no permitiendo que los autos de la avenida que cruza, que ahora tienen semáforo en verde, puedan pasar.

Otras de las medidas son: Establecer paradas (bahías) para subir y bajar pasajeros de taxis y multar a aquellos que no atiendan la medida; sustituir los peseros por transporte eficiente y seguro, y quitar los paraderos de los mismos de Avenidas como Revolución y Universidad entre otras; quitar taxis piratas y marca patito, con permiso en trámite y solo pintados de rosa.

Plantearon el que se sincronicen los semáforos de manera adecuada, con estudio de flujo de tráfico para un tránsito continuo y fluido, que se prohíba que los policías manipulen los semáforos y modificar puntos del nuevo reglamento de tránsito como vuelta a la derecha continua y límites máximos y mínimos de velocidad.

Además de una verificación obligatoria para el sistema de transporte público y de gobierno, la eliminación de cambio de la Tarjeta de Circulación cada 3 años,; que solamente se haga con cambio de propietario; la eliminación y reembolso de la Tenencia Vehicular, sea del precio que sea el vehículo, ya que el impuesto para transitar se pago con el impuesto de adquisición del vehículo.

Y establecer lugares para manifestaciones y plantones, se tiene derecho a ello y el resto tenemos derecho a circular; regular el día de marchas ciudadanas en fin de semana, con el propósito de no obstaculizar arterias principales de la ciudad en días de laborales de mayor circulación de lunes a viernes.


“El que se manifiesta tiene derecho de hacerlo y el que trabaja, tiene derecho a llegar a su centro de trabajo”, dijeron.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-04-2016/1644950

El GIEI reprocha a la PGR haber violado los acuerdos con los padres de los 43 y con la CIDH

La semana pasada, el Grupo de Expertos acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de romper un acuerdo de confidencialidad, suscrito por ambas partes, al dar a conocer los resultados del tercer peritaje que se realizó en el basurero de Cocula y el cual apuntaló la versión oficial sobre lo que ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) dijo este día que la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de dar a conocer los resultados del tercer peritaje hecho en el basurero de Cocula “fue tomada de forma unilateral”, y advirtió que no seguirán colaborando en el caso Iguala si no hay condiciones que se ajusten a estándares internacionales.

Una fuente del GIEI consultada este mismo día dijo a SinEmbargo que “se suspende la colaboración en el tema del fuego aunque sigue en todo lo demás”.

En conferencia de prensa, los expertos dijeron que es falso que no estuvieran presentes en la presentación de este peritaje por decisión propia, e insistieron que ni siquiera fueron notificados. Indicaron que con anterioridad advirtieron a la PGR de que “no se podía hacer una comunicación pública de algo que es provisional”.

Asimismo, dijeron que no correspondió al vocero de los seis Expertos en Materia de Fuego el dar a conocer los resultados de ese peritaje, sobre el cual desconocen el grado de consenso entre sus participantes.

La experta Ángela Buitrago lamentó el que el peritaje se haya dado a conocer sin antes haber informado a las familias sobre su contenido. Dijo que después de la conferencia de prensa en la que Ricardo Damián Torres, el vocero de los seis Expertos en Materia de Fuego, estuvo acompañado de Eber Omar Betanzos Torres, Subprocurador de la PGR, se pidió conocer el grado de consenso de los especialistas en torno al peritaje, teniendo como respuesta la existencia de un contrato de confidencialidad por lo que se desconoce el grado de consenso.

“Nosotros no vamos a dar información sobre el informe preliminar. Porque nosostros sí lo respetamos, si la reunión de este viernes no escuchamos dar las explicaciones pertinentes de parte de los peritajes. Ahí terminamos esta colaboración [en cuanto al basurero]”, dijo Buitrago.


“Las referencias que se hagan dentro de antropología forense no estarán dentro de lo que hemos solicitado. Solo nos hemos ceñido a las dinamita de fuego. Por lo tanto el panel no esta en capacidad de dar tal afirmación”, dijo a su vez Francisco Cox en referencia a la supuesta incineración de los 17 cuerpos.

La decisión unilateral de las autoridades mexicanas de dar una conferencia sobre los resultados preliminares de un tercer peritaje en el basurero de Cocula orillan que el futuro de la colaboración del GIEI sobre el incendio en Cocula se defina el viernes.

“Hubo varios puntos del acuerdo que suscribimos en Washington frente la CIDH, este studio fue una iniciativa de la PGR, para ello firmamos en febrero un nuevo acuerdo, donde se determinaban elementos fundamentales, que se iba a trabajar en consenso, y que cualquier resultado se iba a informar a las víctimas eso se rompió por parte de la Procuraduría”, explicó la experta Claudia Paz y Paz.

La postura del GIEI se da tras la conferencia unilateral hecha por la PGR el pasado 31 de marzo, en el que resultados preliminares apuntaron la posible incineración del 17 estudiantes en el basurero

“Las referencias que se hagan dentro de antropología forense no estarían dentro de lo que hemos solicitado, sólo nos hemos ceñido a las dinámicas del fuego. Por lo tanto dentro de este panel no está en capacidad de dar tal afirmación”, dijo el experto Francisco Cox sobre la conferencia unilateral.

De esta cuenta que el GIEI amenazó con ya no colaborar en los estudios del incendio en el basurero de Cocula, donde se presume que fueron incinerados los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche entre el 26 y 27 de septiembre del 2014.

“Nosotros no vamos a dar información sobre el informe preliminar. Porque nosostros sí lo respetamos, si la reunión de este viernes no escuchamos dar las explicaciones pertinentes de parte de los peritajes. Ahí terminamos esta colaboración [en cuanto al basurero]”, dijo Buitrago.

Los expertos indicaron que de ahora en adelante se centrarán en afinar su informe final, que será presentado al final de este mes. Y lamentaron que las acciones de la PGR, de dar a conocer resultados preliminares sin consenso, hayan “revictimizado a las víctimas” del caso de los 43.

“En este momento el GIEI ni siquiera tiene información del grado de consenso de dicho informe preliminar”, dijo la experta Angela Buitrago. Por información filtrada a los medios de comunicación se supo de discrEpancias entre los seis peritos que realizaron el tercer peritaje en el basurero de Cocula.

Sin embargo, al momento de que los expertos intentaron obtener información sobre estas discrepancias, recibieron por respuesta la existencia de un acuerdo de confidencialidad con la PGR, lo cual viola el acuerdo de coadyuvancia que faculta al GIEI.

Asismismo, los expertos acusaron que han sido objeto de una campaña de difamación. Buitrago, detalló que los señalamientos de José Antonio Ortega Sánchez de la organización civil Paz y Justica quedarán documentados dentro del informe final.

“Nuestra prórroga se vence el 30 de abril, hoy 6 de abril podríamos decir que los objetivos siguen vigentes, en pie, no los hemos cumplido a la cabalidad, pero la posibilidad de la prórroga está en manos de la CIDH, el Estado y los familiares”, dijo Alejandro Valencia.

Los expertos acusaron que su motivación para estar en México no ha sido más que la búsqueda de la verdad. Los objetivos por los cuales vinieron aún persisten, y lamentaron que a su trabajo se sumen obstáculos como las denuncias en contra de ellos.

“Esa denuncia se presentó en contra de Álvarez Icaza, pero también se nos incorporó dentro de los involucrados, aunque tenemos inmunidad”, dijo Claudia Paz y Paz. “Es importante mirar cómo todo lo descontextualizan para generar una campaña de desprestigio en contra de unas víctimas que han sufrido”, dijo Buitrago.

La semana pasada, el Grupo de Expertos acusó a la PGR de romper un acuerdo de confidencialidad, suscrito por ambas partes, al dar a conocer los resultados del tercer peritaje que se realizó en el basurero de Cocula a petición del Gobierno de México y el cual apuntaló la versión oficial sobre lo que ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Ricardo Damián Torres, el vocero de los seis Expertos en Materia de Fuego que participaron en el nuevo peritaje de Cocula, dijo el pasado 1 de abril, en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de Eber Omar Betanzos Torres, Subprocurador de la PGR, que a raíz de los resultados se podía establecer “la hipótesis sobre las condiciones, la cantidad de combustibles, tiempo y circunstancias necesarias para una quema masiva de 43 cuerpos […] sin embargo sólo con una prueba a gran escala podrá confirmarse esta posibilidad”.

El GIEI dijo que la información difundida sobre el estudio no les fue explicada previamente ni es el “consenso de los expertos de fuego”.  En cambio, la PGR respondió que sí respetó el acuerdo de confidencialidad e indicó que los resultados del tercer peritaje fueron abiertos en presencia del experto Carlos Martín Beristáin. Aclaró la semana pasada que en febrero se firmó un acuerdo con la Procuraduría en el cual se establecieron las bases para realizar este nuevo estudio, además de que se estableció que los peritos debían guardar confidencialidad sobre el trabajo realizado y “que todas las fases del estudio se realizarían de consenso”.

El Grupo Interdisciplinario de la CIDH enfatizó que aunque ninguno de los seis Expertos en Materia de Fuego podía salir a hablar públicamente en nombre del grupo sin presentar de manera clara a los integrantes, “se nos dijo sorpresivamente que la decisión que se había tomado era que el Sr. Torres saliera públicamente”.

El 6 de febrero pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) también aclaró que ni PGR ni los expertos en fuego tenían evidencias.

“El EAAF tampoco encontró evidencia que pudiera ligar esos eventos de fuego en particular a la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014”, dijo.

“No se pudo establecer desde qué fecha (temporalidad) se encuentran depositados dichos restos (de 17 o 19 seres humanos) allí”. Y, “tampoco pudo establecerse si los restos óseos humanos fueron depositados todos al mismo tiempo o en distintos eventos”, agregó.


La estancia del Grupo de Expertos termina esta mes. Así lo confirmó el pasado 29 de marzo el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En entrevista para Radio Fórmula, el encargado de la política interna del país dijo que en su labores de coadyuvancia, el GIEI no han encontrado una línea de investigación diferente a la planteada por la PGR.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-04-2016/1644862