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Socio de El Chapo se declara culpable en tribunal de Chicago

CIUDAD DE MÉXICO: Édgar Manuel Valencia Ortega, conocido socio de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable de ayudar a trasladar más de 1.5 millones de dólares en efectivo provenientes del narcotráfico entre Estados Unidos y México.

De acuerdo con información difundida por el diario Chicago Tribune, Valencia Ortega presentó su declaración de culpabilidad el miércoles ante un tribunal federal en Chicago, en la que reconoció haber lavado dinero relacionado con la venta de cocaína en Chicago y Los Ángeles.

Los fiscales afirmaron que no se espera que afronte otras acusaciones relacionadas con la importación de drogas. El Zorro será sentenciado el próximo 3 de agosto y podría pasar hasta 20 años en prisión.

Valencia Ortega, de 28 años, fue detenido en Las Vegas en 2014 antes de ser trasladado a Chicago, donde han sido acusados otros supuestos subordinados de El Chapo.


El Chapo, líder del cártel de Sinaloa, fue capturado en enero después de haberse fugado nuevamente de una cárcel de alta seguridad en México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438828/socio-chapo-se-declara-culpable-en-tribunal-chicago

Regina Martínez: La herida sigue abierta

Desde hace más de mil 400 días, periodistas veracruzanos piden justicia por el asesinato impune de su compañera Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso. La lista de agravios en el sexenio del terror que encabeza el gobernador Javier Duarte ha afectado a otros 16 comunicadores; y aunque el miedo embarga al gremio, no cesa su reclamo. Lo que duele no es sólo la negligencia de las autoridades, sino también que muchos de los personajes del entorno del mandatario hayan sido premiados con ascensos.

XALAPA, VER: El tiempo se le agota al gobernador Javier Duarte de Ochoa –sólo le quedan siete meses de gestión– y los problemas se le multiplican. Inseguridad, extorsiones, levantones, desapariciones y asesinatos impunes, incluido el de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz.

Hoy jueves 28 se cumplen cuatro años de ese homicidio y las autoridades estatales han sido incapaces de atender el reclamo de justicia de familiares, amigos, lectores y reporteros de este semanario.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fuerza Civil y la Fiscalía General del Estado (FGE) desconocen el paradero de José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, quien presuntamente ahorcó a Regina con una jerga de baño y la golpeó en diversas partes del cuerpo con una manopla. Después le robó un celular, un reloj de pulsera y dinero en efectivo, según la investigación ministerial 019/2012/PC y el proceso penal 358/2012.

Proceso tuvo acceso una sola vez a las diligencias ministeriales, según lo determinó en mayo de 2012 el entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado –antecesora de la FGE–, Felipe Amadeo Flores Espinosa, quien hoy es el líder estatal del PRI por recomendación de Héctor Yunes Landa, quien busca refrendar la gubernatura en los comicios del próximo 5 de junio.

Ya pasaron mil 400 días del homicidio de Regina y hasta ahora sólo ha sido recluido en el penal de Pacho Viejo Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, un enfermo de VIH que debe purgar una condena de 38 años y dos meses. Los custodios aseguran que “por órdenes de la dirección” El Silva se encuentra aislado.

La litigante Diana Coq Toscanini –ex­co­adyuvante de Proceso en el homicidio de Regina y actual defensora del Silva– critica la negligencia de las autoridades porque, dice, El Jarocho continua “paseándose” por la avenida Juan de la Luz Enríquez, en pleno centro histórico de Xalapa. Nadie lo detiene.

Según comentó el gobernador al reportero, El Jarocho “se ha escondido muy bien, pero lo vamos a encontrar”, mientras que el fiscal Luis Ángel Bravo respondió por escrito a un cuestionario que se le hizo llegar: la orden de aprehensión contra el otro coacusado ha sido boletinada a toda la República, incluso a la Policía Federal, y también está “alojada en Plataforma México”.

Y agregó: “Hay voluntad política y disposición jurídica. La FGE no conduce su actuar por lineamientos políticos o mediáticos. Nos ceñimos a un marco jurídico en el que agotamos todos los medios legales para su cumplimiento”.

Sin embargo, en el ámbito local, las inconsistencias no se han subsanado. La juez Beatriz Rivera, por ejemplo, nunca consideró las declaraciones de Jesús Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez, El Chilango, un presunto operador de Los Zetas en Veracruz, pese a que aseguró (averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/133/2011) que en el homicidio de Regina estaban involucrados narcomenudistas de Xalapa (Proceso 1879).

Peor aún, según la toca 673-13 del Tribunal Superior de Justicia del Estado, El Silva fue detenido seis meses después de los hechos y sentenciado en 2013, en flagrante violación al debido proceso, pues no hubo una orden de aprehensión en su contra, como lo indican los artículos 14 y 16 constitucionales.

Incertidumbre gremial

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, registra “medidas cautelares de protección” a 37 periodistas que ejercen su oficio en Veracruz, así como a 10 defensores de derechos humanos, entre activistas sociales y tuiteros.

Según los oficios UDDH/911/3089 y UDDH/911/3113/2015, sólo la Ciudad de México le gana a Veracruz con 47 comunicadores “beneficiarios” del mecanismo de protección. Sin embargo debe tomarse en cuenta que en la capital del país sólo han sido asesinados cuatro periodistas entre 2000 y octubre de 2015, contra los 17 ocurridos en Veracruz en el sexenio duartista, incluido el de Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista de Proceso y AVC Noticias, ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

Rubencillo, como le decían sus compañeros, salió de Veracruz el 11 de junio de 2015, dos días después de colocar la placa de Regina Martínez para rebautizar la Plaza Lerdo con el nombre de su colega. Había decidido autoexiliarse tras detectar que policías vestidos de civil y empleados del gobierno estatal lo perseguían.

“Me voy antes que me peguen una madriza y me dejen más loco de lo que ya estoy”, le dijo a sus allegados antes de despedirse. “Mi exilio es temporal. Mira carnal –dijo a este reportero–, hay que estar tranquilos. Después de lo que pasó con Regina, serían muy estúpidos si se metieran conmigo o contigo”.

El fotoperiodista se fue a la Ciudad de México. Cuarenta y siete días después fue ejecutado junto a la activista cultural Nadia Vera, la colombiana Mile Virginia Martín, la estilista Jesenia Quiroz y la empleada doméstica Alejandra Negrete.

El asesinato más reciente en el gremio veracruzano es el de Anabel Flores, de El Sol de Orizaba y de El Buen Tono, quien el 8 de febrero pasado fue sacada de su domicilio en Mariano Escobedo por un comando armado. Al día siguiente su cuerpo fue localizado en la carretera que va a Tehuacán, Puebla.

Alarmados por la incertidumbre, periodistas de Acayucan, Álamo Temapache, Boca del Río, Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Medellín de Bravo, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan y Xalapa han solicitado “medidas cautelares de protección” –desde el llamado botón de pánico hasta escoltas– al gobernador, la FGE, la SSP y otras instancias federales.

Inconsistencias e irregularidades

La investigación ministerial 019/2012/PC, el proceso penal 358/2012 y la toca 673-13 están plagados de inconsistencias y diligencias inverosímiles.

Según el expediente consultado sólo una vez por Proceso, la noche del 27 de abril de 2012 y la madrugada del día 28, el guardia de seguridad privada que vigilaba los alrededores de la calle Rodríguez Clara y la privada del mismo nombre, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, donde vivía Regina, se reportó enfermo.

La patrulla asignada a la vigilancia del sector que incluye esa colonia, así como las de Emiliano Zapata y Francisco I. Madero, tampoco hizo su rondín en la calle Rodríguez Clara y privada del mismo nombre porque, según los uniformados responsables, el sector era muy extenso, por lo que decidieron hacer rondines aleatorios.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que durante el sexenio de Duarte fue transformada en la FGE, nunca incluyó la línea periodística crítica de Regina y decidió centrar las indagatorias en el entorno personal de la corresponsal de Proceso, una “persona altamente vulnerable” por ser mujer, entrada en años y vivir sola, según la investigación ministerial 019/2012/PC.

En su “disposición victimógena”, servicios periciales concluyó que Regina se encontraba en el “inicio de una relación”, porqué encontraron en su vivienda cosméticos y perfumes nuevos, así como insumos propios de una persona que “inicia una relación”.

En abril de 2013, un año después del asesinato de Regina, el reportero de Proceso Jorge Carrasco, parte coadyuvante en el caso, recibió informes acerca de que exfuncionarios y colaboradores de Duarte, de la SSP y de la propia PGJE se reunieron para instrumentar “acciones hostiles” contra él por sus reportajes sobre el asesinato de Regina.

En esa reunión presuntamente convinieron en “tener cuidado con las cámaras” de seguridad pública instaladas en la Ciudad de México, donde, dijeron, ya se encuentra “gente” del estado de Veracruz.

Los premiados

El jueves 28 se cumplen cuatro años de impunidad en torno al caso de Regina Martínez Pérez. Durante este periodo Proceso ha documentado las pifias de las autoridades estatales, así como los premios a varios personajes del entorno duartista.

Felipe Amadeo Flores Espinosa, el exprocurador que entrampó el expediente de los asesinatos de Regina, Goyo Jiménez y Víctor Manuel Báez Chino, entre otros, hoy está al frente de PRI estatal; su hijo Amadeo Flores Villalba fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), aun cuando no ha hecho carrera judicial.

Beatriz Rivera Hernández, la juez que validó los desaseos en la detención del Silva y en las diligencias ministeriales, también fue ungida como magistrada del TSJ.

Marco Antonio Lezama Moo, el subprocurador de Justicia que llevó el caso al principio, despacha como magistrado en la Séptima Sala Penal desde hace dos años, pese a su negro historial. Él fue quien validó las irregularidades en el homicidio de Regina; también encaró un “juicio administrativo” de la propia PGJ por estar en la presunta nómina de Los Zetas.

Cristopher Fuentes Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, El Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, El Chilango, declararon que Lezama Moo presuntamente recibía 80 mil pesos mensuales de la organización delincuencial a cambio de diligencias y favores cuando fungió como subprocurador en Córdoba.

Lezama Moo también se ganó el repudio de tuiteros, organizaciones y activistas sociales a raíz de una entrevista con reporteros de Xalapa en la que el funcionario aseguró que la mayoría de las desaparecidas eran gente que se “iba con el amante, otra novia o con el amiguito”.

El magistrado federal Agustín Romero Montalvo fue el encargado de desahogar la primera fase del amparo interpuesto por Alfonso Martínez Pérez, hermano de Regina, que recayó con la toca 673/13-SC en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Distrito. A los tres meses de que ingresó el amparo, el gobierno de Duarte promovió a la esposa de Romero, María Dolores Silva Ovando, como Consejera del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado (PJE), a propuesta de Duarte.

El magistrado Edel Álvarez, exlíder estatal del PRI, fue quien “revocó” la sentencia contra El Silva, lo que le permitió al inculpado estar libre durante nueve meses, fue trasladado de la Séptima Sala Penal a la Tercera del Tribunal Superior de Justicia.

El presidente del PJE, Alberto Sosa Hernández, quien también dio curso legal a la investigación ministerial del expediente de Regina, se reeligió en diciembre de 2013.

Jorge Toss Capistrán, el juez federal que concedió “el amparo” en la segunda etapa del expediente, para que El Silva regresara a la cárcel, fue compensado, aunque de forma indirecta: uno de sus hermanos, Adolfo, es candidato del PRI a la diputación por Xalapa, mientras que otro, Leopoldo, pasó de ser un empleado en el PJE a juez de primera instancia.

Consuelo Lagunas, exdirectora de Investigaciones Ministeriales, fue removida dentro de la FGE; hoy es titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata.

Otros reacomodos: Braulio Salazar Conde, excomandante de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) asignado al caso Regina, hoy es delegado regional de la Policía Ministerial en la zona sur; Marco Antonio Rodríguez, agente del Ministerio Público Especializado en Denuncias en Contra de Periodistas y/o Comunicadores, fue ascendido a juez interino de Procedimiento Penal Oral en Xalapa; Norberto Pérez, jefe de grupo de la antigua AVI, fue enviado como comandante de la Policía Ministerial en la zona sur, y Crosbi González Montiel pasó de director de Servicios Periciales del Estado a subprocurador regional de Justicia.

En los últimos cuatro años Regina Martínez Pérez ha recibido diversos homenajes dentro y fuera del país.

En Veracruz, sus amigos y colegas bautizaron en dos ocasiones la Plaza Lerdo con el nombre de la corresponsal de Proceso. Cada 28 de abril salen a las calles a exigir justicia al gobierno de Duarte por ella y los otros 16 periodistas veracruzanos.

En enero pasado, a instancias de los reporteros de la fuente legislativa, el Congreso local bautizó la Sala de Prensa de su recinto con el nombre de Regina. En esa ocasión recordaron que ella recorrió cientos de veces los pasillos del parlamento veracruzano para hacer sus reportajes y documentar sus denuncias, siempre puntuales.

Decenas de fotoperiodistas, reporteros, camarógrafos y directores de medios de comunicación que asistieron al homenaje aplaudieron a Ana Lilia Velázquez, reportera de Notiver y Plumas Libres, cuando leyó: “Es un pequeño y perenne homenaje a la reportera solidaria, profesional, firme, discreta, fuerte e independiente. Así fue ella”,

Asimismo se leyó el mensaje del director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, en el que reiteró: “Como lo hicimos en su momento, clamamos por una justicia que no llega. Reiteramos nuestro rechazo a las investigaciones y a los resultados que dicen haber obtenido las autoridades de Veracruz y una vez más, desde este recinto (el Congreso local), volvemos a decir: ¡No les creemos!

“El asesinato de Regina Martínez hirió a Proceso en lo más profundo y provocó un dolor que ha sido compartido por el gremio periodístico de Veracruz, del país entero y de muchas partes del mundo.


“De hecho, el crimen es un hito, un antes y un después, en la historia de las relaciones entre la prensa y el poder político en México, en particular en el depredado territorio veracruzano. Desde entonces, están y estarán marcadas por la amenaza latente, por la desconfianza, por la violencia y aun por la agresión. Pero el gremio que es fiel a los principios básicos del periodismo, aquel que tiene como razón de ser la búsqueda de la verdad, sigue adelante.”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/438775/regina-martinez-la-herida-sigue-abierta

Recuerdan a Regina Martínez a cuatro años de su asesinato, aún impune

XALAPA, Ver: Con dos cubetas de yeso blanco y un rodillo de pintura activistas culturales, periodistas y amigos de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, escribieron su nombre en la plaza del centro histórico para recordar al gobierno del priista Javier Duarte que el asesinato de la reportera veracruzana continua impune.


Integrantes del grupo Decide –defensor de los derechos humanos y vejaciones a estudiantes—, del Colectivo Voz Alterna –que fundó el fotoperiodista asesinado, Rubén Espinosa—, así como amigos y colegas de Regina Martínez participaron en la recolocación, por tercera ocasión, de una placa de latón con el nombre de Plaza Regina para conmemorar el su cuarto aniversario luctuoso.

Además, sobre la plancha de concreto de la oficialmente llamada plaza Sebastián Lerdo de Tejada, activistas también escribieron: “Rubén Vive” y “Nadia Vive”, en alusión al multihomicidio de la Narvarte donde murieron asesinados el fotoperiodista de Proceso Rubén Espinosa y la activista cultural Nadia Vera, del que el próximo domingo se cumplen 9 meses y también continúa impune.

En el programa para conmemorar los 4 años del homicidio de Regina Martínez Pérez, el Colectivo Voz Alterna entregó el reconocimiento “Regina Martínez” al reportero de Blog Expediente, Miguel León Carmona, por su ética en el periodismo, por dar voz a las causas justas y documentar el dolor de las desapariciones forzadas.

Arantxa Arcos de AVC Noticias y Guadalupe López de El Heraldo de Xalapa leyeron una semblanza sobre la trayectoria de Regina Martínez quien siempre buscaba documentar las injusticias hacia los campesinos, los despojos de tierra, las negligencias en el sector salud y la corrupción que imperó en los sexenios de Patricio Chirinos, Miguel Alemán, Fidel Herrera y el primer año de gobierno de Javier Duarte.

Con la voz entrecortada Guadalupe López recordó que el día que mataron a Regina, en el Congreso Local los diputados del PRI –liderados en ese entonces por Eduardo Andrade, hoy magistrado—le regatearon a la periodista veracruzana otorgarle un minuto de silencio en su memoria.

López señaló que si no hubiera sido por legisladores de oposición, a Martínez Pérez ni siquiera le hubieran guardado luto en el recinto legislativo donde por más de una década se le vio reporteando en sus pasillos.

“Hoy creo que el mejor homenaje que se le puede hacer, es que se le haga justicia. El sexenio duartista afortunadamente está por concluir, a Javier Duarte lo juzgará la historia, el próximo sexenio esperamos que cesen las agresiones contra los comunicadores”, expresó López frente a unos 50 asistentes al homenaje a Regina.

Norma Trujillo del Colectivo Voz Alterna recriminó que hay elementos en el asesinato que no han sido explorados, como el trabajo editorial de la periodista, además de que hay “un prófugo” pese a que la Fiscalía General del Estado ya dio por resuelto el caso.

Han pasado mil 460 días sin que la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), Fuerza Civil, o la Fiscalía General del Estado (FGE) hayan podido dar con el paradero de José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, presunto autor intelectual del asesinato de Martínez Pérez.

Según la investigación ministerial 019/2012/PC y el proceso penal 358/2012, la periodista fue ahorcada con una jerga de baño y golpes en diversas partes del cuerpo con una manopla; le robaron un teléfono celular, un reloj de pulsera y dinero en efectivo.

A cuatro años y con dudas e inconsistencias en el proceso penal, sólo se encuentra en la cárcel Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, purgando una condena de 38 años y 2 meses de prisión.

Actualmente se encuentra enfermo de VIH y custodios que trabajan en el penal de Pacho Viejo, aseguran que por órdenes de la dirección está aislado y en inactividad física (Proceso 2060).


En redes sociales, con los hashtag #ContemosLaHistoria y #NoLesCreemos, la agencia AVC Noticias empezó a circular contenido multimedia en el que explica paso a paso porqué se cae la teoría ministerial de que a Regina Martínez la mataron sólo por robarle.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438846/recuerdan-a-regina-martinez-a-cuatro-anos-asesinato-aun-impune

Suavizan PRI y PVEM leyes anticorrupción

Ciudad de México. Los grupos parlamentarios del PRI y PVEM en el Senado de la República presentaron su proyecto de dictamen de legislación secundaria en materia anticorrupción, en el que disminuyen los alcances de la llamada ley 3 de 3.

La propuesta establece que en el caso de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de los servidores públicos, podrá hacerse pública únicamente si los funcionarios lo deciden. Es decir, no será obligatorio como se plantea en el proyecto que elaboraron PAN y PRD conjuntamente con organizaciones sociales.

Igualmente, PRI y PVEM plantean que los cónyuges no estén obligados a presentar también sus tres declaraciones.


Los senadores de PAN y PRD analizan la propuesta, y de entrada consideran que lo que el PRI plantea es eliminar por completo la llamada ley 3 de 3, la iniciativa ciudadana que se integró a una de las leyes secundarias, la ley general de responsabilidades.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/28/suavizan-pri-y-pvem-leyes-anticorrupcion

MC guardó de forma “no segura” el padrón: Amazon

Ciudad de México. Sin aludir expresamente a un ataque de hackers a su base de datos, la empresa Amazon Web Services (AWS) dio a conocer que la copia de la Lista Nominal de Electores del partido Movimiento Ciudadano se realizó “de una manera no segura, en un espacio de almacenamiento de la nube AWS”.

La empresa solo fijó una postura oficial sin abundar mayormente argumentando que está imposibilitada de hacerlo puesto que hay una investigación en curso. No obstante apuntó:

“Todas las medidas de seguridad y redes de Amazon Web Services operaron –y continúan operando- como fueron diseñadas. Una vez que AWS fue notificado de que una base de datos con información sensible fue almacenada de una manera no segura en la nube de AWS y era accesible vía internet, seguimos nuestros protocolos de seguridad a fin de confirmar desde ese momento que la base de datos no fuese accesible”.

De acuerdo a la postura fijada por Movimiento Ciudadano, la víspera, como medida de seguridad para evitar “descuidos”, determinaron alojar la base de datos del padrón electoral que les proporcionó el Instituto Nacional Electoral en febrero de 2015, para su verificación, en el sitio de Amazon, a sugerencia de Indatalab S.A. de C.V., una empresa que les suministra servicios informáticos.


Sin embargo, según la versión de Movimiento Ciudadano, el pasado 22 de febrero se registró un ataque de hackers que permitió acceder a la información que por ley debe ser reservada pues involucra todos los datos personales de los ciudadanos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/28/mc-guardo-de-forma-201cno-segura201d-el-padron-amazon

Aseguran en Sinaloa laboratorio clandestino donde se producían drogas sintéticas

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) informó que personal de la dependencia desmanteló en Guasave, Sinaloa, un laboratorio clandestino donde al parecer se producían drogas sintéticas.


En un comunicado, la dependencia precisó que los marinos hallaron el laboratorio durante un recorrido de vigilancia terrestre y apoyo a la seguridad pública en inmediaciones del poblado Corerepe, en un camino de terracería entre canales de riego.

En el lugar encontraron objetos irregulares cubiertos con hule negro y maleza, y al descubrirlos se percataron de que se trataba de material y precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas, por lo que procedieron al aseguramiento del perímetro.

Los marinos localizaron dos bolsas con un polvo blanco granulado, 17 tinas de metal con capacidad de 50 litros, 10 tambos de plástico con capacidad de 80 litros, cuatro ollas de metal de diferentes tamaños y dos coladores de metal.

En el mismo sitio se hallaron seis frascos de plástico con capacidad de 100 litros con alcohol de caña; dos tambos de plástico con capacidad de 10 y 50 litros, cada uno con un líquido negro con olor ácido, y cuatro frascos de plástico con ácido clorhídrico, según la etiqueta colocada.

Además se aseguraron 24 cubetas de plástico vacías con capacidad de 19 litros, una cubeta de plástico con capacidad de 19 litros con un líquido negro con olor fuerte a ácido y penetrante, y un bidón con capacidad de 18 litros con ácido acetílico.


Al lugar arribaron autoridades del Ministerio Público Federal para dar fe de los hechos y realizar las investigaciones correspondientes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438820/aseguran-en-sinaloa-laboratorio-clandestino-donde-se-producian-drogas-sinteticas

CFE reporta pérdidas por 20.2 mil mdp; atribuye la caída a baja en tarifas

CIUDAD DE MÉXICO: Durante el primer trimestre del año la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró pérdidas por 20 mil 219 millones de pesos, cifra 24% superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con su reporte financiero enviado hoy a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa productora del Estado reportó ventas por 71 mil 226 millones de pesos en el periodo enero-marzo, dos mil 223 millones menos que el año anterior.


Según CFE la caída se debe principalmente a la reducción en el valor de las tarifas de electricidad que anunció el gobierno federal, y que son determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además de la caída en sus ventas, los costos de CFE aumentaron 7.4% respecto del año pasado y cerraron en 85 mil 297 millones de pesos. En el primer trimestre del año pasado los costos fueron de 79 mil 384 millones de pesos.

Y debido a que sus costos fueron más altos que sus ventas, la empresa reportó una pérdida bruta de 14 mil 71 millones de pesos, que sumados a las pérdidas financieras, arrojó pérdidas totales por 20 mil 219 millones de pesos, según el reporte financiero.

En cuanto a la disparidad del peso contra el dólar, las pérdidas fueron de mil 685 millones de pesos. Dicho monto fue menor al reflejado al cierre de 2015, cuando sumaron 6 mil 572 millones de pesos.


Además, los pasivos a largo plazo por obligaciones laborales, es decir, las pensiones, llegaron a 634 mil 999 millones de pesos al 31 de marzo de 2016. Al cierre de 2015 fueron por 625 mil 083 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento de 1.5 por ciento en tres meses, reportó la CFE.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438818/cfe-reporta-perdidas-20-2-mil-mdp-atribuye-la-caida-a-baja-en-tarifas

“¿A quién protege el gobierno?”, cuestiona The Economist sobre Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO: Como un “crimen espantoso” calificó el semanario The Economist el caso Ayotzinapa, cuyo posible encubrimiento “recuerda a los mexicanos lo que más les disgusta de su gobierno”.


A unos días de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su informe sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el que critica al gobierno por obstaculizar su trabajo, el semanario británico publicó un artículo en el que describe así el ánimo entre los mexicanos:

“Nadie sabe lo que realmente sucedió (la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala), pero todo el país está especulando.

“¿A quién, se preguntan los mexicanos, está protegiendo el gobierno? Al Ejército y a la Policía Federal, sospechan muchos. Los mexicanos están aún más horrorizados por el comportamiento de los policías locales.

“La historia les recuerda que en algunas partes de su país el crimen organizado se ha infiltrado en la política local tan a fondo que los dos bandos son difíciles de diferenciar. También les recuerda que los crímenes en México rara vez son castigados: sólo uno de cada 100 llega a una condena”.

En su reciente edición el semanario británico reseña cómo el GIEI se ha quejado de que el gobierno mexicano obstruyó su investigación al no permitirle entrevistar a los soldados del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala.

Refiere también que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dicho que, de acuerdo con un testigo, oficiales de la Policía Federal (PF) estaban presentes cuando los estudiantes fueron sacados de un autobús y agrupados en patrullas municipales sin haber interferido.

El GIEI, subraya The Economist, “cuestiona también si el Ejército no actuó cuando pudo hacerlo”.

Y se refiere a la “verdad histórica” del gobierno como “impactante”. Reseña The Economist:

“En septiembre de 2014 un grupo de normalistas de Ayotzinapa, en el suroeste del estado de Guerrero, decidió comandar algunos autobuses en la cercana ciudad de Iguala.

“Ellos querían ir a una reunión en la Ciudad de México, es común para los estudiantes en esa parte de México tomar autobuses para tales cosas. Por lo general, los devuelven. Cuarenta y tres de esos estudiantes desaparecieron y se presume que están muertos.

“El alcalde de Iguala y su esposa estaban enojados con ellos por haber interrumpido un evento político, dice el gobierno federal, y ordenaron a la policía local entregarlos a un grupo de narcotraficantes, los Guerrero Unidos. Los gánsteres confundieron a los estudiantes con los miembros de una banda rival. Los mataron, quemaron sus cuerpos en un vertedero de basura y arrojaron los restos en un río.

“O eso es en lo que el gobierno insiste. La verdad puede ser peor”, advierte el semanario.

Destaca además que fue debido a la presión de las familias de los estudiantes desaparecidos que el gobierno invitó a expertos extranjeros convocados CIDH, para investigar. Añade que el grupo no encontró evidencia alguna de que los estudiantes hubieran sido quemados en basurero de Cocula y que ha sugerido que uno de los autobuses quizá estaba siendo utilizado para transportar heroína de Guerrero a Chicago.

“Los estudiantes podrían haber sido asesinados porque sin darse cuenta se hicieron de millones de dólares en drogas”, arguye la revista.

Luego refiere que incluso los detalles en la que ambas partes están de acuerdo, son confusos:

“El 26 de septiembre, alrededor de las 21:30, cerca de 100 estudiantes dejaron Iguala en cinco autobuses. Tres de los autobuses fueron atacados por la policía local. Los estudiantes de uno de los autobuses fueron llevados por la policía y no han sido vistos desde entonces. Los otros dos autobuses, que tomaron una ruta diferente, también fueron detenidos.

“Una vez más, fueron sacados los estudiantes y no se han visto desde entonces. Los otros, que habían sido alertados de lo que estaba ocurriendo, se escaparon en la oscuridad. Posteriormente se encontraron los cuerpos de tres transeúntes y tres estudiantes. A uno de los estudiantes le habían arrancado los ojos y la piel de su cara”, relata The Economist.

Después de los hechos, sigue la revista, el alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa están en custodia, al igual que 73 policías municipales y 50 miembros de los Guerreros Unidos. Destaca que la versión del gobierno se basa en gran parte en las confesiones de los criminales, y refiere que el GIEI ha alegado que 17 de los miembros de la banda criminal fueron torturados.

El grupo de expertos, subraya el medio, “ha citado fotografías que demuestran cómo, mientras los interrogatorios progresaban, los implicados lucían cada vez más maltratados”.

Un desastre de relaciones públicas

The Economist afirma que para el presidente Enrique Peña Nieto el caso ha sido “un desastre de relaciones públicas” pues le tomó un mes reunirse con las familias de las víctimas y 17 meses visitar Iguala.

“Ahora muchos mexicanos cuestionan su buena voluntad para confrontar la cultura de la corrupción que permite a la violencia prosperar”, sostiene el semanario y destaca que “el índice de aprobación del señor Peña es de un lamentable 30%, en parte debido a las acusaciones por corrupción”.

Pone como ejemplo que el empresario Juan Armando Hinojosa, el contratista favorito del gobierno que construyó la casa de su esposa, fue señalado en los documentos del #PanamaPapers por haber movido 100 millones de dólares a través de una empresa offshore.

Consultada por el semanario, Viridiana Ríos, del Centro Wilson, un centro de estudios en Washington opinó que “México está despertando”, y que una grande y más asertiva clase media “ya no está dispuesta a soportar la corrupción y la impunidad”.

Al respecto, The Economist destaca que el Congreso mexicano está pronto a considerar un paquete de leyes contra la corrupción y que en fechas recientes ha hecho esfuerzos por frenar su caída.

“El señor Peña, que ha impulsado las reformas de Energía y Telecomunicaciones, todavía tiene la capacidad de sorprender. La semana pasada, admitió que la guerra contra las drogas no iba bien. Propuso la legalización de la mariguana medicinal y la despenalización de la posesión de 28 gramos o menos de mariguana recreativa.

“Esto podría comenzar a desacelerar la guerra contra las drogas, sacar a los delincuentes inofensivos de las cárceles repletas de México y centrará las fuerzas de seguridad en los delitos que aterrorizan a los ciudadanos comunes, como la matanza de los futuros profesores de Ayotzinapa”, considera el medio pero advierte:


“El establecimiento del Estado de Derecho en México tomará años”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438873/a-protege-gobierno-cuestiona-the-economist-ayotzinapa

La PGR investiga a Tomás Zerón y a otros funcionarios por la visita al Río San Juan

La Visitaduría General es el órgano encargado de la investigación al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR y a otros servidores públicos por las diligencias realizadas el 28 de octubre de 2014 en las inmediaciones del Río San Juan, en Cocula, Guerrero.

La Procuraduría General de la República investiga a Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y a otros servidores públicos por los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2014, en las inmediaciones del Río San Juan, en Cocula, Guerrero.

“Con fecha 27 de abril del presente, la Oficina de Investigación del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, dio vista de este asunto a la Visitaduría General para que en pleno ejercicio de sus atribuciones, proceda a investigar la actuación de los servidores públicos de la Institución en estos hechos y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes”, indicó la PGR en un comunicado.

El artículo 21 de la Ley Orgánica de la PGR establece que la Visitaduría General “es el órgano de supervisión, inspección, fiscalización, evaluación técnico-jurídica y control de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los agentes de la Policía Federal Ministerial, de los oficiales ministeriales, de los peritos, y de los demás servidores públicos de la institución en lo que se refiere a las funciones sustantivas que realizan, así como de investigación de los delitos en que eventualmente incurran”.

Además, el Órgano Interno de Control intervendrá para, en el ámbito de sus atribuciones, determinar si se incurrió en alguno de los supuestos de responsabilidad, previstos en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La investigación en contra de Zerón de Lucio se da a conocer cuatro días después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) difundió un video en el que se ve al director de la AIC realizando diligencias en el Río San Juan, un día antes de que se encontraran los restos de uno de los 43 normalistas desaparecidos.

Sobre el video, Zerón de Lucio ofreció una conferencia el miércoles 27 de abril en la que aseguró que las diligencias realizadas el 28 de octubre de 2014 en el Río San Juan forman parte de investigaciones que se sustentan en un mandamiento ministerial.


Detalló que lo ocurrido un día antes de que se encontraran los restos óseos en el Río de San Juan, en Cocula, formó parte de múltiples visitas que realizó a Guerrero como parte “de la investigación más profunda de un hecho delictivo en la historia reciente de la procuración de justicia en México”.

Agregó que el recorrido por el Río Cocula del 28 de octubre de 2014 “terminó hacia las cuatro de la tarde, de lo cual pueden dar cuenta dos representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, de nombres: Pilar San Martín y Omar Gómez Trejo, quienes junto con la prensa pudieron atestiguar  nuestra presencia junto al detenido.

“Vale recordar, que Omar Gómez Trejo se desempeña actualmente como Secretario Técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, dijo Zerón de Lucio.

En respuesta, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lanzaron este jueves 28 de abril críticas y aclaraciones respecto a los dichos de Zerón de Lucio.

La ONU-DH indicó que nunca llegó al Río San Juan y, por ende, no fue testigo de las diligencias practicadas por la PGR en esa zona de Guerrero, en contradicción con lo que dijo Zerón de Lucio.

“Por lo anterior, la ONU-DH manifiesta su extrañamiento por la mención a su presencia y rol en actividades de la PGR en las que nunca participó, así como por la innecesaria exposición mediática de la imagen y los nombres de una funcionaria y un exfuncionario de esta Oficina”, expuso ONU-DH en un comunicado.

Mientras que el GIEI expresó que Zerón tergiversa la realidad y su comportamiento es impropio.


Los expertos independientes señalaron que las declaraciones del director de la AIC confirman, en primer lugar, que la diligencia de aquel día no se encuentra registrada en algún expediente sobre el caso del ataque contra los 43 normalistas de Ayotzinapa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-pgr-investiga-a-tomas-zeron-y-a-otros-funcionarios-por-la-visita-al-rio-san-juan/

Moreno Valle entrega al Congreso de Puebla la iniciativa de Ley de Transparencia

El gobernador de Puebla entregó al congreso la iniciativa que busca armonizar la ley del estado con la federal. La propuesta aumenta a los sujetos obligados e incluye a fideicomisos, fondos públicos e instituciones autónomas.

El gobernador Rafael Moreno Valle entregó al Congreso local la iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Con esta iniciativa, en la que participaron expertos e integrantes de la sociedad civil, el gobierno de Puebla busca armonizar su ley local en materia de transparencia con la del país.

“El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), revisó la propuesta y reconoce la constitucionalidad de su contenido”, señaló el gobernador.
Esta iniciativa propone incrementar de 24 a 49  las obligaciones de transparencia, aumenta los sujetos obligados para incluir fideicomisos, fondos públicos, instituciones autónomas y cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos.

También reduce las causales, los plazos para reservar información y otorga nuevas facultades al órgano garante, con el objetivo de sancionar conductas indebidas.

Moreno Valle detalló que la iniciativa establece el concepto de Gobierno Abierto a través del cual se podrá conocer de manera permanente el uso y destino de los recursos públicos.

Destacó el trabajo de todos los que han hecho posible esta reforma, por compartir la convicción de que un gobierno honesto, eficiente y con resultados tangibles a la sociedad, que permitirá construir una mejor relación de confianza entre gobernantes y ciudadanos.

Puebla será el décimo estado en armonizar su legislatura local y dar cumplimiento formal al marco federal, dijo el diputado Francisco Rodríguez Álvarez.


Dijo que la transparencia es un derecho de acceso a la información y una oportunidad para que los ciudadanos conozcan la agenda pública en la toma de decisiones que el gobierno dentro de sus facultades realiza.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/moreno-valle-entrega-al-congreso-de-puebla-la-iniciativa-de-ley-de-transparencia/

Hasta 20 años de cárcel por tortura

Ciudad de México. En el dictamen que esta tarde se discutirá en comisiones unidas sobre la Ley de la Tortura se establecen dos delitos: el de tortura y el de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Las comisiones unidas de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos aprobarán esta tarde la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En el caso del delito de tortura se define que la comete el servidor público “con el fin de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal o como medio de coacción, como medida preventiva o por razones basadas en discriminación o con cualquier otro fin”.

Dicho delito se sancionará con una pena de prisión de 10 a 20 años y de 500 a mil días de multa. Dicha pena se puede incrementar en 50 por ciento adicional si la víctima es “una niña, un niño o adolescente; una mujer gestante; persona con discapacidad; adulto mayor o si la víctima es sometida a violencia sexual”.

En el caso del delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se establece que “al servidor público que en el ejercicio de su encargo como medio intimidatorio, como castigo o por motivos basados en discriminación, veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona se le aplicará una sanción de tres meses a tres años de prisión y hasta 200 días de multa”.

En este ordenamiento se señala que también comete el delito de tortura el particular que “con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público cometa alguna de las conductas para causar dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; cometa una conducta que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento”.

En este caso se le impondrá una pena de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa y también las penas se incrementarán en un 50 por ciento si la víctima es menor de edad; mujer gestante; una persona con discapacidad; adulto mayor o fue sometida a violencia sexual.

El dictamen fue modificado y se establecieron las dos definiciones que propuso el presidente Enrique Peña Nieto, uno para el delito de tortura y otro para el de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Las comisiones sesionarán a las 13:30 horas, estaba previsto que iniciaran los trabajos a las 11:30 de la mañana pero fue modificado el horario.


Los grupos parlamentarios se encontraban aún en sus reuniones previas, ya que estaban atorados en los temas de las leyes secundarias de anticorrupción, y en la iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto para autorizar el uso de la mariguana con fines médicos y aumentar la dosis que se puede portar para consumo individual.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/28/se-sancionara-hasta-con-20-anos-de-carcel-la-tortura

Se impulsan cinco ejes en educación: Aurelio Nuño

Ecatepec, Méx. Al inaugurar los trabajos de la Segunda Reunión del Grupo de Coordinación Regional Zona Central, Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, afirmó que el gobierno federal continuará impulsando cinco ejes estratégicos en materia educativa.

Ante la presencia los gobernadores del estado de México, Eruviel Ávila; de Puebla, Rafael Moreno Valle; de Morelos, Graco Ramírez, y de Tlaxcala, Mariano González, el funcionario federal aseguró que se avanza en la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa, lo que implica una reorganización política del mismo.

Queremos ir, dijo, de un sistema educativo clientelar, corporativo y opaco a uno donde prevalezca el mérito y en el que se cumpla la ley.

Antes, el gobernador mexiquense informó que en la entidad ya se cumplió la meta de escuelas de formación básica con plantilla completa, por lo que destacó que 14 mil 295 centros escolares han concretó su programa de Escuela al Centro, mientras que en mil 887 se ha integrado los comités de contraloría social para los programa de Escuelas al Cien y de tiempo completo.

Eruviel Ávila agradeció el apoyo de la Secretaria de Educación Pública y del gobierno federal para el cumplimiento de las metas, y afirmó que "no se puede permitir que haya alumnos de primera y de segunda" en el país, por lo que señaló que impulsará el ingreso de 170 mil niños de 3 a 5 años que no acuden al prescolar.

En estos momentos iniciaron los trabajos del encuentro en el que participa Alejandra Barrales, secretario de Educación de la capital del país, en representación del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.


Al concluir los trabajos se tiene prevista una conferencia de prensa para dar a conocer las conclusiones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LAURA POY SOLANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/28/se-impulsan-cinco-ejes-en-educacion-aurelio-nuno

En pocas palabras, Tomás Zerón miente: “La ONU-DH nunca llegó al Río San Juan, no fue testigo”

Ayer, Tomás Zerón de Lucio aseguró que durante su diligencia en el río San Juan estuvieron presentes representantes del Alto Comisionado de la Naciones Unidas, quienes habían sido invitados por el entonces Procurador Jesús Murillo Karam. Sin embargo, hoy la oficina de la ONU en México dijo que “nunca llegó al Río San Juan, y por ende no fue testigo de las diligencias practicadas por la PGR en la zona”.

La Organización de las Naciones (ONU) rechazó haber sido testigo de las diligencias realizadas por el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, como ayer lo aseguró el funcionario.

“La ONU-DH nunca llegó al Río San Juan, y por ende no fue testigo de las diligencias practicadas por la PGR en la zona; tampoco tuvo conocimiento de la presencia del Sr. Agustín García Reyes”, dijo esta tarde en un comunicado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Por lo anterior, agregó, “la ONU-DH manifiesta su extrañamiento por la mención a su presencia y rol en actividades de la PGR en las que nunca participó, así como por la innecesaria exposición mediática de la imagen y los nombres de una funcionaria y un ex funcionario de esta Oficina”.

La ONU precisó que el 28 de octubre de 2014 arribó en un helicóptero de la PGR al campo de fútbol de Cocula alrededor de las 16:10 horas para trasladarse de manera inmediata al basurero de Cocula. Explicó que su visita tuvo el objetivo de documentar los supuestos hallazgos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el mencionado basurero, en el marco de su mandato de observación.

Ayer, Zerón de Lucio presentó un video de su recorrido por el río San Juan la cual dijo fue para auxiliar los actos de investigación del Ministerio Público y que estuvo sustentada legalmente. El funcionario también sostuvo que durante su diligencia estuvieron presentes representantes del Alto Comisionado de la Naciones Unidas, quienes habían sido invitados por el entonces Procurador Jesús Murillo Karam.

El organismo internacional hizo un llamado para que se focalicen “todos los esfuerzos en el esclarecimiento del paradero de los estudiantes; la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; la reparación de las víctimas; y la plena implementación de las recomendaciones del GIEI, en los términos manifestados por el Presidente de la República y la Procuradora General de la República el pasado domingo 24 de abril”.


Finalmente, reiteró “su solidaridad con las víctimas, sus familiares y defensores y ofrece su plena disponibilidad para brindar la asesoría y acompañamiento que se requieran”.

Esta mañana, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que el video presentado el día de ayer por Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), está editado además y no forma parte del expediente del caso Iguala.

“Hay una parte en el video que mostró Tomás Zerón en donde aparecen miembros de la Marina, eso fue editado y corresponde a otro momento”, explicó el experto Carlos Beristain en una conferencia de prensa en el Museo de Memoria y Tolerancia.

Beristain dijo que la declaración de Zerón ratifica la denuncia que fue hecha por el GIEI sobre que ese día hubo una visita que no está en el expediente. “El contenido de su declaración pública ratifica las declaraciones del GIEI, de que no están en el expediente. El video presentando por Zerón muestra cuatro bolsas de plástico, que no anotaron en el expediente”, comentó.

El experto español agregó que el hallazgo de restos óseos en la zona aledaña al Río San Juan debió documentarse en una acta circunstancidada, pues “no pueden recogerse elementos del escena sin resguardar la escena y acta en el expediente”.


Dijo que el comportamiento de Tomás Zerón contraviene los estándares internacionales, mientras que sus declaraciones constituyen una tergiversación de la realidad. El integrante GIEI pidió por ello que se investigue a todos los funcionarios que estuvieron en el Río San Juan, en Cocula, e indicó que la parcialidad de la AIC en el caso está en duda.



El GIEI indicó que la visita de Tomás Zerón a la zona de Cocula si bien fue pública, se llevó a cabo con el inculpado, sin ninguna autoridad, además de que no existe ningún registro oficial sobre esta acción.

Claudia Paz y Paz indicó que los miembros del Alto Comisionado no estuvieron presentes en el Río San Juan, pues fueron trasladados directamente al basurero de Cocula.
“Ni la presencia de periodistas, ni que se hiciera a la luz del día, ni la presencia de ellos en el sitio podría legalizar algo, que como hemos señalado se aparta de los estándares internacionales de los mínimos que señala el protocolo de Minnesota para el manejo de una escena del crimen: ningún funcionario, ningún forense puede entrar en una escena del crimen, manipular la evidencia como se vio el día de ayer,sin que eso siga todas las pautas del protocolo de actuación del manejo de escena del crimen, dijo la experta guatemalteca.

La experta Paz y Paz mencionó que el inculpado García Reyes ya había presentado su declaración por lo cual “no se podía realizar una nueva diligencia como la del 28 de octubre sin la presencia de su abogado defensor”.

Carlos Beristain recalcó que una confesión obtenida por tortura, por normas internacionales, no puede presentarse ante ningún juicio, por lo que resulta inválida.

“Nosotros no somos quién para decir si hubo manipulación o no” , eso se los dejamos a la PGR, dijo la experta Ángela Buitrago y pidió garantizar la imparcialidad de la investigación ya que nadie puede autoinvestigarse. Seguido de esto recalcó que la presentación del video hecha por Tomás Zerón el día de ayer, tuvo que haber sido realizada por la PGR.

“El GIEI dijo que Zerón violó los estándares y protocolos para manejo de la escena del crimen. “La AP01/2015 no tiene ninguna acta circunstancidada sobre el 28 de octubre, no existe ningún video en el expediente”, señaló Ángela Buitrago.

Los expertos aseguraron que hay evidencia que el 28 de octubre en la madrugada, cuando Agustín García Reyes ingresó a la SEIDO, siete horas después de ser detenido, el inculpado tenía 30 lesiones que no estaban cuando lo detuvieron. El inculpado, dijeron. declaró que fue torturado: le pusieron una bolsa en la cabeza, le dieron toques eléctricos y fue golpeado.

Agustín traía una lesión visible en el cuello. Ese es el mismo personaje que aparece com Zerón en su video. “Las declaraciones de Zerón son una tergiversación de la realidad y sus declaraciones son muy graves”, indicó Beristain.


El GIEI solicitó tres puntos:

  • Investigación de los hechos señalados, es decir sobre las cuatro bolsas que no se encuentran registrados en el expediente.
  • La Agencia de Investigación Criminal debe quedar fuera de la investigación para que haya imparcialidad.
  • Se debe tomar declaración a todos los que estuvieron en el Río San Juan.

La noche de ayer, el titular de la AIC aseguró que su visita al Río San Juan fue para auxiliar los actos de investigación del Ministerio Público y que estuvo sustentada legalmente. Además acusó que el video mostrado por el GIEI sobre su visita a la zona, tiene varios errores, en fechas y horas, y presentó su propia grabación de su recorrido ese día en la zona.

El funcionario federal precisó este miércoles las actividades que realizó ese día en la zona del Río San Juan y dijo que el 28 de octubre de 2014 se dirigió a Cocula para verificar lo declarado por el implicado Agustín García Reyes, quien dijo que los normalistas habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al Río.


El pasado domingo el GIEI cuestionó, en su informe final, la alteración de las escenas del crimen en la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, como es la visita, que de acuerdo con el grupo de expertos, realizó Tomás Zerón de Lucio en la zona aledaña del Río San Juan un día antes de que se hallarán los únicos restos humanos, evidencia que dio pauta para la identificación del normalista Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-04-2016/1654099

Se incendian más de 150 héctareas de bosque en Michoacán

Morelia, Mich. Más de 150 hectáreas de bosque fueron arrasadas por el fuego en el cerro de La Cruz, en el municipio de Uruapan; el incendio fue provocado, inició ayer en la madrugada, y recién fue controlado esta mañana, informaron fuentes de la Comisión Forestal del Estado.

En el combate del siniestro participaron decenas de brigadistas, elementos de bomberos y personas voluntarias.

Ayer, alrededor de las 13:00 horas, se suponía que había sido controlado, pero debido a los fuertes vientos, el fuego resurgió y en unas cuantas horas las llamas alcanzaron varios metros de altura.

Se presume que algunos propietarios del bosque provocaron el incendio para cambiar el uso del suelo, poder cultivar aguacate y establecer asentamientos humanos.



Fuente: La Jornada
Autor: Ernesto Martínez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/28/se-incendian-mas-de-150-hectareas-de-bosque-en-michoacan

Un muerto y 17 heridos en accidente de combi en Atizapán

Atizapán de Zaragoza. Méx. Un muerto y al menos 17 pasajeros lesionados fue el saldo de un choque y volcadura de una combi de la ruta 88 que se presume era conducida a exceso de velocidad y se accidentó a la altura del kilómetro 11.5 de la autopista Chamapa-Lechería.

Policías municipales informaron que pasajeros dijeron que el conductor conducía muy rápido y le exigieron reducir la velocidad, además que una de las llantas se ponchó y la unidad perdió el control; en ese momento el vehículo se compactó contra otra unidad y enseguida la unidad volcó sobre uno de sus costados.

Con sus 18 ocupantes, dijeron, la combi número económico 582 derrapó sobre el pavimento y avanzó varios metros sobre su costado. Al impacto, una persona salió disparada por el parabrisas, una parte del toldo se desprendió y pedazos de la estructura de la combi salieron disparados.

Personal de protección civil y bomberos de Atizapán de Zaragoza, de Tlalnepantla, y un helicóptero del Grupo Relámpagos llegaron al lugar para auxiliar a los heridos. Asimismo, efectuaron el levantamiento del cadáver de la persona cuyo cuerpo quedó a unos metros de la unidad de pasajeros.

Cinco de los lesionados se negaron a recibir atención médica y tampoco quisieron proporcionar datos personales a los elementos de rescate. Doce lesionados fueron trasladados a distintos nosocomios entre ellos el Hospital de Traumatología del IMSS, de Lomas Verdes, localizado en Naucalpan.



Fuente: La Jornada
Autora: Silvia Chávez González
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/28/se-accidenta-combi-en-atizapan-un-muerto-y-17-heridos

Ejidatarios inundan sus tierras para evitar autopista en Atenco

Texcoco, Méx. Campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) inundaron parte de sus ejidos en Tocuila como medida preventiva para evitar que maquinaria y trabajadores incursionen en sus tierras y continúen con la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, parte del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Los ejidatarios desviaron parte del caudal del canal de aguas residuales que corre por la zona y excavaron zanjas para conducir el agua a sus ejidos, justo por donde pasa el trazo de la edificación de la autopista.

Desde la tarde del miércoles y durante la mañana de este jueves, los campesinos realizaron faenas para excavar las zanjas a un costado del bordo de tierra que divide el área federal de sus tierras ejidales. Con palas y picos, los miembros del FPDT de San Salvador Atenco y Tocuila condujeron la corriente del agua a sus parcelas, a largo de dos kilómetros, aproximadamente. Rápidamente el agua invadió sus tierras.

Los atenquenses señalaron que inundar sus tierras es una medida que evitará a los trabajadores continuar la construcción de la autopista.

Esta acción ocurre luego de que ayer detectaron que personal de la empresa constructora Cypsa Vise -que ya había tendido varios metros de membrana de tela y malla plástica para la cimentación de la vía-, reanudó la edificación de la autopista. La empresa ya había depositado decenas de toneladas de tezontle. Sin embargo, los campesinos lograron expulsar a los trabajadores y la maquinaria al quemar los materiales.

“En la comunidad de Tocuila, Texcoco, la situación es tensa. La empresa sigue introduciendo maquinaria y materiales, esta vez en pueblos vecinos, en el tramo que corresponde a San Felipe y Santa Cruz, justo donde ingresaron hace unos días y se les echó. Lo que dicen los señores trabajadores y la empresa que representan es que ese tramo está negociado.

“Sin embargo -acotaron-, se sigue cometiendo una violación al amparo que tenemos contra cualquier edificación en nuestras tierras y no sólo las empresas 'destructoras' están cometiendo una grave falta legal, sino las propias autoridades municipales, estatales y federales saben qué está ocurriendo en los pueblos de la Orilla del Agua y callan, como callan los cómplices que se enlodan con la impunidad y la injusticia”.

El FPDT hizo responsable al gobierno federal del “agravio” y lo que pueda pasar, tras advertir que los trabajos de la autopista son una “provocación” para los pueblos.

“Hacemos un llamado enérgico a los tribunales agrarios para que procedan contra los que están violando nuestro territorio que, legalmente, está amparado contra cualquier acción y obra que implique la degradación y despojo de nuestros suelos sagrados”, difundió el FPDT en un comunicado.



Fuente: La Jornada
Autor: Javier Salinas Cesáreo
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/28/ejidatarios-inundan-sus-tierras-para-evitar-autopista-en-atenco