SAT embarga tres cuentas bancarias de Miguel Padrés, hermano del ex Gobernador de Sonora: Reforma

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ordenó congelar la cuenta 0226407597 de Banorte, y las cuentas 11006578225 y 07706928-1 de Scotiabank Inverlat, a nombre de Miguel Padrés, desde el pasado 9 de marzo. Los Padrés están sujetos a investigación desde 2014, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora informó en diciembre de 2015 que se encuentran abiertos más de 30 expedientes diferentes para investigar las sospechas de casos de corrupción durante la administración del ex Gobernador panista.

Al menos tres cuentas bancarias de Miguel Padrés Elías, hermano del ex Gobernado de Sonora, Guillermo Padrés, fueron embargadas al estar sujeto a investigación por supuestos actos de corrupción, informó este día Reforma.

El diario capitalino detalló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ordenó congelar la cuenta 0226407597 de Banorte, y las cuentas 11006578225 y 07706928-1 de Scotiabank Inverlat, a nombre de Miguel Padrés, desde el pasado 9 de marzo.

Ayer, Juan Pablo Gómez Fierro, juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declaró incompetente, por razón de territorio, para conocer del amparo 1038/2016 promovido por Padrés el pasado 26 de mayo para impugnar el embargo, por lo que el expediente fue enviado a un juez federal de Hermosillo, Sonora.

Con dicho amparo, Padrés busca una suspensión provisional que le permita acceder a los recursos mientras corre la investigación en su contra.

Reforma recuerda que en marzo de 2015, el diario The Wall Street Journal reveló que la Secretaría de Hacienda (SHCP) investigaba a los Padrés tras de detectar que Miguel hizo transferencias por 8.9 millones de dólares a cuentas en Estados Unidos.

Los Padrés están sujetos a investigación desde 2014, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora informó en diciembre de 2015 que se encuentran abiertos más de 30 expedientes diferentes para investigar las sospechas de casos de corrupción durante la administración del ex Gobernador panista.


El 21 de mayo de 2015, el Departamento de Justicia estadounidense comunicó a la Procuraduría General de la República (PGR) que había iniciado una investigación contra Padrés Elías en Arizona y solicitó intercambiar información con México para reforzar sus pesquisas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-06-2016/3051424

“Crímenes contra la humanidad en México”, artículo de Jacobo Dayán

Lo que venían insinuando diversos informes de relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso el mensaje del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; ahora se nombra de manera contundente.

Open Society Justice Initiative (OSJI) presentó el informe “Atrocidades innegables. Confrontando Crímenes de lesa humanidad en México”. Se trata de un riguroso trabajo realizado por OSJI junto con organizaciones de la sociedad civil mexicana y expertos nacionales y extranjeros. Por primera vez se realiza un extenso informe sobre la crisis de derechos humanos en México con la visión del Derecho Penal Internacional.

El informe parte de que “a finales de 2006, el gobierno federal de México ordenó un despliegue nacional a gran escala de las fuerzas de seguridad para combatir al crimen organizado. Esta estrategia supuso que los índices de asesinatos, desapariciones, tortura y otras atrocidades se dispararan”. Los responsables son tanto actores estatales como miembros del crimen organizado.

El informe se centra en la responsabilidad del gobierno federal y el cártel de los Zetas “aunque no se descarta que otras investigaciones permitan concluir que otros cárteles también han cometido crímenes de lesa humanidad”, así como otros actores del Estado mexicano. Concluye que “la situación en México satisface la definición legal de crímenes de lesa humanidad establecida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (suscrito por México desde enero de 2006), así como en la jurisprudencia de la CPI y de otros tribunales internacionales”.

El Estatuto de Roma establece que el Crimen de lesa humanidad es “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física; f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

El Derecho Penal Internacional busca proteger los valores trascendentales para la comunidad internacional por lo que existe un interés global por reprimir y prevenir los crímenes internacionales (Genocidio, Crímenes contra la humanidad, Crímenes de guerra y en un futuro Crimen de agresión) y asignar y procesar responsabilidades individuales.

La obligación inicial de investigar y procesar estos crímenes recae en el Estado. Ante la impunidad, superior al 90%, surge la pregunta si las autoridades mexicanas quieren y pueden hacerlo. Sin duda, es fundamental el reconocimiento de la gravedad de los hechos. Lo que hemos visto es una negación permanente y un descrédito a quienes señalan esta crisis. El informe indica que el gobierno debe “iniciar medidas urgentes y extraordinarias, que incluyen la invitación a la ayuda internacional a fin de garantizar procesos de investigación y procesos genuinos e independientes”.

La constante ha sido la negación, pasamos del “se están matando entre ellos” del gobierno de Calderón a la negación y posterior descrédito y ataque a organizaciones de derechos humanos y funcionarios del sistema internacional durante la administración de Peña Nieto. Llevamos años en la simulación. Se crean instituciones y promulgan leyes para aparentar acciones que no han redundado en cambios. No se hace justicia, no se garantiza el derecho a la verdad ni a la reparación integral de las víctimas, no hay voluntad para crear un sistema de búsqueda e identificación de desaparecidos, no hay acciones para ubicar fosas clandestinas, no hay estadísticas claras y confiables, no se garantiza la no repetición con un cambio en la política de seguridad y la puesta en marcha de protocolos de uso de la fuerza. Se apuesta por la impunidad, el olvido, el ocultamiento de información y la administración de la crítica internacional.

No se niega la facultad del Estado para enfrentar al crimen organizado, de hecho “todo gobierno es responsable de la seguridad de su pueblo. En concordancia con dicha responsabilidad, el gobierno federal de México se ha propuesto una meta legítima: someter al crimen organizado. Sin embargo, lo ha hecho mediante una política que implicó el despliegue de las fuerzas armadas y la policía federal, y el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial en contra de la población civil supuestamente asociada con los cárteles delictivos, sin una regulación adecuada del uso de la fuerza y prácticamente sin ningún tipo de determinación de responsabilidades por los abusos resultantes”. En el país abundan los “falsos positivos” y las “víctimas colaterales”.

La responsabilidad criminal de funcionarios del Estado mexicano y miembros del crimen organizado alcanza límites que lesionan a la humanidad y atentan contra los principios básicos del reconocimiento de la dignidad humana.

Las recomendaciones al Estado se encuentran en el informe de OPJI y en el que entregó hace unos meses el GIEI. La ruta es clara e intransitable sin la cooperación mediante “la creación de una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción… Este órgano también puede brindar asistencia técnica a la Procuraduría General de la República / Fiscalía y a la policía de investigaciones; desarrollar propuestas de reforma para el sector judicial para su consideración por parte del gobierno mexicano, el Congreso y el público; y elaborar informes públicos sobre el estado de las reformas del sector judicial y el estado de derecho en México”.

Según las normas internacionales de la Responsabilidad de proteger (R2P), “la soberanía ya no significa únicamente protección de los Estados frente a injerencias extranjeras, sino que constituye una carga de responsabilidad que obliga a los Estados a responder del bienestar de su población”. De no hacerlo, le corresponde a la comunidad internacional alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad”.

Mientras, la violencia continúa. No podemos cambiar la llanta con el auto en movimiento, se requiere un cambio en el modelo de seguridad y detener la violencia. El agravio es de tal magnitud que no habrá sistema judicial capaz de procesarlo todo. “La posibilidad de establecer responsabilidades ante la CPI no deja de ser una opción si México sistemáticamente sigue sin investigar y procesar crímenes atroces”. Con la violencia contenida podríamos iniciar procesos de justicia transicional, iniciar el trabajo de comisiones de la verdad y tener una efectiva política de atención a víctimas. En este sentido resulta prioritario el trabajo de la CNDH, la CEAV y el INAI.

La presión tendrá que venir del exterior. Buena parte de los medios de comunicación ha sido comparsa y la ciudadanía no ha sabido articularse para presionar por un cambio.

Lo hacemos ahora o repetiremos la historia de los crímenes del pasado. Haber postergado ello es una de la razones por las que hoy atravesamos este oscuro y perverso presente.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: JACOBO DAYAN
LINK: http://aristeguinoticias.com/0706/mexico/crimenes-contra-la-humanidad-en-mexico-articulo-de-jacobo-dayan/

Ejecutan a funcionario del gobierno de Astudillo en Chilpancingo

CHILPANCINGO. Gro. (apro).- Un grupo armado ejecutó al subdirector del Registro Público Vehicular estatal (Repuve), Miguel Sánchez Méndez, la tarde del lunes pasado al norte de esta capital.

El joven funcionario estatal de 30 años, se desplazaba a bordo de una camioneta particular al norte de esta capital cuando fue interceptado por sicarios que viajaban en una motoneta, indican reportes oficiales.

El Repuve es un organismo que depende del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Daniel Pano Cruz, quien se ha caracterizado por ser un personaje señalado por presuntos actos de corrupción y ligado al exgobernador y actual senador priista, René Juárez Cisneros.

Las autoridades ministeriales embalaron al menos una decena de casquillos percutidos calibre .9 milímetros y hasta el momento no han determinado la causa del ataque.

La ejecución del colaborador de la administración del gobernador priista Héctor Astudillo ocurre en el contexto de la implementación de otro operativo de seguridad ahora denominado Fortaleza Guerrero, implementado por agentes federales y soldados para tratar de revertir los efectos de la narcoviolencia en la capital de la entidad.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
LINK: http://www.proceso.com.mx/443241/ejecutan-a-funcionario-del-gobierno-astudillo-en-chilpancingo

Nuevo Balsas, Guerrero, sitiado por el narco

El humilde municipio de Nuevo Balsas, cuyos habitantes viven de la agricultura y la pesca, despertó la codicia de varios poderes –mineras canadienses, políticos y bandas del narcotráfico– por su subsuelo rico en oro. Y si bien desde el año pasado cuentan con vigilancia policiaca y militar a raíz de una protesta por el secuestro masivo de pobladores, el grupo delictivo Guerreros Unidos sitió ahora a la comunidad para obligarla a pagar cuotas por la venta de productos pesqueros.

CHILPANCINGO, Gro.(Proceso).- Desde la semana pasada la comunidad Nuevo Balsas, del municipio de Cocula, se halla prácticamente en un estado de sitio impuesto por el grupo delictivo Guerreros Unidos.

Aunque integrantes de la organización criminal levantaron la medida que impusieron desde el 24 de mayo, la población de ese lugar en la ribera del río Balsas, en el norte del estado, sigue sin salir. Tampoco está recibiendo servicios básicos de salud y educación.

La gente tiene miedo de ser atacada por negarse a pagar al menos 40 mil pesos al mes por la explotación pesquera de la zona a Guerreros Unidos, banda afincada en Iguala, donde se perpetró la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.


El año pasado esa comunidad se vio obligada a crear un grupo de autodefensa para enfrentar a otro grupo delictivo, La Familia, tras el secuestro masivo de algunos vecinos a quienes pretendían extorsionar porque –señalaron los delincuentes– se beneficiaban de la explotación de la mina de oro Media Luna, propiedad de la empresa canadiense Torex Gold.

Los sujetos armados que los pobladores identifican como integrantes de Guerreros Unidos se contactaron el miércoles 1 con líderes comunitarios para decirles que ya pueden vender su producción de mojarra en el centro del país porque, indicaron, “ya estaba todo arreglado”, presuntamente con el gobierno.

No obstante, los pobladores denuncian que el sistema de transporte público sigue suspendido y ellos no pueden salir por temor a ser atacados por los criminales. Tal situación provoca escasez de alimentos. Además, ni los maestros ni los médicos van a la comunidad, porque nadie puede garantizar su seguridad.

En contraste, reprochan algunos vecinos entrevistados, los tres niveles de gobierno y el Ejército mantienen una vigilancia extrema en las instalaciones de Torex Gold y escoltan a los directivos de la empresa, así como los cargamentos de oro, para evitar que caigan en manos de los delincuentes.

Algunas personas consultadas, que pidieron el anonimato, denunciaron que el gobernador priista Héctor Astudillo no hace caso del problema y que sospechosamente las autoridades se niegan a restablecer el orden en la franja de la entidad donde Guerreros Unidos opera impunemente, aunque después de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa se incrementó la presencia de las policías de los tres niveles y el Ejército.

El 21 de mayo, policías comunitarios de Nuevo Balsas detuvieron a cinco personas, tres mujeres y dos hombres, cuando libreta en mano les cobraban una cuota a pescadores y comerciantes.

Los pobladores golpearon a los presuntos delincuentes que iban de Iguala, los rociaron con gasolina y trataron de lincharlos, pero después de ocho horas los entregaron a la Policía Federal y al Ejército, que intercedieron por los inculpados…

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2066 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
LINK: http://www.proceso.com.mx/443235/nuevo-balsas-guerrero-sitiado-narco

“Ni machitos, ni princesas”: otra vez juntas, otra vez hermanadas

Con más gente, menos instituciones, más intensidad, más juventud, menos puntualidad, más frío y al mismo tiempo más calor que hace un año, #NiUnaMenos se transformó en la marcha más diversa, justa, democrática y política de los últimos tiempos, entendiendo política en el sentido sano de la palabra.

No hay posibilidad de medir lo que ocurrió en números: no hay calculadoras para la emoción que se vivía a cada momento, y para la decisión de decir basta.

El año pasado –año electoral- hubo movida mediática y en las redes sociales, candidatos y farándula aparecían con el cartel de Ni Una Menos, el gobierno de entonces abrió una especie de asueto de facto que facilitó la llegada de gente que alrededor de las 2 de la tarde ya colmaba la Plaza de los Dos Congresos, y muchos gremios que no van ni a las marchas de la CGT salieron a sumarse.

En cambio este año, a la misma hora, todavía no había gente reunida y el tránsito por Avenida de Mayo corría fluidamente. A las 16 la policía debió interrumpir el paso de vehículos, y la gente fue sumándose con el correr de las horas. Esta vez no se trató de un acto sino de una marcha. A las 17 ya se veía Avenida de Mayo llena hasta la 9 de Julio. Y entre las 18 y las 19 se rompieron los pronósticos que auguraban menos gente. Llegaron más y más mujeres liberadas de sus trabajos,chicas y chicos de escuelas secundarias, columnas trans que cada vez congregan más gente, trabajadoras y trabajadores que empezaron a engrosar columnas de la CTA por ejemplo, y así se conformó una marcha gigantesca, alegre y conmovedora al mismo tiempo, de ida y vuelta hacia y desde Plaza de Mayo.

En muchos actos hay documentos. En #NiUnaMenos muchas de las personas que llegan son el mejor documento que permite entender el presente.

Limpiar sangre

Anabella, que se vino de Lanús, está parada frente al mural de MU. Tiene la mano roja. Se queda segundos, minutos, mirando un nombre específico. Luego pasa a otro. Lo mismo. Y luego otro: lo mismo. ¿Qué significa para ella todo esto? “Mucho. Viví la violencia de parte de mi papá de muy chica. A los 7 años tuve que aprender a limpiarle la sangre a mi mamá cuando mi papá le pegaba. La escuché llorar a escondidas. Yo también tuve que aguantar los golpes. A los 17 me fui de mi casa. Trabajé, me cagué de hambre, pero pagué mis estudios. Todo sola. Cuando era chica me han acosado mucho, me tocaron, me manosearon. Por eso significa mucho para mí estar acá porque lo viví en carne propia. Crecí con esa imagen de que no soy nada, de que soy una cosa mínima. De que soy ´algo´ después del hombre. Y es difícil, porque no puedo confiar en nadie. Tantas veces perdoné a mi papá y tantas veces lo volvió a hacer. Le mismo pasó a mi mamá”.

¿Qué estudia? “Estudio para maestra jardinera. Elegí esa carrera porque quiero que los nenes crezcan con una gota de esperanza. Quiero que sepan que todo lo que ellos hacen es importante. Que ellos son importantes. Para el futuro. Son las principales bases para que cambiemos esta forma de mierda de pensar. La mayoría que está acá, hoy, vivió esto que te digo. Aunque, lamentablemente, todavía acá hay uno que te sigue mirando el culo y te dice pelotudeces. Pero, más allá de las organizaciones y de algunos que curran con esto, hay un montón de personas que vienen acá porque lo sienten, calladitos, como yo, sin remera ni pin. Sólo con su presencia. Eso ya está: es un montón”.

No hay que esperar

Paola, neuquina, dice que no pasó nunca por el problema. “Pero hay que estar acá, porque a la sociedad le falta mucho crecimiento en lo que son los derechos, el otro, el cuerpo del otro. Ojalá que esta no sea una época que nos haga interrumpir el crecimiento, porque veo, políticamente, que se vulneran muchos derechos y eso meda mucha angustia”.

Silvia: “Yo sí lo sufrí. Y aprendí que no hay que esperar. Lo peor era quedarme sola, cuando mis hijos iban a la escuela. Ese era el momento de la violencia. Hace 11 años zafé. Me di cuenta que no era mi culpa, que no era la única. Y hoy estoy en pareja, muy feliz”. Siempre conviene recordar ese lema: la mejor venganza es ser feliz”.

Callarse es lo peor

Josefina y Paula caminan por Avenida de Mayo juntas, entrelazadas, se ríen y se sacan selfies con sus celulares como amigas de toda la vida. “Nos conocimos hoy”, responde Paula, enfermera en una maternidad de Pacheco, en Tigre. “Yo tengo un grupo abierto de Ni Una Menos donde publico cosas como consecuencia de la violencia que sufrí. Y siempre digo que la violencia puede ser verbal, física o de acciones, de cosas que te hacen mal. Yo ya tengo 48 años y tengo libertad absoluta para hablar, pero hay personas que se identifican con lo que me pasó”.

Ese es el caso de Josefina, que le escribió, se contactaron, y quedaron para conocerse en plena marcha. “A mi mamá la conocí a los 12 años. Me tuvo muy de jovencita y sufrió porque mi papá era alcohólico. Mucha ausencia. Además, mi hija me invitó. Ella empezó la facultad. Y yo sé que ella puede ser una de las que están ahí”. Josefina señala el mural de lavaca y MU. “Además tuvo una amiga que violaron: no terminó el colegio ni pudo empezar la universidad”.

Paula: “Yo viví violencia durante un año. Pude salir. Por eso armé el grupo. Para tratar de cambiar y de criar a nuestros hijos de una forma en la que no vea la violencia como se refleja ahora: las parejas que se golpean, se insultan. Los chicos ven eso y piensan que es lo normal. Todo está en cómo uno los cría”. ¿Qué les dice a otras mujeres que sufrieron violencia? “Que busquen ayuda, que griten, que salgan, que no tengan miedo. Callarse es lo peor que le puede pasar. Lo principal es levantar la voz y salir. Porque cuando nos agreden tendemos a minimizarnos, escondernos, y tu autoestima no existe. Es muy denigrante para una mujer ser golpeada. Pero hoy me ves acá: salí adelante, estudié, aprendí un montón de cosas. Y ahora tengo dos hijos maravillosos que saben que a cualquier mujer se la respeta”.

¿Cuáles son las violencias que se ven desde la maternidad? “Mucha violencia física. Mucha. He llegado a encontrar en la maternidad a un papá golpeando a la mamá, paciente, puérpera, de un par de horas nomás. Y en la parte de Pediatría, vimos cómo ingresaba el papá de uno de los pacientitos internados que agredía a la mamá. Tuvimos que hacerla cruzar a la comisaría de la mujer que tenemos enfrente. Quedó detenido”.

Paula mira fijo y aclara: “Eso pasó ayer”.

Algunas organizaciones y banderas: MUMALA, Frente Renovador, Patria Grande, Podemos (España), MST, #LibertadParaBelen, AGD-UBA, La Cámpora, Comité por la Libertad de Milagro Sala, CTA, ATE, Correpi, partidos de izquierda, centros de estudiantes como el del Carlos Pellegrin (que tomó hace meses durante casi dos semanas el colegio en contra de dos preceptores denunciados por violencia machista a los que lograron separar de sus cargos). Se comenta en varias columnas que la curiosa pretensión kirchnerista de plantar como cuestiones emblemáticas la de Cristina Kirchner y Milagro Sala sólo generó asombro y conatos de división que finalmente no ocurrieron.

Choripanes violentos

Gastón e Iván pusieron puesto de hamburguesas y choripanes sobre Avenida de Mayo. Vinieron de Bajo Flores. Gastón: “Eso de que le pegan a las mujeres pasa todo el tiempo. Mucho más de lo que se sabe”.

¿Por qué un hombre le pega a una mujer? Iván, que estaba en silencio, dice: “Porque no es hombre”. Llega un joven a comprar un choripán, Cristian, que se suma a la charla: “Es una cosa violenta del sistema, que se nota en los trabajos, en todo. Hoy escuché a mi vecino diciéndole al nieto: ‘No llores, que eso es de nenas’. Es violento para el chiquito y para las mujeres”.

Más allá con otra pequeña parrilla está Marta, mujer bajita, curtida. Es la mamá de Iván: “Mi marido me pegó siempre, siempre. Una vez me abrió la cabeza. Y ¿ve que no tengo dientes? Es porque me los rompió casi todos y los pocos que me quedaban me los tuvieron que sacar. Yo aguantaba, pensaba que los nenes eran chiquitos. Los nenes y yo íbamos a cartonear, mi marido agarraba la plata y se emborracha el fin de semana y me pegaba. Paré cuando le pegó a mi hija. Lo denuncié. Y de la Comisaría de la Mujer y la escuela nos sacaron y nos mandaron a un refugio”.

Final paradójico de la historia: “Mi marido se quedó con su familia. Pero hace un año tuvo un coma diabético y un ACV. La familia lo dejó en el hospital. Así que los que nos hicimos cargo fuimos nosotros. Quedó como un nene de 10 años, hasta usa pañales. Y acá estamos, mis hijos y yo trabajando, en estos épocas en que todo es tan difícil”.

Iván: “Yo era chiquito y no sabía qué hacer, cómo defender a mi mamá. Ahora ya está, ahora está enfermo y entonces ya no le pega a nadie”.

Ni machitos ni princesas

Mariana lleva una remera que dice Justicia por Camila Toledo. Y lo cuenta así: “Yo soy la tía de Camila, tenía 20 años, estaba embarazada de cuatro meses y era mamá de Sofi, de año y medio. Nos llamaron el 14 de marzo de 2014 y nos dijeron que supuestamente había tenido un accidente. Se encontraba muy golpeada. Tenía marcas en el cuello. Supuestamente se le había caído una mesa de roble, pero la autopsia reveló que había sido ahorcada con un cable o hilo fuerte. Tenía marcas de defensa en las uñas. El único imputado es Lucas Liveratori, su pareja con la que vivía, que está preso y por el que estamos esperando fecha de juicio”.

Mariana cuenta que también estuvo el año pasado. “Es agridulce volver acá. Es como volver a recorrer todo lo que pasó, pero por otro lado te sentís acompañado. Es mucha la gente que está con vos. Pero aún nos falta mucho, nos falta tomar conciencia. Creo que falta educar desde chico, desde jardín. No queremos ni machitos ni princesas. Ni siquiera debería existir una marcha así. Pero el hecho de que nos encontremos es genial: además de mujeres, hay muchos hombres. Y también mamás que traen a sus hijos. Y es muy bueno que puedan ver esto desde chiquitos”.

Cambia la cabeza

¿Se ve mucho este problema en el consultorio? Susana García, psicóloga: “Sí, se ve demasiado. Mujeres que van con este problema. Recién estuve hablando mucho con algunas chicas que pegaron la mano en homenaje a las víctimas del último año. Y bueno en muchos casos el tema está muy vinculado a la adicción. Son parejas donde hay exceso a alcohol y drogas y la violencia va muy de la mano. Y en muchos casos es la violencia que comienza en maltratos sutiles de prohibiciones, restricciones que muchas veces las mujeres malamente identifican como ‘interés’. La posesividad la codifican como interés. ‘Por eso me controla, por eso me cela’, y a partir de ahí todo va barranca abajo.

¿Ha cambiado la cambia la cabeza de la gente con respecto a este problema en los últimos años? “Totalmente, sobre todo las pibas mas jóvenes y aun en los hombres. Muchas veces el hombre joven pide ayuda porque se da cuenta que se está desbordando. Al estar en pareja se disparan matrices machistas. El hombre también quiere salir del machismo y muchas veces quedan totalmente atrapados en esa matriz. Cuando los pibes se dan cuenta que están entrando ahí, también piden ayuda”.

Silvia integra una de las columnas de MUMALÁ (Mujeres de la Matria Latinoamericana): “Lo que pasa es que el Estado sigue ausente en este tema. Tendría que haber una inversión efectiva en políticas públicas,capacitar a juzgados, a médicos, a todo el personal que trabaje con mujeres para no seguir siempre en la situación de victimización”.

El colegio en la calle

Son las 19:30, ya es de noche, y llegando a 9 de Julio marcha el Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini (CECaP) que tomó durante casi dos semanas el colegio para denunciar a dos preceptores acusados de golpear y de acosar a tres alumnas. El conflicto generó un consenso entre padres y la comunidad educativa que se tradujo en un abrazo multitudinario a la institución. Todo concluyó con la separación de los dos auxiliares. ¿Puede hablarse de victoria? “Sí, es una victoria”, dice Ofelia Fernández, presidenta del Centro. “Después de la experiencia que atravesamos, cuando escuchamos Ni Una Menos, ya hay un sentido de pertenencia: venimos con mucha convicción”.

¿Cómo se lee esta multitud desde la lucha del Pelle? “Le debemos mucho potencial a esta organización, pero es complejo porque no se sabe bien a qué se enfrenta uno cuando está marchando por Ni Una Menos. El Estado tiene mucha responsabilidad, tiene cosas que garantizar y no hace, pero a lo que se apunta con este tipo de marchas es a cambiar el sentido común de la gente y a transformar la manera de pensar. Si bien hay que echar culpas y pedir cosas, como la despenalización del aborto y la libertad para Belén, que sí dependen de gente en concreto que tiene que hacer cosas, hay muchas otras que dependen sólo de nosotros. El machismo lo reproducen todos. Si las publicidades muestran que la mujer tiene que limpiar y el hombre llevarle la guita a la casa, no lo hacen para molestar a feministas, sino porque eso es lo que vende: la sociedad está comprando esos estereotipos”.

Ofelia apunta a esas pequeñas cosas cotidianas: “Si no empezamos por cambiar ese machismo que, por ejemplo, le dice puta a una chica que está con mil pibes y campeón a un pibe que está con mil chicas, lo que queda de ahí para adelante es una violencia muy grande que termina afectando a mujeres que mueren. Parece una gilada al lado de un femicidio, pero eso es lo que tenemos a nuestro alcance ahora. Son esas las condiciones en las que tenemos que enfrentarlo”.

En un momento, en medio de la multitud, ya de noche, dos mujeres, una muy joven, otra no tanto, se abrazaron. Lloraban ambas. El abrazo, en términos cronométricos, duró unos 3 minutos, o tal vez un siglo. O una vida. Sólo quedaba, ante la imagen, respetarla en silencio. Contra el sentido vulgar de lo periodístico, lo mejor fue no hacerles a esas mujeres ninguna pregunta, que a veces puede ser casi lo mismo que comprenderlo todo.

Crónica del 3 de junio de 2016 de la Marcha #Ni Una Menos en Buenos Aires, Argentina, publicado en Lavaca.org

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: LAVACA
LINK: http://desinformemonos.org.mx/ni-machitos-ni-princesas-otra-vez-juntas-otra-vez-hermanadas/

Fragmentos humanos y cuerpos de 3 niños en fosas de Tetelcingo complican a la Fiscalía de Morelos

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue un actor clave para que se exhumaran dos fosas clandestinas creadas por la Fiscalía de ese estado.

“Vamos a presentar un informe diagnóstico de lo que observamos en el proceso, así como del trabajo de los peritos, pero nuestro balance hasta ahora es muy positivo, ya que logramos la exhumación tras varios meses de pelear por eso”, explicó Roberto Villanueva, Director del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM.

En diciembre de 2014 se conoció públicamente que la Fiscalía del Estado de Morelos había estado enviando a una fosa común, cadáveres que estaban a su cargo. No se conocía en el comienzo la ubicación exacta de las fosas ni la cantidad de cuerpos que fueron enviados a los enterramientos clandestinos. Al final de las dos primeras jornadas de trabajo, fueron extraídos 117 cuerpos, entre ellos 3 menores de edad, además de “un número que estamos determinando, de varias bolsas que contenían fragmentos de cuerpos”

Estos hallazgos complican aún más la situación de la Fiscalía, cuya única explicación pública para tamaña irregularidad fue acusar la falta de espacio para alojar a los muertos. Estaban enterrados envueltos en bolsas plásticas y varios de ellos no tenían ningún tipo de identificación.

“Ahora tenemos que procesar esos fragmentos para saber si se trata de partes de las mismas personas que están en la fosa, o son de otras. A la Fiscalía se le solicitó que para el caso de los 3 menores, explicite cuáles fueron las acciones llevadas a cabo para dar con las familias de esos niños.”

La tarea contó con la participación de dos equipos forenses federales – de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal- así como de la propia fiscalía de Morelos y el independiente de la UAEM. “Fue muy positivo que hayamos podido tener una participación directa en las fosas, estar presentes y también participar ahora de la identificación genética”

A cada cadáver se le extrajo una muestra, por lo general del fémur, que se dividió en 4, una para cada equipo forense y que analizará cada uno por su cuenta. Tomaron también muestras dentales para elaborar el perfil genético de los cuerpos.

La Universidad robusteció también una base de datos genética que venía elaborando, durante las dos semanas de trabajo en la zona rural de Cuautla, – en un pueblito llamado Tetelcingo, donde las fosas fueron ubicadas en un predio pegado a su panteón local – En una de las carpas instaladas en la zona de trabajo, se tomaron 95 muestras genéticas de personas que tienen algún familiar faltante, que se suman a otras 100 con las que ya contaban.

Por lo pronto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación que insta a la Fiscalía a realizar un censo de las fosas comunes a su cargo. Eso fue en diciembre pasado, pero que no tuvo seguimiento hasta que la UAEM tomó la posta y la presión.

“Exigimos que tengan un informe de seguimiento y que se cumpliera la recomendación de diciembre. En su momento, les dieron un plazo de un mes y medio para responder dónde están el resto de las fosas. Seguimos esperando esa información desde febrero, no han presentado aún este censo.”

¿Hay posibilidades de replicar el método conjunto en el resto de las fosas clandestinas que existen? “Sí, lo que se fue develando en Tetelcingo, creemos, permitirá abrir las demás fosas de la Fiscalía. Creo que en los siguientes casos también habrá necesidad de transparentar los procesos de inhumación que ha hecho la Fiscalía en los últimos años”, sostuvo Villanueva.

Como decían las madres en los primeros días de excavación en Tetelcingo: este es un proceso que ya no puede echarse atrás.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: ELIANA GILET
LINK: http://desinformemonos.org.mx/fragmentos-humanos-y-cuerpos-de-3-ninos-en-fosas-de-tetelcingo-complican-a-la-fiscalia-de-morelos/

Agreden Policías Federales a Normalistas de Mactumactzá, Chiapas

Chiapas, 6 de junio de 2016. Policías Federales y estatales desalojaron con gases lacrimógenos a estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Tuxtla Gutiérrez, cuando los jóvenes "boteaban" en el crucero de la Coca y el Libramiento Norte. Las agresiones se atribuyen a los apoyos de los normalistas hacia el movimiento magisterial de laCoordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Se sabe que los estudiantes recaudaban recursos para curar a un estudiante que fue herido con una bomba de gas lacrimógeno lanzada por los policías durante el desalojo de esta mañana a los maestros de La Pochota.

Al ser agredidos los normalistas se refugiaron dentro de las instalaciones de su escuela, mientras que cientos de uniformados trataban de hacerlos salir arrojando gases. Minutos después de la agresión en contra de los normalistas, padres de familia y vecinos del pueblo Plan de Ayala salieron armados con piedras y palos para apoyar a los normalistas, resguardar la escuela y repeler el ataque de las fuerzas federales.

Después de los actos represivos por parte de las fuerzas federales, maestros integrantes de la Sección 7 de la CNTE realizaron un pronunciamiento donde condenaron las agresiones por parte del gobierno federal hacia los miembros de la Coordinadora así como hacía los normalistas. Manifestaron su total rechazo a las políticas del gobierno, exigieron la salida inmediata de los policías federales en el estado y demandaron la instalación de una mesa de diálogo.

Los profesores señalaron que durante los lamentables hechos del día de hoy se mostró claramente el apoyo de la población hacia el movimiento magisterial e indicaron que la CNTE no retrocederá en su lucha en contra de la reforma educativa y que los actos represivos del gobierno sólo sirven para unir más al movimiento.

Por último, anunciaron que la Coordinadora seguirá con movilizaciones para este martes 7 de junio en diferentes puntos de Chiapas; se prevé el cierre de carreteras y de centros comerciales en todos los municipios del estado, mientras que el día 8 habrá una concentración en la Central de Abastos.

Fuente: Somos el Medio

Autores: Victor Cluna y Daniela Álvarez

http://www.somoselmedio.org/article/agreden-polic%C3%ADas-federales-normalistas-de-mactumactz%C3%A1

El PVEM y Velasco no tienen nada de verdes: hospital público daña el agua de 3 municipios, acusan

“Chiapas se encuentra, desde el inicio de la administración de Manuel Velasco Coello, en un grave problema de deterioro ambiental”, denunció el integrante de Chiapanecos en Defensa del Agua, quien afirma que ríos y manantiales de la región están contaminados con desechos biológicos- infecciosos de un hospital público y una empresa concesionada.

Desde hace aproximadamente un mes, el Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza” de la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, vacía los residuos biológicos- infecciosos en un predio en el municipio de Tuxtla Guitiérrez que, además, tiene un manantial que pasa por debajo de un relleno sanitario concesionado a la empresa Proactiva, por lo que está contaminado ya con lixiviados, denunció Héctor Montesinos Cano, dueño del predio donde el hospital descargó los desechos.

El también integrante de Chiapanecos en Defensa del Agua AC, mencionó que el manantial desemboca en un arroyo que es un escurrimiento del río Sabinal y desemboca en uno más grande llamado Suchiapa, de allí va al río Santo Domingo y finalmente al Grijalva, en los últimos dos cuerpos de agua –de acuerdo con Montesinos– se encuentran plantas potabilizadoras que proveen del vital líquido al municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Además, denunció los hechos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Ambientales (Fepada), no obstante, en entrevista para SinEmbargo dijo que miembros del organismo tomaron fotografías y realizaron un muestreo hace aproximadamente dos semanas, sin que hasta el momento hayan actuado. Incluso los residuos continúan en el lugar.

“Abrieron las bolsas y encontramos agujas, pañales con sangre, en los recipientes de suero hallamos etiquetas con el nombre del hospital Gómez Maza, vienen incluso los nombres de los pacientes, el número de cama, qué enfermedad tiene y qué medicamento se le está suministrando, por eso sabemos que los residuos son de ese hospital”, detalló.

Lamentablemente –comentó– las bolsas, los medicamentos y el resto de los desechos continúan dentro de su predio, “[el Gobierno] no ha hecho el levantamiento, hace una semana pregunté qué iba a pasar y me respondieron que estaban comisionados en otro asunto”, imputó.

“Al menos en Chiapas, el Partido Verde nada más tiene de ecologista el nombre porque por la ecología realmente no han hecho nada. Chiapas se encuentra, desde la administración de Manuel Velasco Coello, en un grave problema de deterioro ambiental. La cuestión ambiental aquí no les interesa para nada y el de salud pública, menos. Si en estos residuos se encontrara alguna enfermedad que se transmite vía el agua, estaríamos hablando hasta de una epidemia”, dijo.

Por si fuera poco, el ciudadano acusó que su predio de 187 hectáreas tiene cerca de 30 toneladas de basura que tanto el hospital como Proactiva han arrojado “cada vez está peor porque ante la omisión de las autoridades, los lixiviados ahora están brotando por otros lugares por donde antes no brotaban”.

LA SALUD PÚBLICA NO IMPORTA

No es la primera vez que el predio del ciudadano se ve afectado y con ello los habitantes de Tuxtla Gutiérrez por la contaminación del agua. Desde hace ya nueve años, Montesinos ha denunciado reiteradamente que el relleno sanitario de Proactiva, colindante con su terreno, tiene un tratamiento deficiente, ya que los lixiviados que genera van a dar al manantial y por ende contaminan el agua de tres municipios.

Con sus recursos, el inconforme ha enviado a analizar el agua con el laboratorio ABC, certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación AC (EMA) y hallaron que el vital líquido está contaminado con metales pesados.

“Últimamente volví a solicitar información a la Secretaría del Medio Ambiente local, pero únicamente se han limitado a responder que la información está bajo reserva”, dijo.

Al pedirle a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) información sobre las acciones que llevan a cabo para saber si han abierto algún proceso de investigación, la respuesta tampoco ha sido favorable.

“Profepa está peor porque ya tenemos un año solicitando información y ni siquiera nos contesta, está violando el derecho al acceso a la información, está violando mi derecho de petición”.

Montesinos pidió al Gobierno de Chiapas, a cargo de Manuel Velasco Coello, atender tanto el caso de la empresa Proactiva, como el del hospital, ya que suponen un riesgo de salud para los chiapanecos.

“Al Gobierno del estado de Chiapas les diría que se pongan a trabajar, que los funcionarios tanto municipales como estatales han sido omisos en dar respuesta a este grave tema ambiental”, urgió. 

“A Profepa le pido que vea por qué su delegado está protegiendo a esta empresa [Proactiva] y no quiere ni siquiera ir a visitar el predio. Tal vez el procurador [Guillermo Haro Bélchez] no está enterado de que el delegado [Jorge Constantino Kanter] no quiere actuar aún cuando se le han presentado absolutamente todas las pruebas. Ninguno de los dos ha hecho nada”, reveló.

Asimismo, dijo que incluso se realizó hace tiempo un estudio geofísico, el cual concluyó que el relleno sanitario de 60 hectáreas de diámetro es el que está contaminando el agua.

“[El estudio] lo hizo el Colegio Nacional de Geofísicos y la conclusión a la que llegaron es que la contaminación sí viene del relleno sanitario, y fue ocasionado por el uso de explosivos en una zona prohibida y que estaba regulada la prohibición por las autoridades para prevenir está situación, por lo que Proactiva incumplió dicha limitante”, dijo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-06-2016/3051110

Criminales y militares detrás de los más de 150 mil asesinados en México, informa Open Society

Más de 150 mil personas fueron asesinadas en México entre 2006 y 2015, y existen “fundamentos razonables” para considerar que fueron ejecutados tanto por el crimen organizado como por las fuerzas militares, sostuvo un informe difundido hoy por Open Society Justice Initiative. El documento señala que además del Ejército, el cártel de Los Zetas es uno de los principales actores de la violencia y que su “ataque amplio y sistemático dirigido contra la población civil” constituye un acto de lesa humanidad. Recomendó al Gobierno mexicano “tomar decisiones valientes”, como crear equipos de investigación de desapariciones, establecer que los sistemas de protección a testigos sean autónomos y fuera del control de la fiscalía, retirar a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública y regular su uso de la fuerza.

Las fuerzas gubernamentales de México y el cártel de Los Zetas han cometido de forma generalizada, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, crímenes de lesa humanidad contra la población civil: asesinatos, desapariciones forzadas y tortura, reveló un informe de Open Society Justice Iniciative y cinco organizaciones mexicanas.

“Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, acusa que los distintos niveles de gobierno son “incapaces de garantizar la rendición de cuentas” por estos crímenes por lo que, al no existir un adecuado marco regulatorio sobre el uso de la fuerza, exige a México crear un organismo de investigación internacional basado en el país para investigar y castigar estos hechos.

Durante la presentación del estudio, el directivo de Open Society, James Goldston, destacó que, a raíz del despliegue de elementos del Ejército y de la Policía Federal como parte de la nueva estrategia de seguridad nacional, los crímenes atroces han aumentado.

Entre diciembre de 2006 y finales de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente en México por “el uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza”.

Sin embargo, de 2007 a 2013, solo se realizaron 29 averiguaciones militares con respecto a los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. Ninguna resultó en condena.

El número registrado de personas desaparecidas ha aumentado constantemente desde 2006 y en 2014 se alcanzó el máximo anual de 5 mil 194 desapariciones.

Pero hasta agosto de 2015, solo un soldado ha sido condenado por el crimen de desaparición forzada.

Además, citó Goldston, las denuncias de tortura ante la CNDH se cuadruplicaron con creces seis años después del lanzamiento de la estrategia de seguridad: 9 mil 401 denuncias sobre tortura y malos tratos entre enero de 2007 y diciembre de 2015. De ellas, solamente se han expuesto seis condenas en el fuero federal.

Las administraciones sucesivas mexicanas, señala Open Society, han negado y minimizado la magnitud de las atrocidades que acechan a México incluso al declarar, con frecuencia sin fundamento, que las víctimas eran criminales.

También se registran ataques a organizaciones nacionales e internacionales que advierten la crisis y la ocultación de información, por ejemplo, un mapeo de las fosas comunes y clandestinas.

Juan Carlos Gutiérrez, uno de los autores de este informe, aseguró que “no existe voluntad política” para investigar los crímenes atroces.

Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia, recordó que las masacres contra inmigrantes han permanecido impunes: los 72 de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010; 193 restos en ese mismo municipio en abril de 2011 y la de Cadereyta en mayo de 2012.

Las autoridades, dijo, se han empeñado en asegurar que son crímenes aislados y que ellas no son responsables. “Estas hipótesis son falsas (…) las víctimas tienen derecho a saber qué pasó”.

“El gobierno debe actuar sin demora para reconocer la gravedad de la situación: debe tomar inmediatamente medidas extraordinarias, incluida la convocatoria para recibir ayuda internacional a fin de garantizar que se lleven a cabo averiguaciones y genuinas investigaciones independientes”, concluye el estudio.


MEDIDAS QUE MÉXICO DEBE TOMAR

El informe presentado hoy exhorta al gobierno mexicano a tomar las siguientes medidas:

-Crear un organismo internacional de investigación con sede en México para investigar independientemente los crímenes atroces y los casos de corrupción para someterlos a tribunales.

-Que este organismo tenga la facultad de producir informes públicos sobre la reforma del sector judicial del Estado.

-Creación urgente de equipos integrados para investigar desapariciones que incluyan fiscales, investigadores policiales y trabajadores sociales.

-Creación de servicios forenses y de protección a testigos autónomos que operen con independencia del Ministerio Público.

-Retirar al ejército de las operaciones de seguridad pública y aprobar una regulación que regule el uso de la fuerza.


DESAPARECIDOS

En febrero del 2016 la cifra total de desaparecidos era de 26 mil 672. El mayor número de desapariciones reportadas fue en 2014, con cinco mil 194 personas. Sin embargo, dice el informe, los números son problemáticos, y la conclusión que se puede extraer es que algo causó un aumento significativo en los informes de personas desaparecidas desde 2007.

Respecto a la aplicación de la justicia por dichas desapariciones establece que “No ha habido prácticamente ninguna responsabilidad penal por los probables cientos de miles de desapariciones desde 2006, incluidas las desapariciones y las desapariciones forzadas perpetradas por actores no estatales. El Gobierno federal ha proporcionado datos contradictorios. Sin embargo, es evidente que en comparación con el número de desapariciones, el número de investigaciones y enjuiciamientos han sido muy pequeña, y el número de condenas aún más pequeño”.

TORTURA

A pesar de que México forma parte de diversos tratados que prohíben la tortura y otros actos crueles, comúnmente las autoridades recurren a ella como otro método de investigación criminal.

Según el reporte “existen fuertes indicios de que funcionarios del Gobierno han participado en actos de tortura y malos tratos a un ritmo acelerado notablemente tras el lanzamiento de la estrategia de seguridad militarizada del Gobierno federal en diciembre de 2006”.

De nueva cuenta, los esfuerzos del Gobierno mexicano por resolver los casos de tortura han sido muy limitados. Según cifras oficiales, a finales de diciembre de 2014 se había registrado mil 884 investigaciones criminales de presunta tortura; el 86 por ciento se abrió en 2014.

En los casos en los que la tortura ha sido investigada y enjuiciada, el crimen se clasifica como un delito menor, incluyendo “la utilización no autorizada de la autoridad pública” y “abuso de autoridad”, dice la investigación.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-06-2016/3051436

Anuncia Nestora Salgado su regreso a México para ejercer su derecho a la defensa

Los Ángeles, California a 6 de junio de 2016.- Ante la persistencia de la criminalización contra Nestora Salgado, ex presa política de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Guerrero y la posibilidad legal de que los autos de libertad puedan ser revocados y sea nuevamente encarcelada:

La defensora comunitaria ha tomado la decisión de ejercer su derecho a la defensa y por lo tanto en los próximos días acudirá a las salas penales de Chilpancingo, Guerrero para estar presente en las audiencias de vista vinculadas a las seis apelaciones en su contra interpuestas por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGJEG) y las presuntas víctimas.

Además de ejercer su derecho a la defensa, el inminente regreso a México de la defensora comunitaria, busca reafirmar el derecho de los pueblos indígenas a conformar sus propios sistemas de seguridad y justicia y el compromiso con la Policia comunitaria de la CRAC.

Fuente: Nestora Salgado

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76 mil mexicanos asesinados en 28 meses: estadísticas; el Gobierno no soluciona el problema, dicen analistas

Los homicidios en México continúan, y las estrategias del Gobierno no han sido más que medidas reactivas que no solucionan el problema, apuntaron especialistas. La perdida de vidas por la guerra contra el narcotráfico que inició el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa en el 2006, aún no le dice nada a las actuales autoridades, acusaron organizaciones civiles.

La actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto se ha visto asediada por las cifras de homicidios. En 28 meses se han registrado 76 mil asesinatos en el país. Organizaciones civiles como Semáforo Delictivo apuntan que el número de homicidios derivado por la violencia del narcomenudeo ha ido en aumento.

De acuerdo con cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre las entidades donde más se ha cometido este delito en el periodo de enero de 2014 a abril 2016 se encuentran el Estado de México, Guerrero y Guanajuato con 7 mil 937, 5 mil 843 y 5 mil 389 casos, respectivamente.

“Vemos que casi seis de cada 10 homicidios en México se cometen por crimen organizado, y esto en gran parte, tiene que ver con el mercado negro de la droga. Así de sencillo y así de complicado”, detalló Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo.

El Estado de México ha concentrado altos índices de este delito lo que le ha ganado las críticas de organizaciones civiles y activistas que velan por un estado más seguro. Gobernado por el priista Eruviel Ávila Villegas, es el único estado que figura en los tres primeros lugares en cuestión de homicidios dolosos, secuestros y extorsiones.

Datos del SESNSP ubican a los municipios con el mayor número de homicidios, y en el 2015, al menos cinco municipios del Estado de México aparecían entre los 20 con más asesinatos en el país: Ecatepec, Chilpancingo [Guerrero], Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Tlalnepantla De Baz.

La misma lista en el 2011 sólo incorporó a Ecatepec, el municipio más grande Latinoamérica. Por su parte, Guerrero contaba sólo con Acapulco en este ranking 2011 y cuatro años después se sumó Chilpancingo.

Un reciente informe del Colegio de la Frontera Norte destaca: “Ciudades como Acapulco, Chilpancingo e Iguala son hoy la región punta de las cifras del horror, por lo que el crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa puede interpretarse como cruel continuidad de la extrema barbarie que ya padecía la región”.

Roel consideró que la producción de drogas en la entidad ha jugado un papel relevante: “El narcomenudeo es muy violento. Sin embargo, lo que vemos en algunos estados como en Guerrero es que tiene que ver con el mercado de amapola, podríamos en México terminar con toda esta violencia si se regula el mercado de la amapola con fines médicos, que los tiene. Como lo hizo Turquía en los años ochenta”.


CRECEN ASESINATOS EN GUANAJUATO

Lejos de la creencia común, los índices de homicidio en Guanajuato se han incrementado de forma precipitada en los últimos dos años y medio.

De acuerdo con la Agencia Antidrogas norteamericana (DEA, por sus siglas en inglés), la entidad es un territorio dividido entre dos grupos del crimen organizado internacional: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ocuparía la parte oeste, colindante con Jalisco, y Los Zetas.

El aumento de la violencia en Guanajuato empezó a ser advertida por medios locales desde hace al menos dos años, cuando, por ejemplo, el diario digital Zona Franca difundió un reporte del “Observatorio Nacional Ciudadano” que ubicó a Guanajuato en los primeros lugares de homicidio y con un aumento del 35 por ciento en el delito de extorsiones.

De acuerdo con el Semáforo Delictivo, el 65 por ciento de los asesinatos en la entidad provienen del crimen organizado. Aún así, en el primer trimestre del año, la entidad reportó índices conforme al promedio nacional.


MANDO MIXTO

El próximo 13 de junio, los legisladores que integran la Comisión Permanente del Congreso, un reducido grupo de parlamentarios que trabajan en periodos de receso, discutirán la necesidad de un nuevo modelo policial.

La propuesta original, enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto, que impulsaba un modelo de Mando Único, en el que el control de las policías municipales pasaría a cargo de las gubernaturas terminó por ser flexibilizada.

La iniciativa de Ley propone un Mando Mixto, en el que tanto el control de los Gobernadores, como el fortalecimiento de la Policía de Proximidad, una serie de elementos comunitarios, pueda llevarse a cabo de forma simultánea.

“El Mando único como se ha visto no ha dado los resultados de sus metas primarias. Cuando lo ha hecho, no ha sido por un mejor diseño, sino porque se han metido más recursos. Es el caso de Nuevo León, donde la iniciativa privada ha dado todo el apoyo. Pero la seguridad tiene un mensaje empresarial”, dijo el investigador de la Universidad Iberoamericana, Erubiel Tirado Cervantes.

De implementarse un solo modelo a nivel nacional, los resultados tardarían al menos cinco años, añadió Tirado. Sin embargo, las autoridades deben de ampliar las estrategias de seguridad a formas más allá de lo reactivo.


“Evidentemente, que la cuestión es eminentemente reactiva. Lo mismo sucede a nivel federal, están apagando los fuegos, con apariciones escénicas del Secretario de Gobernación”, agregó.

DEBATE DE LAS DROGAS

Después de participar en la Asamblea General puede convocar Sesiones Especiales (UNGASS) que se llevó acabo el 19 de abril en Nueva York, Peña Nieto anunció su decisión de impulsar el uso medicinal de la mariguana y un aumento de 5 a 28 gramos en el permiso de portación, ambas propuestas fueron llevadas al Senado dentro de una iniciativa de Ley.

Sin embargo, la voluntad política de su propia partido, el Revolucionario Institucional, terminó por congelar la ley en el periodo ordinario de sesiones que acabó en abril. Hasta ahora, una política alineada con los mandatos de Estados Unidos ha impedido que los números de homicidio bajen, dijo Roel.

“El Estado mexicano al prohibir las drogas le está pasando el mercado a las mafias. Estos es lo que genera esta violencia. El Estado mexicano es que el promueve esta violencia al prohibir las drogas, en vez de regularla“, alegó.


“Los mercados no se combaten con policías, sino con principios económicos. Un día lo vamos a entender”, agregó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-06-2016/3049977

Superada exitosamente, segunda “prueba de ácido”: INE

CIUDAD DE MÉXICO: El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova destacó que con la jornada electoral de ayer, la “segunda prueba del ácido del Sistema Nacional de Elecciones fue superada exitosamente” con el trabajo conjunto de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y el compromiso de “miles de ciudadanos”.

El Consejo confirmó, según los resultados de los Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) el PAN ganó la gubernatura en Aguascalientes, Chihuahua y Tamaulipas, además de que, en alianza con el PRD ganó en Durango, Quintana Roo y Veracruz; y Puebla, mientras que el PRI se quedó con Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

Córdova Vianello destacó –en conferencia– que en la jornada de ayer en 14 entidades del país participaron más de 19 millones de ciudadanos y se instalaron “prácticamente todas” las casillas. Y reiteró:

“Ejercieron su derecho al voto de manera pacífica y ordenada refrendando así su compromiso con la vía democrática como el mecanismo privilegiado para definir el destino político de sus entidades… permitieron constatar una vez más, que en una democracia el voto sirve para las decisiones políticas”.

Con su voto, dijo, son los ciudadanos quienes deciden la permanencia de las fuerzas políticas en el poder o en su caso, la alternancia.

El titular del INE destacó la “tranquilidad política” que se vive en las entidades donde hubo comicios, que se vio fortalecida con los resultados de los PREPs y los conteos rápidos.

Sin embargo, aclaró que la elección no ha terminado pues aún no termina la información de los PREPs, faltan los cómputos distritales, que se desahoguen los procesos de fiscalización y la calificación de las autoridades jurisdiccionales del país.

En ello coincidieron los integrantes de Consejo del INE, por lo que dijeron que es “relativamente pronto” para hacer un balance general de la elección.

El consejero Ciro Murayama defendió la operación de los PREPs que, aunque funcionaron “a distintas velocidades, no hay un solo que no haya arrojado la información “precisa y confiable”. De otra forma, dijo, que se estaría en la “oscuridad” hasta el miércoles 8 de junio, cuando terminen los cómputos.

Además, celebró que en la votación se haya decidido la alternancia en cinco entidades por primera vez en casi 90 años: Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. Y agregó:

“Estamos ante elecciones genuinas…Si no fueran elecciones realmente competidas y auténticas la alternancia no se daría”.

Marco Antonio Baños, consejero, reconoció que hay mucho que revisar en el sistema del PREP, pero defendió que éste sirve para dar certidumbre al proceso. En el mismo sentido destacó la participación de los Órganos Públicos Locales Electorales OPLEs que “se han apegado a derecho, que han procesado correctamente los resultados y que los han presentado con oportunidad”.

Por el contrario mencionó que el papel que desempeñaron las encuestadoras no correspondió con lo que pasó en realidad.


El consejero Javier Santiago Castillo aclaró que las denuncias hechos durante el proceso por injerencia de gobernadores y otros actores políticos es un asunto que “va más allá de la organización de la elección” y no corresponde a las instituciones electorales, sino que es un asunto penal que corresponde a otras autoridades perseguirlo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443204/tras-elecciones-insta-pena-a-dejar-atras-polarizacion-encono-enfrentamiento