lunes, 4 de julio de 2016

El director de servicios aéreos de la PGR despide personal para vender sus plazas

A cambio de 6 meses de sueldo, ofrece trabajo a militares sin licencia ni conocimiento. En grabación de audio, solicita a interesados le lleven a sus primas; procuraduría: ya se investiga.


El Ministerio Público Federal investiga nuevos actos de corrupción en la Dirección General de Servicios Aéreos de la Procuraduría General de la República (PGR), en los cuales están involucrados el director de esa área, el general Jesús Antonio Ramos Arévalo, y el piloto aviador Jesús Gualterio González, responsable de capacitación.

Los funcionarios estarían coludidos en el despido de pilotos, técnicos y mecánicos aeronáuticos, así como en la contratación irregular de militares sin licencia ni conocimientos para ocupar plazas a cambio de seis meses de su sueldo.

Mediante una grabación difundida en redes sociales, la PGR tuvo conocimiento de que Ramos Arévalo ofreció a un grupo de militares arreglar que obtuvieran las licencias que otorga la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como enviarlos a cursos de capacitación a Israel o Canadá para integrarse a un proyecto de drones en la procuraduría.

El general Ramos Arévalo ofreció –igual que a otros militares que laboran en Servicios Aéreos de la PGR– que podrían seguir cobrando en la Secretaría de la Defensa Nacional, y sólo se presentarían a pasar lista, aunque en realidad laboren en la PGR.

Además de los sueldos de seis meses, el general en retiro pidió a un militar que le presentara a sus primas, solicitándole que no fueran escuinclas feas.

Otros casos

No es la primera ocasión en que se descubren actos de corrupción en la Dirección General de Servicios Aéreos: en septiembre de 2012 se detectó la inexistencia de manuales de operación, robo y tráfico de refacciones, simulación de reparaciones, extravío de bitácoras de vuelo y de reportes de mantenimiento, contratación de seguros para helicópteros y aviones que no sirven, vuelos en naves sin condiciones de aeronavegabilidad e incluso la sospecha de que algunas unidades son usadas para transportar droga.

La entonces procuradora Marisela Morales Ibáñez descubrió que con presupuesto de la PGR se pagaba a empresas que embalaban las piezas que los servidores se robaban y que luego enviaban a los compradores, por lo cual ordenó suspender las operaciones de la flota, la concentración del personal y la revisión inmediata de todos los equipos.

Esta es la transcripción de la grabación difundida en Youtube, titulada: Conversación infame venta de plazas de trabajo DGSA PGR.

General Arévalo (GA): Bueno…

Rodrigo (R): Mi general Arévalo, ¿cómo está?

GA: Buenas noches

R: Espero no interrumpirlo.

GA: No, no.

R: Soy el hijo del mayor Fernández, Rodrigo. Espero se acuerde de mí.

GA: Ah, sí, sí, estaba esperando, ¿qué pasó hijo?

R: Aquí molestándole. El motivo de mi llamada es para darle seguimiento a lo de las plazas que habíamos platicado, ¿se acuerda?

GA. Sí, sí. ¿Qué tanto tienes de gente?

R: Pues que tendré, unas cuatro o seis personas, entre pilotos, mecánicos y técnicos. Un pequeño grupo, pero con ganas de… de chambearle duro.


GA: Está bien. Ahorita tenemos un proyecto y vamos a ocupar gente. De hecho vamos a dar de baja a unas personas de aquí, porque ya no me sirven. Les vamos a hacer el examen, el poligráfico y de ahí, pues ya, no pasan porque depende de mí. Entonces obviamente, ya nada más que lo autorice la doña (en referencia a la procuradora Arely Gómez) y vamos a dar de baja a toda esa gente, ya no la quiero aquí. No me sirven. Prefiero tener aquí a mi gente, ¿sale?

R: Es importante comentarle que ninguno de nosotros contamos con licencia de Aeronáutica Civil, ¿cree que haya algún problema?

GA: No, ninguno. Aquí les arreglamos todo su paquetito, yo les arreglo desde licencia, lo que tengan, capacitaciones y todo, ya nada más hablamos ahí con Gualterio, con Gualterio les arregla todos sus documentos pa’que no tengan problema hijo.

R: ¡Aayy… excelente mi comandante!

GA: Los mandamos a Canadá o a Israel. Necesito gente ahorita para un proyecto de drones. Ahí los mandamos a Israel a curso y todo. Yo les arreglo todo.

R. Gracias mi comandante. En relación a nuestra nómina de Sedena, ¿seguiríamos activos?

GA: Por eso no hay problema, aquí tengo a mi gente y todos están activos ahí. Todos están cobrando, yo también les arreglo eso. Siguen cobrando allá, aquí también les damos buenas plazas, les vamos a conseguir buenas plazas de la gente que ya vamos a dar de baja con el polígrafo. Toda esa gente no me sirve. Entonces tienes pendiente a tu gente y después platicamos. Vienes aquí en las tardes. Nos echamos una platicadita.

R: ¿Después de las cuatro o cinco de la tarde mi comandante para que no le interrumpa?

GA: Después de las seis o siete ya está más tranquilo y platicamos. Por teléfono no mucho.

R: Bueno, pues muchas gracias, la verdad es que ya estaba yo esperanzado en llamarle para ver ese asunto, finiquitarlo y ver qué podemos hacer.

GA: Te digo de una vez, para que platiques con tu gente, les dices que los primeros seis meses se quedan en el cajón de aquí. De lo que cobren, los primeros seis meses se quedan aquí, ¡ehh! Diles, para que no se me espanten, no quiero chivas. A esa gente inmediatamente le damos trámite.

R: De acuerdo mi comandante. De lo de la Sedena, ¿sí vamos a perder lo de la nómina, es definitivo?

GA: No, te digo que yo les arreglo y ustedes allá siguen cobrando. Los que tengo aquí siguen yendo a pasar lista y cobrando. Yo les arreglo todo eso. Aquí los quiero para que estén dispuestos las 24 horas.

R: Muy bien mi comandante.

GA: Platica con tu gente porque aquí todos cooperan para la Cruz Roja, ehh, también.

R: Sin problema, ahí estamos.

GA: Como ya me estoy haciendo viejito tengo que juntar para mi retiro. Oye y de tus primas, ¿qué pasó? ¿Me las vas a traer también o qué?

R: Pues usted dígame comandante, están puestas para un fin de semana.

GA: También te das una vueltecita con ellas, aquí vemos, les hacemos un lugarcito. No me vayas a traer escuinclas feas y eso.

R: No, no se preocupe, usted me conoce y sabe con qué armas me ando con esas nenas.

GA: Entones así le hacemos. Me hablas primero y te doy una cita en la tarde.

R: De acuerdo mi comandante, muchas gracias.

GA: Órale pues hijo, me saludas a tu papá. Suerte.

Sobre la grabación, la PGR informó a La Jornada que “con fecha 23 de junio del presente, después de conocer el asunto, el Ministerio Público de la Federación, por conducto de la Visitaduría General de la PGR, inició de oficio una carpeta de investigación a fin de verificar si dicha conversación corresponde con el registro de voz del servidor público señalado.


Se dio intervención al Órgano Interno de Control, quien en el ámbito administrativo investigará lo conducente. Ambas instancias trabajan en las indagatorias; una vez concluidas las cuales se determinará lo que proceda, con estricto apego a derecho.

VIDEO:



http://video.jornada.com.mx/media/clips/2016-07-04-021604385187.mp4

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO GARCÍA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/07/04/politica/015n1pol

Peña y Mancera en caída libre; crece desaprobación de ambos: El Universal

CIUDAD DE MÉXICO: La aprobación al desempeño del presidente Enrique Peña Nieto se mantiene en picada. De acuerdo con una encuesta difundida hoy por el diario El Universal y Buendía&Laredo, sólo el 29 por ciento de la población aprueba su gestión, lo que significa la pérdida de cinco puntos respecto al sondeo publicado por ese mismo periódico en marzo pasado.

La nueva encuesta de El Universal señala que quienes reprueban su gestión pasaron del 56 por ciento al 63 por ciento en el mismo periodo.

Un dato demoledor es que a la pregunta de qué ha hecho mejor Peña Nieto, el 51 por ciento de los encuestados responde que nada, mientras que el 12 por ciento opina que han sido los programas sociales.

Al cuestionamiento de qué es lo peor que ha realizado, señalaron que las reformas estructurales con el 17 por ciento, seguido del combate a la delincuencia con el 9 por ciento; el conflcito magisterial en Oaxaca ocupa el tecer sitio con el 5 por ciento.


Otra pregunta realizada por los encuestadores advierte que el 67 por ciento de la población cree que el país va por muy mal camino, lo que significa un crecimiento de 11 puntos respecto a la medición anterior, mientras los que consideran que México va por muy bueno o buen camino pasó de 23 a 16 por ciento.

Mancera, al fondo

El Universal y Buendía&Laredo también realizaron una encuesta sobre la gestión del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien sólo es aprobado por el 17 por ciento de los capitalinos, lo que significa una pérdida de 7 puntos respecto al sondeo practicado en marzo.

Al mismo tiempo, la población que desaprueba el desempeño de Mancera pasó del 57 al 70 por ciento.


De acuerdo con los encuestados, el principal problema de la Ciudad de México es la inseguridad con el 48 por ciento, seguido de la corrupción con el 10 por ciento y l contaminación con 7 puntos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446115/pena-mancera-en-caida-libre-crece-desaprobacion-universal

Peña-Calderón: Mediocridad y corrupción los unen

CIUDAD DE MÉXICO: En medio de una crisis política semejante a la del fin del sexenio de Vicente Fox, incluidas la rebelión magisterial y las acciones represivas, este sábado 2 de julio se cumplió una década de la fraudulenta elección de 2006 y del amasiato que iniciaron Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, un pacto de complicidades e impunidad que está vigente hacia el 2018.

Llama la atención que sobre la efeméride se unieron en el silencio Calderón y Andrés Manuel López Obrador, rivales desde entonces, pero lo relevante es que a diez años de esa elección, en la que Peña le transfirió al menos 200 mil votos al panista –un favor que éste le pagó seis años después–, se ha consolidado ese amasiato del que forman parte también Margarita Zavala y su primo político Luis Videgaray.

Más allá de si se materializa en el Partido Acción Nacional (PAN) la candidatura presidencial de Zavala, enfurecida porque ya fue rebasada por Ricardo Anaya –colocado como puntero hasta en la encuesta de GEA-ISA, de los amigos y contratistas de Calderón–, y aun si se concreta el apoyo a su favor de Peña y Videgaray, es preciso examinar qué resultados ha tenido, para los mexicanos, el amasiato de estos personajes en una década.

Aunque el cogobierno PRI-PAN inició con Carlos Salinas, en 1988, fue en el sexenio de Calderón y en los casi cuatro años del de Peña –una década– cuando se materializaron las reformas energética, laboral, educativa, fiscal y de telecomunicaciones que supuestamente llevarían a los mexicanos al paraíso.

Lo que hoy vemos en el país es, en buena medida, obra de Calderón y Peña.

Calderón encabezó una administración mediocre en economía, seguridad y combate a la pobreza, los tres principales ejes de su oferta de campaña –“Para que vivamos mejor”–, pero Peña, quien se presentó como un gobernante eficaz –“Peña sí cumple”–, ha sido igual de inepto que el panista.

En economía, según las cifras oficiales, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el sexenio de Calderón fue de 1.91% anual, la más baja en un cuarto de siglo, peor que el gobierno de Fox (2.43%), Ernesto Zedillo (2.94%) y Carlos Salinas (3.17%).

En los tres primeros años del sexenio de Peña, el crecimiento del PIB fue de 5.7%, un promedio de 1.9% anual, exactamente la misma cifra que en el sexenio de Calderón. Es una mediocridad idéntica.

En cuanto a la violencia y la inseguridad, Calderón apostó a una estrategia de militarización de la seguridad pública y, sin un diagnóstico, ensangrentó el país: Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) establecen que, en su sexenio, acumuló 121 mil 683 muertes violentas, un crecimiento de más del doble con respecto al de Fox.

Con Peña, aunque bajó la fascinación por ufanarse de la sangre, las cosas no cambiaron sustancialmente. Las propias cifras oficiales indican que, en los tres primeros años del sexenio, se acumularon poco más de 50 mil homicidios dolosos.

En 2016 se reactivó la tendencia a la alza de los homicidios violentos, a tal punto que este año podrían acumularse más de 20 mil, como en 2012, y hacia el final del sexenio podría alcanzarse la cifra de Calderón. Otra vez, como en la economía, Peña y Calderón son iguales.

Hay un tercer aspecto en el que Peña y Calderón son también un fiasco: El combate a la pobreza o, si se quiere, eficaces en la fabricación de pobres.

Calderón incrementó la pobreza en casi diez millones de personas, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y como lo reconoció la propia Josefina Vázquez Mota, excandidata presidencial del PAN.

Con Peña, las cosas han sido semejantes: En los dos primeros años de su gobierno, según el propio Coneval, cayeron en situación de pobreza dos millones de personas y, ante la crisis en curso, lo que se prevé es que el número crezca.

¿Cuáles son, entonces, los saldos de los gobiernos de Calderón y Peña, en connivencia durante una década? Lo que aquí se ha descrito con cifra oficiales y pese a contar con todos los instrumentos para diseñar e instrumentar políticas públicas –incluida la mayoría en el Congreso–: La mediocridad que resultad de la ineptitud.

No sólo eso: Peña y Calderón están unidos, también, por la corrupción. ¿O alguien ha escuchado a Calderón –y a su mujer– reprobar al menos verbalmente la Casa Blanca de Las Lomas de Peña o la de Videgaray en Malinalco, o Peña ha procedido contra las raterías de Calderón y sus cómplices, como en el presupuesto del Bicentenario de la Independencia?


Son diez años de la elección de 2006, una década de complicidades Peña y Calderón, de Margarita Zavala y de su primo Videgaray, como se documenta ampliamente en “El Amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas”…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446164/pena-calderon-mediocridad-corrupcion-los-unen

Gobierno de Márquez da millones en contratos a “activista” que “vigila” seguridad en Guanajuato

La Mesa de Seguridad y Justicia que en el municipio de León revisa las decisiones que toman las autoridades en materia de seguridad está encabezada por Rocío Margarita Naveja Oliva, una contratista del Gobierno del panista Miguel Márquez Márquez. Naveja Oliva también es miembro de la Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida, creada luego de que la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres (Conavim) realizara 14 recomendaciones a la entidad para combatir la violencia contra las mujeres. Mientras, a través de la la Universidad Humani, de la que es rectora, monopoliza la capacitación en la Secretaría de Seguridad Pública.

A través de la asociación civil con la que opera la Universidad Humani, Rocío Margarita Naveja Oliva, presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León y coordinadora ejecutiva de la Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida en Guanajuato, ha recibido contratos por parte del Gobierno del estado que suman casi 8 millones de pesos, del 2013 a la fecha.

Lo anterior a pesar de que la Mesa de Seguridad y Justicia debe ser independiente, representativa y apartidista, de acuerdo al Observatorio Ciudadano de León (OCL).
“Es un grupo de ciudadanos independientes, confiables, con credibilidad, con amor y pasión con alto compromiso social que contribuyen a la transformación de las condiciones de seguridad y justicia y legalidad en el Municipio”, dijo Rocío Naveja cuando rindió protesta como Presidenta de dicho organismo ciudadano, el pasado 2 de marzo.
En León, la Mesa Ciudadana es impulsada por el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y el Observatorio Ciudadano de León. Sin embargo, la referida instancia, presuntamente independiente, está encabezada por una contratista del Gobierno estatal que encabeza el panista Miguel Márquez Márquez.

Los contratos, enfocados a la prevención de conductas delictivas, han sido asignados de forma directa, sin que medie ningún tipo de licitación o convocatoria pública.

El Gobierno del estado proviene del Partido Acción Nacional (PAN), lo mismo que el de León. La entidad sufre una violencia inédita.

EN 3 AÑOS, 8 CONTRATOS

A través de una solicitud de información, Zona Franca obtuvo copia de los contratos que ha recibido Rocío Naveja a través de su asociación civil “Sistema de Educación Superior de León, A.C.”, razón social de la Universidad Humani, de la cual es rectora.
Todos han sido celebrados por la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato encabezada por Álvar Cabeza de Vaca Appendini, aunque también se solicitó información a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la Secretaría de Gobierno, al Instituto Estatal de Capacitación y a la Secretaría Particular del Gobernador.
En noviembre del 2013, recibió dos contratos: uno por 1 millón 170 mil pesos para la realización de talleres para prevenir las adicciones en los jóvenes, y otro para hacer talleres de prevención de adicciones para la comunidad, por un monto de 1 millón 150 mil pesos.

En el 2014 recibió cuatro contratos más: dos en agosto y dos en noviembre.

Los dos primeros fueron para capacitar a la ciudadanía “en materia de prevención psicosocial” y para capacitar a funcionarios en el marco teórico y conceptual para la prevención social de la violencia, por la cantidad de 2 millones 505 mil pesos y 888 mil 560 pesos, respectivamente.

Los celebrados en noviembre fueron para la “formación de ciudadanos con una conciencia de corresponsabilidad en materia de seguridad” y otro para organizar un taller de capacitación y formación en actualización y seguimiento de diagnósticos participativos. Por ambos, la SSP pagó 534 mil 180 pesos.

Posteriormente, el 15 de julio del año pasado, la rectora de la Universidad Humani recibió un contrato por 775 mil 500 pesos para la realización del proyecto denominado “Apoyo y capacitación a promotores comunitarios de los polígonos a intervenir” en Guanajuato capital.

Poco más de tres meses después, obtuvo otro cuyo objeto fue desarrollar y ejecutar el programa de unidades de prevención empresarial para impulsar la cultura de la prevención y situacional en empresas establecidas en parques industriales. El monto del contrato fue de 950 mil pesos.

En total, los ocho contratos firmados entre la Secretaría de Seguridad Pública y “Sistema de Educación Superior de León, A.C.” suman 7 millones 973 mil 840 pesos, y todos fueron adjudicados mediante el esquema de invitación a cuando menos tres personas.

UNA CONTRATISTA PARA ATENDER LA VIOLENCIA FEMINICIDA

Luego de la solicitud hecha por el Centro Las Libres para que fuera emitida la Alerta de Género para Guanajuato, el Gobierno estatal conformó la Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida, en donde Rocío Margarita Naveja Oliva es una de las cuatro integrantes, de representación ciudadana.

El 10 de julio, la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres (Conavim) emitió 14 recomendaciones para combatir la violencia contra las mujeres, como producto de la solicitud de alerta de género en el Estado, hecha por Las Libres, entre éstas se encuentra la creación de dicha comisión.

Las atribuciones de esta nueva comisión serán: proponer, impulsar y vigilar la atención de las acciones encaminadas a mejorar la actuación de los servidores públicos dedicados a la atención de los casos de violencia feminicida y proporcionar información a los representantes de las víctimas o sus familiares sobre la situación de sus casos, cuando así lo soliciten.

PARTICIPA TAMBIÉN EN LA MESA CIUDADANA DE SEGURIDAD

Desde el 2 de marzo de 2016, Rocío Margarita Naveja Oliva es presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, del municipio de León, cargo que ocupará por los próximos dos años.
Naveja Oliva, quien también es integrante de la comisión de seguridad del Observatorio Ciudadano de León, fue propuesta por este organismo para presidir la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia y su nombramiento tuvo que ser revisado y aprobado por el Alcalde Héctor López Santillana y por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Apendinni.
La propuesta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia ya se había estado gestado desde administraciones municipales pasadas pero fue apenas con Héctor López Santillana cuando esta propuesta fue aceptada e implementada.

La intención es que esta Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia revise las decisiones que toman las autoridades en materia de seguridad además de proponer algunas mejoras en la materia.

Según la descripción del Observatorio Ciudadano de León, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia “es un grupo de ciudadanos, Independientes, Confiables, con Credibilidad y Compromiso Social, que contribuyen en la transformación de las condiciones de Seguridad, Justicia y Legalidad en el Municipio de León, a través de la articulación de esfuerzos con Autoridades de los tres niveles de gobierno y tres poderes de gobierno”.

UNA LABOR MÁS COMPLACIENTE QUE CRÍTICA

En su carácter de presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, Rocío Naveja ha demostrado ser más complaciente que crítica, hace tan sólo una semana que la también rectora de la Humani Mundial acudió a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia del Estado en León y aprovechó para elogiar el trabajo de la instancia estatal.

En medio de la ola de violencia, que dejó 21 personas ejecutadas en León tan sólo en el mes de julio, a Rocío Naveja se le preguntó cómo calificaba el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado y cuáles serían algunas de las recomendaciones que le haría a la dependencia estatal para mejorar su trabajo.
“Reconocemos el trabajo, y no solamente dicho por nosotros, hoy constatamos lo que se dice a nivel nacional: que es una de las mejores procuradurías, recientemente la reconocen como una de las dos mejores a nivel nacional y eso se está convirtiendo en un marco de referencia (…) en este momento, como ciudadanos, nos vamos confiados y seguros de que el trabajo que se está haciendo, es un trabajo profesional, serio y que garantiza realmente el servicio al ciudadano de León y del estado”, dijo Naveja Oliva.
Esta declaración fue retomada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien se encargó de difundirla mediante un boletín y redes sociales.

FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA.
AUTOR: REDACCIÓN/CARMEN MARTÍNEZ.

Acabar con la impunidad de abusos sexuales y violaciones a mujeres detenidas por policías, militares y marinos, demanda Amnistía Internacional al gobierno mexicano

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional calificó como “un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México” los datos recogidos en el informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, elaborado por esta organización, mismo que refleja además el nivel casi absoluto de impunidad que prevalece para quienes la practican. Esto es escandaloso “incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, afirmó.

Un estruendoso silencio por parte del gobierno mexicano fue la respuesta. Normalmente ante denuncias de tal magnitud lo que hace la parte oficial es una larga lista de leyes nacionales y convenios y tratados internacionales firmados por México, que demuestran, argumenta, la voluntad de respetar los derechos humanos.

El informe de Amnistía Internacional, presentado el 28 de junio, producto de ocho meses de investigación, consigna que de las 100 mujeres recluidas en prisiones federales que contaron a Amnistía que sufrieron tortura u otros malos tratos durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o miembros del ejército y la marina, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.

Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones, apuntó Guevara Rosas, quien subrayó la “inacción gubernamental para investigar estas graves violaciones a los derechos humanos” lo que sólo alienta la impunidad. “Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, pues “no se observa en el gobierno mexicano voluntad política real de investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura contra las mujeres” que son detenidas por agentes policiacos e integrantes de las fuerzas armadas.

Este informe “no sólo confirma que la tortura es una práctica generalizada en el país, como lo han expresado diversos organismos internacionales de derechos humanos, sino también revela las atrocidades y violencia sexual cometidas contra las mujeres detenidas, que resultan inimaginables en una democracia”, añadió Guevara Rosas, aseverando que “no es posible sostener que se trata de casos aislados o que los elementos que recurren a la tortura son sólo algunas manzanas podridas, cuando estos testimonios de mujeres nos dice que se trata de una práctica generalizada”.

Criticó también que desde hace años el discurso oficial sea el mismo, de un compromiso declarativo por abordar el tema, pero que no se traduce en los hechos, además de que el gobierno mexicano ha mostrado “muy poca tolerancia… ante las críticas constructivas en esta materia, pues ha respondido con descalificaciones y una negación total de la situación que vive el país, a la que identificó como una de las peores crisis de derechos humanos en el hemisferio”.

Es de hacer notar que Madeleine Penman, coordinadora del informe de Amnistía Internacional, al subrayar “la impunidad alarmante para investigar y sancionar estos hechos, donde existe un encubrimiento en todos los niveles”, le haya hecho una crítica apabullante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instancia que, dijo, tiene un enorme presupuesto –más de mil 500 millones de pesos para 2016–, pero cuya eficacia cuestionó lamentando que aunque recibió entre 2010 y 2015 más de 7 mil denuncias de tortura u otros malos tratos, en ese lapso sólo emitió 62 recomendaciones por este rubro, además de que suele no entregar a las víctimas una copia de su expediente o asesorarlas sobre los resultados de las investigaciones.

El informe de Amnistía Internacional desenmascara los motivos por los cuales las autoridades permiten la impunidad ante el escándalo de la tortura y abusos sexuales contra las detenidas por parte de las fuerzas de seguridad:  “Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles.”

Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12 mil denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8 mil 943 de las posibles víctimas eran hombres y 3 mil 618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones y de los miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han tenido como resultado fallos condenatorios federales.

A pesar del número extraordinariamente alto de denuncias de violencia sexual infligida a mujeres por miembros de las fuerzas armadas, el Ejército informó por escrito a Amnistía Internacional que ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. La Marina informó que sólo cuatro marinos habían sido suspendidos en el mismo periodo.


“No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, dijo Erika Guevara-Rosas, afirmando que las autoridades deben adoptar medidas urgentes para abordar el problema de la violencia sexual y la tortura de mujeres y prevenirlo.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ROSA ROJAS.
LINK: https://desinformemonos.org/acabar-con-la-impunidad-de-abusos-sexuales-y-violaciones-a-mujeres-detenidas-por-policias-militares-y-marinos-demanda-amnistia-internacional-al-gobierno-mexicano/

El miércoles, cita de padres de Ayotzinapa en SRE

Ciudad de México. Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores el próximo miércoles a las 18 horas, a fin de avanzar en el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Iguala.

La fecha del encuentro se logró después de una breve manifestación de protesta frente a la sede de la cancillería mexicana por parte de los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos.

Ahora, casi a las 18 horas, la manifestación se trasladó a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), en Paseo de la Reforma, donde reiteraran su exigencia de que sea separado de su cargo de director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

Felipe de la Cruz, uno de los voceros de los padres de familia, señaló que la salida de este funcionario de la PGR es un “factor indispensable” para continuar el diálogo con el gobierno federal, pues Zerón de Lucio, se ha dedicado a “obstruir” las investigaciones de los estudiantes desaparecidos e incluso “sembrar pruebas” en el proceso.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.

Acusan al gobierno de Peña de cancelar cuenta de ayuda para víctimas en Nochixtlán

OAXACA, Oax: El gobierno federal en complicidad con el sistema financiero, canceló una cuenta bancaria de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CTEO) destinada a la ayuda de los familiares caídos y heridos en los hechos de Nochixtlán del pasado 19 de junio, denunció la comisión política de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE).


Dicha organización consideró que con estas acciones el gobierno busca impedir que el pueblo de México y de otros países haga llegar su ayuda económica a las víctimas en Nochixtlán.

Integrantes de la comisión política explicaron que la cuenta cancelada por el gobierno “fue creada sin fines de lucro y surgió por la necesidad de contar con la certeza y seguridad de que las donaciones llegarán a los familiares de los caídos y heridos, ante el sufrimiento y carencias a las que se están enfrentando por la negativa de las instituciones de salud de atenderlos gratuitamente”.


Acusaron que luego de que se negara a los afectados el acceso a la salud y a la justicia e incluso a la cobertura total de las cirugías y atención médica, la CTEO generó mecanismos de ayuda y apoyo social para los lesionados, así como a las familias de sus caídos.

Sin embargo, en “una acción condenable”, enfatizaron, el gobierno y bancos actúan lesivamente en contra de los que hoy necesitan del apoyo solidario de personas, organizaciones y sectores que se suman a esta lucha.

Por tal razón, la sección 22 exigió al Estado mexicano el cese inmediato de las medidas represivas que sigue adoptando para evitar a toda costa que la ayuda continúe llegando a Nochixtlán, municipio que, acusan los integrantes de CTEO, fue masacrado a manos de policías enviados por Gabino Cué, Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño y Miguel Ángel Osorio Chong.


Finalmente, advirtieron que seguirán su exigencia de castigo para los autores materiales e intelectuales de los hechos de Nochixtlán, así como la abrogación de la reforma educativa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ, PEDRO MATÍAS.
FECHA: 3 JULIO DEL 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446108/acusan-a-gobierno-de-pena-de-cancelar-cuenta-de-ayuda-para-victimas-en-nochixtlan

Comando roba seis autobuses de ADO en Azcapotzalco

CIUDAD DE MÉXICO: Seis camiones de pasajeros de la empresa Autobuses del Oriente (ADO) fueron robados esta madrugada por un grupo de hombres armados de una bodega en la delegación Azcapotzalco.

El incidente ocurrió en la calzada Coltongo de la colonia Trabajadores de Hierro.

El reporte realizado a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México precisa que aproximadamente a las 03:00 horas, sujetos armados amagaron y golpearon a dos veladores para luego llevarse los autobuses.

Los empleados afirmaron que fueron golpeados y encerrados por los ladrones en un cuarto, cerca de las 2:00 horas.

Los asaltantes sacaron seis autobuses blancos con franjas amarillas de la empresa ADO Estrella de Oro Texcoco Plus y se los llevaron con rumbo desconocido.

Poco después de las 6:00 horas, al llegar los guardias del siguiente turno, encontraron a sus compañeros amarrados y se percataron de la falta de las seis unidades.

La empresa dio a conocer que los autobuses tienen los números económicos 3353, 3331, 3364, 3351, 3371 y 3354.


Los trabajadores sometidos por los ladrones sólo sufrieron lesiones leves, según determinaron las autoridades.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446109/comando-roba-seis-autobuses-ado-en-azcapotzalco

La tortura una cotidianidad en Chiapas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. registró de enero a junio de 2016, 17 nuevos eventos de tortura, ubicados en los municipios de Palenque, Comitán de Domínguez, Villacomaltitlán, San Cristóbal de Las Casas, La Concordia y Tuxtla Gutiérrez. Esta información agregada a los datos acumulados de años anteriores nos indica que en Chiapas la Tortura se ha incrementado1 y sigue siendo una práctica sistémica y sistemática, que se continúa usando como método de castigo muy arraigado en las fuerzas de seguridad y como un patrón de investigación policial ante los operadores de justicia.

El momento de la detención y los traslados de las personas continúan siendo los espacios privilegiados para la aplicación de algún método de tortura. La prevención y erradicación de la tortura en Chiapas, está lejos de ser una realidad. Es de mencionar que el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello mantiene a Jorge Luis Llaven Abarca como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a pesar de sus antecedentes como perpetrador de tortura, así como a Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia de Chiapas, quien desde el sexenio pasado ha sido denunciado y cuestionado por la utilización de la tortura dentro de la Procuraduría local.

El caso de Margarita Gómez López y David Hernández Gómez, del municipio de Teopisca, Chiapas, quienes se encuentran en detención en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 5, desde el 24 de abril de 2014, es un ejemplo típico del uso de la tortura como método de investigación, de un proceso judicial viciado para crear culpables de un delito2 . Otro caso es el de Vidal Pivaral Matul arbitrariamente detenido sin orden de aprehensión, fue víctima de tortura en forma de golpes, patadas, asfixia, amenazas y humillación, que resultó en la autoinculpación del delito de secuestro y permanece detenido en el CERSS No. 14 “El Amate” desde hace 4 años sin haber sido sentenciado, presentando todavía signos físicos visibles de la tortura.

La práctica de la tortura, está de tal manera arraigada y generalizada en nuestro país, que existe la desconfianza que aún con la entrada en vigor del nuevo sistema penal, los funcionarios encargados de la procuración de justicia y los diferentes cuerpos policiales, continuarán con los métodos de tortura como parte de su práctica de investigación. Lo anterior debido a las deficiencias de formación de las corporaciones policiales ante el nuevo sistema judicial, ya que se ha documentado que no tienen capacidad institucional y técnica para investigar, preservar evidencias, custodiar pruebas y cuidar la cadena de custodia.
Los centros de detención como las estaciones migratorias, centros administrativos de detención, hospitales psiquiátricos, las cárceles, centros de detención de alta seguridad, entre otros, continúan siendo espacios de exterminio en donde se fomenta, tolera y justifica la tortura y otros tratos crueles inhumanos y/o degradantes. Espacios de excepción tolerados por el Estado mexicano donde no existe el respeto, garantía ni protección de los derechos humanos.

En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura que se conmemoró el 26 de junio, este Centro de Derechos Humanos reafirma su compromiso y prioridad en acompañar a las y los sobrevivientes de tortura, sus familiares y colectivos a los que pertenecen. Manifestamos que bajo ninguna circunstancia se justifica la tortura, ya que significa un ataque a la dignidad, a lo más profundo de las personas, independientemente de su edad, condición social, cultura, sexo, y/o religión, teniendo como uno de sus fines generar sufrimiento físico y psicológico a las víctimas y la desintegración total de una comunidad.

1 De marzo de 2014 a marzo de 2015 el Frayba registró 26 eventos de Tortura, en algunos casos existe más de un acto de Tortura. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. Informe La Insurgencia de Los Derechos Humanos. 26 de septiembre 2015. Disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/150930_informe__frayba_final_final.pdf 2 Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Dos años de encarcelamiento injusto a tsotsiles víctimas de tortura. 4 de mayo de 2016. Boletín No.11. Disponible en: http://redtdt.org.mx/?p=5965

Esta nota se publicó originalmente en: http://espoirchiapas.blogspot.mx/2016/06/boletin-del-frayba-la-tortura-una.html

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: NOTIFRAYBA
LINK: https://desinformemonos.org/la-tortura-una-cotidianidad-en-chiapas/

Alerta el INAI sobre altos riesgos del “sexting”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) alertó sobre los riesgos que implica la práctica del sexting, que consiste en el envío de contenidos de tipo sexual a través de teléfonos móviles.

Esta práctica lleva a la pérdida de la privacidad, ya que una vez que la imagen es enviada, se pierde el control sobre su difusión, por lo tanto, los protagonistas quedan expuestos y vulnerables, destacó el INAI en un comunicado.

El fenómeno del sexting, subrayó, es una actividad que puede exponer a los menores de edad al grooming (acciones deliberadas por parte de un adulto para establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual), ciberacoso y sextorsión como medio de presión y ridiculización contra la persona fotografiada.

Destacó que en su publicación denominada El Efecto Internet, la asociación civil Alianza por la Seguridad en Internet presenta una encuesta sobre el sexting y cómo las tecnologías de la información ofrecen facilidad y capacidad para el envío de textos, fotos y videos con connotación sexual.

En esa encuesta sobre seguridad y privacidad en la web aplicada a 10 mil estudiantes, 85% de los alumnos de entre 12 y 16 años reveló que 36.7% conoce a alguien que ha enviado o reenviado por internet o celular imágenes suyas desnudo o semidesnudo, ya sea a conocidos o desconocidos.

Asimismo, 10.2% ha redactado o enviado mensajes electrónicos o de texto con insinuaciones sexuales, y 7.9% ha enviado o reenviado por internet o celular imágenes suyas desnudo o semidesnudo ya sea a conocidos o desconocidos.

El INAI destacó que el sexting es una amenaza latente, ya que empieza como diversión y puede terminar en una situación grave que se salga de control y que produzca consecuencias sociales, físicas, psicológicas y legales para las víctimas.

La divulgación de contenidos íntimos o privados, apuntó, puede tener consecuencias legales, dado que esta conducta se puede encontrar tipificada como un delito.

Señaló que si bien la legislación no lo contempla expresamente, existen otros tipos penales con conductas similares, como los delitos contra la intimidad y la libertad sexual, así como los relacionados con la pornografía infantil.

En ese sentido, el Instituto manifestó que de existir algún hecho que pueda ser constitutivo de delito, debe denunciarse ante la procuraduría o fiscalía que corresponda a la entidad federativa de la persona que ha sido víctima de sexting o de delitos similares.

La presentación de la denuncia es sólo una de las acciones que se puede realizar ante el sexting, pues existen otras como las acciones de responsabilidad civil, que tienen como fin reparar el daño al patrimonio moral de las personas que se ven afectadas en sus derechos a la vida privada, honor y su propia imagen, apuntó.

Lo anterior, atendiendo a la legislación civil en cada una de las entidades federativas, como en el caso de la Ciudad de México, que cuenta con la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en la capital del país, cuyo objetivo es garantizar los derechos de la personalidad.

No obstante, el INAI destacó que con independencia de las medidas legales que se puedan tomar, lo realmente importante son las acciones preventivas para evitar la práctica del sexting, pues los daños psicológicos y la reputación de la víctima pueden ser irreparables.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/446128/alerta-inai-altos-riesgos-del-sexting

Los servicios de salud, camino a la privatización

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 24 de junio el secretario de Salud José Narro Robles insistió en que la reforma a la salud que busca la universalización de la atención médica para toda la población no implica “ninguna acción de orden privatizador o la participación de otras instancias” en la prestación de los servicios.

Sin embargo, la privatización de los fondos públicos destinados a las instituciones de salud, particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya se encuentra operando por medio de la subrogación y la concesión de obras y servicios a las Asociaciones Público-Privadas (APP´s).

Así lo señala el doctor Rafael González Guzmán, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES).

En entrevista con Apro, el especialista explica cómo ha sido el proceso de privatización del sector salud en el país en apego a la reforma.

Gutiérrez Guzmán identifica tres etapas: la primera en 1985 durante el llamado “ajuste estructural”, que, dice, mutiló los presupuestos de las instituciones de salud, cuyas repercusiones fueron la disminución de unidades, servicios, personal y consultas médicas, lo que provocó un debilitamiento de la atención médica y la precarización de las condiciones laborales.

La segunda etapa, prosigue, fue con la Ley del IMSS de 1995, cuando se dio “la primera gran privatización de la seguridad social”.

Abunda: “Estableció que las pensiones de los trabajadores pasaran al dominio de los bancos privados y por ley se abrió la posibilidad de la subrogación de servicios de seguridad social a prestadores privados, tal como ocurrió con las guarderías, los centros culturales y recreativos y los deportivos.

La tercera etapa, dice Gutiérrez Guzmán, se desarrolló durante el gobierno de Vicente Fox con la creación del Seguro Popular, porque consistió en la introducción de “un mecanismo de aseguramiento nuevo, un aseguramiento con un paquete de beneficios limitado, dentro de una lógica del aseguramiento privado”.

En mayo de 2009, la revista Contralínea (número 133) dio a conocer que durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón el IMSS, el ISSSTE y Pemex subrogaron servicios a empresas privadas de salud –Amerimed y Operadora de Hospitales Ángeles (OHA), entre otras instituciones–, a las cuales les remitieron sumas millonarias para la atención de servicios médicos: consultas, diagnósticos de gabinete, estudios de laboratorio, hospitalización, siquiatría, angiología, urología y neurocirugía.

El secretario de la ALAMES recuerda que desde entonces se subrogaron otros servicios: imagenología (rayos X, tomografía, ultrasonido y resonancia magnética nuclear), hemodiálisis, endoscopía, cateterismo cardíaco, ambulancias y limpieza en los hospitales.

En su opinión, las Asociaciones Público-Privadas son otra de las formas en que opera la privatización en el sector salud; por este medio, explica, “el gobierno contrata a empresas privadas para que construyan y operen hospitales durante 25 o 50 años y todo ese tiempo se le están transfiriendo los recursos públicos”.

Actualmente las APP´s tienen presencia en hospitales de alta especialidad en Guanajuato, Zumpango, Estado de México, Ciudad Victoria y Mérida, y va en aumento. El pasado 28 de junio el diario Reforma reportó que el IMSS concesionó la construcción de un hospital en Nayarit y buena parte de sus servicios médicos, además de que planea la licitación para la construcción de nuevas unidades médicas en los estados de México, Chiapas y Nuevo León.

El doctor González enfatiza que si bien la actual iniciativa en materia de salud pretende ampliar el aseguramiento de toda la población con la subrogación de los servicios de salud y las concesiones de obras se está omitiendo el hecho de que los seguros van a ser administrados por aseguradoras privadas o “articuladoras”, las cuales “comprarían servicios médicos tanto a proveedores públicos, es decir, aclara, unidades del IMSS, del ISSSTE o de la Secretaría de Salud, o preferentemente privados”.

Frente a las aseveraciones del secretario Narro Robles que rechaza el carácter privatizador de la reforma, calificando de “discursos” las distintas voces que se han manifestado en contra de la universalidad de la salud, González Guzmán sostiene que la privatización del sector salud no se realizará por medio de la puesta en venta del IMSS o el ISSSTE, sino por medio de la inyección de fondos públicos a las instancias privadas en detrimento de la inversión pública, como de hecho ya ocurre.

Además señaló que la universalización de la salud no es un proceso actual ni exclusivo de nuestro país sino que responde a una tendencia mundial: “Filipinas está en proceso de privatización, la India está en proceso de privatización, Colombia está totalmente privatizado, Chile está totalmente privatizado, entonces no es un discurso, es una realidad mundial”.

Para México, el caso de Colombia no sólo es un referente del desarrollo de la privatización de los servicios de salud bajo el esquema de la universalización en Latinoamérica, sino que la privatización de las instituciones públicas colombianas fue promovida por Julio Frenck, miembro socio de la Fundación para la Salud (Funsalud), la cual ha tenido una gran incidencia en la planeación de las políticas gubernamentales en el tema de la salud en México.

Los miembros de la Funsalud incluye a las poderosas farmacéuticas a nivel mundial como Laboratorios Pfizer, propietarios de hospitales privados, como Olegario Vázquez Aldir y el presidente del Consejo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM), Alfredo Rimoch (Más de 131, “Funsalud y los empresarios que marcan las políticas de salud en México”), quienes trabajan de cerca con funcionarios del gobierno como el propio secretario de salud Narro Robles y el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.

Desde la administración pasada, la secretaria de salud Mercedes José impulsó la universalidad de la salud a partir de un estudio elaborado por la Funsalud.

Actualmente, la administración de Enrique Peña Nieto busca estrechar la relación con la Fundación, como quedó en evidencia el pasado 29 de marzo en la XXXV Asamblea General Ordinaria en la que pidió a la Funsalud “tenga la certeza de que encontrará en el gobierno de la República, en su Presidente, y en los directores de las distintas entidades públicas, encargadas del sector salud, siempre espacios de diálogo, de apertura y de trabajar de forma conjunta para seguir procurando la salud de todos los mexicanos”.

González Guzmán afirma que las repercusiones de la universalización de la salud en el país son múltiples, sin embargo, establece que una de las más preocupantes es la inestable situación laboral de los trabajadores del sector.

“En la medida que entran privados, incluso dentro del Seguro Popular, se están dando condiciones de trabajo precarias para médicos y enfermeras, ganan menos, tardan más o no logran la base, son despedidos, se les recontrata cada seis meses, carecen de vacaciones, no cuentan con ISSSTE ni Seguro Social y, por si fuera poco, médicos del Seguro Popular no tienen acceso gratuito a éste”, dice.

Este clima de inestabilidad laboral ha sido uno de los motores que han impulsado a los trabajadores del sector salud a salir a la calle en la mayor parte del país.

González Guzmán adiciona otros problemas que arrastran médicos y enfermeras en la actualidad: criminalización del ejercicio médico pese a que la situación material es ínfima, imposibilidad de ascender en el escalafón laboral, incluso para las enfermeras con estudios de posgrado y abandono y desmantelamiento de las instituciones del sector.

A raíz de esa situación, las organizaciones de trabajadores del sector salud solicitaron dialogar con el secretario Narro Robles, quien los recibió el pasado 27 de junio.
En la reunión, los inconformes demandaron la cancelación de la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica, debido a que, a su juicio, contribuye a la criminalización de la práctica médica.

También pidieron el establecimiento de una mesa de trabajo para discutir y resolver las problemáticas que imperan en el sector.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: DIANA ÁVILA
LINK: http://www.proceso.com.mx/446117/los-servicios-salud-camino-a-la-privatizacion

Condena la CEAV crimen de odio contra Jessica Patricia en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) condenó el asesinato de Jessica Patricia González Tovar, de 21 años de edad, y urgió a las autoridades correspondientes a esclarecer el crimen de odio perpetrado en Monclova, Coahuila, el pasado 25 de junio, así como los hechos posteriores.

De acuerdo con el organismo, la pareja de Jessica Patricia, del mismo sexo, ha referido tratos inhumanos, crueles y degradantes, así como discriminatorios y por supuesto revictimizantes, basados en la orientación sexual de ambas.

“Debemos erradicar de nuestra sociedad las expresiones de odio en razón de la orientación sexual, expresión o identidad de género de las personas. Todos estamos obligados a hacerlo ya”, afirmó Jaime Rochín, comisionado presidente de la CEAV, y urgió a que evitemos y repudiemos los discursos que promueven el odio por parte de cualquier organización o personaje en cualquier ámbito.

Destacó que ya entraron en contacto con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila para seguir el caso e intervenir en el marco de sus facultades, y para prestarle a la viuda medidas de atención inmediata.


El pasado 25 de junio, alrededor de las 11 de la noche, Jessica Patricia se encontraba con su pareja sentimental, Fátima Bernal, afuera de una tienda de conveniencia sobre la avenida Las Torres, al oriente de la ciudad de Monclova.

Según los familiares, un hombre a bordo de una camioneta Ford Lobo empezó a agredirlas verbalmente por su lesbianismo. Sin caer en la provocación, la pareja subió al vehículo de Fátima y se alejó del lugar. Metros adelante el auto fue chocado por la misma persona que había molestado a las mujeres minutos antes.

Jessica descendió de la unidad para reclamar los daños, y en ese momento el sujeto sacó un arma de fuego y le disparó en el cuello. Posteriormente la atropelló y arrastró varios metros, según información publicada por el diario Vanguardia

El crimen de odio consternó a la comunidad, en especial a la asociación de Red de Madres Lesbianas en México.

“Nos indigna el abuso de autoridad por parte de la policía ministerial, quienes quisieron que su
viuda se declarara culpable. Asimismo, lamentamos la presunción de heterosexualidad por parte de las mismas autoridades y el uso excesivo de los términos homosexual y homofobia cuando se trata de una familia lesbomaternal. Esto fue un crimen por lesbofobia”, escribieron en su página de Facebook.

Como lo mencionaron las integrantes de la asociación, los familiares de Fátima Bernal denunciaron que la mujer fue torturada por agentes investigadores para obligarla a que se confesara responsable del homicidio, por lo que interpondrán una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/446120/condena-ceav-crimen-odio-en-coahuila

Moderno esclavismo en maquiladora finlandesa

Ciudad, Acuña, Coahuila.
Sometidos a violaciones en sus derechos laborales y humanos, trabajadores de la trasnacional finlandesa PKC Arneses y Accesorios sobreviven con salarios apenas arriba del mínimo, carecen de libertad sindical, no pueden ir al baño sin autorización de un supervisor y sus jornadas son de nueve horas de pie, además de que sus espacios no tienen ventilación adecuada y no los dejan ni tomar agua.

Todo lo anterior es avalado por un sindicato de protección de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que dirige Tereso Medina.

En entrevistas realizadas a decenas de trabajadores –las cuales se llevaron a cabo en sus hogares–, mostraron los recibos de sus salarios. Perciben en promedio de mil 700 a mil 800 pesos quincenales. Pero la mayoría pagan créditos de vivienda u otros préstamos que les reducen sus ingresos a 700 pesos o menos. Mostraron incluso un recibo de 400 pesos por una quincena de trabajo.

Las obreras y obreros –que en buena parte son originarios de otros estados, como Veracruz o Chiapas– hablan de su situación, de que no importa si tienen 10 o 20 años en la empresa, ya que ganan lo mismo.No tienen revisiones salariales anuales ni conocen su contrato; lo único que aumenta son las cargas de trabajo. Señalan que están en una condición laboral de ‘‘moderna esclavitud’’.

Denuncian que las amenazas y represión de la empresa contra los más de 7 mil 500 trabajadores se han acentuado, porque, por segunda ocasión, el Sindicato Nacional de Mineros, que dirige Napoleón Gómez Urrutia, demandó la titularidad del contrato colectivo de PKC Arneses y Accesorios, y en las próximas semanas habrá un recuento para definir cuál gremio tendrá la representación laboral. La trasnacional incluso contrató a un grupo de sicólogos para que hablen con los trabajadores y los convenzan de que voten por el sindicato de la CTM.

Los intimidan al advertir que la empresa va a cerrar, que más vale ganar poco que nada, que si votan por el gremio minero irán a la calle; también mandaron encuestadores para que saber por cuál sindicato votarán. A los team leaders o jefes les pidieron que firmen cartas que garanticen que van a apoyar al gremio de protección. La empresa, junto con el sindicato de Tereso Medina, auspicia una campaña sucia y de miedo en medios locales, en los que contrataron 45 días de anuncios y pronunciamientos contra la organización minera.

Hablan trabajadores.

(Ante amenazas sufridas, los obreros pidieron el anonimato y no permitieron fotografías, por lo que sus nombres fueron cambiados).

Guadalupe tiene más de 20 años laborando en la planta tres de PKC Arneses y Accesorios y como operadora gana 125 pesos diarios.

Señala que la labor es muy pesada y los trabajadores sufren de problemas del cuello, hinchazón de piernas y úlceras varicosas, pero no los dejan sentarse, únicamente a las embarazadas. Añade que tienen permiso de ir al baño sólo dos veces, pero con autorización del supervisor y con un tiempo contado de 10 minutos, y que, como ella fue tres veces en un día, la sancionaron.

En el mismo tenor, Jorge, quien cumplió 14 años, dice haber laborado en otras maquiladoras de esta ciudad, y Arneses es la que peor trata a los trabajadores, pues quienes tienen accidentes son despedidos porque eso no debió pasar. Relató que la semana pasada un obrero fue a renunciar, porque ya estaba muy enfermo, y le dijeron que pasara en tres días por su finiquito; cuando volvió, no lo dejaron ni entrar a la empresa y no le entregaron nada, porque ya no laboraba ahí.

Otra trabajadora, de nombre María, originaria de Veracruz, y quien lleva seis años en la planta 3, nos recibe en su vivienda, la cual renta, y dice que no puede aspirar a un crédito Infonavit, porque no lo podría pagar, apenas sobrevive con lo básico. Menciona que la empresa está efectuando paros técnicos en algunas plantas, y a los obreros les descuentan 100 por ciento de los días inhábiles o se los toma a cuenta de vacaciones. Que les aumentaron el salario sólo a 500 trabajadores, en su mayoría jefes, y que les ofrecen despensas a las madres solteras, para comprar su voto en favor de la CTM, además de que los amenazan con que deben cuidar su empleo.

José, de la planta 4 y quien tiene cuatro hijos y es de Veracruz, indicó que no les dan ni el aumento de dos a tres pesos que fijan cada año a los salarios mínimos; que los operadores deben completar un promedio de 200 arneses diarios, y hacen procesos de aproximadamente 2 mil series por trabajador; no los dejan ni ir al baño y tienen cero prestaciones; antes había préstamos, pero hasta eso quitaron. La gente quiere un cambio, porque la CTM nos tiene así de fregados. Dijo que apenas el sindicato minero reveló el contrato que tiene firmada la empresa, y resulta que en promedio les pagan 20 pesos menos de sueldo que está establecido en ese documento.

Un cortador de la planta 5, llamado Manuel, detalló que la empresa firmó el contrato colectivo con el sindicato cetemista de espaldas a los trabajadores y sin consultarlo; destacó la gran inconformidad por la actuación de Tereso Medina, que hasta se vanaglorió de haber conseguido 500 aumentos para jefes y supervisores, lo cual fue indignante para los obreros, así como el hecho de que estén entregando despensas a unos cuantos.

Otro más, que realiza planos de los prototipos, indicó que gana 143 pesos por día –apenas dos salarios mínimos–. Por el pago de su crédito de vivienda percibe 700 pesos quincenales. Dice que realiza el trabajo que debían hacer ingenieros, pero con sueldo sumamente castigado. Además, en esta región, donde las temperaturas son extremas y superan a veces los 50 grados centígrados, no les permiten tomar líquidos.

Se prevé que las próximas semanas la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ordenará un recuento de este conflicto –el cual se podría efectuar a finales de julio o principios de agosto–, ante ello empresa y sindicato de la CTM han exacerbado la presión sobre los trabajadores, según comentaron ellos mismos. Detallan que Tereso Medina se dice amigo del actual gobernador de Coahuila.

En tanto, la representación del Sindicato Nacional de Mineros en Ciudad Acuña denunció que además de las múltiples violaciones laborales y a los derechos humanos de los trabajadores de PKC Arneses y Accesorios, la empresa tiene metidas las manos en el proceso del recuento y no ha permitido la libertad sindical, violando la Ley Federal del Trabajo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A petición de los trabajadores que no tenían sindicato, el gremio que dirige Gómez Urrutia presentó la primera demanda de titularidad del contrato colectivo de trabajo, a lo que la empresa se adelantó e impuso un sindicato de protección. En octubre de 2012 se llevó a cabo el primer recuento, el cual estuvo plagado de irregularidades, fraudes y amenazas a los trabajadores. En una votación de 7 mil 366 participantes, la diferencia a favor del gremio cetemista fue de apenas 198 votos. Por lo que ahora ha presentado la segunda demanda de titularidad.

Esta organización ha realizado una labor contracorriente, ya que ha desnudado el contrato de protección de la CTM, lleva a cabo volanteo sobre sus derechos, denuncia de violaciones, mítines y perifoneo diario en las plantas, para alertar a los trabajadores de que pueden cambiar sus condiciones laborales y humanas en esta maquiladora.

En tanto los trabajadores advierten que hay desesperación y hartazgo por esta situación de moderno esclavismo en el norte del país.


FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: PATRICIA MUÑOZ RIOS
LINKK: http://www.jornada.unam.mx/2016/07/04/politica/040n1pol