Llegó el momento del Sistema Nacional Anticorrupción, tan discutido durante meses; las leyes que se promulgan este lunes lo hacen operante. Las leyes anticorrupción, impulsadas por la clase política del país, se promulgan este lunes. ¿En qué consisten?, ¿de qué se tratan? Aquí un resumen de las mismas:
El gobernador aclaró que esta designación se inscribe en la implementación del nuevo “Modelo Educativo y Propuesta Curricular de Educación Obligatoria”, que este próximo miércoles 20 de julio será presentado en la Ciudad de México. El gobernador Gabino Cué Monteagudo designó este lunes como nuevo director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a Germán Cervantes Ayala, en sustitución de Moisés Robles Cruz, quien ocupará un nuevo cargo en la administración pública federal. En un comunicado del IEEPO, Gabino Cué solicitó al nuevo integrante “sumar su capacidad y experiencia de más de 30 años en el ámbito educativo, para dar un nuevo impulso en el proceso de reconstrucción y consolidación del desarrollo académico, así como en el mejoramiento de la infraestructura escolar del nivel básico”. De conformidad con el Artículo 79 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el mandatario estatal dio el anuncio en las instalaciones de la Casa Oficial. Al cumplirse un año de la promulgación del decreto que recuperó la rectoría educativa en esta entidad, el gobernador aclaró que la designación del profesor se inscribe en la implementación del nuevo “Modelo Educativo y Propuesta Curricular de Educación Obligatoria”, que este próximo miércoles 20 de julio será presentado en la Ciudad de México por la Secretaría de Educación Pública. Destacó que este modelo iniciará un proceso de mejora continua de los planes y programas de estudio en el estado y el país. Asimismo, agradeció y reconoció el trabajo de Moisés Robles Cruz, director del IEEPO de 2014 hasta esta fecha. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: REDACCIÓN LINK: http://aristeguinoticias.com/1807/mexico/gabino-cue-sustituye-al-director-del-ieepo-es-un-proceso-de-reconstruccion-asegura/
Desde el sexenio de Felipe Calderón se cuestionaba si la llamada “guerra contra al narco” debía ser orquestada con las fuerzas militares en las calles. El argumento oficial era entendible, México carece de fuerzas policiales capacitadas para esta función. En campaña, Enrique Peña Nieto ofreció reajustar la estrategia de seguridad. Vamos para 10 años de promesas, no es un asunto simple pero se requieren planes concretos. Se han hecho múltiples anuncios, todos ellos en formato faraónico, de la redefinición, reestructuración, profesionalización, tecnificación y fortalecimiento de las policías en el país. El resultado, las fuerzas militares siguen y al parecer seguirán en las calles. Recientemente Peña Nieto afirmó que el Estado no dará ni un paso atrás en el objetivo de dar seguridad a los mexicanos y que el Ejército tendrá una mayor capacidad de despliegue. Hizo un llamado a la sociedad civil para que se solidarice con los elementos de Ejército y de este modo combatir a la delincuencia organizada. Al parecer la nueva estrategia es pedir solidaridad a la sociedad mexicana. Diagnósticos y recomendaciones en el sentido opuesto sobran: Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein con motivo de su visita a México: “Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza. Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública”. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en México: “Durante su visita, la Comisión pudo constatar con extrema preocupación que esta presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana persiste, y no tiene plazo aproximado para concluir… La CIDH considera indispensable que el Gobierno federal presente un plan concreto y por escrito sobre el retiro gradual de estas tareas, que por su naturaleza corresponderían a la policía”. Informe del Relator especial sobre la Tortura, Juan E. Méndez: “Retirar definitivamente a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública y restringir su participación a operaciones de apoyo con supervisión de órganos judiciales civiles”. Informe del Relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns: “Según la información proporcionada al Relator especial, el Sr. Peña Nieto ha declarado que las fuerzas armadas seguirán realizando una labor de seguridad pública hasta la aplicación de la nueva estrategia en materia de seguridad y justicia, la cual permitirá su retorno progresivo a los cuarteles…Deberían adoptarse todas las medidas necesarias, con efecto inmediato, para que la defensa de la seguridad pública esté en manos de civiles y no de las fuerzas de seguridad militares”. ¿Cuántas recomendaciones requiere el Ejecutivo? En artículo publicado en El País por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío, pone en claro que la Constitución mexicana establece que las fuerzas armadas en tiempos de paz solo pueden realizar funciones relativas a la disciplina militar dentro de sus cuarteles. Las únicas dos excepciones se dan al declararse un estado de excepción o cuando se encuentre comprometida la seguridad interior. Por el bien del país, de la ciudadanía y de las fuerzas armadas es importante saber, como lo escribe el Ministro Cossío, bajo qué supuesto y con qué mandato están operando las fuerzas armadas. Agregaría yo que es imprescindible saber cuál es el plan de sustitución por fuerzas policiales y legislar el uso de la fuerza de conformidad con estándares internacionales. Todo hace indicar que este sexenio no habrá cambios en materia de seguridad. El costo será abonar a la grave crisis de derechos humanos y al desgaste de las fuerzas armadas. Si el tema de la corrupción ya está posicionado como ineludible para las campañas electorales de 2018; la estrategia de seguridad, que junto con otros como la impunidad, la marginación y las víctimas, no podrían quedar fuera. Allí están las recomendaciones. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: JACOBO DAYÁN LINK: http://aristeguinoticias.com/1807/mexico/cuantas-recomendaciones-requiere-el-ejecutivo/
Cumplir una de las principales demandas del sindicato de maestros equivale al doble del presupuesto 2015 del programa Escuelas de Calidad para la Secretaría de Educación.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) gastará casi 2 mil millones de pesos para pagar el aumento salarial a maestros inscritos en el programa Carrera Magisterial, una de las principales demandas que le hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el 6 de julio pasado. La dependencia no tenía contemplado ese gasto para 2016 pero el secretario de Educación, Aurelio Nuño, firmó un acuerdo con el sindicato donde se compromete a pagarlo “con recursos de economías de la SEP”. El monto equivale al doble del presupuesto del programa Escuelas de Calidad, cuyo presupuesto de 2015 ascendió a mil millones de pesos. O a 20% del Programa Nacional de Becas, que ejerció 10 mil millones de pesos el año pasado. De acuerdo con información de la SEP, Carrera Magisterial –el programa de incentivos económicos a maestros, que ha funcionado desde 1992– tuvo un presupuesto de 53 mil millones de pesos en 2015 para pagarle a 843 mil 624 maestros inscritos. Por lo tanto con la aplicación del aumento de 3.5% para este año, a lo cual ya se comprometió la SEP, habrá un gasto extra de mil millones 855 mil pesos y erogará 54 mil 855 millones de pesos sólo para pagar Carrera Magisterial. Ese presupuesto es superior a los 50 mil millones de pesos destinados a mejorar la infraestructura de 33 mil planteles a través del programa Escuelas al 100. La dependencia había decidido que en 2016, Carrera Magisterial estaría separado del salario y, por primera vez en 23 años, el porcentaje de aumento salarial no se aplicaría a dicho programa. Esto impactaría directamente en el bolsillo de los profesores porque, por ejemplo, si alguien tenía un salario base de 10 mil pesos y el incentivo de Carrera Magisterial ascendía a 8 mil pesos, el aumento salarial de cada año se aplicaba a 18 mil pesos. La SEP argumentó que tenía menos presupuesto y, por lo tanto, el aumento salarial sólo sería para el sueldo base, sin tomar en cuenta Carrera Magisterial, según se estableció en la negociación salarial con el SNTE que se realizó en mayo pasado. Esto provocó que desde el 28 de junio maestros de Nuevo León iniciaran manifestaciones en contra de la reforma educativa, un hecho inédito en una entidad donde los maestros son más cercanos al SNTE que al grupo disidente de maestros, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que había mantenido movilizaciones contra la legislación desde 2013. El 11 de julio, el presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, entregó al secretario de Educación un documento con 12 puntos donde criticaba y pedía la “corrección” de la reforma educativa. Al día siguiente comenzó la primera de cuatro mesas de trabajo entre la SEP y el SNTE que concluyeron con un acuerdo en el cual el secretario cedió a las demandas del sindicato. Finalmente el miércoles 13 de julio, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, se retractó de su decisión y se comprometió a pagar el aumento salarial de 3.5% de Carrera Magisterial. Para el investigador Marco Fernández, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, esto se trató de un “error” por parte de la SEP que permitió al SNTE sólo reclamar no sólo sobre Carrera Magisterial, sino también sobre otros aspectos como la evaluación. El “derecho” de Carrera Magisterial La decisión de la SEP sobre separar el aumento salarial a Carrera Magisterial efectivamente era una violación de derechos laborales para los maestros, advierte el investigador Marco A. Fernández. La Ley del servicio profesional docente –una de las leyes reglamentarias de la reforma educativa–, establece que el programa de Carrera Magisterial funcionaría hasta mayo de 2015. Después de esa fecha, ya no se podrían inscribir más maestros, pero sí se seguiría pagando a aquellos que habían logrado entrar durante los 23 años de operación. A partir de 2016 Carrera Magisterial fue sustituida por el Programa de promoción en la función por incentivos en la educación básica, pero en la ley se estableció que “los beneficios adquiridos por el personal que participa en Carrera Magisterial no podrán ser afectados en el tránsito al (nuevo) programa”. Para avanzar en cada categoría, en 2015 la SEP y el SNTE acordaron tres criterios al que le asignaron un puntaje determinado: aprovechamiento escolar (es decir, los resultados obtenidos por sus alumnos en la prueba Enlace), valió 20 puntos; la preparación profesional (exámenes), 40 puntos y la formación continua (cursos y diplomados), 40 puntos. De acuerdo con el cálculo de la SEP, son 853 mil 624 plazas con el programa Carrera Magisterial que incluye cinco categorías, que va desde 36% de incentivo hasta 294.3%. Es decir, quien se encuentre en la última categoría, casi triplica su salario. Estos porcentajes de aumento explican el crecimiento exponencial del presupuesto destinado a este programa. De acuerdo con documentos de la Secretaría, en 2003 había 703 mil maestros inscritos, pero en 10 años se sumaron 143 mil docentes, mientras que los ya inscritos iban ascendiendo en las categorías. De ahí que, para 2015, el presupuesto para Carrea Magisterial fue de 53 mil millones de pesos. El programa funcionó sólo para mejorar el salario de los profesores y lo conseguían hasta con tomar cursos de superación personal, que formaban parte del catálogo de cursos aprobados por la SEP y el SNTE.
Como encargado de despacho queda Javier Vargas Zempoaltécatl. Virgilio Andrade renunció a su cargo como secretario de la Función Pública, el mismo día en que se promulgarán las leyes anticorrupción. En un breve mensaje a medios, indicó: “Decidí presentar el día de hoy al presidente de México mi renuncia como secretario de la Función Pública, a fin de que el Ejecutivo federal cumpla a cabalidad con el mandato constitucional de contar, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, con un secretario de la Función Pública debidamente nombrado y ratificado por el Senado”. Andrade Martínez no dio detalles sobre los motivos que lo orillaron a dejar el cargo, pero llegó al mismo en medio de la polémica, para investigar un posible conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto en la compra de la casa blanca de las Lomas de Chapultepec, a un contratista del gobierno; el funcionario exoneró al titular del Ejecutivo, el mismo que lo nombró secretario en febrero 2015. Otro caso polémico se dio a conocer en junio pasado, cuando Aristegui Noticias dio a conocer que su ex pareja denunció a Andrade por amenazas de muerte y violencia sexual. Mientras se nombra el nuevo titular, como encargado de despacho queda Javier Vargas Zempoaltécatl. La renuncia de Andrade ocurre a unas horas de la promulgación de las leyes anticorrupción; en el acto ya no participaría Virgilio. Andrade explicó que las condiciones establecidas en el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo paquete de leyes será promulgado este lunes, señalan que el secretario de la Función Pública debe ser nombrado por el Ejecutivo federal y ratificado por la Cámara de Senadores. Este 18 de julio finaliza la época de la administración tradicional del control interno, para dar paso a una nueva era con un nuevo sistema ciudadano y plural, abundó. Virgilio agradeció la confianza depositada en él por el mandatario Enrique Peña Nieto cuando lo nombró secretario de la Función Pública, el 3 de febrero de 2015. Aunque no confirmó si el presidente Peña Nieto ya aceptó o no su renuncia, Andrade Martínez señaló que el paquete de leyes que se promulgará hoy significa un paso histórico para dejar atrás los vicios y males de la corrupción que tanto daño han hecho al país.
Amatlán de los Reyes, Ver. La Fiscalía General del estado no ha entregado a la división científica de la Policía Federal los hallazgos realizados por la Primera Brigada Nacional de Familias en Búsqueda de Personas Desaparecidas, para que puedan ser analizados e identificados. En el mes de abril, la Brigada inspeccionó la zona centro de Veracruz y efectuó el hallazgo de fosas clandestinas con restos humanos, en los ejidos de El Porvenir y San Rafael Calería, municipio de Córdoba. Este lunes, tres meses después de la localización de las inhumaciones clandestinas, los familiares de personas desaparecidas sostuvieron un encuentro con elementos de la Policía Científica y de la Fiscalía Estatal con el objetivo de obtener un informe de los trabajos realizados sobre los restos encontrados. Durante la reunión, la Policía Científica informó que la Fiscalía de Veracruz sólo les ha entregado los hallazgos del ejido El Porvenir, donde se recuperaron restos óseos calcinados, y de los cuales “hay algunos resultados que están terminando, que se están mejorando para tener un perfil completo, porque sin un perfil genético completo no se puede dar una identificación”. Sin embargo, la Fiscalía no ha entregado los restos óseos de San Rafael Calería a la Policía Federal, quien durante el encuentro, dijo que se encuentra lista para recibir los hallazgos del sitio. Con un retraso de 15 minutos, Uriel Moreno Mendoza, Fiscal regional de Orizaba, se incorporó a la reunión, en donde se comprometió a que este martes entregarían los resultados de Calería a la Policía Científica. También, adelantó que durante esta semana, a más tardar el viernes a las 20:00 horas, se entregará a la Brigada, un informe escrito sobre los trabajos realizados hasta el momento en el descubrimiento de El Porvenir y San Rafael Calería. María Herrera, quien tiene cuatro hijos desaparecidos y forma parte de la Brigada de Búsqueda, señaló que para los familiares es decepcionante que se realice un encuentro con autoridades para recibir informes, y que estos no se concreten.
Los delitos que enfrenta Núñez Ginés ante los juzgados del fuero común en Oaxaca no se consideran de prisión oficiosa. La defensa del líder magisterial, Rubén Núñez Ginés, busca su libertad por dos vías simultáneas: por un lado, insistirá en la aplicación de los artículos transitorios del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que prevén la libertad para delitos que no se consideran de prisión oficiosa, por lo que ya se hizo una petición para que el juez de la causa realice una audiencia en la que se impongan medidas cautelares alternativas a la pena de cárcel. Y la segunda vía es la apelación contra el auto de formal prisión que se le dictó al dirigente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, misma que ha sido admitida y radicada por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, a cargo del Magistrado Luis Pérez de la Fuente. El abogado Hugo Serafín Paz explicó que en el proceso del fuero común por robo y tentativa de homicidio que se le siguen a Rubén Núñez, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADRPS), dependiente de la Secretaría de Gobernación federal, no ha autorizado que el líder de la CNTE sea trasladado al penal estatal de Ixcotel para quedar a disposición del Juez Segundo Penal de Oaxaca. Los delitos que enfrenta Núñez Ginés ante los juzgados del fuero común en Oaxaca no se consideran de prisión oficiosa, pero mientras las autoridades penitenciarias federales no autoricen su traslado a Ixcotel o la celebración de una videoconferencia con la asistencia de juzgadores federales o locales en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Miahuatlán; no se podrá llevar a cabo la audiencia que permita su liberación mediante una medida alterna a la prisión preventiva. Agregó que en el caso del ex secretario de Finanzas de la Sección 22 de la CNTE, Aciel Sibaja Mendoza, la autoridad penitenciaria si permitió que este quedara a disposición de los juzgados del fuero común del Poder Judicial de Oaxaca, lo que permitió llevar a cabo las audiencias para acordar medidas cautelares, es decir, las restricciones o medidas que se le imponen a una persona que enfrenta un proceso penal para que pueda recuperar su libertad. Por lo que respecta al proceso penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita, Hugo Paz solicitó aclarar que si bien el líder magisterial enfrenta una imputación por el delito de lavado de dinero, la acusación no tiene ninguna relación con el narcotráfico ni con el crimen organizado “lo digo porque la gente asocia el delito de lavado de dinero con esos ilícitos”. Además, señala que jurídicamente no se dan los elementos para configurar el delito de lavado, por lo que se comprometió a hacer públicos los documentos de la imputación para que el proceso se lleve a cabo con mayor transparencia. Al igual que Rubén Núñez, otros líderes de la CNTE que continúan en prisión son el ex Secretario de Organización, Francisco Villalobos; sus coordinadores regionales Efraín Picazo Pérez, Juan Carlos Orozco Matus, Heriberto Magariño López y Othón Nazariega Segura. En contraste, han sido liberados bajo caución y aplicando los beneficios del nuevo sistema de justicia penal, Aciel Sibaja Mendoza y Roberto Abel Jiménez García; así como el ex dirigentes de la Sección 18 de la CNTE en Michoacán, Juan José Ortega Madrigal y Eugenio Rodríguez Cornejo. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: JUAN OMAR FIERRO LINK: http://aristeguinoticias.com/1807/mexico/liberacion-de-ruben-nunez-obstaculizada-por-autoridades-federales/
"No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno", reconoció. El presidente Enrique Peña Nieto pidió perdón por la “indignación” que causó la compra de la casa blanca de las Lomas de Chapultepec a un contratista del gobierno, cuya existencia fue revelada por una investigación de Aristegui Noticias.
“Si queremos recuperar la confianza ciudadana todos tenemos que ser autocríticos. Tenemos que vernos en el espejo. Empezando por el propio presidente de la República. En noviembre del 2014, la información difundida sobre la llamada casa blanca causó gran indignación.
“Este asunto me reafirmó que los servidores públicos además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, y en esto, reconozco que cometí un error.
“No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propio sentí la indignación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso con toda humildad les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio e indignación que les causé.
“Cada día a partir de ello estoy más convencido y decidido a combatir la corrupción”, indicó el mandatario, momentos antes de promulgar las leyes anticorrupción que hacen operante el Sistema Nacional Anticorrupción.
En la próxima batalla por la Presidencia de la República, será decisivo el combate a la corrupción en la contienda electoral. Los candidatos rumbo al 2018 tendrán que demostrar que les importa luchar contra el mayor mal endémico del sistema político mexicano, ya sea con acciones o nuevas leyes que rompan el blindaje que protege a los corruptos. En Jalisco, el pleno del Congreso acaba de aprobar la eliminación del fuero para los servidores públicos, pero para que la nueva Ley entre en vigor se necesita que al menos 63 de los 125 municipios aprueben la Reforma Constitucional. ¿Lo lograrán? El fuero se ha convertido en México en una patente de corso, un blindaje para robar a manos llenas sin consecuencias judiciales ni políticas. El fuero en definitiva es un lastre del sistema que debe ser derogado. Hasta ahora, esta figura jurídica se entiende como sinónimo de impunidad para los servidores públicos, un privilegio por encima de la Ley, un escudo para delinquir. Presidentes, gobernadores, senadores, diputados, regidores, funcionarios y otros, han abusado del fuero. Originalmente su objetivo era dividir el fuero militar del civil y se supone que era para salvaguardar de acusaciones sin sustento y una prerrogativa a favor de los diputados en torno a la inviolabilidad de las opiniones vertidas desde su cargo, por las que no podrán ser procesados, ni detenidos ni enjuiciados. El problema es que los funcionarios mexicanos abusaron del fuero para cometer actos ilícitos libremente. Y urge terminar con este vicio. Los ciudadanos necesitamos saber que el fuero puede acotarse cuando se trate de un delito grave, flagrante como en el caso de los gobernadores corruptos Javier Duarte, Humberto Moreira, Rodrigo Medina, Roberto Borge, Guillermo Padrés Elías, Graco Ramírez y tanto otros. El fuero debe terminar, primero porque el Presidente de la República debe ser considerado un ciudadano más y ser sujeto a juicio cuando cometa algún delito. Todos deberían ser sometidos a juicio, un total de mil 854 servidores públicos, desde los procuradores de justicia, diputados, senadores, presidentes municipales, síndicos, regidores, funcionarios de cualquier institución e incluso directivos de organismos descentralizados. Otra cosa es el concepto de inmunidad parlamentaria, pero aquí se ha confundido con inmunidad procesal muy hábilmente para pasarlo indebidamente al ámbito judicial y en particular para que los gobernadores cometan actos de corrupción. Desde hace tres años, aprobaron en la Cámara de Diputados una iniciativa para acotar el fuero. Pero ¿qué creen?.. La minuta lleva todos estos años congelada en el Senado de la República porque obviamente no les conviene aprobarla a los señores legisladores. En definitiva, el fuero se ha convertido en un lastre, en una herramienta que permite la impunidad siempre amparados por el poder Legislativo de sus respectivos estados e incluso por el federal. Si los políticos quieren combatir el desánimo electoral y luchar por los votos, deberán demostrar que están dispuestos a cambiar las cosas. El fuero no puede seguir siendo utilizado para proteger gobernadores que cometen ilícitos desde el tráfico de influencias, el desvío de caudales públicos, los nexos con el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito y otros. Decenas de ex gobernadores gozan de impunidad porque el fuero Constitucional los ha protegido. De nada ha servido la alternancia política. El Gobernador entrante protegerá al saliente sin importar los colores de su partido o si es independiente. A pesar de que en más de una veintena de estados de la República ha habido alternancia política, eso no ha significado acceso a la justicia a los ciudadanos que exigen sean procesados los ex gobernadores corruptos. Todo se queda en promesas de campaña, como en el caso del independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”. Este pacto de impunidad no escrito, ha dejado administraciones estatales en quiebra, ex gobernadores blindados y mucha más corrupción. La reforma propuesta pretende cambiar el artículo 61 constitucional para cambiar el término “fuero constitucional” por “inmunidad constitucional” encaminada a ser un instrumento jurídico a favor de los legisladores en el ejercicio de su función. De lo que se trata finalmente, es que el fuero se aplique solo al ejercicio de la libertad de expresión y las ideas propias. Hasta ahora, ningún Congreso se ha animado a quitarle el fuero a sus mandatarios corruptos, ni mucho menos, llevarlos a juicio porque la mayoría están conformados por mayoría del partido en el poder. Y los legisladores de otros partidos son sencillamente convencidos para incluirse en esta especie de espiral inacabable de impunidad. Urge aplicar límites a los gobernadores. No podemos permitir que nuestro país se convierta en una república bananera con un sistema simulador que deja en libertad a todo servidor público que delinque abiertamente. Finalmente quien logré convertirse en un contrapeso, será el candidato a la Presidencia con más posibilidades de sentarse en la Silla del Águila. El hartazgo de los mexicanos es tal que muchos han preferido no acudir a emitir su voto durante las últimas elecciones.
El Sistema Nacional Anticorrupción propuesto por Enrique Peña Nieto es un chiste, una mala broma, pura simulación como la llamada Ley 3 de 3, mientras el Ejecutivo no sea sometido como todo ciudadano al imperio de la Ley. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ (OPINIÓN/ANÁLISIS) LINK: http://www.sinembargo.mx/18-07-2016/3068127
Señala "una serie de hechos graves cometidos por acción o por omisión por el gobierno del estado de Coahuila, México, que desencadenaron en la muerte de más de 300 coahuilenses en manos de grupos criminales protegidos por el gobierno en todos sus niveles". El empresario coahuilense Armando Guadiana Tijerina denunció al gobierno de Coahuila ante la Corte Penal Internacional, por delitos de lesa humanidad. En su denuncia, que fue compartida en su versión en español y en inglés a Aristegui Noticias, sostiene que no hay duda de que en la matanza de Allende y poblados vecinos, igual que en el penal de Piedras Negras, hubo complacencia de las autoridades con grupos criminales. De no proceder su denuncia, advirtió, “tales crímenes de lesa humanidad quedarían impunes”. Aquí el documento: https://www.scribd.com/document/318553713/PN-Terminado-Guadiana FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: REDACCIÓN LINK: http://aristeguinoticias.com/1807/mexico/la-denuncia-por-masacre-contra-el-gobierno-de-coahuila-en-la-corte-penal-internacional-documento/
Empresarios de Veracruz dijeron, en un desplegado dirigido al Gobernador Javier Duarte y a los diputados del Congreso de Veracruz: “No pagaremos más este impuesto”. El objetivo, dijeron, “es comprometer durante varios años los montos de ese impuesto recaudado para fines distintos para el que originalmente fue creado”, como el pago de los adeudos que tiene el Gobierno de la entidad.
La iniciativa privada en Veracruz se pronunció en contra del impuesto del 3 por ciento que se pretende aplicar sobre la nómina y reiteró al Gobernador Javier Duarte de Ochoa y a los diputados locales que no pagarán ese gravamen, debido a que será usado para pagar las deudas del Gobierno Estatal y no para la construcción de infraestructura, inversión para la que inicialmente fue creado. En un desplegado difundido en la prensa local, los empresarios manifestaron su inconformidad con las iniciativas enviadas por Duarte al Congreso estatal, tras afirmar que lesionan “gravemente las finanzas del estado”. Sin importarles si en la sesión plenaria del próximo martes la legislatura local apruebe o no el uso de este recurso en el pago de deudas, como pretende el gobierno estatal, los empresarios decidieron no pagar nada más a la actual administración.
“Al Gobernador del estado, Javier Duarte, y a los diputados del Congreso de Veracruz reiteramos que no pagaremos más este impuesto. Decimos no a la iniciativa del 3 por ciento en la nómina, ya que el objetivo es comprometer durante varios años los montos de ese impuesto recaudado para fines distintos para el que originalmente fue creado”, señalaron.
Los empresarios condicionaron el pago del impuesto hasta que sea cubierto el adeudo que tiene el Gobierno estatal con el Fideicomiso que se creó para administrar el impuesto del 3 por ciento y a que el destino de los montos que se recauden sea para obra e infraestructura que permita la reactivación de la economía del estado de Veracruz.
“A los diputados locales les exigimos que cumplan con el deber que les otorga su encargo y sirven a los intereses del pueblo de Veracruz y no a los intereses de unos cuantos”, exigieron.
El desplegado fue firmado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y las cámaras nacionales de Comercio (Canaco), de la Industria de la Transformación (Canacintra), de Autotransporte de Carga (Canacar), de la Industria de Restaurantes (Canirac), y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
El próximo 19 de julio el Congreso local determinará si aprueba la iniciativa enviada por el Gobernador para usar el dinero de ese impuesto al pago de deudas. De acuerdo con los diputados panistas, entre las empresas a las que se les pretende pagar el adeudo, figuran las “fantasmas” detectadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La Secretaría de Finanzas y Planeación estatal ha negado que estas empresas estén en la lista de las que se pretende pagar con el dinero del impuesto a la nómina.
BUSCAN UTILIZARLO PARA PAGAR DEUDAS DEL GOBIERNO Previamente, el presidente de la Canaco en Xalapa, Gerardo Libreros Cobos, dijo a medios locales, que se trata de ente cuatro y cinco mil los agremiados que se encuentran en disposición de no pagar el impuesto. El dirigente dijo que “la cámara está a favor de esta mediad siempre y cuando no aprueben los diputados estos fideicomisos que pretenden afectar las recaudaciones del impuesto al 3 por ciento a la nómina”. “El Fideicomiso del 2 por ciento a la nómina nació para impulsar la infraestructura del Estado, no para pagar la deuda”, criticó Gerardo Libreros. Alertó que el Gobierno del estado de Veracruz busca pagar a sus acreedores en un plazo de cuatro a cinco años, durante los cuales los recursos del impuesto estarían comprometidos. Dijo que tampoco se sabe su los adeudos que se busca sean cubiertos con este fideicomiso incluyen a las empresas “fantasma”. “Nosotros responderemos por nuestros socios y estamos sabidos de que nosotros entregamos, que los productos se surtieron, que las empresas son reales, no tenemos ninguna duda respecto a nuestros agremiados”, señaló. Sin embargo consideró que “lamentablemente todo lo que se maneja en el Gobierno tiene un claroscuro y no hay certeza, por un lado dicen una cosa, por otro dicen otra, no tenemos acceso a la información de que esas empresas que aparecen ahí están legalmente constituidas como debe ser y que hayan surtido los bienes y servicios que dicen que se les deben”. El pasado sábado, el presidente de la Coparmex en Xalapa, Octavio Augusto Jiménez Silva alertó que en Veracruz “la olla exprés es por reventar”. En declaraciones difundidas por medios locales, Jiménez Silva anunció que la Coparmex se uniría a la propuesta de no pagar el impuesto del 3% a la nómina pues coincidió en que ese impuesto, ahora de 2%, fue creado para infraestructura y no para el pago de deuda.
“Nos sumamos, al apoyo total al sector empresarial, porque estamos totalmente en contra de que el fideicomiso que buscan crear sea para el pago de duda. No se creó el 2% a la Nómina para el pago de la deuda, sino para crear infraestructura”, dijo. LAS DEUDAS DE DUARTE: SALUD, POLICÍA, OBRAS… De acuerdo con un informe del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), entregado al Congreso de Veracruz, y al cual el medio Blog Expediente tuvo acceso, diversas dependencias del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa tienen deudas por miles de millones. El Gobierno de Veracruz adeuda 400 millones 146 mil pesos a medios de comunicación, periodistas, agencias informativas, diarios locales y nacionales, publicistas y encuestadoras que Javier Duarte de Ochoa busca se liquiden con recursos del 3 por ciento a la nómina. El manejo de la publicidad por parte del Gobierno de Veracruz no ha sido cosa pequeña. Cuando Gina Domínguez asumió la responsabilidad como directora de Comunicación Social con la administración de Javier Duarte, esa oficina apenas tenía un presupuesto de 50 millones de pesos. Así consta en la Ley de Egresos para el estado de Veracruz 2011. En cambio, el mismo documento, para el 2016, dice que esa Coordinación ejercerá 304 millones de pesos, de los cuales, 124 millones serían destinados a difusión de la obra del Gobierno del Estado. Por su parte, Arturo Bermúdez Zurita pronto dejará la Secretaría de Seguridad Pública sumida en el descrédito… y con una deuda de al menos 1 mil 450 millones de pesos. La dependencia a su cargo adeuda facturas por energía a la Comisión Federal de Electricidad, las del agua potable para las comandancias en las ciudades más importantes, la comida para los policías, las botas, los uniformes, las municiones; e incluso le debe sumas millonarias a Telcel, a las abastecedoras de comida y al Instituto de Pensiones del Estado, a quien le adeudan 35 millones de pesos. Es más: le debe hasta a la Marina Armada de México. Tampoco la Secretaría de Salud se ha salvado del colapso del Gobierno de Javier Duarte. Esa dependencia tiene deudas con proveedores por 1 mil 287 millones 709 mil 535 pesos lo que la convierte en la tercera más endeudada de la entidad y todo apunta que esto se debe al mal manejo de los recursos públicos. Los dos ex secretarios de Salud de Javier Duarte de Ochoa, fueron dados de baja del Gobierno estatal por presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, y sus acciones mantienen colapsado al sistema de salud veracruzano con la falta de medicamentos en clínicas y hospitales, carencia de equipo especializado para tratamientos médicos, doctores y enfermeras sin base y mal pagados, y lo peor, hospitales que no están terminados, son el puro cascarón. Entre las deudas que la SSa mantiene con proveedores, destaca la registrada con Tiendas Soriana, cercana a los 500 millones de pesos, siendo así el proveedor al que más se le debe en todo el esquema del Gobierno del estado.
Por otra parte, el sexenio de Javier Duarte se ha caracterizado por el arranque de obra, la colocación de la primera piedra… pero no por la entrega. En tanto, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) veracruzana debe a contratistas y proveedores facturas por 1 mil 148 millones 637 mil 896 pesos. Entre la deuda registrada resaltan 299 millones 774 mil pesos de “obras varías para los Juegos Centroamericanos” de América y el Caribe celebrados en 2014. Se trata de obras en Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Xalapa, Tuxpan , Veracruz y Boca del Río, en donde se acondicionó o construyó infraestructura deportiva como canchas, estadios, un velódromo (Xalapa) y pistas para patinaje. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-07-2016/3068401
En México, el 80 por ciento de la población mexicana no está preparada económicamente para sobrevivir seis meses por una incapacidad laboral, reveló el estudio Brecha de Protección de Ingresos de Zurich Insurance Group. Al sufrir un accidente, el 54 por ciento de los mexicanos tuvo que utilizar sus propios ahorros para cubrir el déficit en sus ganancias y 44 por ciento tuvo que apoyarse en su familia para solventar sus gastos, lo cual deja sus finanzas en una posición vulnerable. El 80 por ciento de la población mexicana no está preparada económicamente para sobrevivir seis meses por una incapacidad laboral, reveló el estudio Brecha de Protección de Ingresos de Zurich Insurance Group.
“Los mexicanos tienden a subestimar los riesgos, sin embargo, en temas de salud, la situación es aún más preocupante puesto que un percance puede socavar las finanzas de un trabajador”, informó la aseguradora.
La brecha de protección de ingresos se refiere a la reducción monetaria que experimentan los trabajadores si en algún momento no pueden laborar debido a un impedimento o percance. De acuerdo con el documento, una quinta parte de la población económicamente activa en México sólo podría sobrevivir un mes si perdiera su fuente de ingresos y únicamente el 20 por ciento de los trabajadores tiene ahorros para vivir más de seis meses. Zurich destacó que en México la protección de los ingresos está limitada y cubre sólo a una minoría de la población trabajadora, a diferencia de países como España donde se podría sobrevivir 3.3 años con sus ahorros o Alemania que tendrían una reserva de capital para 6.8 años. En el estudio, elaborado en conjunto con la Universidad de Oxford, participaron más de 11 mil personas de 11 países dentro de cuatro regiones geográficas: Europa continental, naciones miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de habla inglesa, Latinoamérica y el sur de Asia.
INCAPACITADOS, SIN SALARIOS DIGNOS Y SIN AHORROS
El escenario para los trabajadores mexicanos se ha complicado desde hace 36 años. La falta de políticas públicas para fortalecer el poder adquisitivo y la inserción del país en la llamada globalización, han limitado a más de la mitad de la población a percibir un promedio de dos salarios mínimos, que en la mayoría de los casos no es suficiente ni para la compra de alimentos. Pensión y gustos personales, ya no son algo a lo que puedan aspirar los mexicanos. Como varias investigaciones académicas, desde 2014 el Gobierno federal reportó también en su Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social que, “durante los últimos 36 años, el poder adquisitivo del salario mínimo acumuló una pérdida de 72.8 por ciento”; es decir, casi tres cuartas partes del valor que las ganancias de la población ocupada tenían a finales de los años 70. Esta contracción, muestran diferentes análisis, frenó a su vez el crecimiento del resto de los ingresos y estacionó en dos salarios mínimos, o en 140 pesos actuales, el promedio máximo que gana el mayor porcentaje de la población empleada y que, junto con quienes ganan un salario mínimo, de acuerdo con el más reciente análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), suman el 42.2 de la población ocupada; es decir, unos 20.8 millones de mexicanos. El mismo reporte muestra cómo cuando un trabajador o trabajadora gana sólo un salario mínimo, éste únicamente alcanza para la canasta básica alimentaria de dos personas, generando un faltante de casi un 350 por ciento para que, además de la comida, el ingreso sea suficiente para la adquisición de otros bienes básicos, como vestido, vivienda, mobiliario, salud, transporte, recreación y educación. La incapacidad de estos ingresos para cubrir la necesidades básicas de los trabajadores en México viola el Artículo 123 de la Constitución, que ordena que los salarios mínimos deben “ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. De acuerdo con el estudio de Zurich, el 51 por ciento de los encuestados a nivel nacional reveló que ya han experimentado pérdidas de sus ingresos debido a la incapacidad de trabajar, mientras que tres de cada 10 mexicanos han vivido más de seis meses sin contar con un salario fijo. Para Zurich, lo anterior representa una dificultad real y creciente para los individuos y las familias, pero también la responsabilidad recae para las empresas, los gobierno y la sociedad al influir directamente en el crecimiento económico a largo plazo ante una población que envejece. Al sufrir un accidente, el 54 por ciento de los mexicanos tuvo que utilizar sus propios ahorros para cubrir el déficit en sus ganancias y 44 por ciento tuvo que apoyarse en su familia para solventar sus gastos, lo cual deja sus finanzas en una posición vulnerable.
A nivel global, el 38 por ciento de los encuestados cree tener menos del 10 por ciento de probabilidades de experimentar un incidente que ponga en riesgo sus ingresos a lo largo de su vida. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-07-2016/3067303
El funcionario dijo deja su cargo para que al entrar en vigor las nuevas leyes anticorrupción se nombre a un nuevo titular de la dependencia.
Virgilio Andrade anunció su renuncia como titular de la Secretaría de la Función Pública a unas horas de ser promulgadas las leyes del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. El funcionario dijo deja su cargo para se nombre a un nuevo titular de la SFP “debidamente nombrado y ratificado por el Senado”, como marcan las nuevas leyes anticorrupción que serán promulgadas por el presidente Enrique Peña Nieto este lunes 18 de julio. En un breve mensaje a medios, Andrade dijo que este lunes 18 de julio inicia una nueva etapa en la secretaria de la Función Pública “finaliza la era de la administración tradicional del control interno para dar paso a un nuevo episodio ciudadano y plural”. Señaló que con su renuncia busca que el nuevo sistema “funcione con plenitud institucional” y haya confianza en el nuevo encargado de indagar los casos de corrupción en el gobierno federal. Las nuevas normas señalan que el titular de la SFP debe ser nombrado por el presidente y ratificado por el Senado. “Con este paso histórico se pretende ir dejando atrás los vicios y los males de la corrupción”, dijo Andrade a medios. Destacó el trabajo de ciudadanos y legisladores para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción y dijo que una de las virtudes de este nuevo sistema es que los ciudadanos tienen la responsabilidad de establecer las directrices del mismo y de las instituciones que lo integran, entre ellas la Función Pública. Las leyes que va a promulgar el presidente Peña Nieto son la del Sistema Nacional Anticorrupción, de Responsabilidades -o 3de3-, del Tribunal de Justicia Administrativa, de Fiscalización y de la Administración Pública Federal.
También la reforma a la Ley Orgánica de la PGR para crear la Fiscalía Anticorrupción y reformas al Código Penal Federal.
El gobernador de Veracruz sería dueño de una casa en el lujoso fraccionamiento The Woodlands Creekside Park en Houston, Texas, según un reporte del diario.
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, negó que sea propietario de una mansión en un exclusivo vecindario en Texas, aunque aceptó que pertenece a un club deportivo. Este lunes el diario El Financiero publicó que Duarte de Ochoa, es dueño de una mansión en el lujoso fraccionamiento The Woodlands Creekside Park, en Houston, el cual anunció en su revista interna la llegada del matrimonio Duarte como parte de sus nuevos socios. El diario retoma la denuncia hecha por el ahora gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares en marzo pasado, sobre que Duarte utilizó a su cuñada, Mónica Ghihan Macías Tubilla como prestanombres para adquirir la propiedad. La propiedad en The Woodlands Creekside Park tendría un valor superior a los 60 millones de pesos, de acuerdo con un estimado realizado por el diario al consultar agencias de bienes raíces que ofrecen propiedades en la misma calle en la que estaría la casa del gobernador, la cual contaría con cinco recámaras, cuatro baños completos y un medio baño.
A través de su cuenta de Twitter, Javier Duarte, rechazó que tanto él como su esposa tengan alguna propiedad en el extranjero y que la única propiedad que ha comprado es una acción en un club deportivo.
He sido reiterativo y lo vuelvo a ser, ni mi esposa ni yo tenemos propiedad alguna en el extranjero, no tengo ni he tenido prestanombres.
Woodlands Country Club es un lugar selecto de esparcimiento social y deportivo, con un campo de golf en donde se realizan importantes torneos, canchas de tenis, albercas, restaurantes y eventos sociales para sus socios.
Duarte publicó en su cuenta de Twitter el pago por la acción en el club deportivo, aunque no especificó el nombre de éste ni los términos de su inversión. También criticó que el gobernador electo lo acuse de poseer bienes en el extranjero “cuando el supuesto electo es dueño de edificios en Nueva York”.
En 12 años de servidor público ésta es mi única inversión; anexo copia de la transferencia de mi cuenta de nómina: pic.twitter.com/x7LoufTk8T
Javier Duarte dejará el gobierno del estado en noviembre próximo. En los últimos meses se le ha involucrado con presuntos desvíos de dinero. Animal Político publicó en mayo pasado que el gobierno de Veracruz desvió 645 millones de pesos a través de una red de empresas fantasma, cuyos contratos fueron autorizados por funcionarios cercanos a Duarte. Yunes Linares, próximo gobernador, dijo este domingo 17 de julio que denunciará a Duarte por ocultar la cuenta pública de 2015 y haber simulado su entrega en el Congreso estatal.
Más de 60 organizaciones que integran la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, reclamaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía por cambiar la forma de medir la pobreza y advirtieron que por “decreto estadístico” no se borran a los pobres ni se mejoran los ingresos en México. En un comunicado, detallaron que estas modificaciones no ayudan a la credibilidad y por el contrario, fortalecen el ambiente de suspicacia que permea en muchos temas. También exigieron al Gobierno políticas efectivas y serias frente a la pobreza y la desigualdad.
Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) haya cambiado la forma de medir la pobreza, en México no se borrarán a los pobres ni mejorarán los ingresos por decreto estadístico, advirtieron más de 60 organizaciones que integran la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP). El pasado viernes, el Inegi decidió, de manera unilateral y sin informar previamente, la nueva forma en que se captarían los ingresos de los más pobres. En su publicación del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, documento a partir del cual Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicaría en las siguientes dos semanas los resultados de pobreza nacional y estatal, el Inegi realizó un cambio en las variables de medición. El Instituto recalcó que el Módulo mantenía el diseño conceptual y estadístico de siempre, pero con “acciones instrumentadas para mejorar la captación del ingreso en campo que hacen que el Módulo de este año no sea comparable con los ejercicios estadísticos previos”. Aunado a ello, se encontró que esos cambios fueron más evidentes en los números de la población más pobre del país, ya que según el Inegi, en el último año, los ingresos de éstos aumentaron 33.6 por ciento y que la captación del ingreso de los hogares en México ascendió a un billón 524 mil 262.5 millones de pesos, pero aclaró que la información disponible no era comparable con los módulos de condiciones socioeconómicas previos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). De acuerdo con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el cambio que hizo el Inegi resulta de un ejercicio estadístico, pero no mejora los ingresos de las personas, además reclamó al órgano por no haber informado a la sociedad sobre esta decisión.
“El Instituto debió haber informado de esta ‘mejora’ desde que se tomó la decisión en 2015, no sólo a su ‘cliente’ el Coneval, sino a su dueño: la sociedad mexicana”, expusieron las organizaciones en un comunicado.
Las sorpresas, dijeron, no ayudan a la credibilidad y por el contrario, fortalecen el ambiente de suspicacia que permea en muchos temas, y que hasta ahora no había afectado a estas dos instituciones del Estado (Coneval e Inegi).
“La autonomía de Inegi no es pretexto para la autarquía y la opacidad. Resulta altamente cuestionable cambiar la metodología sabiendo que cambiarán los resultados sin avisar y explicar de antemano”, mencionaron.
La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza exigió al Gobierno políticas efectivas y serias frente a la pobreza y la desigualdad.
“Si la pobreza era y es menor en México, sigue siendo demasiada para un país con nuestro nivel de desarrollo económico. Invitamos a ya iniciar los diálogos para construir ya una estrategia de Estado frente a la pobreza y la desigualdad. Este diálogo se puede dar en el marco de la adopción de las metas nacionales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) comprometidos por México en la ONU en Septiembre de 2015”, expresaron.
Advirtió que los niveles de desigualdad no han cambiado en México, al contrario, “es mucho mayor al reportado”. “Necesitamos una política efectiva para cerrar brechas de desigualdad en el ingreso y en el ejercicio de los derechos sociales. Esta debe ser la base de una nueva política de inclusión y cohesión social”, demandaron. Las organizaciones exigieron al Inegi que explique sus decisiones y evite tomarlas en el futuro sin transparencia y sin involucrar a los actores interesados.
“Debe ahora [el Inegi] explicar con precisión en qué se modificó el trabajo de campo para captar mejor los ingresos más bajos. Si los datos no son comparables, no hay manera de resolver esto con ejercicios, simplemente asumirlo e iniciar una nueva cuenta”, reclamaron.
También solicitaron al instituto dirigido por Julio Alfonso Santaella Castell, se transparente la aplicación de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2016 que inician en agosto. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza destacó que las mejoras siempre serán bienvenidas, pero advirtió que resulta una gravísima irresponsabilidad hacerlas en temas polémicos como la pobreza, sin informar previamente y sin involucrar desde el principio y seriamente a expertos independientes y a la sociedad civil interesada. “No se han presentado documentos técnicos que expliquen la mejora del trabajo de campo del Inegi”, sostuvo.
PRI Y GOBIERNO OCULTAN POBREZA Especialistas en bienestar social señalaron que los intereses políticos terminaron por perjudicar la labor del Inegi y su relación con el Coneval. Una mejoría que hubiera sido imposible con un levantamiento que se hubiese hecho con los mismos criterios del 2014, aseguraron especialistas, y que ahora complica la tarea de hacer comparables los niveles de pobreza con los de años anteriores.
“En algunos casos esto tiene solución. Por ejemplo, si es un cambio metodológico que se pueda aplicar a los datos de años anteriores, se pueden reconstruir hacia atrás las cifras. Eso lo hace el Inegi cuando cambia los años base de los Índices de Precios. Pero en este caso no hay solución. Porque si fuese una mejoría en el trabajo de campo, eso, hacia años anteriores, no se puede mejorar”, dijo Julio Boltvinik Kalinka, investigador del Colegio de México en una entrevista con SinEmbargo.
Siete meses atrás, los partidos de oposición en el Senado vieron en Julio Santaella Castell un peligro contra la naturaleza técnica del Inegi por su cercanía con las cúpulas priistas. Con el apoyo presidencial y de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el ex funcionario del Banco de México fue ratificado como miembro de la Junta de Gobierno del Inegi. Un paso previo en su camino seguro hacia la presidencia de la dependencia. Las modificaciones en el levantamiento del MCS 2015 sucedieron antes de que Santaella llegase a la institución. La obtención de datos tuvo lugar del 11 de agosto al 28 de noviembre del año pasado. Pero, Santaella sería también responsable del manejo posterior de los indicadores.
“Santaella declaró que habían cortado datos de los hogares con ingresos sospechosamente bajos. Eso no sería un problema de trabajo de campo. Aparentemente, lo que hicieron fue rasurar la base de datos. Dijo que se iba acercar al Coneval para ponerse de acuerdo y poder hacer comparables estos índices con los anteriores. Pero si no lo logran, eso significaría la desaparición del Coneval. Porque no podría seguir midiendo la pobreza. Y si no hace eso, no cumpliría con la mitad de sus dos funciones: medir los programas sociales y la pobreza. Volveríamos a la prehistoria del país”, dijo Boltvinik Kalinka.
Un velo de opacidad es lo que el titular del Inegi ha dejado sobre las dudas de cómo el Inegi levantó la información, expuso Clara Jusidman Rapoport, presidenta fundadora de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social).
“Los cambios se dieron previo a su llegada, pero ahora que está en el cargo porque no transparenta. ¿Por qué no se dio el procedimiento tradicional de discutir el formulario y ahora tampoco se quiere dar la información? Hay una opacidad en la entrega de datos. A mi me parece que es un golpe a una institución que se había ganado la confianza. Por muchos años el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU le reclamaba a México una medición confiable de la pobreza. Y esto es un retroceso a los avances en los últimos ocho años. Pareciera que no hay transparencia ni para el Coneval”, consideró.
Esta discusión sobre la aparente desaparición de la pobreza de un “plumazo” llegó al Senado. Mario Delgado Carrillo, Senador inscrito al Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que no era posible que el 10 por ciento de la población más pobre iniciará a reportar un incremento del 30 por ciento de su salario. “Carece de sentido en el contexto de los otros indicadores económicos, en una economía con bajo crecimiento y enormes desigualdades resulta difícil pensar en un incremento de ingreso de esa magnitud sin poner en duda las intenciones en las que se vio producido el dato”, insistió. Esta no es la primera vez que funcionarios al frente de instituciones encargadas de obtener los datos confiables sobre la pobreza inician procesos de “maquillaje”, expuso el académico Boltvinik.
En el sexenio de Fox estas practicas fueron comunes, apuntaló: “Santaella es un empleado de Peña Nieto. Cosa que no era Sojo [en referencia a Eduardo Sojo Garza-Aldape, ex titular del Inegi], quien fue nombrado en el periodo de Calderón. Tenía autonomía para publicar los resultados. Pero ahora volvemos a los a tiempos de Fox. Cuando se modificaron los resultados de pobreza. En ese entonces los cachamos”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-07-2016/3068434
El 80 por ciento de la población mexicana no está preparada económicamente para sobrevivir seis meses por una incapacidad laboral, reveló el estudio Brecha de Protección de Ingresos de Zurich Insurance Group.
