Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Nacional

Estados

Politica

Violencia

Ministros de la Corte posponen nuevamente la discusión sobre regular marchas en la CDMX

El aviso para marchar es un "permiso disfrazado": ministro Zaldívar. Corte declarara inconstitucional restricción a discapacitados para poder tener una licencia de manejo.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación extendieron para el próximo jueves el debate y resolución de la acción de inconstitucional promovida en contra de tres artículos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, los cuales piden exigen que las personas que quieran hacer una marcha lo avisen con 48 horas de anticipación a la autoridad, y prohíben que se bloqueen vías primarias.

Como Animal Político publicó hoy, el proyecto de resolución elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena plantea que las disposiciones sobre las manifestaciones públicas que están en la Ley de Movilidad no limitan derechos y son válidas, y solamente se tienen que hacer algunas aclaraciones como la definición exacta de vías primarias.

Sin embargo algunos ministros mostraron su desacuerdo. Por ejemplo el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea señaló que el votaría en contra del proyecto y a favor de que se anule el artículo 212 relacionado con el aviso de 48 horas, pues esto es en realidad un “permiso disfrazado” que se pide a la autoridad para ejercer un derecho legítimo.

“Con todo respeto me parece que esta norma es inconstitucional. No encuentro una manera de hacer compatible con la constitución este texto y no creo que el proyecto sea posible como está planteado (…) es clara la intención del legislador de tener una autorización disfrazada de aviso” dijo.

El ministro José Ramón Cossio Díaz mostró también su desacuerdo con el artículo 212 de la Ley por incluir un párrafo en donde se advierte que las marchas deben ser “perfectamente lícitas”, y dijo que si eso no es eliminado el artículo no puede ser validado como plantea el proyecto.

En contrasentido el ministro Javier Laynez Potisek concordó con el proyecto de Gutiérrez Ortíz Mena pues consideró lógico que se tenga que prevenir a la autoridad de las perturbaciones en el orden público. El ministro Presidente Luis María Aguilar Morales también expresó su punto de vista a favor aunque consideró que debe cambiarse el término de protesta “perfectamente lícita” por “pacífica”.

El mismo ministro Gutiérrez Ortíz defendió su proyecto al señalar que la propuesta de considerar válido el artículo incluye que se coloque en la redacción del mismo, que las manifestaciones que sean espontaneas y por obvia razón no hayan sido avisadas, no se consideren ilícitas.

En ese contexto y al agotarse el tiempo del debate, se determinó que será en la sesión ordinaria del pleno de la Corte el próximo jueves cuando se concluya el estudio de este tema y su resolución.

Anulan restricción para discapacitados

Previo al debate respecto a las marchas, los ministros resolvieron la acción de inconstitucionalidad 96/2014 promovida también por las comisiones Nacional y del Distrito Federal de Derechos Humanos respecto a diversos artículos de la ley que abordan el tema de personas discapacitadas.

En ese sentido los ministros resolvieron con 9 votos a favor y 3 en contra declarar inconstitucional el artículo 69 fracción II que impedía a las personas con alguna limitad física o mental poder reexpedir una licencia de manejo pues consideraron que era discriminatorio.

En lo que no se alcanzaron los votos suficientes fue en anular toda la Ley de Movilidad completa bajo el argumento que esgrimía el proyecto de que no se hizo una consulta pública a organizaciones de personas discapacitadas como marcan las convenciones internacionales y por lo cual todo el proceso legislativo estaba viciado de origen.


Una mayoría de seis ministros votaron por anular completa la Ley de Movilidad por el tema de la falta de consulta, pero se requerían ocho votos según los estatutos de la Corte para derogar normas completas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/los-ministros-la-corte-posponen-nuevamente-la-discusion-regular-marchas-la-cdmx/

No sabía nada de las empresas fantasma, no tengo prestanombres, no debo nada: Duarte

El gobernador de Veracruz dijo que las llamadas empresas fantasma sí entregaron los bienes por los que se les contrató; negó ser corrupto.

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dijo este martes 9 de agosto que él no tuvo alguna operación en el caso de las empresas fantasma que establecieron contratos con el gobierno estatal, y que no tenía conocimiento de las irregularidades que tenían, por lo que ahora espera que las autoridades correspondientes aclaren el caso.

“Sería ilógico que el gobernador estuviera enterado de las miles de operaciones que hace el gobierno con particulares”, mencionó Duarte en entrevista con la cadena Radio Fórmula.

“Yo reviso, y si el secretario de Finanzas y el contralor general del estado me dicen que no hay ninguna irregularidad en el proceso, se presentó la fianza, se presentaron todos los elementos, se cumplió con lo que la ley de adquisiciones y obra pública establecen, y se entregaron los entregables, el gobernador no tiene ningún tema qué generar”, agregó.


Animal Político publicó en mayo pasado el caso de las empresas fantasma de Veracruz.

Esas empresas, con domicilios fiscales falsos, obtuvieron contratos para ser proveedoras de bienes, mercancías y servicios para el gobierno de Veracruz, a pesar de que estaban recién constituidas. Esto fue posible gracias a adjudicaciones directas o licitaciones simplificadas, sin que se tuviera constancia de que las empresas hayan entregado los productos que eran para habitantes de zonas populares.

De las 26 empresas identificadas en un inicio por este caso, 22 fueron creadas en el sexenio del gobernador Duarte.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que han sido presentadas 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), por esta situación. Solo dos de las empresas que están siendo indagadas reportaron tener trabajadores.

Duarte mencionó en la entrevista que, según los reportes que tiene, esas empresas sí entregaron los bienes para las que se les contrató, aunque falta establecer si fueron mal constituidas, o cometieron alguna situación fiscal incorrecta.

“En ningún momento estoy encubriendo a nadie. Si existe responsabilidad alguna de un funcionario público, pues tendrá que asumir las consecuencias”, expresó.

Respecto a los señalamientos sobre presunta corrupción o enriquecimiento ilícito, Duarte dijo que “el que nada debe, nada teme”, que las acusaciones en su contra carecen de sustento, y que al terminar su gobierno no dejará México.

“No tengo prestanombres, y no tengo propiedad alguna en el extranjero”, dijo.

Duarte descartó pedir licencia, y aseguró que terminará su periodo de gobierno, hasta el próximo 30 de noviembre. Dijo que aún no sabe si estará en el Congreso de Veracruz para hacer la transición, y pasar el mando a Yunes Linares.

Además, mencionó que el proceso electoral sigue en litigio, por lo que se refirió a Yunes Linares como “presunto gobernador electo”.

El político priista descartó sentirse abandonado tanto por su partido como por el presidente Enrique Peña Nieto, aunque dijo que falló la estrategia de campaña aplicada para la elección de gobernador en la entidad, en la que el candidato del PRI también atacó a su gobierno.

En cuanto a la situación financiera de Veracruz, expresó que deja de una deuda “manejable”, y que el déficit financiero no es su responsabilidad, ya que es una situación que viene de tiempo atrás.

Cuestionado respecto a su estado de salud, Duarte mencionó que ha bajado 34 kilos, “a base de dieta y ejercicio”, y que tiene como meta bajar otros 11, para seguir sin problemas médicos.


En algún momento, dijo, llegó a pesar 130 kilos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/duarte-dice-que-no-tiene-prestanombres-y-que-no-es-corrupto/

Presidencia ignora recorte de Hacienda; aumenta 45% presupuesto para actividades de Peña

En febrero pasado el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que era necesario recortar 132.3 mil millones de pesos para evitar un mayor endeudamiento público; mientras hay recortes en programas sociales como Prospera o Seguro Popular, el gasto para las actividades del presidente aumentó.

A pesar de que en febrero pasado el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció recortes en el gasto público, en la Presidencia de la República lo aumentaron en un 45.7% en comparación con el presupuesto que le asignó la Cámara de Diputados.

Según el informe que la Presidencia entregó a la Secretaría de Hacienda para justificar el gasto, el incremento se destinó a “actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal”.

La Presidencia no detalló en qué consistió el gasto extra que hizo para modificar el presupuesto inicial asignado; en total, en el primer semestre del año gastó 583.1 millones de pesos de más para logística en las actividades del presidente.

El presupuesto de Presidencia asciende a 1,274 millones de pesos, pero al finalizar el primer semestre del año éste ya se había modificado a 1,934.9 millones.

El aumento del gasto en Presidencia se da mientras otras dependencias de gobierno ajustan su presupuesto para cumplir con el recorte de 132.3 mil millones de pesos que anunció en febrero la Secretaría de Hacienda; y otro más de 31 mil 715 que se dio a conocer en junio pasado.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por ejemplo, recortó en el primer semestre del año una cantidad similar a la que gastó Presidencia de más, recursos destinados a la operación del instituto encargado de garantizar la transparencia y rendición de cuentas de la administración pública.

Otro ejemplo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que recortó 24.7% el gasto destinado a la atención del público.

Hay otras dependencias que recortaron el gasto destinado a programas de desarrollo social:

-La Secretaría de Salud recortó 2 mil 700 millones del Seguro Popular, el programa Fortalecimiento a la Atención Médica o el Seguro Médico Siglo XXI.

-La Secretaría de Desarrollo Social reportó un recorte de 4 mil 800 millones para el programa Prospera, Pensión para Adultos Mayores y Comedores Comunitarios.

-La Secretaría de Educación Pública tuvo un recorte de 6 mil 700 millones para el programa de Escuelas de Tiempo Completo, el Nacional de Becas y el de Expansión de la Educación Media Superior.

Mientras las secretarías hacen recortes a los programas de desarrollo social se aumentan recursos para instancias como la Secretaría de Turismo destinados a la promoción del país como destino turístico.

En el anuncio de recorte presupuestario de junio pasado se dijo que Turismo recortaría su gasto en, al menos, 700 millones de pesos. Pero ya modificó su presupuesto para gastar 660 millones de pesos más de lo originalmente presupuestado.

También se aumentan 1,300 millones en Cancillería para “el diseño, conducción y ejecución de la política exterior, para la atención, protección, servicios y asistencia consulares y para actividades de apoyo administrativo”.

Pero aun con los recortes e incrementos en algunas instancias y dependencias, los informes de la Secretaría de Hacienda muestran que el gasto del gobierno federal en el primer semestre de 2016, en comparación con el año pasado, disminuyó un 2.8%.

Las cifras muestran que en el periodo enero-junio del presente año se gastaron 4 mil 895 millones de pesos menos que en 2015.


En contraste, durante 2015 se prometió un ajuste de 52 mil millones de pesos, pero los datos de la Cuenta Pública de ese año mostraron que el recorte no existió y se gastaron 185.8 mil millones de pesos de más.

VIDEO:



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: LIZBETH PADILLA.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/presidencia-ignora-recorte-aumenta-45-presupuesto/

10 años de guerra, 19,156 menores muertos; y será siempre una cifra negra sin migrantes: Solalinde

A casi diez años de la guerra contra el narcotráfico, el saldo de la violencia ha repercutido de manera directa en los jóvenes y niños del país. El 11 de diciembre del 2006, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa emprendía una batalla contra los poderes fácticos que amenazaban la capacidad del estado de brindar seguridad a sus ciudadanos. Diez años después el choque frontal continúa y los más vulnerables pagan las decisiones estratégicas del Gobierno. Miles de menores de edad viven en ambientes de violencia y, algunos, para sobrevivir la originan.

Durante los últimos diez años en México han sido asesinados 19 mil 156 jóvenes y niños. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revisados por SinEmbargo reflejan que el 81 por ciento de los homicidios se perpetraron a varones y el 19, a mujeres, en edades comprendidas entre cero y 19 años.

“Las cifras no son lo único importante sino que se trata de vidas de niños y adolescentes. El Estado no ha logrado garantizar su seguridad y eso afecta su modo de vida, siete de cada 10 adultos ya no dejan salir a sus hijos por la falta de seguridad”, expuso Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

La llamada guerra contra el narcotráfico no redujo la vulnerabilidad de quienes apenas comienzan a crecer. El 2012 ha sido el año en donde a más infantes se les arrebató la vida, 2 mil 930 casos. Un aumento del 192 por ciento en relación al 2007, a pesar de que Calderón sacó al Ejército a las calles.

A partir de ahí los homicidios a menores de edad descendieron en el primer año de la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto. Pero, los niveles no regresaron a los del 2007.

El año pasado hubo 1 mil 922 homicidios, que de acuerdo con el INEGI, aún pueden ser sujetos de aumento. Éstos representaron un ascenso del 91 por ciento con relación al 2007.


Puede que la cresta de homicidios en el primer semestre de este año se haya gestado 16 meses atrás, han dicho especialistas. Con Peña Nieto subieron del 2014 al 2015 los asesinatos a jóvenes y niños en un 2 por ciento.

El padre Alejandro Solalinde, quien dirige el albergue Migrantes en el Camino en Ixtepec, Oaxaca, expuso que las cifras son conservadoras. “Sobre todo, porque no cuentan a la población migrante”.

El incremento de los menores de edad viene desde hace tres años. Del 2011 al 2015, las detenciones de migrantes en México aumentaron en un 65 por ciento al pasar de 66 mil 583 a 190 mil 366, de acuerdo con un informe de la organización Crisis Group del mes pasado.
“Muchos de ellos fueron capturados por la delincuencia organizada. Y nos consta porque conocimos varios. Porque simplemente en territorio mexicano no tuvieron oportunidad de defenderse. Muchos de ellos aprendieron cosas que no debieron haber aprendido. Por la experiencia sabemos que en estas acciones con el crimen organizado, jóvenes y adultos no duran más de dos años y medio, luego los mataban, o iban a la cárcel. Estos pequeños no tienen ninguna protección, nadie se preocupa por ellos”, expuso Solalinde.

“De 20 ó 25 muchachos que decidieron seguir su camino hace unos días sólo tenemos noticias de unos tres o cuatro. Los demás no sabemos nada. Y sabe qué edad tenían, 13 ó 14 años. Arriesgaron sus vidas de su lugar de origen y luego tomaron la decisión de seguir su camino por el rumbo más peligroso, por eso se entiende que muy pocos logran llegar, por el tráfico de órganos, cooptación del crimen organizado, porque algunos viajan por el desierto por el Sásabe con calores de más de 40 grados, y luego sin dinero”, dijo el padre.



MENORES DESAPARECIDOS

La REDIM también maneja cifras sobre menores desaparecidos. “En un registro que hicimos con la base datos oficial, encontramos que el 30 por ciento de los casi 23 mil casos ocurridos entre el 2006 y 2014 son de menores de edad”, dijo Pérez García.
“Los segmentos de edad más afectados fueron entre 0 y 4 años, y las adolescentes entre 15 y 17 años de edad. De ellas contabilizamos más de 2 mil 500 casos entre 2006 y 2014. Es una forma en la que el crimen ha diversificado sus fuentes de ingreso, estamos hablando de mujeres que pueden ser víctimas de explotación sexual”, agregó.

Nicolás Villa, coordinador de proyectos especiales de la organización internacional Save the Children, expuso que la violencia que se vive en la actualidad fue creciendo de manera gradual.

“La violencia la tenemos desde hace tiempo, no es sólo responsabilidad del Gobierno actual. Los asesinatos son la parte más visible de la violencia, pero la tenemos todos los días en la forma en que nos relacionamos. Y hace falta apreciar la vida humana”, dijo.

EL CRIMEN EN LA NIÑEZ

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “Violencia, niñez y crimen organizado” publicado el año pasado estimó que al menos 30 mil niños y adolescentes menores de 18 años podrían cooperar con la delincuencia organizada en actividades como la extorsión, tráfico de personas, piratería y el narcotráfico.

La psicóloga Blanca Esther Verdugo Aripes, egresada del Instituto de Salud Mental de Nuevo León, expuso que los niños que han sido testigos de la violencia o expuestos a un medio social de violencia son más propensos a caer en las redes de la delincuencia.
“En ciertos casos, cuando se vive en ambientes violentos se puede normalizar el uso de la fuerza y la violencia como parte de las relaciones humanas. En ese caso la sociedad se vuelve el caldo de cultivo para continuar rompiendo normas sociales o agredir a la familia”, expuso la psicóloga.

Este fin de semana dos tragedias se registraron en Puebla y Chihuahua. En la primera entidad, un menor de 15 años asesinó a balazos a su madre de 37 años, hermana de 18 y tía de 25, porque presuntamente estaba molesto con ellas.

Las tres mujeres fueron asesinadas el sábado pasado, después el joven intentó enterrar los cuerpos de dos de ellas, identificadas como Jazmín Pérez N. de 25 años y Perla del Carmen Rivera de 18, en el patio de su casa.


El cadáver de Lorena Reyes de 37 años, madre del menor, fue hallado en un pozo seco de la zona. El homicida fue detenido en las inmediaciones del domicilio y puesto a disposición de un juez de control.

Una consulta infantil realizada por el Instituto Federal Electoral –hoy INE- en el 2012 a 500 mil niños, niñas y adolescentes, entre 10 y 15 años, reveló que el 10 por ciento de los adolescentes de 13 a 15 años han sido invitados por grupos a ser parte de la delincuencia. La entidad con mayores índices de invitaciones fue Chihuahua con el 17.8 por ciento.
“La causa está en la sociedad misma. Si se investiga un poco, nosotros encontraríamos que quizás ya eran familias muy vulnerables. Tanto en lo emocional, económico, u ambas. Un hecho como este no puede salir de la nada”, dijo Verdugo.

El 7 de agosto el hijo de dos jornaleros de manzanas, un niño de 12 años, ahorcó a su hermana de diez años en el municipio Namiquipa, Chihuahua. Medios locales refirieron que en supuesta complicidad con otro adolescente de 14 años, el niño habría cometido el homicidio en venganza por la destrucción de una casita de juegos.

El menor fue capturado en medio de un intento de escape para ser llevado a la Oficina de Atención a Menores de edad. Mientras que el adolescente fue enviado a un Centro de Readaptación de Menores Infractores, donde de determinarlo un Juez, podría pasar tres años en prisión.
“Es posible que los patrones de violencia se vengan repitiendo desde patrones atrás. Los niños que crecen en ambientes de violencia no desarrollan una personalidad sana que les permita contener una agresión. Es necesario que hayan políticas públicas. Casi siempre se señala sólo a la familia, pero normalmente hay mucha vulnerabilidad y no se brindan otros apoyos sociales”, destacó la psicóloga.

El lunes de la semana pasada un menor de 17 años fue señalado por la muerte de su primo, otro joven de 19 años, en la Ciudad de México. En la colonia Anáhuac el presunto homicida fue detenido. La novia de la víctima, identificado como Ricardo López Hernández, habría descubierto el cadáver.

También en la Ciudad de México otro joven de 17 años mató y mutiló a tres hombres a quienes dejó en un lote baldío. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el hallazgo de los cuerpos fue hecho en el cruce de las calles Tlascala y Prolongación Sinaloa, en la Delegación Milpa Alta, al sur de la ciudad.

Al joven se le imputó el delito de homicidio. Una testigo refirió a las autoridades que la agresión se originó debido a que el supuesto perpetrador de la masacre creía que los tres espiaban a su novia. El crimen fue hecho con un machete y la ayuda de un cómplice que anda prófugo.
Nicolás Villa, de Save the Children, apuntó que la violencia se ha normalizado en el país. Y en esto han jugado un papel importante los medios de comunicación: ”Te voy a dar un ejemplo, no en todos los países del mundo hay periódicos en los kioskos donde los niños pueden ver un decapitado en portada. Es decir, somos un país donde se normaliza la violencia. Se busca que la foto sea lo más fuerte posible y cuando a eso le sumas una frase chistosa, entonces la vida no vale nada”.

“El día de hoy quien se respeta, o eso han visto los jóvenes, es alguien que tiene mucho dinero. Pero si tú vienes de una extracción humilde, y ves que tú no vives en el lujo que venden los medios de comunicación, pues ahí el niño dice para qué voy a estudiar, si lo que importan son los que cometen delitos y logran esos niveles de poder y sobre todo de enriquecimiento”, agregó.

La organización internacional Save The Children expuso que desde hace dos años realizan un programa que busca fomentar la cultura de paz llamado “Escuelas construyendo Paz”, que se realiza en cinco ciudades, donde se trata que las soluciones surjan de los jóvenes. Y en donde pueden aprender a relacionarse con respeto. Un método que ha servido para evitar que jóvenes sean cooptados por la violencia en barrios conflictivos.

ESTRATEGIAS DE GOBIERNO
Juan Martín Pérez detalló que no existe un cambio en la estrategia de seguridad del actual Gobierno con relación a la del sexenio pasado: “Tristemente, los resultados están. Las indicadores nos dicen que se está haciendo lo mismo. En esta administración se agudizó la desaparición como un delito de lesa humanidad. Creo que ya diversos organismos internaciones insistieron y no se ha atendido este llamado”.

El director resaltó la idea del Sistema Nacional de Protección Integral, del que fue anunciada su creación en marzo del presente año. ¿Cómo mejora este sistema la vida de la niñez?, se le preguntó al director de la REDIM.

“Creo que hay grandes oportunidades. El Presidente de la República tiene la máxima responsabilidad. Eso implica que la agenda de la infancia no es un tema de asistencia, ni exclusivo del DIF, sino que involucra a todo el Gobierno federal para articular acciones”, comentó.

Consideró que hay que recuperar el espacio público con los niños y adolescentes en vez de esconderlos. “México necesita acompañamiento de la comunidad internacional, porque el crimen organizado es internacional. México no lo puede resolver solo”, dijo el director.

POLÍTICAS INTEGRALES

Nicolás Villa resaltó la importancia de implementar medidas de equidad que acompañen a las estrategias de seguridad del Gobierno.
“Obviamente tiene que haber un tema de seguridad. Lo que hay que hacer es poner a la par un tema de educación, y facilitar opciones de empleabilidad. Es muy difícil estudiar a un alto nivel si vienes de una familia muy humilde. Pero si eres indígena, mujer y vives lejos de la escuela, pues la tienes muy difícil para ser Juez o Procurador. Entonces si no das chance de reducir la inequidad que se vive, estás generando frustración y generando que la forma más rápida y fácil, pues por lo menos así se siente, sea delinquir”, dijo.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) ha hecho estudios sobre la equidad. En abril, presentó que sólo el 31 por ciento de personas que provienen de los estratos sociales más bajos de la sociedad tuvo como primer trabajo uno formal.

El CEEY reportó que los hijos de padres en los estratos sociales más bajos no tienen tantos problemas para asistir a la primaria, pero sí para llegar a la universidad. Ésta falta de oportunidad impacta especialmente entre las edades de 19 a 24 años.


“Es un circulo vicioso. Necesitas la parte de la prevención, y demostrar que estás reduciendo la brecha social en este país. De momento las últimas informaciones que tenemos no van en este sentido”, dijo Villa.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-08-2016/3077729

Rodrigo Medina acude a audiencia por caso KIA; “tengo la conciencia tranquila”, dice

El ex Gobernador de Nuevo León acudió ante un Juez de Control de modo que puedan desahogar diligencias y resolver su situación legal, pues el político es actualmente investigado por el ejercicio indebido de funciones, peculado y daño patrimonial. Además, el periódico Reforma publicó hoy que el padre del ex mandatario también es investigado por el SAT debido a unas anomalías detectadas en sus declaraciones patrimoniales y de impuestos.

Rodrigo Medina de la Cruz, ex Gobernador de Nuevo León, acudió el día de hoy a la audiencia con un Juez de Control para la presentación de cargos en su contra por haber otorgado incentivos fuera de la Ley a la empresa KIA, generando un daño patrimonial al estado por 3 mil 683.5 millones de pesos.

El ex mandatario, quien será imputado por el ejercicio indebido de funciones, peculado y daño patrimonial, arribó cerca de las 8:00 horas de este martes al Palacio de Justicia acompañado del abogado Javier Flores y otros litigantes que integran su defensa legal.

“Tenemos la conciencia tranquila, esto apenas va empezando y la verdad va a salir a relucir”, expresó mientras alegaba su inocencia.

Asimismo, el día de hoy el diario Reforma publicó que actualmente las cuentas de Humberto Medina Ainslie, padre del ex Gobernador, se encuentran cercadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues para comprobar lo que testificó por medio de su declaración de impuestos, la autoridad fiscal envió un requerimiento a diversas empresas.

Según el medio de circulación nacional, el SAT solicita los libros y registros que sean parte de la contabilidad de la empresa con relación a las operaciones celebradas con Medina Ainslie del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre del mismo año.

El documento destaca el inicio de procesos establecidos en contra de Medina Ainslie y en contra de su hijo Alejandro David Medina de la Cruz.

El requerimiento de la dependencia responde a ciertas anomalías detectadas en las declaraciones patrimoniales en diversos ejercicios fiscales, por lo que a Medina Ainslie se le solicita dé información referente a su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto Empresarial a Tasa Única y del IVA por su actividad empresarial en 2013.

El pasado dos de agosto un Juez de Distrito le negó a Medina un amparo, por lo que su abogado admitió entonces que el ex mandatario sería citado de nueva cuenta a comparecer ante el Juez de Control dentro del proceso en el que se le pretende imputar por el caso Kia.

El pasado 26 de julio, el ex Secretario de Finanzas y Tesorero de Nuevo León, Rodolfo Gómez Acosta, fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones, delitos patrimoniales y peculado, delitos relacionados con el caso de la automotriz KIA.
Ante los tres señalamientos alcanzaría una condena por 36 años sin derecho a fianza.

De acuerdo con Comunicación Social de Nuevo León, también fueron vinculados a proceso Víctor Martínez Trujillo, ex Director Sistema de Caminos; Juan Manuel Vallejo Ramos, ex Coordinador General de Administración de la Secretaría de Desarrollo Económico; y Esteban Cepeda Ochoa, ex Coordinador Sistema de Caminos.


Gómez Acosta ha sido acusado de permitir que se entregaran incentivos fuera de la ley y no solicitados por la empresa KIA en el Municipio de Pesquería por lo que dañó al erario público por una cantidad de 3 mil 680 millones de pesos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-08-2016/3077826

En Veracruz, hasta lo inamovible se cae

Las últimas semanas han sido de vértigo para el gobernador Javier Duarte. El jueves 4 removió al secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, quien según el propio mandatario era “inamovible”. Pero, lejos de atender los reclamos de sus proveedores o justificar los pasivos de su gobierno, Duarte está obsesionado en su guerra contra Miguel Ángel Yunes Linares.

XALAPA, Ver: El gobierno de Javier Duarte sigue en caída libre. El jueves 4, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, Capitán Tormenta, renunció luego de que fueron exhibidas sus cinco residencias de The Woodlands, valuadas en 2.4 millones de dólares.

Tres semanas antes, el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, reveló que Bermúdez, “el inmovible”, era un próspero empresario hotelero y poseía un corporativo de seguridad privada.

Varios excolaboradores de Duarte –quien dejará el poder a Yunes el 30 de noviembre inmerso en el escándalo– decidieron ampararse para evitar ser detenidos por las autoridades federales.

El exsecretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Salvador Manzur Díaz, actual delegado federal del Banco Nacional de Obras; el exsubsecretario de Sefiplan Gabriel Deantes Ramos, hasta hace unos días secretario del Trabajo y Previsión Social, y el exsubsecretario de Egresos de la misma dependencia, Carlos Aguirre Morales, tramitaron los amparos ante Miguel Ángel González Limón, juez segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Tomas Ruiz González, extitular de Sefiplan, también lo hizo pero recurrió a la Ley de Protección de Datos Personales para evitar ser exhibido en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal o en los estrados del inmueble judicial, según comprobó el reportero.

El mismo jueves 4, el excontralor general Iván López acudió a declarar a la delegación de la PGR en Veracruz. Abordado por los reporteros, respondió atropelladamente que en el gobierno de Duarte hubo una “simulación de responsabilidades administrativas”.

Días antes, el lunes 1, cuando interpuso una denuncia contra Yunes Linares por presunto enriquecimiento ilícito, López declaró: “Apenas en abril pasado la ASF (Auditoría Superior de la Federación) hizo público, a propósito de la Cuenta Pública Consolidada 2014, que el gobierno de Duarte acumuló desvíos presupuestales por más de 35 mil millones de pesos de 2011 a 2014.

“Tan sólo en el último informe los funcionarios priistas de Veracruz fueron incapaces de solventar más de 14 mil millones de pesos. En ese lapso, el jurídico del ente fiscalizador federal ha presentado 28 denuncias por presunto peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.”

Y agregó que los exfuncionarios “están en todo su derecho de ampararse. Yo meto las manos al fuego sólo por Javier Duarte y mi familia”.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2075, ya en circulación

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450189/en-veracruz-lo-inamovible-se-cae

SNTE acusa ante la PGR a Yunes Linares por enriquecimiento ilícito y lavado

CIUDAD DE MÉXICO: La sección 32 del SNTE en Veracruz presentó ante la PGR una denuncia contra el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.


El representante legal de la sección 32, Javier Martínez, acusó que durante los cuatro años en que Yunes Linares fue director del ISSSTE llevó a cabo un sistema de préstamos a los maestros a través de tres empresas.

También dijo que los montos otorgados a los maestros eran descontados a través de la nómina de los profesores, quienes pagaron intereses altos por el dinero que solicitaron a través de préstamos a la empresa Consupago.


El abogado refirió que “la familia Yunes Márquez integró estas empresas para beneficiarse con las mordidas que recibían con su pago. Consideramos que no sólo afectó a maestros de Veracruz, sino maestros de todo el territorio nacional”.

De acuerdo con la denuncia, las empresas a través de las cuales se llevaron a cabo las transacciones son Cobranza y Recuperación, cuyos accionistas son Leticia Isabel, esposa de Yunes Linares, y sus hijos Omar, Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez.

No sólo eso, pues el SNTE también identificó a las empresas Corporate Linkage y Intermediación Corporativa, en las que los accionistas también son familiares del gobernador electo.


Al acudir a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, Javier Martínez denunció que “estas empresas se dedicaban a facilitarles el convenio con su pago, y a cambio de ello recibían las comisiones. Facilitaba la firma de convenios entre las dependencias y las constructoras a través de tráfico de influencias. Siendo director del ISSSTE (Yunes Linares) tenía influencia sobre otras entidades”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 8 AGOSTO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450239/snte-acusa-ante-la-pgr-a-yunes-linares-enriquecimiento-ilicito-lavado

Denuncian que policías de Tabasco participan en secuestros de migrantes

VILLAHERMOSA, Tab: Defensores de migrantes y derechos humanos denunciaron que policías del municipio de Cárdenas participan en secuestros masivos de indocumentados en su tránsito por Tabasco.


Al mismo tiempo, otro grupo se manifestó en los límites de Tabasco y Campeche para exigir la aparición con vida del chiapaneco Maximiliano Gordillo Martínez, detenido en mayo pasado por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en el punto de revisión de Villa Chablé, Emiliano Zapata, cuando se dirigía a trabajar a Playa del Carmen, Quintana Roo.

En el primer caso, el fundador de “La 72”, refugio hogar para personas migrantes de Tenosique, Fray Tomás González Castillo, denunció que policías de Cárdenas han participado en cinco secuestros masivos de migrantes y que, además, en el INM y en la policía estatal opera “la criminalidad”, pues se han dedicado a perseguir y plagiar indocumentados.


Destacó que durante el tiempo en que operó el Plan Frontera Sur –entre mediados de 2014 y de 2015–, el INM tuvo participación en 12 muertes de migrantes, ya que al intensificarse su persecución los obligaron a tomar rutas más peligrosas y ser víctimas de la delincuencia.

En rueda de prensa en el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), fray Tomás tildó de mentiroso al titular del INM, Ardelio Vargas Fosado, por señalar que a los migrantes en tránsito se les ofrece quedarse en el país.

En relación con la desaparición de Maximiliano Gordillo, se informó que el 8 de mayo salió de la comunidad Tzinil de Socoltenango, Chiapas, para irse a trabajar a Playa del Carmen, pero fue detenido por agentes del INM al ser confundido con un indocumentado guatemalteco, pese a haber mostrado su acta de nacimiento y su Clave Única de Registro de Población (CURP).

“El Estado secuestró a Maximiliano”, acusó fray Tomás.

Defensores de derechos humanos que se manifestaron en los límites de Tabasco y Campeche señalaron que el INM les niega los nombres de las personas detenidas los días 7 y 8 de mayo en el punto de revisión de Villa Chablé del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, donde aseguraron a Maximiliano.

Acusaron al INM de estar protegiendo a los agentes responsables de su desaparición, aunque lograron saber que los encargados del punto de revisión eran Rubén Silva y Oscar Benjamín Castillo Pavón.

Arturo Gordillo, padre de Maximiliano, cuestionó: “¿Qué paso con Max?, tenemos derecho a saber en dónde lo tienen”.


El coordinador jurídico del Codehutab, Efraín Rodríguez León, dijo que en Tabasco hay crisis de seguridad y de derechos humanos, por las constantes ejecuciones, feminicidios y asaltos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450256/denuncian-policias-tabasco-participan-en-secuestros-migrantes

Angélica Rivera ocupa un condo en Miami de un grupo que aspira a tener contratos en México: The Guardian

El diario británico The Guardian publica este día un reportaje en donde señala que la Primera Dama Angélica Rivera Hurtado utiliza una propiedad de lujo en Florida, Estados Unidos, comprada por una empresa que se espera compita por contratos lucrativos del Gobierno de México. “La esposa del Presidente Enrique Peña Nieto hace uso de una propiedad valuada en 2.05 millones de dólares en Key Biscayne, al sur de Miami Beach, con el permiso del Grupo Pierdant”, dice el medio.

Ciudad de México, 9 de agosto: La Primera Dama Angélica Rivera Hurtado utiliza una propiedad de lujo en Florida, Estados Unidos, comprada por una empresa que se espera compita por contratos lucrativos del Gobierno de México, de acuerdo con una investigación publicada hoy en The Guardian.

El diario británico dice que Rivera, la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, “hace uso de una propiedad valuada en 2.05 millones de dólares en Key Biscayne, al sur de Miami Beach, con el permiso del Grupo Pierdant, que compite para administrar los puertos mexicanos”.

El periódico explica que la otrora actriz ocupa la propiedad desde 2009, mucho antes de que contrajera matrimonio con el actual Presidente de México, con quien se casó en noviembre de 2010. También dice que Grupo Pierdant busca contratos para desarrollar puertos marítimos, aunque no dice cuáles. La historia de The Guardian se concentra en un supuesto conflicto de interés, y cita la investigación de la “casa blanca”, realizada por el equipo de Carmen Aristegui.

El reportaje de The Guardian tampoco aclara si ella tiene vínculos con la constructora desde antes de tener una relación con el que sería Presidente de México, y si Grupo Pierdant tuvo o no contratos con el gobierno del Estado de México en los tiempos en los que Peña fue Gobernador.


Lo que hizo grande la historia de la “casa blanca” es que Grupo Higa tuvo contratos en el Estado de México; su dueño, Armando Hinojosa, era amigo personal de Peña desde muchos años antes de que llegara a Los Pinos. Grupo Higa también tenía contratos con el Gobierno federal cuando entregó la mansión en la Ciudad de México a la esposa del ya Presidente.

El medio inglés refiere que “la compañía ha pagado el predial de un departamento adicional en Key Biscayne, comprado por medio de una subsidiaria establecida por Rivera”.

Tales acuerdos, dice el reportaje, “rememoran aspectos de la compra de la ‘casa blanca’, una mansión ubicada en la ciudad de México y valuada en 7 millones de dólares, en cuya negociación se vieron involucrados Rivera y un contratista del gobierno, por lo que los señalamientos por conflicto de interés fueron inevitables”.

Dicho conflicto, menciona, “manifestó en la relación entre la pareja presidencial y la empresa contratista del gobierno, cayó como una bomba en 2014, dañando la popularidad de Peña Nieto y su imagen reformista, así reviviendo preocupaciones constantes acerca de la corrupción que ha afligido a México durante la administración del Partido Revolucionario Institucional (PRI)”.

De acuerdo con la investigación de The Guardian sobre las propiedades de Florida, “existe una relación poco ortodoxa entre la Primera Dama y el Grupo Pierdant, pues la propiedad en cuestión se halla en la Ocean Tower One, en una comunidad apartada con una piscina, canchas de tennis y un concierge o mayordomo de guante blanco ubicada en Key Biscayne, un opulento enclave en Miami-Dade County”.
“Rivera, quien fuera estrella de telenovelas, compró la unidad 304 de tres habitaciones en 2005. Ella reveló su existencia al público en noviembre de 2014 durante la publicación del controvertido caso de la ‘casa blanca”, misma que puso sus finanzas bajo el escrutinio público”, detalla The Guardian.

“La Primera Dama dijo que vivió un año en el departamento de Florida con sus hijas. Su valor actual asciende a cerca de 3.5 millones de dólares”, según dijo el grupo inmobiliario Zillow al diario.

Sin embargo, aclara el medio británico, “ella [Angélica Rivera] no mencionó al Grupo Piendant ni al fundador de la compañía, Ricardo Pierdant, quien tiene amplios intereses comerciales en México y Estados Unidos”.

The Guardian también menciona que “en 2009 Pierdant compró la unidad 404 en Ocean Tower One a través de una empresa, Biscayne Océano Holdings, aparentemente establecida para tal fin”.


Desde entonces, dice el reportaje, “parece haber dejado que la Primera Dama utilice la propiedad como una adición a su otro apartamento, en efecto, lo que les permite ser manejados como una sola unidad”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-08-2016/3077819

Duarte asegura sentirse “respaldado” por el PRI y por EPN; no saldrá del país al término de su mandato, dice

Javier Duarte dijo que no teme a las acusaciones en su contra puesto que son falsas; que ni él ni su esposa cuentan con bienes en el extranjero; que por lo mismo, por ser inocente, al terminar su mandato no saldrá del país; además de haber expresado encontrarse con buena salud y que se siente respaldado tanto por el presidente de la República como por el partido Tricolor.

Ciudad de México, 9 de agosto: Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz, dijo que al concluir su gobierno no se irá del país y que no se siente abandonado ni por el Presidente ni por su partido, el Revolucionario Institucional (PRI).

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva por Radio Fórmula, el mandatario aseguró que no solicitará licencia a su cargo y que lo concluirá tal y como lo determina la Ley, es decir, hasta el próximo 31 de noviembre.

Asimismo, refirió que las acusaciones en su contra son falsas y que su nombre no figura en ninguna demanda, salvo en aquellas presentadas en su contra por el Gobernador electo, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, de quien aseguró ha sido denunciado por los maestros en Veracruz por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“El nombre de Javier Duarte no está en ninguna denuncia, salvo las del presunto Gobernador electo, y son ridículas”. En ese sentido profirió que “el que nada debe nada teme”.

Por ello, manifestó que ni él ni su esposa cuentan con bienes en el extranjero, y que aún no sepa si acudirá a la toma de protesta de Yunes, no se irá de México.

En ese sentido, detalló que no compró una propiedad en Woodlands Country Club en la ciudad de Houston, por lo que no modificará su declaración 3de3, ya que según asegura, ya declaró todo lo que tiene.

Inclusive Duarte dijo avalar la investigación que realiza el Servicio de Admninistración Tributaria (SAT) sobre las supuestas empresas fantasma relacionadas con él.

Además, aseguró sentirse “respaldado” por el Presidente Enrique Peña Nieto y por el PRI, a pesar de que el Ejecutivo hubiera presentado acciones de inconstitucionalidad en su contra por violentar las leyes anticorrupción que fueron promulgadas en su entidad.

Al respecto, el Gobernador explicó que lo que él estaba buscando era armonizar el Sistema Estatal Anticorrupción con el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que en términos generales concuerda con los planteamientos del Ejecutivo.

En cuanto al Tricolor, Duarte criticó su última estrategia electoral, misma a la que culpó por la pérdida de la gubernatura de la entidad, debido a que estuvo centrada en atacarlo mientras el se mostró “respetuoso”.

Entre otros temas, el funcionario aclaró que goza de buena salud y que no padece de cáncer; sin embargo dijo que si por algo ha perdido peso es porque está siguiendo una dieta rigurosa acompañada de ejercicio, situación que lo ha llevado a perder cerca de 34 kilogramos.

La administración de Javier Duarte ha sido constantemente señalada por casos de corrupción e impunidad. Una de las acusaciones más recientes fue presentada por medio de una demanda presentada por Yunes Linares en abril de este año, en la que acusa al priista por haber acumulado más de 25 propiedades con un valor superior a los 3 mil millones de pesos, mediante prestanombres. Yunes pidió que la indagatoria de la PGR al Gobernador de Veracruz también sea extendida a Estados Unidos y España.

De acuerdo con Yunes, hay un Hotel en Bilbao a nombre del hermano de Duarte, un departamento en Madrid, así como casas en Houston y un rancho en Valle de Bravo, “que es una ofensa pues cuenta con 50 caballerizas, cuatro casas, además de un hospital para los caballos”, detalló en entrevista radiofónica con Grupo Fórmula.

En respuesta, Duarte de Ochoa presentó una denuncia penal ante la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del estado (FGE), y luego ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de su sucesor electo por el delito de enriquecimiento ilícito.

El priista aseguró que el panista cuenta con 16 propiedades a título personal y de sus familiares, además de empresas registradas en diversos puntos del territorio nacional.

Duarte acusó a Yunes por las propiedades mencionadas, que en su conjunto comprenden un valor estimado de 50 millones de pesos y con una extensión territorial aproximada de 50 mil metros cuadrados, “tan sólo en el estado de Veracruz”, aunque de acuerdo con Duarte, el panista tiene “propiedades en otros puntos de la geografía nacional y en el extranjero”.


El Gobernador priista recordó que la denuncia que Yunes presentó en su contra no lo acusa a él directamente, sino que refiere al uso de prestanombres, mismos que ratificó no tener. En ese sentido, Duarte externó que “en la denuncia que estoy presentando no estoy mencionando a ningún prestanombres, ni acusando a ninguna persona que no sea Miguel Ángel Yunes o sus propios familiares, que son los dueños de un patrimonio desmedido y que no corresponde a los ingresos de un funcionario público”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-08-2016/3077876

Asaltantes roban a bebé de nueve meses en Puebla

PUEBLA, Pue: La Fiscalía General del estado emitió la alerta Ámber para localizar a un bebé de nueve meses, quien fue raptado por dos sujetos que ingresaron a una empresa arrendadora de maquinaria para cometer un asalto.

De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia, alrededor de las 12:30 de este lunes, dos individuos vestidos con overol azul y gafas arribaron a la empresa SEGO, ubicada en el kilómetro 134 de autopista Puebla-Orizaba de La Resurrección.

Los asaltantes preguntaron primero por maquinaria que la empresa tiene en arrendamiento y luego amagaron con un arma a Grisel Moreno Campos, empleada del lugar, cuyo hijo se encontraba en una carriola, y le exigieron que les entregara el dinero que se encontraba en la caja del negocio.

A punta de pistola, obligaron a la mujer y a otro empleado que se metieran en un cubículo y ahí los dejaron encerrados.

Cuando lograron salir, los asaltantes ya se habían ido. La mujer buscó a su bebé que había quedado en la carriola, pero no lo encontró.

De acuerdo con las autoridades, los asaltantes se llevaron al niño, además de 2 mil pesos y un celular.


De acuerdo con la alerta Ámber que emitió la Fiscalía, el pequeño de nueve meses se llama Mario Sepúlveda Moreno, y proporcionó el número 2117800 ext. 3030 para que la ciudadanía proporcione informes sobre su paradero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
FECHA: 8 AGOSTO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450252/asaltantes-roban-a-bebe-nueve-meses-en-puebla

Suiza también vendió a México equipo de espionaje para celulares

CIUDAD DE MÉXICO: Al igual que Finlandia, Suiza también vendió a México equipos para vigilar teléfonos celulares en 2012, 2013 y 2015, según datos de la Secretaría de Estado de Economía del país helvético (SECO, por sus siglas en alemán).


El reporte de permisos de exportación de tecnología de uso civil y militar de 2012, consultado por apro, revela que esa dependencia autorizó la exportación de simuladores de torres de telefonía móvil, conocidos popularmente como “IMSI-catchers”, el 2 de marzo de 2012.

Bajo el número de negocio 12032, el documento indica que el equipo catalogado con la clave 5A001f costó 4 mil francos suizos –4 mil 120 dólares–, sin especificar el nombre de la empresa vendedora ni la agencia receptora de los dispositivos.


Además, el 30 de abril de ese año facilitó el envío de equipo similar por 1 mil francos suizos –1 mil 030 dólares–, según la operación 12358.

El 22 de febrero de 2013 el gobierno helvético permitió la exportación de ese aparato, valuado en 3 mil 400 francos suizos –3 mil 502 dólares–, según el registro 13807.

En el registro 8005684, del 7 de diciembre último, SECO avaló el envío de equipo bajo el número de control de exportación 5A001.f1 y 5A001.f3, valuado en 2 mil 500 francos suizos (2 mil 575 dólares).

Se trata de una tecnología polémica, pues sus críticos la consideran invasiva y una amenaza para la privacidad de los usuarios de telefonía.

Conocida popularmente como “Stingray”, por un modelo fabricado por la estadunidense Harris Corporation, esos dispositivos pueden extraer información, como los números de identidad del suscriptor móvil internacional (IMSI, por sus siglas en inglés), que es el número único de serie que el teléfono celular transmite, de modo que el sistema detecta dónde está ubicado. Por eso también se les conoce como “IMSI catchers” (detectores de números IMSI).

Además, pueden acceder al número de serie electrónico del teléfono, metadatos para su almacenamiento interno, interceptar el contenido de comunicaciones, rastrear y localizar un usuario de telefonía celular, propiciar un ataque de denegación de servicio móvil y obtener una clave de encriptación de comunicaciones.

Los rastreadores pueden ser instalados en aviones, helicópteros y vehículos manuales no tripulados o drones.

La torre falsa hace que los aparatos celulares cercanos a ella se conecten. Hecho esto, esos programas pueden recolectar información de identificación y localización de los teléfonos, y en algunos casos intervenir las conversaciones, los mensajes de texto y la navegación por internet.

Otras versiones de esta tecnología son conocidas como “TriggerFish”, “KingFish”, “Hailstorm”, analizadores digitales y simuladores de torres celulares.

Apro reveló que Finlandia también exportó a México “Imsi-catchers” en 2014, fabricado por la transnacional Exfo.

Suiza pertenece al Arreglo de Wassenaar sobre Controles a la Exportación para Armas Convencionales y Bienes y Tecnologías de Uso Dual, al que están adscritos 41 países y que obliga a los fabricantes de esa tecnología a obtener una autorización de exportación de sus gobiernos con el propósito de garantizar que su utilización tendrá fines legítimos y no devendrá en actos de represión contra la población o en violaciones a derechos humanos.

Los “IMSI-catchers” están incluidos en la parte 1 sobre telecomunicaciones de la categoría 5 de la Lista de Bienes y Tecnologías de Uso Dual o Lista Básica del arreglo, vigente desde 1996 y que consta de nueve categorías para la Lista Básica y 22 para la Lista de Municiones.

Esos requerimientos adquieren relevancia en casos como el de México, que vive una crisis de derechos humanos por las elevadas cifras de ejecuciones, desapariciones y casos de tortura, y por la cual la utilización de esos equipos entraña la agudización de esos flagelos.

En México se desconoce la forma en que las autoridades han utilizado esa tecnología y quiénes han recurrido a ella.

México es el mayor comprador de equipo espía en América Latina, al adquirir software de intervención de llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto y navegación por web a empresas como la italiana Hacking Team, la inglesa FinFisher, la estadunidense Verint y la rusa Speech Pro, entre otras.

En su Índice de la Industria de la Vigilancia, lanzado el pasado martes 2, la organización británica Privacy International identificó al menos 11 empresas con sede en Suiza que producen programas de intromisión.

Dreamlab Technologies provee de centros de monitoreo de telecomunicaciones y de internet. ERA IT fabrica tecnología de monitoreo de internet, mientras que Neosoft produce equipo para seguimiento telefónico, de geolocalización y de contraespionaje.

Además, Laser Microphone ofrece dispositivos para interceptación de audio, de videovigilancia y de monitoreo de geolocalización y telefónico, en tanto que Ytrail fabrica herramientas de análisis y monitoreo de internet.

Otra compañía es AGT International, que abastece de tecnología de análisis y monitoreo de internet. Spectradome fabrica equipos de interceptación de audio, contraespionaje, informática forense y videovigilancia. Finalmente, 3i-MIND fabrica herramientas de análisis y Comlab, de contraespionaje, en tanto que Gamma Group y FinFisher ofrecen programas de interceptación de telecomunicaciones.


En julio último, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil suiza no pudo validar las 50 mil firmas recolectadas necesarias para convocar a un referéndum sobre la ley federal de vigilancia de comunicaciones postales y telecomunicaciones, aprobada por el parlamento helvético en septiembre de 2015.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EMILIO GODOY.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450175/suiza-exporto-a-mexico-equipo-espionaje-celulares

Alista la CIDH grupo de seguimiento a investigación de los 43

CIUDAD DE MÉXICO: La próxima semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría definir los nombres de los integrantes del grupo de “asesores técnicos” que analizarán las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como parte del Mecanismo Especial de Seguimiento establecido el 29 de julio en Washington, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de las víctimas.

En el contexto del anuncio de la XXIII Acción Global por Ayotzinapa, en la que sobresale la realización de un concierto en la explanada del Estadio Azteca, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, apuntó que la próxima semana los padres sostendrán reunión con la procuradora Arely Gómez para conocer de avances en la investigación así como de la indagatoria que se abrió sobre la actuación irregular del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

Rosales Sierra agregó que el encuentro será aprovechado por los padres de los desaparecidos para conocer la disponibilidad de la dependencia para implementar el Mecanismo Especial de Seguimiento a la Medidas Cautelares MC/409/16, emitidas por la CIDH.

Al señalar que es probable que la próxima semana la CIDH notifique a las partes sobre los nombres de quienes integrarán el grupo operativo técnico que estará de forma permanente en México, el abogado destacó que los padres mantienen la “expectativa de que este nuevo equipo oxigene la investigación, que se había empantanado después de la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.

Rosales Sierra consideró fundamental el trabajo del equipo de asesores “cuya principal función será vigilar que la PGR siga las líneas de investigación que dejó marcadas el GIEI, y que no se han querido seguir con puntualidad, sino que se mantiene abierta la del basurero de Cocula”.

Unidos a la movilización de campesinos por la Ciudad de México, padres de los estudiantes tomaron una pausa en el llamado Antimonumento a los 43 para dar a conocer las próximas movilizaciones que se llevarán a cabo en la próxima Jornada Global por Ayotzinapa.

Melitón Ortega, vocero de los padres de familia informó del concierto en el que participarán grupos musicales “que han sido solidarios con el movimiento, y denominaron Voces por los 43”.

Ortega comentó que este lunes algunos padres se reunirán con expertos en telefonía en las instalaciones de la PGR, ya que siete celulares de los estudiantes siguieron activos después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en tanto que otros se sumarán a las distintas movilizaciones convocadas por maestros y campesinos.

El vocero señaló que las acciones acordadas para el próximo 26 de agosto, tienen como objetivo mantener viva la demanda de presentación de los jóvenes estudiantes.

Ortega explicó que los padres de familia solicitaron el espacio al gobierno de la Ciudad de México, y el gobierno de Miguel Ángel Mancera realizó las gestiones necesarias para facilitar el lugar.

De inicio, los padres y madres de los desaparecidos habían solicitado el Zócalo de la Ciudad de México pero se les señaló que estaría ocupado para el 26, por lo que Mancera a través de la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, ofreció el Deportivo los Galeana y el Estadio Azteca, pero más tarde se les informó que el Estadio estaría ocupado el 27, por lo que la única opción era la explanada del mismo.


Entre los grupos que participan en el evento están Barcos de Papel, Fallas de Origen, La Kasquivana, Nayeli Nesme, Santo Mezcal, Frausto Arellin, Insidio, Pantera Romana, entre otros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450207/alista-la-cidh-grupo-seguimiento-a-investigacion-los-43

¿Peor que Tamaulipas? Sí, así dejó Bermúdez a Veracruz: repuntan secuestros y homicidios dolosos

Con Arturo Bermúdez Zurita al frente de la seguridad en Veracruz, el estado se convirtió en el segundo lugar nacional en secuestros, supera a Tamaulipas; también lo desplazó por homicidios dolosos. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas señala 502 casos registrados en esa entidad entre 2014 y junio de 2016, aunque Aracely Salcedo, integrante y promotora de la Brigada de Búsqueda en la zona centro, estima que son unas 15 mil las personas desaparecidas durante su gestión. Sin rendir cuentas, Bermúdez se fue de la Secretaria de Seguridad Pública dejándola con deuda de mil 450 millones de pesos, aunque en su periodo su presupuesto incrementó en 150 por ciento.

Del sexenio de Miguel Alemán, al del Javier Duarte de Ochoa, Arturo Bermúdez Zurita pasó de ser un simple secretario particular al súper ministro con capacidades metaconstitucionales. Como un “césar romano”, sus pretorianos decidieron sobre la vida y la muerte, incluso, el paradero de muchos que hoy son buscados en fosas clandestinas y en servicios forenses.

Sin embargo, lejos de recomponer el torcido camino de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la sumió en la inmundicia; y el estado en general, transita el escenario más crítico en prevención del delito con el incremento exponencial del secuestro, el homicidio doloso y violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por personal de esta dependencia, y en donde a Bermúdez Zurita se le trata ubicar como un elemento ajeno al desempeñado de sus elementos y altos mandos, varios ya en la cárcel.

Hoy Veracruz, según reportes de organizaciones internacionales por la defensa de las garantías individuales, y dependencias del gobierno federal, es el estado con más alto índice de desapariciones forzadas, es decir, las privaciones ilegales de la libertad cometidas directamente por funcionarios del gobierno. En este caso, gendarmes.

Datos del Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) establecen que durante el paso de Bermúdez en la SSP (julio de 2011 a agosto de 2016) Veracruz siempre figuró entre los primeros diez lugares de homicidio doloso y secuestro a nivel nacional. Para el final de sus cinco años como titular de la SSP, Veracruz es ya segundo lugar nacional en secuestros y supera al vecino estado de Tamaulipas en homicidios dolosos.

Es decir, lo que hace años se miraba como el mayor horror que puede vivir una región en México, la violencia sin cuartel en Tamaulipas, hoy está replicada y multiplicada en Veracruz. Y mientras Bermúdez Zurita sostuvo la mística de crear una policía de proximidad, capacitada y mejor evaluada, la violencia hoy es motivo de desplazamiento de familias en ciudades como Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Acayucan, Coatzacoalcos y Las Choapas, en las que todas las estrategias de seguridad han fracasado.


LA SEMAR-SSP

Pero Bermúdez no actuó sólo, en la estrategia para mantener la seguridad en el estado, se dio parte a la Secretaría de Marina Armada de México mediante la estrategia del Veracruz Seguro, y de allí, la firma de un convenio de colaboración entre la Semar y el Ejecutivo estatal para dar paso al Mando Único, y que elementos de la Semar dieran vida a la Policía Naval, coordinada por mandos de la Marina; también se les dio participación en Tránsito y algunas corporaciones municipales.

La estrategia del Mando Único tan sólo en Córdoba y Coatzacoalcos, por ejemplo, está cuestionada ante el avance de la delincuencia común. Hoy Coatzacoalcos y Minatitlán aportan el 34 por ciento al total de secuestros reportados en Veracruz por el SNSP; y Córdoba, según el mismo organismo, es la ciudad en donde se cometen más homicidios dolosos. Una es la ciudad tomada como residencia por Javier Duarte de Ochoa, y la otra, terruño de su esposa, la Primera Dama, Karime Macías, ni por eso cuidaron sus esquemas de seguridad.

En Coatzacoalcos, en cada foro sobre seguridad, sectores sociales y empresariales, se pronuncian por la salida de la Marina de las tareas de seguridad y dar paso a un mando municipal o intermunicipal. Este fue uno de los clamores durante la última reunión entre empresarios y el Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, en Coatzacoalcos, “en la zona industrial, al mes, nos reportan al menos 17 robos”, al recién inaugurado complejo de Braskem-Idesa le están robando al mes siete camiones con producto, expuso el representante en el sur de la Asociación de Industriales de Veracruz (AIEVAC), Claudio Martell Velasco.

En la zona de Complejos de Coatzacoalcos, el clúster petroquímico más importante del país, la seguridad ya corre por cuenta de los empresarios, que mensualmente cooperan para pagar una compañía de vigilancia privada cuyo personal recorre en unidades móviles esos puntos tratando de inhibir el robo de cableado, el asalto a obreros y el atraco a camiones cargados con diversos productos para abastecer de materia prima al sector industrial de México.

El polígono industrial es responsabilidad de la Policía Naval; sin embargo, sus elementos ni si quiera mueven las patrullas ante la falta de recursos para la gasolina, a ellos ni si quiera les están pagando sus compensaciones, esto quedó asentado en el anexo de deudas presentado por el gobierno de Veracruz al Congreso local para liquidar deudas con el impuesto del 3 por ciento a la nómina, y en donde la SSP reconoce un pasivo por 28 millones de pesos a la Semar por el convenio de la operación del Mando Único.

Sobre los alcances, los objetivos y el financiamiento concreto y particular para la SEMAR, sobre todo la distribución salarial entre mandos y tropas, no hay transparencia. En la solicitud 0001300021212, a la Semar, se requirió versión pública sobre el contenido del convenio signado entre el gobierno del estado y la Marina en noviembre de 2011, pero la dependencia se negó a entregarlo argumentando que era información confidencial, y darla a conocer “compromete la seguridad pública en la zona conurbada, al poner en peligro la integridad de las personas y el orden público y menoscaba la capacidad de evitar la comisión de delitos, toda vez que existía un daño presente, probable y especifico al difundir información relativa al personal involucrado en dicha tarea”. Una nota del periodista Armando Ramos, de la agencia AVC Noticias, advierte que el convenio entre la SEMAR y Veracruz concluye el 31 de noviembre próximo, con la posibilidad de una prórroga de dos años, en la nota cita la solicitud de información 0001300045916 a la SEMAR, en la cual se informa la erogación de 771 millones de pesos en los últimos años para las tareas coordinadas del personal de la Policía Naval y estatales, recursos aportados por el Ejecutivo estatal.

Para José Alfredo Zavaleta Betancourt, profesor de Universidad Veracruzana y Coordinador del Grupo de Trabajo “Seguridad y Democracia en América Latina y el Caribe” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), es “impostergable” modificar la forma en que se ha llevado el modelo del Mando Único, ya que como está, se trata de “una estrategia limitada a integración militar de mandos, no implica reorganización policial, capacitación específica para la reforma de la Justicia Penal, mejora de controles internos y externos, menos la aceptación del control civil de los operativos mediante mecanismos de transparencia o rendición de cuentas”.

“En estas circunstancias, la integración de policías municipales al mando único -como mando centralizado- se ha realizado en condiciones en las cuales es impostergable la centralización, dado el grado de control de algunos grupos y redes policiales por grupos delictivos”, matiza.

Referente a lo que ha pasado en Veracruz en los últimos años, resulta “particularmente, preocupa, que algunos policías estén vinculados con redes ilegales y abusen de la fuerza policial en casos como Coatzacoalcos, Poza Rica, Tierra Blanca y Papantla”.


MÁS SECUESTROS Y HOMICIDIOS

A mediados del 2011, el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz, era el General Sergio López Esquer, recomendado del gobierno de Felipe Calderón para encabezar la lucha contra la delincuencia; no obstante, deja el cargo por un atentado a finales de junio de 2011, cuando un comando armado intentó emboscar en el crucero de Villarín a su escolta. Sus ayudantes regresaban a Xalapa después de embarcar al alto mando en un avión que lo llevaría al DF; sin embargo, las versiones apuntaron a que los sicarios fallaron pues el blanco originalmente sería el militar. Hubo muertos en ese ataque del bando oficial; el mismo día, la casa del general, en Antón Lizardo, resultó atacada por pistoleros fuertemente armados. Sergio López se va y es así como arriba Bermúdez al mando de la SSP.

En 2010, el SNSP reportaba 583 muertes dolosas para Veracruz, 17 secuestros, 351 denuncias por extorsión y 4 mil 495 robos de vehículo. Para los siguientes dos años, ya con Bermúdez al mando, el mismo organismo reportó 968 homicidios dolosos en 2012 y 863 en el 2013. Se trató de los años más violentos en la entidad por el enfrentamiento entre el Cártel de Jalisco y Los Zetas, los primeros arribaron a arrebatar el territorio, y al grupo local le tocó poner la mayor parte de los muertos.

Uno de los hechos más violentos se suscitó frente a Plaza Américas de Boca del Río, cuando sicarios de Jalisco abandonaron dos camionetas llenas de cadáveres de presuntos enemigos, 35 víctimas en total. Un mes después, aproximadamente, en dos casas de Boca del Río, aparecieron otras 28 víctimas. De manera paralela, en noviembre del 2011, en la localidad de Portezuelos, en Manlio Fabio Altamirano, las autoridades encontraron otra fosa con 26 víctimas, supuestamente una venganza de Los Zetas.

Ahora que Bermúdez renuncia a la SSP, después del escándalo de su fortuna, deja a Veracruz en segundo lugar nacional en denuncias por secuestros, indica el SNSP, que están integrados por estadísticas aportadas por la Fiscalía general. El dato más relevante del último reporte, actualizado de Enero del 2016 a junio pasado, es que Veracruz, con 62 casos, le quitó el segundo sitio nacional en secuestros a Tamaulipas, que reportó 57; en tercer lugar, figura Guerrero, con 43 secuestros; el primer sitio sigue siendo para el estado de México con 134 denuncias.

A nivel nacional, el SNSP indica que de enero a junio de 2016, en México se han denunciado 621 secuestros, esto quiere decir que en Veracruz se comete el 10% de los secuestros que se denuncian a nivel nacional. En términos generales, en Veracruz el secuestro se incrementó entre 2010 (17 casos) y 2016 (62 casos) en 37 por ciento.

El secretariado indica que en enero, para Veracruz, se denunciaron 10 casos de privación ilegal de la libertad, en febrero, 9; en marzo, 12; en abril, 10; en mayo, 9; y en junio, 12, y es en este periodo, los últimos meses de Javier Duarte en el poder, cuando este delito se ha disparado en un 22.5 por ciento en contraste con el mismo periodo del 2015.

Los informes actualizados del SNSP también expresan un incremento en los homicidios dolosos, y si de enero a junio de 2015 se informó sobre 221 denuncias de este tipo, para el mismo periodo, de 2016, son 405 personas asesinadas con todas las agravantes de la ley en Veracruz.

Esto es igual a 184 homicidios más en el mismo periodo en contraste con el 2015 y 2016, lo que habla de un incremento del 45 por ciento en las denuncias por homicidios dolosos, que en su mayoría son ajustes de cuentas.
Con estos datos, Veracruz estaría aportando el 4% de las denuncias por homicidios registradas en el conteo nacional, y en este rubro, otra vez, Veracruz supera a Tamaulipas, que registró 279 casos.

A nivel nacional, son 10 mil 301 denuncias por homicidios dolosos, los estados más violentos son Estado de México, con mil 133 denuncias; Guerrero mil 52; Jalisco, 611; Chihuahua, 595; Michoacán, 584; Baja California, 543; Sinaloa, 524; Guanajuato, 506; Distrito Federal, 477; Veracruz, 475; Tamaulipas, 402 y Oaxaca, 371.

En lo municipal, la ciudad de Córdoba es la más violenta, con 30 homicidios entre enero y junio de 2016; la segunda, Veracruz, con 24 homicidios dolosos; la tercera, Coatzacoalcos, 21; Xalapa, 21; Poza Rica, 21; Papantla, 19; Tihuatlán, 17; Minatitán, 15; Tierra Blanca, 11; y Boca del Río, 10, en esa última seis elementos de tránsito municipal resultaron privados de su libertad entre el jueves y sábado, aunque regresaron con bien a sus casas.

Y aunque voces como la del senador Fernando Yunes Márquez hablan de “maquillaje” de las cifras de violencia reportadas a la Federación, los datos existentes evidencian el fracaso de Bermúdez como gestor de la seguridad pública en la entidad veracruzana, pero el “Capitán Tormenta” insiste en haber triunfado, así lo dejó patente en una carta difundida horas después de dejar el despacho en manos de José Nabor Nava Holguín:
“Estoy orgulloso de lo que he podido aportar a favor de la Policía Estatal de Veracruz. Hoy, una Institución digna, fuerte y sólida que se sostiene del trabajo y compromiso de hombres y mujeres que se formaron bajo un Nuevo Modelo Policial que los obliga a actuar con determinación, valentía y lealtad a la sociedad”.


LA SSP, QUEBRADA

Licenciado en Ciencias Administrativas por la Escuela Comercial Bancaria, Arturo Bermúdez dejó la SSP con una deuda de mil 450 millones de pesos a contratistas y proveedores, consta en el anexo de empresas aprobadas por el Congreso Local para recibir recursos públicos que liquiden sus pasivos con el Ejecutivo. No le pagó a concesionarios que vendieron unidades para patrullas, a empresas que ofrecieron servicios para preparación de alimentos en penales, menos a quienes rentaron instalaciones para montar comandancias y cuarteles temporales.

En contraste, si a una dependencia le incrementó Duarte los recursos, fue a la SSP, a la que también se le anexó el control de las cárceles y de Tránsito del Estado, volviéndola en una súper secretaría.
Así, la Ley de Egresos del 2011 dice que la Secretaria de Seguridad Pública ejerció ese año mil 450 millones de pesos. Para el 2016, contó con un presupuesto de 3 mil 615 millones de pesos, es decir, un incremento de 150 por ciento, lo que es igual a un estimado de 2 mil 165 millones más.

No obstante, la queja más reiterada de los alcaldes veracruzanos en materia de seguridad es la inoperancia de los cuerpos de prevención del delito. Tan sólo en Coatzacoalcos, operan unas 60 cámaras de videovigilancia, pero ninguna ha sido útil para revolver homicidios pues no están conectadas; las patrullas pasan largas horas estacionadas en el mismo sitio y a los oficiales se les ve recorriendo las calles a pie, o tirados a la sombra tomando refresco o mandando mensajes por redes sociales.

Sin embargo, la Cuenta Pública 2015, indica que más del 60 por ciento del presupuesto, se destina a servicios personales, lo que incluye nómina. En 2015, se emplearon 2 mil 805 millones de pesos para pago de servicios personales, eso es un incremento del 14 por ciento en contraste con el 2014, es decir, en 12 meses, la nómina de la SSP se elevó en 409 millones de pesos, lo que no se tradujo en disminución de la violencia en territorio veracruzano o de acciones para la prevención del delito.

Pero el extitular de la SSP se marcha del cargo con una estela de señalamientos de ser dueño de un conglomerado de empresas en la ciudad de México, desde hoteles, restaurantes, bares, empresas de seguridad privada, preparación de alimentos y toda clase de servicios, hasta autolavados, lavanderías y una cadena de estéticas, según el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares. El último escándalo, y el cual derivó en su precipitada renuncia, las mansiones detectadas por el equipo de investigación de Aristegui Noticias en Texas, las cuales Bermúdez reconoció como de su propiedad. En sus denuncias ante la PGR y la Fiscalía, Yunes Linares pone a Bermúdez como cabeza de una estructura de lavado de recursos provenientes del erario público y de la delincuencia organizada.

En un video difundido en blogs de noticias sobre narco, retomado por diarios locales, el supuesto grupo Jarochos Unidos graba la confesión de José Armando Juárez Ramírez, quien era comandante de la base de la Policía Estatal en La Antigua-Cardel, y que antes de ser asesinado, señala al mando de la SSP de participar de diversos negocios ilícitos con grupos delincuenciales. El cadáver de este policía, apareció en la carretera Estatal Soledad de Doblado-Huatusco, cerca de Paso Lagartos. El gobierno de Duarte no inició ninguna investigación contra Bermúdez a su salida, meses antes, por el reclamo de empresarios para que lo echara del gabinete por la desbordante inseguridad, el gobernador aseguró que si Arturo se iba, él también, pero ni eso cumplió.

En la Cuenta Pública 2014, la Auditoria Superior de la Federación manda dos pliegos de observaciones a la SSP de Veracruz, el 14-A-30000-14-0794-06-001 y 14-A-30000-14-0928-06-001 por 350 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y el Subsidio para las entidades federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, dinero que no llegó a su destino, sacado de las cuentas creadas para su dispersión y recursos para proveedores a quienes no se pagó.


POLICÍA CUESTIONADA

En 2011 se conforma el colectivo por la Paz en Xalapa, el primer referente de agrupación de víctimas del delito organizadas para emprender acciones legales y colectivas para garantizar el acceso a la justicia. Se agremiaron académicos, defensores de los derechos humanos, madres de personas denunciadas como desaparecidas y víctimas de la violencia. Sus hechos comenzaron a hacer visible el dolor y la angustia de quienes pierden a un hijo víctima de secuestros o de privaciones ilegales de la libertad toleradas por la indolencia gubernamental, y comenzaron a marcar una parte de la agenda del gobierno de Veracruz.

Al paso del sexenio de Duarte, el fenómeno de la desaparición, no paró, incluso, se incrementó y eso dio pie a la conformación de más colectivos que siguieron el ejemplo de lucha del Colectivo por la Paz, así, hoy hay madres organizadas en Veracruz puerto, en Orizaba, en Huatusco, en Córdoba, en Xalapa y en Coatzacoalcos. En muchos de los casos tutelados, se menciona a policías estatales como los autores del delito.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas señala 502 personas desaparecidas en Veracruz entre 2014 y junio del 2016, aunque Aracely Salcedo, integrante y promotora de la Brigada de Búsqueda en la zona centro, estima que son unas 15 mil las personas desaparecidas en este gobierno, aunque sus familiares “no denuncian por miedo” y Blogexpediente lleva un recuento periodístico de al menos 160 casos de personas que han sido víctimas de desaparición forzada durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Todo este panorama apunta a la participación de la policía en alianza con delincuentes, y así lo plantearon integrantes del colectivo El Solecito en un documento entregado al fiscal Luis Ángel Bravo Contreras el pasado 25 de enero de 2015, días después del escándalo por la sustracción de cinco jóvenes de Playa Vicente en Tierra blanca, y por lo que ocho elementos de la SSP están bajo proceso como presuntos responsables de desaparición forzada. Las madres de El Solecito “vemos intervención directa de Javier Duarte de Ochoa y Arturo Bermúdez Zurita en las desapariciones de nuestros familiares”, ellos dos “permiten una policía integrada por delincuentes”. Por eso “exigimos la inmediata renuncia de Javier Duarte de Ochoa y de Arturo Bermúdez, quienes han permito que Veracruz se convierta en un estado donde la policía está al acecho secuestrando a nuestros hijos y entregándolos a las células de los delincuentes en donde está claro que ellos son las cabezas”.

Estas organizaciones, en los últimos meses, han reiterado el señalamiento de que la policía veracruzana hoy es una institución desacreditada y bajo sospecha de que sus mandos están en alianza con los grupos delincuenciales. En marzo pasado, Causa Común, de María Elena Morena, reveló que el 35 por ciento de los uniformados estatales que efectúan labores operativas no aprobaron estos controles de confianza, mientras que el 37 por ciento de sus mandos tampoco acreditaron las pruebas, y eso convertía a Veracruz en la entidad con más elementos reprobados y en activo. Un mes antes, el diario Reforma, indicó que eran 186 los oficiales veracruzanos que en cinco años habían sido consignados por presuntos nexos con la delincuencia.

“Veracruz lo que sí hizo bien, fue su Escuela de Policía la cual tiene un buen nivel académico, los policías salen bien preparados, pero tú imagínate estos muchachitos que salen bien preparados para que después tengan un mando que sea un criminal. Porque lo que estamos viendo en Veracruz, es que gran parte de la policía son criminales con placa, entonces imagínate la gravedad, tú preparas chavos para que después les toque un mando criminal y los haga una banda de criminales”, matizó María Elena Morera.

De la serie de abusos documentados por uniformados, el caso que ha llegado más lejos ante una instancia, es el del joven cantante Gibrán Martiz y dos de sus amigos, quienes habrían sido sustraídos por elementos de la SSP en Xalapa, quienes después simularon su muerte en un enfrentamiento con delincuentes en el camino a Huatusco, en enero del 2014. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos endilgó así a Veracruz su primer recomendación por desaparición forzada, en el expediente 014/2015, donde constan numerosos atropellos cometidos por jenízaros y personal de la Fiscalía General de Luis Ángel Bravo Contreras, quienes manipularon procedimientos forenses para ocultar evidencia.

Y pese al escándalo de Tierra Blanca y Papantla –sendos jóvenes entregados por policías a la delincuencia- las acciones bajo sospecha de los cuerpos de la SSP, no pararon.

El 20 de mayo pasado, un operativo de la Fuerza Civil realizado para neutralizar una célula de delincuentes en Coatzacoalcos, quedó evidenciado por el testimonio de Lorena Javier Arias, madre del abogado Jorge Álvarez Javier, de 29 años de edad, quien fue presentado como miembro de la delincuencia con otros sujetos que fueron abatidos por la Fuerza Civil en la carretera estatal a Barrillas.

En el mismo sitio donde Roberto González Meza, director de la Fuerza Civil, daba rueda de prensa sobre los resultados de sus elementos, la mamá del licenciado Álvarez acusaba que todo había sido un montaje, pues al joven lo habían sustraído horas antes de su casa, en Sector Popular, y a punta de golpes lo subieron a vehículos oficiales y se lo llevaron sin rumbo.

La mujer le recriminó al mando “quiero a mi hijo, se lo llevaron los de la Fuerza Civil, fueron varios, yo los vi, desde un día antes ya lo estaban esperando afuera de mi casa”. Meses antes, la policía veracruzana participó de otro operativo en Coatzacoalcos, varios delincuentes perdieron la vida en el supuesto enfrentamiento en el basurero de Las Matas, entre ellos Jonathan Guillén Gómez, de 23 años, reportado como víctima de sustracción violenta de su casa en el puerto horas antes; sin embargo, en ese supuesto enfrentamiento, en la noche, él apareció con otras personas como parte de un grupo de agresores.


Para José Alfredo Zavaleta Betancourt, del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la UV, “en un régimen político moderno” no debe tolerar a una policía que cargue señalada de abusar de los derechos humanos, menos una ineficiente en prevención del delito. “No puede permitirse que la policía funcione de esa forma”, y en su punto de vista, en este contexto, es urgente “analizar los índices de letalidad en enfrentamientos en los cuales participan las policías preventivas junto con las fuerzas federales para saber si como acontece en otros estados del país en el nuestro puede hablarse de un patrón sistemático de violencia extrajudicial justificada como guerra contra la delincuencia organizada o aún se trata de casos no generalizables”.

FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN/IGNACIO CARVAJAL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-08-2016/3077526