CIUDAD DE MÉXICO: Como era de esperarse en un país con un historial atroz en materia de derechos humanos, los avances en la investigación sobre el caso Ayotzinapa han llegado a punto muerto.
“Y la descarada negación del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre lo ocurrido a los normalistas está tan profundamente arraigada que el presidente ya no se atreve a pronunciar en público la palabra”.
Así lo señala la organización Amnistía Internacional (AI) en un comunicado difundido este jueves, donde detalla que a dos años de la desaparaición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la tragedia se ha convertido en una mancha tal para el gobierno de Peña “que es ya sinónimo del temerario enfoque de las autoridades mexicanas a los derechos humanos en el país, en el que los responsables de crímenes como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas rara vez responden ante los tribunales”.
Destaca que el catálogo de fallas en el modo en que se gestiona el caso Ayotzinapa es tan largo, que resulta increíble.
Y recuerda que seis meses después de la desaparición forzada de los estudiantes, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dio públicamente una explicación oficial sobre lo que las autoridades creían que había ocurrido. La llamada “verdad histórica” que aseguraba que los estudiantes habían sido asesinados por un poderoso cártel de la droga y que luego habían quemado los cadáveres en un basurero.
Transcurrido un año y después de dos informes condenatorios del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señalaban todo un catálogo de fallas de las autoridades en la forma en que habían hecho las investigaciones, los especialistas fueron invitados a marcharse del país porque “al gobierno de Peña Nieto no le gustó que lo hubieran avergonzado internacionalmente”.
En su comunicado, AI sostiene que cuando la presión internacional disminuyó y la atención del mundo pasó a otra parte, se levantó la presión que pesaba sobre el gobierno de Peña Nieto.
Nunca se hizo un seguimiento de los informes según los cuales decenas de detenidos por su implicación en las desapariciones habían sido torturados para que “confesaran”.
Resalta, asimismo, que el GIEI reveló que Tomás Zerón de Lucio, el funcionario que había estado a cargo de la investigación, había manipulado la escena del crimen en un intento de demostrar que un trozo de hueso perteneciente a uno de los estudiantes había sido hallado a orillas de un río local a finales de octubre de 2014, y “este hecho escandaloso también ha quedado impune”.
Añade: “La desaparición de estos 43 jóvenes es emblemática de todo lo que es injusto en México. Los derechos humanos no son más que una ilusión para los miles de hombres, mujeres, niños y niñas que cada año son víctimas de tortura, asesinato y desaparición y que seguirán siéndolo mientras las autoridades insisten en decir que todo va bien”.
Las historias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, apunta, son un recordatorio de los más de 28 mil hombres, mujeres, niños y niñas que han desaparecido en todo México en el último decenio, la mayoría de ellos desde que peña Nieto tomó posesión de su cargo en 2012.
“Son un recordatorio de la medida en que se tortura habitualmente a las personas para que ‘confiesen’ delitos que no han cometido, en un vil intento de mostrar que el gobierno está haciendo algo contra las brutales bandas delictivas que aterrorizan el país”.
El gobierno de Peña Nieto, dice AI, parece confiar en la memoria cortoplacista de México y espera que la gente se olvide de los 43 estudiantes, como se han olvidado muchas otras violaciones de derechos humanos que ha presenciado durante décadas este país.
“Pero no cuenta con que hay millones de personas en el país y en todo el mundo que están hartas de promesas vacías”.
Y advierte: “Seguiremos luchando codo con codo con todos los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones que no renuncian a la esperanza de hacer que las autoridades mexicanas rindan cuentas y garantizar que cumplen sus obligaciones internacionales de proteger los derechos humanos”.
Remata: “Se ha acabado el tiempo para las maniobras políticas. Los familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa no abandonarán su lucha hasta que logren verdad y justicia para sus hijos”.
