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Pide Candil moche de 150 mil pesos a regidor de Morena

Al estilo de los políticos de siempre, Sergio Mujica Barreto, mejor conocido como el Candil, ex candidato a la alcaldía de Yautepec por Morena, exige moche al actual regidor por este partido político, Jesús Damián Celón Lázaro por la cantidad de 150 mil pesos por supuestos gastos de campaña en el 2015.

A través de las redes sociales Mujica Barreto desató su furia y descontento con el actual regidor, al calificarlo de ratero, desatando una gran polémica.

Ante esto, Celón Lázaro desmintió el supuesto adeudo que refiere El Candil y pidió al ex candidato explicar los señalamientos que realiza en su contra. “Él me dice que le he robado, pero le pregunto qué le he robado”, declaró.

Respecto al supuesto pagaré que tiene en su poder El Candil firmado por el regidor de Morena para cubrir los gastos que se realizaron durante la campaña política en el 2015, el concejal pidió que en caso de que El Candil tenga en su poder el documento, proceda de manera legal.

“Yo le pregunto, de qué le debo 150 mil pesos, acaso también pide moches como todos los candidatos que no llegan a la presidencia y que su manera de subsistir es pidiéndole a los regidores”, aseveró.

Jesús Damián aseguró no hacer realizado ningún acuerdo político con Sergio Mujica, al decir que el único acuerdo es con la población.

Enfatizó que durante su gestión como regidor de Morena es trabajar por el bienestar de la población y como prueba de ello dijo haber rendido un informe de sus actividades en el poblado de Cocoyoc.

Añadió que el Candil surgió en el Partido Acción Nacional, partido por el cual ya fue candidato, al igual que con Morena y perdió en las dos ocasiones, por lo que refirió que sus derrotas ya no lo hacen rentable como candidato para las próximas elecciones del 2018.

El regidor de Morena pidió madurez política a Sergio Mujica, al asegurar que no existe necesidad de llegar a los dimes y diretes.


La deuda habría sido contratada verbalmente entre el alcalde y el primer regidor durante la campaña política, según declaraciones de El candil.

FUENTE: INTERDIARIO.
FECHA: 9 SEPTIEMBRE 2016.
LINK: http://www.interdiario.mx/yautepec/pide-candil-moche-de-150-mil-pesos-a-regidor-de-morena/

PGR investigará homicidio de juez federal en Edomex

Ciudad de México. La procuradora general de la República, Arely Gómez González dio a conocer que “en atención a la instrucción del presidente” Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) atraerá la investigación del homicidio del juez federal, Vicente Antonio Bermúdez.

A través de su cuenta de tuiter, Gómez González escribió su mensaje a las 14:28 horas, después de que el ejecutivo federal anunciara que le había ordenado a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer las investigaciones sobre el caso.


“He dado indicaciones a la procuradora general de la República para que atraiga este asunto, se realicen las investigaciones correspondientes y se pueda dar con los responsables de este muy lamentable hecho”, ocurrido la mañana de este lunes en el municipio de Metepec, Estado de México, indicó Peña al inaugurar la Reunión Anual de la Unión Internacional de Magistrados en la ciudad de México.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/17/pgr-investigara-homicidio-de-juez-federal-de-edomex

Ordena Peña a la PGR atraer caso del juez asesinado

Ciudad de México. El el marco de la inauguración de la 59 Reunión Anual de la Unión Internacional de Magistrados, el presidente Enrique Peña Nieto condenó el atentado contra el juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, registrado esta mañana en el Estado de México.


Dio a conocer que de inmediato ha dado instrucciones a la Procuraduría General de la República para que se atraiga el homicidio y se realicen las investigaciones correspondientes que permitan dar con los responsables de este lamentable hecho.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALONSO URRUTIA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/17/ordena-pena-a-la-pgr-atraiga-caso-del-juez-asesinado

Los megaproyectos rompen el tejido social, la historia y la identidad de los pueblos: defensores del territorio

La defensa del territorio ante proyectos mineros, presas, inmobiliarias, represas, tala de bosques, entre otros, convocó a 180 pueblos, comunidades y barrios, organizaciones y movimientos de 17 estados del país a unir esfuerzos, coordinar y visibilizar las luchas en defensa del territorio.

La tribu yaqui, la comunidad indígena purépecha de Cherán Keri, los defensores del Territorio Comcaac, El Frente de Pueblos en defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, la Asamblea de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, son algunos de los pueblos que con otros movimientos han identificado 91 conflictos en defensa del territorio a nivel nacional.

“Los grandes empresarios y gobiernos atentan contra los recursos naturales o buscan obligar a las comunidades a ceder su territorio. Usando métodos como la simulación de asambleas y la imposición de megaproyectos se pretenden imponer proyectos comerciales o inmobiliarios en el territorio de los pueblos. Muchos hemos dado la batalla por varios años pero el problema aumenta, la situación se complica y por eso tomamos la decisión de unir esfuerzos”, advierte a Desinformémonos, Gustavo López, integrante de la Asamblea de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán.

La alianza de pueblos que integra también al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), a la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, al Pueblo Náyeri, al Frente de Pueblos del Anáhuac, el Movimiento del Vida y el Territorio (MOVITE, Chiapas), el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde en Oaxaca y a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, documentó los conflictos directos de los pueblos con empresas y gobiernos que implementan proyectos depredadores; 34% proyectos de generación de energía; 32% minas y mineras; 15% privatización del agua; 12% infraestructura transporte; 11% urbanización, entre otros.

A través de pronunciamientos, foros comunitarios y universitarios, talleres comunitarios, recorridos por las comunidades, protestas y marchas en diversas regiones del país y videos, representantes de los pueblos visibilizan “el despojo de los procesos extractivos como la minería, los megaproyectos de infraestructura, la agroindustria y la urbanización salvaje”.

Acuerpados en la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra que inició el 10 de abril de este año y que culminará su primera etapa el 20 de noviembre próximo, pueblos, comunidades y barrios, luchan contra “las lógicas de depredación natural y el despojo social que el mercado y las inversiones realizan sobre los territorios”.


Aquí el avance del video Hablan los pueblos y los barrios, el cual se hará público este 17 de octubre a las 18:00 Hrs. vía internet y redes sociales y se presentará en diversas comunidades en los próximos días.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/los-megaproyectos-rompen-el-tejido-social-la-historia-y-la-identidad-de-los-pueblos-defensores-del-territorio/

“El Estado debe trabajar en la progresividad y no en el retroceso de los derechos humanos”: RedTDT

“La discriminación, la homofobia y la descalificación ponen en riesgo la libre expresión y coartan la vigencia del Estado laico”, afirma la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), a través de un pronunciamiento realizado en el marco de su LIII Asamblea Ordinaria, que tuvo lugar en la Ciudad de México.

Las 80 organizaciones que conforman la RedTDT manifestaron su preocupación “por la pretensión de algunos sectores de la población a impulsar políticas regresivas en esta materia de derechos humanos y que se han manifestado públicamente en torno a la progresividad en los derechos que se han consolidado para las personas con orientación o preferencia sexual distinta a la heterosexual”.

La Red TDT hizo un llamado por el  respeto a la diversidad y la garantía de los derechos humanos a las poblaciones LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexual, transgénero, travesti e intersexual) y advirtió que “bajo ninguna circunstancia el Estado debe normar los principios, creencias o decisiones de las personas. El Estado laico es el marco que permite que todas las personas puedan ejercer sus libertades de manera responsable”, afirma la organización no gubernamental.

Asimismo la RedTDT manifiestó su rechazo a las descalificaciones que desde grupos de interés económico contra personas y colectivos defensores de derechos humanos los derechos humanos principalmente, quienes defienden los derechos socioambientales y recordó que “la vigencia de los derechos humanos para todas las personas, no está sujeta a aprobación por parte de grupos específicos de la población”.


La Red conformada por organizaciones de diversas partes del país aseguró que la progresividad de los derechos humanos y la diversidad de prácticas sociales “buscan generar un ambiente de concordia en el que las diferencias tengan espacio de expresión en un marco de respeto y autonomía para los individuos y colectividades, por lo que se mantendrán al tanto de políticas regresivas que pudieran impulsarse y violentar los derechos de las personas en México.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/el-estado-debe-trabajar-en-la-progresividad-y-no-en-el-retroceso-de-los-derechos-humanos-redtdt/

“El feminicidio es un problema grave no una bandera electoral”: feministas

El 28 de julio de 2015 el Gobierno Federal declaró en el Estado de México la primer alerta de género en el país. La segunda fue declarada el 10 de agosto en Morelos, le siguieron Jalisco y Michoacán. Si bien el objetivo de dichas alertas es implementar las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la realidad es otra.

“Los asesinatos contra las mujeres son una constante en este sexenio, vivimos una realidad dramática que va aparejada con la impunidad y normalización de la violencia hacia las mujeres. Su vida y su seguridad no son prioridad ni está en la agenda de los gobiernos estatales ni federales”, afirma a Desinformémonos Ana María Hernández de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.

A la fecha la organización feminista documentó en Oaxaca 515 feminicidios en el gobierno de Gabino Cué. En este 2016 la organización ha documentado el feminicidio de 90 mujeres de entre 11 y 25 años. Dos de cada uno fue realizado  con armas de fuego lo cual “evidencia un descontrol control sobre las armas y la presencia de narcotráfico, en algunas regiones como Juchitán”.

A pesar de la llegada de los juicios adversariales, para la activista “el poder legislativo ha sido omiso, las familias tienen que padecer mucho para poder acceder a la justicia y a pesar de que existen lineamientos para juzgar con perspectiva de género, esto no es así. Por otra parte, la alerta de género que reconoce la existencia de violencia feminicida en territorio específicos del país y que se prevé en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la fecha carece de implementación en los estados en los que se decretó, ha sido politizada y obstaculizada por los propios partidos políticos, los gobiernos estatales y federales”.

En el caso de Morelos, Juliana Quintanilla de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en el estado de Morelos, estado que recientemente cumplió un año con la alerta de género, afirma que “las propias autoridades estatales la descalifican y no se ha creado el banco de datos a nivel nacional que pueda documentar patrones que ayuden a prevenir la violencia contra las mujeres. Esta responsabilidad está a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y a la fecha no hay nada”.

En cuanto a las medidas a implementar, continúa Juliana Quintanilla, no se ha eliminado la práctica recurrente de algunos medios de comunicación que en sus espacios revictimizan a las mujeres violentamente asesinadas; la Secretaría de la Seguridad Pública no ha garantizado estructura adecuada como cámaras o la presencia de elementos de seguridad en espacios solitarios por dónde las mujeres transitan continuamente; y la Fiscalía no implementó como práctica que desde el momento en que se encuentre el cuerpo de una mujer asesinada  se abra una carpeta de investigación por feminicidio”.

En el caso de Puebla organizaciones civiles, colectivos feministas y universidades han documentado 68 feminicidios en este año; así como el incremento en las desapariciones de niñas y jóvenes. “Algunos son realizados por sus propias parejas, en sus casas o cuando fracasa un intento de trata. La violencia contra las mujeres se agudizó en este sexenio y crece en la medida que se acentúa la descomposición social en los estados vecinos el Estado de México, Veracruz y Tlaxcala, compartimos con ellos un corredor de violencia. Crece el número de asesinatos violentos pero las autoridades los tratan de encajonar en violencia pasional o casos aislados, dijo a Desinformémonos Alejandra López García, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el cual se sumará también al paro nacional contra los feminicidios en México, emprenderá otras acciones de cara al 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. María de la Luz Estrada Estrada, Coordinadora del Área de Violencia de Género de Católicas por el Derecho a Decidir y es fundadora y Coordinadora Ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, asegura que “el feminicidio es una problema estructural por lo que la solución tiene que ser como tal, sin embargo las alertas de género, las cuales fueron impulsadas por el movimiento de mujeres en México, son limitadas y su implementación no se concreta y la impunidad prevalece”.


El llamado al paro nacional contra los feminicidios, fue también un resolutivo del encuentro feminista celebrado este año en el Estado de México, busca que hombres y mujeres se organicen de manera individual o colectiva y se sumen, desde la difusión del paro nacional contra los Feminicidios, la emisión de pronunciamientos al respecto, acciones en las plazas públicas y  la exigencia a las autoridades de ir al fondo del problema. Activistas defensoras de los derechos de las mujeres hacen el llamado para que la población en general y los sindicatos, hagan falta solidaria y se sumen a este reclamo nacional.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ATZIRI ÁVILA.
LINK: https://desinformemonos.org/el-feminicidio-es-un-problema-grave-no-una-bandera-electoral-feministas/

Bajamar, entre puestas de sol y una bomba de tiempo

Desconocen pobladores riesgos y plan de contingencia de gasera. Después de instalar su planta, filial de Sempra Energy inicia consulta sobre impacto social requerida por Sener. El proyecto, rechazado en EU.

Ensenada, BC: Desde las casas de Bajamar el paisaje marino es espectacular. El tono plateado durante las puestas de sol hizo de esta franja costera un corredor turístico. Así estaba considerado en la ley, desde Tijuana hasta Ensenada.

Hoy, algunos de los que compraron una casa cerca del polígono conocido como Costa Azul, no sólo miran el mar, sino dos enormes contenedores de gas.

Martha Castellanos, presidenta de la Asociación de Usuarios del Complejo Turístico Costa Bajamar AC, está indignada. Hace un par de meses la gasera Energía Costa Azul (ECA), propiedad de IEnova, filial de la estadunidense Sempra Energy, envió a Manuel Morales Mercado, representante de la empresa Environmental Resources Management (ERM), para escuchar sus opiniones sobre la planta porque necesita presentar un estudio de impacto social a fin de obtener un permiso de la Secretaría de Energía (Sener) y reconvertir sus procesos industriales.

IEnova intentó convertir esa planta en uno de los principales puntos de exportación: importaría gas licuado por mar y luego lo llevaría por un gasoducto a Estados Unidos. El esquema no funcionó porque a medio camino se aumentó la oferta de gas natural en ese país gracias a la explotación de gas de lutitas por medio de fractura hidráulica. Ahora planea invertir el proceso: recibirá gas del vecino país, lo licuará en las instalaciones de ECA y lo exportará por barco u otros medios.

Es casi un insulto que los manden después de que Sempra y el gobierno ya hicieron todo lo que han querido, soltó durante la reunión con Morales Mercado uno de los residentes de Bajamar, desarrollo habitacional de 700 viviendas que es el más cercano a la planta.

No hay quién nos compre

Los vecinos le recordaron que desde el principio se opusieron a la planta porque “es un peligro latente y no sabemos qué hacer si algo pasa en esos tanques.

¿Puedo esperar que sólo revienten los cristales de mi casa o que se queme? Nunca nos ha explicado cuáles son los riesgos de lo que procesa. Su discurso ha sido que con cumple todas las medidas de seguridad, pero ¿quién lo ha verificado? ¿Dónde está el dictamen de un tercero?

Castellanos reprochó: No conocemos un plan de evacuación en caso de siniestro, o qué pasaría con nosotros si queda bloqueada la carretera escénica, nuestra única salida.


Los colonos preguntaron al representante de ERM qué es el estudio de impacto social, y cuando les explicó que se trataba de recabar las opiniones y preocupaciones de los lugareños sobre la planta –en este caso por su reconversión–, uno de los vecinos dijo con ironía: Esta junta llega un poco tarde.

Relató que residía en California y compró una casa en esta zona de Ensenada para retirarse con tranquilidad. Ahora no sabemos cuál es nuestro futuro. Hemos visto los accidentes de Sempra en California, y aunque queremos vender para ir a un lugar seguro, no hay quién nos compre. Tu vida está en riesgo las 24 horas del día.

Después de la instalación de Sempra, en 2003, el gobierno autorizó otros proyectos que nada tienen que ver con turismo: Z Gas, un complejo que mueve y almacena gas licuado de petróleo, y actualmente se construye una planta de la Comisión Federal de Electricidad. Es como tener la gasolina, la mecha y el cerillo juntos: una planta licuadora de gas, una expendedora y una chispa. ¿Y qué nos separa? Un cerco de púas, subraya Martha Castellanos.

El complejo habitacional y turístico Bajamar fue aprobado en 1974, con la posibilidad de extenderse hasta en 650 hectáreas. Sin embargo, en 2003 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó a Sempra instalar su planta a un costado; hoy está modificando el proyecto original y los vecinos aseguran que, una vez más, está pasando sobre sus derechos con un estudio de impacto social a la medida.

Rodolfo Mellado, otro residente, preguntó al enviado de Sempra qué valor tiene su estudio, pues la empresa ha reducido cada vez que quiere la zona de amortiguamiento, y si alguien estuviera interesado en comprar en esa área, las casas estarían a 500 metros de la alambrada de Sempra.

También recordó que la compañía estadunidense nunca construyó la barda de retención que ofreció y tampoco las obras para paliar el impacto visual de sus tanques.

Los habitantes de Bajamar recriminaron al enviado que la planta se está haciendo en la zona de amortiguamiento, a costa de quienes viven o tienen terrenos a su alrededor.

Todas son tierras muertas. ¿Qué hacemos con ellas? No se puede construir. ¿Quién quiere vivir o pretender descansar junto a una bomba de tiempo? Esta planta no la pudieron construir en Estados Unidos porque Sempra no hace las cosas bien, expresó uno de los colonos.

Agregaron que tampoco saben qué ocurre con el agua que se usa en la planta y en qué condiciones se vierte al mar.

Recordaron que cada vez que han intentado plantear sus inquietudes a la empresa, ésta envía a sus abogados.


Es muy difícil tratar con una empresa que primero vino, construyó sus tanques y consiguió que el gobierno le hiciera un traje legal a la medida, se quejó uno de los lugareños.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MIREYA CUÉÑLLAR.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/10/17/estados/029n1est

La Marina, a cargo de la seguridad en Coatzacoalcos

Xalapa, Ver. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que a partir de este lunes, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) se hará cargo de la seguridad y vigilancia en Coatzacoalcos, municipio ubicado al sur de la entidad.

Interrogado sobre por qué se tardó tanto el gobierno federal en atender este problema, dijo que –aunque había presencia de la Marina y el Ejercito en el sur de Veracruz– la Federación no había podido intervenir de lleno en la estrategia de combate a las bandas delictivas, porque “no había condiciones políticas”.

“Para que la coordinación surja y dé resultados tiene que haber condiciones políticas, por eso nosotros estamos haciendo el llamado a la cordura, a entender que ya pasó el proceso electoral, que sí alguien tiene que ver con algún tema del ejercicio personal en la administración pública, que lo enfrenta a la autoridad respectiva”, expuso.

“La ciudadanía no puede estar en este enfrentamiento de discursos, de posiciones que no ayudan a construir, para eso tenemos instituciones para que si hay alguna acción irregular, ahí se enfrenten”, planteó el funcionario federal.


Osorio Chong se pronunció por que haya una transición en buenos términos, y la Federación pueda seguir apoyando los esfuerzos, “nunca es tarde, debemos seguir por la ruta del entendimiento, a eso convocamos, y estaremos dando el apoyo y el respaldo que hemos dado hasta ahora”.





FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EIRINET GÓMEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/17/la-marina-a-cargo-de-la-seguridad-en-coatzacoalcos

Apicultores mayas acusan a Monsanto ante Tribunal de La Haya

Muerte de abejas, afectaciones en flora y fauna de la región, construcción de pozos ilegales de extracción y absorción de agua, perdida dramática de hectáreas de selvas, son algunas de las afectaciones que apicultores mayas de Hopelchén, Campeche denunciaron contra Monsanto frente al Tribunal de La Haya, el pasado 15 y 16 de octubre.

Angélica Ek  y Feliciano Ucán, representantes del pueblo maya, aseguraron que el cultivo de soya y maíz transgénico por parte de Monsanto utilizando herbicida glifosato “altera la producción y calidad de la miel, a los montes, abejas, la salud de los agricultores, nuestro modo de vida, cultura y tradiciones, la vinculación sagrada con la naturaleza y el buen vivir”, afirma en un comunicado la organización no gubernamental Equipo Indignación, con sede en Campeche.

Los apicultores denunciarán al Estado Mexicano por otorgar los permisos a la empresa Monsanto para la siembra comercial de soya transgénica con lo que se daña su ambiente y territorio.

A pesar de que en 2012 Angélica Ek y Feliciano Ucán junto con el Colectivo Apícola de los Chenes, organizaciones ambientalistas, defensoras de derechos humanos y comunidades mayas, tanto de Campeche como de Yucatán, presentaron diversos amparos contra el permiso otorgado por las autoridades mexicanas la práctica continúa.

A dicho Tribunal acudieron representantes de diversos pueblos, con el objetivo de “visibilizar las violaciones a los derechos humanos en comunidades indígenas derivado de los productos que Monsanto desarrolla y comercializa en México, y para que la empresa y las autoridades se responsabilicen por las violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio”.


Los argumentos y conclusiones legales de los testimonios de los apicultores mayas “podrán servir como material de prueba y alegatos en los procedimientos que se hayan presentado o pretendan presentarse en el ámbito nacional por las víctimas; el Tribunal resaltará la necesidad de cambiar la ley internacional de manera que las personas que sufran violaciones a sus derechos humanos por empresas como Monsanto, puedan recurrir a vías legales, a través de las que puedan reclamar reparaciones  por esas afectaciones; además apelará a la conciencia de la ciudadanía y de los políticos acerca de las malas prácticas que la empresa desarrolla  y su impacto sobre el medio ambiente sano, la salud de las personas, los peligros que conlleva el actual modelo agroindustrial basado en semillas transgénicas y  agroquímicos, ligado al derecho humano al agua y a la alimentación que se  ven vulnerados”  informan en el comunicado.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/apicultores-mayas-acusan-a-monsanto-ante-tribunal-de-la-haya/

Habrá paro nacional contra los feminicidios en México

El Paro Nacional contra los Feminicidios es convocado a través de redes sociales por activistas luego del asesinato de tres mujeres trans en menos de dos semanas, el incremento de los feminicidios en México y la impunidad en los casos.

A través de la convocatoria hacen un llamado para que el próximo 19 de octubre en los distintos estados del país se ocupen las plazas y espacios públicos para exigir el cese de los feminicidios y la violencia contra las mujeres; así como el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares.

El feminicidio de Paola ocurrido la madrugada del 30 de septiembre en la colonia Buenavista por un guardia de seguridad; el ataque en la casa de Itzel Durán que derivó en el asesinato de la joven de 19 años en Comitán, Chiapas el 8 de octubre y el feminicidio de la integrante de la Red de Jóvenes Trans, Alessa Flores, activista y trabajadora sexual encontrada muerta en un hotel de calzada de Tlalpan en la Ciudad de México el 13 de octubre con “indicios de estrangulamiento”, son algunos de los casos por los que hombres y mujeres se manifestarán.

Datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) arrojan que en la República Mexicana son asesinadas 7 mujeres al día. Muchas veces, a manos de sus propias parejas o familiares, y muchas otras, por personas no identificadas debido a la falta de resultados en las investigaciones.

El “Estudio de la implementación del tipo penal de Feminicidio en México: causas y consecuencias 2012-2013”, realizado por el OCNF, afirma que en 17 de los 31 estados donde está tipificado el delito, existen trabas que obstaculizan o hacen imposible su acreditación y para que desde un inicio las investigaciones se realicen por el delito de feminicidio; “es decir muchas veces el tipo penal cuenta con elementos subjetivos, se presta a las interpretaciones de los operadores jurídicos, etc. Como resultado de ello, de los 3,892 casos que fueron documentados por el OCNF entre el año 2012 y 2013, únicamente 613 (15.75%) fueron investigados como feminicidios”.

Por otra parte, si bien en estados con altos índices de feminicidios como Oaxaca, Chihuahua y Guanajuato, organizaciones sociales han solicitado la emisión de una alerta de género, está ha sido negada. De igual forme, en estados en los que se ha decretado como en Morelos o el Estado de México, la alerta de género de no es una garantía, ejemplo de ello son el feminicidio de una madre y su hija en Ecatepec, Estado de México ocurrido el sábado 15 de octubre.

El Paro Nacional contra los Feminicidios se une al Paro que se realizará también en Argentina luego del feminicidio de la jóven Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata, luego de que fue drogada con marihuana y cocaína, y violada sexualmente vía vaginal y anal.


El mismo 19 de octubre en México y Argentina se realizarán manifestaciones contra la violencia de género.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 16 OCTUBRE 2016.
LINK: https://desinformemonos.org/habra-paro-nacional-contra-los-feminicidios-en-mexico/

Ocho feminicidios en lo que va del año en Quintana Roo y “va al alza”: activista


La violencia contra mujeres en Quintana Roo “va al alza”, con Cancún y Playa del Carmen como lugares donde se registran más agresiones por cuestiones de género, afirmó Graciela Machuca Martínez, activista de la organización Maya Sin Fronteras.

Tan sólo en este año se dieron a conocer ocho feminicidios en el estado, mientras que entre 2006 y 2014 desaparecieron 51 niñas y adolescentes, de las cuales 45 fueron víctimas en Benito Juárez, cabecera municipal de Cancún, de acuerdo con los datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

La activista señaló que en Quintana Roo la legislación no contempla al feminicidio como delito, sino que los crímenes contra mujeres se catalogan como “pasionales, culposos o dolosos, por lo tanto no los investigan con perspectiva de género”.

Manchuca Martínez aseguró que grupos políticos y religiosos son los que no quieren que se active la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado, sin importar que varias organizaciones hayan solicitado su decreto ante el recrudecimiento de la violencia.

Por otra parte, denunció que no “hay un programa de gobierno encaminado a prevenir la violencia y protegernos”, por lo que las mujeres son vulnerables a nivel legal pues no existe una forma de protección contra los crímenes por cuestiones de género.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 15 OCTUBRE 2016.

Cherán “expulsó a delincuentes, políticos y policías”: BBC

El pueblo hoy puede presumir "que en el último año no ha habido asesinatos, secuestros o desapariciones".

Cherán es un pueblo de Michoacán que se levantó contra talamontes en abril 2011 y, como parte de la defensa de su territorio, acabó expulsando a policías, políticos y delincuentes.

Su historia es retratada por la BBC de Londres, que muestra cómo un grupo de mujeres se organizaron para defender el pueblo, “cansadas de los homicidios y secuestros que ya eran rutina, así como de los cobros de extorsión a pequeños negocios que hacían hombres enmascarados”.

El levantamiento comenzó la madrugada del 15 de abril de 2011. Entonces, “las mujeres bloquearon los camiones de los madereros y tomaron como rehenes a algunos de ellos”.

Posteriormente, “los políticos y la policía del pueblo fueron llevados rápidamente fuera de la localidad, pues las personas sospechaban que tenían arreglos con las redes criminales”, apunta la BBC.

“Los partidos políticos fueron prohibidos —y siguen estando— porque consideran que han causado división en la comunidad. Cada uno de los cuatro distritos de Cherán eligió a un representante para un concejo del pueblo”, agrega. 

Tras el levantamiento y el establecimiento de un nuevo orden, se establecieron puestos de control armados en las tres carreteras que llegan al poblado. Los mismos son vigilados “por miembros de la Ronda Comunitaria, una fuerza formada por hombres y mujeres de Cherán que detiene a cada vehículo para preguntar a sus ocupantes de dónde vienen y hacia dónde van”.

El medio señala que Cherán tiene su propio sistema de justicia para delitos menores, muchos de ellos relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Las sanciones incluyen multas y trabajos comunitarios, como recolectar basura.

En tanto, “las violaciones a la ley que son graves son remitidas a la fiscalía del estado, pero Cherán puede decir que en el último año no ha habido asesinatos, secuestros o desapariciones”.


En contraste, en el resto de Michoacán la violencia no tiene freno. Por ello, Cherán no sólo es visto como una excepción, sino como un ejemplo.

REPORTAJE.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1710/mexico/cheran-expulso-a-delincuentes-politicos-y-policias-bbc/

Yunes sospecha que Duarte salió de Veracruz

En tanto, un empresario confiesa que pagaba una tarjeta a la esposa del hoy gobernador con licencia.

Aunque prometió quedarse en Veracruz, el gobernador con licencia de ese estado, Javier Duarte, habría salido del estado, indicó el próximo mandatario, Miguel Ángel Yunes.

En entrevista para Óscar Mario Beteta en Radio Fórmula, se le preguntó sobre el paradero de Duarte de Ochoa, ante lo que el gobernador electo dijo tener información no confirmada que apunta a que ya no está en Xalapa, Veracruz, y a que se fue solo con su esposa. “Él dijo que iría a Puebla. No sé realmente donde esté”, refirió.

En más sobre el tema, la mañana de este lunes en Despierta de Televisa, se dio a conocer un video en el que habla el empresario Moisés Mansur -señalado como prestanombres de Duarte-, quien admite que dio una tarjeta de crédito a Karime Macías, la esposa del priista.

“La tarjeta en su momento cuando la usó sí la pagué, porque no había otra manera…”, confesó el empresario.

En el mismo sentido, la semana pasada en Aristegui Noticias, Yunes adelantó que el primero de diciembre daría a conocer información que “va a cimbrar a México, porque iremos a fondo y en serio, de qué fue lo que pasó en Veracruz, de qué nivel fue la corrupción, que ya más o menos se tiene una dimensión, quiénes fueron los beneficiarios de esa corrupción”.


Acusó que se usaron diversos mecanismos “desde los más sofistifcados hasta los más burdos”, para desviar recursos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1710/mexico/yunes-sospecha-que-duarte-salio-de-veracruz/

Blindaje para Javier Duarte

La maquinaria de impunidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI) está en marcha para proteger a su más preciado pez gordo: el Gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte.

No importa lo que se robó, no importan sus delitos, sus presuntos crímenes, no importa nada. Aquí lo que vale es lo que diga el presidente y si Enrique Peña Nieto dice que se le protege, se le protege, para eso están al servicio del partido, sus corruptas instituciones.

El caso de Javier Duarte es esperpéntico, pero también ilustrador. Exhibe en su real dimensión la impunidad total que cubre a los Gobernadores rateros. Existe toda una romería de ellos. En realidad no podríamos nombrar a un solo Gobernador que no haya robado. Todos tienen las manos manchadas de corrupción.

Y es que el PRI de Peña Nieto se ha convertido en una guarida donde caben todos, sin importar el partido. Desde Humberto Moreria, pasando por Roberto Borge, Yarrington, Rodrigo Medina, César Duarte, Carlos Romero Deschamps, Raúl y Carlos Salinas de Gortari, Arturo Montiel, Fidel Herrera, Jorge Emilio González Martínez, Carlos Hank Rhon, Rosario Robles, Genaro García Luna, Ángel Aguirre, Alejandra Sota, Andrés Granier, Guillermo Padrés, Luis Armando Reynoso, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa…. Y un largo etcétera.

A todos ellos les cubre el manto de impunidad priísta porque asistimos a la priisanización de los partidos. Todos son una mala copia corrupta del PRI. Y lo que verdaderamente importa es a ver quién roba más y quien goza de más impunidad.

Por lo pronto, la pantomima llamada Javier Duarte esta cubierta. El Gobernador con licencia dijo que dejaba el cargo por “amor” a Veracruz y para limpiar la “honorabilidad” de él y su familia corrupta utilizada como sus prestanombres para saquear del erario miles de millones de pesos.

No sabemos con exactitud cuanto dinero ha robado Duarte, pero la cifra puede superar los 50 mil millones de pesos. Tampoco sabemos si finalmente será enjuiciado, aunque todo indica que este vodevil va rumbo al 2018.

Duarte puede ser la tumba o la tabla salvavidas del PRI. Todo dependerá de cuánto dinero repartió a las arcas del partido y a los de arriba. Si la mancha de la corrupción se extiende a nivel federal, difícilmente la PGR actuará contra él y los suyos.

El Gobernador con licencia parece tener bien agarrados a los demás. La licencia que le otorgaron es una burla al estado de derecho, a la democracia a los veracruzanos. Y es también, una vergüenza para la procuradora Arely Gómez.

Pero dejémosles regodearse en el excremento de su sistema político y de justicia. Reflexionemos sobre este atroz panorama democrático entre comillas. ¿Qué vamos a hacer como sociedad civil para detener a estos hampones disfrazados de políticos? ¿Cómo vamos a retomar las riendas de nuestro país?

El desgobierno es tal, que a México le cuesta la lucha contra la corrupción el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, 1 billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos, según cifras del Banco de México, más todos los billones que se roban.

Como sigan así nos dejarán sin país. Si estos señores siguen en el poder: PRI, PAN, PRD, PVEM, PANAL… y todas las siglas habidas y por haber, se van a acabar a México al ritmo del nacimiento de más millones de pobres.

El simulacro de justicia ya no lo creemos. Ni siquiera el del panista ex Gobernador corrupto Guillermo Padrés, investigado por evasión fiscal y por la procedencia presuntamente ilícita de sus 450 caballos pura sangre valuados en más de 100 millones de pesos. De verdad, no tienen llenadera. Qué manera más ruin y mezquina de enriquecerse a costa del dinero de todos los mexicanos, qué patética forma de hacerse “ricos”.

Y el Gobernador con licencia Javier Duarte no está solo en su entramado corruptor. Lo acompañan: Arturo Bermúdez Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal General de Veracruz; Flavino Ríos Alvarado, Gobernador interino, Amadeo Flores Espinosa, ex Fiscal y muchos políticos más de Veracruz y del gobierno federal.


La cloaca Javier Duarte apesta. Está llena de honorables personas, todos ellos ciudadanos que “aman” a México y buscan limpiar su honorabilidad. Ellas y ellos, gente decente, personas entregadas a la causa más noble: empobrecer aún más a México y a los mexicanos. Esta alcantarilla poco a poco quedará vacía. La PGR les dará protección para que huyan y gocen sus millones robados. Otros ni siquiera serán tocados con el pétalo de una investigación. Así las cosas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-10-2016/3104731

Reforma: OHL cobró al Gobierno dos veces un mismo equipo que después dejó arrumbado

La empresa OHL metió en el gasto como “inversión” 485 millones de pesos para la compra de maquinaria que actualmente está abandonadapero que cobra a gobierno al doble.

La empresa operadora de autopistas OHL México gastó 485 millones de pesos en adquirir dos maquinas removedoras, de las cuales obtiene doble rendimiento pero que actualmente están  abandonadas, informa Reforma.

Se tarda de dos máquinas removedoras de carriles, fabricadas por la empresa estadounidense Barrier Systems Inc, fueron adquiridas de la Operadora Barrier Systems de México, S.A. de C.V, en la que figura como socio Ricardo San Román Dunne, cercano al Presidente Enrique Peña Nieto, informa el medio capitalino.

Hace siete años se  firmó  el acuerdo 01/2009 al Título de Concesión, en donde la Entidad está obligada a comprar la maquinaria especial.  El gasto como parte de la inversión para las obras de en el Viaducto Bicentenario, y en el Circuito Exterior Mexiquense.

“Dichas cantidades serán reconocidas como parte de la inversión; a la fecha de este informe el importe acumulado por la compra de maquinaria especializada es por $485,415,168 y por obras adicionales $329,064,136”, señalan los estados financieros de Concesionaria Mexiquense, auditados por Deloitte.

“Para el resto de los conceptos de inversión total (liberación del derecho de vía, jardinería, supervisión de obra, ingeniero independiente, proyecto ejecutivo, seguros y fianzas, barrera movible, y sistema de peaje) el importe total fue de $1,909 millones”, explica el documento, que fue publicado por el Gobierno mexiquense en agosto, a pesar de tener carácter confidencial.

La empresa recupera dos veces el dinero que invirtió para la compra de la maquinaria, que está abandonada, y además está obtiene un rendimiento sobre cada una: 7 por ciento anual por el Viaducto y el 10 por ciento en el Circuito Exterior Mexiquense.

La empresa  Tecnología Aplicada Infraiber, ha acusado en múltiples ocasiones a OHL México de operar de manera fraudulenta. Paulo Díez Gargari, representante legal de Infraiber explica que la compra de la maquinaria fue inútil porque pues las características físicas del viaducto hacían innecesario mover las barreras centrales.


“En vez de mover la barrera central en el Periférico Norte, OHL propuso cambiar el sentido del tráfico en el viaducto elevado conforme a las horas de mayor afluencia” apunta.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-10-2016/3104883

En el discurso, “van por Duarte”; en los hechos, no: ni hay titular en SFP, ni Fiscal Anticorrupción

Javier Duarte Ochoa pidió licencia al Gobierno de Veracruz para atender las denuncias en su contra por peculado y enriquecimiento ilícito. Su dimisión irrumpió sin que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), promulgado por el Presidente Enrique Peña Nieto, esté listo. No hay Secretario de la Función Pública y no hay Fiscal Anticorrupción, dos cargos vitales. Aletargada su instalación por su propia complejidad –involucra a siete instancias gubernamentales; además de la sociedad civil– el tiempo para el SNA corre en contra pues el cáncer de la corrupción avanza incontenible en los tres niveles de Gobierno. Los analistas ven que el caso Duarte pudo volverse ejemplar por no quedar impune, pero transcurrirá sin ese fortificado proyecto.

El primer gran caso de presunta corrupción en la presente Administración ocurre sin que esté instalado el Sistema Nacional Anticorrupción, el proyecto propuesto por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para aminorar ese mal que recorre los gobiernos municipal, estatal y federal, daña a la Nación con un 10 por ciento del Producto Interno Bruto y hace brotar escándalos de manera imparable.

Javier Duarte Ochoa anunció que pediría licencia al Congreso de Veracruz para dejar su cargo de Gobernador el 12 de octubre pasado, cuando le faltaban 50 días para concluir su administración. Su justificación fue que quiere estar en posibilidad de atender las denuncias y querellas en su contra por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. “Y Veracruz merece un Gobernador de tiempo completo”, dijo.

Pero, después de cuatro años de Gobierno, Peña Nieto carece del Sistema Nacional Anticorrupción, ofrecido en campaña y prometido en los primeros meses como Mandatario. El Sistema, un gran entramado de órganos que deberán coordinarse, por ahora le hacen falta los más vitales.

La Secretaría de la Función Pública –instancia creada por Miguel De la Madrid, rebautizada dos veces y desahuciada otras tantas– permanece sin titular después de que Virgilio Andrade Martínez renunció el 18 de julio de 2016. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, concebida para castigar el peculado, el abuso de autoridad, los llamados moches y la colusión, entre otros delitos de daño a la Nación, simplemente no existe.

Ambas instancias son piezas clave del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin ellas, el proyecto no podrá caminar.


PARSIMONIA ANTE LA IMPUNIDAD

Óscar Arredondo Pico, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, apunta que las designaciones son lo más importante para echar a andar el andamiaje. “La parsimonia y la tranquilidad con lo que lo están tomando es realmente preocupante. Para nombrar titular en la Función Pública sólo hace falta que el Ejecutivo federal envíe una terna al Senado… Para la Fiscalía hace falta que la Procuraduría General de la República la incorpore en su estructura orgánica”.

Duarte Ochoa no es el único Gobernador postulado por el PRI que en estos momentos enfrenta delitos relacionados con la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la mala administración que se ha reflejado en deudas públicas exorbitantes. Están también César Duarte de Chihuahua; Roberto Borge de Quintana Roo y Rodrigo Medina de Nuevo León.

Ante ese abanico de nombres, todos provenientes de su propio partido, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo el 17 de agosto de 2016: “No voy a meter la mano … Cada uno de ellos tendrá que enfrentar los señalamientos de que son sujetos, tendrán que enfrentar las investigaciones que hoy se están realizando y lo que está comprometido de parte de mi Gobierno es no solapar, no permitir que haya actos de corrupción y que si eventualmente alguien incurrió en un acto de estos que enfrente el peso de la Ley”.

El reloj corre en contra pero para armar por completo el aparato hacen falta el acuerdo de los actores. Son siete. La Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Instituto de Acceso a la Información Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo de la Judicatura y un miembro del Comité de Participación Ciudadana.

El Sistema pretende agrupar a las instituciones encargadas de combatir a la corrupción en un mismo comité para que actúen de manera coordinada y alineados, por primera vez, con una Política Nacional Anticorrupción.

Para Eduardo Bohorquez, director de Transparencia Mexicana, la clave del sistema depende de la coordinación de estas instancias. En el consenso puede estar el avance o el letargo. El Investigador apunta que cada instancia debe hacer su trabajo y luego, aceptar la coordinación.

El caso de Duarte Ochoa se encuentra en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República. El marco jurídico de esta unidad implica tres fiscalías, una contra el combate a la corrupción, otra de servidores públicos y otra contra la Administración de Justicia. En el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT), la plataforma de datos abiertos donde puede revisarse la estructura orgánica de la Administración, no aparecen.

Aletargado por su propia complejidad, ni los miembros de organizaciones civiles que lo impulsan ni los observadores de la política mexicana ven que el Sistema Nacional Anticorrupción vaya a estar listo antes de 2018, el año en que concluirá la presente Administración y arrancará la siguiente.

Es decir, no será Enrique Peña Nieto quien conduzca las riendas del sistema en contra de los Gobernadores o servidores públicos que ahora enfrentan acusaciones por delitos relacionados con la corrupción cuando justo este ha sido el eje crítico de su gestión que hoy no pasa del 20 por ciento de aprobación, según las encuestas.
“El SNA es como un gran monstruo por complejo”, describe Enrique del Val Blanco, investigador de las políticas anticorrupción en México. “Y esta complejidad ha mandado la imagen de que el aparato para atacar al cáncer de la corrupción está detenido y entonces, no puede hacerse nada. Y el cáncer crece, se ramifica, se vuelve poderoso. No debería esperarse a la instalación del sistema. Ahora mismo se puede hacer mucho con la normativa vigente de la Función Pública. Con esa, Javier Duarte debe ser investigado, por ejemplo”, expresa el también Coordinador de Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El sistema se sostiene en siete leyes, promulgadas por el Presidente Enrique Peña Nieto el 18 de julio pasado. Entre ellas está la misma Ley General del SNA –que marca su ruta de instalación– y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como la 3de3.

Implica desde la creación de la Fiscalía anticorrupción y un tribunal federal especializado hasta el fortalecimiento de los órganos rectores de la Transparencia, la Rendición de Cuentas y el Combate a la Corrupción.

Es como un gigante en cuya cabeza estará un comité coordinador, presidido por un representante de la sociedad civil. Uno de los brazos será el secretariado ejecutivo que a su vez, estará a cargo de la Plataforma Digital Nacional y de las métricas de las políticas anticorrupción.

Después de la comparecencia de 15 hombres y mujeres postulados por instituciones educativas y organizaciones civiles, el Senado de la República aprobó el jueves pasado a los nueve integrantes de la Comisión de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana. A partir de entonces, ya hay nombres y se dio el primer paso pues de esta comisión depende la integración del Comité de Participación Ciudadana.

Se eligió a Edna Jaime Treviño, Sergio López Ayllón, Antonio Carlos Gómez Espiñeira y Viridiana Ríos Contreras para ocupar los lugares correspondientes a las organizaciones civiles.

Por las instituciones de Educación Superior y de Investigación fueron electos María Elena Morera Mitre,  Juan Ernesto Pardinas Carpizo, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Pedro Salazar Ugarte y José Luis Juan Caballero Ochoa.


MUCHAS FISCALÍAS, PERO NINGUNA OPERA

“El Fiscal anticorrupción va a ser la persona más poderosa del país”, describe Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana. Lo dice porque el nuevo Fiscal deberá tener la capacidad intelectual y legal para conseguir el desmantelamiento de las redes en las que se sostiene la corrupción. Y no bastará –según el ordenamiento legal– con atrapar personajes, habrá que llegar a las cuentas bancarias, las propiedades ilícitas, los prestanombres, todo.

La reforma avalada en junio por el Senado de la República establece que la Fiscalía Anticorrupción será un un órgano de autonomía técnica y operativa. La misma reforma modificó el Código Penal Federal para tipificar los delitos en materia anticorrupción. Considera cárcel de hasta 14 años para diputados federales y locales que exijan tajadas a cambio de agilizar partidas presupuestales. El ordenamiento también incluye sanciones a quienes entreguen algún beneficio a servidores públicos y 12 años de prisión para particulares que mientan sobre su fortuna obtenida por concesiones públicas.

Esa es la Fiscalía planeada en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y será transitoria mientras la PGR logra transformarse en una Fiscalía General Nacional.

Por lo pronto, la PGR ya tiene una fiscalía de combate a la corrupción, creada en 2014, pero también carece de fiscal.

Antes de la revelación periodística de la “casa blanca”, el Presidente Peña Nieto se proponía desaparecer a la Secretaría de la Función Pública para sustituirla por una Comisión Nacional Anticorrupción, como prometió en campaña. En 2013, apenas con unos meses en el Gobierno, publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma de la Ley de la Administración Pública para desmantelar a la dependencia. Pero no ocurrió. El Senado de la República aprobó la enmienda el 13 de diciembre de 2013 y ese mismo día, la minuta llegó a la Cámara de Diputados y ahí se quedó en los cajones.

Ante la imposibilidad de la comisión, en 2014, mediante el Acuerdo A/011/14 en el Diario Oficial de la Federación quedó estipulado la creación de una Fiscalía Anticorrupción; pero desde entonces hasta el cierre de este texto, ha carecido de titular.


Algunas de las funciones de esa Fiscalía son solicitar a otros países información específica sobre algún funcionario mexicano bajo investigación, requerir datos de cualquier servidor o ex servidor público de orden estatal o municipal que pudiera estar involucrado en hechos de corrupción y hasta solicitar a las instituciones bancarias información del movimiento de recursos sospechosos, según el Manual de Organización de la PGR.



DECLARACIÓN PATRIMONIAL: LO QUE ELLOS QUIERAN

El gigante nació sin una de sus partes. La iniciativa ciudadana “Ley 3de3” que iba a ser uno de sus pies porque exigía que los servidores públicos hicieran públicas sus declaraciones de intereses, patrimonial y de impuestos fue expulsada del cuerpo del Sistema Nacional Anticorrupción.

Después de una campaña de difusión de meses, organizaciones de la sociedad civil recabaron 634 mil firmas para que la bautizada Ley3de3 fuera aprobada. La propuesta implicaba que los funcionarios públicos hicieran públicas sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal. Pero no pasó.

La madrugada del 15 de junio, la discusión en el Senado se centró en si las tres declaraciones debían ser públicas. Luego, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) colocaron en el dictamen aprobado la acotación de que las declaraciones patrimonial y de intereses debían ser públicas sólo cuando no afectaran “la vida privada”.

Y al final, sólo se le hizo una adenda al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y no sólo quedó a voluntad de los funcionarios si publican o no sus fortunas, la de impuestos quedó fuera.

Esa misma madrugada se legisló para que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, sea el organismo que “emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.

Por su parte, el Secretariado técnico tendrá a su cargo la evolución del patrimonio, la declaración de intereses y la declaración fiscal.

Es justo la inconsistencia en sus declaraciones patrimoniales lo que ha puesto en jaque a varios políticos mexicanos, desde el Primer Mandatario, Enrique Peña Nieto; el ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso; el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, hasta los candidatos que buscaron gubernaturas.

Pasaron cuatro años y el Presidente Enrique Peña Nieto no cumplió con el compromiso número uno de su lista firmada ante Notario Público en campaña. La creación de una Comisión Nacional Anticorrupción encabezó esa lista y también fue el tema de algunos de sus discursos.

Justo en el PRI, en la XXX sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional para tomar protesta a nuevos consejeros que cumplieron con su periodo efectuada en 2012, el entonces aspirante presidencial dijo: “Hoy los mexicanos sabemos que se requieren nuevos caminos, nuevas soluciones, nuevas formas. En el México que queremos no tendrán cabida ni la corrupción, ni el encubrimiento y mucho menos la impunidad”.

Ese día, el PRI había reunido a su militancia. Estaban ahí candidatos a gobiernos estatales, a diputados y senadores; además de varios ex presidentes de partido.

Desde ese momento empezó a correr el reloj para instalar el Sistema Nacional Anticorrupción. El entonces candidato no sólo hablaba de un nuevo rumbo para el país por un señalado combate a la corrupción, firmó ante Notario Público una lista de 266 compromisos cuyo punto número uno fue la creación de una comisión nacional anticorrupción.

Pasaban los meses y “corrupción” y “combate a la corrupción” se convirtieron en términos que el Primer Mandatario expulsó de su discurso.

En el mensaje alusivo de su Segundo Informe de Gobierno, un compendio de nueve mil 748 términos, mencionó una sola vez el término “corrupción”. Dijo: “Para fortalecer el sistema de justicia, la Reforma Política convierte a la Procuraduría General de la República en un nuevo órgano constitucional autónomo: la Fiscalía General de la República. De acuerdo con esta reforma, esta institución contará, entre otras, con dos fiscalías especializadas; una contra delitos electorales, y otra para combatir la (y aquí la mermada palabra) corrupción”.

En entrevista con un grupo de periodistas convocado por el Fondo de Cultura Económica, en agosto de 2014, el Presidente expuso: “La corrupción es un tema cultural que no es exclusivo de México”.

En noviembre de ese mismo año, el equipo de investigación de Aristegui Noticias publicó un reportaje en el que revelaba que el Presidente y su familia habitaban una lujosa mansión en las Lomas de Chapultepec, otorgada por el contratista del Gobierno federal, Juan Armando Hinojosa Cantú.

Cuando promulgó las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, el 18 de julio pasado, el Presidente incluyó en su discurso la palabra “perdón”. Lo dijo al reconocer que la información difundida sobre la llamada “casa blanca” causó gran indignación. “En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón”.


Y hace poco, en la Semana Nacional de la Transparencia, volvió a hablar de corrupción. “Si hablamos de corrupción, no hay nadie que pueda aventar la primera piedra”. Con esas palabras, el Presidente Enrique Peña Nieto volvió a fijar su pensamiento sobre ese mal en el país. Poco proclive a la improvisación, ese día hizo una excepción y se despegó del discurso para hablar de los actos corruptos que en mucho han carcomido la estructura del país.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: UNIDAD DE DATOS/ LINALOE R. FLORES, ALEJANDRA PADILLA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-10-2016/3103743

Detienen en CDMX a un presunto responsable por el caso del asesinato de 2 curas en Veracruz

El presunto responsable por el caso del secuestro y asesinato de dos sacerdotes en Veracruz fue detenido tras estar implicado en el robo de un automóvil en la CDMX.

Las autoridades de la Ciudad de México informaron este domingo 16 de octubre sobre la detención de un hombre por su presunto vínculo con el caso del secuestro y asesinato de dos sacerdotes en Veracruz.


Los cuerpos de ambos fueron encontrados el pasado 19 de septiembre, tras ser secuestrados. El Episcopado mexicano identificó a los sacerdotes asesinados como Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Juárez de la Cruz.

En un comunicado, la Procuraduría de la capital mexicana detalló que el presunto responsable fue detenido junto a otra persona, después que cometieran un robo de auto en la delegación Azcapotzalco.

“Amagaron con un arma de fuego a sus víctimas, pero una acción oportuna de elementos policiacos, coordinada con los ofendidos, permitió su captura”, apuntó la Procuraduría.

“Los detenidos fueron asegurados el pasado 13 de octubre, después de haber despojado con violencia a una pareja de un automotor Nissan tipo Versa, color azul metálico”, agregó.

La pareja a la que asaltaron pidió ayuda a los policías de una patrulla,  y dieron la descripción de los agresores, y del automóvil en que escaparon.

Encontraron el vehículo robado, y además una de las víctimas logró rastrear uno de los teléfonos robados.

“Una vez localizado el automotor, observaron a dos hombres que caminaban sobre la calle Constitución y que coincidían con las características físicas de los detenidos, así como la vestimenta descrita por el agraviado”, detalló la Procuraduría.

“Al percatarse de la presencia policiaca, los individuos intentaron huir, por lo que se inició una persecución que tuvo como resultado la detención de uno de ellos, mientras que el segundo se aseguró con el apoyo de otra unidad policiaca en avenida San Isidro, dirección Centeotl, colonia Barrio Santa Lucía, en la misma demarcación”, agregó.

Los presuntos responsables fueron identificados por las víctimas del robo, y después las autoridades establecieron que uno de los detenidos contaba con una orden de aprehensión, con fecha 27 de septiembre de 2016, en el municipio de Poza Rica, Veracruz.


Esta última por el caso del secuestro y asesinato de dos sacerdotes, “privados de su libertad por el ahora imputado”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/detenido-asesinato-sacerdotes-veracruz/