Oaxaca, Oax. Más de cinco mil integrantes de la sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) bloquean los tres principales accesos a la ciudad de Oaxaca, como parte de su jornada de lucha. Al cumplirse seis días de paro, iniciado para exigir al gobernador del estado, Gabino Cué, que pague la deuda a terceros institucionales y no institucionales y entregue los uniformes correspondientes a este año, los trabajadores bloquean el crucero de Hacienda Blanca, en la carretera federal 190 en el tramo Oaxaca-México. Otro grupo cerró también el crucero de Huayapan, en la intersección de la carretera 190 con la 175, tramo Oaxaca-Tuxtepec, y el aeropuerto internacional de Santa Cruz Xoxocotlán.
Activistas urbanos acusaron que en la Ciudad de México –gobernada por Miguel Ángel Mancera Espinosa– prevalecen una serie de irregularidades como consecuencia de cambios ilegales a los usos de suelo y otras decisiones administrativas realizadas a modo para beneficiar a las compañías inmobiliarias; además, dijeron, este desorden ha generado caos urbano y promueve la pérdida de áreas verdes y el suelo de conservación.
Autoridades que desarrollan normatividad a modo para favorecer a inmobiliarias están llevando a la Ciudad de México a una situación de colapso vial, gracias a “una ambición desmedida”, denunciaron vecinos de distintos puntos de la capital. En conferencia de prensa, los inconformes acusaron que en la ciudad gobernada por Miguel Ángel Mancera Espinosa existe una serie de irregularidades a consecuencia de cambios ilegales a los usos de suelo y otras decisiones que provocan caos urbano y promueven la pérdida de áreas verdes y suelo de conservación.
“La preocupación que tenemos sobre los usos de suelo es profunda: por un lado hay daños causados por los desarrolladores y, por el otro, por las autoridades que les dan permiso al hacer una normatividad a modo. Queremos denunciar una situación que se realiza en toda la ciudad y que genera inviabilidad, saturación y colapso. […] Si no detenemos pronto la ambición desmedida de los inmobiliarios y la negligencia y corrupción de las autoridades vamos a tener en la Ciudad de México otro caso como el de Sao Paulo Brasil”, acusó Enrique Pérez-Cirera, representante de de la organización Suma Urbana Poniente.
El activista urbano explicó que en la ciudad brasileña, la más grande de América del Sur, los habitantes invierten más de dos horas al día en promedio para trasladarse a sus empleos, allí, aseguró, “hoy no hay posibilidad de moverse de un lado a otro”. En el caso de la capital mexicana, puso de ejemplo a la colonia Granadas, llamada también Nuevo Polanco, uno de los puntos de la ciudad más afectados por la entrada de obras inmobiliarias. De acuerdo con Pérez-Cirera esa colonia “es sólo la punta del iceberg de lo que las autoridades permiten en esta ciudad”.
“Las Granadas están ocurriendo en toda la ciudad y ameritan la atención pública y una respuesta eficaz del Jefe de Gobierno Miguel Mancera y de la Asamblea Legislativa de la CdMx”, urgió.
CDMX, AMENAZADA POR INMOBILIARIAS
Las áreas verdes y la salud de los habitantes de la Ciudad de México se han visto amenazadas por las múltiples obras inmobiliarias que se han ejecutado y se intentan construir en diversos puntos de la urbe, bajo el amparo del Gobierno local. Por ello, durante la conferencia y a través de un comunicado de prensa, cuatro activistas urbanos expusieron los casos que aquejan a las zonas en las que habitan. Lourdes Rion, vecina de la delegación Álvaro Obregón, explicó que uno de los abusos más comunes ocurre bajo la figura del Polígono de Actuación, con la cual se promueven áreas urbanas en diversas zonas, “en resumen es liberar altura y construir más niveles a cambio de disminuir áreas de desplante, es decir, dejar más metros de construcción y número de viviendas, pero no es un cambio de uso de suelo”. Asimismo, agregó que los Polígonos se pueden establecer en áreas de crecimiento consideradas como de reserva de programas vigentes, en terrenos sin construir, que cuentan con accesibilidad, en zonas donde se encuentra un potencial de mejoramiento, predios que tengan infraestructura viable de transporte, así como en áreas industriales deterioradas, entre otras. Rion puso como ejemplo el proyecto ubicado sobre linderos del Periférico, en la delegación Álvaro Obregón, con una extensión de más de 225 metros de ancho por 119 metros de largo, con una superficie escriturada de 12 mil 421 metros cuadrados, el cual busca desarrollarse en un polígono irregular, ya que invade vía pública, colinda con zona de patrimonio y no con el Periférico, explicó.
“Los vecinos hemos podido detener y estar parando [la construcción] antes de que les otorguen una manifestación de obra. Gracias a que todas estas irregularidades se han presentado a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la PAOT le ha dado seguimiento, nosotros hemos podido, durante siete años y hasta el momento, parar esta obra y seguimos trabajando”, dijo.
En su oportunidad, Claudia Pérez Verdia, coordinadora del Comité Ciudadano entrante de Lomas Bezares, destacó que otra de las irregularidades más comunes es la violación a los programas parciales de desarrollo (PPD) –antes Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (ZEDEC)–, los cuales establecen la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en áreas específicas de la ciudad y tienen un carácter especial adaptado a las condiciones particulares de cada zona. Uno de los muchos ejemplos de las violaciones a estos planes es el proyecto Reserva Bezares, construido entre 2003 y 2004 en los terrenos que anteriormente ocupaban los Laboratorios Syntex, comentó. Originalmente se construyeron sólo 40 viviendas de 146 proyectadas, debido a que, al parecer, por información que les fue proporcionada a los activistas, el proyecto original quebró. Sin embargo, hace ocho años, dijo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) autorizó aumentar la densidad a 196 viviendas, lo cual representa un incremento del 34 por ciento; “fue ilegal, ya que no se presentaron estudios actualizados de Impacto Urbano y Ambiental”, denunció. Hoy en día, acusó, dicha obra pretende reactivarse bajo el nombre de Proyecto Flow, el cual incluye otras 280 casas, lo cual incrementará en 65 por ciento el número de familias que habitan en la colonia, que pasaría de 500 a 825, con la misma infraestructura de servicios, por ejemplo, el drenaje que opera desde los años 40, cuando el número de familias no alcanzaba cien.
“Se agudizará el problema de la movilidad, con los consecuentes impactos sociales y ambientales. […] A pesar de lo anterior, las autoridades, tanto delegacionales, como la Seduvi pretenden apoyar a los desarrolladores para que construyan de manera ilegal”, denunció.
Y agregó que como ha ocurrido en Granadas, el Gobierno ha omitido su obligación de observar la densidad de los predios y ha permitido modificaciones no autorizadas en el PPD para la construcción de un mayor número de pisos. Además, aseveró, no se cumplió con la disposición de dejar 50 por ciento de área libre, la cual debe colindar con la zona habitacional de la colonia. Aunado a ello, dijo, “se comete otra violación a la normatividad aplicable al realizar preventas de un desarrollo que todavía no cuenta, ni ha reunido los requisitos, autorizaciones y permisos necesarios, por lo que así lo establece la ley está en presencia de un delito clasificado penalmente que se conoce como fraude, en el que resultan responsables no sólo éstos, sino las autoridades que lo permitan, propicien, autoricen o toleren”.
“Violar el Plan Parcial de Desarrollo de la colonia Lomas de Bezares afecta directamente los valores ya señalados porque repercute en la densidad poblacional, en los servicios urbanos, en la movilidad y en la calidad de vida de los vecinos y de quienes transitan por la zona. Es responsabilidad de la autoridad velar por el bien común de los ciudadanos, por el respeto y aplicación de la ley y no por el beneficio de unos cuantos desarrolladores que una vez concluidas sus obras, desaparecen y no hay manera de obligarlos a asumir sus responsabilidades, igual sucede con las autoridades, pasan 3 ó 6 años y se van, mientras, los vecinos que llevamos viviendo algunos más de 50 años allí, nos quedamos a padecer las consecuencias de tanta irresponsabilidad e ilegalidad que cometen autoridades y desarrolladores”, abundó. Por su parte, Adriana Bermeo, de la Asamblea de Vecinos en Defensa del Parque Reforma Social recordó que las áreas verdes, el espacio público y los jardines privados son áreas que deben ser ampliadas y conservadas, bajo gestión adecuada por los beneficios ambientales que ofrecen a la capital. No obstante, en la realidad que se vive en la CdMx, “los vecinos estamos indefensos y la ciudad se está quedando sin áreas verdes. Esta perdiendo su capacidad de absorber agua. No hay autoridad, no hay quien defienda las áreas verdes”, reclamó la también miembro del grupo Rescate de Barrancas del Poniente. Prueba de ello, mencionó, es que el orden legal urbano se ha violentado en los cuatro planes parciales de Lomas de Chapultepec, a través de distintas violaciones mediante mecanismos entre los que destacan los amparos, como en el caso de la Torre Virreyes. Mientras, planteó, las barrancas del poniente se han transformado en una “reserva territorial” para las autoridades, puesto que “cada día aparecen más dueños en sus bordes quienes casualmente obtienen uso de suelo habitacional multifamiliar aún en áreas decretadas como de Valor Ambiental, como en los casos de Paseo de los Príncipes 98, Montes Apalaches 525 y Cerro de Mayka. En todos ellos la propiedad se ha obtenido vía amparo y luego apelando a su ‘derecho’ obtienen el cambio de usos de suelo”. Ante ello, urgió a proteger dichas áreas y definir las atribuciones de patrimonio ambiental y el territorio, quien está obligado a trabajar en ello, dijo, es la Secretaría del Medio Ambiente de la CdMx (Sedema). “Ya ha sido muy levantada la voz de que la Sedema es completamente omisa de manera generalizada. No han podido en la Asamblea Legislativa hacer cuestionamientos a la altura de su nivel de omisión” Francisco Guerra, del grupo Nunca Palma 905, señaló que en todo el país se vive un “contexto surrealista y los niveles de sarcasmo se encuentran ya en un límite aberrante”, ya que, acusó, en el marco legal se permite autorizar una obra de una manera y al mismo tiempo algo totalmente contrario, por lo que los desarrolladores inmobiliarios se enfrentan a una “laguna legal perversa” que les permite trabajar para su beneficio y “la autoridad les justifica todo”.
“En la Ciudad de México, los ciudadanos poco a poco hemos ido perdiendo nuestros derechos fundamentales sobre nuestro entorno urbano. Hay leyes perversas diseñadas desde hace años para la corrupción, desde tiempos de Marcelo Ebrard”, dijo.
Por ello, pidió que las inmobiliarias cumplan con la ley. “Necesitamos gente que tenga compromisos con México y que los servidores públicos hagan su trabajo y no nos lo transfieran a nosotros, activistas urbanos, con la necesidad de defendernos en foros”, urgió. Asimismo, el vocero expuso que el impacto de la legislación y corrupción en cambios de uso del suelo y “políticas erradas de densificación urbana” en la capital, además de propiciar el deterioro urbano, están provocando una crisis financiera bursátil mayor en México. Por ejemplo, en la delegación Miguel Hidalgo, señaló, existen “cambios radicales” en el uso del suelo, con lo que los predios habitacionales de tres o cuatro niveles en predios multifamiliares albergan en una manzana a más de medio millón de familias. Aunado a ello, acusó que dicha densificación masiva se realiza sin el mejoramiento de la infraestructura en términos de vialidad, áreas verdes, servicios urbanos, escuelas, comercio, salud; además de las carencias en agua, drenaje y otros servicios, lo cual lleva a muchos propietarios a intentar vender su inmueble, “lo cual está resultando en una pérdida neta de la inversión […] Las inmobiliarias están destruyendo el sistema financiero nacional”, acusó.
De manera conjunta, los vecinos de la Ciudad de México manifestaron su exigencia de contar con una normatividad que garantice la calidad de vida, sin que se pierda el valor del patrimonio de cada ciudadano, derivados de la “anarquía y corrupción” que han prevalecido en el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: IVETTE LIRA. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-10-2016/3105347
El Diputado de la Asamblea Constituyente, Ismael Figueroa presentará hoy sus iniciativas ante el Senado, por lo que cientos de bomberos y rescatistas muestran su apoyo y marcha con él en la CdMx.
Cientos de integrantes El Heroico Cuerpo de Bomberos junto a rescatistas marchan sobre la Calzada de la Viga a la altura de Fray Servando, esto como apoyo al Diputado independiente constituyente Ismael Figueroa, quien encabeza la marcha. La manifestación comenzó en la colonia Merced Balbuena donde se encuentra la Central de Bomberos y se dirige hacia la Antigua sede del Senado de la República en la colonia Centro de la CdMx.
La intención de la marcha es apoyar al Diputado en su entrega en el Senado de una propuesta para mejorar las condiciones laborales de los bomberos, así como a su institución. Autoridades de la Secretaria de Seguridad Pública, comenzaron a temprana hora a realizar lo cortes viales correspondientes, por su parte el Centro de Orientación Vial, en su cuenta Twitter señala que se tome como alternativa la Av. Industrial, Isabel la Católica y 5 de mayo.
CIUDAD DE MÉXICO: A Gabino Cué le pasó lo que a Vicente Fox, llegó al poder con todas las posibilidades para realizar una profunda transición a la democracia y desperdiciaron la oportunidad, creando una profunda decepción en la sociedad que le apostó al cambio y sólo fueron testigos de pactos de impunidad.
Cuando apenas empezaba su gobierno, en una entrevista en palacio de gobierno le pregunté a Cué si no corría el riesgo de que le pudiera pasar lo mismo en Oaxaca que lo ocurrido con Fox en el 2000, que todo el país esperaba que realizara un ajuste de cuentas con personajes del pasado y al no hacerlo creó una verdadera desilusión. En esa ocasión Cué sonrió, dijo que eso no ocurriría en Oaxaca y que no habría pactos de impunidad con el exgobernador Ulises Ruiz, a quien se le acusaba desde entonces de haber desviado unos 7 mil millones de pesos en obras asignadas a empresas fantasmas, como ahora se acusó al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte.
Cué había llegado al gobierno de Oaxaca con el apoyo de una coalición de diversos partidos, entre ellos el PRD y el PAN y, por primera vez en la historia de la entidad, le había arrebatado al PRI el poder del estado. Los oaxaqueños tenían la esperanza de que habrían de llegar nuevos aires políticos, que Ulises Ruiz y su equipo sería llevado a tribunales por violaciones a los derechos humanos en el conflicto de la APPO y por el desvío de recursos del erario público. Se pensaba que Oaxaca iniciaría una etapa transparente en el manejo de la gobernabilidad y de los recursos públicos. Que por fin se terminarían las cuotas de poder de grupos, personajes y con el sindicato de maestros. Pero nada de esto ocurrió, el gobierno de Gabino Cué, influenciado por el exgobernador priista Diódoro Carrasco, dejó intactos los poderes caciquiles, no tocó al equipo de Ulises Ruíz ni lo cotos de poder de los maestros, aumentó al doble la deuda del estado y, lo peor de todo, abrió la puerta a la violencia. Al inicio de su gobierno se registraron 641 asesinatos, al año siguiente 412 y a partir de 2013 la cifra ha ido en ascenso: 537 asesinatos; en 2014 subió a 640; en 2015 se elevó a 759 y de enero a septiembre de 2016 se han registrado 623. En suma, se han cometido tres mil 612 asesinatos, es decir 1.72 diarios, 3.44 cada dos días o cinco ejecutados cada tres días, situación que ha colocado a la entidad entre los 10 estados de mayor violencia según datos del Fiscal General Joaquín Carrillo Ruiz.
El fracaso a la transición democrática de Cué en Oaxaca ha traído múltiples consecuencias sociales, y quizá la principal –como fue con Vicente Fox en el 2000 y Felipe calderón en 2006– es haber roto la esperanza de un cambio real en las estructuras de poder, no haber hecho un ajuste de cuentas con los delincuentes políticos y haber pactado con las familias en el poder que una vez pasarán a tomar las riendas del estado el próximo sexenio. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS. LINK: http://www.proceso.com.mx/459234/fracaso-la-transicion-democratica-en-oaxaca
CIUDAD DE MÉXICO: El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no hay reporte de autoridades migratorias de que el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, haya salido del país de manera regular. Al ser cuestionado sobre las versiones de que se dejó escapar a Duarte, Osorio dijo que las autoridades debían esperar una orden de aprehensión para poder actuar y ésta apenas fue liberada por un juez. El titular de la Segob rechazó, además, que Duarte haya pactado su salida con el gobierno federal u otro tipo de acuerdo. El encargado de la de la política interior del país aseguró que ya trabajan para localizarlo, incluso, que la Procuraduría General de la República (PGR) está haciendo lo propio para solicitar la ficha roja ante la Interpol. En entrevista telefónica con el noticiario de Ciro Gómez Leyva, insistió en la necesidad de “esperar al proceso que se tiene que seguir”. “Este gobierno siempre responde cuando un juez determina una acción en contra de una persona”, sostuvo.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: El alcalde de Chiapa de Corzo, Héctor Gómez Grajales, renunció a su cargo luego de que su hermano, quien fungía como mando policiaco municipal, fue detenido por extorsionar a migrantes centroamericanos.
Hasta ahora, el paradero del presidente municipal es una incógnita. Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado y líder estatal del PVEM, dio a conocer que se tuvo noticia que el alcalde presentó su renuncia ante el pleno del cabildo municipal y de inmediato fue notificado el Poder Legislativo, por lo que ahora será en la sesión del jueves próximo cuando se determine quién será el alcalde sustituto.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) ya había solicitado al Congreso del Estado el desafuero del alcalde tras la detención de su hermano gemelo, Hernán Gómez Grajales, quien ostentaba el cargo de subdirector de la policía municipal en Chiapa de de Corzo. Esa alcaldía fue ganada por el PRI. Ahí, Gómez Grajales fue el alcalde de relevo luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJF) removiera al candidato ganador por ser hermano del anterior presidente municipal. La semana pasada, policías estatales detuvieron a 21 policías municipales y los pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes de la PGJE. Al ser capturados los 21 policías custodiaban a 19 migrantes centroamericanos que fueron rescatados, siete de ellos menores de edad de dos, tres, siete, ocho, 12 y 14 años.
La petrolera indicó que los campos se encuentran en un tirante de agua de 160 metros y cuentan con reservas totales 3P por 281 millones de barriles de petróleo crudo.
Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó a la Secretaría de Energía (Sener) la migración de socio para la exploración y extracción de los campos Ayin y Batsil en aguas someras de la sonda de Campeche. La compañía indicó en un comunicado que los campos se encuentran en un tirante de agua de 160 metros y cuentan con reservas totales 3P por 281 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (46 millones corresponden a reservas probadas, 77 a probables y 158 a posibles). “Esta solicitud se alinea con la estrategia anunciada por Pemex de formar alianzas con otras empresas para complementar sus capacidades de inversión, ejecución y producción, así como aprovechar las ventajas tecnológicas de sus socios para consolidarse como una empresa altamente competitiva”, afirmó. Pemex destacó que tiene los costos de producción más bajos en el mundo en aguas someras y ahora, debido a las alianzas, alineará su operación a las mejores prácticas internacionales en beneficio del Estado mexicano. El pasado 27 de julio la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó las bases de la licitación para las asignaciones con socio de Petróleos Mexicanos en el bloque Trion de aguas profundas, cuyo resultado se dará a conocer el próximo 5 de diciembre como parte de la ronda 1.4 del gobierno federal.
Uno de los ex allegados al hoy gobernador con licencia se presentó a declarar ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
Un abogado confesó a la PGR ser prestanombres del ex gobernador Javier Duarte y que, siguiendo sus instrucciones, constituyó sociedades de responsabilidad limitada para invertir en inmuebles en Estados Unidos, dio a conocer este miércoles el diario Reforma. El abogado -cuyo nombre no se dio a conocer- declaró que entre dichas propiedades se encuentran seis unidades de tiempo compartido en el exclusivo Hotel St. Regis de Nueva York. Quien fueron un allegado al hoy gobernador con licencia se presentó a declarar voluntariamente la semana pasada ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. Ahí, estimó los presuntos desvíos de Duarte en al menos mil 500 millones de pesos; aunque él dijo que le constan unos 350 millones. Según el diario, la colaboración de esta fuente anónima con las autoridades federales aceleró las investigaciones contra el ex gobernador, contra quien -según el mismo medio- la PGR ya solicitó una orden de aprehensión ante un juez federal. El litigante reveló a los fiscales federales que, por instrucciones de Duarte y su amigo Moisés Mansur Cysneiros, constituyó más de 10 empresas de papel o LLC (Limited Liability Company” o Sociedad de responsabilidad limitada) en la Unión Americana para adquirir e invertir en inmuebles en Miami y Nueva York. Tras ser adquiridos los bienes, Karime Macías, esposa de Duarte, le daba instrucciones para endosar y transmitir a terceros las acciones de las LLC tenedoras de las propiedades a fin de borrar el rastro de las operaciones. “Los tiempos compartidos en el St. Regis de Nueva York se cotizan entre 200 mil y 400 mil dólares por unidad, más una cuota anual, y permiten al dueño utilizar un departamento hasta 28 noches por año”, precisa Reforma.
CHETUMAL, Q. Roo: La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del estado detectó irregularidades en la paraestatal VIP Saesa cometidas en la administración del exgobernador Roberto Borge, como el pago de 40 millones de dólares y de 320 millones de pesos para la renta de aeronaves a 22 empresas, entre cuyos clientes figuran familiares del exmandatario estatal y del senador Félix González, así como líderes del PRI. El perredista Emiliano Ramos Hernández, presidente de dicha comisión, dio a conocer el informe de la situación de VIP Saesa, derivado de una ampliación de los reportes que presentó el titular de esa dependencia, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, tras comparecer el pasado 28 septiembre. Según el legislador, de 2011 a 2016 VIP Saesa subcontrató los servicios de 22 empresas para la renta de 11 tipos diferentes de aeronaves, por 40 millones 192 mil 505 dólares y 319 millones 941 mil 164 pesos con 92 centavos. De acuerdo con el informe, las empresas más beneficiadas con esta subcontratación fueron Aero JL, SA de CV con 112 millones 510 mil 860 pesos; Servicio Aéreo Milenio con 101 millones 207 mil 751 pesos y Aerotaxi Villa Rica, SA de CV con 35 millones 203 mil 853 dólares y 63 millones 191 mil 692 pesos. En los servicios de la empresa Aerotaxi Villa Rica –del Consorcio Intra, de Francisco Ruiz Anitúa, compadre del exgobernador Borge Angulo–, figura el pago de un total de 10 millones 527 mil dólares al año por subarrendar dos aviones Cessna I y Cessna II, así como un helicóptero Augusta Power. Las cuentas pendientes por cobrar de VIP Saesa, dice el documento, ascienden a 254 millones 981 mil 233 pesos y corresponde a dependencias del gobierno del estado, ayuntamientos, al Congreso del estado y al PRI. El mayor monto de los ingresos por cobrar corresponden a la Oficialía Mayor del gobierno del estado por 245 mil 957 millones 550 pesos y cuatro centavos. En tanto, el PRI debe 480 mil 627 pesos por servicios contratados entre el 5 de abril de 2011 y el 24 de septiembre de 2016. Respecto a los aviones propiedad de VIP Saesa, fueron usados por familiares de Roberto Borge, González Canto y otros funcionarios. El usuario más frecuente es una persona con clave “Ferry” con 206 vuelos, seguido del senador González Canto con 142, el exsubsecretario de Hacienda, Eliezer Villanueva, con 51 y con 39 Raymundo King, que de 2011 a 2015 fue presidente estatal del PRI y diputado federal. También fueron usuarios de aviones propiedades de VIP Saesa, la exdirectora de Oficialía Mayor y esposa de Eliezer Villanueva, Violet Eljure, quien hizo 15 vuelos; Roberto Borge Martín, padre del exmandatario, con 23; así como Lenin González y Mercedaria Martín, padre y esposa del senador González Canto. El diputado Ramón Javier Padilla Balam acotó que a pesar de solicitar la información, VIP Saesa no proporcionó la relación de las personas que volaron en las aeronaves subarrendadas. En tanto, Ramos Hernández anunció la solicitud de una auditoría externa e interna que permita a los integrantes de la Comisión de Hacienda obtener la información necesaria para determinar la buena conducción de la empresa o en su caso, fincar responsabilidades a quien resulte responsable, ya sea administrativamente o de alguna otra índole. De acuerdo con el perredista, la documentación proporcionada a la comisión fue presentada incompleta, ya que hay facturas fiscales sin órdenes de compra o solicitud de servicio, nula información de las bitácoras de vuelo de las aeronaves subarrendadas, contratos a medias que no permiten esclarecer la certeza jurídica, ingresos y egresos, así como quiénes se beneficiaron con dichos servicios. El diputado Fernando Zelaya Espinosa informó que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta requerirá nuevamente a VIP Saesa la información que permita el conocimiento en relación con la operación y administración de dicho organismo. También pedirá a la Auditoría Superior del Estado información complementaria.
CIUDAD DE MÉXICO: Diversas organizaciones de mujeres convocaron a un paro nacional y una concentración en el Ángel de la Independencia este miércoles 19, para denunciar los casos de feminicidio en México.
A través de las redes sociales, colectivos feministas llamaron a ocupar las plazas y espacios públicos en los estados del país, con el objetivo de exigir el cese de la violencia contra la mujer y la justicia para las víctimas y sus familiares. Las Constituyentes CDMX Feministas llamaron al paro de labores de una hora, entre las 13 y las 14 horas, y a una concentración a partir de las 17 horas en el Ángel de la Independencia.
“Ante la oleada de crímenes de odio por razones de género, Las Constituyentes CDMX Feministas, alzamos nuevamente nuestra voz y convocamos al Paro Nacional de Mujeres”, destaca la convocatoria. El feminicidio de Paola, una mujer transexual, ocurrido la madrugada del 30 de septiembre en la colonia Buenavista por un guardia de seguridad; el ataque en la casa de Itzel Durán, que derivó en el asesinato de la joven de 19 años en Comitán, Chiapas, el pasado sábado 8, y el feminicidio de la integrante de la Red de Jóvenes Trans, Alessa Flores, activista y trabajadora sexual encontrada muerta en un hotel de calzada de Tlalpan en la Ciudad de México el 13 de octubre con “indicios de estrangulamiento”, son algunos de los casos por los que hombres y mujeres se manifestarán mañana. De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en la República Mexicana son asesinadas siete mujeres al día, muchas veces a manos de sus parejas o familiares, aunque en múltiples ocasiones las personas responsables quedan sin ser identificadas debido a la deficiencia en las investigaciones. El “Estudio de la implementación del tipo penal de Feminicidio en México: causas y consecuencias 2012-2013”, realizado por el OCNF, concluyó que en 17 de los 31 estados en donde está tipificado el delito, existen trabas que obstaculizan su acreditación y para que desde un inicio las investigaciones se realicen por el delito de feminicidio. “Es decir, muchas veces el tipo penal cuenta con elementos subjetivos u se presta a las interpretaciones de los operadores jurídicos. Como resultado de ello, de los 3 mil 892 casos que fueron documentados por el OCNF entre 2012 y 2013, únicamente 613 (15.75%) fueron investigados como feminicidios”. Si bien en estados con altos índices de feminicidios como Oaxaca, Chihuahua y Guanajuato, organizaciones sociales han solicitado la emisión de una alerta de género, está ha sido negada. De igual forma, en estados en los que se ha decretado, como en Morelos o el Estado de México, la alerta de género no es una garantía. Ejemplo de ello son el feminicidio de una madre y su hija en Ecatepec, Estado de México, el sábado 15. El Paro Nacional contra los Feminicidios en México se une al que también se realizará en Argentina, luego del feminicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata, después de ser drogada con mariguana y cocaína, y violada sexualmente vía vaginal y anal.
CIUDAD DE MÉXICO: Ante la caída de los petroprecios y el escaso interés que ha tenido la licitación de las rondas petroleras luego de la reforma energética, el PAN se alió en la Cámara de Diputados con el PRI y sus satélites (Panal, PES y PVEM) para otorgar mayores beneficios a la iniciativa privada que desee explorar y exportar crudo.
Así, con 360 votos a favor y 53 en contra, el pleno de San Lázaro dio “luz verde” a los cambios a la Ley Ingresos sobre Hidrocarburos, luego de que la Comisión de Hacienda que preside la panista Gina Cruz Blackledge avalara el dictamen sin discusión alguna. Aunque otorgar mayores beneficios a las empresas privadas fue propuesto por el Ejecutivo federal, en otras palabras el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, fue el PAN quien “argumentó” en tribuna las razones para dar a las empresa una mayor flexibilidad a la hora de deducir los impuestos. Desde tribuna, el panista Herminio Corral Estrada sostuvo que la comisión que encabeza su correligionaria “considera que es responsabilidad del Estado garantizar la continuidad de las actividades estratégicas en materia de exploración y extracción de hidrocarburos que se realicen a su nombre y cuenta a través de sus empresas productivas, por lo que quienes integramos este órgano legislativo coincidimos en que se requiere de una mayor flexibilidad en el régimen tributario aplicable. “Lo anterior es una condición de certidumbre financiera que permitirá a las empresas productivas del Estado una operación más eficiente y segura en las áreas de asignación bajo las nuevas condiciones de volatilidad en el mercado internacional de hidrocarburos, pero además es una acto congruente con el espíritu y objeto originales de la reforma energética de 2014 que se plasman en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos”. Morena, quien el lunes votó en contra en comisiones, más PRD y MC que ayer decidieron no convalidar con su presencia la reunión de la Comisión de Hacienda sumaron los 53 votos en contra. Los diputados, que fueron electos para discutir nuevas leyes y cambios a las ya existentes nunca debatieron. El presidente de la Mesa Directiva, el panista Javier Bolaños, se limitó a dar cinco minutos a cada partido para fijar su posición y dos diputados hablaron en pro y dos más en contra de la iniciativa. Luego de ello se sometió a votación en lo general, lo que culminó en los 360 votos a favor y 53 en contra de las modificaciones a la Ley Ingresos sobre Hidrocarburos. A la hora de la “discusión” en lo particular, diputados de Morena, MC y PRD presentaron modificaciones a ocho artículos en lo particular y, como ya es costumbre en San Lázaro, luego de que PRI y PAN establecen un bloque, una a una las propuestas fueron desechadas. Romero Tenorio, Vidal Llerena y Adriana Montiel, de Morena, insistieron en que esta reforma es una muestra del fracaso de la energética. Es una “farsa legislativa”, insistió Tenorio, pues no se discutió en comisiones ni en el pleno, tiene que ver con la entrega de nuevas exenciones para los privados y menos para Pemex. Julio Saldaña y Elio Bocanegra Ruiz, de PRD, se mostraron desesperados en la argumentación en contra al ver que, una a una, eran desechadas sus propuestas. Recordaron que la reforma energética se aprobó cuando el precio del petróleo rondaba los 90 dólares y hoy que, apenas rebasa los 40, es que se hacen estos cambios para dar más facilidades a la iniciativa privada en la extracción y exploración de crudo y gas. María Candelaria Ochoa, de MC, dijo que era falso que con los cambios se pretenda beneficiar a Pemex. Todos los que votaron en contra coincidieron en que era tiempo de revertir la “dañina reforma energética”, pero no fueron escuchados, a la hora de votar en lo particular las modificaciones propuestas quedaron con 300 votos en contra y cien a favor, es decir, no rebatidas en tribuna y en cambio fueron desechadas con aplastante mayoría. Lo mismo ocurrió con la Ley General de Derechos que el lunes 17 se avaló en comisiones con la ausencia de PRD y MC. Y como en la ley de hidrocarburos, fue una panista la que dio la cara en lugar del partido en el poder, en este caso el PRI, al argumentar en tribuna el dictamen. Gina Cruz, del PAN, fue la encargada de ponderar los presuntos beneficios de la Ley General de Derechos. En este caso el PRD se sumó al bloque de PAN y PRI para avalarla, pero aclaró que no estará a favor de la liberación del pecio de las gasolinas ni el aumento de la deuda. Este miércoles 19 se votará en comisiones la ley del IVA, de ISR y el Código Fiscal, para luego ser lo propio en el pleno durante la sesión del jueves. Todas estas leyes son necesarias para establecer de dónde saldrán los ingresos que luego se distribuirán a los estados y la Federación a través del Presupuesto de Ingresos 2017.
A su vez, la secretaria Patricia Mercado llamó a "parar los crímenes contra mujeres transexuales; es una convicción y la PGJCDMX va a resolver".
Integrantes de colectivos en defensa de los derechos de la comunidad sexodiversa pidieron a las autoridades el esclarecimiento de los asesinatos de las mujeres trans Alessa y Paola. En conferencia de prensa, convocada por Trabajadoras Sexuales Trans Independientes, MoviiMx, Opcion Bi, #24A Edomex-CdMx, No Más Discriminación, entre otras, representantes de las organizaciones y las víctimas criticaron la actuación de la procuraduría capitalina en el caso de Paola por el desaseo en el manejo de evidencias y por el desinterés en los hechos por parte del Ministerio Público. De acuerdo con la versión de sus compañeras, Paola, trabajadora sexual, fue asesinada la madrugada del pasado viernes 30 de septiembre presuntamente por un ex militar que fue identificado como Arturo Delgadillo, debido a que ella no le dijo que era transexual. Por otra parte, el pasado jueves fue hallado el cadáver de Alessa Flores, activista de derechos humanos de las personas transgénero y de la comunidad LGBTTTI, en la habitación de un hotel ubicado en la calle Juan de Dios Peza, en la colonia Obrera, de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. “El caso de Paola, el caso de Alessa, son dos casos representativos de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas poblaciones, son compañeras que ejercen el trabajo sexual, porque se han visto limitadas en su acceso a un trabajo digno, son compañeras que no tuvieron acceso a espacios de salud para poder tener un proceso de transición, de terapia hormonal, acompañado”, dijo Rocio Suárez, directora del Centro de Atención a Identidades Trans.
Las compañeras de Paola y los defensores acusaron al juez por desestimar los testimonios de tres trabajadoras sexuales que fueron testigos del homicidio en el que el supuesto responsable fue puesto en libertad y dijeron que los crímenes son la parte más visible del estigma y de la discriminación que las poblaciones transexuales. Por su parte, en el marco del Día del Trato Igualitario, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, publicó en su cuenta de Twitter: “Tienen que parar los crímenes contra mujeres transexuales; es una convicción y la PGJCDMX va a resolver los dos que acaban de suceder”. Asimismo, el Centro de Apoyo Trans convocó a una manifestación el próximo jueves 20 de octubre a las 10:00 horas en el Monumento a la Revolución para protestar contra los crímenes de odio.
El miércoles en la Ciudad de México se realizará una protesta contra los feminicidios. CONFERENCIA:
Bermúdez Zacarías no contaba con escoltas ni condiciones especiales de seguridad, puesto que no existían reportes de amenazas en su contra, según informes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, el juez federal asesinado el lunes, tenía en sus manos juicios de amparo promovidos por líderes del crimen organizado pertenecientes a los Cárteles del Golfo, de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos y Los Zetas. Sin embargo, el juez no contaba con escoltas ni condiciones especiales de seguridad, puesto que no existían reportes de amenazas en su contra, según informes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Bérmudez Zacarías comenzó a ejercer como juzgador federal en diciembre del 2013, fecha en la que fue designado como titular del Juzgado Sexto Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigo e Intervención de Comunicaciones con residencia en el Distrito Federal. Entre las resoluciones más importantes que el juzgador federal emitió como juez especializado destaca una orden de arraigo por 40 días que dictó en contra de Abigael González Valencia, “El Cuini”, considerado uno de los máximos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) junto con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. El arraigo contra “El Cuini” fue decretado a principios de marzo del 2015, unos días después de que el capo fuera capturado en Puerto Vallarta, Jalisco, junto a dos colombianos y un venezolano. La orden de arraigo fue decisiva para mantener en prisión al presunto narcotraficante, debido a que no contaba con una orden de aprehensión vigente al momento de su captura. Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos de América presentó una solicitud formal de extradición en contra de Abigael Valencia, misma que se ejecutó cuando el presunto líder del CJNG ya se encontraba sujeto al arraigo. A partir de enero del 2016, asumió como Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, por lo que en los últimos diez meses le tocó admitir y revisar expedientes relacionados con líderes del crimen organizado y empresarios que han sido vinculados a grupos delictivos. En su nuevo cargo, a Bérmudez Zacarías nuevamente le tocó revisar un proceso penal vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación: en su juzgado se presentó el amparo 1412/2016 interpuesto por el director del diario Unomasuno, Naim Libien Kaui, medio de comunicación que fue incluido por el gobierno de Estados Unidos en la lista de empresas que “lavan” dinero para una agrupación criminal. El juzgador federal se declaró incompetente para resolver el fondo del asunto y turnó el caso a un Juez de Distrito con sede en la Ciudad de México. Otros juicios de amparo que estaban bajo el análisis del fallecido impartidor de justicia son los que en su momento presentaron el ex líder del Cártel del Golfo, Mario Cárdenas Guillen; el máximo cabecilla de “Los Zetas”, Miguel Ángel Treviño Morales; el supuesto lugarteniente de “Guerreros Unidos” y responsable del secuestro de 43 estudiantes normalistas en el municipio de Iguala, Gildardo López Astudillo, “El Gil”; así como un amparo promovido por uno de los pistoleros con mayor historia al interior del Cártel de Sinaloa, Javier Torres Félix, “El JT”. Los amparos impugnan órdenes de traslado de un penal a otro de los presuntos líderes delictivos, por lo que de resolverse a favor o en contra de los involucrados no afectarían las sentencias que se pueden dictar en las causas penales correspondientes, ni tampoco lograr la liberación de los implicados. Incluso, a Vicente Antonio Bermúdez Zacarías le tocó conocer de un amparo presentado por la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán para frenar su extradición a Estados Unidos, pero el abogado del sinaloense, José Refugio Rodríguez, advirtió que esa impugnación no tuvo ninguna incidencia en el proceso, puesto que los juicios principales se encuentra en la Ciudad de México. “Ni siquiera conocí al juez, lamento la noticia que se dio a conocer esta mañana”, respondió el abogado de “El Chapo” a una consulta de Aristegui Noticias. Fuentes del Consejo de la Judicatura señalaron que a pesar de todos estos casos, el impartidor de justicia no contaba con amenazas de ninguna índole, por lo que tampoco tenía servicio de escolta ni medidas de protección especial.
CIUDAD DE MÉXICO: Los casos de los dos cleptócratas que ejercieron como gobernadores en Veracruz y Sonora tomaron un giro patético y dramático en unos cuantos días: el veracruzano Javier Duarte se “esfumó” justo después de ofrecer una entrevista exclusiva a Televisa para anunciar que pedía licencia y de que el sábado un juez giró orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita por 500 millones de pesos.
El mismo fin de semana de la presunta huida de Duarte fue asesinado Moisés Mirazo Torres, dueño de un hotel en Hermosillo que desde 2014 denunció al hoy prófugo exmandatario panista, Guillermo Padrés, contra quien la Interpol emitió una orden de localización hasta el 3 de octubre pasado. Todos los medios ahora se dedican a documentar los excesos de Duarte, incluyendo a aquellos que recibieron carretadas de dinero del autócrata jarocho, y todos parecían anticipar el desenlace al estilo Padrés, menos las autoridades federales y estatales que han actuado con una lentitud pasmosa y sospechosa.
El show mediático parece suplantar a la auténtica justicia, en un juego de simulaciones que acelera la impunidad tanto en el caso de Duarte como en el de Padrés, pero también anticipa vendettas peligrosas, sobre todo, contra la enorme red de cómplices del veracruzano. Tanto el PRI como el PAN pretenden equiparar ambos casos, cuando en realidad se trata de acreditar en los hechos la máxima peñista: “quien esté libre de corrupción que tire la primera piedra”. Por supuesto, el más interesado en equiparar los casos es el PRI. De lo que ocurra con Duarte y Padrés, podemos anticipar lo que sucederá con el “club de los PRIennials” como son los priistas Rodrigo Medina (Nuevo León), Robert Borge (Quintana Roo), César Duarte (Chihuahua) más los que se acumulen en el juego. Habían suficientes avisos de la fuga de Duarte, como antes los hubo de Padrés. Desde la semana pasada, empleados de la Secretaría de Relaciones Exteriores confiaron al corresponsal de Proceso en Veracruz, Noé Zavaleta, que recientemente habían “gestionado” un pasaporte para el hijo menor del entonces gobernador Javier Duarte. “Es probable que la familia completa se vaya al extranjero”, afirmaron (ver Proceso, No. 2085). El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón intercedió varias veces por Javier Duarte ante Los Pinos, sin mucho éxito al final, pero con mucha eficacia para ganar tiempo. Una nota de la procuradora Arely Gómez, enviada al jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, indicó que ya estaban avanzadas las investigaciones en contra del hoy incógnito. Sin embargo, nada se hizo desde el ámbito federal ni local para impedir la huida de uno de los personajes más repudiados por sus gobernados en los últimos años. Javier Duarte manipuló a su antojo los tiempos políticos y mediáticos. El miércoles 12 de octubre apareció en el informativo Despierta con Loret para anunciar que había pedido licencia para separarse del cargo como gobernador y “limpiar” su nombre. Por supuesto, Duarte negó en “Las Estrellas” de Televisa todas las acusaciones en su contra. Hasta llegó a afirmar que “ni un solo peso” se ha robado de las arcas veracruzanas, a pesar de los indicios de una corrupción masificada, casi tan intensamente como la violencia se disparó en Veracruz. Ese mismo día, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes, enemigo acérrimo de Duarte, advirtió que Duarte podía escaparse. Apenas el lunes 17 de octubre, el mismo Yunes alertó que el sábado 15 de octubre Javier Duarte dejó la entidad a bordo de un helicóptero que le facilitó el gobernador interino Flaviano Ríos, exsecretario de Gobierno duartista. El silencio duró todo el lunes, hasta que en su noticiero nocturno Denisse Maerker informó que desde el mismo sábado un juez giró una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita. Otras de las revelaciones que están siendo filtradas en los medios es el video de Moisés Mansur, quien dio a conocer cómo manejaba recursos de Javier Duarte, cómo desvió dinero a favor de Karime Macías Tubilla, esposa del exmandatario, pero también señala a Jaime Porres Cabada, y al exsecretario de Finanzas, José Antonio Mansur Beltrán, como el auténtico prestanombres de la red inmobiliaria del mandatario. Mientras el show veracruzano ocupa las primeras planas de los periódicos y los principales noticiarios electrónicos, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, afirmó en Milenio TV que “Duarte cayó por venganza” de los priistas y negó mantener cualquier contacto con Guillermo Padrés.
Lo grave es que mientras los dos mandatarios se convierten en moneda de cambio o de negociación entre el PRI y el PAN, los cómplices y denunciantes de ambos pueden comenzar a ser eliminados. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS) LINK: http://www.proceso.com.mx/459199/duarte-padres-la-farsa-mediatica-al-crimen
CIUDAD DE MÉXICO: La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, confirmó que están integrando los expedientes para denunciar ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR a los titulares de la Sedesol y la Oficina de la Presidencia, Luis Enrique Miranda y Francisco Guzmán, respectivamente, por participar en la entrega de tarjetas electrónicas en el Estado de México.
Exigió al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, que fije una postura oficial sobre el uso de recursos públicos por parte del titular de la Sedesol y pidió a las autoridades correspondientes investigar el caso, porque se trata de actos de corrupción. “Son una pose que pretende generar una percepción-ficción de que los priistas se están redimiendo (…) Ya es público que están utilizando indebidamente recursos públicos para entregar despensas y tarjetas electrónicas en pleno proceso electoral”, añadió.
No obstante, desestimó que con estas acciones se elimine el estigma del PRI sobre la percepción que tienen los mexicanos del partido en el gobierno. “El prestigio no se construye de la noche a la mañana, se acredita con hechos”, indicó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA. LINK: http://www.proceso.com.mx/459204/prd-alista-denuncia-ante-fepade-entrega-tarjetas-en-edomex
CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó solicitar al Presidente de la República un informe del contenido del diálogo que sostuvo con el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 31 de agosto.
La senadora panista Pilar Ortega Martínez, del PAN, consideró necesario también que la Junta de Coordinación Política informe sobre el trámite pendiente para que el Senado asuma una posición respecto a la visita de Donald Trump. La legisladora del PRI Graciela Ortiz afirmó que la invitación de Los Pinos “se envió a los dos candidatos, se cumplió con un requisito de la diplomacia de la no intervención y se invitó a quienes están en el escenario político-electoral de Estados Unidos. No corresponde al gobierno de la República exigir que alguien acuda o no a una invitación”. La semana pasada, el pleno del Senado pospuso a última hora la comparecencia de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, quien estuvo esperando desde las 12:00 horas hasta las 14:30 horas a que la convocaran a subir a la tribuna.
"Cambiar las condiciones estructurales que generan la corrupción no es una tarea sencilla", señaló.
Sergio López Ayllón, quien es parte de la comisión que elegirá al comité ciudadano anticorrupción, destacó que los partidos no presidirán el Sistema Nacional sino que lo harán los propios ciudadanos. “Somos ciudadanos los que vamos a tener la responsabilidad de elegir a los 5 ciudadanos que van a integrar el sistema, no van a ser los partidos sino los ciudadanos que con independencia, conocimiento y compromiso, vamos a tener que encontrar a 5 personas que reúnan un perfil, quienes tendrán la responsabilidad de conducir políticamente el sistema”, apuntó en entrevista para Aristegui Noticias. Por ello consideró que se trata de un “ejercicio inédito” en este país: “ciudadanos eligiendo a ciudadanos”. “Estamos en la primera etapa en la que el Senado designa a 9 personas, entre las que me encuentro yo, que vamos a tener como misión seleccionar a 5 ciudadanos que van a integrar el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción”, puntualizó. “Una vez que estén estos 5 ciudadanos seleccionados se instala formalmente el sistema que incluye a 6 instituciones públicas que son el Instituto Nacional de Transparencia, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción cuyo titular todavía tiene que ser designado por el Senado; y finalmente el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa”, puntualizó. “Estas 6 instituciones juntas, presididas por el comité ciudadano, es lo que integra el Sistema Nacional Anticorrupción”, agregó. De acuerdo con López Ayllón, el SNA “estará integrado formalmente para principios del próximo año” (2017). Al sistema lo define como “un espacio de coordinación y articulación de acciones de diferentes organismos que ya existen pero cada uno actúa de manera independiente y fragmentada”. “Lo que intenta generar el sistema es una acción concertada para que cada quien, en el ámbito de su competencia, actúe en la misma dirección, en un conjunto de acciones que tengan como propósito el prevenir, el combatir y eventualmente sancionar la corrupción”, dijo. “Es la acción coordinada de todos estos organismos, insisto, presididos por los ciudadanos, que es lo que permitiría iniciar una política de lucha anticorrupción mucho más sistemática, de largo plazo y que permita tomar medidas que efectivamente ataquen el problema por sus causas y no sólo por sus consecuencias”, indicó. Reconoció que hay altas expectativas por el SNA, pero pidió “tener en cuenta que entramos a un proceso de largo plazo, porque cambiar las condiciones estructurales que generan la corrupción no es una tarea sencilla”. “Vamos a tener que ser muy exigentes con todos los que integran el sistema, pero también vamos a tener un poco de paciencia para que la medicina que vayan generando pueda tener efecto de largo plazo y efectivamente pueda ir corrigiendo el problema”, confió. Respecto a la corrupción en México, la calificó como “uno de los grandes retos”, que el SNA intentará modificar.
La comisión que elegirán a los 5 ciudadanos la conforman: Sergio López Ayllón, Edna Jaime Treviño, Antonio Carlos Gómez Espiñeiera, Viridiana Ríos Contreras, María Elena Morena Mitre, Juan Ernesto Pardinas Carpizo, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Pedro Salazar Ugarte y José Luis Juan Caballero Ochoa. VIDEO:
