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El caso Totolapan muestra cómo una policía omisa lleva a la gente a combatir criminales: analistas

El levantamiento de los pobladores de San Miguel Totolapan en contra del grupo delictivo Los Tequileros es un hecho inusitado que evidencia la enorme ausencia de autoridad en Guerrero, coinciden especialistas. El secuestro de un ingeniero de la localidad el domingo pasado provocó que autodefensas locales decidieran retener a alrededor de 18 personas presuntamente ligadas con el grupo criminal responsable del plagio, incluida, la madre del líder de la banda. Una situación que rebasó la reacción de las autoridades estatales, quienes intermediaron para la liberación de rehenes.

Un secuestro en San Miguel Totolapan detonó el despliegue de 220 elementos de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas a esa localidad del estado de Guerrero. Especialistas en derechos humanos y en materia penal calificaron la movilización como un “show”, pues no se ataca el problema central: la impunidad en la que operan grupos criminales no sólo en esa entidad del sur de México, sino en todo el país.

El ingeniero local Isauro de la Paz Duque, secuestrado el domingo, fue liberado la noche de este miércoles por la célula delictiva Los Tequileros, a cambio de la liberación por parte de un grupo de autodefensas de María Félix de Almonte Salgado,  madre del líder de esta banda, Raybel Jacobo de Almonte.


Hasta ahora el papel de las autoridades parece no ser más que el de un tercer actor.  Esperan que en las próximas horas los autodefensas del Movimiento totolapense por la paz terminen de liberar a alrededor de 17 personas.

Este jueves un boletín del Gobierno del estado informó un acuerdo logrado entre una comisión de funcionarios públicos con pobladores de San Miguel Totolapan, en el que los autodefensas pondrían a disposición de las autoridades a los rehenes una vez fuera liberado el ingeniero de la localidad.

Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), integrado por dependencias federales y el Gobierno estatal, dijo que la idea de mandar a más de dos centenares de elementos a la zona tuvo como propósito hacer presión y restablecer el orden.

“Los autodefensas retuvieron a personas que ellos creen que estaban ligadas con el grupo [criminal]”, dijo el portavoz del GCG. Agregó que cinco personas ya fueron liberadas por los autodefensas este jueves.

La respuesta de los autodefensas evidencia la falta de presencia del Estado, y una violación a la Constitución de la República, consideró Gabriel Regino, abogado penalista.
“Hay un concepto de venganza de sangre llamado “Blutrache”. Un principio que te permitía en el siglo XII hacer lo que están haciendo ahorita en Guerrero. Justicia por su propia mano [y quedar exentos de sanción]”, explicó.

LOS TEQUILEROS

De acuerdo con el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Los Tequileros son una célula delictiva vinculada tiempo atrás con el cártel La Familia Michoacana, dedicada a la siembra y trasiego de amapola.

La agrupación es dirigida por Raybel Jacobo de Almonte y se encuentra en la zona desde hace siete años, de acuerdo con habitantes del pueblo.

“¿Qué hacen ellos? Llegan a una población rural, y en un camino instalan una especie de retén y a las personas que van pasando las privan de la libertad, y se los llevan caminando por cerros, cañadas, barrancas, hasta lugares inaccesibles”, y después piden rescate por ellos.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), hasta octubre pasado operaban en Guerrero las células delictivas Guerreros Unidos, vinculada a la Familia Michoacana; Los Granados, los Rojos, el cártel Independiente de Acapulco y Los Ardillos, relacionados con el cártel de los Beltrán Leyva; así como el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Regino detalló que los secuestros que realizan las células delictivas son una consecuencia de la atomización que han sufrido los grandes cárteles del narcotráfico debido a la estrategia de descabezamiento de sus líderes. Los grupos más pequeños, que pierden la capacidad de mover grandes cargamentos de droga, tienen que recurrir a secuestros y extorsiones para seguir obteniendo recursos.

El Presidente Enrique Peña Nieto se fijó al principio de su administración la captura o el abatimiento de 122 capos. Hasta el 15 de septiembre habían caído 103, informó Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad.

“Debemos poner mucho énfasis en que si las autoridades los conocen y los tienen identificados, entonces por qué no los han detenido”, dijo Regino.


UN SHOW EN GUERRERO

Edgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano del Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) calificó como un esfuerzo de apariencias el despliegue realizado por las fuerzas estatales y federales hacia San Miguel Totolapan.

Al municipio llegaron 120 elementos del Ejército, 60 de la Policía Federal y 40 de la policía del Estado.
“Muchas de esas medidas reactivas tratan de hacerle frente a la opinión pública, a la imagen, y no tanto al centro del problema. Envían un número significativo de elementos muy diversos, pero en cuanto la presión disminuye el tema se olvida”, explicó.

De enero a octubre de este año se han suscitado 62 secuestros en Guerrero, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el investigador consideró que no hay programas para atender este delito a largo plazo.

¿Por qué una sola persona desató la ira de la comunidad? Álvarez señaló que sólo se explica por el hartazgo de los pobladores frente a los criminales.

“El ingeniero es un ingeniero contratista, que se dedica a hacer obras de beneficio colectivo, desconozco qué tipo de obras”, dijo.


Un video publicado por el grupo de autodefensas justificó la retención de estas personas tras haber sido víctimas de una serie de delitos.



“Pido un intercambio: a cambio de la vida de mi esposo, yo le entregaría a su mamá, así como me entrega a mi esposo, yo le entrego a su mamá, pero lo quiero sano y salvo”, dijo la esposa del ingeniero en un video hecho público por el diario local El Sur.

De acuerdo con un mensaje en la cuenta de la red social Twitter del Gobernador Héctor Astudillo, el ingeniero ya se encuentra con su familia.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍAS HARNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-12-2016/3125894

Las carreteras federales donde hay más asaltos a autobuses

La carretera federal ‘México-Tizayuca’, con un promedio de un robo a autobús por cada 4 kilómetros, está entre las más peligrosas del país, según datos proporcionados por la Policía Federal a Animal Político; toma tus precauciones al salir de viaje en vacaciones.

Las vacaciones de Navidad ya están próximas y miles de mexicanos se disponen a tomar diversos medios de transporte para salir unos días de sus ciudades de origen.

Si tu plan es tomar el autobús, Animal Político te desglosa cuáles son las carreteras con más asaltos cometidos contra camiones de pasajeros –tipo ADO, Primera Plus o ETN- en los últimos cuatro años, para que tomes tus precauciones.

Recuerda que para denunciar un delito en carretera federal puedes hacerlo a la cuenta de Twitter de la Policía Federal (@PoliciaFedMx), o marcando los números telefónicos 088 y 01-800-440-3690.

La ‘México-Tizayuca’: cada 2.9 km roban, en promedio, un autobús

En respuesta a una solicitud de información pública, la Policía Federal apuntó que la Ciudad de México es la entidad con más asaltos a autobuses: 173 casos desde 2013 a octubre de 2016. Un promedio de 43 ataques al año, o 3.7 asaltos al mes.

En la CDMX, la carretera federal más peligrosa para los camiones de pasajeros es la México-Tizayuca (ruta 85D), con 57 asaltos; el 32% del total de robos en la capital. O en otras cifras: con apenas 169 kilómetros, la ‘México-Tizayuca’ es la carretera federal con más asaltos a camiones de pasajeros no solo en la CDMX sino en todo el país, con un promedio de un robo cada 2.9 kilómetros.

Cabe recordar que la ‘México-Tizayuca’ también es la segunda en el país con mayor promedio de robos a automovilistas: un robo por cada 4.1 kilómetros.

La segunda carretera con más atracos en la Ciudad de México es la ‘México-Palmillas’ (ruta 57D), con 19 casos y un promedio de un asalto a transporte de pasajeros por cada 18 kilómetros. Esta carretera de 342 kilómetros es también la cuarta con más robos a automóviles, con una media de un asalto por cada 6.3 kilómetros.

La carretera ‘México-Pachuca’, con 18 asaltos, y la ‘autopista 5 de Mayo’, con 9, son otras de las vías federales más peligrosas en la CDMX para viajar en camión de pasajeros.

‘La Tinaja-Cosoleacaque’, foco rojo en Veracruz

El segundo estado más riesgoso para viajar en autobús es Veracruz, con 93 asaltos en sus carreteras federales entre 2013 y 2016.

La ruta 180 que va de Matamoros, en Tamaulipas, a Puerto Juárez, en Quintana Roo, acumula a su paso por Veracruz un total de 19 asaltos a autobuses, siendo el trazo más conflictivo en la entidad. Aunque le sigue de muy cerca la pista ‘La Tinaja-Cosoleacaque’ (ruta 145D), con 17 robos.

La ‘México-Veracruz’ y la ‘Coatzacoalcos-Salina Cruz’, con 10 y 7 casos, respectivamente, son las otras dos pistas conflictivas para los autobuses.

Asimismo, la ‘México-Veracruz’ (rutas 190, 150 y 140) es la tercera pista federal con más robos a automovilistas, con 74 casos y un promedio de un robo cada 5.2 kilómetros.

Las carreteras más peligrosas en el sur

En el sur del país, Chiapas es la tercera entidad con más robos a camiones de pasajeros en carreteras federales, con 58 casos; y Oaxaca, el cuarto con 47.

En Chiapas, la pista ‘Las Choapas-Ocozocuautla’ (ruta 145D) acumula 17 asaltos, mientras que la ‘Playas de Catazajá-Rancho Nuevo’ (ruta 199) suman 10 robos. Entre las dos carreteras suman el 46% de los casos. O en otras palabras: en los últimos cuatro años, casi 5 de cada 10 asaltos a camiones de pasajeros en Chiapas ocurrieron en alguna de estas dos carreteras.

En Oaxaca, la ‘México-Ciudad Cuauhtémoc’ (ruta 190) es la más peligrosa con 13 robos; el 28% del total registrado en la entidad.

La ‘México-Nogales’, la que acumula más asaltos en el norte

En el norte, Sonora es la entidad con más robos a autobuses en sus carreteras federales, con un acumulado de 21 casos.

La ‘México-Nogales’ (rutas 15 y 15D) registra 10 robos a camiones de pasajeros. Es decir, que 5 de cada 10 casos registrados en Sonora, sucedieron en esta carretera federal.

Aquí puedes checar el listado de carreteras que la Policía Federal envío en su respuesta a Animal Político.

A nivel estatal: 13 asaltos al mes, en promedio

Hay que precisar que los datos anteriores hacen referencia a delitos cometidos en carreteras federales. A nivel estatal –es decir, cuando el delito se comete en una vía que no es federal, y por tanto es el ministerio público de cada estado es el encargo de abrir la averiguación previa del caso-, de enero a octubre de este año van 136 robos contra autobuses, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Esto nos deja un promedio de 12.8 robos a camiones de pasajeros al mes.


No obstante, de acuerdo con lo reportado por el SNSP, el número de ataques a los autobuses ha disminuido progresivamente desde 2013. Ese año, se contabilizaron 396 asaltos. En 2014, 263 robos. En 2015, 160 casos. Y en 2016, 136; un 65% a la baja.

LAS CARRETERAS FEDERALES DONDE HAY MÁS ASALTOS A AUTOMOVILES.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTES.
TITULO ORIGINAL: Conoce cuáles son las carreteras federales donde hay más asaltos a autobuses.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/autobuses-carreteras-asaltos/

Autoridades violaron derechos de pobladores de Xochicuautla al imponer una carretera: CNDH

La Comisión evidenció cómo las autoridades incumplieron acuerdos y cometieron actos de intimidación para la construcción de una carretera de una filial del Grupo Higa.

Autoridades federales y del Estado de México (Edomex) violaron los derechos de los pobladores indígenas otomíes del pueblo de San Francisco Xochicuautla al imponer, sin consulta previa y sin un adecuado informe de impacto ambiental, una carretera que sería construida por una filial del Grupo Higa, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 56/2016.

En la recomendación dirigida a la secretaria Rosario Robles Berlanga, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); al secretario Rafael Pacchiano, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Edomex, la CNDH concluyó que el proyecto, que inició el 5 de diciembre de 2006, se hizo sin “consultar previamente a las comunidades por las que pasaría la autopista”.

No sólo eso. La CNDH evidenció que estas autoridades, así como la empresa filial de Grupo Higa, han incumplido acuerdos judiciales, cometido actos de intimidación con el apoyo de la fuerza pública y puesto en marcha nuevas estrategias para continuar con los trabajos de construcción de la carretera, sin cumplir con el derecho de las comunidades indígenas de “ser consultados de manera previa, libre e informada”.

Lo documentado por la CNDH provocó que, desde 2007, una parte importante de los pobladores y activistas de la región se organizaran y denunciaran las irregularidades cometidas ante diferentes instancias defensoras de los derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Los pobladores en todo este tiempo han denunciado no haber sido tomados en cuenta para decidir sobre el futuro de su comunidad, regida por usos y costumbres; no tomarse en cuenta las afectaciones que el proyecto traería a la flora y fauna de la región y el hecho de que el pueblo quedaría partido en dos por el paso de la carretera, provocando a su vez que se perdiera el vínculo que tienen con el bosque y de lo que ahí obtienen, como madera, hongos, y otros alimentos.

La recomendación

En la recomendación de 102 cuartillas, la CNDH no sólo documentó la falta de una consulta previa para construir la carretera, identificó algunas de las irregularidades cometidas por las autoridades para saltarse las normas y los procesos judiciales existentes que prohíben continuar con los trabajos de construcción en tanto concluyen los juicios interpuestos por los propios pobladores.

Corroboró que aun cuando las autoridades aseguraron haber cumplido con las consultas correspondientes con los pobladores, para pedir la autorización de la obra, no existió una verdadera consulta.

“La participación de los pobladores tuvo como objeto acudir en calidad de observadores y en caso de pregunta expresa resolver dudas, además de que tampoco autorizaron la expropiación de tierras”, como indicaba el decreto expropiatorio publicado el 9 de julio de 2015.

“Tampoco se advirtió de qué manera se dio a conocer dicho proceso de consulta, porque se organizó sin tomar en cuenta a la comunidad indígena, se programó en un lugar ajeno a ésta y de último momento se cambió a la Biblioteca del Poder Legislativo del Estado de México. Además, la consulta se realizó en una semana, tiempo insuficiente para que los afectados pudieran conocer los detalles, resolver dudas, proponer soluciones, reflexionar y fijar una postura para otorgar o no su consentimiento”, dijo la CNDH.

La Comisión también detectó como el pasado 11 de abril los representantes de la filial de Grupo Higa, acompañados por policías municipales y de Seguridad Ciudadana, reanudaron los trabajos de construcción de la autopista y para ello demolieron la casa de uno de los pobladores de San Francisco Xoxhicuautla, así como un campamento instalado para evitar el avance de las obras.

Ante ese panorama, la CNDH lanzó una serie de recomendaciones a las autoridades involucradas para lograr una adecuada solución al conflicto, independientemente de los procesos judiciales que se siguen en este momento en los tribunales.

Al Gobierno del Edomex recomendó mantener las mesas de diálogo para la solución del conflicto y la puesta en marcha de un Fondo Comunitario en favor de las comunidades indígenas, “cuyos recursos se destinen a desarrollar proyectos orientados a aumentar la productividad agrícola o de otra índole, mejorar su infraestructura, restaurar áreas deforestadas y otras actividades que las beneficien”.

En el caso de la construcción de la autopista pidió que se valore la modificación del trazo y la construcción de túneles que propone la comunidad de Xochicuautla.


A Sedatu y Semarnat pidió la redacción de circulares que obliguen a sus funcionarios a respetar las consultas previas de los derechos indígenas, conforme a las normas constitucionales y estándares nacionales e internacionales;  a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente recomendó vigilar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en las resoluciones en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo de la autopista Toluca-Naucalpan, entre las más importantes.

RECOMENDACIÓN COMPLETA

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/derechos-pobladores-xochicuautla-cndh/

Atacan tres bares y ejecutan a dos hombres en Chilpancingo

CHILPANCINGO Gro: Un grupo armado atacó al menos tres bares en esta capital donde también fueron ejecutados dos hombres al norte de la ciudad.

Los hechos violentos se registraron casi de forma simultánea en distintos puntos de Chilpancingo.

Reportes oficiales indican que cerca de las 22:00 horas, un grupo armado que se desplazaba a bordo de un auto atacó los centros nocturnos 69, Oasis y Tentaciones, los tres ubicados sobre el carril sur norte del el bulevar Vicente Guerrero a la altura de las colonias San Juan y José Lopez Portillo donde se reportó un hombre herido.

Posteriormente, fueron localizados dos hombres ejecutados al poniente de esta capital.


La ola de violencia en la capital no cesa como en el resto de la entidad, a pesar de que se anunció el reforzamiento de la estrategia de seguridad que dirige el Ejército.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466617/atacan-tres-bares-ejecutan-a-dos-hombres-en-chilpancingo

Normalistas toman caseta de la autopista siglo XXI y CNTE alista marcha, en Michoacán

ARTEAGA, Mich: Estudiantes de las tres normales existentes en esta ciudad, La de Preprimaria, Primaria y Secundaria, se apoderaron desde temprana hora de una caseta en la Autopista Siglo XXI, en exigencia de plazas automáticas.

Los normalistas, estudiantes del Centro Regional de Estudios Normales de Arteaga, se movilizaron desde las 07:30 horas a la caseta Las Cañas, ubicada a unos 30 kilómetros de Arteaga, donde desalojaron a los trabajadores para permitir el libre paso de los vehículos.

En el lugar retuvieron vehículos de empresas trasnacionales como Bimbo, Pepsicola y Coca-Cola, entre otras.

La toma de la caseta es por la exigencia de plazas automáticas para los futuros maestros.

Por su parte miembros de la Sección XVIII, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se han agrupado en la Plaza Escala de Morelia, y alistan marchar hacia Casa de Gobierno.

Los profesores se concentraron en el estacionamiento de Plaza Escala Morelia y frente a Palacio del Arte.

Se trata de un grupo de unos 200 profesores que desde las 10:00 horas se concentraron con pancartas y mantas en mano para demanda la liberación de un profesor de nombre Miguel quien fue vinculado a proceso por el delito de sabotaje, el martes pasado.

Miguel, es director de la Escuela Secundaria Técnica 154 y fue detenido en dicha localidad por los elementos de la Policía Michoacán, señalado de ataques y daños a las vías generales de comunicación, ya que junto con otros profesores, adheridos a la CNTE bloquearon las vías del tren en esa zona e intentaron cortarlas con un soplete la noche del miércoles pasado.


Asimismo, los maestros mantienen su rechazo a la reforma educativa y a la evaluación a los miembros del magisterio michoacano.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466619/normalistas-toman-caseta-la-autopista-siglo-xxi-cnte-alista-marcha-en-michoacan

Congreso de Morelos aprueba dar trámite a un juicio político contra Cuauhtémoc Blanco

El Tribunal Superior de Justicia de Morelos tendrá que emitir una resolución sobre las acusaciones que dieron pie a la aprobación del juicio político, entre ellas la de que Blanco presuntamente acreditó de forma ilegal su residencia en la entidad.

Los diputados de Morelos aprobaron dar trámite a un juicio político en contra del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.

La aprobación se dio con 27 votos a favor, cero en contra y una abstención. 
Entre los motivos de esta medida, está la acusación de que Blanco acreditó de forma ilegal su residencia en el estado de Morelos.


El siguiente paso sería que magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado emitan una resolución sobre la presunta culpabilidad de Blanco.





Este hecho se suma a intentos previos de lograr que Blanco deje de ser alcalde.

El pasado 9 de diciembre el Congreso de Morelos resolvió revocar el mandato de Blanco.

Sin embargo, se estableció que Blanco seguiría en funciones hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva una controversia constitucional interpuesta por el exfutbolista para evitar su destitución.

En septiembre pasado se reveló que Blanco habría cobrado 7 millones de pesos por ser el candidato del Partido Social Demócrata (PSD) a la alcaldía de Morelos.

Según el contrato firmado el 17 de enero de 2015, cinco meses antes de las elecciones, el futbolista recibiría el dinero sin importar si ganaba o no los comicios.


Un día después de que se dio a conocer el contrato, Blanco rechazó las acusaciones en su contra y presentó una denuncia, señalando que habían falsificado su firma.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/blanco-juicio-politico-cuauhtemoc/

La PGR responde a NYT que reporte sobre los 43 es preeliminar; pero no aclara si es verdad o no el contenido

El diario neoyorquino tuvo acceso a un informe interno de la PGR, que supuestamente le sería entregado a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desde agosto pasado, en el que se revelan una serie de irregularidades y violaciones a derechos humanos cometidas durante todo el proceso de investigación, mostrando también cómo los investigadores han manejado mal el caso Iguala desde el inicio.

El Gobierno mexicano se ha negado a publicar un informe en el que se señalan irregularidades cometidas en el proceso de investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reveló este día el diario New York Times.

De acuerdo con el rotativo estadounidense, el reporte interno de la Procuraduría General de la República (PGR) dice que los sospechosos cruciales en el caso Iguala fueron arrestados y trasladados ilegalmente, poniendo “en tela de juicio” las pruebas que proporcionaron, conducta que, señala, violó el derecho a la verdad y dañó los derechos de las víctimas de justicia.

El Times refiere que este informe, que se completó hace cuatro meses en 177 páginas, proporciona la primera evidencia dentro de la oficina del abogado general mostrando cómo el caso fue mal manejado.

El reporte le sería entregado a los padres de los normalistas desde el 18 de agosto, sin embargo, cuando acudieron a las instalaciones de la PGR, César Alejandro Chávez Flores, inspector general de la dependencia les dijo que el informe aún no había sido aprobado, una “simple formalidad” que nunca llegó y que hasta la fecha está siendo estudiado. Cuatro semanas después del encuentro, el funcionario presentó su renuncia.

The New York Times refirió que la razón por la que el informe permanece en el “limbo burocrático” es por que “representa una serie de violaciones, incluyendo el principal investigador del gobierno que toma a un sospechoso para identificar la supuesta escena del crimen sin un abogado defensor presente”.
“Fue un claro signo de falta de voluntad política, no sólo de la Procuraduría General, sino del Gobierno Federal, para terminar la investigación interna”, dijo al diario Santiago Aguirre, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la Ciudad de México y el representante legal de las familias. 
“Nos mostró que el inspector general trató de hacer un trabajo honesto y que no pudo encontrar las condiciones políticas e institucionales para llevar su trabajo a sus consecuencias finales”.

La posibilidad de que el informe sea eliminado de la investigación es una preocupación para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que está evaluando el progreso del caso y ha presionado al gobierno para que abra nuevas líneas de investigación.

“Estamos muy preocupados y preocupados por las acusaciones planteadas recientemente”, dijo el presidente de la comisión, James L. Cavallaro. “Claramente un documento importante, y esperamos y esperamos recibirlo”, agregó.

El relato del gobierno sobre lo que sucedió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 se basa en una serie de confesiones de supuestos miembros del crimen organizado que dijeron haber matado a los estudiantes y quemado sus cuerpos en un basurero de Cocula. Al día siguiente, recogieron las cenizas en bolsas de plástico y las arrojaron al cercano río San Juan.

El informe del inspector general describe cómo seis sospechosos, detenidos en diferentes lugares del estado durante un día, confesaron con idéntica redacción que eran miembros de Guerreros Unidos y admitieron haber matado a los estudiantes.

Las detenciones subsiguientes, basadas únicamente en esas declaraciones, fueron arbitrarias e ilegales, dijo la revisión. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos indica que un arresto ilegal anula cualquier evidencia obtenida como resultado.

Ante tal situación, la PGR emitió un comunicado en el que aseguró que dicho informe es sólo “un simple proyecto” que se está analizando y que “carecen del rango de resolución formal”.

La dependencia señaló que para que dicha “resolución adquiera validez” es necesario que la misma, además de cumplir con diversas formalidades preestablecidas, esté firmada por quien la emite, en este caso en específico por el ex Visitador General de la Procuraduría General de la República, César Alejandro Chávez Flores.


Por lo que afirmó que cualquier documento que se refiera al caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y sea difundido por medios no oficiales debe de tomarse sólo como un informe preliminar que se encuentra bajo escrutinio.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-12-2016/3126276

Duerman con ropa porque producen muchos chamacos, dice gobernador de Hidalgo a mujeres indígenas

Tras ser criticado por sus declaraciones, el gobernador de Hidalgo ofreció disculpas y señaló que su intención era hacer una recomendación en materia de seguridad en el hogar.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, invitó a las mujeres indígenas a que “duerman con ropa porque producen mucho chamaco”.

En su visita al municipio de Acaxoxhitlán, Fayad Meneses entregó estufas ecológicas a comunidades marginadas, lo que dio pie a que el gobernador de Hidalgo invitara a las mujeres indígenas a dormir vestidas, lo que ocasionó la risa de los asistentes al evento.

“Ya les dije que ya duerman con ropa porque producen muchos chamacos y el riesgo es que los chamacos se queman cuando dejan las estufas adentro del jacal”, aseguró el mandatario.

Durante su discurso el gobernador agregó que ya envió al Congreso del estado la propuesta para crear la Comisión para la Atención de Pueblos Indígenas, la cual, dijo, ya está bajo análisis de los diputados locales.


Luego de ser criticado por sus declaraciones, el gobernador explicó que su intención era hacer una recomendación de seguridad en el hogar, la cual no se entendió y ofreció disculpas a las mujeres, de acuerdo con un reporte del noticiero 10 En Punto, de Televisa.



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/gobernador-hidalgo-mujeres-indigenas/

Diputados vacacionarán 47 días con aguinaldazo y bono; dejan, para variar, muchos pendientes

Los legisladores salieron de vacaciones con aguinaldo, “bono navideño” y 47 días de vacaciones pero sin cumplir con la aprobación de distintas leyes que fueron anunciadas como un objetivo. Pese a que el primer periodo de sesiones inició desde el 1 de septiembre a los legisladores, quedarán pendientes diversas leyes en materia de derechos humanos y anticorrupción. Al tiempo que el Partido Revolucionario Institucional ha impuesto su propia agenda en el último tramo del periodo de sesiones, con la intención de aprobar la iniciativa para normalizar las operaciones de las Fuerzas Armadas.

Organizaciones de la sociedad civil y académicos criticaron la aprobación de la Cámara de Diputados del bono navideño de 150 mil pesos aprobado por el concepto de Atención Legislativa. Mientras que una serie de leyes continúan durmiendo el sueño de los justos en las distintas comisiones.

Cada Diputado recibe un salario de 73 mil 817 pesos mensuales, cuentan con derecho a una gratificación a fin de año de alrededor de 95 mil 250 pesos. Y a dos apoyos económicos por los conceptos de “Asistencia Legislativa” y “Atención Ciudadana” de 45 mil 786 pesos y 28 mil 772 pesos cada uno.

No suficiente, el Pleno de la Cámara aprobó este jueves un bono por 150 mil pesos, presuntamente para pagar a colaboradores y gestiones en sus distritos.

“Lo que refleja una falta de sensibilidad por parte de miembros de nuestra clase política respecto a lo que implica ser servidor público”, dijo Marco Fernández, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
En tanto los funcionarios se atribuyen ingresos, el 46.2 por ciento de la población mexicana se encuentra en condición de pobreza, de acuerdo con datos del 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Fernández resaltó que esta clase de adjudicaciones contribuyen a la deteriorada imagen de los legisladores ante la opinión pública, lo cual se ha visto en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental y en las realizadas por los diarios nacionales.

No todos los grupos aceptaron el bono navideño. El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MC) decidieron rechazarlo por encontrarlo “ilegal”.

El Diputado de Morena Vidal Llerenas Morales apuntó que era injustificable pretender dar una aguinaldo bajo un pretexto. Y consideró viable que haya un recorte al presupuesto del Congreso, que este año contó con 14 mil 101 millones de pesos.


UNA LISTA DE REZAGOS

El siguiente periodo de sesiones comienza el 1 de febrero. Por lo que los legisladores tendrán 47 días de vacaciones (en la víspera de que aún no se ha confirmado u). Sin embargo, hay una serie de temas que han quedado rezagados coincidieron diputados.
“Ayer el PRI y sus aliados, frenaron dos piezas vitales, la Ley para prevenir y sancionar la tortura, y la Ley contra la Trata”, dijo Clemente Castañeda Hoeflich, jefe de la bancada del partido MC.

El 8 de diciembre el Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda destacó la necesidad de un marco normativo para los operativos de las fuerzas armadas. Encontrando eco en el propio Presidente de la República Enrique Peña Nieto.

El Gobierno federal respalda la iniciativa de Ley de Seguridad Interior presentada por el PRI el 27 de octubre, cuyo contenido permite al Ejército suplir las tareas de las fuerzas de seguridad pública cuando el Presidente lo determine.

Tanto el Partido Acción Nacional, como el Partido de la Revolución Democrática, ha supeditado la aprobación de esta Ley, a la aún no aprobada del Mando Mixto Policial, que pasaría el control de ciertos municipios al poder de los gobernadores.
“El Congreso tiene como tarea no es sólo aprobar una Ley, sino la obligación de evaluar el impacto social, el económico. y esta parte, nunca la atiende el Congreso”, dijo el profesor de la Universidad Nacional Autónoma Ricardo Espinoza Toledo.

Con base al rumbo que han tomado las discusiones, dijo Castañeda, la bancada mayoritaria ha relegado otros temas de derechos humanos a segundo plano. Una característica tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado.

El 10 de diciembre del año pasado el Presidente anunció que enviaría iniciativas de Ley para combatir los delitos de lesa humanidad: desaparición y tortura.

Y aunque hubo un respaldo al principio del actual periodo de sesiones este se volvió a diluir con el paso del tiempo.
“Con otras iniciativas ganan puntos [electorales] muy observables. Su visión es muy corta, porque ganancia quizá no tengan, pueden perder mucho con el tema desaparecidos”, dijo recientemente a este medio Lucía de los Ángeles García Henao, fundadora de la organización civil Solecito.

El Senado ha dejado pendientes la designación del próximo Fiscal Anticorrupción, la transformación de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General.

Asimismo, temas impulsados por el propio Presidente de la República han sido después desincentivados por la propia bancada del PRI.


El 17 de mayo el Presidente de la República envió su propuesta al Senado para aprobar el matrimonio igualitario, que luego quedaría congelada; como después sucedió con la iniciativa de la mariguana, llegada desde el 21 de abril, la cual aprobó el uso medicinal de esta droga, mas no el prometido aumento del gramaje de portación de 5 a 28 gramos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-12-2016/3126274

Evercore, de Aspe, gana millones de dólares ocultando millones de pesos de gobiernos estatales

De Evercore, la firma que lidera Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, salieron funcionarios de alto nivel de esa dependencia hacendaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto: Luis Videgaray Caso, ex titular de Hacienda; Fernando Aportela Rodríguez, ex subsecretario de la SHCP, y Marcela Andrade Martínez, actualmente jefa de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas. Son puestos muy importantes que tienen que ver con las finanzas estatales y ahí se ve que hay una relación previa con la financiera de Aspe, dice en entrevista Enrique Cárdenas, director ejecutivo del CEEY, entidad que ha analizado la participación de Evercore en el endeudamiento de estados y también en el ocultamiento de pasivos por parte de gobernadores y ex gobernadores.

El servicio de asesoría que Evercore Casa de Bolsa ofrece a los gobiernos estatales en México es uno sus principales ingresos, reportó la firma dirigida por el ex Secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, a la autoridad norteamericana que vigila el mercado de valores.

“Nuestros negocios en México obtienen una significativa porción de sus ingresos a través de contratos de consejería con gobiernos estales y locales en México”, expuso Evercore en un reporte entregado a la Securities and Exchange Commission (SEC, sus siglas en inglés).

Entre sus aconsejados, sin embargo, se encuentran mandatarios que han sido señalados como generadores de las más abundantes deudas estatales.

En 2006, por ejemplo, la firma de Aspe realizó un “diagnóstico financiero integral” al Gobierno de Coahuila, entonces a cargo del priísta Humberto Moreira Valdés.


Dos años después, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, la deuda de esa entidad había aumentado de 420 millones de pesos a mil 831.9 millones en 2008 y, para 2011, era ya de 36 mil 509 millones de pesos y emblema del crecimiento desmedido de los compromisos públicos en un estado.

Otro caso es el de Puebla, donde la firma de Pedro Aspe obtuvo en 2012 la administración de un Fideicomiso que recauda el impuesto sobre la nómina como “fuente de pago de las obligaciones a cargo del estado derivada de proyectos”.

Esto, con base en una modificación previa a la Ley de Deuda Pública de esa entidad que permitió dejar de llamar “deuda” a los “Proyectos de prestación de servicios”.

El resultado: de acuerdo con una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Puebla apareció este año con la mayor cantidad de pasivos (16 mil millones) no reportados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que sólo le contaba hasta diciembre una deuda de ocho mil 609 millones al cierre de 2015.
“El endeudamiento no se ha detenido y aún no se conocen las cifras reales completas. Algunos estados han escondido su verdadero endeudamiento”, expuso el pasado miércoles el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) en un boletín.

“Como ya se mencionó, por primera vez y gracias a las reformas legislativas recientes, la ASF reveló los pasivos totales registrados en la cuenta pública de cada estado”, agrega el documento del CEEY.

En su revisión difundida en agosto pasado, la ASF indica que comparó el saldo de los “Indicadores de Obligaciones” difundidos por la SHCP con el reportado en cada una de las cuentas públicas estatales, encontrando que, al cierre de 2015, había una diferencia de 50 mil 464.2 millones de pesos entre las 32 entidades.
“Destacan Puebla (16 mil 046.5 millones de pesos) y Michoacán (13 mil 941.1 millones de pesos), los cuales concentraron el 59.4 por ciento de dicha diferencia. Lo anterior, debido a que las entidades y los municipios sólo están obligados a inscribir en el ROEEFM las obligaciones garantizadas con participaciones y aportaciones federales, y se excluyen los pasivos financieros de corto plazo, los contingentes y otras obligaciones que no se consideran deuda pública”, planteó la ASF.

“Por lo anterior, es importante considerar todas las obligaciones y financiamientos de las entidades federativas, debido a que como se observa en el cuadro anterior, el concepto ‘Otros pasivos’ concentró el 25.5 por ciento del total de las obligaciones financieras”, agregó la Auditoría en su “Informe de Avance de Gestión Financiera”.

El nombre de Evercore apareció esta semana en el análisis hecho por el CEEY sobre la citada revisión de la ASF, indicando que la firma fundada por el ex Secretario de Hacienda del sexenio salinista ha trabajado a lo largo de los años en al menos una decena de Gobiernos estatales; entre ellos, Coahuila, con problemas históricos de deuda; o en los primeros lugares de pasivos “ocultos”, como Puebla, Michoacán, Oaxaca y Tabasco.

“Además, el total de pasivos reportados por la ASF no siempre incluye los pasivos que se encuentran en fideicomisos mal llamados privados, mismos que se alimentan de recursos públicos. En otros casos sí lo hace”, explicó el CEEY.
“En al menos diez estados de la República (Durango, Sonora, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas, Puebla), Protego, hoy Evercore, realizó transacciones y en algunos de ellos participó en la ingeniería jurídica y financiera. De acuerdo con documentos oficiales presentados ante la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos, Evercore México obtiene una parte significativa de sus ingresos de la asesoría que provee a Gobiernos estatales y municipales”, agregó.

La decena de estados aparece en las “transacciones” que Evercore difunde en su página en línea, donde menciona el trabajo realizado en Coahuila en 2006, cuando también trabajó para los estados de Querétaro y Sonora. En Michoacán, indican los datos, hizo un “refinanciamiento de la deuda del estado” desde 2007.

La información de la página online no incluye la participación de Evercore en otras entidades, como Puebla o Chihuahua; estado este último donde la firma también realizó una reestructura de la deuda pública y, en 2013, creó un Fideicomiso que permitió al ex mandatario César Duarte Jáquez adquirir 19 mil 525.1 millones en nuevos préstamos.

“Como ya se mencionó, estas operaciones que en ocasiones se concentran en fideicomisos ‘privados’, representan una caja negra: no se pueden auditar, no hay escrutinio público, y sus magnitudes pueden ser enormes”, advirtió el CEEY.

“Destáquese que ni Tabasco ni Michoacán han tenido alternancia política en periodos recientes. En otros estados donde no la ha habido, como en el Estado de México, no sabemos ni remotamente cuál es el estado verdadero de sus finanzas estatales”, agregó.

La investigación del CEEY detalla la situación del fideicomiso administrado por Evercore en Puebla, donde, de acuerdo con el Jefe de la Oficina del Gobernador, Roberto Moya Clemente, los pasivos de este fondo son de 22 mil 554 millones de pesos.

“Todo parece indicar que estos pasivos no están considerados en la Cuenta Pública del Estado (pues no cuadran las cifras): Como ya se dijo, los pasivos totales reportados por la ASF son 24 mil 655 millones de pesos a diciembre de 2015, que incluyen la deuda registrada en la Secretaría de Hacienda. De no estar considerados los pasivos del Fideicomiso F/0144 en ese total, la suma de pasivos reales de Puebla alcanzaría los 47 mil 209 millones de pesos”, advierte.

En entrevista, el director ejecutivo del CEEY, Enrique Cárdenas, señaló que además los términos del Fideicomiso en Puebla le dan “manga ancha” al Gobernador panista Rafael Moreno Valle para ejercer recursos.

“El fideicomiso de Puebla, que sí lo conocemos, prácticamente dice que se puede gastar casi lo que sea; abre mucho la puerta para gastar prácticamente lo que sea y, además, el compromiso dura hasta que se termine de pagar”, dice.
“Con los datos nos dio el jefe de la oficina del Gobernador, estamos hablando de pasivos de 22 mil millones de pesos a un máximo de 25 años y, con ese dinero, se está absorbiendo un 50 ó 60 por ciento de los ingresos que generan los impuestos sobre la nómina. O sea, ahorita ya está comprometidos 50 o 60 por ciento de esos ingresos por los próximos, al menos, 15 años, sin haber dado cuentas al Congreso”, agregó Cárdenas.

RELACIONES POLÍTICAS

De acuerdo con un reporte que Evercore Partners entregó al Gobierno de Estados Unidos, la división de Casa de Bolsa que tiene en México obtuvo 150.2 millones de dólares entre 2014 y 2015.

Las condiciones políticas, agrega el mismo reporte, son cruciales para la compañía. “Debido a que el Gobierno mexicano ejerce influencia significativa sobre tantos aspectos de la economía mexicana, eventos políticos en México, como cambios en los gobiernos estatales o municipales, pueden resultar en interrupciones de nuestras operaciones de negocios y afectar nuestros ingresos”, dice el reporte entregado a la SEC.
“Cualquier acción del Gobierno, incluyendo cambios en las regulaciones del sector financiero, podrían tener un impacto adverso en las operaciones de nuestros negocios mexicanos, especialmente en sus activos del manejo de negocios”, agrega.

Pero una firma con el nivel de influencia política que tiene Evercore “aprovecha la red de relaciones con altos ex funcionarios salinistas y prominentes funcionarios actual administración del Gobierno de Peña Nieto”, indicó este año el diputado federal poblano Rodrigo Abdala, en alusión a Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, uno de los hombres más cercanos al actual Presidente y, entre 1998 y 2005, empleado de lo que hoy es Evercore.

“Hay que tener claro que Evercore no es cualquier intermediario financiero, porque hace las veces de banca de tercer nivel y de Casa de Bolsa. Eso permite le invertir en especulación financiera y en sus propios fondos de inversión en México y Estados Unidos y también, así como en inversiones directas en petróleo y energía a través y para sus propias inversiones, entre las que están las rondas de licitación derivadas de la llamada reforma energética”, expuso Abdala, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en un punto de acuerdo.

Entrevistado al respecto, el director del CEEY dijo también observar una “notable concentración de casos a nivel estatal” asesorados por la firma de Aspe.
“Sabemos que de Evercore salieron Luis Videgaray, (el ex subsecretario de Hacienda, Fernando) Aportela, Marcela Andrade (hoy jefa de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas); en fin, puestos muy importantes que tienen que ver con las finanzas estatales y, bueno, ahí también se ve que hay una relación digamos previa”, agregó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-12-2016/3126198

El grupo de “El Tequilero” tenía una lista de 32 secuestrables: desde políticos hasta paleteros

En la lista aparecen políticos, empleados municipales, dueños de paleterías, peluqueros, tortillerías, tiendas pequeñas y vendedores de pollo. Incluyen a un médico del pueblo así como al oficial mayor del Ayuntamiento. Ayer en la mañana la autodefensa dialogó con familiares de una de las mujeres que se encontraban retenidas y después de varios minutos acordaron dejarla en libertad. Salió de la casa que era la sede de la Comandancia de la Policía Municipal. Sin embargo, el grupo de autodefensa se negó a liberar al resto de los retenidos.


Integrantes de la autodefensa de San Miguel Totolapan obtuvieron una lista con 32 nombres de vecinos que serían las próximas víctimas de la banda “Los Tequileros”.

De acuerdo con el periódico El Sur, a una de las personas del grupo que aún mantiene retenido a los civiles armados se le encontró una lista hecha a mano de comercios y personas que serían secuestradas antes de que terminara el año.


A los detenidos se les vincula con el grupo liderado por  Raybel Jacobo de Almonte, conocido como “El Tequilero”, cuya madre fue retenida por los pobladores de San Miguel Totolapan y fue liberada el pasado junto Isauro de la Paz Duque, en un intercambio.

En la lista aparecen políticos, empleados municipales, dueños de paleterías, peluqueros, tortillerías, tiendas pequeñas y vendedores de pollo. Incluyen a un médico del pueblo así como al oficial mayor del Ayuntamiento.

El listado al que tuvo acceso el medio la conforman 32 personas. Algunos identificados por sus negocios, otros por los apodos, pero en todos los casos se señalan los puntos en donde pueden ser ubicados y en donde podrían ser levantados.

El mismo medio dio a conocer que ayer en la mañana la autodefensa dialogó con familiares de una de las mujeres que se encontraban retenidas y después de varios minutos acordaron dejarla en libertad. Salió de la casa que era la sede de la Comandancia de la Policía Municipal. Sin embargo, el grupo de autodefensa se negó a liberar al resto de los retenidos.

El Sur detalla que a las 11 y media llegaron 10 patrullas de la Policía Federal (PF), al mismo tiempo se vio a un helicóptero de esa corporación que aterrizó en una cancha deportiva y ahí se quedó. El motivo era pedir la liberación de los retenidos y llevárselos en la aeronave a la ciudad de México para presentarlos ante un agente del Ministerio Público federal.

El grupo pidió públicamente tres días para que las autoridades muestren acciones y resultados, “una muestra de que están combatiendo al grupo” contra el que se están enfrentando.

“Ahí están en la entrada de San Miguel todos los ministeriales dormidos desde el miércoles en la gasolinera, en la sombra. La verdad no sé qué le digan al gobernador, si están trabajando, si de verdad están buscando algo, o no sabemos si esas son las órdenes reales del gobernador, de quedarse dormidos en la gasolinera sin hacer nada”, le reclamaron los vecinos a los policías federales.


Pese a que fueron varias las horas de diálogo, a las 3 de la tarde se retiró el helicóptero, vacío. No hubo acuerdos y los policías federales se retiraron del lugar.




El ingeniero local Isauro de la Paz Duque, secuestrado el domingo, fue liberado la noche de este miércoles por la célula delictiva Los Tequileros, a cambio de la liberación por parte de un grupo de autodefensas de María Félix de Almonte Salgado,  madre del líder de esta banda, Raybel Jacobo de Almonte.

Hasta ahora el papel de las autoridades parece no ser más que el de un tercer actor.  Esperan que en las próximas horas los autodefensas del Movimiento totolapense por la paz terminen de liberar a alrededor de 17 personas.

Este jueves un boletín del Gobierno del estado informó un acuerdo logrado entre una comisión de funcionarios públicos con pobladores de San Miguel Totolapan, en el que los autodefensas pondrían a disposición de las autoridades a los rehenes una vez que fuera liberado el ingeniero de la localidad.

Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), integrado por dependencias federales y el Gobierno estatal, dijo que la idea de mandar a más de dos centenares de elementos a la zona tuvo como propósito hacer presión y restablecer el orden.

“Los autodefensas retuvieron a personas que ellos creen que estaban ligadas con el grupo [criminal]”, dijo el portavoz del GCG. Agregó que cinco personas ya fueron liberadas por los autodefensas este jueves.

Especialistas en derechos humanos y en materia penal calificaron la movilización como un “show”, pues no se ataca el problema central: la impunidad en la que operan grupos criminales no sólo en esa entidad del sur de México, sino en todo el país.

La respuesta de los autodefensas evidencia la falta de presencia del Estado, y una violación a la Constitución de la República, consideró Gabriel Regino, abogado penalista.

“Hay un concepto de venganza de sangre llamado “Blutrache”. Un principio que te permitía en el siglo XII hacer lo que están haciendo ahorita en Guerrero. Justicia por su propia mano [y quedar exentos de sanción]”, explicó.

De acuerdo con el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Los Tequileros son una célula delictiva vinculada tiempo atrás con el cártel La Familia Michoacana, dedicada a la siembra y trasiego de amapola.

La agrupación es dirigida por Raybel Jacobo de Almonte y se encuentra en la zona desde hace siete años, de acuerdo con habitantes del pueblo.

“¿Qué hacen ellos? Llegan a una población rural, y en un camino instalan una especie de retén y a las personas que van pasando las privan de la libertad, y se los llevan caminando por cerros, cañadas, barrancas, hasta lugares inaccesibles”, y después piden rescate por ellos.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), hasta octubre pasado operaban en Guerrero las células delictivas Guerreros Unidos, vinculada a la Familia Michoacana; Los Granados, los Rojos, el cártel Independiente de Acapulco y Los Ardillos, relacionados con el cártel de los Beltrán Leyva; así como el Cártel Jalisco Nueva Generación.


Liberan al ingeniero por madre de líder delincuencial en San Miguel Totolapan.





Edgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano del Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) calificó como un esfuerzo de apariencias el despliegue realizado por las fuerzas estatales y federales hacia San Miguel Totolapan.

Al municipio llegaron 120 elementos del Ejército, 60 de la Policía Federal y 40 de la policía del Estado.
“Muchas de esas medidas reactivas tratan de hacerle frente a la opinión pública, a la imagen, y no tanto al centro del problema. Envían un número significativo de elementos muy diversos, pero en cuanto la presión disminuye el tema se olvida”, explicó.

De enero a octubre de este año se han suscitado 62 secuestros en Guerrero, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el investigador consideró que no hay programas para atender este delito a largo plazo.

¿Por qué una sola persona desató la ira de la comunidad? Álvarez señaló que sólo se explica por el hartazgo de los pobladores frente a los criminales.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-12-2016/3126374

Investigadores de la PGR violaron la ley en indagatoria del caso Ayotzinapa: NYT

El influyente diario estadounidense hizo eco de un documento publicado por la periodista Anabel Hernández en su libro 'La verdadera noche de Iguala' y en 'Aristegui Noticias', en noviembre pasado.


El gobierno mexicano se negó a hacer público un reporte interno en el cual se señala que los investigadores del caso Ayotzinapa violaron la ley, una conclusión que “amenaza las bases legales” del caso, de acuerdo con un reportaje de The New York Times.

El reporte documenta que sospechosos cruciales fueron arrestados y trasladados ilegalmente, “poniendo en duda la evidencia que proveyeron”. La conducta de los investigadores, según el documento, violó el “derecho a la verdad”.

La investigación interna concluyó hace cuatro meses y estaba lista para ser entregada a los padres de los estudiantes desaparecidos. Pero el inspector general de la PGR, les dijo a los familiares de las víctimas que sus superiores debían aprobar el reporte antes, “una simple formalidad”.

Cuatro semanas después de la reunión con los padres, el indagador que preparó el reporte, César Alejandro Chávez Flores, renunció “abruptamente”.

La aprobación nunca llegó y el reporte permanece “bajo estudio” de acuerdo con la PGR. La existencia del documento se dio a conocer en el libro “La verdadera noche de Iguala”, de la periodista Anabel Hernández, y en Aristegui Noticias.

Una copia del reporte obtenida por NYT sugiere que el documento permanece en un “limbo burocrático” debido a que documenta una serie de violaciones.

Entre las irregularidades se reporta el hecho de que el investigador principal del caso llevó a un sospechoso a identificar la presunta escena del crimen sin un abogado presente, visita que no fue registrada oficialmente, además de que el lugar se dejo sin ser vigilado durante una noche.

Además se reportó que seis sospechosos fueron detenidos en diferentes ubicaciones en un sólo día y “espontáneamente” confesaron, con palabras idénticas, su pertenencia al grupo Guerreros Unidos y su responsabilidad en la desaparición de los normalistas.

Los arrestos subsecuentes, basados en estas declaraciones, fueron arbitrarios e ilegales por lo que, bajo la Constitución, se anularía la evidencia obtenida a través de estos. Otras irregularidades muestran archivos faltantes y fechas mezcladas.

La visita del investigador principal del caso, Tomás Zerón de Lucio, junto con uno de los sospechosos, al río San Juan, donde supuestamente fueron tirados los restos de los estudiantes no fue registrada, así como tampoco se incluyeron ninguna de las actividades de ese día en el reporte de la investigación.

El diario estadounidense señaló que tras su renuncia a la Agencia de Investigación de la PGR, Zerón, “quien ha trabajado cerca del presidente Enrique Peña Nieto por casi una década”, fue “inmediatamente” nombrado como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.

De acuerdo con NYT, uno de los “misterios persistentes” en el caso es porque la policía municipal nunca fue detenida por las policías estatales y federales. En el reporte se afirma que si la policía estatal hubiera actuado, los estudiantes y otras personas que fueron atacadas esa noche “no hubieran sido heridos o asesinados”.

La investigación interna concluyó que es necesario realizar más investigaciones para determinar si la negligencia de las autoridades representó una obstrucción a la justicia.

El investigador que ahora ocupa el puesto de Chávez Flores no “reconoció” las conclusiones debido a que hacían falta formalidades “no especificadas”.

A su vez, Natalia Briseño, vocera de la PGR, afirmó que el documento “no existe legalmente” y aseguró que la revisión del documento sigue en marcha.


El diario estadounidense afirmó que el caso Ayotzinapa es una “herida abierta en México, evidencia del fracaso del país para proteger a sus ciudadanos y la impunidad dentro de un sistema de justicia corrupto”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1512/mexico/investigadores-de-la-pgr-violaron-la-ley-en-indagatoria-del-caso-ayotzinapa-nyt/

Clausuran PGR con 26 mil cartas por la impunidad de militares que violaron a mujer en BC

Denuncian falta de acción de las autoridades para procesar a los soldados, oficiales y mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Casi 26 mil cartas provenientes de 40 países distintos, fueron entregadas a la Procuraduría General de la República (PGR) para demandar el castigo a un grupo de militares vestidos de civil que torturaron y violaron a una joven en Tijuana, Baja California, el 2 de febrero de 2011, abusos que fueron denunciados hace cinco años sin que la averiguación previa haya avanzado.

Antes de entregar las misivas, seis mil de ellas dirigidas al nuevo titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, defensores de derechos humanos clausuraron de forma simbólica las instalaciones de esa dependencia, en protesta por la negligencia de tres procuradores y dos procuradoras que no han querido armar un caso sólido contra los integrantes del Ejército Mexicano que cometieron el abuso, por lo que ni siquiera se ha solicitado la comparecencia de los mismos.


El Secretario Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, explicó que la clausura simbólica de PGR es una forma de dar a conocer la falta de acción de las autoridades para procesar a los soldados, oficiales y mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional  (Sedena) que consintieron la tortura sexual que sufrió Miriam Isaura López en las instalaciones de la Segunda Zona Militar de Tijuana, Baja California, conocido como Cuartel Militar Morelos.



“Miriam fue detenida de manera arbitraria por militares vestidos de civil hace seis años en Tijuana, fue llevada al Cuartel Militar Morelos en esa ciudad fronteriza, fue torturada brutalmente, fue violada y se le buscó incriminar en diversos delitos, pero las acusaciones fueron desechadas por el Poder Judicial Federal un año después, se presentó una denuncia penal contra los responsables desde hace cinco años y hasta la fecha, ningún funcionario castrense ha comparecido ante la justicia”, afirmó.

El activista agregó que las violaciones a los derechos humanos en agravio de Miriam Isaura no fueron las únicas cometidas por elementos del Ejército Mexicano durante la aplicación del Operativo Conjunto Tijuana, ya que se tienen denuncias de violaciones a los derechos humanos en otros 95 casos, en las cuales también se involucran a fuerzas castrenses del Campo Militar Aguaje de la Tuna.

“Llevamos casi seis años de impunidad y a la fecha no hay ningún responsable rindiendo declaración ante la justicia, han desfilado cinco procuradores y seis fiscales de violencia contra las mujeres que no han querido acusar a ningún militar por las atrocidades cometidas en el caso de Miriam Isaura, hemos intentado todos los recursos legales sin que haya resultados, por eso decidimos recurrir a la solidaridad internacional”, puntualizó.

José Antonio Guevara agregó que el caso de esta joven torturada y abusada sexualmente es una muestra de lo que podría ocurrir en el futuro si se amplían las facultades de las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad pública, por lo que se pronunció en contra de que el Congreso de la Unión otorgue manga ancha al Ejército y a la Marina en este rubro, debido a que legalizaría este tipo de abusos contra civiles.


“Se trata de un caso que no es único en ese cuartel militar, en esa zona, tanto en el Cuartel Morelos como en Aguaje de la Tuna, al menos 95 personas fueron detenidas de manera arbitraria y sometidas a torturas en el contexto del operativo conjunto en Tijuana, entre los años 2009 y 20012. En el año 2011 iniciamos una campaña para demandar justicia en el caso de Miriam Isaura y hemos recibido desde entonces más de 26 mil cartas que ahora le mostramos a la sociedad mexicana, mismas que serán entregadas al Procurador para tratar de sensibilizarlo”, concluyó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1512/mexico/clausuran-pgr-con-26-mil-cartas-por-la-impunidad-de-militares-que-violaron-a-mujer-en-bc-video/