CIUDAD DE MÉXICO: La exigencia del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, de que se legalicen las operaciones militares contra el crimen organizado, puso en aprietos a la Cámara de Diputados:

La llevó a trabajar de última hora en dictámenes impuestos por el PRI y sus aliados, a que éste reculara ante su división interna e intentara albazos que permitieran suspender las garantías individuales, a sacar del cajón el mando mixto policial y finalmente a que el tricolor estableciera un trueque legislativo con el PAN, mismo que se verá reflejado en el periodo de sesiones de febrero próximo, cuando se espera tener la Ley de Seguridad Interior, la reglamentaria del Artículo 29 Constitucional y las normas contra la trata y la tortura.

Consecuencia de la guerra contra el narco, Enrique Peña Nieto se vio obligado a “presionar” desde la Secretaría de Gobernación la creación o modificación de cinco leyes que tienen como fin último dar soporte a la de Seguridad Interna. Contrarias entre sí en algunos casos, la premura evidenció “la simulación” del gobierno de Peña Nieto.

Su urgencia por dar a las Fuerzas Armadas las herramientas para que sus integrantes no sean procesados por violaciones a los derechos humanos hizo evidente, en un desaseado proceso legislativo, que al gobierno le interesa “la estética internacional”, maquillar las cifras de tortura, que no se hable de “víctimas” sino de “afectados”, que se cierre el paso a peritos internacionales y que no se reconozca la existencia de “desplazados internos forzados”, pues esto último, dice el gobierno a los legisladores, “sólo ocurre en países con guerras internas, y en México eso no está sucediendo”.

Señalan lo anterior los coordinadores de los grupos parlamentarios de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de Movimiento Ciudadano (MC), Rocío Nahle y Clemente Castañeda, respectivamente; así como Araceli Damián, de Morena, de la Comisión Especial de Trata; y Cristina Gaytán (PRD), de la de Derechos Humanos.

Coinciden en que la Ley de Seguridad Interna es una forma de ceder a la presión de los militares y que sin la reglamentación del Artículo 29 constitucional –que amplía las facultades del Ejecutivo para determinar cuándo el país está en riesgo y suspender garantías– no se entendería aquella.

Sostienen que sin la guerra de Calderón, continuada por Peña Nieto, no habría necesidad de una Ley de General de Víctimas, una contra la tortura, otra contra la trata de personas y un más que establezca un mando mixto de policía.

Proceso legislativo violado

La inercia de la guerra calderonista llevó al gobierno de Peña Nieto a promover la Ley General de Víctimas en 2013 y, ante la fallida modificación a la Ley de Seguridad Nacional durante el último trienio del panismo, a impulsar la reglamentación al Artículo 29 constitucional, sobre suspensión de las garantías individuales en tiempos de guerra.

La primera fue avalada por el Senado, mientras que la reglamentación del Artículo 29 se quedó en el cajón legislativo; lo mismo sucedió con la Ley Contra la Trata de Personas. En 2014 la Ley Contra la Tortura se presentó y quedó en el olvido, lo mismo que el mando único de policías. Pero la demanda de Cienfuegos desactivó todo ese paquete legislativo, señala Damián.

Las cuatro normas –reglamentación del Artículo 29, cambios a la Ley General de Víctimas y modificaciones a las de tortura y trata de personas– se avalaron en el Senado a finales de diciembre y durante 2016, “pero en la Cámara de Diputados no formaban parte de nuestra agenda legislativa”, confirma Damián. Durante las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios no fueron motivo de discusión, añade.

Avaladas, pues, en el Senado y encajonadas en la Cámara de Diputados, el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho Quiroz, apresuró que se dictaminaran en comisiones a la vez que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, cabildeaba entre los legisladores de todos los partidos. Trató de convencerlos de las bondades de la Ley General de Víctimas, detallan a Proceso diputadas perredistas.

Así, luego del reclamo de Cienfuegos, entre el lunes 12 y el jueves 15, última semana del periodo ordinario de sesiones –el siguiente arranca el 1 de febrero y no puede haber periodos extraordinarios si no hay dictámenes a discutir–, Camacho, respaldado por sus aliados del Partido Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza, que juntos suman 271 votos, suficientes para avalar las normas, y el PAN, empujaron aprobar todo en comisiones para de inmediato subirlo al pleno.

El martes 13 la Comisión de Derechos Humanos aprobó las leyes contra la tortura y contra la trata y la reglamentación al Artículo 29.

Esta última generó enfrentamientos entre diputados de Morena, MC y PRD. En entrevista, Rocío Nahle reclama la “violación al proceso legislativo”, pues dicha norma debía discutirse en las “Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos”.

Camacho Quiroz y Marko Cortés, coordinador de la bancada panista, la citaron para elaborar los temas a discutir en la sesión del miércoles 14.

Pero nunca llegaron al encuentro, recuerda Nahle. “No hubo reunión. Sólo dijeron que no iba a haber, que los priistas estaban analizando. Sé que los del PRI abandonaron San Lázaro y estaban tratando de arreglar varias cosas entre ellos”.

La reunión se canceló, pero se le citó con urgencia para las 9:00 horas del miércoles 14 en la Junta de Coordinación Política (Jucopo, donde se acuerdan los temas que se discutirán en el pleno). “Por la mañana, cuando nos anunciaron que la reglamentación ya había sido avalada por mayoría en la Comisión de Derechos Humanos y que entraría a discusión, me opuse, les recordé que estaban violentando el proceso legislativo y que acudiríamos a diversas instancias si la subían. Todos los partidos reconocieron que se violó el proceso legislativo. Así, contenido y procedimiento lo sacaron de la discusión”.

Ante la posibilidad de que el Ejecutivo federal tenga amplias facultades para establecer cuándo se deben suspender los derechos y las garantías ante “perturbación grave de la paz pública”, los diputados de Morena, PRD y MC advirtieron que con ello se podía limitar el derecho a la ­manifestación.

O también está el riesgo de considerar que una toma de instalaciones –como las han realizado estudiantes en algunas ocasiones– sea un peligro y se declare la suspensión de sus derechos, consideró la legisladora perredista Cristina Gaytán.

El miércoles 14, zanjado el tema en la Jucopo, Nahle pensó que no habría mayores problemas, pero el último día de sesiones, jueves 15, apareció agendada en la Gaceta Parlamentaria para aprobarse en el pleno la reglamentación al Artículo 29. De nuevo sus reclamos, lo improcedente del proceso legislativo, el respaldo de PRD y MC, así como la amenaza de llevar el tema ante diversas instancias, extranjeras si se requería, hizo que el PRI ordenara “quitar de la lista la reglamentación”. “El PRI no dio explicaciones, pensó que nos podía dar un albazo, pero vio el respaldo de las diferentes fracciones y cedió”.

El PAN también cedió pero, aclara ­Nahle, aprobaron otras cosas en comisiones, como la ley contra la tortura, que va contra las observaciones que hizo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

“PAN y PRI, utilizando la mayoría legislativa, están poniéndose de acuerdo para meter el paquete llegado el momento”, acusa.

“Obsesión estética”

En la maratónica sesión del martes 13, la Comisión de Derechos Humanos aprobó también la minuta del Senado que prevé cambios a la Ley de Trata de Personas y la Ley Contra la Tortura.

Cristina Gaytán, que forma parte de la comisión especial de Ayotzinapa y es miembro de la Derechos Humanos, dijo que todo el paquete de reformas era una “simulación” del gobierno de Peña Nieto y en otros casos “una trampa”.

El gobierno de Peña Nieto “tiene un severo problema de obsesión estética, porque está más preocupado por lo que sí quieren que aparezca a nivel internacional y qué no.

Gaytán detalla por ejemplo que en La Ley General de Víctimas no se quiso establecer el término “desplazamiento interno forzado” pues, dice, “reconocerlo es algo grave, llama la atención en el extranjero”.

La diputada verde Lía Limón, quien durante el primer trienio de Peña Nieto fue directora de Derechos Humanos de Gobernación, dijo que no se incluía el término “forzado” porque, según las definiciones internacionales, se utiliza “en aquellos estados que están en guerra o en conflicto interno armado, no es el caso de México.”

Ernestina Godoy, diputada por Morena, reclama la falta de seriedad de la legisladora verde: “Hay cuatro supuestos (para ese término): uno es la guerra interna, otro cuando existen violaciones generalizadas a los derechos humanos, otra cuando existe violencia generalizada y el último, ante un desastre natural. Fue una discusión que tuvimos con el subsecretario Roberto Campa Cifrián”.

Godoy recuerda que Campa, en su cabildeo con los legisladores, intentó convencerlos de que no se podía incluir en la Ley de Víctimas dicho término, “pues no estamos en guerra. Le respondí: ‘No estamos en guerra pero sí ante una violación generalizada de derechos humanos y violencia generalizada’”.

Gaytán es más directa y aclara: “No hubo cabildeo de Campa Cifrián en la Comisión de Derechos Humanos, hubo presión. Creen que pueden modificar cualquier cosa por su mayoría.”

En el caso de la Ley Contra la Trata de Personas que se avaló en el Senado y se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos el martes 13, incluso por el PRI, relata Gaytán que hubo división entre los priistas. “Incluso les dijimos: ‘Pónganse de acuerdo, nosotros ya sabemos que vamos con la ley’”.

Al día siguiente el PRI “desenlistó” de las leyes a aprobar en el pleno la de tortura. Incluso Camacho, junto con PVEM, PES y Panal, dijo que había diferencias.

Lo cierto es que, recuerda Araceli Damián, hubo grupos de derecha que presionaron para que no pasara, porque la ley de trata considera el aborto cuando la mujer haya sido objeto del delito de trata, aunque se remite a lo que establece cada estado.

Rosi Orozco, exdiputada federal panista, integrante de la congregación La Roca, cabildeó entre todos los partidos para que no se aprobara en comisiones la Ley Contra la Trata. “También lo hizo con el PRI y se acercó mucho a ellos”, recuerda Damián.

En el caso de la Ley Contra la Tortura, el PRI la avaló mientras que PRD, MC y Morena se opusieron, pues los diputados modificaron la minuta del Senado.

Los priistas pidieron que no se incluyera en el registro de tortura a los detenidos que la denunciaban, “porque todos los detenidos iban a alegar luego tortura y los índices se iban a elevar”, dice. “Y en otras ocasiones dijeron que no pusiéramos víctimas sino afectados. Porque lo que les interesa son las cifras y lo que digan en el extranjero”.

Como último dato de lo que hizo el PRI con la Ley de Víctimas y que fue considerado un mensaje contra los defensores de derechos humanos extranjeros, está el negar el derecho que tienen las víctimas a pedir la participación de peritos extranjeros. “Es un mensaje para los antropólogos forenses argentinos que no creyeron en la verdad histórica y para los del GIEI por el caso Ayotzinapa; se dice en la ley que podrán participar luego de que hayan agotado la participación de los peritos mexicanos”.

Clemente Castañeda sostiene que “todo el paquete es para justificar la acción militar en tareas de seguridad e implementar el estado de excepción, y a nivel internacional, que no se reconozca que hay desplazados forzados por esa absurda guerra contra el narcotráfico.

“Creo que este manejo de las leyes y el proceso legislativo de bajar leyes, subir otras, modificar otras y apresurar los tiempos, lo que demostró es que existe la tentación de parte del gobierno federal de querer manejar con absoluta discrecionalidad y sin contrapesos el poder público. Todo estuvo orientado hacia allá. La ley de tortura incomoda, porque son ellos los que tienen las mayores acusaciones de ello.

“Este paquete de leyes es para no ser acusados por violaciones a los derechos humanos. Quienes impulsan estas leyes lo hacen como un intento por generar márgenes de maniobra para que el poder público se pueda ejercer sin contrapesos o con los menos contrapesos posibles. Hoy tiene una resistencia a que regresen miembros de organismos internacionales, por eso lo de los peritos en la ley de víctimas”, sostiene Castañeda.