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El Instituto de la Pirotecnia en Edomex gastó 70% de la partida 2016 en “Servicios Personales”

By: Draco Dracul on 22:04:00 / comment : 0 , , , , ,

En el Estado de México la actividad pirotécnica, además de ser una tradición, es también la principal actividad económica de diversos municipios de ese estado que ocupa el sitio número 11 de entre los más pobres del país. El día de ayer en Tultepec, uno de los cuatro mercados principales, prácticamente desapareció tras una explosión de la que aún se desconoce el origen. El mercado de San Pablito era, de acuerdo con las máximas autoridades estatales en materia, el más seguro de Latinoamérica. Pero al momento hay 32 personas muertas y 12 en calidad desaparecidas. El Imepi recibió en 2016 el presupuesto más alto de los últimos tres años: 18 millones 266 mil pesos. Pero 13 millones 069 mil se le fueron en “Servicios Personales” y no registró un solo peso gastado en “materiales y artículos de construcción y reparación, prendas de protección, materiales y suministros para seguridad o para equipo de defensa y seguridad”.
De 2013 a 2016, el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi) ha recibido 64 millones 694 mil pesos de presupuesto, otorgado por el Gobierno del Estado de México.

Justo este año recibió el presupuesto más alto de los últimos tres: ha trabajado con 18 millones 266 mil pesos, de los cuales, 13 millones 069 mil han sido para el rubro de “Servicios Personales”, partida en la que han entrado gastos como remuneraciones adicionales y especiales y “otras” prestaciones sociales y económicas.

 De acuerdo con la información del Instituto referente al Tercer Trimestre de este año –revisado por la Unidad de Datos de SinEmbargo–, no se han registrado gastos para la compra de materiales y artículos de construcción y reparación, prendas de protección, materiales y suministros para seguridad ni para equipo de defensa y seguridad.

 El saldo hoy, es un mercado destruido; casualmente el mercado de Tultepec, que Juan Ignacio Rodarte Cordero, director general del Imepi, calificó como el más seguro de Latinoamérica, “con puestos perfectamente diseñados y con los espacios suficientes para que no se dé una conflagración en cadena en caso de un chispazo”.
Ayer, cerca de las 15 horas, se reportó la explosión del mercado y fueron cerca de 12 minutos de fuego. Al momento hay 32 personas muertas y 12 en calidad desaparecidas.

 El Instituto, que fue creado en 2003, cuenta con el subsidio que le proporciona el Gobierno del Estado de México.

 En la entidad, en contraste, hay seis puntos de elaboración de pirotecnia. Estos sitios están en Texcoco, Toluca, Atlacomulco, Valle de Bravo, Tejupilco e Ixtapan de la Sal. Son 64 municipios que son comerciantes temporales con permiso para vender pirotecnia y hay cuatro mercados principales: el de San Pablito, de Chocolín, Jaltenco y Zumpango.

 Desde la creación del Imepi, sus principales objetivos han sido el de formular, controlar y vigilar las medidas de seguridad que deben estar en las actividades de fabricación; vigilar el uso, venta, transporte, almacenamiento y exhibición de artículos pirotécnicos, y generar, desarrollar y consolidar una cultura de prevención y seguridad en materia pirotécnica.

 También está, dentro de sus tareas, realizar programas de atención integral para los artesanos y elaborar programas que evitaran siniestros y desastres por la fabricación, uso y venta de los artículos pirotécnicos; establecer estrategias para combatir las causas originadoras de contingencias; coordinar acciones preventivas en zonas y lugares de riesgo donde se fabriquen cohetes; llevar un registro de los dictámenes de seguridad y los certificados de seguridad municipales; revisar constantemente que los establecimientos reúnan las condiciones de seguridad; implementar medidas preventivas en zonas y lugares de riesgo, entre otras.
Pero, de acuerdo con el último informe anual, en el ejercicio de 2015 –el año anterior– se destinaron 17 millones 672 mil pesos y el Imepi ejerció sólo 13 millones 961 mil pesos en Gastos de Operación, Asignaciones, Subsidios y “Otras ayudas por la Premiación de Concursos”: 10 millones 991 mil pesos para “Servicios personales”, 345 mil pesos para materiales y suministros y 2 millones 374 mil para “Servicios generales”.

Además gastó 170 mil pesos para “Ayudas sociales” y 78 mil pesos para “Otros gastos y pérdidas extraordinarias”, en las que se desagregan estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones.

 Luego solicitó una ampliación por 2 millones 676 mil para abrir siete plazas, comprar gasolina, para “Gastos de operación”, para computadoras e impresoras y para dos vehículos.

Ese año, el Instituto lo inició con una plantilla de 33 personas. Está una en el mando superior, cuatro mandos medios, diez generales de confianza y 18 “por obra y tiempo determinado”, que estuvieron contratados hasta el 31 de diciembre de ese año.

 El organigrama del Instituto está conformado por Juan Ignacio Rodarte Cordero en la Dirección General. De acuerdo con su currículum, este funcionario también ha ocupado puestos en el Estado de México como Secretario Técnico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue Coordinador en el Consejo Estatal de Seguridad Publica y Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo en el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.

 La Secretaría Particular está a cargo de Carolina Silva Ortiz y la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, en manos de Fernando Zimbrón Romero.

 Se desprenden tres subdirecciones: la de Normatividad y Registro, la de Capacitación e Innovación Tecnológica y la de Prevención que es también la de Difusión, en la que Carolina Silva Ortiz, también es encargada, a pesar de tener una preparación de Contadora Pública. Cobra en ambos puestos según el directorio de funcionarios del Estado de México.

 Rodarte Cordero se volvió objeto de escrutinio luego de que el pasado 5 de agosto dijera: “El tianguis de pirotecnia de San Pablito es el mercado más seguro en Latinoamérica, con puestos perfectamente diseñados y con los espacios suficientes para que no se dé una conflagración en cadena en caso de un chispazo”.
Los hechos no tardaron en mostrar lo contrario.

 FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-12-2016/3128174

En San Lázaro, las truculencias del PRI para aprobar la Ley de Seguridad Interna

By: Draco Dracul on 18:16:00 / comment : 0 , ,

Pese a tener mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI se está viendo en aprietos para aprobar la Ley de Seguridad Interna, con la cual quiere quedar bien con el presidente y, de la misma manera, con el titular de la Sedena. La oposición razonada y argumentada de Morena, MC, PRD e incluso de unos cuantos priistas obligó al tricolor a sacarse de la manga sus viejos trucos: albazos, imposición de agenda, engaños y trueques de última hora con el panismo. Aun así, esa ley tendrá que esperar al próximo periodo de sesiones.

CIUDAD DE MÉXICO: La exigencia del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, de que se legalicen las operaciones militares contra el crimen organizado, puso en aprietos a la Cámara de Diputados:

La llevó a trabajar de última hora en dictámenes impuestos por el PRI y sus aliados, a que éste reculara ante su división interna e intentara albazos que permitieran suspender las garantías individuales, a sacar del cajón el mando mixto policial y finalmente a que el tricolor estableciera un trueque legislativo con el PAN, mismo que se verá reflejado en el periodo de sesiones de febrero próximo, cuando se espera tener la Ley de Seguridad Interior, la reglamentaria del Artículo 29 Constitucional y las normas contra la trata y la tortura.

Consecuencia de la guerra contra el narco, Enrique Peña Nieto se vio obligado a “presionar” desde la Secretaría de Gobernación la creación o modificación de cinco leyes que tienen como fin último dar soporte a la de Seguridad Interna. Contrarias entre sí en algunos casos, la premura evidenció “la simulación” del gobierno de Peña Nieto.

Su urgencia por dar a las Fuerzas Armadas las herramientas para que sus integrantes no sean procesados por violaciones a los derechos humanos hizo evidente, en un desaseado proceso legislativo, que al gobierno le interesa “la estética internacional”, maquillar las cifras de tortura, que no se hable de “víctimas” sino de “afectados”, que se cierre el paso a peritos internacionales y que no se reconozca la existencia de “desplazados internos forzados”, pues esto último, dice el gobierno a los legisladores, “sólo ocurre en países con guerras internas, y en México eso no está sucediendo”.

Señalan lo anterior los coordinadores de los grupos parlamentarios de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de Movimiento Ciudadano (MC), Rocío Nahle y Clemente Castañeda, respectivamente; así como Araceli Damián, de Morena, de la Comisión Especial de Trata; y Cristina Gaytán (PRD), de la de Derechos Humanos.

Coinciden en que la Ley de Seguridad Interna es una forma de ceder a la presión de los militares y que sin la reglamentación del Artículo 29 constitucional –que amplía las facultades del Ejecutivo para determinar cuándo el país está en riesgo y suspender garantías– no se entendería aquella.

Sostienen que sin la guerra de Calderón, continuada por Peña Nieto, no habría necesidad de una Ley de General de Víctimas, una contra la tortura, otra contra la trata de personas y un más que establezca un mando mixto de policía.

Proceso legislativo violado

La inercia de la guerra calderonista llevó al gobierno de Peña Nieto a promover la Ley General de Víctimas en 2013 y, ante la fallida modificación a la Ley de Seguridad Nacional durante el último trienio del panismo, a impulsar la reglamentación al Artículo 29 constitucional, sobre suspensión de las garantías individuales en tiempos de guerra.

La primera fue avalada por el Senado, mientras que la reglamentación del Artículo 29 se quedó en el cajón legislativo; lo mismo sucedió con la Ley Contra la Trata de Personas. En 2014 la Ley Contra la Tortura se presentó y quedó en el olvido, lo mismo que el mando único de policías. Pero la demanda de Cienfuegos desactivó todo ese paquete legislativo, señala Damián.

Las cuatro normas –reglamentación del Artículo 29, cambios a la Ley General de Víctimas y modificaciones a las de tortura y trata de personas– se avalaron en el Senado a finales de diciembre y durante 2016, “pero en la Cámara de Diputados no formaban parte de nuestra agenda legislativa”, confirma Damián. Durante las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios no fueron motivo de discusión, añade.

Avaladas, pues, en el Senado y encajonadas en la Cámara de Diputados, el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho Quiroz, apresuró que se dictaminaran en comisiones a la vez que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, cabildeaba entre los legisladores de todos los partidos. Trató de convencerlos de las bondades de la Ley General de Víctimas, detallan a Proceso diputadas perredistas.

Así, luego del reclamo de Cienfuegos, entre el lunes 12 y el jueves 15, última semana del periodo ordinario de sesiones –el siguiente arranca el 1 de febrero y no puede haber periodos extraordinarios si no hay dictámenes a discutir–, Camacho, respaldado por sus aliados del Partido Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza, que juntos suman 271 votos, suficientes para avalar las normas, y el PAN, empujaron aprobar todo en comisiones para de inmediato subirlo al pleno.

El martes 13 la Comisión de Derechos Humanos aprobó las leyes contra la tortura y contra la trata y la reglamentación al Artículo 29.

Esta última generó enfrentamientos entre diputados de Morena, MC y PRD. En entrevista, Rocío Nahle reclama la “violación al proceso legislativo”, pues dicha norma debía discutirse en las “Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos”.

Camacho Quiroz y Marko Cortés, coordinador de la bancada panista, la citaron para elaborar los temas a discutir en la sesión del miércoles 14.

Pero nunca llegaron al encuentro, recuerda Nahle. “No hubo reunión. Sólo dijeron que no iba a haber, que los priistas estaban analizando. Sé que los del PRI abandonaron San Lázaro y estaban tratando de arreglar varias cosas entre ellos”.

La reunión se canceló, pero se le citó con urgencia para las 9:00 horas del miércoles 14 en la Junta de Coordinación Política (Jucopo, donde se acuerdan los temas que se discutirán en el pleno). “Por la mañana, cuando nos anunciaron que la reglamentación ya había sido avalada por mayoría en la Comisión de Derechos Humanos y que entraría a discusión, me opuse, les recordé que estaban violentando el proceso legislativo y que acudiríamos a diversas instancias si la subían. Todos los partidos reconocieron que se violó el proceso legislativo. Así, contenido y procedimiento lo sacaron de la discusión”.

Ante la posibilidad de que el Ejecutivo federal tenga amplias facultades para establecer cuándo se deben suspender los derechos y las garantías ante “perturbación grave de la paz pública”, los diputados de Morena, PRD y MC advirtieron que con ello se podía limitar el derecho a la ­manifestación.

O también está el riesgo de considerar que una toma de instalaciones –como las han realizado estudiantes en algunas ocasiones– sea un peligro y se declare la suspensión de sus derechos, consideró la legisladora perredista Cristina Gaytán.

El miércoles 14, zanjado el tema en la Jucopo, Nahle pensó que no habría mayores problemas, pero el último día de sesiones, jueves 15, apareció agendada en la Gaceta Parlamentaria para aprobarse en el pleno la reglamentación al Artículo 29. De nuevo sus reclamos, lo improcedente del proceso legislativo, el respaldo de PRD y MC, así como la amenaza de llevar el tema ante diversas instancias, extranjeras si se requería, hizo que el PRI ordenara “quitar de la lista la reglamentación”. “El PRI no dio explicaciones, pensó que nos podía dar un albazo, pero vio el respaldo de las diferentes fracciones y cedió”.

El PAN también cedió pero, aclara ­Nahle, aprobaron otras cosas en comisiones, como la ley contra la tortura, que va contra las observaciones que hizo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

“PAN y PRI, utilizando la mayoría legislativa, están poniéndose de acuerdo para meter el paquete llegado el momento”, acusa.

“Obsesión estética”

En la maratónica sesión del martes 13, la Comisión de Derechos Humanos aprobó también la minuta del Senado que prevé cambios a la Ley de Trata de Personas y la Ley Contra la Tortura.

Cristina Gaytán, que forma parte de la comisión especial de Ayotzinapa y es miembro de la Derechos Humanos, dijo que todo el paquete de reformas era una “simulación” del gobierno de Peña Nieto y en otros casos “una trampa”.

El gobierno de Peña Nieto “tiene un severo problema de obsesión estética, porque está más preocupado por lo que sí quieren que aparezca a nivel internacional y qué no.

Gaytán detalla por ejemplo que en La Ley General de Víctimas no se quiso establecer el término “desplazamiento interno forzado” pues, dice, “reconocerlo es algo grave, llama la atención en el extranjero”.

La diputada verde Lía Limón, quien durante el primer trienio de Peña Nieto fue directora de Derechos Humanos de Gobernación, dijo que no se incluía el término “forzado” porque, según las definiciones internacionales, se utiliza “en aquellos estados que están en guerra o en conflicto interno armado, no es el caso de México.”

Ernestina Godoy, diputada por Morena, reclama la falta de seriedad de la legisladora verde: “Hay cuatro supuestos (para ese término): uno es la guerra interna, otro cuando existen violaciones generalizadas a los derechos humanos, otra cuando existe violencia generalizada y el último, ante un desastre natural. Fue una discusión que tuvimos con el subsecretario Roberto Campa Cifrián”.

Godoy recuerda que Campa, en su cabildeo con los legisladores, intentó convencerlos de que no se podía incluir en la Ley de Víctimas dicho término, “pues no estamos en guerra. Le respondí: ‘No estamos en guerra pero sí ante una violación generalizada de derechos humanos y violencia generalizada’”.

Gaytán es más directa y aclara: “No hubo cabildeo de Campa Cifrián en la Comisión de Derechos Humanos, hubo presión. Creen que pueden modificar cualquier cosa por su mayoría.”

En el caso de la Ley Contra la Trata de Personas que se avaló en el Senado y se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos el martes 13, incluso por el PRI, relata Gaytán que hubo división entre los priistas. “Incluso les dijimos: ‘Pónganse de acuerdo, nosotros ya sabemos que vamos con la ley’”.

Al día siguiente el PRI “desenlistó” de las leyes a aprobar en el pleno la de tortura. Incluso Camacho, junto con PVEM, PES y Panal, dijo que había diferencias.

Lo cierto es que, recuerda Araceli Damián, hubo grupos de derecha que presionaron para que no pasara, porque la ley de trata considera el aborto cuando la mujer haya sido objeto del delito de trata, aunque se remite a lo que establece cada estado.

Rosi Orozco, exdiputada federal panista, integrante de la congregación La Roca, cabildeó entre todos los partidos para que no se aprobara en comisiones la Ley Contra la Trata. “También lo hizo con el PRI y se acercó mucho a ellos”, recuerda Damián.

En el caso de la Ley Contra la Tortura, el PRI la avaló mientras que PRD, MC y Morena se opusieron, pues los diputados modificaron la minuta del Senado.

Los priistas pidieron que no se incluyera en el registro de tortura a los detenidos que la denunciaban, “porque todos los detenidos iban a alegar luego tortura y los índices se iban a elevar”, dice. “Y en otras ocasiones dijeron que no pusiéramos víctimas sino afectados. Porque lo que les interesa son las cifras y lo que digan en el extranjero”.

Como último dato de lo que hizo el PRI con la Ley de Víctimas y que fue considerado un mensaje contra los defensores de derechos humanos extranjeros, está el negar el derecho que tienen las víctimas a pedir la participación de peritos extranjeros. “Es un mensaje para los antropólogos forenses argentinos que no creyeron en la verdad histórica y para los del GIEI por el caso Ayotzinapa; se dice en la ley que podrán participar luego de que hayan agotado la participación de los peritos mexicanos”.

Clemente Castañeda sostiene que “todo el paquete es para justificar la acción militar en tareas de seguridad e implementar el estado de excepción, y a nivel internacional, que no se reconozca que hay desplazados forzados por esa absurda guerra contra el narcotráfico.

“Creo que este manejo de las leyes y el proceso legislativo de bajar leyes, subir otras, modificar otras y apresurar los tiempos, lo que demostró es que existe la tentación de parte del gobierno federal de querer manejar con absoluta discrecionalidad y sin contrapesos el poder público. Todo estuvo orientado hacia allá. La ley de tortura incomoda, porque son ellos los que tienen las mayores acusaciones de ello.

“Este paquete de leyes es para no ser acusados por violaciones a los derechos humanos. Quienes impulsan estas leyes lo hacen como un intento por generar márgenes de maniobra para que el poder público se pueda ejercer sin contrapesos o con los menos contrapesos posibles. Hoy tiene una resistencia a que regresen miembros de organismos internacionales, por eso lo de los peritos en la ley de víctimas”, sostiene Castañeda.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
TITULO ORIGINAL: Y en San Lázaro, las truculencias del PRI para aprobar la Ley de Seguridad Interna

Fuerzas Armadas: Un golpe silencioso

By: Draco Dracul on 18:05:00 / comment : 0 , , ,

Hace una década, y por un acto irreflexivo, Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles para que emprendiera una tarea que no le correspondía: combatir el crimen organizado. Ahora, el titular de la Secretaría de la Defensa, Salvador Cienfuegos, da un manotazo y exige que la tropa vuelva a los cuarteles, a menos que haya una cobertura legal que legitime ese estado de excepción en el que de hecho viven los mexicanos desde hace una década. Esa legitimación ya se cocina en el Congreso con el único fin de crear una ley que haga constitucional la militarización del país.
CIUDAD DE MÉXICO: El secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, calló más de lo que dijo. Detrás de sus fuertes críticas a las autoridades civiles está el proyecto de los mandos militares de intervenir para “restaurar el orden interno” en el país con el aval del presidente de la República.

 Las presiones del general secretario para que el Congreso elabore ya una Ley de Seguridad Interior están encaminadas también a buscar una protección retroactiva a los militares comprometidos por violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, a responder ante un eventual requerimiento judicial internacional por crímenes de lesa humanidad.

 El pasado 27 de octubre el PRI presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Interior que propone amplias facultades a los mandos militares en casos de amenazas “a las instituciones y al desarrollo nacional”, sin más contrapeso que el de sus compañeros en el gabinete de seguridad nacional y en la que el Legislativo queda como mero facilitador y sin más información que aquella que los militares le quieran dar.

 Con el argumento de la inoperancia de la fuerza civil, la cúpula militar ha cabildeado esa iniciativa con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto y su partido. Con la experiencia del sexenio pasado, cuando una propuesta similar quedó congelada en el Congreso, el alto mando militar salió esta vez a hacer una intensa campaña ante la opinión pública.

 El pretexto lo dio el desayuno de fin de año del general Cienfuegos con los reporteros que cubren las actividades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el pasado jueves 8. A diferencia de otros años, el alto mando del Ejército tomó el micrófono para explayarse en sus declaraciones.

 Habló sobre el desgaste de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, de que “no estudiaron para perseguir delincuentes”, del “deseo” de los militares de regresar a los cuarteles y la advertencia de que en el Ejército hay quienes “ya se lo están pensando” (si salen a las calles) para no ser acusados de violaciones a los derechos humanos.

 El tono y el discurso tuvieron un destinatario preciso: el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al que mediante alusiones responsabilizó de no haber impulsado la iniciativa de ley ni la profesionalización de las policías civiles.

 Aunque los legisladores que han presentado iniciativas sobre seguridad interior salieron de inmediato a avalar la retórica del general, respaldada por la mayoría de los formadores de opinión, la ansiada ley para los militares tendrá que esperar, aun cuando en la Cámara de Diputados y en el Senado hay consenso sobre la necesidad de legislar en la materia.

 Pero no una ley como la que firmaron los diputados del PRI, César Camacho, coordinador de ese partido, y Marta Sofía Tamayo. El senador panista Roberto Gil presentó el 19 de septiembre un proyecto de ley que le da mayor peso al control legislativo a través de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, mientras que el diputado panista Jorge Ramos propone, en lugar de una ley ex profeso, un nuevo capítulo en la actual Ley de Seguridad Nacional.

 La divergencia creció más cuando el PRD planteó que al mismo tiempo se debe reglamentar el Artículo 29 de la Constitución sobre la suspensión de derechos en los casos de estados de excepción, y aprobar la reforma constitucional para crear la figura de “mando mixto policial”, bajo el cual los municipios dejan de estar a cargo de la seguridad pública.

 La Ley de Seguridad Interior es la principal de una serie de iniciativas en materia de seguridad. También están la Ley General de Víctimas, que ya fue aprobada en el pleno por la Cámara de Diputados y el Senado; la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y la reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución.

 Las disposiciones tendrán que alinearse con el propósito de la cúpula militar para intervenir en operaciones de “restauración del orden interno”, razón por la cual las tres últimas fueron retiradas cuando iban a ser aprobadas, la semana pasada, en el pleno de la Cámara de Diputados, luego de que en comisiones se habían aprobado las minutas respectivas enviadas por el Senado.

 Lo que quieren los militares

 La iniciativa del PRI sobre Seguridad Interior va a tono con el discurso de Cienfuegos para tener una ley que proteja a las Fuerzas Armadas, pero sin que existan contrapesos efectivos. Les da a éstas la facultad de “normalizar el orden interno” en cualquier parte del país mediante “operaciones de restauración del orden” en las que la máxima autoridad puede ser un comandante militar designado por el Ejército y la Marina.

 Asegura que las Fuerzas Armadas intervendrán “sólo cuando las capacidades de las Fuerzas Federales (Policía Federal) resulten insuficientes para contrarrestar las amenazas”.

 En ese caso, a propuesta de los mandos del Ejército y la Armada, el presidente designará a un “comandante de las Fuerzas Armadas participantes”, quien será el encargado de dirigir “los grupos interinstitucionales” que se integren y “definirá las responsabilidades, canales de comunicación y la coordinación entre las autoridades civiles y militares”.

 Entre las acciones que podrían efectuar los militares están el establecimiento de destacamentos de seguridad y de bases de operaciones móviles y fijas; la intercepción terrestre, aérea y marítima; patrullajes; puestos de vigilancia; reconocimientos; seguridad en instalaciones estratégicas; escoltas de seguridad y todas “las que se consideren necesarias”.

 Respecto al uso de la fuerza, dice que se hará en función de sus propios protocolos para “controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia”, incluso si no es agresiva.

 La única previsión que pone a los militares es que sea el presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el que emita una “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior” a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, según lo determine el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).

 Pero en esa decisión también tomarán parte los propios jefes castrenses como integrantes del CSN, que encabeza el titular del Ejecutivo federal y todos cuyos miembros son sus subordinados.

 Además de los titulares de la Sedena y de la Secretaría de Marina, en el CSN participan los secretarios de Gobernación, Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores y Comunicaciones y Transportes, así como el procurador general de la República.

 Un peso importante en el CSN lo tiene el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien además de ser el secretario técnico del consejo –es decir el encargado de operar los acuerdos del mismo– participa a través de la Comisión Nacional de Seguridad, que tiene a su cargo a la Policía Federal, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

 En un escenario de intervención federal, la Segob también será la encargada de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior.

 La iniciativa del partido gobernante señala que como responsable de la seguridad interior y de la política de seguridad pública, la Segob debe también coordinar con el resto de las dependencias federales, los estados y los municipios, acciones para “la normalización del orden interno en un área o zona geográfica del país”.

 Dice que el objetivo de la ley es garantizar la seguridad interior, a la que define como “la condición de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio de la población”.

 A partir de esa definición dice que la seguridad interior puede estar afectada por el cambio climático, la corrupción, la deficiencia en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico de armas de fuego, los desastres y todas aquellas situaciones incluidas en la Agenda Nacional de Riesgos, prevista en la Ley de Seguridad Nacional.

 Además, dice que cuando las autoridades competentes estén rebasadas, se considerarán amenazas a la seguridad interior los actos violentos que busquen “quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio o en alguna de sus partes”.

 Lo mismo, en el caso de fenómenos de origen temporal o emergencias ambiental, biológica, nuclear, química, sanitaria o cualquier otra que ponga en peligro a la sociedad o a la infraestructura estratégica.

 Las Fuerzas Armadas también podrán actuar ante “cualquier otro acto u hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas” en cualquier parte del país.

 La propuesta de ley descansa únicamente en el Ejecutivo federal la decisión de emitir una “Declaratoria de Protección a la Seguridad”, cuando así lo decida el propio presidente de la República o a solicitud de algún gobernador o Congreso estatal, mientras que el Congreso sólo debe pronunciarse sobre su legalidad y estar a la espera de “un informe” que el secretario de Gobernación le remita a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, acción que define como un “esquema de control democrático”.

 El Ejército y la Marina podrían intervenir incluso antes de la declaratoria, pues la propuesta le da al presidente la atribución de “ordenar acciones inmediatas” si hay situaciones “que pongan en peligro a la población o debiliten a las instituciones democráticas”.

 La declaratoria, por lo demás, se podrá modificar para prolongar la intervención federal si persisten las causas que le dieron origen. Señala que sus efectos son distintos a los de la suspensión de derechos prevista en el Artículo 29 de la Constitución, pues no “implican la restricción o suspensión de los derechos humanos y sus garantías”.

 Sin embargo, en la exposición de motivos, los diputados priistas dicen que esa disposición constitucional aplica para “casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, la misma condición que establecen para una intervención de las Fuerzas Armadas.

 La información en torno a las Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior será clasificada como de seguridad nacional, por lo que no serán del conocimiento público. Por el contrario, en una intervención de seguridad interior las autoridades civiles tendrán que darles a los militares toda la información de inteligencia que les pidan.

 Más aún, de acuerdo con el artículo cuarto transitorio, las operaciones en vigor que al momento de la publicación de la ley estén realizando los militares por algunas de las causas descritas, se seguirán realizando si se cumple con el procedimiento para establecer una intervención federal; es decir, que bastaría con ese requisito mínimo para que la ley sea retroactiva.

 Estado de excepción “de facto”

 El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Waldo Fernández González, diputado perredista por Nuevo León, considera que la norma sobre seguridad interior tendría que ser un capítulo de la Ley de Seguridad Nacional, más que un ordenamiento expreso.

 En cualquier caso, coincide en la necesidad de regular la participación de los militares en tareas de seguridad interior, pero con fechas específicas para que los gobiernos de los estados fortalezcan a sus policías y las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles: “Tiene que haber un tiempo preciso, como ocurrió con el nuevo sistema de justicia penal, que estableció plazos” para su entrada en vigor.

 Además, propone restablecer el principio de responsabilidad penal para los gobernadores que no certifiquen a sus cuerpos policiacos, tarea que al final del anterior sexenio se fijó para el actual.

 Los plazos que se fijaron fueron modificados a propuesta del exsenador priista y actual gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, hasta que el tema se desvaneció sin que se cumpliera con lo establecido en los transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 En entrevista, el pasado miércoles 14, Fernández González se dice convencido de darle certeza jurídica a las Fuerzas Armadas no sólo en beneficio de ellas, sino de los ciudadanos, “que tienen que saber en qué casos van a intervenir las Fuerzas Armadas y en cuáles se van a retirar. Parte central del debate es cuándo deben intervenir y bajo qué protocolos de actuación”.

 Especializado en política y estrategia de defensa y seguridad nacional, el diputado federal por Nuevo León dice que la legislación en Seguridad Interior se tiene que hacer sin dogmas: “¿Que se va a militarizar el país? Si ya está militarizado. Pero por otro lado tampoco hay que dejar vacíos que impidan el control en la actuación de las Fuerzas Armadas. Hay que ponerle contrapesos al Ejército y al propio Ejecutivo”.

 Opuesto a que los militares se conviertan en una autoridad por encima del poder civil en donde intervenga la autoridad federal, asegura que en el caso de Nuevo León, las Fuerzas Armadas se constituyeron de facto en un mando único para resolver el tema de la inseguridad. En las juntas de coordinación, el Ejército tomaba el mando y el control de los operativos, refiere; aunque admite también que hay otras experiencias en las que no ha gustado el mando único de los militares.

 “Los militares tienen que enfocarse en su actuar, tienen que estar viendo temas de delincuencia organizada cuando no la pueda confrontar la autoridad civil. Pero es fundamental que en una ley de seguridad interior se determine cuándo tienen que intervenir y a petición de quién, las amenazas que van a enfrentar y los protocolos de actuación, además de establecer en artículos transitorios fechas límite para el fortalecimiento de las policías.

 El legislador reivindica el papel del Congreso para fijar contrapesos en una ley en la que se favorece la actuación militar y para que el diálogo entre civiles y militares no sea exclusivamente con el Ejecutivo.

 Dice que ante el vacío legal sobre la actuación militar en tareas de seguridad interna y de cara a los compromisos internacionales que ha asumido México en derechos humanos, “pudiera venir una autoridad del extranjero a tratar de enjuiciar a nuestras Fuerzas Armadas. Lo podrían hacer, pero con una ley tendríamos el procedimiento interno de defensa”.

 Además, legislar en la materia sería “reconocer el estado de excepción que estamos viviendo desde hace una década. En el sexenio de Calderón no se quiso aceptar esa situación y el costo lo han pagado tanto las Fuerzas Armadas como los ciudadanos”.

 Abunda: “Hubo un cálculo político por parte de Calderón pensando que el estado de excepción de facto iba a ser una solución sencilla, sin darse cuenta del entuerto que estaba armando”.
Como presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Fernández dice que quien sacó a los militares de sus cuarteles “simple y sencillamente se lavó las manos, y ahora el PRI, que está en el poder, tampoco le ha entrado con seriedad al problema”, al promover una ley sin contrapesos al poder militar.

 FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466974/fuerzas-armadas-golpe-silencioso

Estalla mercado de pirotecnia en Tultepec; reportan 60 lesionados

By: Draco Dracul on 17:54:00 / comment : 0 , , ,

CIUDAD DE MÉXICO: Una fuerte explosión se registró este martes en el mercado de cohetes  de San Pablito, en Tultepec, Estado de México, dejando al menos 60 lesionados, informó Protección Civil del municipio.
Los heridos han sido trasladados al Hospital Vicente Villada, de acuerdo con información de Milenio, mientras que bomberos del Estado de México y la Ciudad de México así como militares y elementos de Protección Civil, ya se encuentran en la zona.

 En el lugar también se encuentran unidades de rescate aéreo.
Por su parte, Luis Felipe Puente, coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, alertó sobre la explosión  en su cuenta de Twitter:



El momento justo de la explosión fue captada en video y difundida en redes sociales como Twitter y Facebook, así como varias imágenes.
Aproximadamente a las 15:00 horas, se registraron varias explosiones que cimbraron el centro del municipio y localidades cercanas como Coacalco y Tultitlán.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/467057/estalla-mercado-pirotecnia-en-tultepec-reportan-60-lesionados-videos

PGR debe abrir cifra de recompensas pagadas para localizar a desaparecidos

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI) instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que busque y dé a conocer el número de recompensas pagadas por aportar información para localizar a personas desaparecidas, así como la cifra de las que han sido encontradas.

Además deberá informar el número de acuerdos específicos por el que se ofrecen recompensas para localizar a personas desaparecidas en el estado de Veracruz.

En un comunicado, el INAI destacó que al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez indicó que desde 2006 el número de desapariciones en México ha aumentado, y si bien pueden o no deberse a motivos delictivos, cobran mayor atención las que ocurren a manos del crimen organizado o de agentes del Estado.

“Hoy el paradero de miles de mexicanos es incierto. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de 2006 a octubre de 2016 ha habido 29 mil 903 personas desaparecidas entre el fuero federal y el fuero común. Miles de madres, padres y familias desconocen dónde están sus seres queridos. Este escenario nos obliga a reflexionar sobre lo que haremos o las acciones necesarias para conocer el paradero de cada una de esas personas”, expuso.

De acuerdo con Salas Suárez, algunas organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la confiabilidad de los datos oficiales sobre desapariciones en México, toda vez que las cifras no distinguen rigurosamente entre las categorías de desaparecidos; es decir, incluyen casos por motivos no delictivos.

“¿Qué está haciendo el Estado mexicano para resolver los casos de desapariciones? La información pública permitirá a las autoridades rendir cuentas y así, responder a esta pregunta para que la población valore la efectividad de las acciones gubernamentales sobre el combate a la inseguridad y el acceso a la justicia e incluso, si es necesario, colaborar para mejorarlas”, remarcó.

El posicionamiento del comisionado se dio después de que una particular solicitó que se le diera a conocer, respecto al programa de recompensas para localizar a personas desaparecidas, cuántos acuerdos específicos existen, enlistar los números de acuerdo específicos y cuántas recompensas se han pagado a personas por aportar información útil para localizar personas desaparecidas.

Asimismo, cuántas personas han sido localizadas gracias al programa de recompensas, cuántas personas desaparecidas han presentado la solicitud de ingresar al programa de recompensas ante el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas y cuántos acuerdos específicos se han emitido, por el que se ofrece recompensa para localizar personas desaparecidas en Veracruz.

Sobre algunas de las peticiones, la PGR remitió un vínculo de internet y en otras dijo no contar con antecedente alguno.

Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión ante el INAI en el que manifestó que la información contenida no atiende a lo solicitado, toda vez que se requirió el registro documental que concentre el número de acuerdos específicos por el que se ofrece recompensa para localizar a las personas desaparecidas.

Tampoco estuvo de acuerdo con la afirmación de inexistencia, y el link de internet –añadió– no atiende a lo solicitado, pues requiere el registro documental que concentre el número de acuerdos específicos por el que se ofrece recompensa para localizar a personas desaparecidas en Veracruz.

En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez se remitió al vínculo proporcionado, del cual se desprenden 275 acuerdos de ofrecimientos de recompensas, dentro del periodo de 2008 al noviembre de 2016.

En ese sentido, se concluyó que respecto a la solicitud de información contenida en el primer punto, la PGR sí proporciono el número de acuerdos de ofrecimiento de recompensas, pues aún y cuando no señaló directamente el total de ellos, este se desprende del conteo de los mismos.

En relación con la información requerida en otro de los puntos, no se advierte que dicho vínculo proporcione la información solicitada por la particular, toda vez que se encuentra la totalidad de los acuerdos específicos, pero no se advierten cuáles de ellos están encaminados a localizar a personas desaparecidas en el estado de Veracruz.

Si bien el sujeto obligado señaló que de la consulta de cada uno de los acuerdos se advierte la entidad del país correspondiente a las personas desaparecidas, lo cierto es que esto no es regla general, pues del análisis realizado, en varios de ellos no se logra observar a qué estado del país pertenece la persona desaparecida, por la cual se ofrece recompensa.

Se apuntó que si bien la PGR atendió, turnó y buscó alguna de la información solicitada dentro de las unidades administrativas competentes, utilizó un criterio de búsqueda restrictivo, pues de información localizada en notas periodísticas, se advierten indicios que apuntan a la existencia de recompensas pagadas, derivado de aportar información que llevara a la localización de personas desaparecidas.

La ponencia señaló que aunque las notas periodísticas no constituyen prueba plena y no son aptas para acreditar, por sí mismas, que la información contenida y que hacen del conocimiento público, se encuentra apegada a la realidad, ésta se pudo corroborar a través de información publicada en páginas oficiales del sujeto obligado.
En ese sentido, se indicó, se genera convicción de que la información solicitada por la particular no es igual a cero o inexistente, como lo adujo el sujeto obligado.

Finalmente, no se advirtió normatividad o indicio alguno que pudiera demostrar que lo solicitado deba de ser generado con motivo del programa de ofrecimiento de recompensas, así como tampoco que la PGR se encuentre constreñido a generar dicha información, por lo tanto debe ser considerado como inexistente.

Derivado de este análisis, la ponencia consideró parcialmente fundado el agravio de la particular en ciertos puntos, por lo que a propuesta del comisionado Salas Suárez, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la PGR y le instruyó a que turne la solicitud a las unidades administrativas competentes, dentro de las cuales no podrá omitir a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

Tampoco a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; la Oficialía Mayor; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, y a la Dirección General de Comunicación Social, a efecto de que las mismas realicen una búsqueda exhaustiva y entreguen la información, en los términos ya referidos.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/466895/pgr-debe-abrir-cifra-recompensas-pagadas-localizar-a-desaparecidos

Bebidas lácteas con azúcar pagarán un peso de impuesto por litro a partir de 2017

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A partir del próximo año el fisco gravará con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), las bebidas lácteas que contengan azúcares disueltas en agua, según establece un anexo de la Resolución Miscelánea para 2017.

Así, a partir del próximo año, bebidas como las leches de chocolate o endulzadas con otros sabores estarán obligadas por ley a pagar un peso por litro del mencionado gravamen.

“El artículo 2, fracción I, (inciso G) de la Ley del IEPS, establece que en la enajenación o, en su caso, en la importación de bebidas saborizadas que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos, se aplicará una cuota de un peso por litro”, señala la disposición.

De acuerdo con la Ley del IEPS, establecida en la reforma fiscal de 2013, las bebidas no alcohólicas elaboradas por la disolución en agua de cualquier tipo de azúcares y que pueden incluir ingredientes adicionales como saborizantes naturales, artificiales o sintéticos, adicionados o no, de jugo, pulpa o néctar de frutas o de verduras o de legumbres, de sus concentrados o extractos y otros aditivos para alimentos, y que pueden estar o no carbonatadas, deben pagar el impuesto.

El gravamen ya existía, pero el SAT amplió su criterio de cobro para incluir las bebidas lácteas azucaradas que son consumidas principalmente por niños.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/466916/bebidas-lacteas-azucar-pagaran-peso-impuesto-litro-a-partir-2017

Detienen al presidente de la Federación Mexicana de Atletismo

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El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), Antonio Lozano, fue trasladado al Reclusorio Sur donde más tarde rendirá su declaración preparatoria en la rejilla de prácticas.

Lozano fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) la madrugada de este lunes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de que el juez séptimo de distrito de procesos penales dictó una orden de aprehensión por el probable delito de peculado.

En 2015, el director de la Conade, Alfredo Castillo, inició un procedimiento penal en contra de Lozano a quien acusó de malversar 4.8 millones de pesos que no se gastaron para los objetivos autorizados.

Lozano es el primer presidente de una federación deportiva que es detenido, de al menos cuatro que Castillo anunció que fueron denunciadas ante la PGR.

De acuerdo con un comunicado emitido por la PGR esta mañana, la detención se efectuó en coordinación con elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), derivada de una denuncia formulada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), por lo que agentes federales aprehendieron a Lozano Pineda al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente de Mexicali, Baja California.

El detenido fue trasladado a la Subsede de la Zona Centro (Camarones) para la certificación médica y posteriormente quedará interno en el penal mencionado, a disposición del juez que lo requiere.

Proceso publicó en noviembre de 2012 un par de reportajes en el que dio cuenta de cómo a través de una triangulación, Antonio Lozano, Alejandro Cárdenas (entonces subdirector de Calidad para el Deporte de Conade) y el compadre de éste, Jorge Tienda, adquirieron suplementos alimenticios, bebidas hidratantes y equipamiento deportivo.

Los productos fueron comprobados con facturas falsas que presentó Lozano ante Conade y Cárdenas aprobó. El entonces director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, Juan Manuel Herrera, fue el responsable de recibir los productos y supuestamente entregarlos a los atletas, algo que no pudo comprobarse.

El 17 de noviembre de 2012, en la versión impresa, Proceso publicó que el 2 de marzo de ese año el Fideicomiso Fondo Nacional de Alto Rendimiento (Fonade) aprobó un presupuesto de 2 millones 331 mil 600 pesos para que la FMAA comprara 3 mil 900 botes de suplementos alimenticios: 2 mil 400 unidades de la bebida hidratante Endura lima-limón naranja de 1.5 libras y mil 500 unidades de Perfect Protein de 920 gramos, a razón de 435 pesos (1 millón 44 mil pesos totales) y 848 (1 millón 287 mil pesos totales) por unidad, respectivamente.

Estos productos fueron solicitados para que en un periodo de 122 días –de marzo a junio– lo consumieran 16 atletas: Juan Luis Barrios, Yanelli Caballero, Diego del Real, Edwin González, Giovanni Lanaro, Gabriela Medina, Horacio Nava, José Leyver Ojeda, Alejandra Ortega, Ever Palma, Madaí Pérez, Romary Rifka, Juan Carlos Romero, Marisol Romero, Eder Sánchez y Jesús Vega.

De acuerdo con la factura de comprobación presentada ante la Conade, los productos fueron adquiridos en la empresa Comercializadora Hecgue de México S.A. de C.V., que en realidad, al menos en aquel año, vendía materiales para oficinas.

En el documento aparecen dos domicilios: Insurgentes Sur 800 piso 8, colonia Del Valle, en la Ciudad de México, con teléfono 3300-5631 y José San Martín 5049, colonia San Martín, Monterrey, Nuevo León, teléfono 01811648-1417.

El número telefónico de la oficina de la Ciudad de México corresponde, de acuerdo con la información recabada en el 2012, a la empresa Centros Corporativos Regus S.A. de C.V., mientras que el de Monterrey era de un celular que siempre estaba apagado y mandaba de inmediato al buzón de voz.

El corresponsal de Apro en dicha ciudad, Luciano Campos, también acudió a la dirección de esa empresa ubicada en Monterrey, pero en lugar de Comercializadora Hecgue en el local encontró la hierbería La Divina Providencia, negocio en donde se expenden lociones, jabones y sustancias para la buena suerte y vibras positivas. Su propietario, Francisco Hernández Flores, dijo en ese momento al reportero, que el negocio opera en ese lugar desde el 8 de mayo de 2006 y aclaró que no conoce ni sabe nada de la empresa arriba citada.

La factura número 821 entregada por Lozano en el área de comprobaciones de la Subdirección de Calidad para el Deporte de la Conade está fechada el 7 de febrero de 2012; es decir, un mes antes de que quienes administran el fideicomiso Fonade autorizaran los recursos, éstos ya habían sido comprobados.

En entrevista con esta agencia, realizada aquel año, Alejandro Cárdenas comentó que le parecía “muy raro” que las facturas sean falsas, pues Irene Hernández (la empleada responsable de revisar las facturas) es muy exigente con la documentación que presentan las federaciones deportivas para comprobar los gastos.

“Tengo un área de comprobaciones que se encarga de verificar que exista físicamente lo que se adquiere y revisan las facturas. Cada que una federación compra algo hay fotografías del material y la federación debe avisar dónde está ese equipo. También se verifica que la factura sea legal. Yo no lo hago, pero tengo gente especializada”, comentó el funcionario (Proceso 1881).

Una semana después, este semanario descubrió que, además, los productos comprados fueron contrabandeados pues no se adquirieron en la única tienda que cuenta con la licencia de distribución en México y tenían etiquetas en inglés, lo cual viola la normatividad mexicana.

La Conade compró vía la FMAA suplementos alimenticios de la marca estadunidense Metagenics a la empresa Best Performance All Sports (BP Sports), propiedad del exatleta Jorge Tienda Martínez, el compadre de Cárdenas.

Al no contar con permisos de importación ni ser el distribuidor exclusivo de esa firma en México, Tienda introdujo de contrabando esos productos que se adquirieron con dinero del Fideicomiso Fodepar.

La operación se realizó mediante la FMAA con la factura apócrifa de la empresa Comercializadora Hecgue de México, S. A. de C. V.

Tanto Lozano como el subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Alejandro Cárdenas, aseguraron en aquel momento que la factura no era falsa y que esa empresa les vendió la bebida hidratante en polvo, así como los productos Perfect Protein.

No obstante, Proceso publicó la guía de carga aérea nacional número AQ01 1916423, de Aeroméxico, que demuestra que los productos fueron enviados por BP Sports desde Monterrey a la Conade el 12 de marzo de 2012.

En el documento se consigna que el encargado de enviar los productos fue Estuardo Tienda Gálvez, a nombre de la empresa BP Sports ubicada en 15A Ave. No. 4864 Col. Cumbres, primera sección, código postal 64100, en Monterrey, Nuevo León, teléfono 8801-1556.

El embarque iba dirigido a Antonio Lozano, con domicilio en Av. Río Churubusco puerta 9 oficina 301 código postal 08010 y RFC FMD101119R16, que corresponde a la FMAA.

En esa dirección de Monterrey vive Jorge Tienda con su esposa Magdalena Flores García.

La guía también indica que se enviaron 19 cajas con un peso de 260 kilogramos; es decir, ni siquiera fueron los 3 mil 900 botes de suplementos alimenticios adquiridos con recursos del erario.

Esta reportera solicitó en aquella ocasión a Alejandro Cárdenas que le mostrara un comprobante de que los suplementos alimenticios fueron entregados a los 16 atletas para los cuales el Fideicomiso Fodepar autorizó erogar 2.3 millones de pesos.

El funcionario de Conade designado por Cárdenas para demostrar que los suplementos se entregaron a los deportistas fue el doctor Juan Manuel Herrera, quien mostró a la reportera fotografías de los productos, dentro y fuera de sus cajas. También exhibió un listado con nombres de atletas de múltiples disciplinas, y las firmas de que recibieron los botes.

Sin embargo, según esos documentos, no llegaron a la Conade los 3 mil 900 botes de suplementos. Según los registros había 880 botes de Endura, 170 de Perfect Protein y 200 cajas con 12 barras de Protein Fusion cada una. En la solicitud de los recursos federales, así como en la factura falsa no aparecen consignadas esas barras.

De acuerdo con el doctor Herrera entrevistado entonces por Proceso, la indicación que recibió fue que los suplementos debían entregarse a los atletas como parte de su preparación para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Según él, nadie le especificó que eran sólo para quienes practican atletismo.





Fuente: Proceso
Autora: Beatriz Pereyra
http://www.proceso.com.mx/466828/detienen-al-presidente-la-federacion-mexicana-atletismo-video

Desde España, “El Mono” Muñoz ordenó palizas, secuestros y asesinatos en México: El País

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Juan Manuel Muñoz Luévano, presunto representante de Los Zetas en Europa, ordenó palizas, secuestros, amenazas y asesinatos en México desde su casa en Madrid, concluye una investigación del diario El País.

Con base en las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía española, se conoció que El Mono Muñoz, que vivía en una casa de lujo en Las Tablas, en la zona de la Moraleja, en Madrid, incluso, recibió una llamada de clemencia de una de sus víctimas, pero no tuvo éxito.

Solicitado en extradición por Estados Unidos, Muñoz Luévano fue detenido el 18 de marzo pasado, cuando se obtuvieron suficientes indicios sobre sus vínculos con Los Zetas, así como los cárteles de Sinaloa, del Golfo y los Beltrán Leyva.

Cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entregó a la Fiscalía Anticorrupción el informe que contenía las conversaciones telefónicas referidas, se ordenó su detención, confirmó a Apro una fuente de la fiscalía.

En particular les preocupó una llamada en la que ordena a su sobrino Salomón Ayup que asesinara a una agente del Ministerio Público de Coahuila, que supuestamente colaboraba con la organización y que no les avisó que había orden de aprehensión contra este último.

“Vaya usted y la mata ahí”, le ordena. Fue el momento en el que se levantó el secreto de sumario e informó a las autoridades mexicanas. De acuerdo al diario madrileño, las autoridades no respondieron a la información de sus homólogas españolas.

Una llamada intervenida el 27 de junio de 2014 también da cuenta de sus amenazas, cuando habla con un tal Gustavo que supuestamente le debe en ese momento 24 millones de pesos y El Mono Muñoz le anuncia que lo va a secuestrar “en garantía del pago por la deuda”.

“Estoy que muero del pinche coraje. Si te tuviera enfrente te mataba”, le advierte y le anuncia al padre del deudor que se lo llevarán en garantía.

El interlocutor le pide una oportunidad más, pero El Mono Muñoz le responde: “No, no, no, ¿Cuál última oportunidad? ¿Qué vas a hacer? Dime de dónde crees reponer 24 millones de pesos?”. Y luego añade “es una lástima porque te quería a ti y a tu familia, a todos cabrón, y te dije que iba a ser tu tumba”.

Asimismo, varias de las llamadas se refieren a personas que su gente en México detuvo porque le robaban en sus gasolineras, que tiene en el estado de Coahuila, principalmente.

En el registro que la policía española hizo en su casa durante su detención, encontraron y aseguraron una computadora que contenía varias hojas Excel donde el mexicano anotó la entrega en céntricos hoteles de México de 63 millones de euros producto de la venta en Europa de 2 mil 100 kilos de cocaína.





Fuente: Proceso
Autor: Alejandro Gutiérrez
http://www.proceso.com.mx/466842/espana-mono-munoz-ordeno-palizas-secuestros-asesinatos-en-mexico-pais

Demandan a siete exfuncionarios de Borge por presunto desvío de 2 mil 388 mdp

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Tres días después de que el PRI anunció la suspensión de derechos partidistas al exgobernador Roberto Borge, el Gobierno estatal anunció siete nuevas denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra exfuncionarios de tres secretarías y una paraestatal de la anterior administración que incluyen presuntos desvíos por casi dos mil 400 millones de pesos.

En conferencia de prensa en Chetumal, los secretarios de Gobierno, Francisco López Mena, y de la Gestión Pública, Rafael del Pozo, informaron que las principales acusaciones son por renta de maquinaria por 700 millones de pesos y mil 500 millones del pago de la contraprestación del sistema de agua potable y alcantarillado de Playa del Carmen.

López Mena precisó:

“Deseamos confirmarles que como producto de las auditorías efectuadas a la anterior administración, este gobierno ha presentado formalmente ya nuevas denuncias por diversos delitos cometidos en cuatro dependencias y entidades, delitos tales como peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad, así como usurpación de funciones públicas, todos ellos por un monto total de dos mil 388 millones 296 mil 558 pesos y 99 centavos”.

El exdiputado federal por el PAN, acusó la corrupción en la administración de Roberto Borge “no solo de manera generalizada, sino de también organizada”.

Pero además señaló que estos desvíos fueron empleados, entre otros destinos y usos, por un grupo para “perpetuarse en el poder”.

En tanto Rafael del Pozo, indicó que las denuncias son contra funcionarios de la anterior administración de las secretarías de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de Infraestructura y Transportes (Sintra) y Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), así como de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

Por cierto, el titular de la Seduvi, Mauricio Rodríguez, es actualmente titular de la Secretaria del Ayuntamiento de Benito Juarez (Cancún), dominado por el PVEM.
En Sintra, precisó el panista, se ha confirmado la renta de maquinaria de 700 millones de pesos, pero no hay evidencia de las empresas ni de las obras.
Además advirtió que habría irregularidades por un monto similar, para sumar mil 519 millones de pesos en renta de maquinaria a empresas fantasmas para obras que no se realizaron.

Por otra parte, señaló que en CAPA en primer lugar se halló un presunto desvío de mil 55 millones de pesos de la contraprestación única que cubrió la empresa Aguakán a la paraestatal por la concesión del sistema de Playa del Carmen.

Pero, además apuntó que se detectó otro presunto desvío de 506 millones de pesos de un crédito bancario obtenido por CAPA, que es un organismo descentralizado para obras de infraestructura, pero que en su totalidad fue transferido a Sefiplan y se usó para gasto corriente.

También señaló que otra de las denuncias es por para la venta irregular de patrimonio por parte de Seduvi, aunque no precisó los montos.

Además de las denuncias, apuntó que el gobierno “va dar la lucha para recuperar el patrimonio que le fue sustraído de manera ilegal”.

Sin precisar sus nombres, indicó que los presuntos responsables de estas denuncias son los anteriores titulares de Sefiplan, Juan Pablo Guillermo Molina, actual diputado federal suplente; de Sintra, Fernando Escamilla Carrillo, de CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz y de Seduvi, así como otros servidores públicos de menor rango”.

Pero, acotó:

“Desde luego que tiene mucha responsabilidad Roberto Borge. Es el gran responsable del desorden administrativo y cómo deplorablemente mermaron el patrimonio de Quintana Roo. Desde luego tiene un gran responsable y se llama Roberto Borge Angulo”.





Fuente: Proceso
Autor: Sergio Caballero
http://www.proceso.com.mx/466861/demandan-a-siete-exfuncionarios-borge-presunto-desvio-2-mil-388-mdp

Dos muertos y seis heridos deja nuevo balance de sismos en Ecuador

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Dos muertos y seis heridos dejaron 27 sismos de hasta 5,8 grados de magnitud que sacudieron la madrugada de este lunes una región costera de Ecuador, que ya fue golpeada por un letal terremoto en abril pasado.

Además, a causa de los temblores, 20 infraestructuras sufrieron afectación y cinco más colapsaron, reportó la secretaría (ministerio) de Gestión de Riesgos, SGR.

Gabriel Rivera, gobernador de la provincia costera de Esmeraldas (noroeste y fronteriza con Colombia), epicentro de los recientes movimientos telúricos, informó que una de las personas fallecidas es una mujer de 75 años quien sufrió un infarto ante lo sucedido.

Indicó también que hay un "daño considerable a la infraestructura hotelera" en los balnearios de Atacames y Tonsupa, a orillas del Pacífico.

"Hay bastante infraestructura hotelera colapsada, casas colapsadas también en Atacames", señaló Rivera en declaraciones a la Radio Pública. 

La situación en Esmeraldas, algunas de cuyas áreas fueran azotadas por el terremoto de magnitud 7,8 grados del 16 de abril último en la zona costera, que dejó 673 muertos y pérdidas por más de 3.000 millones de dólares, llevó al presidente Rafael Correa a suspender sus actividades en Quito y viajar a la zona.

El mandatario reportó a través de su cuenta en Twitter: "Cuantiosos daños materiales por malas construcciones. Esmeraldas tiene un gran riesgo sísmico".
Más réplicas

El temblor más fuerte, de magnitud 5,8, ocurrió en el Pacífico, frente a Atacames, hacia las 2:11 a.m. locales. Luego se registraron 27 réplicas de entre 2,9 y 4,2 grados, de acuerdo a la SGR.

El principal movimiento, que no generó alerta de tsunami, también fue sentido en varias provincias costeras, como Manabí, vecina a Esmeraldas y núcleo del terremoto de abril, y la andina Pichincha (cuya capital es Quito).

"Debido a que el evento presenta una magnitud moderada, se podría esperar más réplicas en esta zona con magnitudes menores", anticipó el Instituto Geofísico de Quito.

Tras los temblores, varias zonas de la provincia de Esmeraldas quedaron sin energía eléctrica, que ya fue reconectada, según Rivera.

Correa había anunciado la suspensión de clases en esa jurisdicción.

"Antes de que se reinicien las clases tengo que revisar cómo está la infraestructura" de las escuelas, dijo el gobernador al ser consultado sobre el tiempo que durará la medida, mientras el Comité de Operaciones Especiales (COE) local sesionaba encabezado por Correa para evaluar la situación.

El gobernante también tiene previsto recorrer sectores afectados de Tonsupa -donde se produjeron las dos muertes- y la cercana Atacames.

En la ciudad de Esmeraldas (capital de la provincia del mismo nombre) operan la principal refinería de Ecuador, una central térmica, oleoductos y poliductos, y un puerto de embarque de crudo para exportación.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 indicó inicialmente que "no se reportan daños por sismo en infraestructura estratégica" de Esmeraldas.

Asimismo, señaló que las principales vías de la provincia se encuentran habilitadas.

La estatal Petroecuador confirmó que sus instalaciones "no registraron afectación alguna" y que continuaba con normalidad el bombeo de petróleo -principal producto de exportación del país-, aunque momentáneamente fue suspendida la operación de la refinería.





Fuente: El País
Autor: AFP
http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/dos-muertos-y-seis-heridos-deja-nuevo-balance-sismos-ecuador
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