“Es por ello que el Gabinete de seguridad optó por una estrategia de atención integral para que de manera coordinada los tres órdenes de gobierno establecieran acciones inmediatas en las localidades del país que concentran el mayor número de homicidios dolosos”, indica la introducción del plan.
Esta estrategia, añade el documento, está sustentada en “operaciones interinstitucionales” que consisten en un mecanismo de coordinación entre los niveles municipales, estatal y federal para llevar a cabo tareas “simultaneas y permanentes”.
Una revisión hecha por Animal Político de las cifras de homicidio durante los cuatro meses de aplicación de esta estrategia revela que, con excepción del primer mes, se ha conseguido una ligera tendencia a la baja de los homicidios aunque el nivel sigue siendo muy superior al del último cuatrimestre de 2015.
Plan de dos fases
El documento de la denominada “Estrategia Integral de Atención prioritaria a municipios que concentran el Mayor Número de Homicidios Dolosos” desglosa el plan en siete acciones divididas en dos fases: acciones inmediatas y acciones progresivas.
En el grupo de acciones inmediatas la primera acción que se enumera es el despliegue en cada municipio de una “Fuerza de Reacción Inmediata Mixta” que estará integrada por personal del Ejército Mexicano, la Armada de México, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, así como elementos de la fuerza estatal y municipal si hay disponibles.
De acuerdo con el documento estos grupos especiales de reacción deben ajustarse a los parámetros vigentes de uso legal de la fuerza y respeto a los derechos humanos.
La segunda acción comprende el “mantener una comunicación permanente” para dar seguimiento a las acciones interinstitucionales que se lleven a cabo, y establecer una evaluación de los resultados.
Como tercer punto de las acciones inmediatas está el establecimiento de mesas de trabajo y coordinación en cada una de las 20 entidades federativas en donde están los municipios prioritarios pero con el agregado del nombramiento de un Coordinador General al frente de las acciones.
Por otro lado, el grupo de acciones progresivas contempla cuatro estrategias cuyo objetivo es ponerlas en marcha en el mediano plazo. La primera de ellas comprende el diseño de proyectos de prevención de la violencia pero diferenciados, es decir, atendiendo las particularidades de cada municipio. Esto con Base en los índices propios de incidencia delictiva, desigualdad social, pobreza y rezago.
El segundo punto de las acciones progresivas es impulsar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, procuradurías y sistemas penitenciarios. Esto con planes de profesionalización y especialización.
Lo que no se explica en este punto es la diferencia respecto a la profesionalización que – en teoría- se está impulsando en las instituciones de seguridad pública de todo el país desde el sexenio pasado.
El tercer punto que detalla el documento es el “fortalecimiento en el modelo de justicia cívica, cultura de la legalidad y buen gobierno” sin que se den mayores detalles, y el cuarto es la “puesta en marcha de acciones de vinculación social y participación ciudadana de apoyos a los municipios”.
En el documento entregado vía transparencia no se detallan indicadores ni plazos relacionados con esta estrategia, ni se aclara si será de forma permanente o temporal.
Lo único que se indica es que el objetivo de todas estas acciones es generar paz y tranquilidad en la ciudadanía mediante la disminución de factores de riesgo asociados a la criminalidad, el fortalecimiento del tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito, la violencia y la delincuencia”.
Por cinco meses no se dio información
El 30 de agosto, durante la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el arranque de esta nueva estrategia de seguridad en 50 municipios que se pondría en marcha de inmediato, sin embargo, no dio los detalles de la misma.
En meses posteriores el gobierno presumió de resultados positivos gracias a la aplicación de este plan, pero sin explicar a fondo en qué consistía.
En ese contexto Animal Político solicitó los detalles de la misma mediante solicitudes de transparencia a todas las dependencias del gabinete de seguridad.
Presidencia respondió primero declarando “la inexistencia” de cualquier información relacionada con este plan; la PGR respondió en el sentido de que sus labores son de investigación de los delitos por lo que no estaba en sus facultades el diseño ni implementación de una estrategia de este tipo; por su parte la Secretaría de Gobernación respondió a través de distintas áreas de la Comisión Nacional de Seguridad que no contaba con información relacionada con la estrategia.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue la instancia que entregó el referido documento de siete páginas.
Un balance de claroscuros
Durante los cuatro meses de aplicación de esta nueva estrategia, que corresponden al último cuatrimestre del 2016, el nivel de homicidios en el país refleja resultados positivos y negativos.
Por ejemplo, en el primer mes de aplicación (septiembre de 2016) los homicidios continuaron con la tendencia al alza que ya presentaban a lo largo del año, y alcanzaron una cifra mensual récord para ese año de mil 982 averiguaciones previas por este delito en el país.
Pero en los últimos tres meses se registró una ligera tendencia a la baja en este delito, y el año concluyó con mil 846 homicidios dolosos en diciembre.
Aun así, el balance del último cuatrimestre del año dejó un saldo de siete mil 559 averiguaciones por homicidio doloso, que equivalen a un incremento de casi el 30 por ciento de los asesinatos en comparación con el mismo periodo pero del 2015.
