El senador Rabindranath Salazar Solorio, quien renunció al PRD y anunció su incorporación a Morena, presentó una iniciativa que busca la disminución de las prerrogativas que reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias.
Explicó que para este propósito se busca establecer que sólo se considere para el financiamiento de los institutos políticos el número que resulte de ciudadanos que emitieron su voto durante la elección federal inmediata anterior —denominado votación válida emitida— multiplicado por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Para ello, dijo, se modificaría el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e indicó que al modificar la regla y el universo numérico sobre el que serán asignados los recursos, se construye un incentivo positivo para que los partidos políticos que tengan cercanía con las bases sociales y coadyuven a una mayor participación ciudadana.
De esa forma, se disminuirá el recurso económico a distribuir: no será lo mismo considerar 37 millones, 693 mil electores que emitieron su voto por cualquier opción política, que equivalen a mil 799 millones de pesos; frente a 84 millones, 223 mil 779 mil electores registrados en el padrón electoral, que equivalen a casi 4 mil millones de pesos. Ello significaría ahorrar dos mil millones de pesos.
Por su parte, el senador independiente Manuel Cárdenas Fonseca presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Constitución Política, con el propósito de reducir 50 por ciento el financiamiento a los partidos políticos, así como disminuir de 500 a 400 a los diputados y, en el caso del Senado, de 128 a 96 senadores.
Plantea modificar la fórmula para el cálculo del financiamiento público, a fin de evitar hacerlo sobre factores crecientes e inestables y, con ello, propiciar que no se incremente exponencialmente el financiamiento a los partidos políticos, según un comunicado.
Asimismo, busca eliminar el financiamiento público que otorgan las entidades federativas para los gastos ordinarios de los partidos políticos con registro nacional; prevé que sólo tendrán derecho a financiamiento público estatal para actividades vinculadas a la obtención del voto durante los procesos electorales locales.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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