La limitación de protestas sociales, acompañadas de detenciones arbitrarias, se han convertido en uno de los métodos de disciplina y control social más usados por autoridades mexicanas en la administración de Enrique Peña Nieto. Éstas son cometidas contra organizaciones sociales y personas de presencia y liderazgo importante entre procesos de resistencia que se oponen a megaproyectos, que se organizan para defender sus territorios y especialmente sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), por mencionar algunos. En la última década, se ha consolidado un régimen de despojo que se ha gestado desde hace ya varios lustros con la imposición de políticas neoliberales, que protegen intereses económicos de las transnacionales e incentivan la mercantilización de bienes comunes naturales y de derechos, que son vistos como bienes de capital.
La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), donde participan más de 70 mil personas, ha sufrido en lo que va del presente año agresiones y detenciones arbitrarias en contra de sus integrantes, que han mantenido una larga lucha con carácter social en contra del desmantelamiento del sector energético y las diversas problemáticas que entraña éste en distintos ámbitos y dimensiones de la vida individual y colectiva. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria acompaña este movimiento en la documentación de hechos violentos relacionados con la defensa del derecho humano a la energía eléctrica, acompaña movilizaciones, e insiste ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la importancia de reconocer y proteger este derecho, también se ocupa de la defensa integral de las personas que han sido detenidas.
