El modelo económico de México ha desatado distintas problemáticas en materia de agua al favorecer intereses de élite, sin tomar en cuenta el bienestar y los derechos humanos de la población, señalaron especialistas.
Desde la perspectiva de la academia y la sociedad civil, señaló la doctora Patricia Ávila García, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, “existe un agravio estructural por parte del Estado al privilegiar intereses económicos de actores privados, particularmente de trasnacionales e internacionales, en detrimento a los derechos individuales y colectivos de indígenas y campesinos, principalmente”.